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Defensoría recomienda replantear la Regla Fiscal

Escrito en 29/06/2024. Publicado en Derechos.

Que trascienda el enfoque mecánico y, evalúe la eficiencia y calidad del gasto a recortar*

Tras su reciente comparecencia en la Asamblea Legislativa, la Contralora General de la República afirmó, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que existe una necesidad de replantear la regla fiscal desde su origen, porque a su criterio hay limitaciones e incongruencias.

Esta excitativa en relación con la necesidad de contar con un nuevo instrumento no es nueva, ya que desde el año anterior, un informe de la Defensoría de los Habitantes de noviembre del 2023, recomendó al Poder Ejecutivo “convocar una mesa de trabajo a nivel nacional con la activa participación de diversos sectores, incluyendo la sociedad civil, la academia, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y grupos políticos a nivel nacional con el propósito central analizar y debatir la regla fiscal”.

Entre los aspectos que detalló en su informe la Defensoría de los Habitantes indicó que, la actual regla fiscal presenta una falta de concreción en relación con el objetivo que se pretende alcanzar, ya que está más orientada en establecer una limitación en el tamaño del gobierno que a lograr resultados específicos en las finanzas públicas, al definir la regla como un límite al crecimiento del gasto corriente sin especificar un horizonte temporal de aplicación.

Un aspecto que resultó de suma relevancia durante la investigación es que, con la normativa actual, la restricción de la Regla fiscal no podría ser levantada incluso en períodos de bonanza fiscal, ya que utiliza como referencia del gasto de las instituciones del sector público no financiero, el cual no puede ser superior a la variación del PIB durante los últimos 4 años anteriores.

Asimismo, pese a que la Regla fiscal podría ser suspendida hasta por dos años en situaciones de estado de emergencia nacional o de recesión económica, durante la crisis económica generada por la pandemia, la Regla siguió activa, ya que se confió la decisión a la interpretación y aplicación del Reglamento correspondiente (Decreto Ejecutivo N° 41641-H), que dio como resultado que se otorgara un enfoque fiscalista que demostró que durante momentos socioeconómicos desafiantes, la regla fiscal se convirtió en un instrumento potencialmente perjudicial y regresivo que menoscabó la efectiva realización de los derechos de la población, derechos que están garantizados por normativas de rango superior a las leyes ordinarias.

Otro elemento que se destaca de la actual Regla Fiscal, es su incapacidad para permitir intercambios o compensaciones internas entre aquellas entidades que no requieran superar el límite de gasto autorizado y aquellas que necesiten un mayor gasto por atender poblaciones vulnerables, de manera que se cumpla con la restricción a nivel global.

Además, se señaló que la actual regla no tomó en cuenta la evolución de los ingresos públicos, lo que habría proporcionado mayor flexibilidad a la restricción del gasto ni consideró la relevancia del gasto institucional que se recorta o se restringe, ni incorporó un proceso de evaluación basado en beneficios, costos, impacto, eficiencia y calidad de los gastos sujetos a reducción o eliminación.

La diversidad de actores generó divergencia en las interpretaciones, debido a que la ley no abordó este asunto de manera explícita, sin definir el momento presupuestario para poner en marcha la norma y llevar a cabo su verificación, situación que se podría evitar si se contara con un Consejo Fiscal independiente del Poder Ejecutivo, con la capacidad técnica para evaluar la consistencia del marco fiscal y presupuestario, monitorear el cumplimiento de las metas fiscales y comunicar públicamente los resultados de sus análisis, como nos indica Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el informe para el año 2023.

Para la Defensoría el replantear la regla fiscal no significa debilitar la disciplina financiera, sino adaptarla a las necesidades contemporáneas, asegurando que el crecimiento económico sea inclusivo y sostenible, y que el bienestar de las personas no se vea comprometido por rigideces fiscales, que no toma en consideración la situación las crecientes necesidades de la población en términos de servicios públicos, los cambios demográficos en curso, o la atención requerida por grupos vulnerables y en situación de pobreza, entre otros factores socioeconómicos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El otro lado de la situación de Coopeservidores

Escrito en 19/06/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Las intervenciones de las autoridades de supervisión del sector financiero siempre generan atención, no solo porque ninguna entidad financiera ha logrado subsistir esos procesos, sino porque la lista de personas afectadas por estas intervenciones nunca es pequeña y en muchos casos reúne a una cantidad significativa de pequeños ahorrantes, que se ven sumidos en la incertidumbre mientras la intervención se lleva adelante. Faltan unos días para saber qué va a pasar con Coopeservidores y si podrá subsistir la intervención, algo que sería inédito, y conocer con detalle las responsabilidades de quienes tomaron decisiones que pudieron afectar el devenir de esta cooperativa financiera.

Ahora bien, no podemos aislar lo sucedido con Coopeservidores y el contexto económico que hemos estado viviendo. Desde la Universidad Nacional hemos advertido desde hace años que las personas están muy endeudadas y que, particularmente desde el sector público, ese sobreendeudamiento presiona la capacidad de muchas familias de atender sus obligaciones financieras, dejando a muchas personas trabajadoras sin un ingreso líquido suficiente, pues las deducciones por los créditos consumen la mayor parte del salario neto de las personas. Esto sucede así porque la normativa lo permite, que algunas entidades puedan pedir la deducción automática de las cuotas de crédito de los salarios de las personas funcionarias públicas, lo cual podría haber facilitado un mayor endeudamiento de las personas y un manejo más laxo de las garantías de pago.

Para julio de 2022, según información del Ministerio de Trabajo, 19.000 personas registradas en el Sistema Integra, que paga los salarios en el gobierno central, recibían un salario neto por debajo del salario mínimo. En ese momento se tomó la decisión de limitar las deducciones automáticas en aquellos casos en que las personas funcionarias recibieran un ingreso neto por debajo del salario mínimo, lo que eventualmente podría haber creado dificultades en la recuperación de algunas operaciones de crédito.

Coopeservidores nació como una solución financiera dirigida a funcionarios públicos, de hecho, arrancó con el nombre de Cooperativa la Unión R.L., formada por funcionarios de la Dirección de Servicio Civil, en 1957. En 1965 los asociados deciden cambiar el nombre y ampliar el ámbito de trabajo de la cooperativa, que bautizan en ese momento como Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L., con el nombre abreviado de COOPESERVIDORES R.L. En el año 2008 la cooperativa decide abrirse a la incorporación de trabajadores del sector privado, aunque su base ya estaba formada por asociados del sector público. Y esa conformación podría haber sido otra razón de su situación actual.

Desde el año 2020 los funcionarios públicos tienen su salario congelado, primero como una medida relacionada con la pandemia y posteriormente en función de la aplicación de la regla fiscal. Aunque no ha habido vaivenes fuertes de precios en este periodo, salvo lo sucedido con la inflación en el 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el 2020 y hasta hoy, se suma a la variación en el costo del financiamiento de los créditos de las personas, producto del ajuste de tasas de interés del 2022, tanto para moneda local como para moneda extranjera. Un aspecto que los economistas perdemos de vista en las estimaciones del costo de vida, pero que sin duda impacta en los recursos disponibles de las familias: las variaciones en el costo del financiamiento producto de los movimientos de las tasas de interés.

Entonces sumemos problemas: una limitación en la posibilidad de aplicar deducciones automáticas de las cuotas de crédito, cuyo efecto aún desconocemos; una reducción en el salario real de los asociados que constituyen la base de esa cooperativa y un aumento en el costo de financiamiento desde el 2022, además de los problemas que hubo en la gestión de esa entidad y de la que dará cuenta el informe del interventor una vez se conozca este. ¿Cómo y en qué medida pesaron estas situaciones en el desenlace del problema de Coopeservidores? Es importante saberlo y debe ser parte del análisis que se haga posterior a la intervención de esta cooperativa.

No estamos aquilatando apropiadamente las consecuencias de medidas de ajuste que se han tomado en los últimos años, impulsadas en un entorno económico restrictivo e incluso se podría decir negativo, con las consecuencias de por medio de la pandemia del Covid19 y la política monetaria restrictiva, a consecuencia del pico inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania. Quizás no estamos viendo las consecuencias de tener a un grupo importante de la población con el salario congelado desde hace más de 4 años, muchos de ellos sobreendeudados y enfrentando costos financieros mayores. ¿Podría repetirse lo de Coopeservidores en otra entidad financiera, particularmente aquellas vinculadas a grupos de funcionarios públicos?

Saber esto es fundamental para poder anticipar problemas adicionales, además de que nos sirva para entender que los procesos de ajuste fiscal tienen consecuencias negativas, incluso para el sector financiero.

Análisis fiscal a dos años del actual gobierno

Escrito en 07/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

*Fernando Rodríguez Garro

Mañana se cumplen dos años de la actual administración, pero en cuanto a política fiscal, no ha habido un cambio sustancial de la orientación mostrada en los últimos cuatro años.

Considerando que la regla fiscal entró a regir en el 2019, y se empezó a aplicar en el presupuesto propiamente en el 2020, podemos afirmar que al cierre de 2023 cumplimos cuatro años con la aplicación de un mecanismo de control de gasto.

Particularmente, en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones.

Para tener una idea más clara, en estos cuatro años el gasto público sin intereses creció un 1,4%. Las transferencias corrientes al sector público, donde se registran los movimientos de recursos para el financiamiento del gasto social y la educación superior, han sido las más afectadas, pues en estos cuatros años disminuyeron un 10,7%.

Muestra de ello es que este rubro de gasto equivalía a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, mientras que para el año 2023 cayó a un 3,8% del PIB, un ajuste de 1,5% en un partida dedicada a financiar otras entidades públicas.

Otro ejemplo preocupante del peso del ajuste es la partida de gasto de capital, que en ese periodo del 2020 al 2023 decreció un 16%; pasó de un 1,9% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB en el 2023.

La otra partida de peso en el presupuesto es el pago de remuneraciones, el cual creció un 7,1% entre el 2020 y el 2023, en un periodo en que se acumuló una inflación de 10,45%, lo que implicó un retroceso salarial, en términos reales.

La otra cara de esta evolución han sido las transferencias corrientes al sector privado, que recoge principalmente las pensiones con cargo al presupuesto, que han crecido en este periodo, aunque con fluctuaciones; presentan un crecimiento del 17,9% entre el 2020 y 2023, aunque entre los años 2022 y 2023 apenas creció un 1,7%.

El pago de intereses crece y es la partida de mayor crecimiento; en el periodo 2020-2023 aumentó un 49,1%, lo que ha implicado pasar de un porcentaje del PIB de 4% en el 2019, a un 4,8% en el 2023.

Junto a la reducción del gasto en la mayor parte de las partidas, con excepción de los intereses, los ingresos corrientes aumentan y pasan de 13,9% del PIB al 15,2% del PIB, como consecuencia de la reforma fiscal de 2018. Toda esto tuvo como resultado una mejora en la situación fiscal, pues el déficit financiero pasó de 6,7% en el 2019 a un 2,5% en el 2022, y para volver a subir a un 3,3% en el 2023, además de volver a contar con un superávit primario (gasto sin intereses menos ingresos corrientes) nuevamente en el 2022.

No obstante, y a pesar de la señalada mejora en el resultado fiscal del país, los intereses siguieron aumentando, lo que incluso explica en gran parte el repunte del déficit financiero del año anterior. Eso complica hoy la tarea de reducción del nivel de deuda del gobierno central, que sigue por encima del 60% del PIB y mantiene activa la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. La estimación del Observatorio Económico y Social (OES) es que la deuda seguirá por encima de ese nivel todavía al cierre de 2024, y deja la flexibilización de las normas más restrictivas de gasto hasta el presupuesto nacional del año 2026.

El sacrificio que está haciendo el país con la reducción del gasto social, la caída en la inversión pública y el congelamiento de salarios en el sector público, no se está compensando con una rápida mejora en el nivel de deuda, lo que complica la posibilidad de que las autoridades cambien el rumbo de la política fiscal en el corto plazo. Esto se explica por la nula respuesta del pago de intereses a la mejora en el resultado fiscal y a la reducción en el nivel de deuda. Como lo ha señalado el OES en varias oportunidades, así como se hizo con el tema de ingresos tributarios y de gasto público, deben orientarse esfuerzos de política pública y reforma legal para reducir el pago de intereses, sobre todo considerando el alto costo de la deuda pública costarricense.

Lo anterior será particularmente importante en el futuro, si el tipo de cambio sube en relación con los niveles observados en el 2023 e inicios del 2024, pues el gobierno ha estado acumulando más deuda pública en dólares, al punto de que la mayor parte del financiamiento del déficit de los años 2022 y 2023 se hizo con endeudamiento externo. Si el mayor riesgo cambiario que estamos asumiendo en el presente se manifiesta en el futuro, nuestra deuda podría hacerse más cara y eso nos llevaría a pagar más intereses por esa deuda en moneda extranjera.

Otro tema importante, que también explica el mayor déficit de 2023 con respecto a 2022, es la pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos. En un informe hecho público en octubre de 2023, sobre la evolución de la situación fiscal a agosto de ese año, desde el Observatorio señalábamos que: “cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, … de continuar ese ritmo, … el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018”.

Los ingresos tributarios interanuales siguen mostrando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, incluso al arranque del 2024, lo que se debe a la caída en el tipo de cambio y la pérdida de dinamismo en varios sectores de actividad económica. La caída en la carga tributaria que esperábamos en efecto se dio, pasó de un 14,09% del PIB en el 2022 a un 13,65% del PIB en el 2023.

La combinación de resultados que arroja la situación fiscal del país, en cuanto a menor gasto social, menor inversión pública, más gasto en intereses y menor dinamismo de la recaudación de impuestos, afectará el resultado de la política fiscal en los próximos años, no en cuanto al resultado fiscal propiamente, sino al impacto de esta política en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la distribución del ingreso. Retomar la inversión social y de capital, disminuir el costo de la deuda pública y recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios, será fundamental para retomar el papel de la política fiscal en condiciones de estabilidad.

UNA Comunica.

*El autor es coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Rector de la UCR agradece la liberación de las becas de los límites de la regla fiscal

Escrito en 13/09/2023. Publicado en Derechos, Educación.

Este 12 de setiembre, la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de Ley de Protección a la Inversión Pública en Becas y otras Ayudas para la Población Estudiantil.

La iniciativa libera la inversión en becas de los límites de la regla fiscal, permitiendo que estas ayudas puedan llegar a quienes más las necesitan.

En medio de una grave crisis educativa, las becas y otras ayudas son fundamentales para que estudiantes de las poblaciones más vulnerables puedan mantenerse en las aulas y continuar sus estudios.

Agradezco a las fracciones legislativas que apoyaron este proyecto por su visión y compromiso con la educación pública en todos sus niveles.

Imagen – UCR: Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector UCR.

Negociación salarial o conflicto social

Escrito en 28/07/2023. Publicado en Trabajo.

Manuel Hernández

La pérdida del valor real de las remuneraciones, a merced de las medidas extraordinarias de la Regla Fiscal y el congelamiento de los salarios que receta la Ley Frankenstein, ya se volvió absolutamente inasumible para los trabajadores.

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma PGR, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de CR, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:

“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

La política de los sindicatos debe ser: ¡negociación salarial o conflicto laboral!

Saludos insumisos.

Negociación salarial o conflicto social

Escrito en 21/03/2023. Publicado en Análisis, Trabajo.

Manuel Hernández

La política extremista de Estado, que impone una devaluación salvaje e indefinida de las remuneraciones, es una política pública de violencia institucional contra la clase trabajadora.

Hasta la misma Procuraduría General de la República, nada sospechosa de ser simpatizante de los sindicatos, advirtió que el congelamiento indefinido de los salarios, o por un plazo prolongado, tiene un efecto pernicioso, que vulnera el Convenio 131 de la OIT y un precedente de la Sala Constitucional, que dispuso que el congelamiento de los salarios sólo puede ser excepcional, por un plazo definido y claramente determinado.

También existe un precedente del Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de Costa Rica, que resolvió una queja, prácticamente en los mismos términos del precedente de la Sala Constitucional.

Cómo decían los Indignados:
“Nos sobra mucho mes al final del sueldo”. (Cártel, Madrid, 2011).

¡La política de los sindicatos debe ser: negociación salarial o conflicto laboral!

ANEP condena, fuertemente, perverso papel del FMI el cual está carente de autoridad moral

Escrito en 25/01/2023. Publicado en Trabajo.

–La regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social.

–Gobierno debe seguir con sus planes de flexibilizar la regla fiscal.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima que resulta urgente para la preservación de la misma estabilidad democrática del país, una fuerte flexibilización del perverso mecanismo neoliberal, de corte extremista, conocido como la regla fiscal; gran necesidad nacional habida cuenta de la grave y ya constatada desigualdad en que se encuentra la sociedad costarricense de la actualidad.

ANEP deja en evidencia que la tesis del actual Gobierno de la República al respecto, en cuanto a que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla, es totalmente correcta; y, por tanto, expresamos una enérgica condena al Fondo Monetario Internacional (FMI), que está amenazando al país si lo hace.

El FMI es una entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

La cara visible del tenebroso FMI para el caso de Costa Rica, la señora Marcela Goretti, debería ser llevada a visitar los barrios de las zonas costeras del país, cargados de miseria, de exclusión y de violencia, para que ella constatara la gravedad y la maldad de los informes que ella emite contra nuestro país.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal.

Ni en el caso actual de las entidades ya sometidas a la regla fiscal, ni en este, cuenta el FMI con autoridad moral alguna como para venirnos a decir a los y a las costarricenses cómo debemos re-ordenarnos para evitar que el crecimiento de la desigualdad ponga en peligro la misma estabilidad democrática del país.

Creemos, adicionalmente, que en la actual Asamblea Legislativa hay conciencias diputadiles decentes como para comprender que la flexibilización de la regla fiscal es un asunto de corte patriótico-social, más allá de las controversias entre Gobierno y oposición que hemos visto en estos días.

Haciendo los retoques correspondientes, esperamos que la flexibilización de la regla fiscal sirva para fortalecer la estabilidad democrática de Costa Rica y para aportar en cerrarle el paso al avance de la desigualdad social y de la exclusión económica.

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Por qué se archivó el Proyecto Terminal Pacífico

Escrito en 16/01/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Manuel Quesada

Presidente de Recope

Algunos siguen poniendo en duda la decisión de archivar el proyecto Terminal Pacífico de Recope. En ese contexto, deseo explicar las razones que nos llevaron a tomar esa decisión.

Objetivo del proyecto: El proyecto buscaba desarrollar un sistema para la importación de gas licuado de petróleo (GLP), diésel y gasolinas en el Pacífico, que permitiera descargar estos productos en aquellas ocasiones en las cuales no fuera posible hacerlo por el litoral Caribe como consecuencia de eventos naturales (como terremotos y huracanes) o sociales (como huelgas). El principal objetivo era entonces la reducción de los riesgos de desabastecimiento de combustible asociados con desastres naturales y sociales que enfrenta el Sistema Nacional de Combustibles por disponer solamente de puertos en el Caribe.

Al respecto, debe indicarse que esta nueva administración de Recope comparte, por supuesto, ese objetivo. Las preguntas que nos hicimos al iniciar nuestras funciones fueron las siguientes: ¿de verdad ese proyecto permitiría reducir los riesgos de abastecimiento de combustibles de manera significativa? ¿Qué tan grande sería el costo que tendrían que pagar los costarricenses para alcanzar tal reducción de riesgos?

Análisis del proyecto: La evaluación realizada por esta nueva administración mostró que el estudio había sobreestimado la capacidad del proyecto para reducir los riesgos mencionados por varias razones. Una de ellas es que aún con el proyecto operando, las importaciones de combustible seguirían haciéndose por la costa del Golfo de México. Es decir, los barcos que hubieran atracado en el muelle del Pacífico hubieran tenido que venir de Estados Unidos, principalmente, y atravesar el Canal de Panamá para llegar a su destino. Por esa razón, los riesgos de desabastecimiento asociados con las tormentas y los huracanes que surgen en el Caribe se hubieran seguido presentando. Aún así, habría una reducción de riesgos si se comprara en el Pacífico, aunque los combustibles provenientes de ahí serían mucho más caros que los que se compran actualmente.

Otra razón es que el surgimiento de eventuales huelgas en la empresa podría afectar cualquiera de sus procesos, incluyendo los que se fueran a establecer en el litoral Pacífico, así que tampoco es claro que el proyecto podría reducir riesgos asociados a fenómenos sociales.

Pero además, ¿cuál sería el costo de abrir una terminal en el Pacífico? Para empezar, hay que decir que existe una desproporción entre el monto de inversión del proyecto y el porcentaje de la demanda total de combustibles del país que este busca satisfacer. El proyecto buscaba satisfacer el 30% de la demanda de GLP, que representa apenas un 3,4% del volumen de ventas de la empresa, en el año 2021, y un 1,7% de las ventas totales en colones. Por otra parte, la inversión hubiera representado cerca de un 30% de la inversión total en infraestructura de la empresa y alrededor de tres (3) veces el valor de los activos asociados al GLP. Además, según establece el estudio de factibilidad, la Terminal Pacífico tendría apenas un 24% de utilización, por tanto, la magnitud de la inversión ociosa sería muy alta.

Teniendo en cuenta estos datos, no es de extrañar que el proyecto no resultara rentable desde el punto de vista financiero, según se indica en el mismo estudio de factibilidad. Una vez que se llegó a esta conclusión, el estudio optó por justificar la rentabilidad del proyecto, a partir de cuantificar el riesgo de desabastecimiento. Y, como mencioné anteriormente, la valoración de este riesgo estuvo sobreestimada.

La evaluación detectó otras limitaciones importantes del estudio de factibilidad. Por ejemplo:

A) La estimación de la demanda fue realizada con una metodología inadecuada para un proyecto como este.
B) A pesar de que se indica la necesidad de contar con inversiones adicionales, no fueron estimadas ni incluidas en el análisis financiero del proyecto.
C) Hubo errores metodológicos en la evaluación del impacto tarifario del proyecto, derivados de la forma en que se estimó su costo. Y, como si fuera poco, no es posible fondear la inversión requerida para el proyecto dentro de las restricciones impuestas por la regla fiscal.

Adicionalmente, se encontró que el estudio de factibilidad no analizó las inversiones asociadas al proyecto dentro de un análisis integral de las inversiones que Recope requerirá en el largo plazo. Por esta razón, no es posible ubicarlas dentro de un marco de prioridades que las justifique.

Nuestro compromiso: Esta nueva administración ha asumido un verdadero compromiso con el país: hacer a esta empresa eficiente, que genere beneficios para los costarricenses y que contribuya a la competitividad del país. Apostar a proyectos mal formulados, que no son rentables y que además se traduciría en tarifas más altas e injustificadas es un asunto que no podemos dejar pasar. Recope es una empresa que se debe a Costa Rica, a sus ciudadanos, a la industria y al comercio que la hacen grande. Es nuestra responsabilidad actuar en consecuencia y por eso no podíamos dejar que nos metieran ese gol.

BUSSCO rechaza treta del gobierno para aplicar regla fiscal en la CCSS

Escrito en 04/10/2022. Publicado en Trabajo.

La CCSS goza de una autonomía constitucional, que le otorga, exclusivamente, la administración y gobierno de los seguros sociales, impidiendo la injerencia política en la institución.

La Constitución Política, las múltiples sentencias de la Sala Constitucional y los diversos pronunciamientos administrativos, han señalado, reiteradamente, que la Caja no está sometida a la Regla Fiscal.

El gobierno ha venido atacando a esta institución y a sus trabajadores, por un ajuste de 7.500 colones, como excusa para tratar de meter a la CCSS n la Regla Fiscal, cuya aplicación ha sido desastrosa para muchas instituciones, pero que, en el caso de la CCSS, es una amenaza al derecho a la salud de la población costarricense.

BUSSCO condena el intento del gobierno de imponer la Regla Fiscal en la CCSS mediante un acuerdo de la Junta Directiva, que afortunadamente la moción fue rechazada mayoritariamente por los miembros de la Junta Directiva.

BUSSCO denuncia y rechaza esta nueva maniobra contra nuestra emblemática y autónoma institución y sus trabajadores, reiterando su oposición a la nefasta Regla Fiscal.

San José, 03 octubre de 2022

Lo de Cambronero no fue un accidente sino la consecuencia del modo neoliberal de habitar el mundo y “administrar” lo social

Escrito en 19/09/2022. Publicado en Derechos.

Roberto Fragomeno

Estamos de luto por lo que pasó en Cambronero. Y lo que pasó no fue un accidente sino la consecuencia del modo neoliberal de habitar el mundo y “administrar” lo social.

El Lanamme de la UCR ha advertido, hace varios años, que esa zona tiene fallas estructurales. Pero el Estado no invierte en obra pública porque la regla fiscal se lo impide y porque no es sensible a las necesidades sociales.
El Ministro le pide a la empresa privada que gestiona la ruta 27 que levante peajes para darle fluidez al tránsito. Pero la empresa privada se niega y entonces el ministro decide, a las 1.30, abrir la ruta 1. A las 4.30 se produce la catástrofe que, hasta ahora, mató a 9 personas. Los que pudieron pagar fueron por la 27 y los que no, por la ruta 1 y pusieron en riesgo sus vidas.
Veamos esto: el ministro le “pidió” un favor a la empresa privada. Pero ésta no accedió. Ni para el ministro, ni para la empresa privada existe algo así como “función social de la propiedad” ni siquiera ante las inclemencias del clima. El “poder” político se muestra sumiso frente a la lógica de la ganancia, no vaya a ser qué lo acusen de “expropiador”.

Neoliberalismo en acto: las ganancias empresariales son más importantes que la preservación de la vida. No es, solamente, un modo de explotación de las fuentes de la riqueza. El neoliberalismo está contra la vida.

Publicado por el autor en sus redes sociales, recuperado por SURCOS.

Imagen ilustrativa: Lanamme UCR.