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Etiqueta: PUSC

EN TIEMPOS DE REACCIÓN Y RETROCESO POLÍTICO Y SOCIAL (II)

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (22)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El devenir histórico de nuestras sociedades transcurre con un mayor o menor grado de alteridad entre épocas de gran dinamismo y transformaciones de todo orden, y otras en las que eso que llamamos “el tiempo histórico” parece detenerse. Las distintas colectividades humanas tienden a percibir estos fenómenos o eventos sucesivos, de una manera más o menos diferenciada. En el caso de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo anterior con sus reformas y transformaciones sociales que fueron muy evidentes hasta para el ciudadano más desaprensivo, y con menos capacidad para la observación de los grandes eventos históricos, quedaron sin embargo debajo del tapete- por así decirlo- muchos detalles que no eran perceptibles a simple vista para las gentes más fanáticas y arrebañadas de entonces. En lo esencial, el pacto social y el texto de la Constitución Política de 1949, mantuvieron y profundizaron, con algunas excepciones, el espíritu reformista que había prevalecido desde el inicio de la década de los cuarenta, tal y como habíamos indicado en la primera parte de este artículo, dándole un impulso revolucionario a las transformaciones de la sociedad costarricense.

Después de la campaña maccartista que libraron las fuerzas reaccionarias contra la candidatura socialdemócrata de Daniel Oduber Quirós durante las elecciones de 1966, con su terror y sus voces del odio, exteriorizadas en el mejor estilo totalitario y goebbelsiano del “miente, miente que algo queda” (Joseph Goebbels, dixit), se produce un ascenso de las fuerzas regresivas de la derecha más conservadora con el triunfo electoral de José Joaquín Trejos Fernández, mientras el “calderonismo histórico” abandona, de manera simultánea, sus últimos arrebatos reformistas, dando lugar a una espinosa y difícil coyuntura, en medio de la que –como habíamos indicado-  se produce un giro hacia la izquierda, dentro de las filas del Partido Liberación Nacional que se sintió amenazado con este ascenso de las fuerzas de la reacción, pues si bien prevalecía en el ambiente un marcado anticomunismo de guerra fría, también era muy fuerte el ímpetu reformista y revolucionario en aquel partido que fundaron los glostoras en 1951. Fue así, como el sociólogo y presbítero Benjamín Núñez Vargas y otros connotados dirigentes fundaron el Movimiento de Patio de Agua para una revolución social, para lo que se estuvieron reuniendo, durante algunos meses del año de 1968, en la finca de San Isidro de Coronado, propiedad de Núñez, contando con el apoyo de Daniel Oduber Quirós, José Manuel Salazar Navarrete (destacado intelectual fallecido recientemente), Alfonso Carro Zúñiga y muchos otros que se opusieron al contrato ley con la empresa Aluminium Company of America (ALCOA), (enfrentándose para ello a José Figueres y otros dirigentes de su propio partido), propiciaron el regreso a la vida política electoral de la otra izquierda: la de los vencidos en la guerra civil o golpe de estado de 1948, además de la derogación del párrafo segundo del artículo 98 de la Constitución Política de 1949 y la supresión del texto constitucional de la figura colonialista de los contratos ley durante la legislatura de 1974-1978, la que había permitido los contratos bananeros de los últimos años del siglo XIX, el de 1938 para la región del Pacífico y el contrato de ALCOA, la que coincidió con el período presidencial de Daniel Oduber Quirós y su administración socialdemócrata por excelencia, una que llevó a cabo importantes programas económicos, sociales y culturales que marcaron el punto más alto del estado de bienestar, y el estado social de derecho que alguna vez fuimos,

En síntesis, puede afirmarse que el impulso de este giro hacia la izquierda se prolongó durante más de una década, hasta que a partir de 1984, con la materialización de un incruento golpe de estado, hacia el interior del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), en plena contrarrevolución neoconservadora a escala planetaria, impulsada por Ronald Reagan en los EEUU y Margaret Thatcher en el Reino Unido, empezaron de manera gradual los tiempos de reacción y retroceso social bajo el sello neoliberal, el que se acentuó a partir de la primera administración de Óscar Arias Sánchez, quien fuera el “pacificador” de la América Central (con su contrarrevolución blanda) pero también el que dio inicio al desmantelamiento del PLN, y sus planteamientos de justicia social y del mantenimiento del estado social de derecho hasta convertirlo en le cascarón electoral a que se encuentra reducido, dando inicio a los llamados Programas o Planes de Ajuste Estructural(PAES) y propiciando en ese período una reducción de los aportes gubernamentales a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando su aporte al régimen de invalidez, vejez y muerte fue reducido del 3,25% al 0.25%, lo que dio origen a un reiterado saqueo de los fondos de pensiones del régimen de Invalidez, vejez y muerte de esa institución, algo que se agravó al no pagar o atrasar las remesas los aportes de ley para el ya mencionado régimen de enfermedad y maternidad, cosa que han hecho los sucesivos gobiernos desde entonces durante casi un cuarto de siglo. La deuda con la seguridad social es de proporciones colosales, además ser esencia un acto criminal e irresponsable contra la población (Luis Alberto Jaén Martínez, dixit), a la que siguen engañando ciertos políticos y su corte de serviles.

La desaparición abrupta y el debilitamiento gradual de los sindicatos de los trabajadores agrícolas de las transnacionales bananeras, durante la década de los ochenta (en el marco de una profunda crisis de llamadas izquierdas) marcó un importante retroceso para toda la clase trabajadora de Costa Rica, en medio de una ofensiva ideológica de la ultraderecha neoliberal/ neoconservadora para desacreditar las conquistas sociales de los sectores campesinos, obreros y de los trabajadores del sector público señalándolas, con cierto cinismo, como “privilegios”.

La ofensiva del capital financiero en detrimento del capital productivo, acompañada de una gigantesca evasión y elusión tributarias, el saqueo de los fondos públicos mediante estafas escandalosas como la trocha, la especulación con los títulos valores de la deuda interna y la fuga de capitales hacia los “paraísos fiscales” son elementos que vinieron a completar la debacle social en la que nos hemos venido sumergiendo durante las décadas más recientes.

Desde entonces, a pesar de la lucha y la resistencia sostenida de los sectores populares, sus sindicatos y otras organizaciones, hemos vivido en tiempos de reacción y retroceso político y social. Este, y no otro, es el panorama que se presenta al inicio de la tercera década del nuevo siglo, después de que los “progres” del PAC en complicidad con el PLN, el PUSC y los llamados “partidos religiosos” se encargaron, a partir del año 2014, de acelerar el fin del estado social de derecho y de la Segunda República, surgida tras el último conflicto bélico importante de nuestra historia.

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Hablaron los Arias, ajústense los cinturones que arrancamos

Óscar Madrigal

Ayer al mediodía los hermanos Arias Sánchez anunciaron su apoyo a Carlos Ricardo Benavides, quien ha sido su incondicional sirviente. (Algunos, no sé si exagerando, dicen que hasta para ir a orinar les pide permiso). Buena parte del gran capital ya se alineó y seguramente los grandes medios de comunicación. Antonio Álvarez se quedó pasmado; los Arias fueron sus principales propulsores en la pasada campaña por lo que ese hecho lo terminó de liquidar. Para conservar alguna vigencia, renegando de todo lo dicho y con la respiración sostenida no ha tenido más remedio que unirse a Figueres, sobre todo para sacarse el clavo. El otro arista incondicional, el exalcalde alajuelense Thompson también quedó alelado, aunque dispondrá de la estructura electoral-clientelar de los alcaldes. Y para redondear el motete, Rodrigo menciona que conversa regularmente con Figueres, dejando la sensación de coincidencia y complicidad. El pleito promete.

Dos cosas a tomar en consideración que dijo Rodrigo Arias: la primera es que Liberación Nacional NO gana en primera vuelta, ni ninguno. Hay que afinar estrategias.

La segunda es que él dirigió a la actual fracción liberacionista que ha aprobado los proyectos de la contrarreforma neoliberal. En consecuencia, fue parte del gran juego junto con el Gobierno de Alvarado y el PAC para aprobar la legislación contra los trabajadores y trabajadoras. Para recordar: los Arias, Alvarado y Garnier, son los grandes artífices del ataque contra las conquistas democráticas y sociales.

Los ramashekos se convirtieron en el tercer elemento político partidario del entramado antipopular, que como era de esperar, son tan neoliberales como los otros, solo que más baratos e incultos. El PUSC es cada vez más corrupto y una caricatura de partido.

Se me olvidaba otro aspecto importante que apuntaba Rodrigo Arias: que una tercera derrota consecutiva del PLN los enterraría.

¿Podemos echar alguna ayudita al réquiem?

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

No todo es por el COVID-19

CRISIS SISTÉMICA DEL CAPITALISMO

La situación en Costa Rica es producto de un orden económico caníbal que puede derivar en un régimen totalitario

Ricardo Segura Ballar*

El capitalismo caníbal no es consecuencia del Covid-19, es producto de cuarenta años de imposición de un modelo neoliberal que ha colocado a Costa Rica entre los países más desiguales del mundo, con porcentajes de pobreza, antes del Covid-19, del 21% y desempleo del 13%, que no han podido ser resueltos y que por el contrario venían aumentando, golpeando con mayor fuerza las regiones Brunca (sur) y Pacífico Central en cuanto a la pobreza.

Todo esto es producto de la sumisión de los gobiernos en ese lapso, desde la administración Monge Álvarez cuando se aprobó el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), pasando por la administración Arias Sánchez, en la cual se aprobó el segundo Programa de Ajuste Estructural (PAE II), siguiendo con la administración Figueres Olsen, cuando se aprobó el tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III). En la segunda administración Arias Sánchez se aprobó el cuarto Programa de Ajuste Estructural (PAE IV): el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Todas esas políticas económicas, presionadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fueron aprobadas en administraciones liberacionistas (PLN) y por supuesto apoyadas por otras fuerzas políticas como el socialcristianismo (PUSC) y las turecas de siempre. Estas políticas neoliberales han implicado lo que ya sabemos: reducción del papel del Estado y entregar las instituciones estatales rentables al mercado, abrir la economía a la globalización y el libre comercio, dejando a las élites financieras actuando por la libre. Todas esas políticas condujeron a la destrucción de los agricultores y de otros sectores económicos y productivos, generando otro frente, el trabajo informal que representaba, hacía unos meses, un 46% de la población económicamente activa. Eso fue lo que se sembró a lo largo de cuarenta años. No escapa a esta situación la administración Alvarado Quesada, que, con un falso discurso de “unidad nacional”, terminó entregando la conducción económica del país a personas que, fueron por mucho, responsables del desastre y a los empresarios que orbitan alrededor de la UCCAEP, lo que se puede interpretar como una completa claudicación. Y como dice el refrán popular, el que siembra vientos cosecha tempestades.

Como se mira, no tenemos que responsabilizar de todo lo que ocurre al fenómeno Covid-19. Ya venían ocurriendo situaciones muy complejas, delicadas, en el plano político-económico, todas orientadas a reducir el papel del Estado en materia social así como un ataque permanente a los trabajadores públicos. La aprobación del “combo fiscal” fue uno de esos ataques arteros, aprobado en la Asamblea Legislativa por los diputados del PLN, PAC, PUSC y PRSC.

Algunos, ingenuamente creyeron que la crisis provocada por el fenómeno Covid-2019 abriría espacios para llevar adelante políticas de “unidad nacional” para establecer una tregua y un nuevo pacto social basado en una negoción honesta entre sectores para enfrentar la crisis (Igual lo creyeron cuando la lucha contra el combo fiscal). Resulta que no fue así; se ha seguido con lo mismo, peor aún, se ha intensificado el ataque a toda la clase trabajadora, especialmente a los trabajadores estatales. Un ejemplo es la intención de eliminar la jornada laboral de ocho horas, bajo el eufemismo de “flexibilidad laboral”, lo que significa un retroceso de cien años en materia laboral, todo por complacer al empresariado nacional mucho del cual, como se dijo, orbita en torno a la UCCAEP.

Lo innegable de la crisis intensificada por el fenómeno Covid-19 es que ha dejado en cueros al “país más feliz del mundo”. Desigualdad rampante, pobreza, trabajo esclavo (zona norte), miseria y humillación (cuarterías), explotación, hambre, políticas antilaborales, xenofobia.

Es por lo anterior, que las declaraciones dadas por el exministro de Hacienda Rodrigo Chávez en el espacio El Faro (Héctor Solano) se vuelven políticamente importantes. En esa entrevista el exministro afirmó lo siguiente: 1) que Costa Rica es un país muy desigual; 2) que la evasión-elusión fiscal, en el estimado más bajo llega al 4.5, 5% del PIB y el más alto al 8% del PIB y que aplicando el promedio (6%) eso significa $3800 millones de dólares y que el lavado de dinero alcanza los $4000 mil millones de dólares; 3) que hubo fuertes presiones del empresariado para oponerse a la apertura del secreto bancario; 4) que si no existe un plan consecuente con las necesidades del país (líneas rojas) en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el mismo FMI tomaría el timón de los destinos del país; 5) que Costa Rica, en las actuales circunstancias necesita una cirugía de campo de batalla lo cual es ruidoso y sangriento; 6) que la deuda hay que pagarla como sea; 7) que hay que hacer lo que sea posible para que el Estado de Derecho y el tejido social no se destruya, que hay una alta probabilidad de que eso ocurra.

Sobre lo dicho por el exministro podemos concluir lo siguiente: que Costa Rica es un país asaltado con fusil en ristre por el gran empresariado y que, por el alcance del lavado de dinero, el país en la práctica es un narcoestado y quizá sea esto lo que haya generado la presión para que se mantenga el secreto bancario. En el caso de la negociación con el FMI, ya tenemos el resultado de 40 años de entreguismo y sumisión (PAEs y TLC). No dudamos que a la administración Alvarado Quesada le quebrarán las costillas y que, si se le permite, terminará sacrificando aún más a la clase trabajadora y que terminará, si se le permite, entregando el ICE, la CCSS y lo que haya que entregar. A eso se refiere el exministro cuando habla de cirugía de campo de batalla, hay que pagar la deuda como sea.

Pero lo que resulta políticamente muy revelador es su apreciación sobre la muy probable ocurrencia de la destrucción del tejido social y del Estado de Derecho. Por supuesto que estas declaraciones del exministro no pueden pasar inadvertidas, máxime por quien las afirma. Tampoco eso se dice por decirlo, con mucha probabilidad este ha sido un tema de análisis y discusión en los círculos cerrados de la administración Alvarado Quesada. Y es que efectivamente, tal cual se manifestó, el fenómeno Covid-19 puso al descubierto “las venas abiertas” de Costa Rica y que por lo descrito anteriormente, la presión sobre la clase trabajadora será mayor e inaguantable. Vastos sectores pasaron y pasarán a engrosar el desempleo, la pobreza y la informalidad, allí se acumulan la desesperanza, el hambre y la rabia. Eso se convertirá ineluctablemente en una situación socialmente explosiva que sin duda derivará en acciones y movilizaciones sociales que como dice el exministro, con mucha probabilidad rompan el tejido social y fracturen el Estado de Derecho.

Es claro que el escenario descrito por el exministro es muy real. Los sectores dominantes, los sectores empresariales que han estado viviendo en una fiesta de evasión y elusión no van a soltar nada de buena gana, allí todo es para adentro. Los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa en su mayoría no tienen expresión propia, el PLN, el PUSC, el mismo PAC son en la práctica marionetas de los sectores dominantes y de las agencias económicas internacionales. Es decir, están contribuyendo en mucha medida a que ese escenario de ruptura avance de manera inexorable.

Es por todo esto que los movimientos sociales así como todas las fuerzas de la resistencia con carácter de clase interioricen que, efectivamente, las cosas se pueden salir de control. Salirse de control no significa que esa ruptura social favorezca los intereses de la clase trabajadora. Todo lo contrario, un escenario como ese puede ser perfectamente explotado por los sectores dominantes para imponer un régimen totalitario. Es por eso que el movimiento social clasista, en esta ocasión me refiero al Bloque Unitario, tiene que analizar con seriedad dos hojas de ruta, una de ellas ya discutida y aprobada en el seno del Bloque Unitario, la conformación del Frente Nacional de Lucha y Resistencia que pueda de manera consecuente y con firmeza conducir las masas en un escenario de ruptura del tejido social y del Estado de Derecho, pero con la claridad, en cuanto a que, de producirse ese escenario, la ruptura tiene que ir dirigida a desmontar ese modelo económico caníbal. La otra muy necesaria por cierto, es la conformación o el fortalecimiento de un partido político centralizado en la lucha de clases con opciones electorales que sirva a los intereses de la clase trabajadora, de los agricultores y del pequeño y mediano empresariado consecuentes con los intereses de la Patria. Un partido político clasista que permita acercar diferentes sectores para que se sumen a la lucha con miras a la toma del poder.

Entramos en una faceta crítica de la historia costarricense. Porque si los sectores dominantes, en colusión con los sectores políticos del PLN, PUSC y PAC y demás turecas deciden escoger la hoja de ruta que ha planteado el exministro Rodrigo Chávez, es decir, “cirugía de campo de batalla”, entonces que se preparen porque esos sectores igual tendrán que entrar a ese “campo de batalla” y como manifestó el exministro, será “ruidoso y sangriento”, para ellos también.

* Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica
16 de julio 2020

Crisis sistémica global, situación internacional y nacional

  • Llamamos a no votar por los neoliberales del PLN/PUSC/PIN/LIBERTARIO/REPUBLICANO ni por el fundamentalismo religioso

 

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado Político Nº 58

 

En esta coyuntura electoral se hace necesario recordar que efectivamente, nuestro país ha sido gobernado treinta y dos años por el Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC). Son esos dos partidos los principales responsables de la crisis actual y sobre ellos cae toda la responsabilidad política de lo que ocurre en nuestro país.

Todas las políticas económicas que se aplicaron desde la administración Monge Álvarez hasta la administración Chinchilla Miranda fueron promovidas en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y ejecutadas por el conjunto de sus ministros de Economía, Hacienda, presidentes del Banco Central y los asesores económicos.

Cinco administraciones del PLN (Monge Alvarez, Figueres Olsen, Arias Sánchez y Chinchilla Miranda) y tres del PUSC (Calderón Fournier, Rodríguez Echeverría y Pacheco de la Espriella), veinte años del PLN en las cuales se aprobaron el PAE-1, 2 y 3 y el TLC y doce años del PUSC nos dice cuáles son los partidos políticos responsables del desastre derivado de la imposición del modelo neoliberal.

Después de treinta dos años de neoliberalismo en nuestro país tenemos un país, con mayor concentración de la riqueza, con una pobreza estructural que nunca redujeron, mayor exclusión y desigualdad social, mayor informalidad y precariedad laboral. Además durante treinta y dos años esos partidos convirtieron a Costa Rica en un territorio de corrupción y saqueo.

En este proceso electoral, esos partidos PLN y PUSC, más otros neoliberales que hoy se presentan como salvadores de la Patria, el REPUBLICANO/LIBERTARIOS/PIN, nos vienen con la misma receta: privatización de la salud, la educación, del ICE, recortes presupuestarios a programas sociales, reducción del Estado, venta de instituciones, flexibilización laboral, reducción salarial y de las pensiones a los trabajadores, eliminación de complementos salariales, despido de trabajadores del sector público, aumento en la edad de retiro, entre otros.

Votar por los mismos PLN y PUSC y por los otros partidos igual citados, para que sigan haciendo lo mismo, sería un gravísimo error que cometería el pueblo costarricense, especialmente la clase trabajadora.

Pero además en este proceso electoral tenemos otros actores no menos peligrosos, los partidos fundamentalistas evangélicos, que gracias a la inoperancia del Tribunal Supremo de Elecciones, involucraron la religión como eje de campaña y la convirtieron con la complicidad de los partidos tradicionales PLN, PUSC en una de las más conservadoras e intolerantes de la historia.

En este proceso de exacerbación de la intolerancia han tenido como aliados a una buena parte de la iglesia católica que compite por ver quién es más fundamentalista. Este fundamentalismo religioso, además tiene una agenda neoliberal de empobrecimiento de las mayorías, doble razón para no votar por ellos.

Este 4 de febrero el desafío es detener electoralmente esta contraofensiva conservadora neoliberal y religiosa, con el fin de avanzar las condiciones para desmontar el modelo económico neoliberal en el país, tarea del momento de la clase trabajadora costarricense.

 

Comisión Nacional de Enlace

San José, Costa Rica

25 enero 2018

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de intereconomia.com

Enviado por Ricardo Segura Ballar.

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El caso de la Procuradora Ana Lorena Brenes y la desestabilización del gobierno

Comisión Nacional de Enlace

Comunicado político Nº 48

 

Los acontecimientos recientes, donde se involucró directamente a un funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso al viceministro de la Presidencia Daniel Soley, con el ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes, está tomando un rumbo que consideramos en extremo peligroso y pone de manifiesto que efectivamente, se está aprovechando esa acción para elevar de tono un incidente menor y aprovecharlo para escalar una desestabilización del país.

Cuando decimos que ese es un incidente menor es porque políticamente lo es. Sin embargo, los apologistas del eticismo caen en una trampa cazabobos montada por la derecha neoliberal y se lanzan contra el Poder Ejecutivo, haciendo que partidos corruptos como el Partido Liquidación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vuelvan protagónicos, se rasguen las vestiduras y se lancen contra el gobierno.

El escalamiento de este conflicto, a nuestro entender, tiene varios propósitos, entre otros:

  •  Aislar al Presidente Luis Guillermo Solís de sus más cercanos colaboradores y personal de confianza. La persecución y presión sobre el Ministro de la Presidencia Melvin Jiménez es un buen ejemplo de ello. Ha sido atacado desde varios flancos, ataques que ha resistido. El tema del ofrecimiento de la embajada a la Procuradora Ana Lorena Brenes lo pone de nuevo en la mira de sus detractores y enemigos políticos.

 

  •  Aislado el Presidente, otro de los propósitos es hacer fracasar por todos los medios posibles la gestión de gobierno del PAC. Una gestión relativamente exitosa del PAC no le sirve a los partidos tradicionales como el PLN, el PUSC y la tureca libertaria que por un lado verían profundizarse su desligitimidad política/social; y por otro lado, dicha gestión puede dar espacio para el surgimiento y/o fortalecimiento de más actores políticos antibipartidistas.

 

  •  Consideramos que otra de las intenciones, a raíz de este “escándalo”, fabricado en ocho días, es agrietar la fracción legislativa del PAC y de paso quebrar sus alianzas políticas. El PAC ya ha pasado por esas experiencias. En febrero de 2003, una facción disidente encabezada por el entonces diputado Humberto Arce, se alejó del PAC. En junio de 2008, la diputada Andrea Morales igual abandonó el PAC. En ese sentido consideramos que parte del trabajo enemigo es profundizar el agrietamiento de la fracción legislativa del PAC y para eso cuentan con el “tonto útil” de Ottón Solís y el coro de cacatúas eticistas del PAC que se lanzan con fusil en ristre convirtiendo un problema menor en un problema ético sin sentido, prestándose al juego del PLN, el PUSC y la tureca libertaria. En el caso de las alianzas, quebrar la alianza con Frente Amplio se convierte en fundamental.

 

  •  Otro de los propósitos es debilitar al PAC en todo lo relacionado con el proceso electoral del 2016, elección de alcaldes, que ya está en marcha y en el cual están interesados el PLN, el PUSC y la marioneta libertaria. El debilitamiento del PAC en todos sus frentes se hace impostergable para hacer frente a ese proceso electoral que está encima.

 

  •  Finalmente, consideramos que otro de los propósitos es, en mucha medida golpear la III Cumbre de la CELAC por celebrarse en Costa Rica el 28 y el 29 de enero. Sabemos que se mueven todos los intereses en cuanto al tema de la CELAC y los sectores políticos más reaccionarios miran como un objetivo que ese foro fracase. Les interesa presentar ante la CELAC un gobierno debilitado, sin arraigo popular y con escasa capacidad de maniobra de cara los acuerdos que se alcancen.

 

En toda esta ofensiva, sorprende el papel que juega el Frente Amplio, que en mucho se ha prestado a estimular este escándalo prefabricado y se ha dejado arrastrar a la trampa cazabobos de las tesis eticistas. Habiendo problemas mucho más serios, como el tema del empleo, la producción, pobreza, corrupción de gobiernos anteriores, etc.; la fracción de diputados del Frente Amplio (FA) se suma al coro de las cacatúas del PLN, del PUSC y la tureca libertaria y no se da cuenta que, como se explicó, uno de los objetivos es quebrar la alianza FA-PAC. En ese sentido, el FA al defender las tesis de la oposición política de derecha cae en un serio error político. El Frente Amplio debió pasar a la ofensiva y denunciar a los sectores más reaccionarios de la fracción del PAC (Ottón Solís y su coro de cacatúas) de claros y abiertos enemigos del gobierno y fortalecer las alianzas con los sectores más avanzados de ese partido.

No se mal entienda, no estamos justificando la acción del ex viceministro de la Presidencia, él es ex militante del PLN, llevado a ese puesto por el Presidente, así que no debe extrañarse de esas prácticas tan comunes del viejo bipartidismo (PLN/PUSC). Lo que nos extraña es que el Frente Amplio lejos de desmarcarse y hacer un mínimo análisis de las condiciones políticas en las que se da el “escándalo” y abrir un flanco de denuncia contra los que han usurpado y entregado este país, especialmente el Partido Liquidación Nacional, terminan legitimando una maniobra y sumándose a un claro proceso de desestabilización.

Dicho proceso de desestabilización que inició con el tema del ofrecimiento de una embajada a la Procuradora General ya se conoce cuando comenzó y quiénes lo armaron; el mismo tiene su propia dinámica y puede conllevar a consecuencias impredecibles y los que iniciaron este proceso y quienes se prestaron a este peligroso juego, tendrán que asumir las responsabilidades y las consecuencias.

Comisión Nacional de Enlace2

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