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Etiqueta: rendición de cuentas

Foro de Justicia llama a recapacitar y apoyar voto público legislativo

El Foro de Justicia Costa Rica expone en un breve audio la necesidad de que las diputados y los diputados recapaciten y aprueben la reforma reglamentaria para transparentar mediante el voto público algunas de las votaciones lesgislativas, pues este «es un derecho».

Marcia Aguiluz, en representación del Foro de Justica explica que algunos argumentos como amenazas que han recibido y por ello prefieren el voto secreto no son aceptables. Si eso ocurre «deben ser denunciadas ante los organismos competentes para identificar a quienes hacen intimidaciones, pero eso no puede justificar que las votaciones sigan siendo secretas», dijo. Principios constitucionales como la publicidad de lo que se acuerda así como la transparencia y rendición de cuentas son base para que esta reforma se apruebe.

«El país necestia esa reforma para proteger y fortalecer la institucionalidad» señaló Marcia Aguiluz. SURCOS le invita a escuchar y compartir el audio de unos dos minutos y medio.

De cómo el poder político se quita la máscara (55% para la entrevista)

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La nueva Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa ha decidido, en la metodología a seguir para el nombramiento de un magistrado (a) de la Sala Penal de la Corte Suprema, asignar un 45% a los atestados del candidato (a) y un 55% a la entrevista que harán a cada aspirante.

Las entrevistas en los procesos de nombramientos a cargo de los parlamentarios ha sido, históricamente, uno de los temas más cuestionados por arbitrarias, subjetivas, abusivas y hasta corruptas. Se ha asignado un valor a la entrevista sin ningún criterio técnico; se ha calificado a las personas con la mejor o la peor nota, sin dar ninguna explicación justificada; y se ha utilizado este mecanismo para “sacar del juego” a quienes por su excelencia curricular, obtienen los mejores resultados, pero por razones que sólo los políticos conocen, son relegados o excluidos.

Todos estos vicios han sido cubiertos por el velo del secretismo (nadie sabe quién vota por quién), y en medio de la más absoluta arbitrariedad (no se dan las justificaciones o razones del caso).

Un 55% de nota en la entrevista va a convertirse en el parámetro decisivo. Para quienes conocemos lo que ha sucedido en el pasado, lo único que pretenden los diputados y diputadas electores es eludir la obligación de dar cuenta de por qué se escoge a postulantes que no obtienen las mejores calificaciones en los rubros objetivos, y por qué todo el proceso se convierte en una burla para quienes participan de buena fe, siendo que desde un inicio lo único que cuenta es la cercanía político-partidaria y no los méritos del aspirante.

El “razonamiento” es realmente lamentable: “como los atestados, títulos, capacitación, experiencia académica, publicaciones y dominio de idiomas no garantiza la idoneidad de una persona, entonces… nosotros, que somos personas serias, podemos asegurar la mejor elección.” En primer lugar, la inclusión de parámetros objetivos se hizo precisamente para neutralizar un poco el subjetivismo de las entrevistas, cuestión que ha puesto en evidencia el uso abusivo del poder cuando los méritos han sido echados a la basura ante otros intereses no confesables. En segundo lugar, si una persona con atestados no garantiza idoneidad, ¿qué nos garantiza que un aspirante sin un buen currículum la tiene?. En tercer lugar, qué nos asegura que más allá de la idoneidad percibida por los miembros de la comisión, no es sólo la apreciación subjetiva de que este candidato resolverá los asuntos “como a mí me parece” que deberían resolverse? En otras palabras, un valor tan desproporcionado como el 55% para uno solo de los aspectos a ponderar, dará como resultado claro que será escogido el candidato o candidata que tenga la habilidad de decir lo que la mayoría de los diputados quieran oír. Sobre la mesa están, por ejemplo, fundamentalismos religiosos que ahora ven “pecado” en las luchas por los derechos fundamentales de algunas personas; o ven “canalladas” en las denuncias penales interpuestas para investigar si se han cometido graves delitos por parte de políticos relevantes; o ven como idóneo sentar en la Corte a algún litigante, de bufete reconocido, que hasta el día de ayer tenía asuntos suyos y de sus colegas pendientes de resolución en una Sala de este alto tribunal.

Está por verse, además, la efectiva realización de entrevistas con profesionalidad, responsables, razonables y profundas. Eso no es lo que ha habido en el pasado, ni hay seguridad de que lo haya en el presente. Los valores morales de valentía, integridad, compromiso, honestidad, independencia y pensamiento crítico, son meras abstracciones si no se revisan los antecedentes de una persona, en qué universidades obtuvo sus grados y posgrados (¿Universidades de verdad o de garaje?), con qué calidad de tesis, con qué promedio de notas, quiénes fueron sus profesores tutores, cuán actualizado, es decir, cuánta capacitación ha recibido después de graduado, cuánta reflexión especializada ha realizado en libros y artículos, cuáles han sido sus mejores escritos o sentencias, en fin, a cuántos tribunales de idoneidad se ha sometido antes de presentarse ante una Comisión de Nombramientos. A esto es lo que se denomina “hoja de vida” o currículum vitae y no puede rebajarse a menos de la mitad del porcentaje de calificación general para decidir una designación que afectará, para bien o para mal, a todos los costarricenses.

Lo cierto es que la clase política de este país sigue exhibiendo una miopía proverbial. No hay mejor garantía de objetividad e independencia que una judicatura preparada y competente, respetuosa de los derechos y libertades constitucionales, conocedora del derecho internacional de derechos humanos y el deber sagrado de respetarlo. Pero se nota una especie de fobia entre los políticos a la excelencia académica y los méritos acumulados en una carrera profesional ejemplar; también, de forma inaudita, se percibe como una amenaza el perfil de candidatas y candidatos íntegros e independientes.

Al fin de cuentas, este 55% para la entrevista le quita la máscara de objetividad a procesos de nombramiento que nunca han podido explicar la enorme contradicción que existe entre descartar a los mejor calificados para designar al décimo de la lista. La República está enferma cuando sacrifica a los mejores ciudadanos del ejercicio de los cargos públicos de mayor responsabilidad.

«Con el Acuerdo de Escazú nos hemos demorado más de la cuenta… hoy enmendamos el rumbo», Presidente Boric

El primer proyecto ley de este nuevo gobierno va a buscar su aprobación al Congreso Nacional, donde debe ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como el Senado para que el Acuerdo de Escazú se ratifique y entre en vigencia en nuestro país.

Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que busca proteger a los activistas medioambientales. Es, además, jurídicamente vinculante.

“Ser parte de este acuerdo envía una fuerte señal, en la senda de una recuperación sostenible en el contexto de la crisis sanitaria y refuerza el compromiso de Chile con la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, aseguraron las autoridades que participaron del acto de firma del mensaje que acompaña al Acuerdo, realizado en La Moneda el día de ayer.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, señaló: “Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano. Reconoce además una relación explícita y necesaria entre medio ambiente y Derechos Humanos”, puntualizó.

En tanto, el Presidente Gabriel Boric confirmó que este es el primer proyecto de ley que su gobierno envía al Congreso. “Esto es relevante no solo porque somos un Gobierno que cumple sus compromisos, sino porque también da cuenta del sentido de urgencia con que entendemos la crisis climática”, dijo.

 

Fuente e imagen: (Imagen de Prensa Presidencia, Chile).

Redacción Chile. (19 de marzo de 2022). «Con el Acuerdo de Escazú nos hemos demorado más de la cuenta… hoy enmendamos el rumbo», Presidente Boric. Pressenza. https://www.pressenza.com/es/2022/03/con-el-acuerdo-de-escazu-nos-hemos-demorado-mas-de-la-cuenta-hoy-enmendamos-el-rumbo-presidente-boric/ 

Avances de Hacienda Digital

La Comisión de Transparencia de Hacienda Digital para la Rendición de Cuentas y Evaluación de Resultados, invita al Facebook Live “Avances de Hacienda Digital: Construyendo la rendición de cuentas”, el día viernes 17 de diciembre del 2021, a las 8:30 a.m. Se contará con la participación de:

  • Carlos Campos
  • Alicia Avedaño
  • Yorleny León

La transmisión será por el Facebook de SURCOS y del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

Foro virtual: Auditoría Ciudadana de la Deuda con Participación Popular

SIPROCIMECA y el Grupo Transparencia Nacional, invitan al Foro Virtual Internacional, Auditoría Ciudadana Integral de la Deuda Pública: “Profundizando la democracia participativa y la rendición de cuentas, frente al sistema de la deuda”.

Las organizaciones invitan a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y en general a todas las y los costarricenses y foráneos interesados, a inscribirse de manera gratuita.

Los organizadores consideran que la auditoría Ciudadana de la Deuda con participación popular debe convertirse en un instrumento viviente de lucha contra la corrupción en todos los países del mundo; y como garantía de cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para combatir las desigualdades y garantizar una vida digna para todos los seres humanos. 

 En el caso de Costa Rica, toma relevancia de cara a los comicios presidenciales del primer domingo de febrero del 2022. 

El evento tendrá la participación de expositores de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.

Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.

 Horario: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

Modalidad: 100% virtual.

Inscríbase en el siguiente enlace: https://www.siprocimeca.com/matricula/

Territorios Seguros solicita rendición de cuentas al Poder Judicial en elección de magistrados suplentes

TS C 043 21
San José, 23 de octubre de 2021

Señor Lic. Fernando Cruz Castro
Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial

Estimado señor:

Nuestro Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros como usted sabe, ha venido desarrollando desde febrero de 2010, un proceso sostenido para establecer la cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados, tal cual lo establece el Art. 11 de la Constitución Política, lo que se transforma en un mandato incuestionable para una ciudadanía responsable que como El Soberano debe asegurar el ejercicio de un gobierno responsable, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional. En este proceso hemos reconocido siempre como el Poder Judicial desde el primer día se comprometió en este proceso, siendo un ejemplo no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, de hecho, este esfuerzo se tradujo en abrir el espacio para la construcción conjunta de la política de transparencia de la justicia. Como ciudadanía responsable nos hemos comprometido en rescatar la credibilidad institucional, especialmente la del Poder Judicial, la que día a día queda más en entredicho, pues se le suma el actuar del Ministerio Público, como nos lo hizo ver recientemente Don Warner Molina, cuando le señalamos el incumplimiento de la rendición de cuentas institucional, pactada para el mes de setiembre.

Ahora surge en el seno de la Corte Suprema un proceso de escogencia de Magistrados Suplentes, que deteriora aún más la imagen del instituto de la justicia y el sufragio, pilares de la estabilidad política, social y de la paz de nuestra República, pues sabemos que estos junto a otros, constituyen el pacto social que nos debe regir. Lo lamentable es que la escogencia de los magistrados ya empaña desde la Asamblea Legislativa, la gestión que la ciudadanía ha depositado en ustedes, aunque se pretenda justificar mediante una legalidad que día a día se percibe menos moral o que se valida al grito de “Fuenteovejuna fue”. Es por esto y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas que iniciamos conjuntamente, que requerimos nos haga llegar su respuesta sobre los siguientes aspectos:

  • ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y profesionales de idoneidad (constitucional) que utilizó usted como miembro de esa corte para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál fue la Sala de la Corte que tramitó el concurso y remitió la nómina de los candidatos que habían superado la etapa de calificación de antecedentes y entrevista?
  • ¿Consideró usted los nombres de la nómina que remitió la Sala Constitucional?
  • ¿Sabe usted cuánto le costó al Poder Judicial el concurso de antecedentes que efectuó la Sala Constitucional, incluyendo los días de salario de los magistrados que hicieron las entrevistas?
  • ¿Sabe usted que significan los términos confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad?
  • El principio de idoneidad constitucional para el ejercicio de un cargo público ¡aplica o no para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál es la norma que los faculta para hacer secreta la votación? Tenemos muy claro que usted, desde la función pública y nosotros, desde la ciudadanía, procuramos juntos, de la mano, transitar el camino que nos lleve a fortalecer la institucionalidad, en procura de la estabilidad y la paz social, por lo que esperamos muy pronto su respuesta.

Desde luego, como ha sido nuestro esfuerzo conjunto, esto se integrará en el proceso de rendición de cuentas y evaluación de resultados, que arrancamos en el 2010, para demostrar que en este país, las personas decentes de la función pública, junto al empresariado responsable y la ciudadanía consciente de su deber constitucional, haremos que la corrupción y la impunidad, así como el autoritarismo que buscan tomar el control del país, no tendrán espacio, cuando desde El Soberano se hace valer la Carta Magna construyendo la República Participativa, ahí establecida.

Quedamos a la orden y en espera de resolver esto prontamente y a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

 

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

CTRN propone medidas para lograr transparencia en la gestión pública

CTRN propone medidas para lograr transparencia en la gestión pública

SURCOS comparte la siguiente información:

En el video que se publicó en el canal del Periodico SURCOS, Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, expone que el problema del déficit fiscal en nuestro país obedece a actos de corrupción más la elusión, evasión y fraude fiscal. 

Esto pasa frente a nuestros ojos y estos grupos de poder económico y político siguen financiando las campañas electorales de los partidos políticos tradicionales con el fin de mantener su estructura de corrupción en el gobierno siguiente. Lo peor de esto es que se culpa al empleado público del déficit. 

En el video se hace una reflexión sobre los servicios públicos y plantea la situación que estarían viviendo los costarricenses si la Caja Costarricense de Seguro Social no operara. En relación con esto se propone la siguiente campaña: “No más corrupción en nuestro país: somos más los buenos”, para exigir a los poderes de la república transparencia, participación ciudadana, mejor administración pública, instrumentos de rendición de cuenta efectivos, impulsar un proyecto de ley para elegir de manera directa a los diputados y los puestos municipales.

Adjuntamos el video oficial:

Petitoria reforma de leyes en materia de anticorrupción

El pasado jueves 08 de julio, representantes de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y del Movimiento Nacional Territorios Seguros, envían una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada y a Silvia Hernández Sánchez, Presidenta de la Asamblea, en la cual hacen un llamado a tomar acciones para frenar la corrupción, además resaltan el papel que debe tener la ciudadanía; En este documento realizan una serie de exigencias a los/as mandatarios y piden lo siguiente: 

  1. Una firma pública de compromiso con el pueblo de Costa Rica para establecer de inmediato un proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública de los Poderes de República.
  2. Que MIDEPLAN, la Contraloría General de República (CGR) y otros órganos de control interno estatales, se sumen al proceso conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas para cada Poder, Ministerio y Jerarca del Estado, como lo manda la Constitución Política.
  3. Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en articulación con la ciudadanía impulsen y establezcan las políticas de participación ciudadana que establece la Carta Magna en los procesos de control y rendición de cuentas, en su Art. 11.
  4. Que se impulse el proyecto legislativo 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las tracciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.
  5. Que se genere un proyecto de ley en coordinación con la ciudadanía, para efectos de que la elección de diputados y puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

*Se adjunta documento completo de la carta enviada

UNDECA exige transparencia y rendición de cuentas en compras de la CCSS

COMUNICADO DE PRENSA; 8 de junio, 2021

Debe priorizarse el derecho a la salud y la vida; y realizarse una investigación hasta las últimas consecuencias.

El Gobierno de la República, a raíz de la pandemia, declaró estado de emergencia nacional, desde el 16 de marzo del 2020. Esta declaratoria implicó para la CCSS refinanciar el Fondo de Contingencias y destinar un presupuesto de 125.000 millones, para la construcción de infraestructura. remodelaciones, adquisición de equipos de protección personal, equipo médico, insumos y otros.

Un Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República. de carácter especial, DFOE-BIS-IF-0003-2021, de 31 de mayo 2021, acerca de las contrataciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social, en el escenario de la emergencia sanitaria del COVID-19, desnudó las graves omisiones y evidencia las serias anomalías de control interno en las compras realizadas a través del Fondo de Contingencias del Seguro de Salud, en el 2020.

«En el estudio del órgano contralor se advierten deficiencias en las compras realizadas, amparadas a procedimientos de excepción, cual más de todas graves, como incumplimiento de los requisitos iniciales en las contrataciones, omisiones en las especificaciones técnicas del objeto contractual y los criterios de evaluación de las ofertas, entre otros desaciertos, que comprometieron los recursos institucionales», detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de UNDECA.

Si bien una emergencia permite realizar compras por excepción, como mecanismo para agilizar la adquisición de bienes y servicios, éstas no se pueden realizar a la libre, porque existe una serie de principios que no se pueden obviar, como el de publicidad, control, transparencia y rendición de cuentas, que desafortunadamente fueron incumplidos en estas compras.

No estamos hablando de compras de un termómetro, de una camilla: son miles de productos que se adquirieron y que representan miles de millones de colones.

Además, el informe advierte serias omisiones en la publicidad de las compras, que debilitan el control ciudadano y opacan la democracia.

La CCSS debe implementar estrictos mecanismos de control, que garanticen y demuestren que las compras se realicen con mayor objetividad, donde prevalezca la sana administración y el interés público.

UNDECA exige que la Auditoria Interna, con base en el Informe de la Contraloría, profundice la investigación, con la finalidad de contribuir a mejorar los procedimientos administrativos de compras de emergencia y valore la eventual responsabilidad administrativa y hasta patrimonial, si fuera del caso, de aquellas instancias superiores de la institución que puedan resultar responsables, porque se trata de recursos de los trabajadores y el pueblo, que deben destinarse a resguardar el derecho a la salud y la vida de todo el pueblo costarricense.

Información con Martha Rodríguez 8398-3527