Alerta compañeros y compañeras de PUEBLOS INDÍGENAS y de MOVIMIENTOS AMBIENTALES:
El día de hoy se votará en Primer Debate el Expediente 21.550 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE NAGOYA.
Durante la semana pasada (y desde el año pasado) venimos advirtiendo que el texto final no ha sido consultado con los pueblos indígenas del país lo que violenta el convenio 169 de la OIT, siendo que este proyecto incide directamente sobre su vida cotidiana al permitir patentes y repartición de ganancias por el uso del conocimiento tradicional y de la riqueza biológica. Igualmente, señalamos que hay deficiencias que deben ser corregidas vía clausulas interpretativas para evitar ganancias que se deriven de la biopiratería.
Sin embargo, el jueves anterior, nuestras advertencias fueron ignoradas en el Plenario Legislativo en donde -inclusive- una Diputación del PLP se levantó a decir que nuestra solicitud era «un capricho ideológico».
Hacemos un llamado a los diferentes sectores a expresar sus opiniones e inquietudes cuánto antes. El tiempo apremia.
Atentamente, Sofía Guillén Pérez Diputada de la República Partido Frente Amplio sofia.guillen.diputada@gmail.com
Compartido con SURCOS por Alberto Gutiérrez Arguedas.
La promulgación de la Ley Indígena en 1977 marca un precedente para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Imagen con fines ilustrativos: comunidad indígena guaymí, Alto Conte, Golfito. (Foto: Anel Kenjekeeva, ODI)
Alejandra Amador Salas, Periodista
Mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario a finales del año 2022, la Universidad de Costa Rica (UCR) celebró el fallo de la Sala Constitucional que declara la nulidad de todas las compraventas de tierras por parte de personas no indígenas dentro de los territorios de estas poblaciones, realizadas posterior a la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977.
Esta Ley establece en su artículo 3 que Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas.
Pese a la claridad de la legislación, el señor Rodrigo Aráuz Figueroa interpuso en el año 2021 una acción de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en relación con dicho artículo. Sin embargo, el 19 de octubre 2022, la Sala Constitucional declaró sin lugar esta acción, por mayoría.
Ante esta situación, la UCR considera que la normativa nacional e internacional, los derechos humanos de los pueblos originarios y la resolución de la Sala Constitucional reflejan la necesidad de que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial intervengan con celeridad y procedan con los desahucios correspondientes para que estas poblaciones recuperen sus tierras y que no haya violencia durante el proceso.
Desde hace más de 10 años, el Consejo Universitario ha visibilizado las situaciones que han vivido los pueblos indígenas costarricenses con respecto a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras y recursos. Asimismo, ha instado al Gobierno de la República a tomar medidas contundentes para proteger a esta población tan vulnerable.
SURCOS comparte el homenaje a Mariana Delgado Morales, recuperadora de tierra indígena Bri Bri. Extractos del documental «Recuperando la Tierra», UNFPA Costa Rica, 2021. Que su memoria y lucha perduren.
Dado el racismo visceral con que la sociedad costarricense asume, consciente o inconscientemente, la lucha de los pueblos originarios por recuperar sus territorios, con la cual ejercen los derechos establecidos en la jurisdicción nacional e internacional, es muy posible que la muerte de doña Mariana Delgado Morales pase desapercibida, silenciada e invisibilizada. Sirva este escrito para honrar su memoria y destacar su capacidad de resistencia frente a los múltiples atropellos de los que fue víctima.
Su lucha y su resistencia estuvieron siempre acompañadas, desdichadamente, por el dolor que le infringieron a ella y su comunidad quienes, al margen de la ley y de todo sentimiento noble, ocupan ilegalmente los territorios y actúan con toda clase de actos violentos como lo detalla el siguiente testimonio suyo de noviembre del año 2020. Doña Mariana Delgado Morales era indígena Bribri del Clan Tubolwak del Territorio de Salitre. A continuación, sus palabras:
“La lucha de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas y, en especial en mi caso, se ha venido dando desde que nacimos, porque nuestras abuelas y nuestras madres eran luchadoras incansables, porque tuvieron que enfrentarse, en ese tiempo, a la misma situación de discriminación, de racismo, de violencia, de humillaciones contra ellas, al igual que nosotras ahorita estamos sintiendo aún en este siglo que deberíamos de entender que haya mejorado la situación de las mujeres en el mundo, pero no es así, menos para nosotras las mujeres indígenas.
Hoy, el 25 de noviembre se conmemora [el día internacional de la violencia contra las mujeres], pues yo siento que nosotras cada vez más, en vez de avanzar, cada vez más como que retrocedemos con lo que está haciendo el Estado en contra de nosotros porque, desde que iniciamos más fuertemente las luchas de recuperaciones, de reivindicación de nuestros derechos, el Gobierno no ha querido escucharnos y nos toca ver cómo sufre nuestro pueblo, cómo desangra nuestro pueblo, cómo nuestros hijos son agredidos y cómo nos matan a nuestros hermanos por levantar la voz para exigir justicia para nuestro pueblo.
Es una situación cada vez más lamentable para nosotras las mujeres indígenas que, en estos procesos de lucha, es […], es doloroso para nosotras´, porque vemos como sufren nuestros hijos. En mi caso, ver a mi hijo sufrir con dos balas en su pierna y verlo todo joven, pero que aún está impedido, no puede ganarse su sustento diario solo, porque la salud no le permite, porque el dolor en su pierna es terrible y aún ver a sus hijos y sus hijas con muchas necesidades es algo muy, muy lamentable y doloroso para uno como madre y abuela.
Situaciones como esas de amenazas y de violencia hemos estado viviendo en mi territorio, en Salitre y ver que el Estado se hace de la vista gorda de todos los sufrimientos de nosotros lo indígenas, pues no tiene otra palabra: el Gobierno no se preocupa ni se ha preocupado nunca por nosotros.
En esta situación, quisiera compartir también que el Gobierno, después del asesinato de nuestro hermano Sergio, entró con toda su comisión del vice ministerio de la Presidencia, como la Corte Suprema de Justicia, ministerio de Seguridad, ministerio de Justicia y Paz y otros; después del asesinato de Sergio nos reunimos, como consejo, con esta comisión en varias reuniones como para acordar acciones a seguir como monitoreo en el territorio y también nuevas recuperaciones que hubieron (sic) en ese tiempo. Esos monitoreos se cumplieron en parte. Se acordó que el Gobierno realizara el desalojo de los finqueros no indígenas que usurpan las tierras y esos desalojos tampoco se realizaron.
Se le solicitó al Gobierno avances en la investigación del asesinato de Sergio Rojas y el Gobierno nunca dio informes del avance en este caso. También solicitamos al Gobierno que busque mecanismos para devolver las tierras directamente a los indígenas y no a través de la ADI y hasta el momento no han contestado. Por esa razón, la relación con el Gobierno ha sido muy poca y nosotros no hemos estado anuentes a realizar más reuniones, ya que el Poder Ejecutivo no nos ha dicho cuáles son los pasos a seguir para la devolución de las tierras. A nosotros lo que nos interesa es que el Gobierno agilice los procesos de recuperación y el Gobierno no ha mostrado ningún interés en seguir los pasos para la devolución de las tierras y que no sea a través de la ADI. El Estado ha incurrido en retrasos injustificados para devolver las tierras a los indígenas, en vista de que ha transcurrido mucho tiempo desde la creación de la ley y el inicio de los procesos de recuperación.
Tampoco han encontrado una forma ágil y oportuna para hacer efectiva la devolución de la tierra a los indígenas. [Recibimos] la visita del Gobierno, no oficial, para intercambiar algunas ideas. Se entabló conversaciones, pero nada afirmativo, hasta este momento no han hecho alguna acción positiva por la llegada de la pandemia del covid 19 al país, más bien el Gobierno lo tomó para poner excusas, para no continuar con lo que les correspondía realizar en Salitre en temas de saneamiento territorial y seguridad. También el Poder Judicial tomó la pandemia como excusa para no aligerar los procesos judiciales.
Además de eso, aumentó la violencia en el 2020 después del asesinato del líder bribri Sergio Rojas. La falta de voluntad del Gobierno de sancionar a los culpables de ese asesinato motivó que el usurpador Heliodoro Figueroa Uva le dispara a Mainor Ortiz Delgado en su pierna derecha el día 9 de febrero del año 2020 cuando Mainor se encontraba trabajando en su finca con su familia. El día 21 de agosto ese mismo agresor entró en casa de la indígena bribri Claudina Figueroa Rojas y Ana Patricia Calderón Figueroa, ambas del Clan Uniwack, sacó un arma que portaba en su cintura y un cuchillo que llevaba en su mano, amenazó a las compañeras y les dijo que las iba a agredir; luego de gritarles y ofenderlas, dijo que si no salían de esa tierra les iba a disparar, a lo que las mujeres resistieron a salir. Ese agresor, en otra ocasión, ya había amenazado herir a la señora Claudina con un cuchillo, cuando ingresó en la propiedad de ella. Ese día un vecino la defendió de que la hirieran con un cuchillo.
El 21 de marzo, en horas de la mañana, el usurpador Rodrigo Figueroa Uva amenazó golpear a Enrique Ortiz Figueroa del Clan Uniwack. Le dijo que era mejor que se calle y no hable, porque él no sabe lo que le puede pasar, pues Enrique es testigo de Mainor Ortiz en una demanda de agresión con arma.
Mariana Delgado Morales.
Quiero manifestar que el 24 de septiembre de 2020 nos enteramos la noticia de que el Poder Judicial tomó la decisión de desestimar el caso del asesinato de nuestro hermano y líder Sergio Rojas Ortiz. Noticia que recibimos con mucho dolor e indignación en el territorio de Salitre. Decisión que tomó el Poder Judicial basándose, supuestamente, en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar investigaciones judiciales. En esta situación, vemos que no tenemos apoyo de la justicia costarricense, ya que se nos está demostrando con el asesinato de Sergio Roja que no se vislumbra un esfuerzo por parte del Poder Judicial para encontrar a los culpables del asesinato y que sean castigados como debe ser.
Por otro lado, el Estado no ha devuelto las tierras a los indígenas que es la causa de toda violencia y asesinatos contra los indígenas. Y la desestimación de este caso estimula a los usurpadores para que continúen con la violencia, ya que el Poder Judicial les da el respaldo y avala así a los no indígenas para que continúen con las amenazas de muerte a los defensores de derechos, a familias que recuperan tierras y aumenta la posibilidad de nuevos asesinatos de indígenas que defienden sus territorios, pues lo no indígenas observan que no le dan importancia a la investigación de un indígena asesinado, lo que provoca que los no indígenas intensifiquen todas formas de violencia en contra de los indígenas. Esto sería muy peligroso, lamentable para el pueblo bribri de Salitre.
Esta es la situación actual de mi territorio en Salitre, lo estamos pasando, lo que hemos vivido y seguimos viviendo, ya que no hay respuesta, no hay apoyo de parte del Estado a esta situación de violencia que hemos estado viviendo. Lamentable, como digo, porque vemos una situación muy crítica para nosotros. No sabemos hasta cuándo”. (Delgado, 2020, m14s12)*
¿Cuándo le daremos en Costa Rica el lugar que merecen los pueblos originarios?
Siembran con sus luchas semillas de dignidad.
Isabel Ducca D.
*Para consultar el documento completo: Audiovisuales UNED. (2020, noviembre 25). Las recuperaciones indígenas del territorio: la experiencia desde los pueblos /Foro [Vídeo]
Compartimos las fotografías de las distintas actividades que se realizaron en Matambuguito, como parte del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios (TGL-PO) de la UNED. En las actividades participaron varias mujeres y hombres de la comunidad, y en las que se realizaron exposiciones y dinámicas por parte de las personas que reciben y cursan dicho Técnico.
Lesner Figueroa Lázaro, Bribri del Clan Tuadiwak y vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW), Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, estuvo detenido por más de 8 horas durante el día de ayer 2 de diciembre.
Una vez más, el Poder Judicial de Costa Rica desconoce y viola el bloque de constitucionalidad, el derecho indígena y una serie de compromisos adquiridos por el país a nivel internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lesner Figueroa, compañero recuperador, líder y miembro del Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre -Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW)- estuvo privado de libertad por más de 8 horas el viernes 2 de diciembre. Esto, en detrimento de una serie de Derechos Humanos particulares de los Pueblos Originarios, que deberían ser conocidos y aplicados por los operadores del Poder Judicial. Falta que incurre, por tanto, en una violación grave a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense.
Los hechos son los siguientes:
En medio del conflicto estructural de ocupación ilegal de terrenos dentro de los Territorios Indígenas, muchas personas recuperadoras de los Pueblos Originarios, que impulsan los procesos de recuperación de tierra-territorio, resultan imputadas en causas penales tras la denuncia de personas no indígenas que ocupan ilegalmente esos terrenos. Además, el conflicto se ha ido judicializando con el paso de los años.
En ese contexto, las personas mayormente afectadas son las que pertenecen a los Pueblos Originarios en tanto esta judicialización del conflicto no se ha traducido en el acceso al derecho a la justicia y ni siquiera respeta las particularidades culturales de estos Pueblos.
En este caso, Lesner Figueroa Lazaro es denunciado penalmente -además de otros compañeros y compañeras- por una persona no indígena, Rafael Salas Salazar quien ocupaba ilegalmente un terreno dentro del Territorio Bribri de Salitre. La causa penal es EXP: 22-000042-0030-PE. Por razones culturales, Lesner no pudo hacerse presente a una diligencia judicial en días pasados. Él se encontraba bajo un tratamiento especial, cultural y particular de la cultura Bribri que no le permitía atender nada fuera de su comunidad.
Ante la inasistencia de Lesner, el Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur emitió la Orden de Captura 280-TJPZ-2022 en su contra por el delito de rebeldía; voluntariamente, Lesner se dirigió a la Fiscalía de Buenos Aires a las 8 a.m. el día viernes 2 de diciembre del 2022, estando en el sitio, se le pidió que esperara unos minutos para que fuera atendido. Posteriormente, dos sujetos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le indicaron que debía permanecer detenido por el delito de rebeldía, fue esposado y trasladado en un vehículo del OIJ hacia las oficinas de esta policía judicial que se encuentra en el edificio del Juzgado Penal de Buenos Aires.
Ahí, le fueron tomadas sus huellas y fotografías. Le fue indicado que debía esperar a la resolución final del Juez a cargo; la cual podría tardar porque éste se encontraba “muy ocupado”. Luego fue trasladado a unas celdas de la Fuerza Pública en Buenos Aires y ahí estuvo detenido hasta horas de las tarde (alrededor de las 2 p.m.), cuando fue trasladado nuevamente al Tribunal Penal.
El Tribunal Penal entregó a Lesner una citación que indica la nueva fecha en la que debe hacerse presente ante esa misma instancia para continuar con el proceso penal de fondo. Es decir, fue privado de su libertad únicamente para recibir una nueva citación judicial.
Por su condición de ser una persona del Pueblo Bribri de Salitre, los hechos relatados anteriormente, evidencian una serie de faltas graves por parte del Poder Judicial y, consecuentemente, de violaciones graves a los Derechos Humanos de Figueroa Lázaro; quien además es beneficiario a título individual y como vocero del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa (CODIAW) de las Medidas Cautelares #321 – 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Téraba.
En este sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -ratificada por el Estado costarricense en 1993- en el artículo 9 inciso 2 establece:
“Art 9. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”.
Así mismo el numeral 10 de dicho convenio internacional estipula:
“Art 10. 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales;
Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”.
La Constitución Política de Costa Rica indica en su artículo 7 “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.
Entonces, si instrumentos internacionales de derechos humanos o sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos otorgan una protección más amplia, extensiva y favorable para las personas, que la establecida en la Constitución Política, estas normas y sentencias estarían por encima de la Constitución. En ese sentido La Sala Constitucional en el Voto No. 1319-97 indicó “los instrumentos de derechos humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución”.
Lesner y cualquier otra persona que pertenezca a un Pueblo Originario imputada penalmente tiene derecho a un trato particular y especial que respete su cultura, cosmogonía y cosmovisión además de sus condiciones socio económicas y políticas.
A Lesner y en general a las personas que pertenezcan a un Pueblo Originario son sujetas al Derecho Indígena; derecho que el Estado costarricense insiste en desconocer estructural y sistemáticamente.
Lesner fue privado de libertad pese a que su cultura le impedía atender un proceso judicial que no conoce otra norma más que la civil/penal occidental y colonial y aun cuando la normativa internacional reconoce la preferencia de otro tipo de sanciones a la privación de libertad. Normativa a la que el Estado de Costa Rica debe respetar y no violentar.
Como si lo anterior fuera poco, el Poder Judicial entra en una falta más al no priorizar el caso de Lesner y atenderlo 8 horas después. Los Pueblos Originarios, de acuerdo a instrumentos internacionales reconocidos por el Estado costarricense, tienen derecho a un trato diferenciado en materia penal.
En Costa Rica, se estaría ante un caso de pluralismo jurídico, ya que el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otra normativa internacional y nacional, reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Sala Constitucional, han reconocido la necesaria coexistencia de sistemas normativos y de justicia propios de estos Pueblos con la jurisdicción estatal; coexistencia que en la realidad se ha convertido en una imposición del sistema judicial estatal que ha derivado en hegemónico.
El desconocimiento al Derecho Indígena es una falta grave de las y los funcionarios del Poder Judicial de Costa Rica.
Además, esta acción constituye una de las múltiples formas de violencia institucional contra los Pueblos Originarios del país. Todo incurre en la violación de los Derechos Humanos -y colectivos- de los Pueblos Originarios por parte del Estado costarricense; violación que tiene un fondo estructural: la ocupación ilegal por parte de personas no indígenas de tierras-territorios que se encuentran dentro de los Territorios Indígenas. En ese sentido, el Estado costarricense constantemente violenta los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de forma sistemática y estructuralmente.
Ante ello, demandamos:
El Poder Judicial y Ejecutivo realicen las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de las y los funcionarios involucrados en los hechos descritos, se establezcan las sanciones correspondientes y se brinde un informe al respecto.
– Organizaciones Propias de los Pueblos Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra), Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba denuncian ningún avance en el respeto de sus derechos y la protección de sus vidas por parte del Estado costarricense; pese a que la CIDH lo ordenó.
– La administración Chaves Robles no ha significado una transformación de la vida de los Pueblos Originarios. Mucho menos ha significado una disminución de la tensión.
Martes 06 de diciembre del 2022. Para este día fue convocada una conferencia de prensa de parte de organizaciones propias de Pueblos Originarios de la Zona Sur, que se encuentran apoyando procesos de recuperación de tierra-territorio en los Territorios: Bribris de Salitre y Yäbamï Dí Kátà (conocido como Cabagra), Cabécar de China Kichá y Brörán de Térraba. En esta conferencia, queremos abordar tres temas de interés nacional sobre el conflicto que se viven en nuestros Territorios y al que sobreviven nuestros Pueblos. Desgraciadamente, tras más de 12 años de resistencia desde que el digno Pueblo de Salitre inició a recuperar tierras-territorios, nos vemos aún con muchos derechos negados, cuestionados por las autoridades e incluso somos víctimas de discursos racistas que no reconocen nuestra decisión, capacidad organizativa y existencia. Tampoco la violencia se ha dejado de hacer presente en nuestra contra y al día de hoy dos de nuestros compañeros han sido asesinados: el Uniwák Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.
Así, hoy compartimos un balance sobre tres puntos específicos:
Evaluación de las Medidas Cautelares #321 – 12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del Pueblo Bribri de Salitre y el Pueblo Brörán de Térraba:
En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Cautelares (#321 – 12) a favor de los Pueblos Bribri de Salitre y Brörán de Térraba tras el análisis del riesgo para la vida y la integridad física que corrían -y corren- estos Pueblos tras la defensa del territorio y los procesos de recuperación de tierra-territorio. En éstas, la CIDH ordena al Estado costarricense: “Adopte medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del Pueblo Indígena Teribe y del Pueblo Indígena Bribri de Salitre”.
Tras 7 años desde el otorgamiento de las medidas cautelares y luego de que tres administraciones distintas fueran responsables del cumplimiento de las mismas, no hay ningún avance y las vidas de los Pueblos siguen en profundo riesgo y amenaza. Tampoco hay avances significativos en los temas de gobernanza, tierras y seguridad:
– Para el 2022, son dos los líderes de Pueblos Originarios asesinados: Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwák el 18 de marzo del 2019 y Jerhy Rivera Rivera el 22 de febrero del 2020. Ambos formaban parte de los Pueblos Bribri y Bröran de Térraba.
– Ninguna administración ha regresado terrenos ocupados ilegalmente a los Pueblos Originarios y, mucho menos, a las personas recuperadoras.
– El Estado costarricense sigue sin reconocer apropiadamente a las Organizaciones Propias de los Pueblos Originarios y continúa manteniendo de interlocutor a las Asociaciones de Desarrollo Integral en Territorios Indígenas (ADI). Las cuales son impuestas por el Estado y no responden de ninguna manera a la cosmovisión y cosmogonía de nuestros Pueblos.
Creación de la Mesa Técnica Interinstitucional: La administración Chaves Robles creó una Mesa Técnica Interinstitucional para el tema indígea el pasado 9 de agosto del 2022.
La única acción novedosa en esta estrategia es que el Gobierno elevó el tema y/o problemática a la categoría de interés público. Pese a ello, es una Mesa que carece de conocimiento del fondo de la problemática, no cuenta con fondos ni con personal suficiente para llevar a cabo la tensión creciente en los Territorios Indígenas. Además, a tres meses de la instalación de la Mesa Técnica no hay una ruta o un plan de trabajo sobre la problemática que le atañe atender. Al día de hoy, tampoco ha llegado alguna propuesta clara sobre el tema a las organizaciones directamente afectadas.
Como si ello fuera poco, la Mesa Técnica ha realizado declaraciones falsas sobre la supuesta ilegalidad de las recuperaciones de tierra-territorio y ha indicado además que son estos procesos organizativos los responsables de la violencia y tensión en los Territorios Indígenas. Sobre este punto, hacemos eco de las palabras del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre: las recuperaciones de tierra-territorio surgen en respuesta a la falta de voluntad política y la inacción al respecto por parte del Estado costarricense y los funcionarios (as) correspondientes. Así, sí existe un responsable de la violencia que hoy se vive en los Territorios es el Estado costarricense.
También, insistimos: las recuperaciones de tierra-territorio son y han sido el método más efectivo y contundente para garantizar acceso a la tierra, alimentación sana y un espacio sano, ambientalmente equilibrado, para el crecimiento de nuestras familias y Pueblo en general. Las recuperaciones de tierra-territorio han mejorado profundamente las condiciones de vida de los Pueblos Originarios.
Recientemente, los Pueblos Cabécar de China Kichá, Bribri de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra) y Brörán de Térraba han realizado recuperaciones de tierra-territorio.
Éstas, como las anteriores, nacen de la indignación y la disconformidad ante un Estado que nos violenta de forma sistemática y estructuralmente. Por tanto, las recuperaciones se originan en la rabia organizada y en los deseos de transformar la realidad de los Pueblos Originarios. A ello se suma el fallo No 20222024725, del miércoles 19 de octubre del 2022, en el que la Sala Constitucional reafirma la nulidad absoluta de todas las compra-ventas realizadas por personas no indígenas de terrenos dentro de los Territorios Indígenas.
Ante ello, demandamos:
– A la comunidad nacional e internacional a que continúen con las acciones de solidaridad con nuestras luchas. Les solicitamos que presten atención a nuestras comunicaciones y acciones en defensa de nuestras vidas, derechos e integridad física.
– Al Estado costarricense que se someta a lo que le es demandado por organismos, legislación y jurisprudencia internacional, a los cuales debe respeto y acatamiento.
– Al Estado de Costa Rica para que priorice la atención de los casos penales que surgen en medio de los procesos de recuperación de tierra-territorio. También que lleve a cabo planes de protección de las personas de los Pueblos Originarios -y sus acompañantes-; desde su integridad física hasta su vida.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). – Consejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa de Salitre. – Consejo Iríria Sätkök de Yäbamï Dí Kátà (Cabagra). – Recuperadoras/es Cabécares de China Kicha. – Recuperadoras/es Börán de Crun Shurin en Térraba. – Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba. – Comité de Solidaridad con los Pueblos Indígenas – Iríria Tsochok.
Miércoles 30 de noviembre de 2022. Miembr@s de la familia Bribri Sandí Morales y de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, recibieron el día de hoy, con suma preocupación, imágenes del Informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Buenos Aires de Puntarenas y del Informe policial de la Delegación de la Fuerza Pública del mismo cantón; sobre los hechos acaecidos durante los días 4 y 5 de noviembre del año en curso en el terreno recuperado por parte de la Familia Sandi Morales del clan Duriwak en Las Juntas del Territorio Yäbamï Dí Kátà (Cabagra).
Las imágenes, fueron difundidas el día de hoy de forma masiva por medio del grupo de WhatsApp “GrupoUnidosApoyoDeHuelgas» de la localidad y en las mismas se dan detalles que ponen en riesgo la vida e integridad de la familia Sandí Morales y del Defensor de Derechos Humanos Gustavo Oreamuno Vignet, de quien se muestra su rostro e información personal.
Este grupo de WhatsApp ha sido denunciado públicamente y de manera formal ante el Estado de Costa Rica, por difundir mensajes de odio, racismo y amenazas contra las familias recuperadoras de tierra – territorio de los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica.
Solicitamos que de manera inmediata se realicen las investigaciones necesarias para determinar cómo se filtraron y se hicieron públicas imágenes sobre 2 Informes Oficiales de instancias judiciales y administrativas, información que es parte de una investigación judicial y que según el ordenamiento jurídico son confidenciales y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes; además de brindar un informe sobre lo acontecido.
Las imágenes indicadas fueron acompañadas de un audio del señor Leonel Arburola en el grupo de WhatsApp señalado; audio en el que una vez más emite información falsa y ataca el honor del señor Oreamuno Vignet, como ha sido denunciado pública y judicialmente de forma reiterada.
Es de conocimiento del Estado de Costa Rica de las amenazas y alto riesgo en el que se encuentra la familia Sandí Morales.
Recordamos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad de los Pueblos Originarios y de los Defensores de Derechos Humanos que acompañan sus justas causas.
(Al final puede agregar su firma en apoyo a esta declaración)
Ante la difícil situación que soportan los pueblos mayas Poqomchi y Q’eqchi de la Sierra de Las Minas de Purulha, Baja Verapaz, desde la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes de CONVIDA 20, y con el apoyo de entidades y personas a nivel internacional, urgimos al gobierno de Alejandro Giammattei Falla de Guatemala, detenga la represión en contra de las comunidades que demandan el derecho histórico a sus tierras – territorios que les fueron arrebatadas desde hace más de 500 años.
En estos momentos dramáticos de permanente violación de derechos humanos y de los derechos de los pueblos, que vive nuestra América Latina, no es admisible que siga imperando la fuerza de los poderosos y que prevalezca la muerte. Con cuánta razón manifestaba en su momento San Oscar Romero: “debe de prevalecer la ley de Dios que dice: NO MATAR”. Con él decimos al gobierno de Guatemala: ya basta de provocar tanto sufrimiento y tanta desolación, únicamente para imponer un sistema que desde siempre ha producido muerte para los pueblos originarios y afrodescendientes.
El neoliberalismo y el extractivismo, se construyen sobre la represión, el despojo y la muerte de comunidades de pueblos originarios y por eso estos mismos pueblos, con justa razón se oponen a sus estrategias que son etnocidas y ecocidas.
Por todo esto nos solidarizamos con los pueblos Mayas de Guatemala que sufren los embates de este sistema criminal. Demandamos que la solidaridad internacional se pronuncie y que lo más pronto termine esta barbarie. Urgimos, al gobierno de Guatemala, detener la represión y los sistemáticos desalojos en los territorios ancestrales. La militarización nunca ha sido y no es la solución para resolver los problemas que llevan siglos en Guatemala y en toda América Latina.
Por último, llamamos a las fuerzas militares y policiales con las mismas palabras del Santo Monseñor Romero: “Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios… Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla… Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado”.
Abya Yala 25 de noviembre del 2022
Fabián Morales, COLOMBIA Luis Carlos Marreno, CUBA Darío Solano, REPÚBLICA DOMINICANA Kajkoj Máximo Ba Tiul, GUATEMALA Luis Javier Angulo, PERÚ Héctor Martínez Fernández, Tarahumara – MÉXICO Nidia Arrobo Rodas, ECUADOR Frei Betto, teólogo de la liberación y escritor de BRASIL
Puede enviar su firma a Fundación Pueblo Indio al correo: fundacionpuebloindiodelecuador@gmail.com Obligatorio: Nombre personal y/o la de su organización Correo electrónico de contacto País
Vania Solano Laclé, docente e investigadora de la Escuela de Antropología, autora del libro «El maíz: semilla, cultivo, alimento, vida en las tradiciones indígenas mesoamericana y chibchense de Costa Rica», relata los principales hallazgos de la relación entre el maíz y las culturas originarias. El libro consta de 4 capítulos, donde se abarca el proceso llevado a cabo con el maíz, desde su domesticación y selección hasta el almacenamiento, así como el trabajo de este grano, el maíz como alimento y patrimonio biocultural, entre otros temas importantes.
A su vez, el libro obtuvo el primer lugar en la categoría de publicaciones universitarias en pdf y gratuitas del Gourmand World Cookbook Awards 2022, por lo cual, se debe reconocer el gran trabajo realizado.
