Habitantes del territorio indígena China Kichá, alzan la voz de solidaridad en defensa de La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), bajo el contundente lema: «¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!».
En un mensaje emitido desde este territorio, Maureen Obando Ríos enfatiza que la existencia de La Caja y el seguro social es vital para su comunidad, ya que si no existiera, no tendrían los recursos para acceder a la salud a través de clínicas privadas o medicamentos. Expresa que La Caja tiene un papel fundamental relacionado a proporcionar medicamentos, referencias médicas y exámenes profundos, contribuyendo así a una mejor calidad de vida para los habitantes. Por otra parte, Mariana Obando Ríos subraya que La Caja brinda servicios que son imprescindibles para su bienestar, asegurando que sin estos servicios no estarían bien atendidos.
También, Tomás Zuñiga Fernández expone la vulnerabilidad que enfrentaría la comunidad indígena en caso de que La Caja no existiera, ya que esta institución tiene una importancia vital para las personas mayores, niños y mujeres embarazadas. Desde su testimonio, la existencia de La Caja es crucial para su acceso a servicios médicos, ya que dependen del seguro proporcionado por el estado.
Maureen Obando finaliza añadiendo que los médicos incluso visitan las escuelas para atender a los niños, lo que hace a La Caja tener un papel crucial no sólo para su comunidad, sino para todo el país. Afirma que en lugar de debilitarse, La Caja debe ser fortalecida.
Este mensaje de solidaridad y defensa de la CCSS proviene del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) para comunicar la preocupación por la constante amenaza que enfrenta el seguro social en el país, tanto por parte del gobierno actual como por gobiernos anteriores.
Dentro del Patrimonio Natural del Estado se encuentran las zonas costeras. Técnicamente conocida como Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es una franja de 200 metros definida a partir de la línea de marea alta. Los primeros 50 m desde el mar son Zona Pública y los restantes 150 m como Zona Restringida.
En este boletín se encontrará información sobre la situación actual de la Zona Marítima Terrestre, que se encuentra bajo alta presión por los intereses comerciales de todo tipo, que pretenden capitalizar el paisaje, la ubicación estratégica y los recursos en esta franja de dominio público.
El contenido se orienta por las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en junio sobre el tema energético con las presentaciones de Ethel Araya de la Asociación Cívica Nosara, Luis Monge de Ríos Vivos y FECON, además de Arturo Silva, representante de la agencia de investigación AlbaSud.
Se adjunta boletín, tanto en su versión en español como en inglés.
Estudiantes, funcionarios y autoridades del Recinto de Paraíso de la Universidad de Costa Rica (UCR) celebraron este 20 de agosto el apoyo brindado por la Asamblea Legislativa para garantizar los recursos económicos que hacen posible su sostenibilidad.
A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.
No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.
El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.
Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.
Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.
Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.
*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/
La falta de liquidez comunicada por el Poder Ejecutivo coloca a las universidades públicas – y en particular a la Universidad de Costa Rica (UCR) – en una incógnita financiera de cara al presupuesto del próximo año, el cual deberá presentar la Rectoría al Consejo Universitario el próximo 26 de agosto.
Según el gobierno central, como ha trascendido en la prensa nacional, la escasez de recursos puede complicar el cumplimiento del mandato constitucional, el cual establece el 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educación. Esta incertidumbre ha provocado que no exista al día de hoy ningún planteamiento específico sobre el FEES del próximo año, lo cual causa inquietud en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que espera una pronta definición del presupuesto para 2018.
«No tenemos un avance concreto en la negociación del FEES. Estamos en incertidumbre financiera. No contamos aún con una oferta clara por parte del gobierno, por lo que esperamos que se intensifiquen en frecuencia y profundidad las negociaciones en la Comisión de Enlace. El Poder Ejecutivo ha sido transparente al mencionar que se encuentra en una situación de bajos ingresos que dificulta hacer los giros correspondientes», explicó el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen.
Estos atrasos en el giro del FEES ya han golpeado las finanzas actuales de las instituciones públicas de educación superior. La UCR reporta una demora tanto de los recursos provenientes del fondo como de otras fuentes de financiamiento procedentes del Ejecutivo, según informó el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya.
«De acuerdo con lo establecido en el convenio del FEES, este se gira en treceavos: en el mes de enero se giran dos cuotas y después uno por mes. La costumbre es que los treceavos se giren el día 10 de cada mes. Hacemos el flujo de caja con proyecciones de esa fecha. Hemos tenido pequeños atrasos de un día, pero en julio tuvimos una demora de cuatro días por parte de la Tesorería Nacional, que posteriormente solicitó cuatro días más. Además hemos sufrido atrasos en el depósito de recursos más allá del FEES, como los establecidos por ley para el recinto de Paraíso», expresó el Dr. Araya.
El vicerrector además subrayó que ante estos atrasos, la Tesorería Nacional ha establecido algunas regulaciones a cambio del envío de esos fondos, como la solicitud de información financiera hecha a nuestra institución. Ante esto, la UCR ha respondido que estos recursos deben enviarse de manera paralela y simultánea al FEES, sin requisitos nuevos adicionales.
Una de las instancias universitarias afectadas por esos atrasos de presupuestos fuera del FEES ha sido el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual lleva varios meses a la espera de la cancelación proveniente del porcentaje que por ley le corresponde del impuesto a los combustibles. A la fecha, el gobierno ha dicho que girará los fondos de manera parcial, de acuerdo con el director del Lanamme, M.Sc. Alejandro Navas.
«Tenemos compromisos adquiridos y estos atrasos complican nuestras obligaciones financieras para el resto del año, aunque esto depende de cuánto se prolongue la demora. Nos han ofrecido girarnos solo el monto de planillas, de esta forma no comprometemos al personal, pero no podríamos seguir ejecutando las tareas que por ley le corresponde al Lanamme (como la fiscalización de las carreteras, ndr*); mientras tanto, el gobierno sí recauda el impuesto a los combustibles con cada vehículo que pasa por una gasolinera. Necesitamos una entrevista con el tesorero nacional para que nos explique cuáles serán las medidas por tomar», comentó el director de Lanamme.
La definición del monto para el FEES 2018 es básica para que el gobierno central defina el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario 2018, el cual debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre por la Asamblea Legislativa.
Mejorar el acceso y la calidad, aumentar los recursos para la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior público de Costa Rica, son los ejes prioritarios del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Universidad Nacional bajo el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior Estatal (PMES).
El PMI-UNA procura articular el quehacer institucional; define once iniciativas que conforman un conjunto integral y balanceado en términos de cobertura geográfica, beneficiarios, áreas académicas y áreas estratégicas de conocimiento. En cada iniciativa se invierte en infraestructura, mobiliario, equipo científico y tecnológico, becas de posgrado e intercambios académicos; inversiones que se orientan a fortalecer tanto las áreas vigentes así como las áreas emergentes, a saber: emprendimiento, educación permanente, cadena de abastecimiento y logística, radiaciones, innovación de los aprendizajes y de las artes, movimiento humano, terapias complementarias, cambio climático y humanismo; de igual manera, el PMI-UNA se orienta a mejorar la formación integral del estudiante y la gestión universitaria mediante la creación de un sistema de pertinencia y calidad.
Se hace especial énfasis en la formación de recursos humanos y en la edificación de infraestructura que permita crear las condiciones más apropiadas para el desarrollo académico: aulas, laboratorios de docencia e investigación, espacios para la innovación, y mayor capacidad para albergar las nuevas tecnologías de la información. Además, se contará con espacios que favorecerán el acceso y la permanencia en los distintos campus universitarios con la construcción de oficinas para los académicos, residencias, espacios para la recreación y jardines universitarios renovados.
Además, se ejecuta un Plan para Pueblos Indígenas Quinquenal e Interuniversitario (PPIQ), que favorece el acceso, permanencia y conclusión exitosa de los estudios universitarios de estudiantes de esta población, así como planes de gestión ambiental para cada obra constructiva.
El PMES se formuló en respuesta a lo acordado en el artículo 12 del Convenio del financiamiento del Fondo Especial de la Educación Superior 2011- 2015, donde se estableció el compromiso del Gobierno de la República de tramitar y financiar a favor de las instituciones que en su momento integraban el Consejo Nacional de Rectores, una operación de crédito por US$200 millones que se distribuyeron por partes iguales entre las universidades participantes.
Construir para la academia
Este rubro representa más de US$36.000.000 del préstamo que se complementan con US$10.925.616 de recursos institucionales, se construirán los siguientes edificios:
– Emprendimiento, educación permanente y cadena de abastecimiento y logística.
– Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
– Complejo para la innovación de los aprendizajes, las artes y la recreación.
– Nuevos procesos industriales, salud ocupacional, y ambiental y cambio climático.
– Movimiento humano y terapias complementarias.
– Centro de Estudios Generales
– Programas de pertinencia y calidad.
– Obras recreativas Campus Coto.
– Residencias y obras recreativas Campus Pérez Zeledón.
– Residencias y obras recreativas Campus Nicoya.
– Residencias y obras recreativas Campus Liberia.
– Residencias Sarapiquí.
Fuente: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional.
En números
– US$6.000.000 para compra de equipo científico y tecnológico.
– Alrededor de US$330.000 han financiado más de 160 intercambios académicos.
– La inversión para infraestructura es de US$36.000.000 del préstamo, que se complementan con US$10.925.616 de recursos institucionales.
– 35.700 m2 de nuevas aulas y laboratorios amueblados y equipados para la investigación, docencia extensión y la prestación de servicios a la sociedad.
– Al menos 30 funcionarios fueron becados para cursar estudios de doctorado.
II Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público (ELIS 2016)
Este 24 de noviembre, se llevó a cabo el II Encuentro Latinoamericano de Innovación Social desde el Sector Público (ELIS 2016) que busca generar espacios de diálogo, compartir buenas prácticas y generar recomendaciones para promover la innovación social en Costa Ricay en otros países de Latinoamérica. Asimismo, este evento estuvo dirigido al público en general, representantes de gobierno, academia, así como ONG´s o actores del emprendimiento social.
El evento se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Rectores CONARE.
Para la apertura de esta actividad, se contó con el mensaje de bienvenida de Ana Mercedes Botero, Directora Innovación Social de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y Asia quien por medio de Videconferencia mencionó la importancia de este espacio para el aprendizaje de nuevas prácticas que involucren a las personas para el diseño de soluciones a las problemáticas de sus comunidades, reunir esfuerzos para la innovación social, que ayuden a construir sociedades justas y más humanas en el contexto latinoamericano.
Por otra parte, el señor Javier Sandoval, Presidente de la Federación de Organizaciones Sociales-FOS rescató que desde esta federación se ha emprendido todo un proceso de reeducación, de innovación permanente buscando colaborar con el gobierno y generar nuevas formas de abordar las problemáticas que atañen al país, por lo cual se unen a este encuentro para seguir aprendiendo de las personas y gobiernos que han venido adelantándose en ese proceso de lucha y acciones en pro de un compromiso con el país y Latinoamérica: “ En Costa Rica existen por lo menos 6000 proyectos de innovación social, lo que suma un volumen muy apreciable de experiencias e impactos positivos que pueden ser compartidos. Hay que comprender que los emprendimientos no solo se dan en la esfera empresarial o los esfuerzos de subsistencia; un emprendimiento puede ser social porque tiene un impacto que supera lo económico. Cualquier organización que trabaje por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores o el ambiente… son esfuerzos con objetivos, metodología, un plan y evaluación de impacto. En el país estamos hablando de que hay más de 6000 organizaciones y si cada una tiene al menos un proyecto, sabemos que como mínimo hay 6000 iniciativas sociales, aunque una organización puede llegar a tener hasta tres o cuatro proyectos simultáneamente”, explicó Sandoval. Dentro de los temas puntuales que se abordarán, se encuentran conceptos como «economía circular» la cual plantea modelos para reutilizar los recursos generando un impacto ambiental muy bajo a través de modelos de negocio innovadores – concepto importante para lograr ciudades sostenibles – Otro concepto será el de «Inversión de impacto” el cual se refiere a un tipo de inversión donde lo más importante no es sólo generar beneficios económicos, sino que los recursos invertidos generen incidencia social y ambiental. Bajo este tipo de inversión, por ejemplo, en el mundo se están financiando emprendimientos sociales de diversas índoles, concluyó el Presidente de la FOS.
Para el Vicerrector de Extensión, Msc. Hernán Alvarado Ugarte, desde la Universidad Nacional, se busca formar estudiantes con una visión integral que genere y visualice conocimientos que contribuyan al bien de la sociedad mediante la docencia, extensión e investigación. Agregó que este encuentro contó con la participación de expertos nacionales e internacionales que participarán en foros de exposición de buenas prácticas, casos de éxito y lecciones aprendidas en la promoción, gestión y articulación de la innovación social a través de cuatro grandes temas con son: Emprendimiento Social, como una herramienta para el desarrollo local; Intervenciones locales, orientadas a la generación de ciudades inclusivas y sostenibles; Inversión de Impacto, como mecanismo de impulso a la Innovación social y la participación ciudadana como dinamizador de la innovación social.
Dr. Alberto Salom Echeverría. Rector de la UNA, inauguró el Encuentro, haciendo énfasis en que este tipo de actividades forman parte de una visión de la Universidad Pública, del Gobierno de Costa Rica y de Organizaciones Sociales en la que se busca dialogar y fortalecer la estructura de apoyo a la innovación social, los emprendimientos sociales y las empresas con impacto social como puntos clave para el desarrollo sostenible del país.
Para el Vicerrector, la innovación social modifica las interacciones sociales y las conduce a un estado de cooperación y solidaridad en búsqueda de un desarrollo integral con impactos positivos a escala social, ambiental y económica con el acompañamiento de las instituciones y gobiernos locales: “Rescatamos en este importante Encuentro que las distintas problemáticas existentes en América Latina se pueden abordar desde las ideas de la innovación social, así como de la necesidad de agruparnos en torno a un pensamiento constructivo, en la que la práctica de la innovación sea capaz de producir un cambio en las comunidades. En este sentido, desde este evento se ha tenido la oportunidad de recolectar experiencias, para crear un camino diferente, en la que la innovación produzca un impacto social, o sea una herramienta que ayude a producir sinergias en pro del desarrollo y además formas de distribuir el bien social”, manifestó Don Hernán Alvarado.
El Lic. Enrique Corriols, Asesor académico para la participación estudiantil de la Vicerrectoría de Extensión-UNA, dijo que este Encuentro Internacional ha contado con espacios de co-creación donde los expertos nacionales e internacionales han posibilitado generar sugerencias de mecanismos, acciones y política pública en el país, insumos que servirán para generar guías de buenas prácticas y recomendaciones para implementar la innovación social en Costa Rica y América Latina – guías que serán publicadas en el 2017.
Este Encuentro fue promovido por la Oficina de la Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría y recibió el apoyo del Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano, a través de la Mesa de Innovación Social y de la Universidad Nacional.
Ana Elena Chacón, Vicepresidenta de la República señaló que, por medio de estos eventos se fortalece la visión y creencia de muchos sobre la posibilidad del cambio para tener una proyección del futuro con ideas frescas y novedosas en este mundo globalizado en el cual estamos inmersos. También, es de suma importancia apoyar a quienes se esfuerzan por hacer algo distinto para afrontar las vicisitudes de la vida cotidiana, por lo cual la innovación social y la incidencia en políticas públicas ayudan al progreso de las sociedades: “el ELIS 2016 posiciona al país como referente en la región en temas de innovación social. Desde el Consejo Presidencial de Innovación y Talento Humano hemos venido dándole seguimiento a estos temas, además hemos sido el primer Gobierno que pone en su agenda formal, espacios de discusión y análisis sobre cómo promover y fomentar la innovación social en Costa Rica”, indicó la Vicepresidenta.
En este encuentro, gracias a la experiencia y las ideas de la juventud se busca una ruta de democracia respirando paz y justicia social, así como acceso a la información y educación que involucre a las y los ciudadanos y se espera de ELIS insumos para formar resultados que apoyen a los proyectos que se dan desde el sector público. Como Universidad es nuestro compromiso y deber apoyar estas iniciativas para procurar el cambio de la sociedad hacia mejores condiciones de vida.
Colaboración:
Gabriela Corrales Alfaro, Estudiante Sociología, UNA
Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA
Fotógrafo: Eliécer Berrocal Sánchez, Oficina de Relaciones Públicas, UNA
Enviado por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Consejo Nacional de Rectores, Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior – FEES –
CONARE informa a las comunidades universitarias y la comunidad nacional que, siempre en defensa de la autonomía universitaria y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hoy 19 de octubre, compartió con un grupo de diputados, su compromiso y voluntad de revisar estructura, monto y distribución del Fondo del Sistema, de manera que garantice equidad en la asignación de estos recursos entre las universidades que lo conforman.
Este compromiso considera:
Revisar la estructura y el monto del Fondo del Sistema para favorecer a las universidades con menor porcentaje del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES)
Revisar la distribución del Fondo del Sistema, para garantizar su finalidad de equidad y solidaridad con las universidades con menor porcentaje del FEES
Apoyar solidariamente a la Universidad Técnica Nacional (UTN) para obtener un crédito similar al del Banco Mundial para atender sus necesidades de inversión
Apoyar que la UTN sea homologada con las otras universidades en cuanto al impuesto de la renta
Concurrir a la Comisión Especial de Ingreso y Gasto Público para analizar el déficit o superávit de cada universidad
Los señores Rectores manifiestan su complacencia de que estas señoras y señores diputados reconocieran, al igual que lo hicieron desde un principio otros legisladores, los principios constitucionales que norman la fijación del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior y con ello ratificaran el acuerdo logrado entre CONARE y el Gobierno, así como la competencia constitucional del CONARE para acordar la distribución del FEES.
19 de octubre de 2016.
Alberto Salom Echeverría
Rector, Universidad Nacional
Presidente de CONARE
Henning Jensen Pennington
Rector, Universidad de Costa Rica
Julio César Calvo Alvarado
Rector, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Luis Guillermo Carpio Malavasi
Rector, Universidad Estatal a Distancia
Marcelo Prieto Jiménez
Rector, Universidad Técnica Nacional
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Librerías UNED – WordPress.com
Enviado a SURCOS Digital por Msc. Efrain Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Los diputados y asesores de la Asamblea Legislativa quedaron complacidos con las explicaciones sobre el uso de los fondos provenientes de la CNE para apoyar la RSN. Foto: Pablo Mora/Rectoría.
Diputados y asesores de la Asamblea Legislativa visitaron el viernes 5 de agosto las instalaciones de la de la Escuela Centroamericana de Geología (ECG) – donde se ubica la Red Sismológica Nacional (RSN) – para verificar el funcionamiento de la red. Los funcionarios legislativos también despejaron interrogantes surgidas tras la publicación de informaciones por parte de varios medios de comunicación, que cuestionaban la transparencia en el uso de los recursos donados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a la Universidad de Costa Rica (UCR) para el estudio y monitoreo sismológico y vulcanológico.
La institución enfatizó en esta visita que los fondos provenientes de la CNE para apoyar la labor de la RSN se utilizan de manera correcta y transparente, al tiempo que contribuyen al buen funcionamiento de varios laboratorios de la ECG, los cuales a su vez retroalimentan datos para la red, de manera que las diferentes instancias se benefician con la ejecución de ese dinero.
La RSN nació hace 40 años, producto de un convenio entre la UCR y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Desde entonces, ha jugado un papel esencial en la prevención de desastres, así como en el estudio de sismos, erupciones volcánicas y otros fenómenos naturales con capacidad destructiva. A partir de 2005, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo establece en los artículos 46 y 56 b que la CNE debe donar un 0,3% de los recursos captados desde otras instancias estatales a la RSN y al Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR.
Lo primero que aclaró el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen en la gira de los funcionarios legislativos fue el concepto de «red», pues se trata de una «alianza estratégica de cooperación» entre la universidad y el ICE para la vigilancia sismológica y vulcanológica, así como para la prevención de desastres en territorio nacional.
«Son dos instituciones que se unen para alcanzar objetivos muy diversos aunque ligados a un interés común. Además, la RSN necesita de varias instancias universitarias para cumplir con sus objetivos, por ejemplo, el Centro de Informática, el Centro de Investigaciones Agronómicas, el Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas, la Oficina de Divulgación e Información, e incluso, la Escuela de Geografía. Así que pensar que la red es solo este edificio es un error. No, este edificio es de la ECG. La red es lo que la UCR pone a disposición de esa alianza para alcanzar los objetivos mencionados», señaló el rector.
Sobre los equipos adquiridos con los recursos provenientes de la CNE, el rector recalcó que estos pueden colocarse en otras áreas fuera del inmueble de Geología, lo cual no significa que no correspondan con los objetivos de la RSN.
El coordinador de la red, Dr. Lepolt Linkimer, explicó con detalle las diferentes funciones que tiene la RSN, así como los aportes que recibe la red de diferentes laboratorios de la UCR.
«Esto es un tejido. Hay laboratorios en la ECG que nos colaboran. Puede ser que no lo crean, pero hasta el laboratorio de Paleontología nos aporta insumos. Por eso me gusta mucho el nombre que tiene la red, porque justamente eso es, una red compuesta por el Laboratorio de Petrografía, donde se analizan los minerales; el Laboratorio de Geotecnia, y muchos otros más», explicó el Dr. Linkimer.
El coordinador de la RSN destacó que entre julio de 2015 y julio de 2016 se invirtieron ¢91 millones en equipo y se espera que para lo que resta de este año se destinen ¢333 millones adicionales. No obstante, los salarios de los funcionarios, los equipos de trabajo y otros gastos se cubren con el presupuesto ordinario de la UCR.
En cuanto a la construcción de un nuevo espacio para la Asociación de Estudiantes de Geología, que fue cuestionada por un medio de comunicación escrito, el director de esta escuela, Dr. Rolando Mora, recordó que esta inversión fue necesaria tras la ampliación del espacio que destinó la ECG al espacio de la RSN, la cual abarcó el sitio que ocupaba antes la asociación.
«No hay que olvidar que los estudiantes de Geología serán los futuros gestores de riesgo de este país. Hay que brindarles las condiciones para que desarrollen sus actividades de una manera segura y completa», consideró el Dr. Mora.
En los primeros 10 meses del año pasado, los Consultorios Jurídicos atendieron 4597 casos de personas con vulnerabilidad económica. (foto con fines ilustrativos).
Aquellas personas que perciben ingresos económicos bajos y que no cuentan con los recursos para pagar un abogado que resuelva temáticas como conflictos familiares, laborales, administrativos, civiles, de herencias y otros, tienen la opción de solicitar el servicio de los Consultorios Jurídicos, que pone a su disposición la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un estudio detallado de su condición de vulnerabilidad.
Los casos que llegan a estos consultorios son atendidos por estudiantes de Derecho, quienes a manera de práctica brindan la consulta jurídica como parte de su programa de estudios en el segundo semestre de cuarto año. Ellos son asesorados por 16 abogados profesionales.
Cada estudiante debe asistir a los consultorios jurídicos de la UCR cuatro horas por semana, hasta completar las 208 horas que exige el programa de estudios. Los centros de atención están ubicados en la Facultad de Derecho, en el I y II Circuito Judicial, Desamparados, Pavas, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de las Mujeres, Heredia y la Sede de Occidente (San Ramón). Los horarios varían, dependiendo del lugar de atención.
Los estudiantes que acuden a los consultorios deben incluso trabajar en su casa, de forma que puedan elaborar escritos propios de los casos. Al llegar a la Facultad de Derecho, revisan las notificaciones y atienden a las personas.
De enero a octubre de 2015, los Consultorios Jurídicos analizaron 3037 casos activos, 690 quedaron archivados y 870 fueron concluidos, para un total de 4597 casos. Este es un número considerable de procesos que no podrían ser asumidos económicamente por la Corte Suprema de Justicia debido a su alto costo, de ahí la importancia que tiene esta iniciativa de la UCR para la sociedad.
Para conocer si los solicitantes de los Consultorios Jurídicos cumplen con los requisitos de atención, uno de los abogados y un estudiante revisan los documentos que el interesado debe traer: la orden patronal o de desempleo, residencia, propiedades inmuebles, certificaciones de vehículos y otros. Una vez presentado el expediente, se analiza la necesidad de la persona y se la anuncia el resultado de la valoración.
Según explica la directora de Acción Social de la Facultad de Derecho, Prof. Olga Marta Mena, “esta comisión diseña estrategias para el mejoramiento de la administración y el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Las alianzas que tenemos con otros organismos son muy importantes porque colaboramos con las necesidades de la Corte, ya que ellos no pueden atender de forma gratuita esta población. Ellos nos ayudan económicamente para que nosotros lo hagamos”.
El apoyo que brinda la Corte Suprema de Justicia a los Consultorios Jurídicos incluye la autorización a los estudiantes de Derecho para asistir a las audiencias para representar a sus usuarios. “Es por ello que los alumnos universitarios tienen una preparación especial, pues una vez en los tribunales, ellos son quienes deben exponer los casos”, señaló la Prof. Mena.
Otro servicio ligado a los Consultorios Jurídicos es la Casa de la Justicia, creada desde 2007, producto de un convenio de la Facultad de Derecho con el Ministerio de Justicia. Está ubicada en el primer piso de Derecho y es administrada por abogados – mediadores, pero siempre bajo la tutela del Ministerio de Justicia.
En este sistema, las partes enfrentadas resuelven conflictos como disputas vecinales, de arrendamiento, divorcios, laborales y otros. El abogado y cada lado intentan consensuar un acuerdo hasta llegar a un punto que las deje satisfechas. El caso solo se archiva si uno de las partes (o ambas) abandona el proceso. Una vez alcanzado un acuerdo, el único paso pendiente es la homologación del juez para declarar resuelto el diferendo. Actualmente hay 375 casos en esa instancia.
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e Información UCR.
