– Organizaciones de Pueblos Originarios de la Zona Sur y organizaciones solidarias de distintas partes del país acompañan a la madre, familia de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba en las afueras de los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón.
– El Tribunal de Pérez Zeledón admite como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jehry Rivera e investigador judicial admite en su testimonio que Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por el conflicto existente por las tierras-territorios en la Zona Sur y que Jerhy fue arrastrado por el suelo al menos 5 metros del lugar donde fue asesinado.
Lunes 23 de enero del 2023. El día de hoy inició el juicio por el asesinato de líder Brörán del Territorio de Térraba, Jerhy Rivera Rivera. Jerhy fue asesinado por su rol en los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero del 2020, en el segundo día en el que una turba de entre 150-200 personas asedieron a las personas del Pueblo Brörán que se encontraba recuperando tierras territorios desde el 23 de febrero de ese mismo año.
En las afueras del recinto judicial se encuentran distintas organizaciones acompañando a la madre, familiares de Jerhy Rivera y al Pueblo Brörán de Térraba: una comitiva de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa (Autogobierno Bribri de Salitre), la Red de Mujeres Rurales, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsöchok, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), además de personas de los Pueblos Originarios de otros Territorios de la Zona Sur y otras organizaciones de distintas partes del país.
Entre los hechos más importantes y que han sucedido en el desarrollo del juicio hasta ahora se encuentran: 1) *el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón admitió como prueba el vídeo de la confesión del imputado Varela por el asesinato de Jerhy Rivera* y; 2) según el testimonio de *William Mora Alfaro, investigador judicial de Buenos Aires, *reconoció que Jerhy fue asesinado por su participación en el conflicto de tierras-territorios en la Zona Sur y además admitió que Jerhy fue arrastrado 5 metros después de ser asesinado.*
Mora Alfaro fue el investigador encargado del levantamiento de informes policiales, así como de las primeras investigaciones del homicidio por razones políticas. *Su testimonio confirma que Jerhy fue asesinado por razones políticas y que además sufrió ensañamiento por parte de la turba que se encontraba hostigando y violentando a las personas recuperadoras del Pueblo Brörán desde el 23 de febrero del 2020.*
Llamamos a la comunidad nacional e internacional, a las organizaciones hermanas y solidarias a continuar atentos y atentas al desarrollo del juicidio sobre el asesinato de Jerhy Rivera Rivera. A estar vigilantes de que la impunidad sobre este caso se detenga.
El 24 de febrero del 2020 quedará en la comunidad Bröran de Térraba como una mancha de dolor. El asesinato del líder indígena y recuperador de territorio ancestral fue ejecutado durante un ataque de una turba de 150 personas no indígenas y aliadas quienes, desde el 23 de febrero del 2020, habían hostigado, violentado y amenazado al Pueblo Bröran, pese a que el 23 de febrero se había dado una alerta temprana a los viceministros de Diálogo y de Seguridad. Semejante acto de cobardía y atropello solo puede ser explicado como parte de una violencia sistemática contra la identidad y la cultura de los pueblos originarios.
Las palabras de su madre, Digna Rivera, aclaran muy bien la dimensión de este duelo nacional: “Porque mi hijo murió por defender el derecho legal de las tierras indígenas que, como territorio indígena, nos pertenecen en el territorio de Térraba y en todos los demás territorios. …Creo que no ha sido bonito para nosotros y creo que no ha sido bonito para ningún pueblo indígena perder un compañero, un luchador, un entregado a la lucha y la defensa de los derechos, aparte de ser hijo, hermano, sobrino, nieto, padre que lo sufrimos en carne propia, también se nos va una pieza importante de los valientes que se atreven a salir a reclamar por nuestros derechos”.
Justicia para Jehry Rivera y cese a la impunidad
Jehry fue asesinado por la espalda y con presencia policial que no garantizó su protección ni la del Pueblo Bröran. Antes de que Jehry, como es parte de la cultura, regresara a la tierra, antes de que sus familiares y amistades se despidieran, su asesino confeso fue puesto libertad. Si el Estado costarricense cumpliera sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este asesinato y el de Sergio Rojas en marzo del 2019 no se habrían producido, pues, desde el 30 de abril del 2015, dicha comisión le había solicitado a Costa Rica medidas cautelares en favor de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre. Las medidas cautelares “MC 321-12” establecen que el Estado costarricense es responsable de garantizar y resguardar la vida e integridad física de esos pueblos.
En lugar de cumplir con el mandato de cuidar la vida y la seguridad en los territorios indígenas, el Estado costarricense propicia reuniones como la de la Mesa Técnica el 17 de agosto del 2022 en Buenos Aires de Puntarenas; en la cual, se incentivó el racismo y se aplaudió la declaración del presunto asesino de Jehry Rivera cuando se enorgulleció de haberlo matado.
Justicia para Jehry Rivera y respeto a los derechos humanos
Todas las instancias del Poder Judicial deben acoger como parte de su actuar las formulaciones que, sobre Derechos Humanos de los pueblos originarios, ha construido la legislación nacional e internacional. La impunidad con que actúan finqueros y ocupantes de los territorios ancestrales debe terminar. Son continúas las amenazas, las agresiones y las violaciones a los derechos de estas poblaciones en forma de ataques a la integridad física de las personas y en forma de incendios y destrucción de cultivos a la integridad de sus territorios. Tal y como lo señala el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe del 28 de septiembre de 2022:
“91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.
Tal y como lo plantea este relator especial de Naciones Unidas, exigimos que el Tribunal de Pérez Zeledón acate:
“Proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado para las personas indígenas víctimas, en particular a los pueblos indígenas bribri de Salitre y brörán de Térraba por los asesinatos de los líderes indígenas Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera, incluidas, pero no limitadas a:
Garantías de no repetición mediante esquemas preventivos y alerta temprana con participación de la Defensoría de los Habitantes;
ii) Medidas de satisfacción como la disculpa pública”.
Suscribimos este comunicado público:
– Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
– Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
– Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
– Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha.
– Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba.
– Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de lucha por la tierra Finca Chánguina.
– Asociación Voces Nuestras.
– Frente Tierra.
– La Juventud Vanguardista Costarricense.
– Confluencia Solidaria.
– Partido Vanguardia Popular.
– Partido Frente Amplio
– Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
– Bloque de Vivienda.
– Radio 8 de octubre
¡La justicia para Jhery Rivera es la justicia para reparar una mínima parte de 500 años de atropello y violencia!
El próximo lunes 23 de enero iniciará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera ocurrido en febrero de 2020 en Térraba, en la zona sur de Costa Rica.
Jehry Rivera Rivera, indígena brörán de Térraba, lideraba un proceso de recuperación de su territorio, ubicado en el cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas.
En Térraba, al igual que en otros territorios indígenas de la región, las tierras que les pertenecen a los pueblos originarios por ley y por herencia ancestral han sido usurpadas por terratenientes. En consecuencia, ante la permisividad e inoperancia de las instituciones estatales, las comunidades han decidido ejercer su derecho y tomar posesión de algunos de los terrenos usurpados.
Desde el domingo 23 de febrero de 2020, familias brörán habían emprendido varios procesos de recuperación de terrenos que estaban bajo ocupación ilegal por parte de personas no indígenas. La noche del 24, una turba de usurpadores, terratenientes y sus peones atacó a las familias recuperadoras. Al enfrentárseles, Jehry recibió cinco disparos por la espalda.
El que disparó es un hombre de apellido Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades pero posteriormente fue puesto en libertad. En agosto de 2022, Varela confesó haber cometido el homicidio y fue ovacionado por el público durante una actividad pública con presencia de funcionarios oficiales en Buenos Aires de Puntarenas.
El juicio comenzará el lunes 23 a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta el miércoles 25. Familiares y amistades de Jehry invitamos a acompañar este proceso durante los tres días del juicio en los Tribunales de Pérez Zeledón.
Alerta compañeros y compañeras de PUEBLOS INDÍGENAS y de MOVIMIENTOS AMBIENTALES:
El día de hoy se votará en Primer Debate el Expediente 21.550 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA.
Durante la semana pasada (y desde el año pasado) venimos advirtiendo que el texto final no ha sido consultado con los pueblos indígenas del país lo que violenta el convenio 169 de la OIT, siendo que este proyecto incide directamente sobre su vida cotidiana al permitir patentes y repartición de ganancias por el uso del conocimiento tradicional y de la riqueza biológica. Igualmente, señalamos que hay deficiencias que deben ser corregidas vía clausulas interpretativas para evitar ganancias que se deriven de la biopiratería.
Sin embargo, el jueves anterior, nuestras advertencias fueron ignoradas en el Plenario Legislativo en donde -inclusive- una Diputación del PLP se levantó a decir que nuestra solicitud era «un capricho ideológico».
Hacemos un llamado a los diferentes sectores a expresar sus opiniones e inquietudes cuánto antes. El tiempo apremia.
Atentamente, Sofía Guillén Pérez Diputada de la República Partido Frente Amplio sofia.guillen.diputada@gmail.com
Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.
La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)
Alejandra Amador Salas, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.
Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.
Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.
Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.
Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
Compartimos las fotografías de las distintas actividades que se realizaron en Matambuguito, como parte del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO) de la UNED. En las actividades participaron varias mujeres y hombres de la comunidad, y en las que se realizaron exposiciones y dinámicas por parte de las personas que reciben y cursan dicho Técnico.
Lesner Figueroa Lázaro, Bribri del Clan Tuadiwak y vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW), Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, estuvo detenido por más de 8 horas durante el día de ayer 2 de diciembre.
Una vez más, el Poder Judicial de Costa Rica desconoce y viola el bloque de constitucionalidad, el derecho indígena y una serie de compromisos adquiridos por el país a nivel internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lesner Figueroa, compañero recuperador, líder y miembro del Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre -Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW)- estuvo privado de libertad por más de 8 horas el viernes 2 de diciembre. Esto, en detrimento de una serie de Derechos Humanos particulares de los Pueblos Originarios, que deberían ser conocidos y aplicados por los operadores del Poder Judicial. Falta que incurre, por tanto, en una violación grave a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense.
Los hechos son los siguientes:
En medio del conflicto estructural de ocupación ilegal de terrenos dentro de los Territorios Indígenas, muchas personas recuperadoras de los Pueblos Originarios, que impulsan los procesos de recuperación de tierra-territorio, resultan imputadas en causas penales tras la denuncia de personas no indígenas que ocupan ilegalmente esos terrenos. Además, el conflicto se ha ido judicializando con el paso de los años.
En ese contexto, las personas mayormente afectadas son las que pertenecen a los Pueblos Originarios en tanto esta judicialización del conflicto no se ha traducido en el acceso al derecho a la justicia y ni siquiera respeta las particularidades culturales de estos Pueblos.
En este caso, Lesner Figueroa Lazaro es denunciado penalmente -además de otros compañeros y compañeras- por una persona no indígena, Rafael Salas Salazar quien ocupaba ilegalmente un terreno dentro del Territorio Bribri de Salitre. La causa penal es EXP: 22-000042-0030-PE. Por razones culturales, Lesner no pudo hacerse presente a una diligencia judicial en días pasados. Él se encontraba bajo un tratamiento especial, cultural y particular de la cultura Bribri que no le permitía atender nada fuera de su comunidad.
Ante la inasistencia de Lesner, el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur emitió la Orden de Captura 280-TJPZ-2022 en su contra por el delito de rebeldía; voluntariamente, Lesner se dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires a las 8 a.m. el día viernes 2 de diciembre del 2022, estando en el sitio, se le pidió que esperara unos minutos para que fuera atendido. Posteriormente, dos sujetos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le indicaron que debía permanecer detenido por el delito de rebeldía, fue esposado y trasladado en un vehículo del OIJ hacia las oficinas de esta policía judicial que se encuentra en el edificio del Juzgado Penal de Buenos Aires.
Ahí, le fueron tomadas sus huellas y fotografías. Le fue indicado que debía esperar a la resolución final del Juez a cargo; la cual podría tardar porque éste se encontraba “muy ocupado”. Luego fue trasladado a unas celdas de la Fuerza Pública en Buenos Aires y ahí estuvo detenido hasta horas de las tarde (alrededor de las 2 p.m.), cuando fue trasladado nuevamente al Tribunal Penal.
El Tribunal Penal entregó a Lesner una citación que indica la nueva fecha en la que debe hacerse presente ante esa misma instancia para continuar con el proceso penal de fondo. Es decir, fue privado de su libertad únicamente para recibir una nueva citación judicial.
Por su condición de ser una persona del Pueblo Bribri de Salitre, los hechos relatados anteriormente, evidencian una serie de faltas graves por parte del Poder Judicial y, consecuentemente, de violaciones graves a los Derechos Humanos de Figueroa Lázaro; quien además es beneficiario a título individual y como vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW) de las Medidas Cautelares #321 – 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Téraba.
En este sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificada por el Estado costarricense en 1993- en el artículo 9 inciso 2 establece:
“Art 9. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.
Así mismo el numeral 10 de dicho convenio internacional estipula:
“Art 10. 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales;
Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
La Constitución Política de Costa Rica indica en su artículo 7 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.
Entonces, si instrumentos internacionales de derechos humanos o sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos otorgan una protección más amplia, extensiva y favorable para las personas, que la establecida en la Constitución Política, estas normas y sentencias estarían por encima de la Constitución. En ese sentido La Sala Constitucional en el Voto No. 1319-97 indicó “los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.
Lesner y cualquier otra persona que pertenezca a un Pueblo Originario imputada penalmente tiene derecho a un trato particular y especial que respete su cultura, cosmogonía y cosmovisión además de sus condiciones socio económicas y políticas.
A Lesner y en general a las personas que pertenezcan a un Pueblo Originario son sujetas al Derecho Indígena; derecho que el Estado costarricense insiste en desconocer estructural y sistemáticamente.
Lesner fue privado de libertad pese a que su cultura le impedía atender un proceso judicial que no conoce otra norma más que la civil/penal occidental y colonial y aun cuando la normativa internacional reconoce la preferencia de otro tipo de sanciones a la privación de libertad. Normativa a la que el Estado de Costa Rica debe respetar y no violentar.
Como si lo anterior fuera poco, el Poder Judicial entra en una falta más al no priorizar el caso de Lesner y atenderlo 8 horas después. Los Pueblos Originarios, de acuerdo a instrumentos internacionales reconocidos por el Estado costarricense, tienen derecho a un trato diferenciado en materia penal.
En Costa Rica, se estaría ante un caso de pluralismo jurídico, ya que el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otra normativa internacional y nacional, reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, han reconocido la necesaria coexistencia de sistemas normativos y de justicia propios de estos Pueblos con la jurisdicción estatal; coexistencia que en la realidad se ha convertido en una imposición del sistema judicial estatal que ha derivado en hegemónico.
El desconocimiento al Derecho Indígena es una falta grave de las y los funcionarios del Poder Judicial de Costa Rica.
Además, esta acción constituye una de las múltiples formas de violencia institucional contra los Pueblos Originarios del país. Todo incurre en la violación de los Derechos Humanos -y colectivos- de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense; violación que tiene un fondo estructural: la ocupación ilegal por parte de personas no indígenas de tierras-territorios que se encuentran dentro de los Territorios Indígenas. En ese sentido, el Estado costarricense constantemente violenta los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de forma sistemática y estructuralmente.
Ante ello, demandamos:
El Poder Judicial y Ejecutivo realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de las y los funcionarios involucrados en los hechos descritos, se establezcan las sanciones correspondientes y se brinde un informe al respecto.
– Organizaciones Propias de los Pueblos Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra), Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba denuncian ningún avance en el respeto de sus derechos y la protección de sus vidas por parte del Estado costarricense; pese a que la CIDH lo ordenó.
– La administración Chaves Robles no ha significado una transformación de la vida de los Pueblos Originarios. Mucho menos ha significado una disminución de la tensión.
Martes 06 de diciembre del 2022. Para este día fue convocada una conferencia de prensa de parte de organizaciones propias de Pueblos Originarios de la Zona Sur, que se encuentran apoyando procesos de recuperación de tierra-territorio en los Territorios: Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra), Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba. En esta conferencia, queremos abordar tres temas de interés nacional sobre el conflicto que se viven en nuestros Territorios y al que sobreviven nuestros Pueblos. Desgraciadamente, tras más de 12 años de resistencia desde que el digno Pueblo de Salitre inició a recuperar tierras-territorios, nos vemos aún con muchos derechos negados, cuestionados por las autoridades e incluso somos víctimas de discursos racistas que no reconocen nuestra decisión, capacidad organizativa y existencia. Tampoco la violencia se ha dejado de hacer presente en nuestra contra y al día de hoy dos de nuestros compañeros han sido asesinados: el Uniwák Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.
Así, hoy compartimos un balance sobre tres puntos específicos:
Evaluación de las Medidas Cautelares #321 – 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba:
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Cautelares (#321 – 12) a favor de los Pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba tras el análisis del riesgo para la vida y la integridad física que corrían -y corren- estos Pueblos tras la defensa del territorio y los procesos de recuperación de tierra-territorio. En éstas, la CIDH ordena al Estado costarricense: “Adopte medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y del Pueblo Indígena Bribri de Salitre”.
Tras 7 años desde el otorgamiento de las medidas cautelares y luego de que tres administraciones distintas fueran responsables del cumplimiento de las mismas, no hay ningún avance y las vidas de los Pueblos siguen en profundo riesgo y amenaza. Tampoco hay avances significativos en los temas de gobernanza, tierras y seguridad:
– Para el 2022, son dos los líderes de Pueblos Originarios asesinados: Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwák el 18 de marzo del 2019 y Jerhy Rivera Rivera el 22 de febrero del 2020. Ambos formaban parte de los Pueblos Bribri y Bröran de Térraba.
– Ninguna administración ha regresado terrenos ocupados ilegalmente a los Pueblos Originarios y, mucho menos, a las personas recuperadoras.
– El Estado costarricense sigue sin reconocer apropiadamente a las Organizaciones Propias de los Pueblos Originarios y continúa manteniendo de interlocutor a las Asociaciones de Desarrollo Integral en Territorios Indígenas (ADI). Las cuales son impuestas por el Estado y no responden de ninguna manera a la cosmovisión y cosmogonía de nuestros Pueblos.
Creación de la Mesa Técnica Interinstitucional: La administración Chaves Robles creó una Mesa Técnica Interinstitucional para el tema indígea el pasado 9 de agosto del 2022.
La única acción novedosa en esta estrategia es que el Gobierno elevó el tema y/o problemática a la categoría de interés público. Pese a ello, es una Mesa que carece de conocimiento del fondo de la problemática, no cuenta con fondos ni con personal suficiente para llevar a cabo la tensión creciente en los Territorios Indígenas. Además, a tres meses de la instalación de la Mesa Técnica no hay una ruta o un plan de trabajo sobre la problemática que le atañe atender. Al día de hoy, tampoco ha llegado alguna propuesta clara sobre el tema a las organizaciones directamente afectadas.
Como si ello fuera poco, la Mesa Técnica ha realizado declaraciones falsas sobre la supuesta ilegalidad de las recuperaciones de tierra-territorio y ha indicado además que son estos procesos organizativos los responsables de la violencia y tensión en los Territorios Indígenas. Sobre este punto, hacemos eco de las palabras del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre: las recuperaciones de tierra-territorio surgen en respuesta a la falta de voluntad política y la inacción al respecto por parte del Estado costarricense y los funcionarios (as) correspondientes. Así, sí existe un responsable de la violencia que hoy se vive en los Territorios es el Estado costarricense.
También, insistimos: las recuperaciones de tierra-territorio son y han sido el método más efectivo y contundente para garantizar acceso a la tierra, alimentación sana y un espacio sano, ambientalmente equilibrado, para el crecimiento de nuestras familias y Pueblo en general. Las recuperaciones de tierra-territorio han mejorado profundamente las condiciones de vida de los Pueblos Originarios.
Recientemente, los Pueblos Cabécar de China Kichá, Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y Brörán de Térraba han realizado recuperaciones de tierra-territorio.
Éstas, como las anteriores, nacen de la indignación y la disconformidad ante un Estado que nos violenta de forma sistemática y estructuralmente. Por tanto, las recuperaciones se originan en la rabia organizada y en los deseos de transformar la realidad de los Pueblos Originarios. A ello se suma el fallo No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022, en el que la Sala Constitucional reafirma la nulidad absoluta de todas las compra-ventas realizadas por personas no indígenas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas.
Ante ello, demandamos:
– A la comunidad nacional e internacional a que continúen con las acciones de solidaridad con nuestras luchas. Les solicitamos que presten atención a nuestras comunicaciones y acciones en defensa de nuestras vidas, derechos e integridad física.
– Al Estado costarricense que se someta a lo que le es demandado por organismos, legislación y jurisprudencia internacional, a los cuales debe respeto y acatamiento.
– Al Estado de Costa Rica para que priorice la atención de los casos penales que surgen en medio de los procesos de recuperación de tierra-territorio. También que lleve a cabo planes de protección de las personas de los Pueblos Originarios -y sus acompañantes-; desde su integridad física hasta su vida.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). – Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). – Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha. – Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba. – Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba. – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
