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Etiqueta: racismo

AAJ condena los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado de Israel contra el pueblo palestino

La AAJ condena enérgicamente los ataques militares, y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando el Estado de Israel contra el pueblo palestino, víctima de una brutal e ilegal ocupación y continua colonización de sus territorios. Se trata de la continuación del proyecto racista, colonial y de apartheid, ejemplificado en los intentos de expulsar forzosamente a palestinos del barrio de Sheij Jarrah de Jerusalén por colonos judíos armados, la violencia indiscriminada contra manifestantes palestinos y los ataques a sus lugares sagrados, el bloqueo y los bombardeos continuos a la franja de Gaza.

Israel viola impunemente el derecho internacional y los llamados de la comunidad internacional a respetar el derecho humanitario, los derechos humanos y poner fin a la ocupación y opresión del pueblo de Palestina.

Señalamos la responsabilidad directa de los gobiernos de Estados Unidos, que ha facilitado la impunidad de Israel, mediante el uso continuo del veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hoy, mientras se intensifican los ataques de Israel contra los palestinos, los Estados Unidos presionan al Consejo de Seguridad para posponer una resolución sobre las acciones ilegales de Israel en Sheij Jarrah, la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén ocupado. Además, los Estados Unidos proporcionan $ 3.8 mil millones en ayuda directa a Israel cada año, destinada específicamente para fines militares.

Por tanto, la AAJ:

  1. Declara que la paz en el Medio Oriente requiere de una solución política y el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, basadas en el respeto de la Carta, los pactos internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que obligan:
    • al cese inmediato de toda acción contra la población civil palestina;
    • al cese de la ocupación y el control militar de los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este por parte de Israel;
    • el retiro incondicional de los territorios actualmente ocupados por los colonos israelíes y el desmantelamiento de los asentamientos coloniales israelíes;
    • el derecho al retorno de los refugiados palestinos a su tierra;
    • el reintegro de las propiedades confiscadas, sin perjuicio de la compensación económica y la reparación integral a las víctimas de los crímenes;
    • la indemnización a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y el juzgamiento de los responsables;
    • el cese de la discriminación de la población árabe de Israel, que asciende a casi un 20% del total;
    • la liberación de todos los prisioneros y prisioneras palestinos y poner fin al uso de la tortura y la detención administrativa. Israel tiene encarcelados a unos 4.500 palestinos, entre ellos 41 mujeres y 140 niños menores de 18 años. Desde principios de 2021, las autoridades israelíes han arrestado a más de 1.400 palestinos por solo desafiar la ocupación.
  2. Apoya el llamado al boicot, desinversión y sanciones de todas las entidades cómplices de los crímenes israelíes, del apartheid israelí, de la ocupación de Palestina o de violaciones de los derechos humanos palestinos.
  3. Exige que los EEUU pongan fin a la ayuda financiera a Israel.
  4. Llama a la comunidad internacional, a todos los Estados y particularmente a los Estados Unidos, a exigir al gobierno de Israel, al cumplimiento inmediato de las obligaciones del derecho internacional, bajo apercibimiento de adoptar las medidas necesarias que lo obliguen a hacerlo, al mismo nivel del aislamiento, en su momento, del gobierno sudafricano, para detener el genocidio y el apartheid del que es víctima el pueblo palestino.
  5. Sostiene que es indispensable el fiel cumplimiento de la Cuarta Convención de Ginebra y las Altas Partes Contratantes deben ejercer sus responsabilidades, bajo el artículo 146, de procesar a los responsables de violaciones de la Convención que constituyen crímenes de guerra, según el art. 147 de la misma Convención y el Protocolo I Adicional.
  6. Hace un llamado a las asociaciones de juristas y personas amantes de la paz y la justicia que se identifican con la defensa de la causa del pueblo palestino, a expresar su categórica condena a la violencia y excesivo uso de la fuerza por el gobierno israelí contra la población civil palestina en Gaza, los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este y la Palestina histórica.

A 15 de mayo de 2021, fecha que marca 73 años de la Nakba.

Firman: Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental; Luis Carlos Moro, Secretario General; Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ.

FRENAPI: «Denunciamos las actuaciones racistas del Obispo y sacerdote católicos y funcionarios municipales contra indígenas cabécares de China Kichá, en Pérez Zeledón»

Ante las declaraciones del obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón, y del sacerdote Luis Alberto Mena de la Parroquia de Pejibaye en audiencia pública ante el Concejo Municipal de Pérez Zeledón el día 4 de mayo del 2021, expresamos que:

Coincidimos en que existe una situación de racismo, discriminación y violación de los derechos humanos en el territorio indígena de China Kichá. Sin embargo, esas declaraciones cuando se analizan en detalle resultan ser imprecisas, parcializadas y faltan a la verdad en la descripción de los hechos y la identificación de los protagonistas del conflicto por eso desinforman y crean confusión.

Las razones en que nos apoyamos son las siguientes:

1) Se identifica a los responsables del conflicto como a “pequeños grupos de personas indígenas sin estar legitimados por su mismo pueblo”. Además se indica: “personas indígenas están siendo invadidas por indígenas”. Esa afirmación desconoce la historia reciente del territorio cabécar de China Kichá que se describe de forma breve así: La declaración del territorio indígena se dio por Decreto Ejecutivo número 34, del 15 de noviembre de 1956, con un área de 4330 hectáreas; en 1982 se emitió un Decreto Ejecutivo que tiene por título “Deroga Reserva Indígena de China Kichá”. Después de 19 años de protesta y de lucha por reestablecer el territorio, el pueblo cabécar logró en el año 2001 la emisión de un decreto en el que se reestableció el territorio de China Kichá, sin embargo se redefinieron los límites, y se les disminuyó el área a 3300 hectáreas. Durante ese periodo los no indígenas, (colonos, finqueros y campesinos) se apropiaron del territorio y lo ocuparon en un 97%. Por lo tanto, el centro del conflicto es la invasión de no indígenas al territorio ancestral cabécar; NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) La palabra del Obispo Católico Gabriel Enrique Montero Umaña y el Presb. Mena, no son creíbles, ya que la invasión de tierras históricamente la han sufrido los pueblos indígenas, quiénes no sólo soportan el arrebato desde la conquista y colonia sino que además les han pisoteado sus creencias, tradiciones espirituales y negado su cultura. En pleno siglo 21, cuando la humanidad ha reconocido el genocidio racista y abominable de la conquista en América, África y Asia, ES LAMENTABLE encontrar jerarcas de iglesias, instituciones y grupos de poder, organizando actos de violencia y discriminación, contra los pueblos indígenas.

3) Denunciamos que el Obispo Montero y el Presb. Mena, como co-responsables y promotores de actos que ya lesionan la humanidad y dignidad de los indígenas recuperantes de Tierra/Territorio en China Kichá, actos cargados de mentiras y racismo, que agitan a los usurpadores y vecinos incitándoles a la acción agresiva y violenta contra la integridad física y la vida de este pueblo que hoy lucha por sobrevivir y sólo pide que les devuelvan las tierras usurpadas ilegalmente, y que están establecidas en el Decreto Ejecutivo N» 29447-G publicado en la Gaceta G» 93 de Miércoles 16 de mayo del 2001 se estableció China Kichá como territorio indígena.

4) Solicitamos la intervención de la Conferencia Episcopal de Costa Rica e intercesión del Papa Francisco, a efecto que revise la conducta del Obispo Montero Umaña, quién en medio de la pandemia y del Conflicto de Tierras/Territorio en la Zona Sur, ubicado dentro de la Diócesis, en lugar de trabajar por la reconciliación y buscar paz, en vez de cumplir la Doctrina Social de la Iglesia y las Cartas Pastorales sobre Pueblos Indígenas, se ha puesto a incentivar la confrontación, ubicándose al lado de los finqueros, ganaderos y usurpadores, agitando con falsedades y racismo en contra de un pueblo Cabécar de China Kichá, empobrecido y golpeado por la historia y la realidad actual. Exhortamos a la Iglesia Católica a hacer valer las palabras del P francisco en su Carta Encíclica Laudato Si, N.º 146: Para ellos, (PUEBLOS Indígenas) la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y la cultura¨

5) Deben saber tanto obispos y clérigos, como poseedores no indígenas, funcionarios y representantes municipales, vecinos y comunidad nacional, que la Ley Indígena 6172, desde 1977, dice: “que los territorios Indígenas son exclusivos de los pueblos que ahí habitan; que las personas NO indígenas NO pueden comprar, alquilar, arrendar, o de cualquier otro modo poseer tierras dentro de un territorio indígena; que los No Indígenas NO pueden construir viviendas, ni utilizar los recursos naturales ni servicios dentro de un territorio Indígena; que los /as poseedores NO Indígenas pueden reclamar indemnización, si comprueban que adquirieron las tierras de Buena Fe, que esa buena fe está ya definida por los Tribunales de Justicia y que su posesión sólo es indemnizatoria, por lo que no pueden traspasarla a otras personas, ni por herencia.”

La mayoría de los poseedores actuales en China Kichá, (y de otros territorios indígenas de la Zona Sur) no reúnen las condiciones de Buena Fe según los estudios administrativos, por lo que deben salir de esas tierras o serán desalojados, ya que EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS NO SE APLICA LA POSESIÓN POR TIEMPO (PRESCRIPCION DECENAL), porque la misma Ley Indígena 6172 de 1977, dice que nuestros Territorios son imprescriptibles, intransferibles e inalienables (intocables). El camino del Obispo de PZ, Enrique Montero (franciscano), de acompañar a su pueblo, especialmente a los más pequeños y débiles, se desvió, por lo que le solicitamos rectificar, informarse, consultar a las Comunidades, acercarse y preguntarnos, para ayudarle a salir de su equivocación, que daña no sólo a los pueblos indígenas, sino que también daña la sociedad diocesana y costarricense, y, a su misma iglesia, por su condición de obispo; mejor es que se aparte de su ministerio, renuncie o pida traslado.

6) Denunciamos que la convocatoria a movilizarse en una “Caminata / Proclama y Caravana” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá y de igual forma en el parque central de Buenos Aires, responden a la campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por diversos medios y desde autoridades municipales, eclesiales, empresariales apoyada por finqueros (as), ganaderos (as), usurpadores y autoridades locales, que faltando a la verdad, promueven violencia, ahora acompañados/as por líderes eclesiales.

Responsabilizamos a estas Autoridades citadas y al Estado / Gobierno, en los tres Poderes de la República, que estando ya avisados, permitan estas “caravanas de violencia racista”, que pueden terminar en hechos fatales, que tengamos que lamentar como sociedad costarricense; pudiéndose evitar, máxime que nuestros reclamos son Derechos Humanos garantizados por las Leyes nacionales y los Tratados Internacionales; además nuestro reclamo es justo y ya no podemos soportar más.

¡NO MAS IMPUNIDAD!
#SergioRojasVIVE
#JeryRiveraVIVE
¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI)
Acompaña: COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
14 DE MAYO, 2021.

Serie: Conociendo la historia y los derechos de los pueblos originarios 7

Según Mary Lawlor, relatora especial de derechos humanos, las muestras de violencia contra los pueblos indígenas han sido reflejadas con los asesinatos de los defensores de los derechos indígenas como Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Esta es la sétima infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Día de la Resistencia Romaní: el día del pueblo gitano

La población gitana recibe un rechazo que todavía
se traduce en desigualdad y estereotipos

Gabe Abrahams

Cada 16 de mayo se celebra el Día de la Resistencia Romaní.

El Día de la Resistencia Romaní conmemora la autodefensa que realizaron en 1944 unos 6.000 gitanos y gitanas al enfrentarse a los nazis para evitar ser asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau.

Cada 16 de mayo el pueblo gitano conmemora un día que simboliza la resistencia contra el racismo y el odio.

Los gitanos, romaníes, cíngaros o rom son una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio, con rasgos culturales comunes, aunque con diferencias entre sus subgrupos.

En la actualidad, están presentes principalmente en Bulgaria, Macedonia del Norte, Eslovaquia o Rumania. En España, viven entre 800.000 y 1.500.000 de gitanos y gitanas, según la Fundación FOESSA.

El talento gitano es evidente en diversos campos, especialmente en la cultura y el deporte. El desconocimiento y la falta de cultura llevan a no reconocerlo.

Entre los gitanos, hay personalidades como los ex presidentes de Brasil Juscelino Kubitschek y Washington Luís; los actores Charlie Chaplin y Bob Hoskins; o los músicos Camarón, Joaquín Cortés o la familia Flores.

También hay grandes deportistas. Son gitanos los futbolistas Eric Cantona, Andrea Pirlo, Jesús Navas, José Antonio Reyes y Dani Güiza.

También lo son los boxeadores Ivailo Marinov (Campeón Olímpico de boxeo en Los Juegos Olímpicos de 1988 y varias veces Campeón del Mundo y de Europa) o los hermanos Simion. Marian Simion fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 2000 y Campeón del Mundo y de Europa en varias ocasiones. Su hermano Dorel Simion también fue medalla de plata en boxeo en diferente peso en los Juegos Olímpicos del 2000 y Campeón del Mundo y de Europa de la especialidad.

Carta abierta desde territorios indígenas a Monseñor Gabriel Enrique Montero

Territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, 10 de mayo de 2021

Señor
Monseñor Gabriel Enrique Montero
Obispo de la Diócesis de San Isidro de El General

Reciba nuestro cordial saludo en nuestra calidad de dirigentes de organizaciones comunitarias indígenas de los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Cómo indígenas desde la colonia sufrimos de vejaciones, discriminados, despojo de nuestra tierra y recursos, violencia cultural, social, política, sicológica, física y hasta asesinatos.

En el cantón de Buenos Aires, se ubican un total de 6 territorios, pertenecientes a 4 de los 8 pueblos indígenas que reconoce el estado costarricense. En todos estos territorios nuestras tierras en un alto porcentaje están invadidas por personas no indígenas y grandes empresas. En el proceso de búsqueda de implementación de nuestros derechos indígenas y recuperación de las tierras que por historia, derecho y hecho nos corresponden, sufrimos las más variadas agresiones, mismas que ejemplificamos con 3 de los tantos casos recientes: 1) El bribri Mynor Ortiz (territorio Salitre) fue marcado con un alambre caliente en el pecho, como se marca el ganado); 2) El bribri Sergio Rojas Ortiz (territorio Salitre) fue asesinado con armas de fuego; y 3) El bröran Jerrhy Rivera Rivera (territorio Bröran – Térraba), fue asesinado. En ninguno de estos 3 casos ni los demás que son muchos, la iglesia católica se ha pronunciado en favor de la paz, la justicia social y la aplicación de la justicia pronta y cumplida.

Señor Monseñor, estamos enterados y enteradas que el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en su sesión del 04 de mayo, en el periodo llamado Atención a vecinos, trataron exclusivamente el tema “Problemática de las invasiones de hecho de un grupo de indígenas en las fincas del pueblo de China Kichá”, el presbítero Luis Alberto Mena (parroquia de Pejibaye), leyó una nota fechada 04 de mayo, donde unos vecinos se refieren desde su perspectiva a una situación en el territorio indígena de China Kichá, contenido que fue ampliado por personas autoras de la nota y algunos miembros del Concejo Municipal. La inmensa mayoría de las argumentaciones son sin fundamento, e interpretaciones antojadizas y parcializadas (ej. Mencionan el artículo 5° de la Ley Indígena, y no observan el artículo 3° de la misma ley) y hasta hubo manifestaciones de una posible aplicación de la “ley por su propia mano” contra indígenas de China Kichá.

Señor Monseñor, en el video de la sesión municipal consta su apoyo definitivo al contenido de la nota presentada al concejo, y manifestaciones sobre que, el grupo de indígenas que está haciendo invasiones lo está haciendo contra la ley, y que lo peor de todo es que no es solo en China Kichá sino que la situación arde en otras fincas y otros territorios indígenas, y no solo arde si no que si no se atiende la situación arde ya, va a arder más en su debido tiempo.

Señor Monseñor, los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras son históricos, y el Estado de Costa Rica lo ha venido reconociendo desde mucho tiempo antes de la existencia de la Ley Indígena de 1977, además están respaldados por la ONU y el sistema interamericano de la OEA.

Señor Monseñor le informamos que Costa Rica desde el año 2015 cuenta con una medida cautelar internacional MC 321- 12 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones al pueblo Bröran de Térraba y Bribri de Salitre por las agresiones constantes de no indígenas a defensores indígenas.

Señor Monseñor, por el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la paz y la justicia social, así como la aplicación pronta y cumplida de la justicia en nuestro país, de la manera más respetuosa le:

SOLICITAMOS:

Que asuma el liderazgo en la iglesia católica para impulsar acciones afirmativas para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, en sus 24 territorios en general y especialmente en los 7 territorios que se ubican en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, entre ellas:

  • Que las acciones afirmativas se fundamenten en el contexto histórico y actual de los pueblos indígenas y la legislación nacional e internacional aplicable desde sus orígenes.
  • Que se devuelva sin más dilación a los pueblos indígenas la tierra que bajo distintas modalidades y por distintos actores les ha sido despojada.
  • Que se realice una campaña informativa / formativa sobre la Ley Indígena, especialmente del Artículo 3° y de los derechos indígenas a sus tierras.
  • Que se implemente en el corto plazo el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan – RTI) aprobado en el año 2016.
  • Que a ocupantes de tierras indígenas que sean poseedores de buena fe se les otorgue la indemnización, y quienes no tengan esa calidad sean desalojados inmediatamente.
  • Que se realicen campañas contra la Discriminación y Racismo que sufrimos las y los indígenas del país, especialmente de quienes habitamos en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón.
  • Que se realicen Investigaciones sobre el sin número de hechos delictivos cometidos contra los indígenas y asesinatos de los hermanos bribri Sergio Rojas Ortiz y bröran Jerrhy Rivera Rivera, así como la celebración de juicios justos a las personas autoras materiales e intelectuales.
  • Que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia pronta y cumplida en los casos que se tramitan en los tribunales de justicia sobre tierras indígenas.

Por la PAZ, JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Nombres y apellidos Organización comunitaria Indígena Firma
Elides Rivera Nájera Organización de Mujeres Mano de Tigre Elides Rivera Navas
Paulino Nájera Rivera Rincón ecológico Paulino Nájera Rivera
Fidelia Rivera Fernández Di Bocuo Fidelia Rivera Fernández
Isabel Rivera Navas Organización de Mujeres Mano de Tigre Isabel Rivera Navas
Donal Rojas Maroto Mesa Nacional Indígena Donal Rojas Maroto
Daniel Leiva Leiva Territorio indígena Térraba Daniel Leiva Leiva
Magaly Lázaro Quesada Territorio indígena Boruca Magaly Lázaro Quesada
Jeffry Villanueva Villanueva ASONDINT Jeffry Villanueva Villanueva
Manuel Villanueva Villanueva Concejo de Mayores Brörán Manuel Villanueva Villanueva

La Iglesia Católica promueve la violencia contra pueblos indígenas – Pronunciamiento del Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir – UNA

La Iglesia Católica promueve la violencia contra pueblos indígenas
Pronunciamiento del Programa Pueblos Indígenas Agroecología y Buen Vivir
UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA

Dibujo de Olman Bolaños

Las declaraciones del Obispo Gabriel Enrique Montero Obispo de Pérez Zeledón y del sacerdote Luis Alberto Mena Presbítero de la Parroquia de Pejibaye en sesión pública ante el Consejo Municipal de Pérez Zeledón el 4 de mayo del 2021[1], son imprecisas, sin fundamento, faltan a la verdad y promueven el racismo y la violencia contra el pueblo Cabécar de China Kichá.

1) Las declaraciones de los clérigos son imprecisas y sin fundamento porque no aciertan en el diagnóstico del problema existente en China Kichá pues afirman que se trata de un conflicto por tierra entre indígenas. Al respecto manifestamos categóricamente que el conflicto ocurre por la invasión de personas no indígenas al territorio ancestral cabécar de China Kichá en las últimas décadas. NO se trata de un conflicto entre indígenas.

2) Las declaraciones de los eclesiásticos señalan como protagonistas del conflicto a “pequeños grupos” de indígenas sin legitimidad, o sin respaldo al interno de su propio pueblo. Lo cierto es que la aspiración por recuperar la tierra y el territorio invadido es un clamor general del pueblo cabécar de China Kichá que los clérigos NO ESCUCHAN a pesar de los años o siglos de presencia católica en Costa Rica.

3) Coincidimos en que se trata de un asunto de racismo, discriminación y violación de derechos fundamentales y humanos pero se falta a la verdad cuando se responsabiliza al mismo pueblo indígena que es y ha sido la víctima del despojo histórico de la tierra y del territorio.

4) Las afirmaciones sin fundamento de los sacerdotes responsabilizan al pueblo indígena por la: “perdida de la paz social y del buen vivir en nuestra comunidad”. Esa afirmación es fruto del desconocimiento del problema y evidencia una toma de posición en contra del pueblo Cabécar. Al pueblo costarricense queremos hacer saber que el malestar social se debe a la presencia invasores dentro del territorio indígena y que los cabécares han sido despojados de la tierra para sembrar, de las reservas de bosques que protegen los ríos y que son vitales en su cultura y buen vivir y que en su lugar, los campos los convirtieron en pastizales para el ganado y su papel se ve reducido a ser peones de fincas de los invasores dentro de su territorio.

5) La paz social y el buen vivir se afectó con el Decreto Ejecutivo N° 13570-G, emitido el 30 de abril de 1982, por el cual se “deroga la Reserva Indígena de China Kicha”. La avaricia de los invasores con la complicidad del Estado irresponsable le dio un golpe más al pueblo cabécar desde que inició la invasión colonial en el siglo XVII. El pueblo de China Kichá después de 19 años de protesta y de inseguridad con respecto a su territorio, logró en el año 2001 la emisión del Decreto Ejecutivo N» 29447-G en el que se reestableció el territorio, se redefinieron los límites, pero se les disminuyó el área a 1100 hectáreas. Además en ese periodo de 19 años la invasión aumentó hasta un 97% del territorio.

6) Las declaraciones aquí denunciadas promueven el racismo y la violencia y desconocen los alcances de la ley indígena publicada en el año 1977. Además, coinciden con la convocatoria a una “Caravana y Proclama Social” para el día Lunes 17 de mayo, desde San Antonio de Pérez Zeledón, hasta el territorio de China Kichá. Tanto las declaraciones en el Consejo Municipal como la “caravana” entendemos forman parte de campaña de odio racista, contra los pueblos indígenas, que se viene promocionando por las redes sociales por diferentes actores sociales dentro y fuera del cantón de Pérez Zeledón. Hacemos un llamado y una alerta a las autoridades a prohibir esa manifestación racista que podría exaltar los ánimos y convertirse en nuevas agresiones y nuevos atropellos a los pueblos indígenas.

7) Instamos al Estado Costarricense para que cumpla la Constitución Política de la República en su artículo primero para que vivamos en armonía nuestra identidad de ser un país multi étnico y pluricultural y a la Iglesia Católica para que asuma el compromiso profético en favor de los pueblos indígenas y promueva la paz como fruto de la justicia social y cultural.

Heredia, 15 de mayo del 2021.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 6

Según el artículo 6 de la Ley Indígena N° 6172 y su reglamento, solamente los indígenas podrán construir casas, talar árboles, explotar los recursos maderables o plantar cultivos para su provecho dentro de los límites de las reservas. Además, los recursos minerales que se encuentren en el subsuelo de estas reservas son patrimonio del Estado y de las comunidades indígenas. Los permisos otorgados para la exploración o explotación minera, caducarán al término fijado originalmente en la concesión y sólo podrán ser renovados o prorrogados mediante autorización dada por CONAI.

Esta es la sexta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Imagen: UCR.

Información compartida con SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Excepcionalidad en crisis

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En agosto de 2018 se desarrolló en Costa Rica una de las manifestaciones contemporáneas de odio y nacionalismo más dramáticas que se recuerde. Se trató de una marcha convocada por redes sociales y mensajes de texto que buscaba dirigirse hacia el Parque Braulio Carrillo (conocido como Parque de La merced), ubicado en en centro de la capital. Este espacio es un emblemático lugar de encuentro y socialización de la comunidad nicaragüense radicada en el país.

Según se conoció, el objetivo de la acción consistía en demostrar que, ante el aumento de la presencia de población nicaragüense como consecuencia del conflicto sociopolítico suscitado en su país desde abril de 2018, los espacios públicos como parques, aceras y calles constituían reductos defendibles y reservados exclusivamente para los nacionales.

La apelación a la defensa del país, la utilización de signos como camisetas y banderas de Costa Rica, así como consignas en contra de las personas extranjeras, derivaron en un ambiente tenso que rápidamente fue disuelto por las autoridades costarricenses.

El evento no fue para nada aislado y debe ser entendido en el marco de una escalada en el descontento generalizado con las medidas económicas, el desempleo y la pobreza imperante en el país. Eran los momentos previos a la coyuntura sanitaria, donde esas dimensiones se afectaron ampliamente.

Para algunos sectores de la población costarricense, su molestia con el sistema político y económico imperante ha encontrado su caldo de cultivo en dos escenarios concretos: el desinterés por la política electoral, que ha sido notable en el abstencionismo producido en los últimos procesos electorales y la identificación de chivos expiatorios en las personas extranjeras, principalmente de origen nicaragüense, como responsables de la crisis y más recientemente, del aumento de los casos positivos de COVID 19.

De hecho, las acciones discursivas contrarias a la población migrante han continuado repitiéndose en tiempos de pandemia. En días recientes una campaña lanzada en redes sociales sobre la universalidad de la vacuna a todos los sectores de población, considerando las poblaciones migrantes, encontró niveles discursivos donde una vez más la defensa nacionalista («primero los de casa)» y el desconocimiento del aporte socioeconómico que las poblaciones migrantes brindan al país (“si no pagan no deberían ser vacunados») afloraron de forma intensa. La campaña impulsada por Amnistía Internacional tenía como objetivo denotar el derecho a la salud de todas las poblaciones, en condiciones de excepcionalidad. Sin embargo, las actitudes de rechazo hacia las poblaciones extranjeras fueron evidentes.

Estas no son las únicas tensiones socioculturales presentadas por la sociedad costarricense, ya que en los últimos años la defensa por el derecho a la tierra por parte de los pueblos originarios y la usurpación y ocupación de personas no indígenas ha generado acciones violentas, generalmente en contra de las comunidades indígenas.

Justamente el día 13 de mayo la coordinadora sur sur ha denunciado públicamente la organización de dos manifestaciones de personas no indígenas dirigdas hacia algunos territorios y cabeceras de ciudad, como una actitud de amedrentamiento contra las recuperaciones que poblaciones indígenas han venido desarrollando.

Esta acción no puede ser vista independientemente de una continua conducta de racismo y discriminación que histórcamente han experimentado estas poblaciones y que se ha acrecentado de forma alarmante en los últimos tiempos.

Al inicio de la pandemia, ese recurrente discurso de excepcionalidad costarricense basado en una robustez institucional, las condiciones de acceso y la calidad de los servicios, blindó las consideraciones respecto a la crisis que luego, meses después, habría de llegar con el aumento de casos, la determinación de la economía sobre la salud y el relajamiento en la conducta social de cuido por buena parte de la población costarricense.

Sin embargo, lo que denotan las percepciones y acciones sociales contra estos grupos es justamente una conducta aprendida sobre una supuesta superioridad biológica que está tras el resguardo de esa pretendida excepcionalidad que le ha hecho tanto daño a una sociedad tan necesitada de materializar la solidaridad, tolerancia y respeto como pollticas para restablecer, de nuevo, la convivencia en todos los niveles.

Lo que verdaderamente está en crisis y debemos verbalizarlo, es la forma como Costa Rica construyó su especificidad respecto a otros países de la región. Ya ese discurso se agotó. Debe ser sustituído rápidamente por otro en el que la integración y el reconocimiento sean los valores orientadores de esa nueva experiencia comunitaria que debe emerger de todo esto. Confiemos en que así sea.

Serie: Conociendo de la historia y los derechos de los pueblos originarios 5

El artículo 3 de la Ley Indígena establece que personas no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de sus reservas.

Esta es la quinta infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Denuncian acoso a familia indígena en Salitre

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO: USURPADORES CONTINUAN HOSTIGANDO Y AGREDIENDO AL PUEBLO BRIBRI DE SALITRE

Usurpadores se apersonaron a una diligencia judicial en la finca que usurpan a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Alrededor de las 9 a.m. se escucharon tres detonaciones de un arma de fuego durante la diligencia.

Martes 11 de mayo del 2021. La comunidad de Di Sié (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre asistió a una diligencia judicial de reconocimiento del terreno que es usurpado a la Bribri del clan Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Este reconocimiento judicial es realizado para que 2 hectáreas de la propiedad sean destinadas a la construcción de un colegio para la comunidad de Di Sié. El terreno se encuentra al oeste de la Escuela de la comunidad de Di Sié (Río Azul).

A este reconocimiento también se hicieron presentes los usurpadores. Alrededor de las 9 a.m. detonaron en tres ocasiones un arma de fuego y hostigaron a la comunidad durante todo el reconocimiento judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública a pesar de que el usurpador cuenta con orden de alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia.

Ambos sujetos, son ampliamente reconocidos por las agresiones contra los y las recuperadoras de Di Sié. El 9 de febrero del 2020, uno de ellos disparó a Minor Delgado Ortiz, del clan Tubolwak, en una de sus piernas. Fue puesto en libertad a días del siniestro y el 14 de marzo del 2020 Minor recibió información de fuentes confiables sobre amenazas de muerte en su contra y su familia por parte de los usurpadores.

A lo largo del 2020, desde el Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) hemos denunciado constantemente el hostigamiento y la participación en reiterados actos de violencia por parte de estas persomas. Estos sujetos son una amenaza para la vida e integridad física de Minor, su familia y la comunidad de Di Sié en general.

Una vez más presenciamos la negligencia, complicidad e imparcialidad por parte del Poder Judicial en contra de los Pueblos Originarios.

Exigimos a la inspección judicial, a la Corte plena y a la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial una explicación del porqué a pesar de las múltiples denuncias contra estos sujetos no se les aplican medidas preventivas y restrictivas que garanticen la tranquilidad, la integridad, la vida y la paz para Minor, su familia y la comunidad de Di Sié.

Cualquier agresión en contra de la comunidad de Di Sié es responsabilidad del Estado, por omisión y acción al no ejecutar acciones reales que garanticen la integridad física y vida de la comunidad. Alertamos, que al ser las 10:30 a.m. no se ha hecho presente la Fuerza Pública, según el Teniente José Ríos no es posible debido a los bloqueos que sostienen distintas organizaciones en la Zona Sur contra las políticas implementadas por el Ejecutivo en la atención de la pandemia del Covid-19.

Insistimos que la paz en los Territorios Indígenas es posible únicamente si los usurpadores son expulsados y la tierra-territorio regrese a manos de sus poseedores legítimos.

Consejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)

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