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Etiqueta: rendición de cuentas

Corte Plena defiende al Poder Judicial y responde al Ejecutivo

Escrito en . Publicado en Derechos.

En la sesión de este lunes 6 de julio, la Corte Plena aprobó, por unanimidad, emitir el siguiente pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la República en la conferencia de prensa del pasado miércoles 1 de julio:

Pronunciamiento de Corte Plena

La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado.

El Poder Judicial está conformada por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.

Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente.

Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.

6 de julio de 2026

Carta abierta al Ministro de Cultura

Escrito en . Publicado en Cultura.

Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió

Señor Jorge Rodríguez Vives

Ministro de Cultura y Juventud

Estimado Señor Ministro,

Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:

Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.

Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.

En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.

Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.

Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.

Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.

Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.

Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.

Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.

El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.

No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.

Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.

El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.

De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).

Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.

La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.

Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.

Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.

Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.

Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.

Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.

Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.

Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.

También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.

Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?

Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6

Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.

Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.

Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.

Paola Valverde Alier

Poeta y gestora cultural

4 Incluir las muestras en anexo

El Enemigo a la Medida: Por qué el oficialismo prefiere atacar a la minoría

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

Por más que la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda fuerza del Congreso reciba sus dosis de ataques —especialmente su jefe de bancada, Álvaro Ramírez—, hay un fenómeno político que desafía la lógica matemática, pero obedece a una estricta estrategia de manipulación de masas: la fijación visceral del aparato oficialista y su red de troles contra Claudia Dobles, una fracción unipersonal, y contra el Frente Amplio (FA).

Con una mayoría simple de 31 diputados, la presidenta Laura Fernández tiene los votos para gobernar. El expresidente Rodrigo Chaves, en su momento, justificaba su estilo pendenciero alegando que la oposición le “bloqueaba” el país. Hoy, esa excusa ya no existe. Sin embargo, la estrategia de polarización se ha intensificado. ¿Por qué el gobierno de Fernández invierte tanto capital político y digital en destruir a quienes numéricamente no pueden detener su agenda?

El PAC y el FA como catalizadores de ira

La respuesta radica en la psicología de masas y la naturaleza del populismo neoconservador. Liberación Nacional es un adversario tradicional, un gigante pesado que comparte ciertos dogmas económicos con el oficialismo. Atacar al PLN genera un debate institucional. Atacar a Claudia Dobles y al Frente Amplio, en cambio, genera emociones viscerales.

Dobles representa para el oficialismo el fantasma del Partido Acción Ciudadana (PAC) —ahora bajo la Coalición Agenda Ciudadana— y de la “élite progresista”. El aparato oficialista explota esta imagen a su favor, a pesar de la enorme paradoja histórica: el mayor costo político del segundo gobierno PAC, bajo Carlos Alvarado, fue precisamente haber pactado con el sector económico más neoliberal del PUSC de cara a la segunda ronda del 2018. Aquella alianza pragmática provocó que el PAC terminara en un fuego cruzado, siendo señalado y repudiado simultáneamente por los liberales económicos, los sectores ultraconservadores y por el mismo progresismo de izquierda. Aún así, para la narrativa oficialista de hoy, resulta útil omitir esa realidad y revivir la figura del PAC como el enemigo total.

El FA, por su parte, encarna el antagonismo ideológico absoluto. La maquinaria oficialista, aceitada desde el caso de Piero Calandrelli y las redes de mercenarios digitales, sabe que su base no se enardece discutiendo sobre macroeconomía con Álvaro Ramírez; se enardece agitando el miedo al comunismo. Dobles y el FA son el muñeco de paja perfecto para mantener a la gradería encendida.

La campaña permanente como cortina de humo

Un gobierno con mayoría que prefiere pelear en lugar de proponer es un gobierno que intenta ocultar su incapacidad de gestión.

La administración Fernández, en un claro “enroque” del proyecto de Chaves, entiende que gobernar y resolver problemas estructurales conlleva un inmenso costo político. Al enfrascarse en disputas estériles y ataques personalizados a través de creadores de contenido a sueldo, el gobierno logra tres objetivos:

  1. Evadir la rendición de cuentas: Mientras el país discute el último tuit incendiario de un trol oficialista contra Claudia Dobles o los gritos en el Plenario hacia José María Villalta, nadie fiscaliza la ejecución presupuestaria o la falta de obra pública.

  2. Mantener la cohesión de su base: El populismo no sobrevive en la paz; requiere de un enemigo constante. Si el enemigo es numéricamente pequeño, pero altamente visible y articulado, la base siente que libra una batalla épica, aunque en la práctica el oficialismo tenga la aplanadora legislativa.

  3. Desgastar al adversario: Provocar a la oposición busca que esta reaccione desde la ira, proyectando una imagen de desorden y fragmentación que termina por validar la narrativa de que “los políticos de siempre solo saben quejarse”.

¿A quién favorece la polarización de Costa Rica?

La destrucción del tejido social y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas (la prensa, el Congreso, el Poder Judicial) no son daños colaterales; son el objetivo de esta estrategia. ¿Pero quién se beneficia en la sombra de un país dividido y un Estado distraído peleando en redes sociales?

El crimen organizado: Mientras el gobierno y el Congreso se paralizan en un teatro de confrontación ideológica, el narcotráfico avanza sin contrapesos reales. Un Estado que dedica sus recursos de inteligencia y comunicación a destruir a una diputada opositora es un Estado que deja las fronteras y los puertos a merced de los cárteles. La polarización es la mejor aliada de la narcocriminalidad.

El imperialismo MAGA y la Doctrina “Donroe”: En el plano geopolítico, esta estrategia no es un invento tico; es la importación directa del manual de la derecha neoconservadora (“alt-right”) global. La sintonía con la administración de Donald Trump y su renovada Doctrina Monroe 2.0 —la “Donroe”, como él mismo bromea— es innegable. Esta línea busca gobiernos satélites en América Latina que, bajo la fachada del nacionalismo, promuevan el libre mercado corporativo, anulen las agendas de derechos humanos y ambientales, y actúen como un bloque duro contra la influencia china. Deslegitimar voces como las de Dobles y el FA es un paso necesario para instaurar este conservadurismo autoritario sin resistencia.

El oficialismo no ataca a la minoría por debilidad, sino por cálculo. Entender esto es el primer paso para dejar de reaccionar a sus provocaciones y comenzar a desarmar su trampa.

Campo minado: legitimidad y poder en la literatura costarricense

Escrito en . Publicado en Cultura.

El pasado 11 de junio de 2026, participé como ponente en el ciclo El nuevo (des)orden literario del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa, titulada Campo literario, campo minado, fue moderada por el escritor Rodrigo Soto y contó con la participación de G. A. Chaves, Paul Benavides Vílchez, Guillermo Barquero y quien suscribe.
Lo que sigue es el texto íntegro de mi intervención. Es una investigación ciudadana documentada con fuentes primarias, registros audiovisuales públicos e información solicitada al Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Lo presento porque creo que esta información le pertenece a la ciudadanía.

Paola Valverde Alier
Poeta y gestora cultural

Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis dieciocho años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: “muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía”.

Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos; otras se retiraron, agotadas por ese entorno.

Poco, o nada, ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió “El ambiente tico y los mitos tropicales”i. Las tensiones identificadas ochenta y cinco años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo, en esencia, lo mismo: pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el Gran Área Metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder.

La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad, y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación: perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.

Distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar está hoy a solo un clic de distancia.

La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios.

La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado, a diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme.

Antes de abordar las fracturas que he documentado debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto.

En este sentido es justo reconocer las iniciativas de las instituciones. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del Gran Área Metropolitana. Todas son iniciativas valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos.

El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones.

El año pasado coincidieron, sin pretenderlo, diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones:

  • Un caso de plagio que involucraba un libro completo y la premiación de un poema en la Revista Nacional de Cultura.

  • Una obra con similitudes sustanciales publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos, en certámenes que exigían obra inédita, uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

  • La doble postulación a los Premios Nacionales de una misma obra en años consecutivos —descartada en 2023 y premiada en 2024—, publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con una ficha catalográfica que la identificaba como ‘primera edición’.

  • Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios.

Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.

Conozco de cerca el caso de los Premios Nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en este sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí varios audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes que, a mi criterio, evidenciaban un proceso opaco.

En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.

La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos; y en su Artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello “la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”. Como costarricense, me amparo en ese derecho.

Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados, debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de Premios Nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado.

En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros, cito textualmente: reedición o segunda edición; autopublicación o sin editorial; ensayo académico; no es ensayo; el período no corresponde; antología o recopilatorio; ensayo fotográfico; libro didáctico o libro infantil.

Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del período, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas del 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas: en una versión las anotaciones son visibles, en la que me entregaron a mí aparecen tachadas en negro.

Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisualesii de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que tres de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos.

Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el Artículo 5.d del Reglamento de Premios Nacionales.

Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerles a ustedes, esta noche, una comparativa. El Ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. Esto es muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información.

También se confirmó por escrito, mediante respuesta del director del SINABI, que los currículos de los jurados de 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional.

¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad?

La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración.

Para concluir el relato de lo ocurrido en los Premios Nacionales del 2024 debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados. Fue respondido con apenas dos páginas sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara: nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó, con documentación suficiente, fue el mecanismo previo.

A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Premios Nacionales. La nueva Ley está hoy siendo revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que la discusión generó incidencia.

Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadanaiii, realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender, el tema merece una investigación más profunda. Ojalá alguien tome nota.

Yolanda Oreamuno lo dejó por escrito: «Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No! Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente.». Y si se cuestiona demasiado, “rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado.”

El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los Premios Nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de «escarnio público». Y eso, paradójicamente, confirma todo lo que este texto señala.

Aquella frase que recibí a los dieciocho no era solo un prejuicio estético: era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad.

Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los tres días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos?

La memoria también es aquella persona que un día te dice: «soy un brujo; en cinco años te veré a los ojos y te diré que aquí no pasó nada.»

La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó.

Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio corremos el riesgo de una literatura sorda. Un campo fragmentado a pedazos. Un Frankenstein en busca de un padre.

Arrancándonos los ojos. Desollándonos la piel.

¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización?

Tengamos sentido de la responsabilidad.

Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también.

Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el Artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella.

Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura.

Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar.

Cierro con una pregunta: ¿cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia?

Muchas gracias.

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita información financiera a la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la CCSS información sobre los estados financieros auditados del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Salud (SEM). La CCSS atendió la solicitud con los oficios GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026.

Consta en dicha información que la empresa auditora de los estados financieros de los seguros que administra la Caja es Deloitte & Touche S.A. a la cual la Caja le paga por período $127,872.00 por los servicios de auditoría del SEM; $101,525.00 por período auditado del IVM y $11,479.00 por período auditado del RNC. Sumando los cuatro períodos 2021-2024 se obtiene que la CCSS ha pagado $963,504.00 por estos servicios.

Debido a que presuntamente no fue entregada toda la información solicitada, la ACSS está gestionando ante la CCSS la entrega de la información pendiente y solicita otra información. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-006-2026:

“Señora Mónica Taylor Hernández

Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

De conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y la Ley de Regulación del Derecho de Petición N° 9097, en relación con el oficio GF-1058-2026 del 23 de abril de 2026 y el oficio SJD-0727-2026 del 29 de abril de 2026, solicitamos la siguiente información de interés público:

Primero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Cabe señalar que la información relativa a los estados financieros auditados se encuentra debidamente divulgada y disponible para consulta pública a través de la página web institucional de la CCSS, en el apartado CCSS | Financiero.”

No obstante, consultada la página indicada, observamos que no se encuentran disponibles los estados financieros auditados del 31 de diciembre de 2024, por lo cual solicitamos su entrega.

Segundo. En el oficio SJD-0727-2026 se indica “De la revisión integral de las actas de Junta Directiva correspondientes al año 2023, no se registra el conocimiento de Estados Financieros Auditados.”.

Al respecto, se procedió a revisar la información suministrada y se determinó que en la sesión Nº 9510 celebrada el 08 de abril de 2025, la Junta Directiva de la CCSS sí conoció los estados financieros auditados del SEM con corte al 31 de diciembre de 2023. Además, notamos que en la información suministrada no constan las actas de la sesión de Junta Directiva en la que conoció los estados financieros de cada uno de los tres seguros o programas con corte al 31 de diciembre de 2024, motivo por el cual solicitamos su entrega. En el caso de que no hayan sido conocidos por la Junta Directiva, solicitamos que nos informen los motivos y que nos indiquen la fecha en la que los conocerán.

Tercero. En el oficio GF-1058-2026 se indica “Adicionalmente, respecto del período 2025, como es de conocimiento de esa estimable Presidencia, a la fecha no se dispone de una fiscalización externa concluida, por cuanto la emisión y disponibilidad de los Estados Financieros están en proceso de elaboración de junio a diciembre 2025, lo cual constituye un insumo esencial para el inicio y adecuado desarrollo del proceso de fiscalización correspondiente”. (Destacados se suplen).

Dado lo anterior, solicitamos que nos informen los motivos por los cuales a esta fecha aún no están disponibles los estados financieros no auditados de junio a diciembre de 2025 del RNC, IVM y SEM. Así mismo, que nos informen una fecha tentativa en la que estarán disponibles.

Cuarto. Solicitamos el nombre completo, el número de cédula jurídica de la empresa auditora que auditará los estados financieros al 31 de diciembre de 2025 del IVM, SEM y RNC, el monto que se le pagará en cada seguro o régimen según el contrato, el nombre completo de su representante legal en Costa Rica y su número de cédula.

Atentamente,

Dr. Alfredo Ramírez Montero
Lic. Carlos Eduardo González Arroyo
Lic. Jorge García Araya
M.Sc. Rodrigo Arias López”

Para la ACSS esta información es muy importante en momentos que la CCSS anuncia otra reforma al seguro IVM para reducir beneficios y poner a cotizar a los pensionados, sin siquiera haber entrado en plena vigencia la reforma aprobada para el año 2024, ya que es hasta el año 2027 que se pensionarán todos los varones de 65 años de edad que no pudieron hacerlo antes y las mujeres de 63 años que tampoco pudieron retirarse antes debido a esa reciente reforma.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Poder Judicial reafirma su compromiso con la transparencia al aprobar alianza con el Estado de la Justicia

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• Corte Plena acuerda trabajar de forma conjunta con el CONARE para la elaboración de un diagnóstico sobre la administración de justicia

La Corte Plena, integrada por las 22 magistraturas del Poder Judicial, acordó fortalecer los procesos de evaluación de la administración de justicia mediante su participación en el estudio que desarrolla el Informe Estado de la Justicia. Para ello, facilitará información, datos y colaboración técnica para la investigación académica.

Este lunes 1.º de junio de 2026, durante sesión ordinaria, el máximo órgano judicial aprobó la “Alianza Estratégica para la colaboración y participación entre el Poder Judicial y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), Programa Estado de la Nación”.

Como objetivo general, la iniciativa busca identificar aspectos relacionados con la eficacia, eficiencia, fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y retos que enfrenta la institución, así como las acciones necesarias para fortalecer el desempeño judicial, a partir de información real, técnica y objetiva. Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas permitirá ofrecer al país una valoración integral del sistema de justicia.

La magistrada y presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, señaló que la continuidad de este proyecto, desarrollado desde 2015, demuestra el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas, siempre con el propósito de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía.

“Existe un compromiso claro con el país de mejorar continuamente el servicio de administración de justicia. Hemos impulsado acciones y estrategias orientadas a ese objetivo, que han generado resultados importantes; sin embargo, aún quedan desafíos por atender. Por ello, es de suma importancia contar con una evaluación externa, técnica e imparcial que nos permita identificar oportunidades de mejora en procura de una mayor eficiencia y eficacia”, indicó.

La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Nacional (UNA), en representación de CONARE, suscribirán esta alianza estratégica, la cual tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por un período igual.

El acuerdo garantiza una articulación permanente entre ambas instituciones para el desarrollo de las investigaciones y la implementación de mecanismos efectivos de intercambio de información oportuna y completa.

Asimismo, mantiene el modelo de contrapartes técnicas, el establecimiento de mesas de trabajo con participación del Poder Judicial y la incorporación de profesionales especializados según las materias jurisdiccionales objeto de análisis.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

SiUNED: Carta abierta al Consejo Universitario, la Rectoría y la Comunidad Universitaria sobre el FEES y la rendición de cuentas institucional

Escrito en . Publicado en Educación.

Considerando:

1- Que la lucha por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) constituye un proceso estructural y prolongado, cuya resolución no será inmediata, sino que se proyecta en el mediano y largo plazo, en un contexto de restricciones fiscales y decisiones políticas que afectan el financiamiento de la educación pública.

2- Que existe una necesidad urgente de generar conciencia, organización y movilización en la comunidad universitaria —personas funcionarias, académicas y estudiantes— frente al debilitamiento progresivo del financiamiento público de la educación superior.

3- Que el Consejo Universitario, como máximo órgano de dirección política de la UNED, debe asumir un rol activo de liderazgo en la defensa de la universidad pública, su autonomía, su financiamiento y su compromiso social con el país.

4- Que otras universidades públicas han iniciado procesos de reflexión crítica y movilización académica, utilizando los espacios universitarios como escenarios de debate, formación política y construcción de posicionamientos frente al FEES.

Por tanto, solicitamos al Consejo Universitario:

1- Asumir públicamente una posición firme, clara y protagónica en defensa del financiamiento de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, frente a los escenarios presupuestarios restrictivos planteados por el gobierno.

2- Acoger y adaptar, en el contexto de la UNED, iniciativas impulsadas por otras universidades públicas, mediante el desarrollo de acciones permanentes de discusión, reflexión y movilización, mediante un paro activo, en todos los ámbitos institucionales.

3- Declarar el período comprendido entre mayo y agosto como una etapa institucional de análisis crítico, formación política y articulación universitaria en torno al FEES, que permita:

a- Informar a la comunidad universitaria sobre el contexto y escenarios.

b- Generar espacios de debate académico, foros y asambleas informativas virtuales y presenciales en todos los territorios.

c- Fortalecer la conciencia colectiva sobre la defensa de la educación pública.

4- Instruir a las distintas instancias académicas, administrativas y estudiantiles para que promuevan activamente estos espacios, para integrarlo a la vida universitaria de forma continua y sistemática, por ejemplo, mediante la incorporación de información en los entornos estudiantiles, espacios de atención académica, actividades académicas, insumos de imagen institucional, etc.

5- Convocar a la comunidad universitaria a participar de manera activa y consciente en este proceso, entendiendo que la defensa de la universidad pública es una responsabilidad colectiva.

La coyuntura actual exige claridad política, compromiso institucional y capacidad de conducción. Dejar de actuar en este momento implicaría ceder espacios estratégicos en la defensa de la educación superior pública.

El Consejo Universitario y el Rector, quien lo preside, están llamados a ejercer un liderazgo activo, articulador y comprometido con la historia, la misión y el futuro de la UNED.

Junto a todo lo anterior, seguimos esperando la convocatoria a una espacio público y de diálogo, para conocer la realidad financiera de la institución, tal y como lo anunciaron el 26 de marzo en la sesión abierta del Consejo Universitario en el Paraninfo de la UNED, solicitud hecha en reiteradas ocasiones por el Sindicato SIUNED, ante las preocupaciones de la comunidad universitaria.

También hacemos un llamado a la Rectoría a establecer un espacio de diálogo en donde se dé a conocer a la comunidad universitaria la estrategia y criterios que lleva la UNED a la Comisión de Enlace que negocia el FEES y su relación con la defensa del financiamiento de la educación superior y de los intereses institucionales. Consideramos necesario que cualquier acuerdo sobre el FEES sea consultado con la comunidad universitaria.

¡La defensa del FEES no es un hecho coyuntural: es una lucha estructural por el derecho a la educación pública!

¡Es necesario que la comunidad universitaria se prepare de forma unitaria y clara!

Defensoría pide cuentas ante posible suspensión de subsidios para nuevos casos del programa de Red de Cuido

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) una explicación respecto a si se suspendió o no la aprobación de nuevos casos para la transferencia económica del subsidio dirigido a la red de cuido infantil.

La alerta ocurre a partir de un oficio que recibe la Defensoría por parte de la Contraloría de Servicios de esa institución, donde se indica que, con base al oficio No IMAS-DDS-0067-2026 relativo a la ejecución de la transferencia monetaria condicionada; cuidado y desarrollo infantil 2026, emitido por la Dirección de Desarrollo Social y el Departamento de Bienestar Social “no se autoriza la aprobación de casos nuevos, ni siquiera por la vía de sustitución y las solicitudes correspondientes a la TMC Cuidado y Desarrollo Infantil deben permanecer en el registro de elegibles, hasta tanto la Dirección de Desarrollo Social emita una instrucción distinta”.

Ante ello, la Defensoría solicitó al IMAS conocer si están suspendidos los nuevos casos en esta línea de subsidios y, de ser positiva la respuesta, explicar las razones por las cuales se adoptó esa determinación y el plazo que se proyecta estará vigente.

Adicionalmente, se solicitó indicar el monto del presupuesto asignado al IMAS por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para el ejercicio presupuestario 2025 y el previsto para el 2026. Otra inquietud va relacionada con la distribución del presupuesto destinado del programa de la Red de Cuido, TMC Cuidado y Desarrollo Infantil en el IMAS entre las Unidades Locales de Desarrollo Social (ULDES) en el año 2025, y los criterios de priorización que se utilizaron.

Por último, se requirió conocer la cantidad de cupos de la RedCudi aprobados en el año 2025 y cuántos nuevos cupos se han logrado incorporar en lo que se lleva del 2026, e informar de la cantidad de personas menores de edad en lista de espera con el fin de ser incorporadas al programa de Red de Cuido y Desarrollo Infantil, por cada ULDES.