El Bloque de Vivienda convoca a asistir a la marcha en contra del nuevo recorte presupuestario al BANHVI por 7000 millones propuesto por el nuevo gobierno, el día lunes 4 de julio frente al Teatro Nacional en San José
Al respecto, la Junta Paritaria de Relaciones Laborales del MEP, acuerda lo siguiente:
A las nueve horas del nueve de octubre del veinte veinte. Constata con preocupación, que en la tramitación en la Comisión de Hacendarios del III Presupuesto Extraordinario de la República 2020. Expediente N° 22.217, lo dictaminado, se aparta de la solicitud del movimiento de recursos internos solicitado por el Ministerio de Educación, dejando al descubierto un monto de ₡3.894.698.591.00 (Tres mil ochocientos noventa y cuatro seiscientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un colones), que son necesarios para cubrir las obligaciones del presupuesto de remuneraciones ya comprometido por el MEP del año 2020, en extremos como compensación de vacaciones, retribución por años de servicios, décimo tercer mes y salario escolar.
Con este cambio en la autorización presupuestaria al movimiento de recurso internos del MEP (que no es un aumento en el presupuesto sino solo una modificación de sub partidas ya autorizadas), quedarán sin contenido presupuestario importantes obligaciones en el pago de remuneraciones, afectando a miles de trabajadores y trabajadoras del Magisterio.
Por lo anterior, se hace un llamado respetuoso a las señoras y señores diputadas para que en el III Presupuesto Extraordinario de la República del 2020, se reintegre al MEP ₡3.894.698.591.00 (Tres mil ochocientos noventa y cuatro seiscientos noventa y ocho mil quinientos noventa y un colones) al presupuesto de remuneraciones, para no afectar a miles de servidores y servidoras del Magisterio y a los servicios educativos públicos.
ANDE señala que este recorte provocaría una absoluta violación de los derechos laborales de las personas trabajadoras del MEP, porque se estaría incumpliendo la obligación patronal de pagar el aguinaldo 2020 y al Salario escolar 2021, que los(as) funcionarios(as) ya se han ganado y esperan recibir en las fechas establecidas.
ANDE DEFENDERÁ ESTOS DERECHOS POR TODAS LAS VÍAS NECESARIAS.
Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades
Comunicado:
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020. Albino Vargas Barrantes, Secretario General Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.
El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la “despedidera”, a echar gente a la calle.
Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos
Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto!
Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.
Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.
Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.
La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.
Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.
¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!
Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.
Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.
En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.
La Red de Defensa del Presupuesto comunica a la opinión pública
Red de Defensa del Presupuesto
Desde que en la Asamblea Legislativa se han hecho propuestas de gravísimos recortes al presupuesto público para cultura, nuestras acciones se han dirigido a hacer una campaña de concientización tanto a la ciudadanía como a los diputados y diputadas que se encuentran en este momento discutiendo el tema.
Vivimos en una democracia en que las y los representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa tienen la obligación de escuchar las voces ciudadanas. En ese sentido nos hemos estado organizando y accionando. Hemos hecho acciones por todo el país, desde nuestras manifestaciones culturales diversas, en parques, teatros, universidades y en sitios públicos, todas ellas realizadas de forma completamente pacífica y creativa, orientados por un profundo Amor a nuestro país y a nuestro trabajo.
La acción más reciente fue la marcha realizada el pasado 18 de noviembre, en la que participamos artistas, estudiantes y funcionarios públicos, gestores culturales de muchas comunidades del país.
Fue un evento calificado por toda la gente que estuvo allí como hermoso, lleno de respeto, convivencia pacífica, y creatividad. Ese día informamos a la ciudadanía de una forma poco usual y llamativa, en la que participaron familias completas con sus pequeños hijos e hijas.
Estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, cantando, bailando, compartiendo poesía, imaginación, identidad y alegría, con la convicción de que defender el presupuesto de cultura es defender los derechos humanos y culturales de una nación, tal como es mandato del Estado costarricense por el marco constitucional, la legislación nacional vigente, y los tratados internacionales suscritos por el país en la materia.
Sin embargo muchas diputadas y diputados se han hecho de oídos sordos a nuestros planteamientos, frente a los gravísimos recortes propuestos. De hecho, al intentar enviar a sus correos electrónicos nuestro comunicado, resulta que de 57 correos, al menos 30 han rebotado. Eso demuestra que no hay formas de acercarse a ellas y ellos, y que para eso, es necesaria la manifestación que capte su atención, cosa que hemos logrado ahora.
Para leer el comunicado completo que suscribimos públicamente como red, y que entregamos a cada una de las diputadas y diputados ese mismo día: seguir este ENLACE.
Con profunda irresponsabilidad de parte del señor Ottón Solís, y con el eco de algunos medios de comunicación, se ha levantado toda una polémica acerca de los grafittis realizados en los muros de la Asamblea. Todo esto para generar distracción y criminalizar irresponsablemente incluso a las niñas y niños que, en un ejercicio ciudadano expresaron su preocupación con pinceles y color.
A la ciudadanía queremos decirle que esa pintura (de agua y totalmente fácil de remover) no es lo central en esta discusión. Lo fundamental es el recorte presupuestario, que atenta contra la ciudadanía.
La Constitución de la República contempla que uno de los poderes de la República es el pueblo y desde ahí reclamamos un espacio en la discusión presupuestaria y en las decisiones que sobre este se realicen.
Acción Reconciliatoria:
Sin embargo, en aras de que haya un ambiente propicio para que sigamos un camino en donde realmente se reflejen los planteamientos de la ciudadanía, proponemos una acción de conciliación, partiendo del hecho de que no pretendemos herir susceptibilidades.
Como sector cultural proponemos tener un espacio donde hacer llegar nuestras opiniones frente a los graves recortes al presupuesto nacional. Podríamos también hacer una intervención creativa, un mural más planificado, en el sitio donde se realizaron los graffittis, que exprese la identidad nacional y la diversidad de culturas que habitamos este territorio. Lo importante es que dejen de asustar a la población tratándonos como criminales porque no lo somos, y estamos dispuestos a dialogar.
Esta propuesta la hacemos conscientes del poder transformador de nuestro sector y como medida resarcitoria de los “daños” que tiene el muro sur y oeste de la Asamblea Legislativa. También como un gesto claro de que ese muro no es lo importante, lo importante es discutir los recortes, que nos escuchen, porque nos preocupa el desconocimiento que muestran las autoridades de cómo funciona nuestro sector y su institucionalidad.
Creemos que el diálogo y la resolución alterna de las diferencias debe predominar en nuestra sociedad y hacia eso apuntamos con esta acción.
Hacemos esta propuesta para decirles que así como nosotros, como ciudadanos, podemos transformar un muro, ustedes pueden enmendar las afectaciones que hemos señalado con su propuesta presupuestaria y que estamos convencidos que afectan los derechos culturales de las y los ciudadanos.
Enviado a SURCOS Digital por Red en Defensa del Presupuesto Público a Cultura.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, especificó la diferencia entre los dineros provenientes de la cuenta corriente estatal, cuyo origen principal es el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y los de vínculo externo. Este último es el que habría provocado que el porcentaje de ejecución presupuestaria que informó la Contraloría fuera de solo un 75% y no de un 98,2%, como comunicó la UCR la semana pasada, con base en nuestros estados financieros.
¿Por qué la Universidad de Costa Rica (UCR) reporta en la Memoria Anual 2013 de la Contraloría una sub-ejecución presupuestaria del 25% y en el comunicado de esta semana este porcentaje se reduce a un 1,8%?
Porque se trata de dos presupuestos diferentes. En el caso de la ejecución presupuestaria que hace referencia al 98,2% se trata de fondos corrientes, los que provienen del FEES. En el otro caso se trata del presupuesto total, que incluye el vínculo externo y su ejecución presupuestaria difícilmente puede ser tan alta, porque se trata de recursos cuya ejecución varía en el tiempo. Incluso puede contemplar el ingreso y la presupuestación de un monto cuya ejecución vaya a ocurrir gradualmente a lo largo de varios años.
¿Qué se entiende por ingresos de vínculo externo y por qué no pueden ser contabilizados en el presupuesto proveniente de los fondos corrientes universitarios?
En primer lugar son fuentes diferentes. Hacemos la diferenciación para llevar un orden y para tener mayor transparencia en la comunicación de las finanzas, su ejecución y planificación. Los fondos corrientes provienen del Estado. Los fondos de vínculo externo pueden provenir de entes externos, incluso de instancias internacionales.
¿Cómo afectaría las finanzas de la Universidad un recorte de una cuarta parte del presupuesto para el próximo año, basándose en la sub-ejecución que sostiene la Contraloría del 2013?
Afectaría programas sustanciales. Uno de los más afectados podría ser el sistema de becas y la dificultad de implementación de la reforma. Nos pondría en una situación muy ajustada en el cumplimiento de los compromisos que ya hemos adquirido y firmado en el fideicomiso para la construcción de infraestructura, además del pago de la contrapartida del Banco Mundial, imposibilidad de ampliar el cupo admisión, sin mencionar el giro de los aumentos salariales correspondientes al encarecimiento del costo de vida.
El empréstito proveniente del Banco Mundial puede explicar por qué la cifra de sub-ejecución presentada por la Contraloría fue tan alta ¿Por qué la UCR sostiene que aunque ese dinero ingresó durante el 2013 y no se ejecutó, no debe ser contabilizado entre los ingresos corrientes?
Tenemos la conjetura de que la Contraloría tomó en cuenta ese empréstito y las otras universidades de CONARE sí lo presupuestaron. La UCR no lo presupuestó porque hemos echado a andar ese proyecto con fondos propios y hemos solicitado muy pocos recursos por el momento. Ese empréstito se dará durante cinco años, entonces nosotros vamos a presupuestar lo que requiramos para cada año. En este año lo que hemos hecho es generar planos constructivos y eso no ha requerido una cantidad exagerada de dinero que signifique un desembolso de los 50 millones de dólares que nos corresponde.
¿La Contraloría General de la República y el diputado Solís se pusieron en contacto con la Universidad o con el CONARE para pedir explicaciones sobre la supuesta sub-ejecución que ambos señalan, antes de su publicación?
No, absolutamente ninguna comunicación. Tampoco después de que se publicó la información.
¿Qué compromisos se incumplirían si prospera una reforma presupuestaria que recorte en 20.524 millones de colones los recursos del FEES, como la que presentó el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís?
Además de los ya mencionados, no mantendríamos el 1,38% del producto interno bruto, pero tampoco avanzaríamos al mandato constitucional de llegar al 8% del PIB para la educación en los próximos tres años. Es más, el mandato dice que debió ser en el 2014, pero no siendo posible, es una meta que debe estar presente en nuestras visualizaciones.
¿Cuánto puede pesar la presión política que hay para reducir el déficit fiscal del país y que impida llegar a esta meta?
La presión política es grande. Creo que puede todavía agrandarse más en virtud de que al visualizar esta meta, se esté haciendo una inversión tal que acreciente el déficit fiscal. Pero creo que los parámetros macroeconómicos no deben ser los únicos que determinen la inversión presupuestaria de un país y no deben constituirse necesariamente en una receta inflexible. Estados Unidos enfrentó la crisis con inversión social para dinamizar la economía y creo que el gobierno está visualizando esa alternativa.
Información circulada por la Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Una moción que recortaría un 1% del monto que corresponde al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue aprobada la noche de este lunes 29 de setiembre por los diputados miembros de la subcomisión que analiza el Presupuesto Ordinario de la República para el 2015.
De tener el visto bueno de la Comisión de Asuntos Hacendarios y del resto de legisladores, esta iniciativa afectará negativamente el presupuesto de las instituciones de educación superior estatal pública.
En el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), la moción afectaría seriamente la aplicación del nuevo reglamento de becas, el incremento de los cupos de admisión, la apertura de nuevas carreras, y la inversión en la compra de nuevo equipo científico y tecnológico que garantice la calidad y pertinencia de la formación de nuestros estudiantes.
Asimismo, se forzaría a nuestra institución a incumplir con el pago del arrendamiento por concepto de la construcción de los nuevos edificios mediante el Fideicomiso con el BCR, quedando los bancos estatales y otros inversionistas como propietarios de dichas edificaciones. Finalmente, la Universidad se vería imposibilitada para aportar la contrapartida al empréstito de 50 millones de dólares proveniente del Banco Mundial, con la cual se financian muchos otros proyectos de infraestructura y equipamiento.
La misma moción pretende rebajar en un 3% los recursos destinados a cubrir convenios institucionales con la UCR. Tal medida amenazaría e impactaría negativamente un gran número de proyectos sociales que brinda nuestra institución por medio de convenios con diferentes entidades estatales, lo cual minaría servicios en áreas como salud, alimentación, ganadería, tecnología de alimentos, infraestructura, transporte, controles de calidad de hidrocarburos, entre otros.
Cabe destacar que la mención de estos convenios institucionales a los que se les estaría rebajando el presupuesto sigue ambigua, pues no se especifica a cuáles se refiere. En cambio, sí aclara el texto que las leyes especiales que rigen a las universidades no se verán afectadas por el recorte de las partidas, aunque sin hacer alusión a sus alcances.
La iniciativa fue propuesta por los diputados del Partido Liberación Nacional: Rolando González, Olivier Jiménez y Paulina Ramírez. En la subcomisión recibió los votos de Ottón Solís, legislador del Partido Acción Ciudadana; Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana, Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense y del propio González. Solo el diputado José Ramírez, del Frente Amplio, votó en contra.
Este intento de recorte presupuestario deberá ser valorado en la Comisión de Asuntos Hacendarios y posteriormente por el Plenario Legislativo. La iniciativa es una parte del objetivo liberacionista de recortar 90 mil millones de colones al presupuesto nacional del 2015.
El movimiento estudiantil se lanza a la calles este martes 7 de octubre para defender la educación pública y luchar contra los intentos de recorte del presupuesto universitario y en defensa el sistema de becas de la UCR.
Ante la serie de medidas y ataques del gobierno, la Asamblea Legislativa y la Contraloría General, te invitamos a moverte y tomar parte de este proceso, por la educación pública en Costa Rica, por tu universidad, y por el derecho a estudiar con una beca.
El martes habrá paro activo para que podás faltar a clases y sumar tu voz y apoyo por nuestra Universidad.
Invitamos además a los movimientos estudiantiles de todas las universidades públicas, sindicatos, organizaciones sociales y demás instituciones afectadas, a unirse a este movimiento que reclama un gasto público justo, responsable, sin recortes y bien orientado.
El pasado martes 23 de setiembre, el diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, quien es también el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, presentó una moción que recortaría en 307 mil millones de colones el presupuesto ordinario para el próximo año.
Entre estas disminuciones se encuentra la de reducir en 20.524 millones de colones el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), lo cual afectaría severamente las finanzas de las universidades públicas, entre ellas la Universidad de Costa Rica (UCR). También se prevé un descenso en el presupuesto para la Universidad Técnica Nacional. En general, el sector educación dejaría de percibir 91.649 millones de colones.
Este descenso significa un retroceso hacia la meta de cumplir con el crecimiento del FEES y del presupuesto destinado a la educación, que de acuerdo con un mandato constitucional debería llegar al 8% del producto interno bruto en el 2014. En vista del incumplimiento de esta meta, y en procura de alcanzarla en los próximos años, este rubro debía llegar a 7,4% en el 2015. Si la pretensión del legislador se concretara, no alcanzaríamos tampoco esa meta; por el contrario, se reduciría al 7,09%. Otra consecuencia sería la disminución del porcentaje de crecimiento de dicho fondo, de un 14,03% previsto para el próximo año, a un 8,33%.
Los cálculos del diputado Solís Fallas están basados en la información de la supuesta subejecución presupuestaria por parte de las cuatro universidades públicas que conforman el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), dato ofrecido por la Contralora General de la República, Marta Eugenia Acosta, el pasado 17 de setiembre, a la subcomisión legislativa que recomienda el presupuesto estatal durante el presente período.
Nuestra institución ejecutó el 75% del total de los fondos en 2013, de acuerdo con los datos publicados en la Memoria Anual de la Contraloría General de la República. Es necesario destacar que ese porcentaje incluye los recursos provenientes de fondos corrientes y los del vínculo externo.
El vínculo externo se diferencia de los fondos corrientes en que son recursos captados de entidades externas y que no son ingresos fijos, sino que pueden variar a través del tiempo, por lo que la UCR no puede contar con ellos como “dineros ejecutables”. Por ejemplo, incluye el empréstito del Banco Mundial (de poco más de 25 mil millones de colones), que por la naturaleza de su inversión no se ejecutarían sino de forma escalonada en el lustro posterior a su recibimiento.
Tanto el diputado como el ente contralor justifican la intención de realizar este recorte asegurando que esos fondos permanecen ociosos, cuando la realidad es que la UCR alcanzó una ejecución del 98,2%, tomando en cuenta los recursos utilizados durante el 2013 y el superávit específico de recursos comprometidos. Por lo tanto, el presupuesto no ejecutado corresponde al 1,8% de los fondos corrientes.
Si bien los ingresos totales de la UCR durante el año pasado fueron de 249.118 millones de colones, en realidad el dinero proveniente de los fondos corrientes sumó 202.722 millones de colones.
Considerando que la Contraloría General de la República hace referencia a la subejecución de un importante monto de los recursos provenientes del FEES por parte de las universidades de CONARE, es necesario aclarar que el gasto real generado por la UCR del año pasado (205.077 millones de colones) supera el recibido por nuestra institución de la partida del fondo mencionado (170.343 millones).
Evidentemente, estas cifras son muy diferentes a las que ofreció la señora contralora, al asegurar ante la subcomisión legislativa que la ejecución del FEES fue solo dos terceras partes.
Tal como sugiere la Contraloría General de la República y el presidente de la Comisión de Hacendarios, si se eliminara el porcentaje de recursos que supuestamente no utilizó la UCR el año pasado, nuestra institución perdería una cifra muy importante de fondos. Esto afectaría directamente nuestra oferta educativa, la acción social y la investigación. Reduciría drásticamente la posibilidad de mejorar el sistema de becas y afectaría nuestra capacidad de cumplir con el fideicomiso, la inversión en infraestructura, entre otros.
Todo ello dificultaría que nuestra institución continúe ocupando puestos de honor entre 21 mil universidades en todo el orbe. Basta recordar que la UCR se encuentra en el lugar 21 en América Latina y en el 580 de la clasificación mundial, según el sitio Webometrics.
De esta forma, la Universidad de Costa Rica garantiza a los costarricenses que el dinero que recibe del FEES es utilizado en su totalidad, y que es fundamental para mantener esa calidad y continuar con el aporte de conocimiento e investigación que tanto beneficia a todos los habitantes, quienes a su vez nos agradecen atribuyéndonos los primeros puestos de confianza entre las instituciones que influyen en la vida social de los costarricenses.
Información circulada por la rectoría de la Universidad de Costa Rica.