El martes 28 de agosto a las 5 p.m. en el edificio central de ANDE se llevará a cabo el Foro «Por una reforma fiscal justa y solidaria», patrocinado por FAU-ANDE-CUT.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Flora Fernández.
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Durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Consultiva de la Persona Joven (ANPJ), efectuada el pasado 4 de agosto de 2018 en Carillo, Guanacaste, representantes de las federaciones estudiantiles de las universidades públicas de nuestro país y varios asambleístas presentaron un pronunciamiento en defensa de la educación pública, ante la actual coyuntura y últimos avances de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que amenazan directamente a la educación superior pública.
En dicho encuentro, se acordó reprochar el accionar del Gobierno de la República, en específico del Ministerio de Hacienda, ya que pretende eliminar la exoneración del impuesto de valor agregado (IVA) con la que actualmente cuenta la educación universitaria. Esto perjudicaría el funcionamiento de las universidades y afectaría al estudiantado.
Asimismo, se resolvió solicitar la reincorporación del inciso 15 del artículo 8 al texto sustitutivo del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20580), pues es en tal apartado donde se acuerda exonerar la educación universitaria.
El Ministerio de Hacienda ha informado de su intención de presentar una moción que incorpore, dentro de las actividades no sujetas al pago del impuesto, la matrícula y los créditos de las universidades públicas. Sin embargo, se deja implícita la intención de que los bienes y servicios brindados como universidades públicas sean gravados con un 13 %.
Se acordó, también, rechazar tal acción, ya que representa un recorte al presupuesto universitario, donde además se sigue incumpliendo con el mandato constitucional de asignar el 8 % del producto interno bruto al presupuesto de la educación pública y su correspondiente partida designada a las universidades públicas, mediante el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), correspondiente al 1,5 % del PIB.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) indicó estar en completo desacuerdo con la iniciativa de gravar la educación superior pública con un 13 %, dado que el aporte de las universidades públicas es mucho más amplio que dotar al país de profesionales.
“Nuestra presencia está en todo el país, contribuimos al progreso por medio de la acción social, del trabajo en las comunidades y de la investigación”, aseveró la secretaria de Comunicación e Información, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Priscilla Vindas Salazar.
El martes 7 de agosto, a las 4:00 p. m., se convocó a todos los universitarios a participar en una reunión abierta en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) para debatir acerca del 13 % del impuesto a las universidades públicas.
María del Mar Izaguirre Cedeño
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) realizó un estudio sobre la posible aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) en Costa Rica y su impacto en la población, medido por nivel de ingreso.
El estudio establece los grados de progresividad (cuando quien más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente) o regresividad (cuando un impuesto capta un porcentaje menor del ingreso en la medida en que ese ingreso aumenta) del IVA en comparación con el impuesto de ventas vigente.
Los investigadores concluyen que al pasar del impuesto de ventas actual al IVA se reduce la regresividad, siempre y cuando se mantenga exenta del impuesto a la canasta básica de consumo. El paso del actual impuesto de ventas al IVA (con canasta básica exenta) agrega 0,62 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) a la recaudación. En contraste, si a partir de este punto (IVA con canasta exenta), se resuelve gravar con 2 % la canasta básica, habrá una ganancia de solamente 0,14 % del PIB en recaudación.
Se aclara, sin embargo, que el IVA es un impuesto que no es progresivo en su construcción.
El IVA propuesto inicialmente (expediente 20 580, en noviembre de 2017) mantenía a la canasta básica exenta del pago de dicho tributo, pero posteriormente la versión de texto sustitutivo de abril de 2018 incorpora un gravamen del 2 % sobre la canasta básica. Los cálculos realizados en el presente estudio incluyen las dos versiones de IVA.
Con el actual impuesto de ventas, el 20 % más pobre de la población aporta un 7,44 % de la recaudación procedente de los hogares nacionales, mientras que el 20 % de mayores ingresos aporta más del 40 % del total. Con el establecimiento del IVA, sin gravar a la canasta básica, el 20 % de menor ingreso aportaría un 7,3% del monto recaudado de los hogares, mientras que el 20 % más rico aportaría un 43,76 % del total.
Con esta información puede plantearse que un IVA sin gravar la canasta básica mejora en la progresividad del impuesto, en el sentido de que los deciles de mayores ingresos estarían realizando un mayor aporte a la recaudación.
Al utilizar el texto sustitutivo del 9 de abril de 2018 (que grava con un 2 % de IVA a la canasta básica), se revierte la mejora en progresividad. En efecto, el 20 % más pobre aportaría un 7,57 % de la recaudación de los hogares, mientras que el 20 % de mayores ingresos aporta un 43,14 %. En otras palabras, al pasar de un IVA que mantiene exenta la canasta básica a un IVA con gravamen del 2 % sobre esa canasta, se incrementa la porción de la recaudación que procede de los sectores de menores ingresos y se reduce la porción que procede de los sectores de mayores ingresos.
| Actualidad | Sin IVA en canasta básica | Con IVA en canasta básica | |
| Aporte del 20 % más pobre de la población al total recaudado | 7,44 % | 7,30 % | 7,57 % |
| Aporte del 20 % más rico de la población al total recaudado | 43,01 % | 43,76 % | 43,14 % |
Se ha establecido en este estudio que existe una clara necesidad de realizar un proceso de reforma que permita atender el déficit fiscal. Este problema ha venido acumulándose desde hace cerca de 10 años, está dificultando la labor del gobierno y endureciendo las condiciones en que se pueden obtener recursos en el exterior.
Después del 2008, el país inicia un proceso de deterioro fiscal hasta llegar a mostrar un déficit de un 6,2 % del PIB en el 2017. La deuda total del Estado pasó en ese período de 24 % a 49 % del PIB, es decir, casi un 50 % de todos los gastos en los que el país incurre deben ser pagados con deuda.
Los datos presentan claramente un deterioro, el cual ya ha sido incorporado en las estimaciones y cálculos de las agencias calificadoras de riesgo y se ha traducido en un aumento del costo de los recursos externos para el país. Las condiciones en que se pueden obtener esos recursos externos son cada vez más duras y onerosas. Tal panorama ejerce presión sobre el mercado financiero interno que puede elevar las tasas de interés y estrujar las condiciones que enfrenta el productor nacional y la población en general.
DOCUMENTOS
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica
Propuesta Sindical Común
Esquema de resumen ejecutivo
Ingrese en el siguiente enlace para conocer el esquema de la propuesta fiscal sindical:
Explicación didáctica de propuesta fiscal de alianza sindical
Compartida por Rosa Muñoz en redes digitales.
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UNA REFORMA FISCAL JUSTA Y SOLIDARIA PARA COSTA RICA
PROPUESTA SINDICAL COMÚN
El presente documento contiene la propuesta sindical, elaborada por la mesa técnica, en el marco del diseño de una reforma fiscal alternativa y no complementaria al proyecto de ley 20.580, que permita alcanzar soluciones tanto estructurales (de mediano plazo) como de impacto inmediato (de corto plazo) al déficit fiscal que Costa Rica atraviesa actualmente, para lo cual hemos agrupado las iniciativas en dos bloques de análisis según el plazo en el cual actúan sobre el déficit: A) Soluciones estructurales y B) Medidas de impacto inmediato. La presente propuesta tiene un carácter autónomo.
Todas y cada una de nuestras propuestas se fundamentan en la búsqueda del bien común y en la justicia social. Nos daremos a la tarea de demostrar que es posible concretar una reforma en la que “el rico pague como rico y el pobre pague como pobre”. Es posible construir una propuesta fiscal solidaria que solucione el déficit sin empobrecer a los hogares costarricenses. Definitivamente, es posible.
La pregunta es, ¿existe la voluntad política en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo para concretarla?
Ingrese en el siguiente enlace para conocer la propuesta:
Propuesta técnica final – Ajuste fiscal progresivo
Imagen tomada de la nota: Propician unidad sindical propositiva ante tema fiscal
Enviado por Albino Vargas.
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El último borrador de texto sustitutivo del proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp N°20580), que circuló el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de julio, perjudica directamente a las y los estudiantes de las universidades públicas, pues no exonera del pago del impuesto sobre el valor agregado a la educación superior pública.
Esto implica que de aprobarse la reforma, el estudiantado tendrá que pagar un 13% de impuesto sobre el costo de la matrícula, lo que significa alrededor de 400 millones de colones, que dentro del contexto de recaudación que espera el gobierno, representa pocos ingresos, pero que sí es representativo para las y los estudiantes de bajos recursos.
Para el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, esto es un golpe durísimo para la población estudiantil y es una clara política que pretende debilitar la educación superior pública costarricense.
“Pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de que debemos tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó el rector.
Además, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo que corresponde a una erogación adicional de más de 8500 millones de colones, para el caso específico de la UCR. Esto supone que del presupuesto universitario, las unidades académicas deberán desembolsar más recursos para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio y otros, lo que perjudicará el quehacer sustantivo de las instituciones y por lo tanto a la población estudiantil.
Por otro lado, en el artículo 11 de este borrador, sí exonera a la educación privada, bajando el pago del impuesto a un 2%.
El Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, explicó que con la propuesta a como está en este momento, se nota la intención de desfavorecer a las universidades públicas, ya que la no exoneración de impuestos pone a las instituciones en una situación de vulnerabilidad. Mientras que el Dr. Henning Jensen, manifestó que «la discriminación a favor de la educación privada es inaceptable y representaría un paso más en el decaimiento del Estado Social.”
Otro aspecto del proyecto de reforma fiscal que preocupa a las instituciones de educación superior pública es la la propuesta de derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR, asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general, así como a laboratorios y centros de investigación.
Otras universidades públicas del país también perciben fondos específicos que se destinan prioritariamente al funcionamiento de sus sedes regionales y les permiten llevar educación superior a diversas localidades del país.
Además, la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de primera infancia dentro del 8% del PIB destinado a la educación pública y la propuesta de regla fiscal, que se proponen en el proyecto de ley, atentan contra el fortalecimiento de la educación, pues disminuye la inversión en este rubro tan importante para el desarrollo del país.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Los diagnósticos realizados por los especialistas en materia fiscal son determinantes y coincidentes sobre la urgencia de resolver estructuralmente el problema fiscal, por que irremediablemente, tendrá un efecto multiplicador negativo, afectando no sólo otras áreas de la economía sino también del ámbito social.
La postergación en la toma de decisiones adecuadas sigue fortaleciendo la afirmación de que el costo de no enfrentar el problema, en el corto plazo, será mucho mayor en un futuro inmediato. La tendencia en el comportamiento de los indicadores revela con claridad los límites a los que nos estamos acercando y se suma al clima de incertidumbre que esto genera en el ámbito nacional e internacional, sobre la política y dinámica económica del país.
Nuestro sistema tributario es regresivo, con diseños obsoletos, alta elusión y evasión, y con exenciones para muchos de los sectores más dinámicos de la economía.
El abordaje del problema debe de ser integral, considerando en su justa dimensión lo que correspondería aplicar como medidas desde el lado de los ingresos, así como lo que corresponde a los gastos. Cualquier sesgo es inaceptable y por supuesto deberá ser abordado en el marco no sólo de una perspectiva contable, sino que, teniendo una visión país de futuro que prospectivamente evalúe el impacto que tendrán en la sociedad futura las decisiones actuales.
La gradualidad debe de ser un elemento a considerar y las medidas por implementar deben contar con una hoja de ruta precisa y concertada, cuyo ritmo genere la confianza de que el problema se resuelve en el plazo establecido, pero alejado de medidas súbitas que generen efectos adversos en la economía y en la población y contradicciones entre la política económica y la social.
Desde la perspectiva de las propuestas tributarias lo fundamental es la justicia tributaria. Es necesario hacer realidad en nuestro país la afirmación de que “el que más tiene pague más”. Esta afirmación lleva implícito dos principios básicos: el de equidad horizontal, que es claro al establecer que individuos con las mismas características deben de ser tratados de la misma forma, es decir que personas físicas o jurídicas con los mismos ingresos deberán de contribuir con la misma carga impositiva; y el principio de equidad vertical, que plantea que personas con características diferentes deben de ser tratados en forma diferente.
Esta visión de justicia tributaria, no se visualiza en la gestión administrativa ni en la estructura de los tributos a nivel nacional en dos aspectos: cuando observamos que el indicador de evasión y elusión a nivel nacional ronda el 8% del PIB y, cuando evidenciamos cómo algunos que tienen que contribuir evaden la responsabilidad en un monto considerable y en un porcentaje mayor que el mismo déficit fiscal. En ésta materia la Administración deberá establecer mecanismos efectivos de control y eficiencia que hasta el momento no ha mostrado. Esto resta credibilidad y se constituye en un obstáculo para nuevas propuestas tributarias.
Otro aspecto a destacar lo constituye el hecho de contar con una estructura tributaria con un peso relativo mayor en los impuestos indirectos y no en los impuestos directos, lo que de por sí la hace de carácter regresiva y no progresiva.
Las propuestas de reforma tributaria presentadas hasta el momento siguen conservando la lógica anterior y limitan la posibilidad de que a través de los impuestos se pueda generar mayor equidad en la distribución del ingreso.
Entre las múltiples tareas que debe acometer el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para contar con las condiciones fiscales que le permitan al país alejarse del peligro social y económico que representa una crisis fiscal, es la imposición de una renta sin exclusión de ningún tipo, siendo ésta una de las medidas más justas y progresivas que se pueden implementar.
Además, de la renta global se deben incluir estándares tributarios con las mejores prácticas de los países desarrollados en temas como subcapitalización empresarial, reglas anti paraísos fiscales, ganancias de capital y revalorización de activos y, por último, no dejar portillos que impidan la trazabilidad tributaria, ni que favorezcan las prácticas de evasión y elusión. Ello es fundamental si se quiere una reforma justa y progresiva.
Excluir la renta global, o incluir versiones que no contemplen algunos tipos de renta, sería una contradicción con el principio de justicia que impone, que todos debemos colaborar para salvar al país de una crisis fiscal y que cada cual debe contribuir en la medida de sus ingresos y posibilidades.
Estamos claros de que las tareas son complejas pero impostergables, por lo tanto, el Conare, como siempre lo ha hecho, se pone, con nuestros especialistas a la disposición de los diferentes sectores sociales y de las autoridades de Gobierno para contribuir en la búsqueda de una solución justa, equilibrada y sostenible del problema fiscal y de la reactivación productiva y económica.
Consejo Nacional de Rectores
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, cuenta con cinco importantes universidades públicas de alto nivel académico, que matriculan en primer ingreso anualmente a cerca de 27 mil estudiantes. Pero que, además de la educación formal, realizan juntas cerca de dos mil investigaciones al año y ejecutan alrededor de mil proyectos de trabajo en comunidades de todo el país.
La inmensa mayoría de los avances en investigación en Costa Rica y la región son desarrollados por las universidades públicas. Si nos pusiéramos a enumerar estos aportes, haría falta espacio en todas las páginas de este medio de comunicación.
Solo en la Universidad de Costa Rica (UCR), las y los estudiantes invierten un millón de horas al año en trabajo comunal universitario, bajo una filosofía humanista de construir soluciones con las comunidades y de devolverle a la sociedad parte de lo recibido gratuitamente a través de la educación universitaria pública.
El prestigio de nuestras carreras se demuestra en cifras de empleabilidad. Más del 90% de las y los estudiantes graduados de universidades públicas consigue empleo. Se alcanzan cifras del 98% y 96% de empleabilidad en el estudiantado egresado del TEC y de la UCR.
Estas cifras son y deben ser sinónimo de orgullo y de distinción en toda América Latina. Nuestra educación universitaria pública se cimienta sobre bases sólidas de personas, que supieron entender que la inversión en educación es lo que hace fuerte a nuestro país, es lo que nos permite ser una nación admirada en muchos ámbitos.
En momentos difíciles de crisis fiscal, no podemos dejarnos llevar por argumentos simplistas sobre la reducción de inversión en educación como medida paliativa al problema fiscal. Sería peor la cura que la enfermedad.
Uno de los elementos que nos distingue positivamente de otras naciones es el alto nivel de nuestra educación pública. Debemos entender que el recortar dinero en educación nos afecta a todas y todos, porque ello se traduce en limitaciones para los cupos en las diferentes carreras, en becas, en infraestructura, en equipamiento para la investigación, en proyectos de acción social en las comunidades. Nos afecta como país.
Es cierto que cuando hay escasez nos debemos socar la faja todas y todos. La UCR ha venido implementando medidas para reducir gastos y manejar con eficiencia los recursos públicos. Hay muchas cifras y acciones que lo demuestran, no las voy a enumerar en esta pequeña nota, aunque está claro que no son del interés de los grandes medios de comunicación.
También es claro que cuando se requiere de la toma de decisiones fiscales hay grupos y sectores ávidos de querer culpar a otros de la crisis, de desprestigiar a los y las funcionarias públicos, de minimizar el aporte o la importancia de la educación pública y de buscar artilugios para desenfocarnos del gran problema de evasión y elusión fiscal del que son protagonistas sectores económicamente poderosos de nuestro país y eso consta en múltiples publicaciones del Semanario Universidad, por ejemplo, con el caso de los Papeles de Panamá.
Desde la Universidad de Costa Rica seguimos y seguiremos brindando soluciones y respuestas a los grandes problemas en todos los ámbitos, incluido el de las finanzas públicas. Pero se hace imperativo recordarle a la población que la UCR está presente en todo el país, que la calidad de las medicinas que toma, la calidad de los combustibles que usa su carro, los granos con los que se hace el gallo pinto, las carreteras y puentes, etc, etc, etc son revisados y evaluados en la UCR para asegurarle calidad de vida que hoy tiene toda la población de nuestro país. UCR Presente.
Articulo publicado previamente en Semanario Universidad del 26 de julio, 2018.
Andrea Alvarado Vargas
Directora, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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A todas y todos los afiliados a SINTRAJAP y al pueblo en general.
Nuevamente algunos políticos que representan a la oligarquía costarricense intentan implantarle un paquetazo fiscal al pueblo costarricense y principalmente a la clase trabajadora, mediante Proyectos de Ley presentados ante la Asamblea Legislativa.
En Costa Rica venimos arrastrando graves problemas fiscales provocados por políticos irresponsables y principalmente por el pago de impuestos que la clase adinerada empresarial costarricense impunemente ha evadido, robándole a la patria y principalmente a los más humildes.
El problema fiscal no es responsabilidad de los trabajadores del sector público, como se ha querido decir, ni de los trabajadores en general, y no podemos aceptar que por medio de proyectos de ley se continúe agregándole cargas impositivas a los únicos que siempre cumplimos con los pagos de impuestos puntualmente.
Todas las Centrales Sindicales, Patria Justa y el BUSCO están haciendo un llamado a los trabajadores y al pueblo costarricense para que salgamos a defender al pueblo costarricense este 25 de abril, como la primera medida de resistencia contra el ataque de los representantes de los que siempre han evadido los impuestos. SINTRAJAP se une a la lucha y en principio esteremos presentes con una representación de dirigentes en San José este 25 de abril.
“CUANDO UNA LEY ES INJUSTA, LO CORRECTO ES DESOBEDECER”
Gandhi
Lic. Antonio Wells Medina
Secretario general
Liroy Pérez Pérez
Secretario de prensa
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Fredrick Patterson Bent.
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Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: “Con nuestro salario no se metan. Nos oponemos al expediente 20580 porque este proyecto de ley concatena reformas fiscales y empleo público y con ello pasan dos cosas: se le sigue endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y en segundo lugar, estas reformas fiscales son un paliativo, un “parchecito” al verdadero problema fiscal que atraviesa el país. (…)”.
Enviado por Maikol Hernández.
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