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Etiqueta: rechazo

Organizaciones indígenas, campesinas y sociales de la zona sur rechazan el “combo fiscal”

  • Reafirmamos que seguiremos en la lucha junto a otros sectores populares

 

Lunes 1 de octubre de 2018. Distintas organizaciones indígenas, campesinas y sociales del sur de Costa Rica expresamos nuestro rotundo rechazo a la reforma fiscal impulsada por el gobierno, expediente legislativo 20 580, conocida como «combo fiscal».

Ya que, consideramos dicha iniciativa como injusta, regresia y que deja sin abordar de manera clara y contundente el tema de la evasión y la elusión fiscal, mecanismos que utilizan las grandes empresas para no cumplir con sus obligaciones tributarias.

Por el contrario, el combo fiscal viene a recortar la inversión social, encarecer bienes y servicios de consumo popular, insumos agrícolas y recargar la carga tributaria en los sectores más empobrecidos del país.

Si bien reconocemos la necesidad de una reforma tributaria, pensamos que la propuesta oficialista no es la única y existen propuestas y posibilidades de construir participativa y democráticamente una iniciativa justa, progresiva e integral.

También expresamos nuestro apoyo al recurso de amparo interpuesto el pasado viernes 28 de setiembre por las y los compañeros del pueblo Cabecar de Alto Chirripo, contra la iniciativa fiscal.

Comunicamos que continuaremos realizando distintas acciones legales, de comunicación, organización y movilización hasta que el gobierno retire el combo fiscal de la corriente legislativa y se construya una nueva iniciativa con la participación de todos los sectores.

Por último, expresamos nuestro apoyo a la huelga que realizan las y los compañeros del sector público.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Consejo de Mayores y Mayoras Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra

Consejo Regional Indígena Pacífico Sur de Yimba Cajc (Rey Curre)

Recuperadores Nasö Broran de Finca Crun Shurin (Terraba)

Comité de parceleros de Finca San Andrés (Terraba)

Pueblo Bribri de Salitre.

Cootraosa R.L

Comité por la tierra de Finca Chnguina.

Grupo TIPAELCA de Finca Puntarenas.

Grupo Campesino de Pavones de Golfito.

Ditsö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de folleto ANDE Combo Fiscal.

Enviado por Rafael López Alfaro.

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UNA rechaza actos de violencia contra derechos humanos en Nicaragua

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional acordó rechazar los actos de violencia contra los derechos humanos y el quebrantamiento de la autonomía universitaria en Nicaragua, e hizo un llamado al diálogo entre la ciudadanía y el gobierno de esa nación hermana, a condición de que cese toda acción de represión.

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTE LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA.

CONSIDERANDO QUE:

  1. El preámbulo del Estatuto Orgánico cita:

“La Universidad Nacional es una institución de educación superior pública con plena autonomía garantizada constitucionalmente. Tiene como misión histórica crear y transmitir conocimiento en favor del bienestar humano, mediante acciones que propician la transformación de la sociedad para llevarla a estadios superiores de convivencia. Honra la libertad, la diversidad, la búsqueda de la verdad y la sustentabilidad natural y cultural, en beneficio del conocimiento, la equidad, la justicia y la dignificación de la condición humana”.

Con sus logros y avances en el conocimiento, la Universidad Nacional aporta al bienestar integral de la sociedad. Fomenta así mejores condiciones de soberanía, democracia y solidaridad, en estrecho apego a lo más adelantado en los derechos humanos, la fraternidad y el bien común […]”.

  1. La celebración del centenario de la Reforma de Córdoba, ratifica la autonomía universitaria como eje principal para concebir la universidad latinoamericana en plena independencia, libertad y responsabilidad del aparato estatal; así como el papel activo del estudiantado para la construcción de una mejor universidad y sociedad.
  2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe n.°113/18, del 21 de mayo de 2018, sobre la situación que se vive en la hermana República de Nicaragua, señala, entre otros aspectos, el descontento popular iniciado por las autoritarias posiciones del Gobierno, aunado al incendio en la reserva natural de Indio-Maíz y la publicación en La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, acerca de la reforma de seguridad social que incrementó los aportes de los trabajadores y la detracción del 5% a las personas pensionadas; estos hechos dieron lugar a una serie de manifestaciones, las cuales iniciaron a partir del 18 de abril y se han convertido en actos extremadamente violentos, con una sentida represión gubernamental en las ciudades de Managua, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otras. (OEA. (2018). Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua. (Documento disponible en https://goo.gl/UEDGsz).
  1. Según la información suministrada por la CIDH se han registrado al menos 76 personas muertas, 868 heridas, en su gran mayoría en el contexto de las protestas, y 438 detenidas, entre ellas estudiantes, población civil, personas que defienden los derechos humanos y periodistas.
  2. El pronunciamiento del Consejo de Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Nacional (Caeuna), del 19 de abril de 2018; apoyado por el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna). (Caeuna (2018). ¡Alto a la brutal represión en Nicaragua! Documento disponible en https://goo.gl/cN4kVo).
  1. La “Vigilia por la paz en Nicaragua” organizada por las asociaciones estudiantiles y los órganos de la Feuna, el 23 de abril de 2018, en diversos campus de la Universidad Nacional de Costa Rica.
  2. Los pronunciamientos comunicados por el Consejo Académico de la Universidad Nacional (Consaca), el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades estatales costarricenses.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. RECHAZAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS: RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PRENSA, DETENCIONES ARBITRARIAS, AGRESIONES Y PÉRDIDAS DE VIDAS HUMANAS; COMO CONSECUENCIA DEL USO EXCESIVO DE LA FUERZA APLICADA POR LA POLICÍA NACIONAL EN OPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA HERMANA REPÚBLICA DE NICARAGUA, PARTICULARMENTE, DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LAS MANIFESTACIONES Y LAS MARCHAS CONVOCADAS DE MANERA PACÍFICA.
  2. MANIFESTAR LA PREOCUPACIÓN POR EL QUEBRANTAMIENTO Y EL IRRESPETO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ESTATALES NICARAGÜENSES, Y LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL GOBIERNO DE NICARAGUA.
  3. LLAMAR AL DIÁLOGO ABIERTO, TRANSPARENTE Y FRANCO ENTRE LA CIUDADANÍA Y EL GOBIERNO; PERO ANTES CESAR TODA ACCIÓN DE REPRESIÓN PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS INTERNOS, CON EL PROPÓSITO DE REINSTALAR EL DIÁLOGO Y LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN EN RESPETO AL PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y LA SOBERANÍA NACIONAL.
  4. RESPALDAR EL TRABAJO PROPOSITIVO Y OPORTUNO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU INFORME N.° 113/18, PUES DENOTAN LA CONVICCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
  5. LLAMAR AL PUEBLO COSTARRICENSE A REAFIRMAR VÍNCULOS ESTRECHOS, HISTÓRICOS, CULTURALES Y ECONÓMICOS QUE UNEN A NUESTROS PAÍSES; EN ESTE PARTICULAR LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS

Y SUS FAMILIAS.

  1. COMUNICAR ESTE PRONUNCIAMIENTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO, LOS CONSEJOS UNIVERSITARIOS DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES, EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, LAS FEDERACIONES ESTUDIANTILES Y LAS COMUNIDADES

UNIVERSITARIA Y NACIONAL.

  1. ACUERDO FIRME. (UNA-SCU-ACUE-1072-2018).

 

Atentamente,

CONSEJO UNIVERSITARIO

 

***Mayores detalles con Daniela Alpízar, representante estudiantil ante el Consejo Universitario al 8758-7762 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.

 

Imagen tomada de la nota Surcos titulada: CONARE condena actos de opresion e irrespeto a los derechos humanos en contra de estudiantes universitarios en Nicaragua.

Enviado por UNA Comunicación.

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Organizaciones sociales de América del Norte rechazan aceleración de negociaciones del TLCAN 2.0

  • Las organizaciones sociales de América del Norte rechazan la actual aceleración de las negociaciones del TLCAN 2.0 buscando un acuerdo «en principio»
  • Negociar bajo una presión intensa nunca es recomendable. Pedimos la suspensión inmediata de estas conversaciones para que se reinicien una vez que todos los legisladores recién elegidos ocupen sus puestos

 

El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.

Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.

Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.

Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?

Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.

Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.

Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.

Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.

El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).

El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.

Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.

Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.

Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.

A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.

La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.

El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.

Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.

Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.

Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.

Organizaciones firmantes

  • Common Frontiers (coalition. Fronteras Comunes Canada)
  • Council of Canadians 
(Consejo de los Canadienses)
  • Council of Canadians – Northumberland Chapter Trade Group (Capitulo Northumberland del Consejo de los Canadienses)
  • Canadian Union of Postal Workers (el Sindicato Canadiense de Trabajadores Postales)
  • Global Exchange 
(Intercambio Global, EEUU)
  • Institute for Agriculture and Trade Policy 
(Instituto para las Politicas Agricolas y de Comercio, EEUU)
  • Institute for Policy Studies 
(Instituto de Estudios Politicos, EEUU)
  • México Mejor Sin TLCs (Coalición Multisectorial)
  • National Farmers Union (Canada, Sindicato Nacional de Agricultores)
  • OpenMedia 
(Organización para preservar Derechos Digitales)

 

De la Categoría: Declaraciones

 

Imagen tomada de https://movimientos.org

Enviado por Nicolas Boeglin.

Fuente original http://www.rmalc.org/declaracion-trinacional/

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Encuentro de organizaciones sociales costarricenses acordó medidas a tomar contra el proyecto de ley 20.580

Prensa APSE – 07 de abril de 2018

El Encuentro de Organizaciones Sociales celebrado este sábado 07 de abril de 2018 en el auditorio de APSE en San José, acordó tomar medidas en conjunto para unificar esfuerzos en rechazo al proyecto de ley 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.

Representantes de decenas de organizaciones sociales, tales como APSE, SITRAJUD, FEUNED, ASDEICE, FIT-ICE, ACPF, ACOPROF, APER, SINTAF, ADEM, CTRN, SINAPRO, ANEP, SINPAE, MUSADE, CAP, SITRASEP, SITRAPSE, PRT y activistas independientes, se reunieron para compartir criterio acerca de esta iniciativa de ley. Los asistentes a este encuentro coincidieron en manifestar su oposición a este proyecto de ley, que combina en un mismo texto reformas fiscales, de empleo público, y la muy grave regla fiscal, que podría provocar el congelamiento de salarios y pensiones.

El espacio permitió a los distintos colectivos sociales, intercambiar información y criterios sobre este tema tan álgido, la cual será preparada para ser compartida en redes sociales y espacios divulgativos de las mismas organizaciones.

Ante estas amenazas a la clase trabajadora, el Encuentro de Organizaciones Sociales señaló como una de las principales prioridades en su acción, la realización de una gran campaña informativa, dirigida no solo a afiliados a las organizaciones presentes, sino también enfocada en la necesidad de informar al pueblo costarricense, a las personas que trabajan en el sector privado, a las madres de familia y a los estudiantes, sobre las implicaciones negativas que significaría este proyecto de ley, y la forma en que afectará negativamente la economía de sus familias y los ingresos obtenidos por su trabajo diario.

Ante esta coyuntura política, el Encuentro de Organizaciones Sociales acordó algunas acciones concretas, como primera etapa de una hoja de ruta para afrontar el proyecto de ley 20.580, que consisten en las siguientes medidas:

Desarrollar una gran campaña informativa, clara y puntual donde se explique a la clase trabajadora y al pueblo costarricense, sobre los efectos perjudiciales de la reforma fiscal, la aplicación del IVA; el aumento de los topes de renta, la regla fiscal y los efectos contra el salario y los ingresos familiares de estas medidas. Esta campaña incluye el volanteo masivo en comunidades, centros de salud, centros educativos y otros espacios públicos donde se pueda hacer llegar esta información a las personas trabajadoras y sus familias,

Iniciar conversaciones con diferentes actores políticos, diputados y otros grupos de influencia, para hacerlos conscientes de la oposición del movimiento social a este proyecto de ley, y que consideren los criterios por los cuales las personas trabajadoras y las organizaciones sociales rechazamos el proyecto 20.580

Realizar acciones de presión y manifestación en las barras legislativas y otros espacios políticos, donde se visibilice la oposición rotunda de las organizaciones sociales a esta iniciativa de ley, y que permita visualizar al pueblo costarricense la existencia de un grupo unido que se opone a este proyecto

Conformar una comisión ejecutora de estos acuerdos, que dará seguimiento a los mismos y servirá como comisión de enlace entre las distintas organizaciones reunidas este día

– Invitar a otras organizaciones sindicales, sociales, ambientales, de mujeres, estudiantiles, y confederaciones, para integrarse a este llamado a la unidad de las fuerzas sociales, y coordinar acciones conjuntas en este sentido.

Se conformó la comisión ejecutora de acuerdo, que sesionará el lunes 09 de abril a partir de las 5:00 p.m, para concretar los primeros acuerdos tomados, y dar inicio a la gran campaña informativa sobre los efectos nocivos del proyecto de ley 20.580, que será el primer paso del movimiento social y sindical en el proceso de oposición a esta iniciativa.

Imagen tomada de www.apse.cr
Imagen tomada de www.apse.cr
Imagen tomada de www.apse.cr
Imagen tomada de www.apse.cr
Imagen tomada de www.apse.cr

Imágenes tomadas de www.apse.cr

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Reacciones en América Latina a ley aprobada en Israel que legaliza los asentamientos ilegales en Palestina

Nicolas Boeglin (*)

 

Ante la adopción de una ley por parte del Parlamento Israelí, el pasado 6 de febrero, que legaliza de manera retroactiva, los asentamientos ilegales en Palestina, en particular en Cisjordania, son varias las organizaciones internacionales y los Estados que han levantado la voz expresando su repudio y rechazo a dicha iniciativa.

Breve recapitulativo y cifras sobre la cantidad de asentamientos israelíes en Palestina

En la actualidad, se estima a poco más de 590.000 la población de colonos israelíes y de sus familias ubicados en territorios palestinos. Paralelamente a la construcción de asentamientos ilegales, la demolición de casas habitadas por familias palestinas se ha mantenido: un informe de Naciones Unidas con fecha del 29 de diciembre del 2016 precisa que sólo para el año 2016 fueron más de 1000 casas de familias palestinas las destruidas por las autoridades de Israel: «A recently completed United Nations study indicates that during 2016, Israeli authorities demolished or seized 1,089 Palestinian-owned structures throughout the West Bank – including East Jerusalem – thus displacing 1,593 Palestinians and impacting the livelihoods of another 7,101» (véase nota oficial de Naciones Unidas).

En una muy esperada – pero pocamente publicitada en medios de prensa – comparecencia de varias ONG israelíes realizada en octubre del 2016 ante los mismos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (véase nota de What´s in Blue), la activista norteamericana-israelí Lara Friedman de la ONG Americans for Peace Now (APN), entidad aliada de la ONG israelí PeaceNow (véase sitio oficial) declaró lo siguiente:

«Twenty-three years ago, in 1993, Israel and the PLO signed the Declaration of Principles, also known as the Oslo Accords. Back then, the settler population in the West Bank, excluding East Jerusalem, was around 116,000. At the end of 2015, that number was nearly 390,000. Looking just at East Jerusalem, in 1993 the Jewish Israeli population was approximately 146,000. Today it is over 210,000. This population explosion could not have occurred without Israeli government support and encouragement, including, most obviously, the approval and construction of new housing. And that is exactly what happened. During this same period, 1993 to today, over 50,000 settlement units were built in the West Bank, and plus thousands more in East Jerusalem. What about settlement construction just under Prime Minister Netanyahu 2016 figures are still not complete, but looking at 2009 to 2015 – which included the so-called “moratorium” – more than 11,000 settlement units were established in the West Bank with the approval of Israeli authorities. And in 2015 alone, we are talking about almost 2000 new units in West Bank settlements» (véase texto de su alocución del 14 de octubre del 2016 en Nueva York).

Reacciones en America Latina a ley aprobada en Israel
Foto extraída de artículo de prensa de la BBC titulado «Israel approves settlement homes following Trump inauguration», 22 de enero del 2017.

Recientemente en Costa Rica (y al parecer por vez primera en la historia de la televisión costarricense) se transmitió una muy completa entrevista a S.E. Riyad Mansour, Embajador concurrente de Palestina ante Costa Rica y Representante Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, en la que se explica el objetivo político de estas colonizaciones decretadas cada cierto tiempo por las autoridades israelíes (véase la emisión Sobre la Mesa, Canal 15 UCR, agosto del 2016, disponible aquí, Minuto 13:21 a 30:39).

Un repudio generalizado

A la condena expresada por el nuevo Secretario General de Naciones Unidas ante la adopción de esta ley iniciando el mes de febrero del 2017 por parte de la Knesset (véase comunicado oficial de Naciones Unidas) y de la Unión Europea (Nota 1), hay que añadir las reacciones oficiales expresadas por Alemania, Bélgica (véase texto), Canadá (véase texto), Egipto, Francia, Rusia, Suecia (véase texto), Suiza (véase texto) y Turquía (véase texto), entre otros. Indonesia por su parte, optó por no autorizar el uso de su espacio aéreo al aeronave que llevaba al Primer Ministro israelí a Australia (véase nota de The Guardian y el mapa del inusual recorrido entre Singapur y Sidney efectuado, editado en esta nota del Washington Post). Notemos que Australia es de los pocos Estados que han considerado oportuno no condenar la adopción de esta ley (véase nota de ABC).

El comunicado oficial emitido por el jefe de la diplomacia gala del 7 de febrero del 2017 es particularmente categórico (véase texto). El pasado 14 de febrero, las autoridades alemanas suspendieron una reunión prevista con el Primer Ministro israelí en señal de repudio (ver nota de The Independent). España por su parte, inició el 2017 con un comunicado oficial condenando la decisión del Ejecutivo israelí de autorizar 6.000 nuevos asentamientos (Nota 2), al igual que Suecia, a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde inicios del 2017 (véase comunicado oficial), entre muchos otros Estados.

Irlanda ha dejado entrever que reconocerá a Palestina prontamente como Estado, obligando Israel a recurrir a Estados Unidos para impedirlo (véase nota de Haaretz). Los Poderes Ejecutivos de Irlanda, así como los de Reino Unido, España, Francia y Bélgica mantienen una deuda con sus respectivos Poderes Legislativos, los cuales, en noviembre y diciembre del 2014, les solicitaron reconocer sin más preludios a Palestina como Estado. En el caso del Parlamento británico, la moción reunió 274 votos a favor y 12 en contra, mientras que en el caso de España, el resultado de la votación fue de 319 votos a favor, una abstención y dos en contra. El pasado 26 de febrero del 2017, 154 senadores y diputados franceses le recordaron al Presidente Francois Hollande el voto de noviembre del 2014 en París, y su compromiso de campaña con relación a dicho reconocimiento (véase nota de prensa). En su momento, tuvimos la oportunidad de analizar el alcance del reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Suecia, acaecido en octubre del 2014 (véase nota publicada en el CURI).

Reacciones en America Latina a ley aprobada en Israel2
Gráfico extraído del artículo de El Pais (España) sobre las diversas categorías de asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, titulado «Israel avanza en una ley que pone en peligro la solución de los dos Estados», edición del 6 de diciembre del 2016.

Las reacciones oficiales registradas en América Latina

En América Latina, esta ley israelí ha dado lugar a varias reacciones oficiales. Es por ejemplo el caso de los comunicados circulados por los aparatos diplomáticos de Argentina (Nota 3), de Brasil (Nota 4), de Chile (Nota 5) y de México (Nota 6). Es de notar que el comunicado mexicano fue el primero, y que es el único en referirse expresamente a una reciente resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando de forma vehemente la política de colonización israelí en territorio palestino. En su momento, el Embajador de Israel en México calificó de «inusual» la nota emitida por la diplomacia mexicana, haciendo ver que era la única registrada (véase nota de El Heraldo).

La reciente resolución 2334 adoptada por el Consejo de Seguridad

Como se recordará, a finales del 2016, y por primera vez desde el año 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pudo adoptar – gracias a la abstención de Estados Unidos – una resolución condenando enérgicamente los asentamientos israelíes en territorios palestinos: se trata de la resolución 2334 (2016) adoptada el 23 de diciembre del 2016. En un reciente análisis sobre las implicaciones jurídicas de la resolución 2334, se lee incluso que la ausencia de una «s» en los términos usados en este texto reviste particular relevancia de cara al futuro:

«What is also particularly striking is that Security Council resolution 2334 (2016), when addressing the legal status of the West Bank and East-Jerusalem, does not refer anymore to the occupied “Palestinian territories” in the plural but, like other organs of the United Nations beforehand, instead now also rather refers to the occupied “Palestinian territory” in the singular (“du territoire Palestinien” respectivly ‘le territoire palestinien” in the French text). This in turn presupposes that, while obviously not amounting to a recognition of a state, the Security Council hereby has taken the position that there exists at least a Palestinian entity with a defined ‘territory’ rather than merely some ‘Palestinian territories» (véase ZIMMERMANN A., «Security Council Resolution 2334 (2016) and its Legal Repercussions Revisited», EJIL Talk, 20/01/2017, disponible aquí).

Con ocasión de la presentación del borrador de esta histórica resolución, Israel y el entonces Presidente electo Donald Trump realizaron diversas gestiones diplomáticas para frenar a toda costa su votación, y aplazarla de unas pocas semanas, sin lograr mayor éxito (sobre estas y otras particularidades, véase nuestro breve análisis, BOEGLIN N., «La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condena colonización israelí: breve puesta en perspectiva», Eljurista, 11/01/2017, disponible aquí).

La particular vehemencia diplomática de México

El comunicado de México difiere sensiblemente del de Argentina, Brasil y Chile en cuanto a su contenido así como su extensión. En su comunicado, México procede a «reiterar» su preocupación: «México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente». Es probable que el tono empleado por la diplomacia de México no sea del todo ajeno a las recientes tensiones ocasionadas por un desacertado «tweet» del Primer Ministro israelí apoyando la construcción de un muro entre Estados Unidos y México. Al respecto, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Las “disculpas” de Israel a México por tweet del Primer Ministro de Israel apoyando muro entre México y EEUU: Breves apuntes», editada en Ius360, 15/02/2017, disponible aquí.

La usual discreción diplomática de Costa Rica

Fiel a la peculiar cautela para manifestarse ante la situación imperante en Palestina y los derechos de su pueblo (en particular cuando de asentamientos ilegales israelíes se trata) Costa Rica, al igual que Colombia y Panamá, se ha mantenido al momento sin expresar mayor preocupación con respecto a esta ley israelí. Esta misma actitud reservada se dejó entrever con ocasión de la última ofensiva militar israelí en Gaza en julio del 2014 (véase informes oficiales de una Comisión de Investigación creada en Naciones Unidas).

Un número especial de la Revista Al-Kubri de la Universidad Nacional (UNA) reseñó de forma sistemática las reacciones en América Latina ante las exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, así como el carácter ambiguo y las «señales confusas» (p. 6) que se desprenden de las declaraciones oficiales dadas por las autoridades de Costa Rica en julio y agosto el 2014.

Esta ambigüedad a la vez recuerda otra acaecida en el 2011: pese a haber reconocido formalmente a Palestina como Estado en el 2008, las autoridades de Costa Rica se mostraron indecisas ante un posible voto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2011 sobre el reconocimiento de Palestina como Estado Miembro (ver nota de prensa del Semanario Universidad). Un pequeño detalle, publicado en La Nación (edición del 10 de setiembre del 2011), y que pasó posiblemente desapercibido para muchos, indicaba que: “Dos periodistas hacían preguntas a Laura Chinchilla en Cartago. Ella cedió cuatro minutos y no quiso contestar más sobre la posición del Gobierno en cuanto a un Estado palestino. El reportero de este diario insistió, pero un guardaespaldas lo tomó de los dos brazos y lo jaló para atrás. Ella se fue tranquila sin contestar”.

Otro episodio sobre un tema distinto, pero extremadamente revelador en cuanto a la lectura que algunos tienen en Costa Rica sobre la situación en Oriente Medio, lo constituye una carta colectiva suscrita en septiembre del 2015 por descendientes de inmigrantes árabes. Los firmantes respondían, indignados, a declaraciones del Jefe de Estado sobre las supuestas dificultades que enfrentarían refugiados sirios si llegasen a Costa Rica. La misiva indicaba que:

«Los abajo firmantes, descendientes todos de territorios que hasta 1945 formaron parte de la Gran Siria, es decir, los ticos descendientes de sirios, palestinos, libaneses o jordanos, nos sentimos ofendidos por lo inapropiado de los comentarios de un Presidente que se enorgullece del carácter multicultural y pluriétnico del país» (véase carta titulada «Carácter multicultural y pluriétnico de Costa Rica incluye lo árabe», publicada en el Semanario Universidad, 16/09/2015).

Nos permitimos traer este tema a colación, dado que puede ayudar a entender la singular lectura que tienen las autoridades de Costa Rica en torno a la situación en Oriente Medio. Se calcula en más de 250 los ciudadanos sirios que han encontrado refugio en Chile (véase nota de prensa), en más de 2000 en Brasil (véase nota de prensa), mientras que el Programa Pro Siria (véase sitio oficial) en Argentina fue ampliado a finales del 2016, entre muchas otras iniciativas estatales en América Latina en respuesta al drama humano en Siria (véase número de la precitada Revista Al-Kubri (UNA) titulado «Argentina solidaria con refugiados sirios», setiembre del 2016). Tierra de acogida legendaria a quiénes huyen de la violencia, Canadá alberga ya a más de 35.000 refugiados sirios (véase nota de prensa).

Conclusión

Más allá de esta peculiar percepción de las autoridades de Costa Rica, esta reciente ley israelí ha sido objeto de un rechazo generalizado por parte de diversos Estados y organizaciones internacionales. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, constituye una violación flagrante a la reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad, y a un sinnúmero de resoluciones similares. Desde el punto de vista político, evidencia nuevamente la actitud desafiante de Israel hacia el resto de la comunidad internacional, que viene a confirmar un reciente informe confidencial de la Unión Europea (UE) hecho público (véase nota de Le Monde del 24 de enero del 2017) (Nota 7).

En momentos en que la primera reunión de la dupla Donald Trump – Benjamin Netanyahu ha causado temores fundados e incertidumbre en diversos sectores de la comunidad internacional, debido al tono y al contenido de sus declaraciones, no cabe duda que Palestina espera ansiosa reacciones decididas frente a esta nueva arremetida israelí aprobada por la Knesset el pasado 6 de febrero.

 

— Notas–

 

Nota 1: En un comunicado de prensa de la Unión Europea se lee que:

«Federica Mogherini speaks to Palestinian President Mahmoud Abbas Bruxelles, 09/02/2017 – 09:16 – UNIQUE ID: 170209_01 Press releases

Before leaving to Washington late on Wednesday, Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, had a phone call with the Palestinian President Mahmoud Abbas to discuss the recent developments regarding the Middle East peace process.

The High Representative informed the President about the discussions at the Foreign Affairs Council on Monday, stressing the consensus on the longstanding European Union’s policy on the Middle East peace process. The EU remains fully committed to work with the two parties and its international and regional partners on the two-state solution as the only way to end the conflict and move the peace process forward. The EU also expressed its opposition to the ‘Regularisation Law’ adopted by Israeli Knesset this week – settlements are illegal under international law and endanger the prospects for a peaceful solution of the conflict.

The High Representative and the President also discussed the EU-Palestinian relations and reconfirmed the commitment to further develop them.

Nota 2: El comunicado español del 2 de enero del 2017 se lee de la siguiente manera:

«COMUNICADO 036 Autorización de asentamientos en Cisjordania 01/02/2017

España condena la decisión del gobierno de Israel adoptada ayer de autorizar la construcción de tres mil viviendas para asentamientos en Cisjordania. Esta decisión contraria al derecho internacional, junto con otras dos muy recientes referidas a Cisjordania y a Jerusalén oriental y totalizando seis mil viviendas, señala una tendencia muy preocupante de las autoridades de Israel en relación con el proceso de paz, dificulta la reanudación de las conversaciones con la parte palestina y supone una amenaza para la viabilidad de la solución de dos estados, única capaz de resolver el conflicto de forma justa y definitiva».

Nota 3: El comunicado de Argentina con fecha del 10 de febrero se lee como sigue:

«Argentina lamenta la decisión del parlamento israelí sobre los asentamientos en Cisjordania

10 Febrero 2017 Información para la Prensa N°: 030/17

La Argentina observa con preocupación la aprobación por parte del Parlamento israelí de la Ley de Regularización, el pasado 6 de febrero, que legaliza la construcción de asentamientos en la Ribera Occidental ocupada.

La República Argentina se suma a la comunidad internacional, al considerar que esta Ley es contraria al Derecho Internacional, y a reiterados pronunciamientos de las Naciones Unidas, incluyendo del Consejo de Seguridad, y que, de ser implementada, obstaculizaría la posibilidad de lograr una paz justa y duradera, basada en la solución de dos Estados, conviviendo en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas.

Información para la prensa Nº 030/17″

Nota 4: El comunicado de Brasil, con fecha del 12/02/2017 se lee así:

«Nota 42 Asentamientos israelíes en Cisjordania

Brasil cree que la expansión territorial de los asentamientos israelíes en Cisjordania es un obstáculo a la paz. En este sentido, la legislación destinada a regularizar los asentamientos, recientemente aprobado por el Parlamento de Israel, no contribuye a la solución del conflicto.

Brasil ha recurrido sistemáticamente a las partes a que se abstengan de utilizar la violencia y promover actos de provocación que se desvían más lejos de la solución de dos estados.

Brasil apoya una solución de dos estados para el conflicto entre Israel y Palestina, que esté de acuerdo con el derecho a la libre determinación del pueblo palestino y las preocupaciones de seguridad de Israel.

Nota 5: El comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente forma:

«Chile rechaza la expansión de los asentamientos en territorios palestinos

El gobierno de Chile expresa su profunda disconformidad con la aprobación de una ley por parte del Parlamento de Israel, que permite la expropiación de propiedad privada palestina en Cisjordania. Esta ley facilitaría la legalización de decenas de asentamientos y colonias construidas ilegalmente en territorio palestino.

Chile se une al rechazo de la comunidad internacional sobre la expansión de estos asentamientos, que representan un serio obstáculo a la posibilidad de alcanzar una paz duradera que se fundamente en la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.

Esta posición fue reafirmada por Chile en la reciente Conferencia de París sobre la Paz en Medio Oriente, a la cual concurrieron 70 países y 4 organizaciones internacionales».

Nota 6: El comunicado de México con fecha del 7 de febrero se lee de la siguiente manera:

«México lamenta la decisión del Parlamento de Israel de aprobar una ley que legaliza asentamientos construidos en propiedad privada palestina

Comunicado No. 046.- México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina.

El Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lamenta la decisión del Parlamento de Israel de adoptar una ley que pretende legalizar asentamientos israelíes construidos sin autorización oficial sobre propiedad privada palestina en Cisjordania.

México reitera que la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental representa un obstáculo mayor al proceso de paz, el cual debe encontrar una solución integral fundada en la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, económicamente viables, que convivan en paz y seguridad y con fronteras reconocidas internacionalmente.

El Gobierno de México hace un llamado al Gobierno de Israel a revertir esta decisión y a actuar de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad.

México reafirma su apoyo a una solución justa, duradera e integral al conflicto israelí-palestino, y hace un llamado a las partes a comenzar negociaciones directas cuanto antes y sin precondiciones, con el apoyo de la comunidad internacional».

Nota 7: En el 2012, un informe confidencial de la Unión Europea sobre este tema se filtró a medios de prensa (véase nota de la BBC). De igual manera, en el 2009 un informe similar fue dado a conocer sobre la paulatina anexión ilegal de Jerusalén Oriental por parte de Israel (véase nota de prensa del 2009). Anterior a ello, en el 2005 se señalaba lo mismo sobre las políticas de colonización ilegal de Israel en un informe secreto de la UE filtrado a medios de prensa (véase nota de EUObserver). Esta secuencia de informes confidenciales filtrados arroja interesantes interrogantes. que no parecieran haber despertado mayor interés por parte de observadores y analistas.

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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