Invitación abierta a participar en la exposición de un “Plan de Reestructuración de Deudas aterrizado para dar soluciones verdaderas a las personas”.
Evento gratuito.
Detalles en la imagen para que pueda compartir con otras personas.
¿Pueden comunidades caracterizadas por altos índices de violencia y bajos índices educativos salir a flote por medio de la protección de un manglar? Fray Casiano y 20 de noviembre son comunidades vulnerables ubicadas en Puntarenas, que han vuelto su mirada al manglar para conservarlo y convertirlo en su aliado.
Las actividades humanas son la principal causa de la destrucción de los manglares a nivel mundial, y Costa Rica no es la excepción. En el 2019, Milagro Carvajal Oses, investigadora de la Estación de Biología Marina, inició el Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo, y su objetivo se centró en crear un plan de educación ambiental para gestionar servicios ecosistémicos de provisión y opciones culturales en Chacarita de Puntarenas.
“En conjunto con la comunidad, se creó la Asociación para la Protección de los Recursos Naturales con enfoque socio productivo de Chacarita, actualmente con 150 asociados. Su objetivo es hacer un cambio positivo centrado en la conservación de los recursos naturales (a través de educación y trabajo), sobre todo en el manglar y sus servicios ecosistémicos”.
José Alberto Sánchez Castillo, presidente de la Asociación, también tiene su perspectiva sobre la contaminación del estero. “Nos preocupamos porque los estudios que estaba haciendo doña Milagro arrojaban mucha contaminación que, sabemos, afecta la vida y fauna marina. Formamos este proyecto con la idea de tener una asociación socioproductiva para generar empleo y, gracias a ello, trajimos el Programa Nacional de Empleo para que las mujeres pudieran incorporarse en la recolección de residuos. Hoy nuestra mayor satisfacción es cuidar los esteros y vemos que donde hemos trabajado ha disminuido la contaminación”.
Revive
Este estudio determinó que las poblaciones analizadas de moluscos bivalvos están diezmadas a “niveles preocupantes”, y los moluscos, principalmente las pianguas (género Anadara), sufren la presión antropogénica. “Cerca del 70% de los individuos estuvieron por debajo de la longitud permitida para la extracción, de acuerdo con la legislación costarricense; además, los índices gonadales encontrados son menores de los que han reportado otros investigadores, lo que refleja que los organismos podrían estar madurando en etapas más juveniles” cita Carvajal.
A pesar de este panorama poco alentador, en este manglar hay áreas que benefician el crecimiento de moluscos, lo que facilita la iniciativa de establecer medidas de gestión para proteger el recurso, como programas de repoblación gestionados por la misma comunidad.
El plan de educación ambiental impulsado por Carvajal es un primer paso en el camino hacia la dotación y adquisición de competencias en contextos comunitarios específicos, que permiten la adopción de una mayor apertura al conocimiento y a la ejecución de acciones sensibles e informadas dentro de un marco de respeto y protección a los recursos naturales.
“El manglar es muy importante porque de ahí proviene el 90% de los peces que se consumen. La mayoría de los pobladores se dedican a la pesca, y las mujeres a la actividad pianguera. Una de las actividades que se podría desarrollar es el turismo de bajo impacto, para ello se debe mostrar las bellezas del manglar e invitar a las personas a que lo conozcan; eso podría mejorar las condiciones de vida de los pobladores. En ese sentido, hicimos un calendario con las aves de la zona y la creación de llaveros plastificados con las especies de mangle que se pueden observar, así como la creación de una guía de actividades centrada en la conservación del manglar”, precisó Carvajal.
La investigadora detalló algunas recomendaciones como fortalecer la organización comunitaria, que les permitan abordar, de manera conjunta, los desafíos que enfrentan al incentivar acciones de conservación y proyectos productivos. Destacó, además, otros esfuerzos como establecer alianzas estratégicas de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para buscar recursos y dar capacitación técnica con la que los pobladores enfrenten sus problemáticas socioeconómicas y ambientales.
A las universidades también se plantearon recomendaciones, como proponer investigaciones y programas acuícolas orientadas al repoblamiento de las áreas del manglar que cuenten con las condiciones para lo cual se recurriría al uso de los recursos, capacidades y pobladores de la zona.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
German Masís Morales
La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.
De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.
Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.
El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.
Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.
Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.
De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:
-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC
-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.
-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.
Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.
Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:
-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.
-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.
-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros
-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.
-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.
-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.
-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.
-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.
-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.
-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.
-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.
Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.
Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.
Oscar Madrigal
El Banco Central anunció con gran satisfacción que el PIB, la producción de bienes y servicios del país, creció el año pasado un 7,6%, el más alto de los últimos años. Recibimos la noticia con una gran sonrisa porque eso significa que la riqueza en Costa Rica aumentó considerablemente en el 2021. El pastel o el queque creció y ahora es mucho más grande que hace un año, lo cual debería convertirse en mejores condiciones para toda la sociedad.
En otras palabras, de ese pastel que creció tanto, a los diversos sectores sociales debería corresponderle una tajada mayor o más grande.
Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan que el desempleo el año pasado fue del 15% y que antes, en el 2019, era del 12,2%; somos el segundo país con mayor número de desempleados de Latinoamérica. La sonrisa se empieza a desdibujar.
La parte del pastel que corresponde a salarios no crece y según un estudio del grupo neoliberal Academia de Centroamérica, es que TODOS los salarios disminuyeron durante la pandemia, es decir, la tajada del queque que les correspondería a los trabajadores, especialmente de la empresa privada, es más pequeña. El aumento de la riqueza no se vio reflejada en mejores salarios. La sonrisa ya desapareció.
Y definitivamente desaparece la sonrisa al saber que el 26% de nuestros compatriotas en 2021 vive en pobreza y que casi 400.000 HOGARES viven en pobreza y 6.3% en extrema pobreza. La pobreza en el 2021 (año del 7,6% del PIB) es la segunda más alta desde que se hacen esos estudios en el país. La tajada del queque de la riqueza nacional producida en ese año es trasparente para este grupo de compatriotas.
Como puede deducirse, la riqueza creada por todos nosotros (los obreros que producen la piña o el banano, los trabajadores de las zonas francas que producen los instrumentos médicos, los consumidores que requieren de los productos, los que invierten, etc.) no se distribuye con equidad y en beneficio de todos los sectores. Las tajadas en las cuales se parte el queque son muy desiguales.
La economía, se deduce del dato del crecimiento del PIB, se ha reactivado. Los candidatos a presidente se refieren con mucha frecuencia a que, por ejemplo, para reducir el desempleo, primero hay que reactivar la economía. Sin embargo, los hechos indican que eso no es suficiente. Es necesario cambiar la forma en que se reparte el queque, la forma en cómo se distribuye la riqueza creada por todos.
Las teorías del derrame, -que parecen pregonar la casi totalidad de candidatos-, no alcanza a los que más necesitan en justicia. Es necesario introducir algunos cambios en la redistribución del PIB, de la riqueza generada. No estamos ni a nivel de la teoría del goteo porque los salarios están prácticamente congelados y las trasferencias sociales absolutamente desfinanciadas.
José María Villalta, el candidato del Frente Amplio, propone en su programa una serie de medidas para cambiar radicalmente la forma en que se reparte el queque, para que cada una de esas tajadas se redistribuya de manera que se vayan rompiendo las grandes brechas sociales que hoy nos hacen ser uno de los países más desiguales del mundo.
En una reunión con los empresarios ha insistido en que es necesario que los sectores que se dejan una parte muy grande del pastel, como las zonas francas, contribuyan con la sociedad a través del pago de un impuesto del 15% sobre las utilidades. Esta propuesta no genera desocupación ni salida de empresas porque hacia esa meta avanza el mundo, tal y como piden EEUU y la OCDE.
Esta y otras propuestas es lo que necesita el país para crear riqueza con una justa distribución.
La crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19 ha profundizado la crisis económica que venía desde antes, reflejada en el estancamiento del crecimiento económico del país en los últimos años. Por ejemplo, en el decenio transcurrido entre 2001 y 2010, la tasa de crecimiento real promedio de la economía de Costa Rica fue de 4,33%, mientras que en el decenio 2011-2020 la tasa de crecimiento real promedio fue de 2,70%. En el desempleo igualmente se venía de una situación compleja, que se agudizó en medio de la pandemia, pues desde la crisis económica del 2008-2009 el desempleo había llegado a los 2 dígitos y con la pandemia subió por encima del 20%, situación que, además, ha afectado en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a los habitantes de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.
Además de las pérdidas lamentables de seres queridos, que se cuentan por miles en el país y por millones en el mundo, la pandemia ha dejado muchas personas con consecuencias en su salud, que requerirán atención permanente y apoyo social para retomar sus vidas. No podemos dejarlos solos, el Estado debe procurar los medios para atender a estas personas que sufrirán consecuencias en sus vidas una vez que la pandemia haya terminado. Pero también debemos buscar la manera de fortalecer financieramente la atención médica del país, que ha sufrido presiones enormes en medio de la crisis, debido a la caída en los ingresos de la CCSS y a una mayor demanda de los servicios de salud, que han llegado casi al límite de su capacidad.
El papa Francisco nos lo ha recordado con frecuencia, planteándonos el reto histórico de salir mejores. La crisis que estamos viviendo nos enseñó que una situación de estas requiere de la acción de todos, que solo con la ayuda de todos podemos salir adelante, que el apoyo para las personas más afectadas es esencial y que las acciones colectivas son fundamentales para sobrellevar los efectos de la crisis. El amor al prójimo debe reflejarse en el respeto a las medidas sanitarias que protegen a los demás, así como la disposición a construir soluciones en conjunto.
Debemos plantearnos como objetivo fundamental poder otorgar un ingreso vital mínimo para las personas que viven en pobreza, para que puedan vivir con dignidad, así como garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, a la salud, a una educación de calidad, al acceso a agua potable y a un ambiente sano.
La sociedad post pandémica debe plantearse como objetivo fundamental una sociedad más equitativa, también debemos tomar medidas para distribuir la inequidad en la distribución del ingreso. Evitar el deterioro de los salarios reales, reducir la informalidad y la precariedad laboral e impulsar un sistema tributario más progresivo, deben ser objetivos de la sociedad como un todo.
Poco a poco se empieza a ver la luz al final del túnel, aunque todavía nos falta caminar un trecho importante y empiezan a surgir nuevos retos. El mundo observa con preocupación cómo la variante Delta se vuelve la variante dominante del virus en muchos países, siendo esta variante más contagiosa que las otras, incluso que la variante original que presuntamente salió de Wuhan, China. Costa Rica ya registra la presencia de la variante Delta en el país, así como de la variante Lambda, ambas variantes de preocupación, según la OMS. Se suma a lo anterior, que existen personas en el país que se resisten a vacunarse, lo que ha frenado el avance inmunitario y el logro efectivo de la inmunidad de rebaño. En el interín tenemos que atender el llamado a seguir colaborando entre todos, mantener la vigilancia, el uso adecuado de mascarillas, a evitar actividades públicas masivas en lugares cerrados.
Por otra parte, se ha producido el acaparamiento de vacunas por parte de los países más ricos, al punto que se está llegando a la posibilidad de que muchas vacunas en poder de países desarrollados lleguen a alcanzar su fecha de vencimiento sin haber sido utilizadas. La tan deseada inmunidad de rebaño es global, no local, estamos conectados y este egoísmo y falta de solidaridad, y hasta engaño, atrasó toda proyección de mejora conjunta en el manejo de la crisis; ahí ya, empezamos a fallar en grande. Se difundieron además y con amplitud algunas de las dificultades que han ralentizado el sistema COVAX, un esfuerzo multinacional de acopio y distribución de vacunas contra el COVID-19. Así las cosas, el egoísmo con el que se ha manejado el tema de la vacunación mundialmente, está atrasando la salida del problema y provocando más enfermedad, una extensión de la crisis y más sufrimiento.
No cabe duda de que la reactivación económica es una necesidad, que la pandemia se ha convertido en un problema, simultáneamente, local y global. Pero una reactivación de la economía en términos de una superación de la crisis provocada por la pandemia, como una vuelta al pasado, manteniendo el mismo sistema económico y las formas insostenibles de relacionamiento con el ambiente, con la avidez de recuperación que lo caracteriza y de la que tecnológicamente hoy día es tan capaz, sería radicalmente insuficiente. ¿Cómo sería una reactivación pensada en términos de abandonar el uso de energías fósiles y optar por energías y tecnologías amigables con la naturaleza, objetivos hacia los que como un máximo pareciera ya se están dando pasos?
Este cambio es importante como necesario, pero es insuficiente. Recordemos que el Papa Francisco ya estaba escribiendo su carta Fratelli Tutti cuando sobrevino la pandemia, denunciando la naturaleza tan poco humana y fraterna inherente al sistema económico, financiero y comercial actual, que incluso la escribió años después (3/10/2020) de la Laudato Si’ (4/05/2015) sobre la imperiosa necesidad del cuidado del planeta, nuestra casa común. En otras palabras, la necesidad de concebir y crear otra economía es anterior y superior a reactivarla e incluso a hacerla más amigable con la naturaleza. Hay que hacerla humana. Tiene que ser una economía en función del ser humano. El ser humano todo y todos los seres humanos tienen que ser el centro de la economía.
En Costa Rica no concretamos una estrategia de reactivación efectiva y, más bien, nos hemos sumido en un proceso de ajuste fiscal centrado en recortes de gasto, que provocarán más problemas para llevar la economía costarricense a una senda sostenible de recuperación económica y atrasarán la necesaria reducción del desempleo.
Tecnológicamente hablando puede ser cierto. Pero el problema que enfrentamos, anterior a la emergencia de la pandemia, es humano, cultural y social, no meramente tecnológico, que en absoluto se va a resolver con el desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de la globalización, al contrario, se va a agravar, con sus efectos ya presentes de concentración de riqueza, desigualdad, discriminación y exclusión, empobrecimiento y migraciones. El ser humano y su entorno, deben ser el centro de las políticas públicas, que busquen el bienestar general como objetivo final. La salida de la pandemia debe centrarse en esa premisa básica, o seguiremos tropezándonos con “las mismas piedras” que antes de la crisis del COVID-19. No podemos volver a la “normalidad” pre pandémica.
La superación de la pandemia y la necesidad de reactivar la economía, deben ser ocasión para concebir, formular, proyectar y poner las bases progresivas de un proyecto país profundamente fraterno y solidario. Desde ya cada proyecto y política pública nuevos deben pensarse en esta nueva dirección, como pasos hacia la misma y de la misma, una comunidad nacional y global profundamente humana, fraterna y solidaria donde todos podamos desarrollarnos lo más humanamente posible. En ningún proyecto de los que se discuten en la Asamblea hay un énfasis en el reentrenamiento del personal. A este aspecto hay que darle mucho énfasis dadas las proyecciones futuras de un mundo más digitalizado, virtualizado y automatizado.
La inclusión o exclusión de las personas que sufren define los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Cada día enfrentamos la opción de ser el Buen Samaritano y para reconstruir el mundo es necesario tener los criterios de la parábola del Buen Samaritano. Reconocer y superar la tentación que nos circunda, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles.
Solo hay dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo. El creer en Dios no garantiza el vivir como a Dios le agrada. Hay que ver al Señor en el hermano, esto es un reto. Vivimos en un mundo donde se menciona al Señor, pero no nos apropiamos de Él…creemos que debe ser Él el que haga, que a nosotros no nos toca hacerlo.
Es importante el orden de una materia fundamental como el empleo público, pero esto no puede ser llevado adelante con criterios fiscalistas como norte, que no piensen en las condiciones de trabajo de miles de funcionarios públicos que aportan a la construcción del país. Es importante que se exija eficiencia en sus funciones y responsabilidad por sus actos, pero esto debe hacerse con políticas que promuevan mejores prácticas de trabajo y no castiguen la remuneración salarial en general, como parte de políticas de austeridad que han comprobado su falencia en otros países.
Debemos plantear un modelo económico que nos permite alcanzar el máximo bienestar por medio del bien común y escoger proyectos y políticas que nos conduzcan al mismo. Se trata de un proyecto país, con la participación de toda la ciudadanía, resultado de un consenso nacional, que atraviesa organizaciones sociales, empresarios, partidos y gobiernos. La responsabilidad es de los políticos con la participación crítica de la ciudadanía.
“Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaría tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano.”
Encíclica Fratelli Tutti
José Amando Robles Robles, céd. 800520054
Carlos Pentzke Pierson, céd. 800750461
Natalia Jiménez Carvajal, céd. 106200962
Arturo Córdoba Sequeira, céd. 108060635
Axel Fernández Fajardo, céd. 800490514
Deyanira Sequeira Ortíz, céd. 102480675
Virginia Hernández Esquivel, céd. 400970377
Fernando Rodríguez Garro, céd. 401650895
Del grupo Maestro Eckhart.
Voces muy calificadas han venido insistiendo desde hace meses que las medidas del gobierno resultaban insuficientes para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, dos importantes ventanas de oportunidades para tener medianamente controlado el virus se desaprovecharon en los meses de diciembre y a finales de marzo, bajo el argumento de estimular la economía y el empleo, pero donde lo que realmente ha privado son los intereses económicos del sector empresarial.
Lo que parecía un manejo de la pandemia orientado por la ciencia y el compromiso con la salud, muy pronto sufrió una apabullante zancadilla cuando el empresariado golpeó la mesa, solicitó ser parte de la gestión de la crisis e incorporó sus criterios en el manejo de la pandemia. A esto se sumó la intransigencia de los diputados opositores al gobierno para apoyar económicamente a los sectores sociales más afectados por la crisis, y al mismo gobierno que no quiso asumir los costos políticos de insistir en la concreción de una suerte de renta básica universal.
Después de ese momento, era presumible que tarde o temprano el aumento de casos finalmente podría convertirse en una situación caótica que catapultara el colapso del sistema hospitalario.
En su afán por atraer turismo extranjero en plena pandemia, el gobierno no solo prescindió de solicitarle a los viajeros las pruebas PCR, sino que también les dio una limitada relevancia a las cepas más contagiosas de Brasil, Inglaterra y Sudáfrica; en su momento, el Ministro de Salud afirmó que tarde o temprano arribarían esas cepas al país, y que se necesitaba mantener el “equilibrio” entre salud y empleo. En otras palabras, dejamos abiertas las puertas de la casa de par en par, entraron y ni saludaron.
Envalentonado con la caída en la cantidad de personas contagiadas, el gobierno aumentó el aforo en diversos locales, y las restricciones a la movilidad se fueron flexibilizando; excelente caldo de cultivo para dar la falsa sensación de que estábamos superando la pandemia y que volvíamos a la normalidad.
En ese contexto, justo en estos días nos enteramos que durante cinco semanas el Ministerio de Educación Pública fue totalmente incapaz para recopilar información sobre población docente, estudiantil y administrativa contagiada por el COVID-19. En esa línea, ese mismo ministerio reportó que durante las últimas tres semanas 378 personas habían dado positivo por COVID-19 en sus instalaciones. Las autoridades educativas no reconocen su fracaso, y más bien han mostrado estar más interesadas en mantener la presencialidad a toda costa, que en garantizar la salud y el derecho la educación recurriendo a la formación virtual de sus estudiantes.
El gobierno se ha escudado en la responsabilidad de cada persona para reducir los contagios; desconociendo que una crisis de envergadura nacional -que incluso desde hace mucho tiempo se convirtió en una sindemia- requiere de una vigorosa intervención pública, sin descuidar ningún flanco, menos el relacionado con las Ciencias Sociales y el comportamiento societal. Es cierto que muchas personas se cuidan, e igualmente es cierto que otras personas niegan o no le prestan la debida atención la pandemia; pero no se puede dejar de lado que el gobierno y el empresariado han construido un mensaje de normalidad que poco tiene que ver con la realidad, sentando así condiciones para el desarrollo de un proceso de negación y relajamiento social en el que Feierstein destaca “una tendencia de menguar, e incluso ignorar, el riesgo de lo acontecido”.
Luis Rosero Bixby, demógrafo y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica fue enfático en afirmar que la tasa R de reproducción del contagio ha venido creciendo de forma preocupante, y que al día de hoy se sitúa en 1.28, prevé que de no tomarse las medidas necesarias de manera acelerada, nos estaremos enfrentando en cosa de pocas semanas a un perfecto tsunami, con más de 3000 personas contagiadas por día y un sistema hospitalario incapaz de atender la demanda creciente por servicios médicos. Ese no ha sido su único vaticinio durante estos meses, aunque parece que las autoridades no suelen prestarle mucha atención.
Y ante el tsunami que se avecina, un pañito tibio del gobierno: reinstalación de la restricción vehicular los fines de semana; casi como una curita tapando una puñalada en la yugular.
Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista
Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.
¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.
Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.
Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.
Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.
Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.
Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.
El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).
Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.
Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.
Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.
Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.
Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.
Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.
Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.
Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.
Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.
Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro
Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1
Gilberto Lopes
Viernes, 16 oct 2020
Zozobrada la propuesta de negociación con el FMI presentada el mes pasado, el gobierno intentó otro camino para lograr sus objetivos y tampoco ha podido avanzar. La convocatoria no tiene apoyo.
La urgencia es el tema fiscal. La meta de la convocatoria es lograr “una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario”. O sea, aumento de ingresos (impuestos) y reducción de gastos por un saldo neto de ¡unos 1.437 millones de dólares!
Es en materia de impuestos donde la lucha política es más feroz. Las empresas que ganan más –que son ganancias de empresas y no salarios de personas, por más bien pagadas que sean– se resisten a pagar más o siquiera a pagar (como las de zonas francas, por ejemplo). Hasta ahora el gobierno ha defendido esos intereses y es el factor que más irrita a la población, por su evidente injusticia y falta de sensatez.
La reducción de gastos, por el contrario, solo afecta directamente a la población, porque son los gastos públicos los que permiten a la gran mayoría un nivel de vida digno que la empresa privada no les garantiza.
Hace más de 30 años, en la medida en que se privatizan sectores como la banca, como la producción de energía, o las telecomunicaciones, los ingresos públicos disminuyen. Los servicios que presta se deterioran paulatinamente. Los interesados en hacerse con esos servicios critican el Estado, lo acusan de ineficiente y exigen que los vendan. Los quieren comprar.
Esta lógica, impuesta al país desde los años 80, con los programas de ajuste estructural y la privatización del sector bancario, ha terminado por llevarnos a la crisis actual. Tal como ocurrió hace 40 años, la crisis pone en juego diferentes alternativas. Por un lado, los que nos aseguran que garantizando mayores beneficios a los grandes capitales terminarán generando empleos y riqueza que alcanzarán para todos. Ya sabemos donde nos lleva ese camino: a una insaciable concentración de la riqueza cada vez en menos manos y a un deterioro de las condiciones de vida de la mayoría. En realidad, un camino insensato, que no le sirve a nadie.
Ya veníamos transitando por ahí, cuando la Covid 19 exhibió todas nuestras carencias. Desnudó los niveles de pobreza y las disparidades entre el Gran Área Metropolitana y el resto del país. Alineado con un modelo que hace agua, el gobierno ha propuesto avanzar más rápidamente por ese camino y las tensiones explotaron. Hoy nos informan que uno de cada cuatro personas vive en la pobreza en Costa Rica.
Entonces estalla la crisis y el gobierno nos convoca a un diálogo. Que no es una “negociación”. Donde haya discrepancias (y las habrá en todos los puntos importantes) decidirá el gobierno. Un gobierno al que le habla al oído el grupo empresarial Horizonte Positivo.
Eso solo es posible porque, del otro lado, no hemos sido capaces de presentar una oferta clara y coherente, unificada, que permita a la población entender lo que está en juego y hasta donde las propuestas del gobierno, con apoyo de la Asamblea Legislativa, afectan los intereses de la mayoría.
Renegociar la deuda
Lo urgente es la renegociación de la deuda. Renegociada, la presión sobre las cuentas públicas se reduce, se acomoda. Solo entonces podremos saber, además, qué nos hace falta para reducir el déficit, en vez de partir con la poco realista propuesta de reducir “al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario”. Esa cifra no tiene sentido.
La clave es reacomodar la deuda, pero no es esa la prioridad del gobierno. Prefiere insistir en la reducción del gasto público y en la venta de activos, cuando los mismos organismos financieros internacionales, en reunión de los ministros de Hacienda y presidentes de los Bancos Centrales de los países del G20 expresaron, el miércoles 14 de octubre, su preocupación por la situación de los países de baja renta con problemas de deuda.
Anunciaron una propuesta común para enfrentar ese problema que darían a conocer en noviembre próximo. Acordaron congelar por seis meses el pago de la deuda pública bilateral y expresaron su decepción por la ausencia de los acreedores del sector privado en las negociaciones.
Pero aquí no se habla de nada de eso, cuando casi el 80% de la deuda está en manos de acreedores nacionales, sobre todo de empresas públicas, con las que se debería comenzar la renegociación.
Lo primero que debemos hacer es conocer quienes son los acreedores y definir una estrategia de renegociación. Pero al gobierno parece que eso no le interesa.
Transformar el diálogo en negociación
El país está crispado. En todo caso, la discusión de quién tiró la primera piedra en la calle es inútil y no es inocente porque oculta el recorrido que nos trajo a estos escenarios: un gobierno que traicionó todas las expectativas y un grupo de empresarios que se instaló desde el inicio en la presidencia con un programa voraz y mezquino.
Para que el diálogo se transforme en negociación hay que sumar fuerza suficiente detrás de una propuesta que debe encarnar en un grupo visible de personas que la represente y la defienda pública y organizadamente. Que sume apoyo popular suficiente para obligar el gobierno a transformar el diálogo en negociación, que encarne en la población y ofrezca un mecanismo que trasparente un debate que el gobierno quiere “secreto”.
En una acción que no solo responda a esta coyuntura, sino que presente también una visión de futuro, otra visión de país, distinta a la que este gobierno ofrece.
Algunos aspectos de una propuesta más amplia
No necesitamos reducir el gasto público. Menos en estas circunstancias, como lo indican economistas de todo el mundo. No se puede hacer eso sin deteriorar el nivel de vida de nuestra población, ya gravemente afectada por la pandemia. Ese gasto público es indispensable para reactivar la economía.
Necesitamos ordenar el gasto público, gastar mejor, pero no reducirlo. Poner orden en el sector público, ordenar salarios y beneficios. Con el tiempo los pluses se han desacomodado. Hay que revisarlos. Aquí se debe incluir también la regulación de organismos públicos que privilegian el sector privado, como Aresep, Sutel y otros. Son organismo al servicio de políticas que no le convienen al país.
Hay que poner orden en las pensiones. Pero más que hablar de “pensiones de lujo” (a las que ya se han aplicado recortes) lo que hay que hacer es terminar con un sistema que permite obtener pensiones para las que no se han cotizado. Con la única excepción de las pensiones no contributivas, que son un esfuerzo de la sociedad para asegurar a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de vida.
Hay que poner orden también en el sector privado, verdaderos privilegiados que disfrutan de los recursos públicos –como lo dejan en evidencia las inversiones de los recursos de la CCSS en La Nación, las exoneraciones fiscales, los privilegios de las zonas francas, las concesiones de obras públicas, el tren urbano, las alianzas público-privadas, los inconcebibles beneficios otorgados productores eléctricos privados, y muchos otros– mientras ofrecen a sus trabajadores condiciones de vida que no se pueden comparar a las del sector público.
No se trata de presentar aquí un programa exhaustivo, pero no sería conveniente terminar sin destacar la necesidad de fortalecer el sector público, tanto bancario como el ICE, tanto la CCSS como la educación, orientando inversiones públicas en las zonas costeras, en vez de, por ejemplo, seguir privatizando los puertos.
Juan Huaylupo Alcázar*
LA CRISIS
Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.
El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.
La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.
Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.
Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.
La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.
PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA
La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.
La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.
Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.
El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.
La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.
El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.
LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.
NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.
* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)
En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”
Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.
[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria