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Etiqueta: reforma fiscal

¿Podría Costa Rica ir por el camino de Grecia?

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)

 

Debemos reconocer que, llegados al punto donde nos encontramos, el riesgo de que nos veamos arrastrados en una situación de crisis económica es muy cierta. Efectivamente puede ocurrir y, según como se den las cosas, podría ocurrir pronto, aunque también podría posponerse por algunos meses.

Al decir lo anterior, me baso en datos que están a la vista y que se resumen en una agudizada dificultad para financiar el déficit fiscal del gobierno. Cada nuevo intento de colocación de bonos de deuda pública que realiza el Ministerio de Hacienda, se topa con la exigencia de tasas de interés más altas y períodos de vencimiento más cortos, como también es cada vez más difícil refinanciar las deudas que vencen. Nada de esto es inocente, desde luego. Por debajo de esa superficie visible se mueven intereses poderosos, tanto locales como internacionales. Pero con decirlo –incluso con denunciarlo con encendida indignación– nada se conseguirá. Si como país no somos capaces de tomar a tiempo las medidas mínimas requeridas, de seguro nos asfixiarán. Y lo harán porque no fuimos capaces de colocar a tiempo los valladares que les cerrasen el camino y le impidiese aplastarnos.

Es una experiencia que ya hemos visto en otros lugares. Los países de la periferia europea en 2012 brindan una ilustración para mejor entender lo que pasa. En su caso, la cuestión se sintetizaba en un dato, escueto pero implacable: a la hora de tratar de colocar deuda para financiar su déficit fiscal, el diferencial entre la tasa de interés que se les exigía y el que se pagaba sobre los bonos de Alemania (tenidos como los más seguros) tendía a ampliarse cada vez más. Ello ponía en máxima tensión la sostenibilidad de sus finanzas y los empujaba hacia la insolvencia y, por lo tanto, la bancarrota. Se salvaron, no propiamente de la crisis, pero sí del colapso del Estado, gracias a la intervención del Banco Central Europeo (BCE), que anunció, por boca de su presidente, Mario Draghi, la disposición a comprar deuda soberana (o pública) en la cuantía que fuese necesaria.

En Costa Rica, esa opción no existe, no tanto porque nuestra Banco Central está lejos de tener el “poder de fuego” que tiene el BCE, sino principalmente porque las leyes costarricenses se lo impiden. El caso es que el neoliberalismo tico es extremadamente purista, a niveles que seguramente causarían hilaridad en Europa. De ahí que el establishment local de los/las economistas se ruborice y reciba con muestras de escándalo la concesión de un financiamiento por 500 mil millones de colones que el Banco Central dio en días recientes –y bajo condiciones sumamente restrictivas– al Gobierno Central. Se dio por esta vez, y, dada las limitaciones legales y la tozudez ideológica, será difícil que se vuelva a dar pronto, aún si el gobierno está a un tris de la bancarrota.

Entretanto, la economía va cada vez más débil, lo cual se visibiliza en ingresos tributarios prácticamente estancados. En consecuencia el déficit, que ya es muy considerable, tiende a crecer, de manera que, a su vez, la deuda se va inflando. Y siendo que esto último por sí solo haría aumentar los pagos por intereses, el impacto que éstos acarrean se agranda al subir las tasas. La presión sobre las finanzas pública se incrementa y los márgenes de maniobra se estrechan. Es, sin exageración, un panorama sombrío. No es broma: la crisis podría darse.

¿Significa que iremos por el camino de Grecia? Las comparaciones de este tipo son siempre riesgosas, incluso desatinadas, porque los contextos son ciertamente distintos. Por ejemplo: la deuda pública nuestra, a diferencia de Grecia, sigue siendo interna principalmente y en colones en su mayor parte (aunque el componente en moneda extranjera ha crecido mucho y de forma peligrosa). Pero también puede haber elementos en común, sobre todo porque en nuestro caso, como en el de Grecia, si la situación fiscal se sale de control, podemos quedar a merced de poderes financieros, incluso de alcance global, en capacidad de asfixiarnos.

Sin embargo, me interesa llamar la atención sobre un elemento: una situación de grave desequilibrio fiscal podría enfrentarse básicamente de dos formas: mediante una política de austeridad o mediante una esfuerzo de reactivación económica. Hay un océano de diferencia entre una y otra perspectiva, sin que ello niegue que, con seguridad, habrá que hacer todo un esfuerzo por “ordenar la casa” y corregir aquellos factores que dieron lugar a la crisis fiscal.

La vía de la austeridad le fue impuesta a Grecia y a otros países de la periferia europea, incluyendo a España, cuyo desbalance fiscal nacía no de excesos en el sector público, sino más bien del traslado a éste último de los excesos del sector privado (similar a los casos de Estados Unidos o Irlanda). Porque el crédito desordenado al sector privado y el auge especulativo de la construcción, fueron los que tumbaron la economía española y obligaron al gobierno a intervenir masivamente para sostener el sistema financiero y atenuar el impacto de la recesión. Cuando la crisis de la deuda se manifestó en Grecia (hacia finales de 2009), rápidamente se contagió a otros países de la periferia europea donde también había crecido –aunque no por las mismas razones– el déficit presupuestario de los gobiernos y su deuda pública. Declarada la crisis, a todos se les aplicó una receta talla única: recorte del gasto público y de la planilla estatal; privatizaciones; recorte de pensiones; aumento de impuestos. O sea, y en resumen, austeridad en toda la plenitud de su cruel ejecutoria. La consecuencia: una depresión económica en toda la línea, que ha implicado costos humanos y sociales inconmensurables, con secuelas irrecuperables por décadas enteras. El caso griego es, con mucho, el peor. El portugués el más benigno porque fue el primero que logro atenuar –sin revertirlas totalmente– las políticas austeritarias. El irlandés es seguramente el más engañoso, dado el carácter ficticio de sus estadísticas, infladas artificialmente por su condición de privilegiado paraíso fiscal.

La crisis de la deuda de estos países europeos se pudo haber enfrentado de otra forma:

1.Debía reconocerse que las responsabilidades eran compartidas por acreedores y por deudores. Ya Keynes vio claro este aspecto de la cuestión y lo plasmó, aunque inútilmente, en sus revolucionarias propuestas para el sistema financiero mundial post-Segunda Guerra Mundial. Lanzar todas las cargas sobre la parte deudora, corresponde a un enfoque moralizante, seudo-religioso, que complace los prejuicios de alguna gente, pero que, desde el punto de vista económico, resulta un perfecto desatino.

2.En concordancia con lo anterior, tendría que haber procesos de reestructuración de la deuda –tanto los plazos como las tasas de interés– que distribuya costos y pérdidas en forma equitativa.

3.Para poder salir de una situación de elevado déficit y deuda al alza, un requisito indispensable es lograr que la economía crezca y genere empleo. Si, por el contrario, se opta por políticas de austeridad muy restrictivas, la consecuencia inevitable es una economía en recesión y graves problemas de empleo. Ello contrae los ingresos públicos y agranda relativamente la deuda, forzando a nuevas rondas de recortes y aumentos de impuestos. En consecuencia la crisis fiscal se prolonga y los costos de superarla se agrandan. El retroceso de la economía extiende sus devastaciones sobre la sociedad y deja secuelas muy dolorosas y perdurables.

4.Una vía es clave para promover la dinamización de la economía y la generación de empleos: la inversión pública, y, preferiblemente, una inversión pública “verde” que también sea planificada para maximizar su capacidad de creación de empleos. Si lo pensásemos para el caso de Costa Rica, algunas otras cosas podrían complementar –pero jamás sustituir– el esfuerzo de inversión pública (por ejemplo: la baja en las tasas de interés bancarias y la orientación del crédito prioritariamente hacia la producción y generación de empleos).

5.La reforma tributaria que se implemente debería repartir cargas en forma justa y equitativa, y ser diseñada de forma paulatina, de modo que sea coherente –y no se contraponga– a los esfuerzos de reanimación de la economía y el empleo.

6.Y, desde luego, hay que poner en orden lo que deba ponerse en orden: los excesos, despilfarros, ineficiencias y corruptelas deben ser combatidos. Pero esto debe hacerse sobre el telón de fondo de un compromiso claro y firme con la equidad.

7.No olvidemos: que el esfuerzo goce de legitimidad política y aceptación social es indispensable. Y ello solo se logra cuando las cosas se hacen de forma dialógica, transparente y honesta, y se preserva y se hace efectivo el compromiso con la equidad y la justicia.

¿Podríamos ir por el camino de Grecia? Creo que lo que he explicado ayuda a entender que la cuestión depende crucialmente de la forma como se responda a la crisis. Es un paso que debemos dar ya, con urgencia y enérgica decisión.

 

 

Tomado del Blog de Luis Paulino Solís: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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UCR puntualiza mociones que solventarían afectación de reforma fiscal a educación superior pública

  • Institución insiste en que se apruebe un texto justo y equitativo

 

Este lunes 1 de octubre, la atención nacional se concentrará en la Asamblea Legislativa cuando comience la discusión de las mociones de reiteración del proyecto de ley 20 580, “Fortalecimiento de las finanzas públicas”.

La UCR reitera su llamado al diálogo e insiste en buscar un consenso que atienda la situación fiscal de manera integral y permita avanzar hacia un modelo basado en la solidaridad, la justicia distributiva y la equidad tributaria.

La UCR es consciente de la grave crisis fiscal que atraviesa el país y de la necesidad de implementar medidas encaminadas a solucionarla, por la vía de establecer tasas impositivas que generen progresividad en el sistema tributario, mecanismos claros que permitan combatir la evasión y elusión fiscal, promuevan la reactivación de la economía y la contención del gasto público.

Sin embargo, no considera correcto perjudicar aspectos sustanciales como la educación, pues es un pilar indispensable para el desarrollo de la nación.

Por esta razón, la UCR también les recuerda respetuosamente a las diputadas y los diputados considerar las implicaciones que este proyecto de ley generaría para la educación en general y la educación superior pública en particular, si se mantiene el texto actual.

La UCR estará pendiente de las mociones de reiteración que insistirán en que se elimine el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así mismo, de la moción R-304 que solicita que se elimine la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas que asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.

Por otro lado, abogamos por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.

Durante este periodo, la UCR continuará realizando distintas actividades de reflexión, con el objetivo de abrir espacios de análisis y discusión que aporten a la comprensión de estos temas, los cuales son de gran importancia para el bienestar social y económico del país.

La Rectoría insta a la comunidad universitaria a participar en las actividades programadas y ejercer la necesaria coordinación para no afectar el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.

UCR puntualiza mociones que solventarian afectacion de reforma fiscal a educacion superior publica2
Estas mociones fueron presentadas en varios momentos por varios diputados.

 

Dr. Henning Jensen Pennington

Rector de la UCR

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Radicalizar la protesta

Marcos Chinchilla Montes

 

En casa tuvimos el gusto de hacer la primera reunión cantonal de San Sebastián del Partido Acción Ciudadana; así, avanzábamos nacionalmente en la inscripción del partido para que participara en sus primeras elecciones nacionales.

Era mucha la esperanza, principalmente, enfrentar la corrupción del bipartidismo, y desarrollar un nuevo derrotero en materia de participación ciudadana, mismo que parecía quedar ampliamente evidenciado en el lema “acción ciudadana”. En muy pocos años, la decepción fue cundiendo entre quienes simpatizábamos por el PAC, y si bien no se le pueden negar logros a sus diputados y al gobierno de Luis Guillermo Solís, se hizo más que evidente el contubernio que existía entre cuadros del PAC, y la dirigencia política y empresarial neoliberal representada en el PLN y el PUSC.

A fin de cuentas, muchas personas nos decantaríamos por otras tiendas partidarias afines y congruentes con la justicia social, la equidad y la distribución de la riqueza.

La marcha del día de hoy, y que pasará a la historia como la de los “cuatro gatos”, será también recordada por el grado de represión ejercida por Carlos Alvarado para evitar que miles de personas lograran arribar a la capital a ejercer su derecho a la participación y la protesta social.

Los reportes que llegan de todo el país son espeluznantes y hacen referencia a la instalación de un estado de terror que procura aplacar cualquier manifestación de participación social contra el Combo Fiscal: buses universitarios detenidos, buses en el caribe y en norte a los que se les bajaron las placas, empresarios autobuseros amenazados de perder sus concesiones si se brindaban servicios a los manifestantes, requisas en el camino. En algún momento del día, el diario La Nación reportó que se le habían bajado las placas a 22 autobuses. Esas acciones policiales no las vemos ni contra uber ni contra la delincuencia, pero si contra quienes tiene el atrevimiento a defender sus derechos.

Hoy, nuestro Estado se asemeja de manera peligrosa más al hondureño, al guatemalteco o al colombiano que persiguen activamente la protesta social, dejando en evidencia, que los sectores hegemónicos en un contubernio vergonzoso con el gobierno de Carlos Alvarado, recurren a la institucionalidad pública para quebrar a la huelga a como sea posible. El miedo que tienen ante la reacción popular, les hace reaccionar desconociendo y persiguiendo elementales derechos de la población.

El germen fundacional del PAC, la participación ciudadana, queda definitivamente mancillada y sepultada con las acciones represoras asumidas por el gobierno. El autismo y autoritarismo del binomio Alvarado-Piza, pero particularmente de los sectores económicos y políticos que mueven los hilos de sus acciones públicas, riñen con una perspectiva societal de democracia y construcción de ciudadanía que ha venido construyendo nuestra sociedad.

Paradójicamente, la insensatez política del gobierno que niega y reprime la participación -recuérdese, que era un tema fundacional en su expresión partidaria- se convirtió en una ejemplar manifestación política que se ha instalado a lo largo y ancho de todo el país durante ya tres semanas, desafiando el autoritarismo y la represión de un gobierno que parece, ya llegó al fondo de su legitimidad.

Como sociedad, nos quedan poco más de tres años y medio en la que el gobierno de Alvarado enfrentará una relación muy tensa, conflictiva y desacreditada con la colectividad; y lo más grave, es que el Combo Fiscal así como está formulado y desean aprobar en la Asamblea Legislativa, es insuficiente no solo para atender el desarrollo de la institucionalidad pública, sino para garantizar el desarrollo a escala humana de nuestra sociedad, lo que supone que junto al aumento de la pobreza, vendrán nuevos Combos Fiscales de naturaleza regresiva.

El gobierno nos empuja a un complejo escenario: radicalizar la protesta, entendida esta como derecho, especialmente cuando ha sido incapaz de incorporar en la matriz societal de representación las aspiraciones de las mayorías. Lamentablemente el gobierno parece que es incapaz de hacer esa lectura política y sigue estando sordo a las demandas populares, aunque todo oídos a favorecer los intereses de los sectores económicos que se niegan a ser parte de un plan fiscal progresivo.

 

Enviado por el autor.

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“Marcha de los gatos”: Combo fiscal evidencia enojo del pueblo ante 30 años de inequidad económica

Luego de operativos, manifestantes abordaron buses de servicio público para trasladarse a San José. Ciudadanía demanda justicia fiscal como expresión de democracia y de verdadera acción ciudadana

Foto: Nathy Vargas
Foto: Nathy Vargas

Colectivo Justicia Fiscal Ya

(COMUNICADO DE PRENSA) San José, Costa Rica, 26 de septiembre de 2018. A lo largo de la madrugada las personas manifestantes se fueron congregando para abordar buses desde diferentes lugares del país. En algunos casos el viaje no inició. En otros, el sueño se detuvo para constatar que la Policía de Tránsito bajaba las placas de busetas y buses.

A pesar del retiro de 22 placas, una gran mayoría se organizó para trasladarse en autos particulares y servicios de transporte público: ellas y ellos también son parte del aproximadamente millón de personas que el día de hoy clamó en el centro de San José por justicia fiscal.

La marcha de este 26 de septiembre demuestra que, lejos de lo que se ha divulgado, son múltiples sectores de la sociedad costarricense quienes manifiestan un descontento acumulado ante la inequidad promovida por los gobiernos de los últimos 30 años, aseguró Guillermo Acuña, sociólogo y analista.

“Estamos viendo el despertar de un movimiento con la participación de variados sectores campesinos, indígenas, de pesca, de instituciones públicas y del sector privado que se oponen al Combo Fiscal porque es una continuada intensificación de 30 años de políticas económicas dirigidas contra el pueblo”, aseguró.

Variedad, creatividad y color

Las calles de San José se llenaron de creatividad y color que reflejó la multiplicidad de personas, sectores productivos representados y lugares de proveniencia.

“Aquí vamos llegando a la estatua de León Cortés con los bueyes y maquinaria. Producimos para el mercado nacional y estamos en la lucha porque el agro se va a ver enormemente perjudicado por este paquete fiscal”, declaró José Oviedo, agricultor participante en la marcha de hoy.

Para Oviedo, las medidas propuestas en el Proyecto 20.580 impactarían negativamente sobre los niveles de pobreza que ya están presentes en el sector agropecuario del país.

“Aquí es una competencia desleal porque mientras los importadores están excluidos de todo a nosotros nos gravan con impuestos; a nosotros que muchas veces producimos para comer”, concluyó.Las fotografías y videos dan cuenta de la misma variedad: pancartas, mantas, mascaradas, dibujos, cimarronas y camisetas que claman por una reforma fiscal justa que contribuya a la construcción de un país con equidad.

“Estamos hartos de estos gobiernos corruptos que literalmente se han comido la comida del pueblo: nos han dejado solos, hemos quebrado, hemos gastado todo nuestro capital sosteniendo el trabajo del agro. Pero ya estamos en el punto que no vamos a aguantar más”, enfatizó Juan Carlos Murillo Martínez, integrante de la Cámara Costarricense Agropecuaria.

Para Murillo, quien llegó a San José desde Tilarán, Guanacaste, es urgente un proceso real de diálogo que permita al gobierno nutrirse de la sabiduría de quienes cuentan con amplia experiencia en producir para el país.

“Al presidente y a este gobierno le digo que sea más culto; que atienda los problemas del pueblo que dé la cara. En el tema, si se sienta con los ganaderos y agricultores, hablamos y arreglamos el país en 10 minutos. Pero escondiendo el rabo no sirve”, sentenció Murillo.

 

Información tomada de fuente original: http://www.vocesnuestras.org

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Mensaje del Rector de la UCR sobre las negociaciones de la reforma fiscal

El doctor Henning Jensen Pennington llama a emplear los mejores esfuerzos para encontrar soluciones prontas. Recomienda iniciar percibiendo y reforzando los intereses comunes en aras del diálogo. Le invitamos a escuchar el llamado del rector de la Universidad de Costa Rica. En caso de reproducir el video en su celular, sugerimos colocarlo en posición horizontal.

 

Enviado por Rectoría UCR.

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UCR: Sector agropecuario se beneficiará con aplicación del IVA del 1% en la canasta básica

  • Esta propuesta permitiría lograr la trazabilidad y la neutralidad del impuesto

Más de 200 000 productores agropecuarios y agroindustriales desde los pequeños agricultores, hasta los medianos y grandes agroindustriales de todo el país se verán interpelados por la actual reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa. Hasta el momento aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 1% se presenta como la opción que más conviene a este gremio.

Para comprender la situación actual del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus implicaciones para el país y para el agro en particular, la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica (UCR) llevó acabo un foro el lunes 18 de setiembre.

En el foro los expositores coincidieron en que el impuesto al valor agregado del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria, tal como está planteado en el actual texto en el expediente 20.580, beneficia a este sector.

Así lo indicó el Dr. José Antonio Cordero Peña, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR y el M.Sc. Martín Calderón Chávez, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, que forma parte del conglomerado agropecuario más grande del país, la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).

Sector agropecuario costarricense
El sector agropecuario costarricense está agrupado en Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) que integra a cuatro grandes organizaciones de productores: la Cámara Nacional de Agricultura, conformada por 28 cámaras del sector agropecuario, el pesquero y el industrial; el sindicato de productores UPA Nacional, la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV) de la zona Sur y el sector cooperativo agropecuario y agroindustrial representado por Coonacoop, al cual pertenecen 87 cooperativas. En total suman más de 2.000 productores agremiados.

1% IVA en toda la cadena productiva

La propuesta actual del sector agrícola, pecuario, agroindustrial, acuicola y pesquero ha sido aplicar el 1% del IVA en toda la cadena productiva desde la materia prima, incluyendo las importadas como el maíz, el trigo el sorgo y la soya, los insumos, la maquinaria, el equipo y los servicios hasta llegar a la canasta básica. Esta propuesta permite lograr la trazabilidad y la neutralidad del impuesto.

“Con el IVA no es cierto que el sector agro va a tener que pagar más, ni que la canasta básica se va a encarecer”. El impuesto se va trasladando a lo largo de la cadena, en cambio si queda exonerado esto no se podría hacer, explicó el economista agrícola y representante del sector agro M.Sc. Martín Calderón.

En el proyecto de ley actual también se aplicaría el 1% de IVA a las ventas, a las importaciones de los productos de la canasta básica y a los bienes agropecuarios. Calderón apuntó además que esta trazabilidad que busca el Ministerio de Hacienda para evitar la evasión fiscal, también beneficia a los productores ante las prácticas de contrabando de ganado y otros productos agrícolas porque la facturación permitiría saber con exactitud de procedencia de cada producto.

Otros beneficios

El gravar la canasta básica agropecuaria con el 1% a su vez protege a los productores nacionales ante la competencia de productos importados que forman parte de la canasta básica como los frijoles, el arroz y la leche. El experto explicó que si hoy en día la canasta quedara exenta y el resto de la cadena quedara tasada, el productor tendría que incluir este impuesto en su estructura de costos, lo cual encarecería el producto nacional frente al importado.

Por su parte, el economista Dr. José Antonio Cordero explicó que la uniformidad de las tasas es muy importante para que “nadie quede debajo del agua”, es decir, que todos los actores de la cadena productiva puedan tener una operación viable. Por otra parte, asegura el economista que con este impuesto (IVA), aunque los sectores más pobres pagan una proporción más grande de su ingreso, al final los que van a pagar el grueso de esta recaudación son los de mayores ingresos pues son los que gastan más.

Desde el 2011 el sector agropecuario ha estado presente en las discusiones de una reforma fiscal. En este periodo se han analizado alrededor de 20 textos diferentes. En todos ellos, la canasta básica estaba exenta pero sí estaban gravados el resto de productos de la cadena productiva, según detalló el M.Sc. Calderón. Con el texto actual el impuesto al valor agregado se aplica del 1% en la canasta básica agrícola y el resto de los productos y servicios de la cadena agropecuaria.

Con el texto sustitutivo que el gobierno presentó a la Asamblea el 14 de agosto los agropecuarios también lograron mantener algunas exoneraciones como las comisiones de las subastas agrícolas y ganaderas y las transacciones de animales vivos, el alquiler de terrenos para pequeños productores, los créditos otorgados por Banca de Desarrollo, primas de riesgos laborales y de seguros agropecuarios.

VEA: Foro situación actual del proyecto de ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas y sus implicaciones para el país y para el agro en particular,

 

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Kioscos UCR se pronuncia ante «combo fiscal»

CONSIDERANDO:

1.El país atraviesa una grave crisis fiscal. Es claro que se necesitan tomar medidas pertinentes para poder atacar las causas estructurales de dicho déficit y encontrar una solución justa para todos los sectores.

2.El proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, también conocido como “Combo Fiscal” fue presentado a la Asamblea Legislativa sin un proceso de consulta y consenso que integrase a diversos sectores sociales, a pesar de las implicaciones que un proyecto de esta magnitud traerá para la sociedad costarricense.

3.Frente a este escenario, distintas organizaciones sociales y sindicales se han sumado a un paro nacional indefinido desde hace más de dos semanas, exigiendo el retiro de este proyecto de ley del plenario legislativo, buscando construir una alternativa en conjunto que integre la posición de todos estos sectores.

4.Varias instancias de las universidades públicas, y en específico de la Universidad de Costa Rica se han unido a este paro nacional, donde la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del SINDEU se ha declarado en huelga.

5.En la última negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el presente año, se dejaron de lado aspectos fundamentales para la necesaria sostenibilidad presupuestaria de nuestra universidad pública, supeditándose a un adendum sujeto a la “buena voluntad” del gobierno de turno.

6.Además, la administración de la Universidad de Costa Rica ha anunciado una serie de medidas presupuestarias que afectarán el buen desempeño de las áreas sustantivas de la Universidad.

POR TANTO:

1.Exigimos un proyecto de ley tributario progresivo y que ataque las verdaderas causas estructurales de la crisis fiscal, como son la elusión y la evasión fiscal.

2.Rechazamos el proyecto de ley No. 20580 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS”, también conocido como “Combo Fiscal” pues consideramos que es un proyecto regresivo y que recae sobre sectores sociales que no han provocado dicha crisis fiscal.

3.El cuerpo docente del Programa Kioscos Socioambientales se une a la huelga declarada por el SINDEU. Además, el equipo de estudiantes asistentes del Programa se ha unido al movimiento nacional contra el “Combo Fiscal”.

4.Rechazamos las medidas de contención de gasto anunciadas por la Rectoría en el Oficio R-5254-2018, pues son parte de los ajustes tomados por la actual administración que han estado afectando varios sectores de la comunidad universitaria, como son el recorte de horas extra y combustible en el sector transportes, y la reducción de cargas académicas. Estos recortes han afectado con mayor medida a las sedes y recintos universitarios.

5.Exigimos que la adenda al acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) posea un sustento de ley y no se delegue a voluntades individuales.

6.Llamamos a nuestras compañeras y compañeros de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), así como otras personas de la Universidad de Costa Rica, a que se sumen a la huelga para realizar una campaña socio-educativa que dialogue con diversos sectores sociales sobre las implicaciones de este proyecto de ley.

Equipo Programa Kioscos Socio-ambientales

 

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Pronunciamiento Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica

El gremio de Trabajo Social en su devenir histórico, ha jugado un papel medular en la implementación de políticas sociales destinadas a atender las desigualdades sociales, producto del modelo de acumulación. De este modo, el colectivo profesional ha implementado sus procesos de trabajo particularmente con los sectores empobrecidos, en tanto en el proceso de reconfiguración del Estado la tendencia ha sido la de focalizar la respuesta estatal hacia los sectores históricamente más vulnerables y excluidos por razones de clase, género, etnia, grupo etario, solo para mencionar algunos.

Desde esta experiencia histórica somos testigos de primera mano del recrudecimiento de las desigualdades en sus diversas expresiones: empobrecimiento, violencia, desempleo, entre otras. Y, de la rearticulación de la respuesta del Estado, cada vez menos universal, en razón del discurso neoliberal que avanza con gran fuerza bajo el argumento de que el Estado debe reducirse y el llamado “gasto social” debe contenerse.

En este escenario de debate y de convulsión social, asumimos postura en favor de los que menos tienen y rechazamos el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 20.580, llamado popularmente “combo fiscal”, pues consideramos que afecta de manera particular a las personas sujetas de la política social en todos sus ámbitos, particularmente a los grupos más empobrecidos que requieren de la asistencia del Estado.

Ingrese en el siguiente enlace para leer el pronunciamiento completo.

Pronunciamiento Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica

 

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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Abogados discrepan de juez Álvarez Desanti sobre huelga en CNP

SURCOS da a conocer las posiciones de los especialistas en derecho laboral Mauricio Castro y Esteban Calvo R. que han circulado en redes digitales, después de que el juez Arnoldo Álvarez Desanti declaró ilegal la huelga en el CNP en el marco de las protestas que piden una reforma fiscal progresiva.

La resolución de primera instancia en el contexto de los convenios con la OIT y la Reforma Procesal Laboral
Mauricio Castro

Un juez de trabajo ha declarado ilegal en primea instancia una de las huelgas que se realizan en Costa Rica desde hace 12 días.

En esta primera declaratoria de ilegalidad, en un análisis violatorio de los convenios de la OIT, un juez de trabajo señala que no es posible hacer huelgas contra políticas públicas (como un proyecto de ley), sino solo a lo interno de las relaciones obreras patronales. Estoy seguro que a nivel internacional esta decisión causará sorpresa ante su mediocridad, indignación y desconcierto, por ser un tema superado desde hace décadas en el marco de la OIT.

Veamos qué dice la OIT y qué dice la Reforma Procesal Laboral.

¿Qué ha resuelto el Comité de Libertad Sindical de la OIT?:

“Finalidad de la huelga (huelgas económico-sociales,
políticas, de solidaridad, etc.)

758. Los intereses profesionales y económicos que los trabajadores defienden mediante el derecho de huelga abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 526; 344º informe, Caso núm. 2496, párrafo 407;
353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668;
357º informe, Caso núm. 2698, párrafo 224; 371º informe, Caso núm. 2963, párrafo 236,
Caso núm. 2988, párrafo 852; y 378º informe, Caso núm. 3111, párrafo 712.)

759. Las organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los trabajadores deberían en principio poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de política, económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de nivel de vida.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 527; 340º informe, Caso núm. 2413, párrafo 901;
342º informe, Caso núm. 2323, párrafo 685; 343º informe, Caso núm. 2432, párrafo 1025;
344º informe, Caso núm. 2496, párrafo 413; 346º informe, Caso núm. 2506, párrafo 1076;
355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668; 362º informe, Caso núm. 2838, párrafo 1077;
371º informe, Caso núm. 2988, párrafo 852; y 378º informe, Caso núm. 3111, párrafo 712.)

763. Si bien las huelgas de naturaleza puramente política no están cubiertas por los principios de la libertad sindical, los sindicatos deberían poder organizar huelgas de protesta, en particular para ejercer una crítica contra la política económica y social del gobierno.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 529; 344º informe, Caso núm. 2509, párrafo 1247;
348º informe, Caso núm. 2530, párrafo 1190; 351º informe, Caso núm. 2616, párrafo 1012;
353º informe, Caso núm. 2619, párrafo 573; 355º informe, Caso núm. 2602, párrafo 668;
360º informe, Caso núm. 2747, párrafo 841; y 372º informe, Caso núm. 3011, párrafo 646.)

766. El derecho de huelga no debería limitarse a los conflictos de trabajo susceptibles de finalizar en un convenio colectivo determinado: los trabajadores y sus organizaciones deben poder manifestar, en caso necesario en un ámbito más amplio, su posible descontento sobre cuestiones económicas y sociales que guarden relación con los intereses de sus miembros.
(Véanse Recopilación de 2006, párrafo 531; 344º informe, Caso núm. 2486, párrafo 1208,
Caso núm. 2509, párrafo 1245; 346º informe, Caso núm. 2473, párrafo 1543; 355º informe,
Caso núm. 2602, párrafo 668; 362º informe, Caso núm. 2814, párrafo 443; 363º informe,
Caso núm. 1865, párrafo 118; 367º informe, Caso núm. 2814, párrafo 354; 372º informe,
Caso núm. 3011, párrafo 648; 374º informe, Caso núm. 3050, párrafo 468; y 376º informe,
Caso núm. 3011, párrafo 151.)»

OIT. (2018) Libertad Sindical. Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del Trabajo. VI edición. Ginebra.”

¿Qué ha resuelto la Comisión de Expertos de la OIT?:

“… «el derecho de huelga constituye uno de los medios esenciales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para promover y defender sus intereses económicos y sociales. Estos derechos no sólo comprenden la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que abarcan también la búsqueda de soluciones a cuestiones de política económica y social y a problemas relativos a la empresa que interesan directamente a los trabajadores* ‘l. Así, el razonamiento de la Comisión se articula en base al derecho que se reconoce a las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y a formular su programa de acción con el objeto de fomentar y defender los intereses de sus miembros (artículos 3, 8
y 10 del Convenio núm. 87)».

OIT. (1994). Estudio General sobre Libertad Sindical y Negociación Colectiva. Ginebra: Oficina Internacional del trabajo.

¿Qué establece la Reforma Procesal Laboral?:

Los instrumentos internacionales y la misma Constitución Política no limitan el ejercicio de la huelga a los conflictos surgidos entre patrono y trabajadores, sino que establecen el derecho a la huelga y al paro (patronal) para promover y defender sus intereses económicos y sociales. Esto es así precisamente porque los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras pueden tener íntima relación con tales políticas, tal y como expresamente lo ha reconocido la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendación de la OIT.

El punto fue abordado en el marco de la discusión legislativa de la Reforma Procesal Laboral (expediente legislativo no. 15.990). La OIT elaboró un estudio técnico denominado “Estudio sobre Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral y Proyecto de Ley de Modificación del artículo 60 de la Constitución Política de la República de Costa Rica” (Julio de 2008). Este estudio explica que para no generar una contradicción con el convenio 87 de la OIT (ratificado por Costa Rica) el propio concepto de “interés económico y social común” debe aclararse en el sentido que “comprenda el recurso a la huelga para la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de políticas económica y social.” (Van der Laat y Schapira-Felderhoff, 2008).

Este aspecto ha sido abordado en extenso por el Comité de Libertad Sindical y por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (OIT, 1994, párrafo 165; OIT, 1996, párrafos 457 479, 481, 484, 492, 493 y 495) los cuales han diferenciado las huelgas “de carácter puramente político” de las huelgas contra políticas públicas que afecten los intereses sociales y económicos de las personas trabajadoras. Las primeras (las puramente políticas, por ejemplo de repudio a un gobierno) no forman parte de la libertad sindical y por lo tanto no están tuteladas
por el Convenio 87 de la OIT, mientras que las segundas (contra las políticas públicas en materias económicas y sociales) sí forman parte consustancial de la libertad sindical y del Convenio 87 (Gernigon, Odero y Guido, 1998).

Si bien la Reforma Procesal Laboral no estableció de forma expresa la huelga frente a las políticas públicas que afecten los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras, tampoco las prohíbe o excluye expresamente, por lo que la RPL debería ser interpretada en función del Convenio 87 y la doctrina elaborada por los órganos de control normativo de la OIT. Es decir, el alcance de la huelga para la “defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales” establecida como una de las finalidades legales de la huelga establecida en el artículo 371 del Código de Trabajo reformado por la RPL, debe ser interpretado conforme al convenio 87 de la OIT, según lo señalado por sus órganos de control.

Si la resolución judicial en concreto se mantiene y no es revocada por el superior, habremos colocado a Costa Rica en violación directa de nuestras obligaciones internacionales como país en el marco de los tratados de la OIT ratificados por el país.

Los dislates del del Juez Álvarez Desanti
Esteban Calvo R.

Este 21 de setiembre se hizo pública la sentencia número 1980-2018 del Juzgado de Trabajo del I Circuito
Judicial de San José, redactada por el Juez Arnoldo Álvarez Desanti, mediante la cual se
declara la ilegalidad de la huelga que acontece en este momento para los trabajadores del
CNP.
En el fallo es un disparete en todo rigor. No se entiende ni por la forma, ni por el fondo. Las
contradicciones de los razonamientos que en él se exponen son pasmosas.
No es cierto que la huelga general en contra de políticas públicas, como ocurre con la huelga
ahora en marcha, sea ilegal por tratarse de un conflicto que no encaja en el marco de una
relación obrero-patronal propiamente dicha, como erróneamente lo considera el Sr. Juez.
Mucho menos correcta es la afirmación según la cual, la huelga que acontece en estos días,
no es un huelga desde el punto de vista laboral. Nada más equivacado que esto.
Que la huelga general sea una modalidad de huelga atípica en nuestro medio porque no
está regulada, no quiere decir que el movimiento no califique como huelga, ni mucho menos
que esta tenga que ser ilegal per se.
Reiteradamente, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha sostenido que “las
organizaciones encargadas de defender los intereses socioeconómicos y profesionales de los
trabajadores, deberían en principio poder recurrir a la huelga para apoyar sus posiciones
en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de las grandes cuestiones de
política, económica y social que tienen consecuencias inmediatas para sus miembros y para
los trabajadores en general, especialmente en materia de empleo, de protección social y de
nivel de vida. (Véanse Recopilación de 1996, párrafo 480; 305.o informe, caso núm. 1870,
párrafo 143; 320.o informe, caso núm. 1865, párrafo 526, caso núm. 2027, párrafo 876;
336.o informe, caso núm. 2354, párrafo 682 y 337.o informe, caso núm. 2323, párrafo
1039.)”
El Sr Juez, ha olvidado que al ser la huelga un derecho fundamental, si no existe una norma
legal que prohíba o limite determinada modalidad de huelga, en principio esa modalidad de
huelga es legal. La huelga como derecho fundamenal que es, no puede ser limitada por
criterios restrictivos y simplistas como los que esboza la sentencia dictada por el Juez
Álvarez Desanti.
Al Sr. Juez se le escapa tener en cuenta que la regulación que recoge nuestro Código de
Trabajo sobre el instituto de la huelga, está pensada para la huelga de empresa, institución
o centro de trabajo. Por ende, los requisitos que la legislación exige para la legalidad de la
huelga no pueden ser traspolados ni aplicados de manera mecanicista a otras modalidades
de huelga, como lo es la huelga general. Tal ejercicio no lo permite la ley.
¿ Quiere decir esto que toda huelga general es entonces legal? Desde luego que no.
La huelga deberá siempre estar precida de espacios de diálogo; deberá atender a fines
lícitos, como lo puede ser la oposición a políticas públicas que lesionen los intereses de
clase; requiere de un apoyo ciertamente representativo de los intereses generales y sobre
todo, debe transcurrir de forma pacífica; requisitos todos estos que, según lo afirma el Juez
Álvarez Desanti en su resolución, han podido ser verificados. Es precisamente por esto que
la declaratoria de ilegalidad no se entiende.
Dejando de lado los razonamientos de la sentencia judicial, que a decir verdad, a mí me
importan poco por su poca trascendencia, deberíamos entender de una vez por todas, que
el principio rector del fenómeno de la huelga no es otro que el que ya quedara sentado con
la famosa frase del Expresdiente José Figueres Ferrer ¡ Huelga es Huelga!
Deberíamos entender de una vez por todas, que una huelga, sea típica o atípica, lícita o
ilícita, legal o ilegal, si es una huelga justa y cuenta con el apoyo decidido de los trabajadores
y trabajadoras, sea cual sea el ámbito donde esta acontezca, no tiene, no puede tener
ninguna otra solución ni salida razonable que no sea el diálogo y la negociación de buena fe
entre las partes. Ojalá que las autoridades de Gobierno así lo entiendan.

Documentos enviados a SURCOS por Juan Carlos Cruz y Roberto Zeledón