En toda América Latina, las protestas son comunes, mientras que otros mecanismos para que los ciudadanos expresen su voz política, a saber, referéndums e iniciativas, se utilizan como arma ejecutiva. ¿Se debe esto a la falta de conocimiento, falta de capacidad organizativa u otras razones? ¿Por qué la ciudadanía sigue prefiriendo “tomar las calles” por sobre los mecanismos institucionales? Estas son las interrogantes sobre las que se van a reflexionar en la conferencia organizada por el Chicago Center on Democracy.
La actividad será en español con traducción simultánea en inglés y contará con el aporte de académicos y académicas de Argentina, Colombia, Costa Rica y México.
La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.
Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.
Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.
El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.
Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.
El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.
Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.
Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.
No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.
La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.
Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.
Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.
Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.
(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).
Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.
El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.
En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.
Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.
Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.
El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.
Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.
Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.
Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.
Un abordaje de las diversas informaciones que pululan en la red, medios de información, organizaciones financieras, organizaciones internacionales, etc., abren un claro panorama de la situación actual y futura del sistema económico planetario existente y de la diversidad de formas en que política y económicamente se particulariza en cada nación, dado la diversidad de procesos históricos y proyectos de vida construidos.
El panorama no es muy positivo, se avecina una recesión de carácter global, que incidirá en cada país de manera diferente, dependiendo de sus características, de los procesos y contextos históricos particulares, de la aglutinación de fuerzas a lo interno, de la inserción al mercado global, ya sea de su total o parcial dependencia, del nivel de deterioro o destrucción del mercado y producción nacionales, causada por el modelo de desarrollo neoliberal, y por supuesto, del desarrollo de la institucionalidad propia, de cada país, es decir, el nivel de privatización, parcial o total logrado por los poderes fácticos nacionales.
Como mencioné, la incidencia de dicha recesión en cada sociedad en particular dependerá de una diversidad de factores, sin embargo, es previsible que economías que otrora fueran referentes de la ficción del “libre mercado”, de las famosas CONSTRUCCIONES elaboradas desde institutos como CATO para demostrar los logros de las “economías libres”, vayan cayendo como castillo de naipes.
Hace ya varios años, me avoqué a estudiar la realidad de Singapur, una economía netamente importadora de lo que consume y, cuestionaba en ese entonces, cómo sobreviviría Singapur en un contexto como el que se avecina, bueno, el momento llegó, esperamos, por el bien de todo un pueblo, que puedan sortear la crisis, sin llegar a, como lo vaticinaba en ese entonces, convertirse en un país fantasma.
El caso de Chile es interesante y preocupante, una economía totalmente privatizada, y peor, una institucionalidad totalmente desmantelada, con pocas capacidades de maniobra, y que ya se encontraba ante una situación de movilizaciones y protesta social, así como de represión sistemática.
En el caso particular de nuestro país, la situación, en principio, no es tan grave, partiendo de que los intereses y procesos privatizadores, no han logrado plasmar todo ese ideario en su totalidad, aún y a pesar de haber logrado, adelantándose a los acontecimientos, blindar las posibilidades en la toma de decisiones, que como ciudadanos tenemos con el instrumento del referéndum y la CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL.
Repito, toda sociedad, depende en la coyuntura actual de sus propias capacidades y características internas, de las condiciones materiales, infraestructura, recurso humano, institucional, relativa capacidad auto alimentaria, etc., y Costa Rica reúne, considero, todas esas características, exceptuando, la social, esa base social con capacidad de EXIGIR cambios estructurales, esa aglutinación de fuerzas capaces de dirigir el barco hacia un puerto donde podamos embarcarnos todos y todas sin exclusión, y eso requiere un gran esfuerzo de construcción, dejando de lado posiciones extremas, parcelitas e intereses.
Hoy por hoy, la batuta la tienen los grandes intereses corporativos, los poderes fácticos, los que han construido la crisis, fueron llamados para arreglar lo que destruyeron, ahondando aún más el modelo, cargando sobre las espaldas del sector trabajador, público y privado, sobre los micro, pequeños y medianos empresarios, el peso de la crisis.
“Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación restrictiva por parte del juez constitucional español.
Como era previsible, varios Estados de América Latina han reaccionado, manifestando su respaldo a las autoridades españolas: no obstante la sensación de unísono, lo han hecho de manera muy diferente el uno del otro, denotando en algunos casos una extrema prudencia y mesura, mientras que en otros, una lectura bastante peculiar de la realidad que viven los catalanes.
La cuestión de la autonomía de Cataluña: intento de breve recapitulativo
La lectura de la declaración de independencia catalana permite conocer varias de las demandas catalanas que esperan una solución, sin encontrar eco alguno en los últimos años. En esta reciente entrevista a José Montilla titulada «Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones con el tema de Cataluña”, se lee que:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos”.
Recordemos para el lector poco familiarizado que una larga sentencia del Tribunal Constitucional de más de 800 folios, con relación al Estatuto de Cataluña de 2006, fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El Pais de julio del 2010).
Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:
«El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas«.
Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente el tema de Cataluña desde la perspectiva del derecho internacional en una nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno
Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.
La ONG Human Rights Watch (HRW) este 12 de octubre denunció en un informe el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1ero de octubre (véase nota de HRW). Diez días antes, el 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había solicitado a España investigar la violencia policial que sufrieron muchos de los votantes catalanes, señalando que:
«I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms. I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit«.
(Véase nuestra breve nota editada en el sitio de Debate Global con el texto completo de dicho comunicado).
Dos días antes del referéndum, el 28 de setiembre, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían hecho advertencias a España (véase nuestra breve nota al respecto también editada en Debate Global).
Esta violencia policial y la ola de repudio e indignación que causó, así como la escalada verbal y el tono amenazante de las máximas autoridades españolas, aumentaron significativamente la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.
La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: «We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics» (véase texto completo de su comunicado).
Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió
«4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017«.
Suspendida el 9 de octubre por esta nueva (e inusual) orden de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.
Un nuevo compas de espera
El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que «El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada» (véase nota de prensa). Con esta aseveración hecha, las autoridades catalanas sugieren lo que algunos analistas han denominado la «vía de Eslovenia«, la cual permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva.
En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas anunciaron que:
«El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.
Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia«.
Algunas reacciones en América Latina
Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación. Únicamente han sido repertoriados textos oficiales formalmente comunicados por los respectivos aparatos diplomáticos, y no declaraciones dadas en prensa por parte de autoridades nacionales sobre la situación en Cataluña. Como se verá, las formas de manifestar el respaldo a España varían sustancialmente de un comunicado a otro, mientras que otros Estados han optado por no expresarse.
Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado «Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña» llamando a las partes al diálogo:
«Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.
El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos«.
Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español«.
A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, México ha circulado un comunicado de prensa titulado «México no reconocerá a una Cataluña independiente» (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado «Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España» en el que rechaza «los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas» (sic.): véase texto completo.
Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado «Comunicado sobre la situación en Cataluña» el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:
Comunicado Oficial 042 – 17
«Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.
El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España«.
El último comunicado oficial registrado en América Latina es el de Brasil, titulado «Eventos en España«, con fecha del 12 de octubre, el cual señala que:
«Brasil sigue con atención los últimos eventos en España, país cuya transición democrática fue y sigue siendo ejemplo para América Latina. Al reiterar los lazos de amistad y solidaridad que unen a brasileños y españoles, el Gobierno pide diálogo, en el marco de la legislación de ese país, destacando la importancia del pleno respeto a la Constitución española y al Estado Democrático de Derecho«.
A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado
Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.
Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional kosovar proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.
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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado 1ero de octubre, y la ola de repudio e indignación que causó, la tensión es máxima entre España y Cataluña.
Como se recordará, la ley adoptada por Cataluña convocando a un referéndum para el 1ero de octubre del 2017 fue adoptada el 6 de setiembre del 2017, y fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
En medio de fuertes movilizaciones, de la escalada verbal, así como de la renuencia de las autoridades españolas y catalanas a entablar algún tipo de diálogo, expertos de Naciones Unidas, este 4 de octubre del 2017, llamaron a restablecer canales de comunicación. Se trata del tercer comunicado que emana de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en menos de una semana, un hecho que no ha llamado mayormente la atención de observadores ni analistas.
En su alocución realizada el 3 de octubre por la noche (véase texto), el Rey de España, lejos de usar palabras conciliadoras y abrir la posibilidad de un diálogo, recurrió a fuertes calificativos contra las actuaciones de las autoridades catalanas: se trata, en nuestra modesta opinión, de una oportunidad desaprovechada por una figura que, en otras épocas, fue la llamada a reunir a la sociedad española en su conjunto.
En este tercer comunicado (véase texto completo en español y en inglés al final de esta nota), se lee que para los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas: «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación«.
Este comunicado de Naciones Unidas fue seguido por la aprobación en España de un decreto ejecutivo, objeto de una amplia cobertura mediática, que facilita la salida de empresas cuya sede se encuentra en Cataluña (véase nota de prensa), al tiempo que el juez constitucional español ordenaba, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el próximo lunes 9 de octubre (véase nota de prensa).
Pese a diversos llamados de las autoridades de Cataluña para intentar algún tipo de mediación, las autoridades españolas se han negado a acudir a un tercero, aduciendo que la situación debe resolverse sin su intervención, en el marco del derecho constitucional español.
En su comunicado oficial, los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas hacen también ver que las autoridades de España deben cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. El pasado 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su profunda preocupación por el uso de la fuerza de los cuerpos policiales contra los votantes durante la consulta acaecida el Domingo 1ero de octubre (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, expertos de Naciones Unidas habían advertido a España, de cara al referéndum, sobre la necesidad de respetar algunas de sus obligaciones en un comunicado con fecha del 28 de setiembre (véase breve nota nuestra con el texto de este comunicado).
Al persistir en su negativa al diálogo (y a la intervención de un tercero para facilitarlo), España también está ignorando el llamado al diálogo hecho por la Unión Europea (UE) el mismo 1ero de octubre: véase texto integral del comunicado de la UE en el que se lee que:
«Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen muy rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en política«.
Es preciso señalar que, en caso de aceptarse una mediación por parte de un Estado, esta debería provenir de uno o de varios Estados con alguna estructura federal o casi federal: en las últimas horas ha trascendido que las autoridades de Suiza están intentando establecer contactos con las autoridades españolas y catalanas (véase nota de prensa).
En el ámbito internacional, pese a haber sido llamada expresamente para mediar por parte de las mismas autoridades catalanas, la UE se ha negado a hacerlo. No se ha registrado el envío de algún emisario a España en representación de otra organización internacional. Como bien es sabido, el diálogo permite desactivar una crisis. Si las partes lo rehúyen, los buenos oficios o la mediación de un tercero es recomendada. Para lograr una mediación exitosa en un conflicto, ambas partes deben aceptarla.
El tono amenazante de confrontación que exhiben las autoridades españolas solo puede contribuir a aumentar aún más la tensión en Cataluña, con todos los riesgos que ello acarrea.
Texto del comunicado oficial de Naciones Unidas, 4 de octubre del 2017
Expertos de la ONU instan al diálogo político para desactivar tensiones en Cataluña tras referéndum
GINEBRA (4 de octubre de 2017) – Expertos de las Naciones Unidas * exhortan a un diálogo urgente después de la votación sobre la independencia de Cataluña de España y subrayan la necesidad de que se respeten plenamente los derechos humanos.
«Estamos profundamente perturbados por la erupción de violencia el domingo 1 de octubre de 2017, durante la votación que tuvo lugar en Cataluña», dijeron los expertos en un comunicado conjunto. «Hay que encontrar el camino a seguir a través del diálogo político. Instamos al restablecimiento del diálogo efectivo como primer paso para calmar la situación.
«Instamos a las autoridades españolas a respetar plenamente los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, la participación en los asuntos públicos y la libertad de expresión», añadieron los expertos.
Los expertos también pidieron que se investigue por qué cientos de personas que protestaban pacíficamente o trataban de votar y manifestar sus opiniones, al igual que algunos agentes de policía, resultaron heridas. El referéndum había sido declarado ilegal por el tribunal constitucional de España y la policía intentó detener la votación.
Annalisa Ciampi, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, subrayó que España tenía el deber de respetar y proteger el derecho de las personas a reunirse para protestas pacíficas.
«Esto requiere asegurar que todas las medidas para gestionar la protesta pública y las reuniones estén en conformidad con las obligaciones internacionales de España. Cualquier uso de la fuerza por parte de la policía debe ser necesario y proporcional «, dijo Ciampi.
Termina
*Los expertos de la ONU: Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Sra. Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada; Sr. Aldred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. José Antonio Guevara Bermúdez, Presidente Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.
UN experts urge political dialogue to defuse Catalonia tensions after referendum
GENEVA (4 October 2017) – UN experts* are calling for urgent dialogue in the aftermath of the vote on Catalonia’s independence from Spain, and are stressing the need for human rights to be fully respected.
“We were deeply disturbed by the eruption of violence on Sunday, 1 October 2017, as the vote took place in Catalonia,” the experts said in a joint statement. “A way forward has to be found through political dialogue. We urge the re-establishment of effective dialogue as a first step to defusing the situation.
“We urge the Spanish authorities to fully respect fundamental human rights, including the rights to freedom of peaceful assembly and association, participation in public affairs and freedom of expression,” the experts added.
The experts also called for an investigation into why hundreds of people protesting peacefully or seeking to vote and manifest their opinions, as well as some police officers, were reportedly injured. The referendum had been declared unlawful by Spain’s constitutional court and police attempted to stop the vote.
Annalisa Ciampi, the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, stressed that Spain had a duty to respect and protect people’s right to gather for peaceful protests.
“This requires ensuring that all measures to manage public protest and assembly are in conformity with Spain’s international obligations. Any use of force by police must be both necessary and proportionate,» said Ms. Ciampi.
ENDS
*The UN experts: Ms Annalisa Ciampi, Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association; Ms. Leilani Farha, Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context; Mr. Alfred de Zayas, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable international order; Mr. José Antonio Guevara Bermúdez, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) invita este miércoles 4 de octubre a las 9 a.m. a la conferencia de prensa para presentar los resultados de la encuesta: A 10 años del referéndum por el TLC: ¿qué elegirían hoy los costarricenses?, la cual se realizará en el Colegio de Periodistas de Costa Rica.
Investigadores del IDESPO presentarán un informe de esta encuesta, que revela datos como los siguientes:
La polarización continúa: un 44,1% de los costarricenses estaría a favor de mantenerse en el tratado, y un 44,5% apoyaría dejar el tratado, en caso de que fuera posible
Para la mayoría de la población los grandes empresarios son los beneficiados por el TLC; los pequeños y medianos, los trabajadores y productores agrícolas son los más perjudicados
Quienes votaron en el referéndum se informaron prioritariamente con análisis académicos, y casi no recuerdan el llamado “Memorándum del miedo”
Para mayores detalles en la Oficina de Comunicación, UNA. Teléfonos 2237-5929 / 2277-3067.
Ante la tensión que se vive en España de cara al referéndum convocado por la Generalitat de Cataluña para este primero de octubre del 2017, han circulado diversos pronunciamientos y manifiestos, sea a favor o en contra de esta consulta popular. Un ejercicio similar previsto para el 9 de noviembre del 2014 fue suspendido a raíz de una decisión de la justicia constitucional española. Este 28 de setiembre, expertos de Naciones Unidas han hecho un vehemente llamado a las autoridades españolas a respetar los derechos de los ciudadanos catalanes (véase comunicado oficial de prensa titulado «España debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán«).
Entre los diversos textos publicados en este mes de setiembre del 2017 en España, encontramos una carta colectiva denominada «Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña«: en este texto, los firmantes hacen ver que no existe ningún fundamento jurídico existente en derecho internacional que permita sostener jurídicamente esta consulta popular.
La crispación actual de la situación obedece en parte a la actitud de las autoridades españolas. Ante los hechos ocurridos con alcaldes catalanes la semana pasada, llamados por la Fiscalía española a declarar, el Casal Català de Costa Rica (véase página) se manifestó en los siguientes términos en su comunicado del 20 de setiembre:
«El Casal Català de Costa Rica ante los hechos sucedidos hoy en Catalunya contra la Generalitat, funcionarios públicos, políticos y trabajadores tiene la obligación, como entidad comprometida en la defensa de Catalunya, de la democracia, de la libertad y del derecho a decidir, de condenar cualquier acto que impida el libre ejercicio de estos derechos. Defendemos el derecho al autogobierno de los catalanes y a sus instituciones propias. Deseamos que los catalanes puedan vivir en un país con libertad de expresión, de reunión y de acción. Y mantenemos nuestro firme compromiso con la democracia, la libertad de opinión y del derecho a decidir«.
Foto de una de las 55.000 notificaciones enviadas por la Generalitat a los miembros de mesas electorales de cara al referéndum, extraída de nota de prensa.
Una ley catalana declarada inconstitucional en derecho español
El texto de la ley 19/2017 que faculta a las autoridades catalanas para realizar el referéndum, adoptada por el Parlament catalán el 6 de setiembre del 2017, puede ser consultado en este enlace. El texto en inglés en este otro enlace de la Generalitat. Esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional 24 horas después de adoptada por el Parlament, en una escueta decisión escasamente fundamentada al acoger un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo español (véase texto de la decisión del juez constitucional del 7 de setiembre del 2017).
Foto extraída de artículo de prensa de El Confidencial (2016).
Derecho internacional y derecho a la autodeterminación de los pueblos en el caso de Cataluña
Con relación a la carta colectiva, remitimos al lector al texto completo de la misiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.
Los tres últimos puntos de este llamado colectivo se leen de la siguiente manera, intentando responder al preámbulo de la Ley 19/2017 y las referencias que hace a reglas existentes en el plano internacional aplicables al caso catalán:
«4. Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de auto organización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.
5. La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.
Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional.«
Como se puede apreciar, el derecho de libre determinación no aplica al caso catalán, según los suscriptores del texto, que omite no obstante mencionar el «derecho a decidir» al que refieren algunos autores catalanes.
Cataluña y el derecho a decidir: un debate abierto
Si bien la lista de firmantes reúne a más de 300 profesores, el debate doctrinal queda abierto. Un informe presentado por expertos (no españoles) en la misma materia matiza las conclusiones a las que llegó este grupo de profesores españoles (véase nota de prensa). La ausencia de fundamentación del Tribunal Constitucional al suspender la aplicación ley 19/2017 mantiene una serie de interrogantes. Por su parte, especialistas catalanes llegan a una conclusión distinta, como el artículo titulado «Legalidad internacional y derecho a decidir» de Xavier Pons Rafols (disponible en la red) o bien este artículo de Josep Costa, para citar algunos de varios autores favorables a la aplicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el caso de Cataluña. En el 2013, un reconocido profesor de Québec (Canadá) llegó a conclusiones similares a las de sus colegas catalanes sobre la potestad del Parlament en esta precisa materia (véase alocución de Daniel Turp).
En el 2013, un interesante ejercicio de derecho comparado entre España e Italia con relación a las diversas modalidades de consulta en las entidades territoriales puso de manifiesto la gran riqueza existente en el ordenamiento jurídico italiano (véase actas del coloquio celebrado en Barcelona). Por otra parte, las limitaciones del marco normativo español en materia de consulta a las comunidades autónomas ha sido objeto de una reciente tesis doctoral en Oviedo, defendida por Lucía Payero López en el 2014, cuyas conclusiones (pp. 471-480) revisten gran interés (véase texto integral).
La coraza legal del Poder Judicial en España ante las recurrentes reinvindicaciones de las autoridades de Cataluña y la persistente negativa del actual Ejecutivo español de entablar un diálogo político en los últimos años posiblemente hayan contribuido a la actual situación de crispación y de creciente polarización. En esta entrevista a José Montilla, se lee que: «El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos«.
Como ocurre habitualmente, una actitud poco conciliadora acarrea algunos riesgos. En esta entrevista a Nicolas Levrat, se lee que «Si Madrid continue à créer des martyrs de la cause catalaniste en poursuivant ses arrestations au sein du gouvernement régional comme cela fut le cas mercredi, le camp indépendantiste devrait prendre de l’ampleur. Le gouvernement espagnol joue à un jeu dangereux«.
Los pueblos de Europa Occidental ante el derecho a la autodeterminación
Es la segunda vez en menos de tres años que en Europa Occidental se intenta realizar una consulta de cara a una posible secesión o separación por parte de una entidad infraestatal: Escocia realizó un ejercicio de este tipo en el 2014, con un resultado a favor de su permanencia en el Reino Unido que contabilizó 2.001.926 votos a favor del No (55.30%) y 1.617.989 votos a favor del Sí (44.70%).
A diferencia del Poder Ejecutivo del Reino Unido, el Ejecutivo español y sus autoridades judiciales consideran ilegal la consulta convocada por las máximas autoridades catalanas (previendo posiblemente, entre otros aspectos, un resultado adverso a la permanencia de Cataluña en el Estado español). Ello ha desatado en los últimos días un recurso al derecho penal para intentar frenar las aspiraciones de un importante sector político en Cataluña (indagatorias ante la Fiscalía cursadas a alcaldes catalanes a favor de la consulta, intercepción del material a usar para la jornada electoral del 1-O, y probable desactivación ordenada por la justicia de todos los sitios en los que los electores puedan ubicar sus respectivos centros de votación, entre otros).
Nótese que el 9 de noviembre del 2014, en Cataluña se intentó efectuar una «consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña» (en catalán «consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya«), suspendida mediante medida cautelar el 29 de septiembre del 2014, al darse curso a recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo español ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y la Ley del Parlamento de Cataluña.
La práctica europea reciente en materia de derecho a la autodeterminación de los pueblos
Desde la perspectiva internacional, es de notar que la práctica ofrece algunos interesantes casos de disonancia: por ejemplo, España (a diferencia de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea – UE) no reconoce a la fecha la independencia proclamada por las autoridades del Kosovo, acaecida en el 2008: ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), España, al igual que otros 35 Estados, hizo ver su posición al respecto en el marco del procedimiento consultivo (véase texto de su opinión en francés e inglés). A diferencia de la postura española, en la exposición escrita se lee que, para un Estado que reconoció de forma inmediata al Kosovo como entidad independiente, Francia: «En d’autres termes, s’il est tout à fait clair qu’il n’existe aucun droit à la sécession en droit international, il est tout autant établi que celui-ci n’interdit pas la sécession ni, par voie de conséquence, une proclamation d’indépendance par une partie de la population d’un Etat» (véase punto 2.8, p. 38 del documento presentado por Francia a la CIJ). Al ser Cataluña una región con territorios en Francia y en España (así como en Andorra), esta divergencia de opiniones reviste especial interés.
España tampoco reconoce valor alguno, al igual que muchos otros Estados de la UE, a la consulta popular realizada en Crimea en el 2014 (véase al respecto breve nota nuestra sobre voto en la Asamblea General de Naciones Unidas contra la anexión de Crimea a Rusia publicada en el sitio jurídico de DIpúblico en Argentina). En el caso del referéndum sobre la independencia de Montenegro con el fin de separarse de la entidad denominada «Serbia y Montenegro» realizado el 21 de mayo de 2006 (con 230.711 votando a favor del Sí -55,50%- y 184.955 por el No -44,50%-), los resultados han sido reconocidos como válidos por la comunidad internacional, España incluída (véase nota de junio del 2006 sobre el reconocimiento de España del Estado de Montenegro).
Nótese que en el 2013, el Reino Unido propició una cuestionada consulta en la Islas Malvinas, que arrojó el siguiente resultado: 1513 habitantes votaron por el Sí en favor de su pertenencia al Reino Unido (99,8%) y 3 en contra (0,2 %). Se ignora cuál fue la posición de España con respecto a los resultados de esta consulta, rechazada por las autoridades de Argentina.
A modo de conclusión
Ante el clima social y político cada vez más tenso que vive Cataluña, es posible que este llamado de profesores de derecho internacional no logre apaciguar los ánimos. Es de prever mayores movilizaciones en los días venideros, así como el envio de refuerzos de fuerzas de seguridad por parte del Ejecutivo español. Cabe señalar que Cataluña cuenta con fuerzas policiales propias (los denominados «Mossos d´Esquadra»), por lo que el mando de estas será probablemente objeto de un fuerte debate si el Ejecutivo español pretende ejercerlo. Por su lado, la ONG Amnistía Internacional ha hecho ver en un comunicado que las autoridades estatales deben resguardar y proteger los derechos a la libertad de expresión y a manifestarse de forma pacífica.
Al cierre de esta tercera semana de setiembre, y ya no desde la perspectiva internacional, sino estríctamente nacional, más de 300 miembros de la Iglesia Católica firmaron una carta en favor de la consulta el próximo 1ero de octubre (véase nota de prensa).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.
Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.
Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.
Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.
En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:
Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
El “derecho a escoger” de los consumidores
Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.
El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.
A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.
Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.
RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.
Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.
Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.
El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.
La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.
Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.
Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.
El movimiento ciudadano llamado Democracia Participativa, el cual impulsó desde el año 2011 un referendo para crear una ley que permita fiscalizar las actividades del Estado, y el cual no logró las firmas requeridas, impulsa ahora tres proyectos:
Presentación del proyecto de ley “Promoción de la participación ciudadana en el control de las actividades del Estado”, ante un grupo de diputados(as) para que lo acojan como propio.
Para esto el movimiento sugiere conveniente que las personas que todavía tengan hojas con firmas recolectadas anteriormente, las entreguen, de manera que éstas se puedan adjuntar a las que ya posee el movimiento, y así presentar el proyecto de ley con la firma de estos miles de ciudadanos.
II. La Ley 8492. Regulación del Referéndum, es la que, como su nombre lo dice, regula todos los detalles sobre el proceso de recolección de firmas. Reflexionando, sobre todo lo acontecido, es evidente que muchos de las regulaciones de esta ley, innecesariamente entorpecen la recolección de firmas. Para tal fin se ha redactado un borrador, de una ley para reformar la Ley 8492, el cual se podrá dar a conocer cuando esté afinada su redacción.
III. Al tratar de llevar a la práctica un referéndum ciudadano para fortalecer la democracia participativa, se encuentran muchas trabas, entre ellas la cantidad de firmas que se requieren. Esto no está normado en la Ley 8492, sino en el artículo 105 de la Constitución Política. Aquí se pide que para una convocatoria a un referéndum ciudadano, el mismo sea respaldado por el 5% del padrón electoral, porcentaje que es totalmente arbitrario, y no obedece a argumento alguno. Pero si observamos que cualquier diputado(a) puede presentar un proyecto de ley. Pero, ¿a cuántas personas representa un diputado? Si dividimos 100 entre 57, esto nos da 100/57 = 1,754. Es decir un diputado representa a lo sumo al 1,75% del padrón electoral.
Es por esto que el movimiento Democracia Participativa ve la necesidad de presentar otro proyecto de ley para reformar el artículo 106 de la Constitución, para cambiar del 5% al 2% del padrón electoral.
Información enviada a SURCOS Digital por Raúl Alvarado.
