Ir al contenido principal

Etiqueta: recorte presupuestario

Liga Cívica Nacional convoca a defender el ICE, la CCSS, la educación, la cultura y el Poder Judicial: “¡Nos vemos en las calles!”

La convocatoria incluye la presencia en las barras del Plenario este lunes 19, la marcha del martes 20 desde la Fuente de la Hispanidad y una vigilia frente a la Asamblea Legislativa.

La Liga Cívica Nacional, por medio de su campaña “Defendamos el ICE”, convocó a una serie de actividades en la Asamblea Legislativa y en las calles de San José para estos días en que se discuten los recortes presupuestarios y el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Hoy lunes 19: a las barras del Plenario

La primera convocatoria fue para este lunes 19 de octubre a las 3:00 p. m., en las barras del Plenario de la Asamblea Legislativa, para seguir de cerca la sesión legislativa en una semana decisiva para el presupuesto y para la discusión del proyecto eléctrico.

Martes 20: marcha y vigilia

La actividad principal será mañana, martes 20 de octubre:

  • 9:00 a. m., marcha: salida desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa.

  • 2:00 p. m., vigilia: frente a la Asamblea Legislativa.

La marcha coincide con la convocada por el CONARE y las universidades públicas en defensa de la educación universitaria, y con la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, a la que se han sumado organizaciones como RENASES y FESITRAES.

Las causas de la convocatoria

La Liga Cívica Nacional agrupa bajo una misma convocatoria varias defensas:

  • El ICE y su modelo solidario: “¡No al Proyecto de Armonización (23.414)!”. La organización rechaza el expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, que según los movimientos que se le oponen debilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad y abriría el sistema eléctrico a intereses privados.

  • La educación superior: “En defensa de una educación superior pública, gratuita, inclusiva, justa y de calidad”, frente a los recortes propuestos al presupuesto de las universidades públicas.

  • La CCSS y la seguridad social: “En defensa de la CCSS y de nuestra seguridad social”.

  • La cultura: “Defendamos el presupuesto del sector cultura… ¡La cultura se cuida, no se recorta!”.

  • El Poder Judicial: “En defensa del presupuesto del Poder Judicial y del respeto a la división de poderes”.

Con estas consignas, la Liga Cívica Nacional se suma a las voces que en los últimos días han llamado a unir las distintas luchas en una movilización común frente a los recortes presupuestarios y en defensa de las instituciones públicas.

RENASES: “Un golpe a las universidades públicas es un golpe para las familias más humildes”

La Red Nacional de Sectores Sociales llama a sus organizaciones a sumarse este martes 20 de octubre a la marcha en defensa de la educación pública.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) emitió un pronunciamiento el 17 de octubre de 2026, dirigido a la ciudadanía costarricense y a las diputaciones de la República. En él rechaza los recortes al presupuesto de las universidades públicas que se discuten en la Asamblea Legislativa y advierte que su impacto recaería sobre todo en las familias de menores ingresos.

“¿Sabía usted que la mayor parte de los estudiantes de las universidades públicas de Costa Rica pertenecen a las familias menos adineradas del país?”, plantea el documento. Según RENASES, reducir el presupuesto de la educación superior significa perjudicar a casi 137.000 hogares, a los que se suman más de 21.000 hogares cuyos familiares trabajan en alguna de las cinco universidades públicas como docentes o personal administrativo.

El pronunciamiento lo ilustra con un ejemplo: una joven de Limón, de Nicoya o de Sarapiquí que sueña con ser ingeniera y es la primera de su familia en llegar a la universidad. “No tiene que irse a San José ni pagar lo que no puede, porque la universidad pública llegó a su región. Ese sueño hoy está en peligro”.

Lo que está en juego

De acuerdo con RENASES, las diputaciones del partido de gobierno, Pueblo Soberano, proponen quitar unos ₡26.000 millones a las universidades públicas. Según han advertido las rectorías, eso significaría:

  • TEC, Limón: el cierre de la sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en Limón.

  • UNA, 417 cupos: la pérdida de 417 cupos de ingeniería de la Universidad Nacional en Nicoya, Liberia, Coto y Sarapiquí.

  • UNED, nuevo ingreso: que la Universidad Estatal a Distancia no pueda recibir a nuevos estudiantes.

  • UCR, Paraíso: la afectación de la sede de la Universidad de Costa Rica en Paraíso y de las olimpiadas de matemáticas para colegiales.

El documento señala que esto ocurre cuando el presupuesto universitario ya viene congelado. Las diputaciones oficialistas respaldarían la propuesta del Gobierno de no dar aumento (0 %) a las universidades en 2027. Según RENASES, eso incumple la Constitución Política, porque el principal referente para el ajuste es la inflación, que en setiembre de 2026 fue de 0,34 %. “En otras palabras, no aumentar los recursos es en realidad rebajarlos, por la pérdida del valor adquisitivo del dinero”, advierte.

“¿De verdad no hay plata?”

RENASES recuerda que la Constitución establece que el país debe invertir al menos el 8 % de su riqueza en educación. Según el pronunciamiento, hoy el gobierno de Laura Fernández invierte el 4,9 %, cuando hace menos de diez años se invertía más del 7 %. “La educación no es la que gasta de más: es la que se ha ido quedando atrás”.

El documento añade que, según el propio Ministerio de Hacienda, el Estado deja de cobrar cerca de ₡4 billones al año entre evasión, elusión e impuestos que no se pagan. “La plata existe. Lo que falta es la decisión de ir a buscarla donde está, y no en las aulas”.

“No nos van a dividir”

La red rechaza que se enfrente a unas instituciones o sectores con otros. “No se trata de la UCR contra la UNED, ni de las universidades contra las pensiones de los maestros, ni de la escuela contra la universidad. La educación pública es una sola, desde el kínder hasta el título universitario. Es la escalera que ha permitido a miles de familias costarricenses salir adelante. Quitarle un escalón es dejar a alguien abajo”.

RENASES sostiene además que los países que más avanzan lo han hecho fortaleciendo la educación y sus centros de investigación. En Costa Rica, esos centros están en las universidades públicas, por lo que golpearlas también desarticula la investigación, “un motor de desarrollo indispensable”.

Las demandas

RENASES pide:

  1. Que las diputaciones rechacen todos los recortes a la educación superior.

  2. Que el Gobierno cumpla lo que firmó y lo que ordenó la Sala Constitucional: destinar el 8 % a la educación pública, incluida la universitaria.

  3. Que se honre la Constitución Política aumentando el presupuesto de las universidades públicas al menos según el índice de inflación de 2026.

Qué puede hacer la ciudadanía

El pronunciamiento recuerda que las diputaciones votan en estos días: la Comisión de Asuntos Hacendarios decide antes del 20 de octubre y el presupuesto final se aprueba a más tardar el 29 de noviembre. Invita a la ciudadanía a compartir el mensaje, escribir a las diputaciones de su provincia y conversar sobre el tema en la casa, el trabajo y la comunidad.

A la calle este martes 20

RENASES convoca a todas las organizaciones que la integran a sumarse a la Gran Marcha Nacional en defensa de la educación pública, convocada por las universidades públicas. “Ese día vence el plazo de la Comisión de Hacendarios para votar los recortes: nuestra presencia en la calle importa”.

  • Cuándo: martes 20 de octubre de 2026, 9:00 a. m.

  • Salida: Fuente de la Hispanidad, San Pedro de Montes de Oca.

  • Destino: Asamblea Legislativa, Cuesta de Moras.

La marcha también se replicará en otros puntos del país. “Llegue con su organización, su bandera y su gente. Defender la universidad pública es defender a las familias trabajadoras de todo el país”.

El pronunciamiento cierra con la consigna: “Porque la educación pública no es un gasto. Es el presente y futuro de nuestros hijos y nuestras hijas”.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)
Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Convocan a Gran Marcha Nacional por la educación, el agro, la cultura y los derechos sociales este martes 20 de octubre

“¡Distintas luchas, un mismo país!”: la jornada incluye marchas desde diversos puntos del país, un encuentro nacional en la Plaza de la Democracia y una vigilia de cierre.

Para el martes 20 de octubre se convoca a una Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, con el lema “¡Distintas luchas, un mismo país!”. La convocatoria llama a frenar “los recortes que afectan nuestro presente y futuro” y a trabajar “por una Costa Rica más justa, solidaria y democrática”.

Programa de la jornada

  • 9:00 a. m.: salida de las marchas desde diversos puntos del país.
  • 11:00 a. m.: gran encuentro nacional en la Plaza de la Democracia, en San José.
  • Hasta las 6:00 p. m.: jornada de participación con expresiones culturales y cierre con una gran vigilia.

Las luchas que convergen

La convocatoria reúne las demandas de distintos sectores:

  • educación pública y universidades;
  • agro y producción nacional;
  • derechos sociales y protección de la niñez;
  • personas con discapacidad, personas adultas mayores y cuidados;
  • trabajo y empleo digno;
  • ambiente y territorios sostenibles;
  • salud pública;
  • cultura y patrimonio;
  • pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes;
  • desarrollo de las regiones;
  • soberanía frente al acuerdo transpacífico;
  • todos los sectores de la sociedad.

Contexto

La convocatoria coincide con la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública que el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convocó para ese mismo día. Esa marcha saldrá a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa, en las inmediaciones de la Plaza de la Democracia. Las dos se enmarcan en la discusión legislativa de los recortes presupuestarios.

En los últimos días, distintas instancias se han pronunciado contra esos recortes:

  • La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) llamó a una movilización unitaria y a articular esfuerzos con otros sectores en defensa de lo público.
  • El Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que su Centro Académico de Limón podría cerrar si se aprueba la reducción de ₡492,9 millones.
  • El Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica rechazó la moción 104-1, que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso.

Organizaciones del sector agropecuario y de otros sectores sociales también se han movilizado contra la adhesión de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que es otra de las causas de la convocatoria.

CONARE convoca a marcha en defensa de la educación universitaria pública y sus sedes regionales

La marcha saldrá a las 9:00 a. m. de la Fuente de la Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa. Los recortes en discusión afectarían, entre otras, a la sede del TEC en Limón y al Recinto de Paraíso de la UCR.

El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) convoca a estudiantes, a toda la comunidad académica, a las personas graduadas, a las familias y a la ciudadanía en general a la Marcha en Defensa de la Educación Universitaria Pública. Se realizará el martes 20 de octubre de 2026, con salida a las 9:00 a. m. desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa.

“La educación universitaria pública transforma vidas, abre puertas a miles de jóvenes, impulsa a las comunidades y contribuye al desarrollo de Costa Rica”, señala la convocatoria. CONARE afirma que sus beneficios llegan a las familias, a las personas estudiantes y graduadas, a los sectores productivos y a toda la sociedad. Agrega que es necesario “sumar nuestras voces y pasos para defender estas oportunidades y garantizar que las futuras generaciones también puedan acceder a ellas”.

La invitación pide participar “con respeto y responsabilidad, fortaleciendo los valores democráticos que distinguen a Costa Rica”.

El caso del Centro Académico de Limón del TEC

Como parte del contexto de la convocatoria, se dio a conocer la advertencia de la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez. Ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, durante la discusión del segundo presupuesto extraordinario, la rectora advirtió sobre un posible cierre técnico e inmediato del Centro Académico de Limón, pues su operación depende de una legislación especial y no del uso de un fideicomiso que administra el desarrollo de infraestructura y otras inversiones educativas de la institución.

Según expusieron las autoridades del TEC:

  • Monto del recorte: el Ministerio de Hacienda y la propuesta del Poder Ejecutivo plantean una reducción de ₡492,9 millones destinados a la operación del Centro Académico de Limón.
  • Impacto inmediato: sin esos fondos, la sede no tendría financiamiento para operar en octubre, noviembre y diciembre.
  • Población afectada: el cese de operaciones perjudicaría a cerca de 400 estudiantes matriculados y a 30 personas funcionarias académicas y administrativas.
  • Riesgo legal: la interrupción forzada de las carreras comprometería los derechos del estudiantado en formación, lo que podría generar demandas contra el TEC y el Estado por incumplimiento de la oferta académica.
  • Desarrollo regional: la pérdida de presencia territorial limitaría las oportunidades de formación universitaria y de desarrollo social en la provincia de Limón. También afectaría los planes de expansión del TEC hacia la Región Brunca previstos para los próximos años.

La UCR rechaza la moción que eliminaría el presupuesto del Recinto de Paraíso

A esta situación se suma el manifiesto CASR-43-2026 del Consejo de Área de Sedes Regionales de la Universidad de Costa Rica (UCR). El Consejo expresa su “más enérgico, categórico e irrestricto rechazo” a la moción 104-1 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. Según el manifiesto, esa moción plantea eliminar el presupuesto que garantiza el financiamiento del Recinto de Paraíso, de la Sede del Atlántico de la UCR, y ese presupuesto tiene sustento en una ley específica.

“No estamos ante una simple modificación de partidas presupuestarias”, advierte el Consejo. Se trata de una decisión que puede comprometer las condiciones para garantizar el derecho a la educación superior pública, debilitar la presencia universitaria en los territorios y profundizar desigualdades históricas en el acceso a la formación universitaria. Según el manifiesto, la medida pondría en riesgo la continuidad de los procesos académicos y las oportunidades de cientos de estudiantes.

El manifiesto subraya que el Recinto de Paraíso “no es un gasto prescindible”, sino una expresión concreta del compromiso de la universidad con la democratización del conocimiento, la movilidad social y el desarrollo regional. “Las sedes regionales no son periféricas para el desarrollo nacional. Son fundamentales para hacerlo posible”, afirma. Señala también que la existencia de una ley específica que respalda ese financiamiento exige que cualquier intento de modificarlo se examine “con la mayor responsabilidad, transparencia y rigurosidad”.

El Consejo de Área de Sedes Regionales exige:

  1. El rechazo de la moción 104-1, de modo que no se elimine el presupuesto del Recinto de Paraíso.
  2. El respeto al marco legal que respalda su financiamiento.
  3. La protección de los recursos destinados a las sedes regionales, por su papel en la democratización del acceso a la educación superior y en la reducción de las desigualdades territoriales.
  4. La apertura de espacios de diálogo con las autoridades universitarias, para que la discusión presupuestaria considere los efectos sobre el estudiantado, el personal y las comunidades.
  5. El compromiso de las instancias legislativas con una educación superior pública accesible, inclusiva, de calidad y presente en todas las regiones del país.

“Defender el presupuesto del Recinto de Paraíso es defender a sus estudiantes, a sus comunidades y el futuro de la educación superior pública. Es defender el principio de que el lugar de procedencia no debe determinar las oportunidades de formación, crecimiento y desarrollo de las personas”, concluye el manifiesto.

Con esta marcha, las universidades públicas se suman a las voces que en los últimos días han cuestionado los recortes presupuestarios en discusión. Entre ellas está la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), que llamó a una movilización universitaria unitaria frente a la Asamblea Legislativa.

FESITRAES llama a la movilización y propone un paro universitario frente a los recortes al FEES

La federación sindical de las universidades públicas critica la estrategia de CONARE para defender el FEES y pide una alianza nacional en defensa de las instituciones públicas.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) emitió un comunicado público. Expresa su “más enérgico rechazo” a las mociones de recorte presupuestario que se discuten en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Rechaza también los recortes al Ministerio de Educación Pública (MEP), a la salud y a los programas sociales dirigidos a la niñez y la primera infancia.

La federación, que articula a las organizaciones sindicales de las universidades públicas, sostiene que la defensa de esas universidades “es inseparable de la defensa de la educación pública en todos sus niveles, los servicios públicos, la salud, los derechos laborales y la justicia social”.

Recortes al FEES y deuda acumulada

Según FESITRAES, las propuestas en discusión contemplan un recorte de aproximadamente ₡26.000 millones en el presupuesto universitario de 2027. Además, se afectarían recursos del año en curso y se desconocerían compromisos sobre los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuya deuda acumulada se estima en ₡64.000 millones.

La federación advierte que, de concretarse estos recortes, se debilitarían las sedes regionales y se reducirían las oportunidades de ingreso del estudiantado. También se afectarían los programas académicos, la investigación, la extensión y la acción social, y quedarían en riesgo la estabilidad laboral y el funcionamiento institucional. “Lo que está en juego es el derecho del pueblo costarricense a una educación superior pública, accesible, de calidad y comprometida con el desarrollo nacional”, señala el comunicado.

Críticas a la estrategia de CONARE

El comunicado sostiene que desde hace años se advertía que la estrategia del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para negociar y defender el FEES “conducía a la derrota”. A juicio de la federación, los esfuerzos de negociación y de gestión legislativa no han logrado garantizar los recursos necesarios. Añade que la experiencia de los últimos tres gobiernos muestra que los compromisos institucionales pueden quedar sin cumplir cuando no hay suficiente movilización y presión social.

“La vía del diálogo no puede seguir siendo una estrategia de espera”, afirma FESITRAES, y agrega que CONARE “debe comprender que no basta con negociar, emitir comunicados o confiar en la voluntad política de quienes promueven los recortes”.

La federación señala que la división interna en CONARE ha profundizado la derrota en la lucha por un FEES justo y en la articulación con el Magisterio Nacional. A su juicio, esa división es “una trampa del Gobierno en la que han caído las rectorías, en mayor o menor medida”. Pide a las rectorías articular con otros sectores, como la CCSS y el ICE, porque, según la federación, el Gobierno busca debilitar a todas las instituciones que han tenido un papel primordial en el desarrollo del país.

FESITRAES reclama también transparencia: todas las comunidades universitarias deben conocer las estrategias de defensa del FEES, la situación interna de las instituciones y la gestión de los recursos que realizan las distintas administraciones. “El país navega sobre aguas turbulentas. Si el barco se hunde, se hunde completo, incluidas las universidades públicas”, advierte el comunicado.

Las acciones que propone FESITRAES

Bajo la consigna “De la preocupación a la movilización”, la federación convoca a la lucha permanente mediante cinco acciones:

  1. Movilización universitaria fuerte y unitaria: concentraciones conjuntas de las comunidades de las cinco universidades públicas (estudiantado, personal docente y administrativo y organizaciones sindicales) frente a la Asamblea Legislativa y en las distintas sedes universitarias del país, para exigir la restitución de los recursos.

  2. Paro de las comunidades universitarias: impulsar un paro en defensa del financiamiento de las instituciones públicas, de la educación pública en todos sus niveles y del modelo del FEES.

  3. Una postura firme de CONARE y las rectorías: que las autoridades universitarias vayan más allá de la negociación en la Comisión de Enlace y en la Asamblea Legislativa, y se sumen a la organización, convocatoria y acompañamiento de las movilizaciones.

  4. Una alianza nacional en defensa de lo público: articular esfuerzos con el Magisterio Nacional, el Poder Judicial, la CCSS, el ICE, las organizaciones sindicales, los movimientos estudiantiles y los sectores que enfrentan políticas de recorte, privatización y debilitamiento de los servicios públicos.

  5. Retiro de las mociones de recorte y fortalecimiento del presupuesto educativo: respeto del financiamiento constitucional de la educación pública, cumplimiento de los acuerdos de financiamiento universitario y pago de los fondos postergados del FEES. La federación pide además exigir el 8 % del PIB para la educación pública.

El comunicado concluye que las garantías sociales, las empresas estatales que prestan servicios públicos, la educación pública y las universidades públicas son “conquistas históricas construidas con el esfuerzo de generaciones y mediante la lucha social”. También llama a construir “una unidad popular de sectores sociales, estudiantiles, sindicales y universitarios”.

Puede descargar el comunicado original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/2026-10-16-FESITRAES-defensa-de-la-institucionalidad-publica.pdf

¡Indignémonos!

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana que termina no podría ser diferente a este año de ruptura civilizatoria que nos tocó vivir.

En el mundo, la peor pesadilla política que registre la historia democrática contemporánea se ha manifestado contrariada por el no otorgamiento del Premio Nobel a su persona, dado el altruismo con que decide asesinar un día sí y otro también a poblaciones inocentes en todo el planeta.

Faltaba más que ese Nobel se lo otorguen algún día dados sus atributos manifiestos en “búsqueda de la paz mundial”.

En Francia lo mismo que en Argentina, España y Albania, los estudiantes han salido a las calles a manifestar su descontento e indignación por el deterioro en la educación pública, la crisis de financiamiento y la mala disposición de la infraestructura educativa. La respuesta ha sido la represión y la criminalización de la protesta.

En una historia que parece repetirse 15 años después, la indignación parece ser el motor que impulsa a estas generaciones a rebelarse contra su propio destino. Sus luchas materiales van hoy de la mano por la reivindicación de los derechos más elementales, como el derecho a tener una educación de calidad.

Hoy, como ayer, son los jóvenes quienes salen a contradecir la historia.

En un contexto más cercano, más local, la más aguda de las paradojas ha ocurrido en Costa Rica en cuestión de horas.

Como si se tratara de la teatralización de una escena de mal gusto, el gobierno costarricense inauguró un centro para privados de libertad siguiendo el pésimo guion de autoritarismos cercanos. La megacárcel es el proyecto estrella de una administración que apenas con cinco meses de funcionamiento ha mostrado una trayectoria errática y preocupantemente populista.

Pero al mismo tiempo, anuncia de forma contundente el recorte al presupuesto de la educación superior pública que provocaría cierre de sedes regionales, disminución de becas estudiantiles y el colapso institucional universitario a corto plazo.

Sí. Todo está al revés. Y asistimos a esta hora cargados de incertidumbre. El camino de la indignación empieza por indignarnos para que luego aparezca lo demás.

Pero hay que hacerlo.

Si estos anuncios provenientes desde el oficialismo costarricense no indignan y provocan la movilización, ya nada lo hará.

Feministas en Resistencia pide a la Defensoría investigar el recorte de ¢40.000 millones a CEN-CINAI por su impacto en niñez, mujeres y familias

La colectiva Feministas en Resistencia presentó ante la Defensoría de los Habitantes de la República una solicitud formal de intervención y seguimiento ante la reducción presupuestaria aplicada a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) durante el ejercicio presupuestario 2026.

Según indica el documento, dirigido a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, la preocupación de la colectiva surge a partir de la aprobación del primer presupuesto extraordinario de la República correspondiente a 2026, mediante el cual se aplicó una reducción de ₡40.000 millones al presupuesto destinado a CEN-CINAI. La organización solicita que esta decisión sea analizada desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que permita determinar si la reducción puede afectar la continuidad, cobertura, calidad y accesibilidad de los servicios dirigidos a la primera infancia y a las familias que dependen de ellos.

Los CEN-CINAI como política de protección social

La carta señala que los CEN-CINAI constituyen una política pública fundamental para la protección integral de la primera infancia y la prevención de las desigualdades sociales, cuyos servicios no se limitan a la entrega de alimentos, sino que incluyen nutrición preventiva, atención y protección infantil, promoción del desarrollo integral, educación, acompañamiento a las familias y atención a mujeres embarazadas, madres adolescentes y mujeres en período de lactancia. Según el documento, la red cuenta con 647 establecimientos en el territorio nacional y brinda servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas, además de atender a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El impacto diferenciado sobre las mujeres

La colectiva sostiene que es indispensable incorporar la perspectiva de género al análisis de las decisiones presupuestarias relacionadas con los servicios de cuidado y atención de la primera infancia, señalando que, en Costa Rica, las responsabilidades de cuidado continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen de forma particularmente significativa sobre las mujeres. Advierte que cuando los servicios públicos de cuidado se reducen, existe el riesgo de que dichas responsabilidades sean trasladadas nuevamente a los hogares y, dentro de estos, principalmente a las mujeres.

Derechos de la niñez y principio del interés superior

El documento invoca el artículo 51 de la Constitución Política, que establece la obligación de brindar protección especial a la familia y particularmente a la madre y la persona menor de edad; el artículo 55, sobre la protección especial a cargo del Patronato Nacional de la Infancia; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley N.° 7184; y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.° 7739), que desarrolla el principio del interés superior de la persona menor de edad.

Impacto en mujeres jefas de hogar

La colectiva señala especial atención al impacto que una eventual reducción en la cobertura de los servicios de CEN-CINAI puede generar sobre las mujeres jefas de hogar, para quienes el acceso a estos servicios puede determinar sus posibilidades de trabajar, estudiar, buscar empleo o desarrollar actividades productivas.

Solicitud de intervención

La colectiva formula diez peticiones concretas a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas: abrir una investigación o expediente de seguimiento sobre los efectos de la reducción presupuestaria; solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Nacional de CEN-CINAI información detallada sobre el impacto de dicha reducción; determinar si se realizaron evaluaciones de impacto sobre los derechos de las personas menores de edad; valorar el impacto diferenciado sobre las mujeres; solicitar información sobre la situación específica de los CEN-CINAI en comunidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social; determinar si la decisión presupuestaria contó con mecanismos de planificación y mitigación de impactos; formular recomendaciones a las instituciones responsables en caso de identificarse afectaciones a derechos fundamentales; valorar recomendar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de CEN-CINAI; incorporar expresamente la perspectiva de género en el análisis; y ser informada sobre las actuaciones y recomendaciones que se adopten a partir de la gestión.

Petitoria final

La colectiva concluye que el presupuesto público expresa prioridades sociales, y que defender los CEN-CINAI significa defender el derecho de las niñas y los niños a recibir atención integral, el derecho de las familias a contar con servicios públicos de apoyo, y el derecho de las mujeres a no cargar individualmente con responsabilidades de cuidado que deben ser asumidas corresponsablemente por la sociedad y el Estado. Por ello, solicita a la Defensoría de los Habitantes que dé seguimiento a esta situación desde una perspectiva integral de derechos humanos, género, niñez, igualdad y corresponsabilidad social del cuidado.

Firmantes — Feministas en Resistencia

  1. Rocío Abarca Sánchez
  2. Yolanda Bertozzi Hernández
  3. Sylvia Ester Muñoz Mata
  4. Larissa Arroyo Navarrete
  5. Nora Gómez Mora
  6. Felicia Torres
  7. Rocío Abarca Sánchez
  8. Johanna Obando Bonilla
  9. Nia Salas Gómez
  10. Rosa H. Anca H.
  11. Vivian Solís Espinoza
  12. Ana Leonor Ramírez Montes
  13. Lorena Villalobos Varela
  14. María Amalia Matamoros Landazuri
  15. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

Con copia a: Ministerio de Salud, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Hacienda, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres y Asamblea Legislativa de la República.

Puede descargar la carta completa aquí: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-02-Solicitud-de-intervencion-sobre-el-presupuesto-de-CEN-CINAI.pdf

Un ajuste que profundiza la desigualdad social

Comunicado de BUSSCO

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) respalda el llamado de la RIETCU y rechaza categóricamente el presupuesto extraordinario que recorta ₡70.000 millones a programas de cuido, votado en primer debate con los votos de la fracción oficialista y con 24 votos en contra de PLN, Frente Amplio, PUSC y la CAC.

Este recorte se suma a una tendencia sostenida de desmantelamiento de la inversión social: solo la inversión del IMAS cayó un 8,5% entre 2021 y 2025. Ahora se golpea a los CEN-CINAI (28,7% de su presupuesto anual) y se deja a 2.400 familias sin acceso al bono de vivienda del BANHVI. No es austeridad técnica: es una decisión política que sacrifica a la niñez, la vejez y las mujeres trabajadoras para sostener un modelo económico que nunca recorta privilegios, solo derechos.

El derecho al cuido es un derecho humano autónomo, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 31 de 2025. Recortarlo es un retroceso inaceptable frente al principio de progresividad.

Llamamos a las organizaciones sociales, sindicales y comunales a movilizarse para rechazar este ajuste que carga sobre las poblaciones más desprotegidas el costo de la crisis fiscal.

No al recorte. Sí a la vida y al cuido como derecho.

El presupuesto como látigo: la encrucijada de la democracia costarricense

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Por Bernardo Archer Moore
Cahuita, Talamanca

La reciente advertencia de la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, sobre la inviabilidad del recorte presupuestario del 5% impulsado por el Poder Ejecutivo no debe interpretarse como una simple discusión sobre números. Lo que realmente está en juego es la fortaleza de la democracia costarricense.

La Contraloría General de la República, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones constituyen los principales contrapesos del poder político. Su función no es respaldar al gobierno de turno, sino garantizar la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cuando estas instituciones son debilitadas mediante recortes presupuestarios, quienes terminan pagando el costo son los ciudadanos. Una Contraloría con menos recursos reduce su capacidad para fiscalizar el uso de los fondos públicos y prevenir actos de corrupción.

Un Poder Judicial limitado financieramente incrementa la mora judicial, mientras que una Sala Constitucional saturada tarda más en resolver recursos de amparo y otros procesos que protegen los derechos de las personas y de las comunidades.

La historia demuestra que una de las formas más eficaces de concentrar poder no consiste en eliminar las instituciones de control, sino en reducir progresivamente su capacidad de funcionamiento. Sin recursos suficientes, estas instituciones pierden eficacia, aumenta la frustración ciudadana y luego resulta fácil desacreditarlas como organismos lentos e ineficientes.

Ese es el verdadero riesgo que enfrenta Costa Rica.

La austeridad fiscal es necesaria cuando responde a criterios técnicos y de eficiencia. Sin embargo, deja de ser una política responsable cuando se convierte en un mecanismo para debilitar la independencia de los órganos encargados de controlar al propio Estado.

La ciudadanía debe comprender que defender el presupuesto de estas instituciones no significa proteger privilegios burocráticos. Significa preservar los mecanismos que garantizan elecciones limpias, justicia oportuna, combate a la corrupción y respeto por el Estado de Derecho.

El presupuesto nunca debe utilizarse como un látigo político. Cuando los recursos públicos se emplean para presionar o limitar a los órganos de control, quienes finalmente pierden no son las instituciones, sino todos los costarricenses.

Una democracia sólida no se mide únicamente por la celebración periódica de elecciones, sino por la independencia y fortaleza de las instituciones que limitan el poder. Debilitarlas hoy puede tener consecuencias que lamentaremos durante muchos años.

Contraloría sostiene que recorte presupuestario comprometería la fiscalización y propone alternativas al Gobierno

La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.

En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.

Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.

La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.

Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.

Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.

En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.

Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.

La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.

La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.