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Etiqueta: reducción de salarios

Jornadas laborales de 12 horas: la demagogia de Pilar Cisneros

Luis Paulino Vargas Solís

En el programa radial de Amelia Rueda, el lunes 3 de julio, la diputada Pilar Cisneros afirmó que el proyecto llamado 4/3 o de jornadas laborales de 12 horas, es importantísimo, porque de ese proyecto dependen miles y miles de empleos, particularmente en las zonas costeras. No explicó sobre qué bases se apoyaba para lanzar una afirmación tan fuerte, pero el caso es que, con la ligereza que le es característica, así lo dijo.

Esta idea merece ser reflexionada críticamente.

Primero, recordemos en qué consiste esta propuesta de ley. Básicamente lo que se hace es establecer jornadas ampliadas de 12 horas, suprimiendo el pago de horas extras. Se han contemplado dentro del proyecto, otras ideas que apuntan en el mismo sentido, como las de permitir un manejo flexible de las jornadas laborales a lo largo del año, por ejemplo en el caso del turismo, de forma que se alarguen esas jornadas durante la temporada alta y se reduzca durante la temporada baja.

Esto último significa que los vaivenes del negocio son colocados sobre los hombros de las personas trabajadoras, y a costa de su presupuesto familiar. El riesgo normal del negocio, que, según la ideología propia del capitalismo, debe ser asumido por la empresa, puesto que es eso lo que presuntamente justifica la ganancia, es trasladado a los trabajadores y las trabajadoras.

Pero hay algo más en todo esto, que constituye el común denominador de esta propuesta de ley, en sus diversas facetas: su objetivo fundamental es reducir costos mediante la reducción de salarios.

Por lo tanto, lo que se busca es que las empresas costarricenses sean más competitivas, no mediante una mejor gerencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos, con base en mejoras tecnológicas y, en fin, con base en la elevación de la productividad, sino mediante el recorte salarial. O sea: bajar costos, no mejorando el funcionamiento de las empresas, sino reduciendo el costo de la mano de obra o fuerza de trabajo que emplean.

Recordando las afirmaciones tan contundentes lanzadas por Cisneros, la pregunta entonces es: ¿es esa la forma correcta de propiciar la creación de empleos? En particular, ¿lograremos de esa forma generar los miles y miles de empleos de que habla la diputada?

En principio, la respuesta es “depende”.

En primer lugar, depende de si son empresas que producen para el mercado nacional, o si están orientadas al mercado externo, o sea, la exportación de productos, el turismo, etc.

Para las empresas que producen para el mercado nacional, la respuesta es: muy posiblemente el efecto será negativo, por la sencilla razón de que, al deprimirse los ingresos salariales, se deprime la demanda de los hogares trabajadores y, por lo tanto, se restringe su consumo, en cuyo caso es posible que caigan las ventas de las empresas que producen para el mercado nacional, lo cual frenará el empleo que estas generen.

Si son empresas que producen para el mercado externo, exportadoras o del turismo, debemos tener presente que el negocio de estas empresas depende de dos cosas: 1) que la demanda externa que esas empresas atienden sea dinámica y les permita vender mucho; 2) que puedan participar en los mercados internacionales de forma competitiva, o sea, con precios cómodos y buena calidad.

El proyecto de jornadas de 12 horas no afecta en nada el primero de estos puntos, o sea, a la demanda internacional no le hará ni cosquillas esa reforma.

Si puede afectar el segundo punto, el de la competitividad. En este caso, de lo que se trata, muy claramente, es de ganar competitividad, no mediante innovaciones tecnológicas, mejoras de la calidad, etc. sino exclusivamente bajando los salarios. O sea: reducir costos reduciendo la parte de los costos salariales y, por lo tanto, deteriorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

El problema es que se les puede ir lo comido por lo servido, de forma que podrían terminar con un deterioro de la competitividad, no obstante la reducción de los salarios.

Hay dos factores que afectan directamente la competitividad empresarial:

  • Primero, las jornadas extendidas de 12 horas generan fatiga, y dañan la salud física y emocional de las personas.
  • Esas jornadas más largas, sin pago de extras y, por lo tanto, con reducción de los salarios, generan desmotivación y disgusto.
  • Claramente estos dos factores dañarán la competitividad de las empresas.

Todavía hay un tercer factor, de alcances más amplios y consecuencias a mediano y largo plazo: todo esto afecta negativamente lo que podemos llamar la reproducción de la mano de obra o reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, afecta aquellas condiciones, que en gran parte se satisfacen en el ámbito doméstico y hogareño, que garantizan la salud física y la estabilidad emocional de las personas, y de lo cual depende, decisivamente, su buena disposición para el trabajo, así como su actitud frente al sistema político, la democracia y la sociedad en general.

La mejor forma de ilustra ese punto es en relación con las graves consecuencias que esto traería para las mujeres trabajadoras jefas de hogar, pero, en general, para todas las mujeres trabajadoras a cuya jornada de trabajo fuera de casa, se suma la jornada de trabajo no remunerado dentro de casa. La consecuencia es, o exclusión de las mujeres de los mercados labores o deterioro de las condiciones de reproducción de la mano de obra en el ámbito hogareño.

En su conjunto, lo que se hace es sembrar vientos para cosechar tempestades en términos de un orden social más inestable, violento e inseguro, con agravadas amenazas para la democracia. Todo lo cual es territorio minado, en el cual difícilmente los negocios privados podrán florecer.

El asunto, pues, es mucho más complejo y de consecuencias mucho más amplias e insatisfactorias de lo que sugiere el discurso hueco, manipulador y demagógico de la diputada Cisneros.

Covid-19 Costa Rica: 15 riesgos financieros sobre la sostenibilidad del Seguro de Salud y Pensiones

Aportes para el análisis y la construcción de propuestas a favor de los más pobres y vulnerables

Juan Carlos Durán Castro
Secretario de Seguridad Social
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
Noviembre 2020

7 riesgos observados en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) producto de la pandemia por Covid -19

  1. Que el Estado Costarricense no honre la deuda que mantiene con la CCSS, por los diferentes conceptos, la cual al 31/08/2020 asciende a la suma de ¢1,925,384,361,988.38 (Un billón novecientos veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y unos mil novecientos ochenta y ocho colones con treinta y ocho céntimos). De los cuales el 84.44% corresponde al SEM (¢1,625,778,004,171.57) y el 15.56% al Seguro de Pensiones (¢299.606.357.816.81).
  2. Caída en los ingresos, por la dependencia financiera que mantienen ambos seguros de la contribución tripartita sobre las cuotas obrero patronales y el Estado como tal, como consecuencia de un incremento en la tasa de desempleo, reducción de los salarios, y reducción de las jornadas laborales; sí como un aumento en el empleo informal.
  3. Que no exista un control adecuado sobre las partidas que son disparadores del gasto, tales como: “Tiempo Extraordinario”, “Guardias Médicas” y “Sueldo Personal Sustituto”, en el rubro “Consumo de Materiales y Suministros”, los incrementos en los “Medicamentos”,“Productos Químicos”, “Instrumental ACC. Materiales Médicos Quirúrgicos Odontológicos” y los “Instrum. Médico y Laboratorio”, partidas que presentan crecimientos muy superiores al crecimiento de los Ingresos Totales, son partidas a las cuales se debe prestar una mayor atención, para mitigar los efectos de la pandemia Covid-19.
  4. Ineficientes controles sobre las partidas de “Subsidios por Enfermedad” y “Subsidios Enfermedad Empleados CCSS”, provocando que los recursos no sean utilizados con eficiencia y racionalidad, en razón de que presentan crecimientos que son superiores al crecimiento de los ingresos del año 2019, lo cual eventualmente podría provocar un desequilibrio financiero de los ingresos y egresos y la afectación de las finanzas del Seguro de Salud.
  5. Inadecuados controles en la determinación de los recursos producto de la reducción de la base mínima contributiva de marzo, abril y mayo, año 2020 de los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios, medidas que fueron implementadas para mitigar la crisis nacional por el coronavirus y que fueron ampliadas posteriormente al 31 julio 2020, en donde el Gobierno de Costa Rica, se comprometió a realizar las cancelaciones de las sumas acordadas, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo año 2020, por un monto de ¢33 000 millones y al 31 de julio 2020 un monto aproximado de ¢8 500 millones; además considerar la nueva reducción del mes de agosto 2020, y las que se puedan presentar en el futuro. Deuda, que según el presupuesto del Gobierno es un monto de ¢42 833,80 millones.
  6. Inexistencia de controles sobre el modelo de creación temporal de plazas y al esquema de sustitución de plazas mediante la homologación del mismo código presupuestario (modalidad conocida como duplicación de plazas), modalidad de nombramientos que ha sido utilizada por la institución (excepcionalmente) para afrontar proyectos de carácter especial1, así como, más recientemente, a partir de abril de este año para atender la emergencia que ha ocasionado la pandemia de la enfermedad del COVID-19.
  7. Que los recursos financieros no sean suficientes para abastecer el Fondo de Contingencia para atender la emergencia por COVID-19; por lo cual se ha solicitado a la administración activa hacer un uso racional de este Fondo y que las acciones que se ejecuten contribuyan a garantizar una ejecución eficiente, austera y transparente del presupuesto, con el fin de minimizar los riesgos que puedan afectar el patrimonio institucional.

8 riesgos observados en el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) producto de la pandemia por COVID-19

1- Al 30 de junio de 2020, el gasto en pensiones mantenía un crecimiento mayor que los ingresos por contribuciones del fondo, lo cual tiene un importante efecto sobre su sostenibilidad, situación que en este año 2020, se ha venido a acentuar con motivo de la pandemia.

2- De acuerdo con los resultados a junio 2020, la situación económica y de desempleo que atraviesa el país estaría provocando que los ingresos por cuotas particulares sean similares a los del 2019, es decir, no existiría crecimiento.

3- La principal afectación se encuentra en el sector privado y en el grupo de trabajadores independientes y asegurados voluntarios. Lo anterior, también producto de las medidas que se han tomado por parte de la Caja para disminuir los efectos en el empleo, como fue lo acordado por la Junta Directiva en el artículo 21 de la sesión 9087, acuerdo primero, del 19 de marzo de 2020, respecto a la reducción de la Base Mínima Contributiva (BMC) a un 25% para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial en la facturación de marzo, abril, y mayo del presente año. Esta medida a su vez se ha extendido para los meses de junio, julio, agosto, aunque en el caso de los trabajadores independientes y asegurados voluntarios la BMC se redujo en estos últimos meses a un 75%.

4- La reserva del RIVM sigue creciendo, aunque por los efectos de la pandemia los recursos que se puedan capitalizar este año posiblemente serán inferiores, lo cual eventualmente va a repercutir de igual forma en el 2021 mientras se vuelve a reactivar la economía y con la expectativa de que se encuentre un tratamiento efectivo contra el Covid-19.

5- La cartera de préstamos hipotecarios se ha visto influenciada por la pandemia y su colocación ha sido baja y posiblemente podría pensarse en un escenario de aumento en las tasas de morosidad producto de la contracción de la economía y el congelamiento y pérdida del poder adquisitivo real de los salarios en le sector privado, como en el sector público.

6- En relación con el gasto en pensiones, de acuerdo con los resultados parciales a junio 2020, se va a mantener la tendencia de crecimiento de los últimos años, lo cual, con el impacto en los ingresos del fondo por la pandemia, va a requerir que se utilicen mayor cantidad de los intereses generados por la reserva.

7- Las estimaciones elaboradas por la Dirección Actuarial y Económica en el estudio “Proyección mensual de la masa salarial y cantidad de trabajadores cotizantes del Seguro de Salud ante el COVID-19. Abril-diciembre 2020”, señalan que el uso de intereses para el 2020 rondaría los ¢90.000 millones, cifra muy superior al dato de los últimos dos años, lo que incidiría en el incremento de las reservas del fondo.

8- De acuerdo con los resultados reflejados en los estados financieros y en el presupuesto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al 31 de diciembre de 2019, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte continua en una situación frágil con respecto a los períodos de sostenibilidad proyectados en las valuaciones actuariales, lo anterior, debido a que no se han efectuado reformas al sistema. Asimismo, la crisis por la pandemia del Covid-19, va a afectar de igual forma la sostenibilidad del fondo, la cual es muy posible que siga generando efectos negativos en el 2021 y posiblemente los momentos críticos evidenciados desde la perspectiva de las autoridades institucionales posiblemente se adelanten, lo cual infiere una mayor presión al debate sobre las reformas, pero de igual forma coloca de relieve la necesidad de abordar el tema de pensiones, como el de salud desde una mirada integral que pasa por el debate fiscal nacional.