El pasado viernes 11 de marzo en el programa Alternativas, se conversó sobre el tema: «Pueblos originarios realidad, luchas y esperanzas». Se contó con la participación de:
Se le invita a sintonizar el programa completo en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/1091195818331140
El próximo viernes 11 de marzo de 2022 el director del Organismo de Investigación Judicial recibirá a representantes de Bajo Chirripó, China Kichá y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Comunicado de prensa
Desde finales del año pasado las comunidades originarias de nuestro país han venido sufriendo una escalada de violencia como incendios y agresiones sobre más de 13 personas en las últimas semanas en China Kichá. El intento de asesinato del dirigente Cabécar Leonel Segura en Bajo Chirripó y se suma a muchas otras agresiones en otros territorios y que viene de años atrás.
Sobre el caso de Leonel García el pasado 26 de enero se realizó una manifestación en los Tribunales de Justicia donde fue recibidos por el presidente de la Corte Fernando Cruz quien abrió este espacio con él director del Organismo de Investigación Judicial Walter Espinoza quien recibirá a tres representantes de las comunidades originarias más afectadas por la violencia en días recientes y organizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los pueblos originarios han sufrido históricamente una violencia sistemática y constante, agresiones y violación a los derechos humanos, racismo institucional y mayor impunidad que han reproducido en asesinatos, amenazas de muerte y ataques físicos.
Los voceros de los Pueblos originarios expresarán sus preocupaciones y demandas ante el actuar negligente del OIJ y otras instancias judiciales en las sedes judiciales de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Matina y Talamanca. Al mismo tiempo presentarán información sobre denuncias judiciales y públicas que requieren un actuar expedito y diligente por parte del OIJ y el Poder Judicial en su conjunto, esperando que en un plazo razonable el OIJ pueda dar un informe y respuestas a las demandas planteadas.
Esta reunión se realizará una semana antes de la conmemoración del asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, crimen que continúa impune.
Para 2020 desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se registraron 86 actos de violencia contra personas indígenas que en la mayoría de los casos han quedado impunes. Mientras en el 2021 el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC) del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR en su informe anual registraron 143 acciones colectivas como denuncias, pronunciamientos, marchas, asambleas, bloqueos y recuperaciones de territorio, entre otras; identificando la defensa de los derechos de los pueblos originarios como el mayor actor y causa de acciones de movilización social a nivel nacional.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYabami Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comite de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
-Bloqueverde
Para más información: coordinadoradeluchass@gmail.com / bloqueverde@gmail.com
Imagen de incendio provocado en territorio indígena de China Kichá.
Este próximo 11 de marzo a las 6 pm se realizará el conversatorio Pueblos Originarios, en el cual se tratarán temas sobre la realidad, luchas y experiencias sobre estos territorios.
El conversatorio contará con la participación de 5 expositores: Mónica Bolaños, como realizadora audiovisual; Tupac Enrique Acosta, defensor y trabajador en el desmantelamiento de la doctrina del descubrimiento; Guillermo Hernández, promotor cultural; Gustavo López, coordinador general del Centro Universitario Comunal de Guelatao y Marcony Lacayo, indígena Maleku de Guatuso Zona Norte y director ejecutivo de la asociación indígena de las ocho etnias de Costa Rica.
Se estará transmitiendo vía Facebook Live, Radio 16 y YouTube. Programa el cual será elaborado gracias al Colectivo Reflexión – Acción.
Isabel Ducca D.
Esperanza Jurado de la Red de Mujeres Rurales:
Fallecida en agosto de 2014. Dejó un ejemplo de lucha por la dignidad como legado para las generaciones venideras. Sus palabras brillan todavía con la luz de la resistencia:
“Como mujeres hemos visto hace tiempo lo que tenemos que hacer, tenemos muchas necesidades, nuestro pueblo tiene muchas grandes necesidades, pero no hay quien hable, quien diga la verdad. Todos se callan, por pequeñas mentiras. Los políticos llegan a mentir a nuestros pueblos y nosotros nos dejamos a llevar, nosotros estamos acegados. Hoy por hoy es hora de despertarnos hermanas y hermanos campesinas e indígenas. Yo vengo luchando durante años, por nuestra Madre Tierra, a la defensa de Nuestra Madre Tierra, llevando el memoria el Convenio 169 de la OIT, como mujeres defensoras de nuestros derechos. Como mujeres luchadoras por el Nuestra Tierra y el buen vivir, defendemos nuestras semillas criollas y la soberanía alimentaria”.[1]
“Los indígenas no tienen que ser esclavos de los blancos y si son esclavos, nunca tendrá casa, nunca tendrá dónde vivir, solamente vive de los paguitos cada ocho días. Nosotros tenemos derecho ser libres, ser autónomos, nosotros no tenemos que ser esclavos de los blancos, más bien debemos arrebatar la tierra que es nuestra. He luchado en todos los territorios indígenas, ese es mi orgullo”. [2]
Elides Rivera Navas de la organización Mano de tigre:
“En el 2020, la Asociación de Desarrollo de Térraba iba a dar en posesión diecisiete fincas, decidimos hacer una acción acá varias familias y, dentro de eso, estuvimos nosotras como organización Mano de tigre que somos solo mujeres en una de las recuperaciones. Eso fue el 23 de febrero y fue algo sumamente violento, el grado de la violencia que ha desbordado esta gente campesina es increíble porque, de pronto, los ves que predican una religión, que están en la iglesia, comulgan, se arrodillan, pero, de pronto, cuando ven que no es lo que ellos desean imponer dentro de nuestros territorios es algo malévolo. Están decididos a quitarle la vida a quien sea y como sea y a cuantos sean y así lo demostraron el 24 de febrero cuando fue el asesinato de Jerhy. Lo podemos ver en la manera como a él lo asesinan. Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos.
Sin embargo, la lucha que nosotros como pueblo hemos emprendido no es una lucha con armas, ha sido una lucha de no violencia. …
Pueden ver ustedes en los números que se dan de las agresiones, las agredidas son las personas indígenas, salen macheteadas, salen muertas, salen lesionadas, incluso mujeres mayores, abuelas adultas, niñas, niños. Sin embargo, nosotros a ellos no les vamos a hacer eso, ese no es el pensamiento, esa no es la idea. La idea es que nosotros estamos exigiéndole al Estado que nos devuelva lo que nos pertenece.
Pero los juzgados o los jueces o los fiscales no quieren ver el contexto de la situación. Y eso para mí es lo que más me preocupa, porque no podemos nosotros hablar de justicia, cuando a nosotros se nos quita más de la mitad del porqué son Jerhy y Sergio asesinados. No es cierto que es una cosa pasajera como lo quiso apuntar en su momento el comandante Miranda diciendo que fue una reacción en legítima defensa. Eso no es cierto. La legítima defensa no es esa. A Jerhy lo matan a las 8.45 de la noche del 24, pero a las 9.45 de la noche Juan Luis Varela y Eduardo Varela llegaron a cancha rellegada con una turba y Juan Luis Varela dice que él tasajea a Pablo[3] ahí. ¿Cómo me van a decir a mí que es legítima defensa?
Vemos todo un contexto, un clima de violencia de más de veinte y cuatro horas.
El Organismo de Investigación Judicial ha hecho muy bien su investigación, pero la Fiscalía no lo toma así. Eso es lo que a mí me preocupa. Nosotros esperamos que ya en agosto empiece el juicio, pero, para mí, no va a haber justicia, si solo van a castigar a Eduardo Varela no es justicia porque ese es uno, pero fueron muchos. Y muchas cabecillas están y son los que han armado todas estas acciones en contra de Sergio, en contra de Jerhy y en contra de cualquier líder que aparezca asesinado porque eso se gesta con días, con recursos, con acciones, con organización. Si no existe todo eso, no hay justicia”.[4]
Si usted piensa como el comandante Miranda que no hay una organización que sostiene y planifica la violencia contra las personas recuperadoras de tierras, puede leer el reportaje del Semanario Universidad: Más de 300 hectáreas quemadas en dos meses en China Kichá en escalada de violencia.[5]
Hay una organización muy bien protegida para que continúe trabajando con absoluta impunidad para resguardar los grandes intereses nacionales y extranjeros. Esas mujeres recuperadoras de tierras nos dan aliento y ejemplo para seguir.
[1] Anónimo. (2014, agosto 27). Esperanza Jurado sigue con nosotras. Surcos digital.
[2] Canal 15. (2015, mayo 13). Salir a volar – Palabra de Mujer.
[3] Se refiere a Pablo Sibar, líder indígena Bröran, coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
[4] No pasa nada. (2022, febrero 9). El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción.
[5] Molina, L. (202, marzo 3). Más de 300 hectáreas quemadas en dos meses en China Kichá en escalada de violencia. Semanario Universidad.
De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.
Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.
Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.
Señores candidatos, queremos saber:
1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?
2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?
3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?
4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?
5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?
6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?
7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?
8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?
9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?
10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?
11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?
12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?
13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?
14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?
Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.
Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.
Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.
Iniciativa:
1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920
Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838
Compartimos el documento original en formato PDF para descargar:
Uriel Rojas
El pasado 26 de febrero de 2022, la comunidad indígena de Curré/Yímba realizó su Asamblea General para conformar el Órgano Directivo del Consejo Local de Educación Indígena (CLEI) que se encarga de atender las políticas educativas que rigen dentro de su territorio en coordinación con el Ministerio de Educación Pública.
Sin embargo, la elección de esta nueva Junta Directiva no fue tarea fácil para la comunidad ya que tuvo que superar varios obstáculos que habían impedido su realización.
Uno de ellos fue la pandemia del Covid 19, quien debido a las restricciones para efectuar reuniones presenciales postergaron esta actividad por casi dos años.
Tras la flexibilidad de dichas restricciones, la Junta Directiva del Consejo Local de Educación Indígena convoca a la Asamblea General para el viernes 11 de febrero del 2022 a partir de las 9 am en el Salón Comunal.
No obstante, esta convocatoria fue suspendida de manera indefinida por el Supervisor del Circuito 11 de la Regional de Educación Grande de Térraba en nota emitida el 09 de febrero de 2022, alegando, “que, dadas las condiciones actuales de la pandemia en nuestro país, así como las disposiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud Pública y avaladas por el Ministerio de educación Pública, propiamente en el punto que indica que para este tipo de actividades se permite un aforo del 20% en la locación donde se lleve a cabo este tipo de eventos (reuniones presenciales).” (Considerando 2).
Tras esta situación, los afiliados se apegan a su derecho de solicitar una urgente convocatoria sumando a más del 30% de los afiliados asistentes en la última asamblea general del CLEI.
La necesidad de esta asamblea surgió tras conocerse que el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré estaba acéfala desde el pasado 31 de enero de 2022 y ya estaban a las puertas de un nuevo curso lectivo.
Esta solicitud de los afiliados fue aceptada por el Ministerio de Educación Pública en nota fechada el 25 de febrero del 2022, oficio DMS-0139-02-2022, en el cual lamenta la situación que se ha presentado con respecto a lo dispuesto y comunicado por la Supervisión del Circuito Educativo Indígena N° 11 de la DREGT, el día 9 de febrero último, en el sentido de suspender de manera indefinida la Asamblea convocada para designar a la integración del CLEI –CURRE.
Dicho oficio del MEP argumenta que “por motivo de las múltiples actividades del inicio del curso lectivo en modalidad presencial después de dos años de educación hibrida o a distancia, no se ha podido coordinar con todas las supervisiones de circuitos educativos indígenas para informarles, que a partir del año 2022, este Despacho no prorrogará más las personerías de los CLEI, debiendo éstos celebrar sus asambleas para la renovación de sus representaciones, información que no estaba en conocimiento del señor supervisor al momento de emitir la disposición de 9 de febrero último”.
De este modo, los afiliados solicitantes oficializan la convocatoria a Asamblea General fijada para el 26 de febrero a partir de las 9 am en el Salón Comunal de Rey Curré.
En esta asamblea, la comunidad eligió el nuevo Órgano Directivo encargado de promover el cumplimiento de los objetivos de la Educación Indígena en el territorio por los siguientes tres años, es decir, del 2022 – 2024, con la posibilidad de ser reelegidos para una segunda administración o en su defecto, sustituidos, según la voluntad de los asambleístas.
Las siguientes personas son los nuevos integrantes del CLEI Curré:
José Domingo Lázaro Maroto por ADI CURRÉ
Emilce Cedeño Nájera por los Mayores
Jorge Lázaro Estrada por comunidad
Margarita Rojas Rojas por Comités locales
Grace Leiva Rojas por el sector de Educación
Shirley Rojas Rojas por Junta de Educación
Hace falta el representante del sector estudiantil pero esta semana se definirá y se integrará de inmediato al equipo.
El principal garante de todo este proceso fue la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré/Yímba, dando fe que los procedimientos sucedieran en apego a lo permitido según el Estatuto vigente del Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curré y en especial, los Derechos Cultural estipulados en las Legislación Nacional y los Convenios y Declaraciones Internacionales.
Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.
Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.
El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.
Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.
En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.
Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.
Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».
Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.
El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.
Publicado en https://www.es.amnesty.org/
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
El día de ayer, domingo 27 de febrero alrededor de la 1 p.m. personas recuperadoras identificaron un nuevo incendio en la recuperación de Sa Ka Duwé Senaglö. Al ser las 7 pm, alrededor de 12 hectáreas han sido afectadas por el incendio.
Hasta el momento no hay ningún sospechoso (a) de iniciar el fuego. Sin embargo, éste sucede en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el Pueblo Cabécar de China Kichá en lo que va del mes de febrero. Sólo este mes alrededor 7 incendios han sido identificados en el Territorio de China Kichá, así como violencia física contra las personas recuperadoras; último conato reportado fue el día de hoy por la mañana.
Insistimos en que el Territorio Cabécar de China Kichá atraviesa una escalada de violencia en lo que va del año, especialmente en el mes de febrero. Esta escalada ha dejado personas recuperadoras seriamente heridas por ataques físicos en su contra, además de las afectaciones por la quema de un número importante de hectáreas de los terrenos recuperados. Desde el 2020 la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) identificó a los incendios como un forma de hostigamiento y agresión en contra.
Exigimos al Estado que retire a las personas no indígenas y que no pertenecen al Pueblo Cabécar de nuestro Territorio. Esta es la única medida que garantizaría el disfrute de nuestros derechos como Pueblos indígenas.
Palabras de la madre de Jerhy Rivera[1]
Transcribo literalmente el mensaje enviado por doña Digna Rivera al programa Voces y política de la Radio Universidad de Costa Rica. Aunque el Semanario Universidad publicó algunos fragmentos de esta intervención, considero fundamental conocer lo que esta madre angustiada tiene que decirle a toda la sociedad costarricense:
“Un saludo para todos aquellos luchadores hermanos y hermanas indígenas de los territorios indígenas. Para toda aquella persona solidaria que nos entiende y nos apoya, un gran saludo.
Con respecto a la conmemoración del segundo año de la muerte de mi hijo, ha sido para mí una situación que he enfrentado con humildad ante Dios y con esperanza en que las leyes se cumplan un día en Costa Rica. Hoy nos encontramos a dos años y espero que durante lo que dure el proceso de esta situación poder tener la oportunidad de pedirle a Dios justicia por lo que ha sucedido anteriormente y por lo que puede suceder, que nos dé la tranquilidad de no pasarnos, de entender las cosas porque el asesinato de mi hijo, en estos dos largos años que he tenido de análisis y comprensión, de buscar una respuesta por lo menos en mi corazón, me parece que les sirve a los grandes políticos. Son los grandes interesados de que nosotros no tengamos las tierras.
Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que como territorio indígena nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. Consciente de que no todos los territorios viven lo que nosotros vivimos porque nuestro territorio ha sido pequeño siempre y en una gran extensidad, pues seguro no se echa de ver tanto el acoso, el asedio, el robo de las tierras como sí lo vivimos nosotros.
Felicito a todos aquellos hermanos y hermanas valientas que nos han acompañado, que han hecho lo posible de adquirir tierras en nombre de mi hijo. Eso para mí ha sido una gran ayuda, una gran satisfacción.
Hoy a ustedes como noticieros[1] que no desmayen, que no descansen, que siempre se pueda denunciar lo que sufrimos los pueblos indígenas. Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos.
Si bien es cierto que tenemos unos territorios declarados, quizás no conocemos todo lo interno, lo que se habla y no se escribe, pero que llevan en las mentes muchas personas y que se valen hoy de hacer caso omiso a los sufrimientos, a las denuncias que hacemos, al reclamo territorial que hacemos, al sufrimiento que muchos no se atreven a decir porque temen por su vida, todo lo entendemos, pero de eso se está valiendo el sistema político que habla de derechos, que habla de respeto a los derechos humanos, que se habla de que somos un país de leyes, un país de democracia, pero yo creo, a mi poco entender, la democracia debe ser donde todos tengamos lo que nos corresponde y se nos respete donde estamos y lo que nos corresponde también en este caso del territorio indígena, porque eso es lo que nosotros necesitamos.
A nosotros no nos interesa de que nos hablen de grandes riquezas, de grandes desarrollos del país que tampoco los vemos en ninguna parte, cuando en nuestro territorio no podemos desarrollarnos ni siquiera en competir entre nosotros mismos porque todos estamos viviendo una marginación, un despojo, un desprecio de la presencia de nosotros como humanos en el país.
Para mí, como pueblo indígena, y como una india que soy y como una madre luchadora que he sido y como una hija de una madre luchadora que también tuve, no puedo aceptar que simplemente nos vengan a decir una mentira los políticos y a irse. Esto que estoy diciendo es porque el 24 de febrero o el 26 de febrero del año 2020 que sucedió este caso, el gobierno se sentó aquí, sus representantes que enviaron, se sentaron aquí a decirnos que no estuviéramos metiéndonos en las tierras porque en dos meses nos las iban a entregar porque el gobierno tenía una deuda con los pueblos indígenas y que esa deuda estaba pendiente y por eso nos iban a entregar las tierras que estábamos tomando en esos días.
Eso fue, como dicen, una tomada de pelo, una burla y me lastima porque muchas veces esos representantes son algunos indígenas, otros que estaban en el gobierno, otros que representan el sistema legal en Costa Rica y otros que los enviaron como representantes o escuchadores del diálogo ciudadano. El diálogo ciudadano no simplemente es que hablemos, tampoco es que nos estén mintiendo porque no somos niños, somos personas luchadoras que entendemos muy bien, pero por la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos, nuestros hermanos y sobrinos, a veces tenemos que ceder no porque creamos sino porque nuestra lucha no es enseñar a nuestros hijos o nuestros descendientes a ser criminales a la vista y a la paciencia de los estados, no ellos son seres humanos que necesitan vivir disfrutando de sus tierras y de sus territorios, de sus culturas.
Por eso he vivido dos años de angustia”.
Lo mínimo que podemos hacer es levantar nuestra voz contra el atropello cotidiano que viven los y las habitantes de los territorios indígenas.
Isabel Ducca D.
[1] Se refiere al programa Voces y Política de la Radio Universidad de Costa Rica.
El programa completo de Voces y política puede escucharse en: https://radios.ucr.ac.cr/programa/radio-universidad/voces-y-politica/
Cuando reescribamos la historia de Costa Rica 3 fechas deben aparecer porque marcan cortes determinantes: 18 de marzo de 2019 por el asesinado Sergio Rojas Ortíz, 24 de febrero de 2020, por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera y 30 de diciembre de 2021, porque ese día Leonel García casi pierde la vida en una descomunal agresión con machete. Si estos hombres pertenecen al pueblo Brorän, Bribri o Cabécar, pasa a un segundo plano. Lo que importa es que representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que las agresiones dirigidas contra esas personas y contra sus territorios no tienen límites. Importa también que esos nombres se suman a otros miles de ausentes de pueblos indígenas de todo el mundo que enfrentan y sufren hoy día la violencia vigente desde hace siglos.
Por Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera apareció Costa Rica en las listas de asesinatos registrados por la organización Global Witness de los años 2020 y 2021, y pesar del dolor para sus familias y sus pueblos originarios, tal registro ha servido para que el mundo se entere de que la defensa efectiva de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, son una farsa que se ha consolidado en Costa Rica. El mundo está comprendiendo por qué es que se puede afirmar que éste es un país con muchas manifestaciones racistas, pero en particular contra los pueblos originarios. Que es un país cuya institucionalidad no juzga los crímenes contra personas indígenas como crímenes de odio, de racismo y de etnocidio, y que incluso se niega a juzgarlos de la manera que sea. Pero que además, desconoce sus propias leyes y los Convenios internacionales que ha firmado, y no asegura la protección de la gente indígena aún cuando hay medidas y resoluciones de organismos internacionales que le ordenan hacerlo.
Esa debilidad del Estado se demuestra, por ejemplo, con el incumplimiento de Medida Cautelar (Resolución 16/15) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le indicaba al Gobierno de Costa Rica su deber de que “a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre…,… b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficios y sus representantes; c) Informe las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y así evitar su repetición”. Lo mismo ocurre con el Convenio 107 de la OIT (Ley No 2330) vigente desde el 9 de abril de 1959), “Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Tribuales Indígenas y Semitribales en los Países Independientes”, aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en el año 1957.
De muchísimas formas se le ha recordado al Estado costarricense la copiosa legislación existente con la cual se podrían hacer valer los derechos violentados de los pueblos originarios, sin que se logre su cumplimiento. Entre tanto, varios puntos son claros:
Sergio, Jerhy y Leonel se convirtieron en “peligrosos” porque desafiaron el colonialismo, el racismo, la falta de derechos, el desconocimiento de su condición de personas de pueblos originarios. Fueron un peligro cuando trataron de recuperar su territorio, su identidad, su organización social; cuando se rebelaron ante el control político impuesto, cuando desafiaron la aplicación discriminatoria de leyes en su contra y cuando pidieron que se cumplieran las leyes que les aseguraban sus derechos, empezando por el derecho a la tierra. Aunque la muerte de Sergio, y la de Jerhy que conmemoramos hoy 24 de febrero, son golpes dolorosos e indignantes, han servido para evidenciar y desenmascarar cuán lejos está el Estado de Costa Rica de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Ése es uno de sus legados póstumos.