Skip to main content

Etiqueta: represión política

La postguerra civil del 48 no fue un lecho de rosas

Por Juan Félix Montero Aguilar*

Dice Adriano Corrales Arias en su artículo “Costa Rica al borde del autoritarismo” publicado en la revista SURCOS que Costa Rica, después de la Guerra Civil del 48 “resolvió los conflictos acumulados de la crisis general del capitalismo durante la primera mitad de ese siglo, con una concertación nacional”.

Agrega Corrales Arias que “aquel pacto social inédito –la oligarquía, los sindicatos, la burguesía nacional, el partido comunista, la iglesia católica, sectores medios emergentes, se habían sentado a la mesa– representado por la Asamblea constituyente de 1949 que consiguió redactar una Constitución Política visionaria, amplia y robusta, la cual tuteló las grandes reformas y nacionalizaciones”.

Yo por lo menos tenía o tengo conocimiento de otra Costa Rica no tan idílica después de los hechos bélicos de 1948 del siglo pasado.

No voy a referirme a acontecimientos harto conocidos como los mártires del Codo del Diablo, el encarcelamiento de los principales dirigentes del PVP (Luis Carballo, Carlos Luis Fallas, Arnoldo Ferreto, etc.), la persecución de la labor de excombatientes, el exilio de Carmen Lyra y Manuel Mora.

Me referiré solamente a un episodio que tiene que ver con las afirmaciones de Adriano sobre la Asamblea Nacional Constituyente aprobada en noviembre de 1949.

Agradezco al historiador Gerardo Contreras, mi coterráneo de Alajuela y Turrialba, quien hace años con mucha paciencia me explicó estos acontecimientos.

Lo cierto del caso es que a esa constituyente no les fue permitido participar a los partidos que salieron derrotados en la guerra civil, así como tampoco a los sindicatos de la CTCR que fueron puestos fuera de ley.

Sin embargo, pese a todos los obstáculos, dicha constitución pudo llevar su sello gracias a terceros que fueron constituyentes, uno de ellos Celso Gamboa Rodríguez (Partido Constitucional), a quienes los dirigentes del Partido Comunista en la clandestinidad recurrieron para que en ella quedaran plasmadas las garantías sociales y el Código de Trabajo entre otras.

No fue sin embargo posible evitar que en dicha Constitución se incorporara el párrafo ll del artículo 98, mediante el cual mantuvieron fuera de ley, sin poder participar en elecciones a los militantes y simpatizantes del Partido Vanguardia Popular durante veintisiete años.

Después del 48 se abrió uno de los capítulos más oscuros de la historia patria, donde fueron conculcadas libertades individuales y colectivas y las organizaciones sociales y los partidos de izquierda se enfrentaron a un reto: luchar por recuperar la democracia.

Ni siquiera en procesos tan cruentos como lo fueron las guerras civiles de El Salvador, Guatemala o Nicaragua, la oposición beligerante fue sometida a tanta discriminación y represión como lo fue el partido comunista y los movimientos sociales que participaron en la lucha armada en Costa Rica.

Durante los años setenta del siglo pasado, el Partido Vanguardia Popular desplegó una intensa campaña dirigida a los sectores democráticos del país en la cual se recogieron miles de firmas y gestiones a nivel parlamentario lo que permitió recuperar la democracia en Costa Rica, entendida esta como el derecho de todos los ciudadanos a elegir y ser electos en los poderes del Estado.

*Juan Félix Montero Aguilar es profesor pensionado.

Pronunciamiento de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional sobre las elecciones en Venezuela

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) ha emitido un pronunciamiento sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el pasado 28 de julio de 2024. En la sesión ordinaria No. 15-2024 del Consejo de la Facultad, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2024, se abordaron los hechos relacionados con la elección y las controversias posteriores.
Según los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro resultó ganador con el 51,95% de los votos (6.408.844 votos), mientras que Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, obtuvo el 43,18% de los sufragios (5.326.104 votos) con el 97% de las actas escrutadas. Sin embargo, indica el comunicado, el CNE aún no ha publicado las actas desglosadas por mesa de votación para corroborar estos resultados.

Por su parte, la oposición ha cuestionado los datos oficiales y ha presentado aproximadamente 24 mil actas recolectadas por voluntarios, que representan un 81,7% del total. Según el conteo opositor, González Urrutia habría ganado con el 67% de los votos frente al 30% de Maduro.
El Panel de Expertos de la ONU emitió un informe preliminar en el que afirma que el CNE «no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas elecciones creíbles. Además, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela convalidó los resultados el 22 de agosto de 2024, lo cual fue rechazado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señala la falta de imparcialidad tanto del tribunal como del CNE. La OEA instó a que se publiquen las actas de la elección desglosadas por mesa y que se realice una verificación imparcial de los resultados.
Desde que se conocieron los resultados oficiales, se han registrado protestas masivas dentro y fuera de Venezuela exigiendo transparencia en el conteo de los votos. Estas manifestaciones han sido reprimidas por el gobierno, resultando en 27 personas fallecidas, cerca de 200 heridas y más de 2.400 detenidas hasta la fecha, dice el documento enviado a SURCOS.

La comunidad internacional ha llamado al gobierno venezolano a cesar la violencia contra la población civil disidente y a garantizar la transparencia electoral, situación que no se ha resuelto hasta ahora.

El escrito del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales de la UNA expresa que la crisis política en Venezuela se atribuye a un deterioro de las instituciones democráticas, influenciado tanto por el modelo populista del chavismo como por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Esto ha exacerbado la polarización política y la crisis económica, lo que ha forzado a unos 7,7 millones de venezolanos a abandonar el país, muchos en busca de mejores condiciones de vida o para huir de la persecución política. En Costa Rica, para 2023, se reportaron 29.400 venezolanos, de los cuales solo 11 mil han logrado regularizar su estatus.

Acuerdos del Consejo de la Facultad
En respuesta a este complejo escenario, el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA acordó los siguientes puntos:

  1. Instar al gobierno de Venezuela y al Tribunal Supremo de Justicia a detener la represión y la persecución política contra los líderes de la oposición, así como a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión de la población civil que exige el desglose de las actas por mesa de votación.
    Acuerdo firme y unánime.
  2. Ratificar la importancia de que los partidos políticos respeten la voluntad popular y que el CNE ponga a disposición las actas de todas las mesas de votación para un conteo transparente.
    Acuerdo firme y unánime.
  3. Instar a los gobiernos extranjeros a no reconocer a ningún candidato como ganador hasta que los resultados finales sean corroborados por los datos de las actas.
    Acuerdo firme y unánime.
  4. Solicitar al Consejo Universitario de la UNA que se pronuncie oficialmente sobre la situación en Venezuela, exigiendo el respeto a la voluntad popular y a los derechos humanos.
    Acuerdo firme y unánime.
  5. Fomentar la discusión informada sobre procesos electorales en la Facultad de Ciencias Sociales, reconociendo que la transparencia y la democracia son esenciales para la convivencia pacífica y el respeto al estado de derecho en América Latina.
    Acuerdo firme y unánime.
  6. Comunicar este pronunciamiento a toda la comunidad universitaria y a las autoridades pertinentes, incluyendo al Dr. Arnoldo André Tinoco, Canciller de la República de Costa Rica.
    Acuerdo firme y unánime.

Este acuerdo fue firmado por la Dra. Marta Sánchez López, presidenta del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, y «refleja el compromiso de la Universidad Nacional con los valores de soberanía, democracia y derechos humanos».

Información compartida con SURCOS por el profesor Carlos Carranza.

El Codo del Diablo: 74 aniversario de un crimen de Estado que aún permanece en la impunidad “… Crímenes de guerra y lesa humanidad…”

Por: Trino Barrantes Araya
Partido Vanguardia Popular
camilosantamaria775@gmail.com

“…1º.- Que ya hace más de un mes don Otilio Ulate denunció desde las columnas de sus propios periódicos, el asesinato en masa cometido por autoridades de este Gobierno en el punto de la vía Férrea a Limón denominado “El Codo del Diablo /…/ Todas las circunstancias hechas públicas por la prensa del señor Ulate revelaron que el asesinato fue minuciosa y fríamente preparado y obedecía sin duda al plan de destruir físicamente a los dirigentes responsables de la Confederación de Trabajadores de Costa Rica y del Partido Vanguardia Popular /…/ 3º.- Este delito ha sido catalogado por las Naciones Unidas con el carácter de Genocidio, y el voto del delegado costarricense fue incluido como afirmativo al aprobar la ONU la Convención que sanciona esta clase de delitos. (El subrayado, la y la cursiva son nuestras) …”( (Anexo al Acta No.21. de fecha y lugar San José, 27 de enero de 1949, de la Asamblea Nacional Constituyente)

Compañeras, compañeros. Nos reúne aquí una fecha muy importante para recordar y conmemorar el 74 Aniversario del Asesinato de los Mártires del Codo del Diablo.

Efectivamente hoy, sábado 17 de diciembre de 2022, hemos decidido RE (volver a situar) CORDARI (corazón). Poner en nuestros corazones el valor histórico de los mártires del Codo del Diablo. De tal suerte que, si conmemoramos, es porque estamos dispuestos en colocar en nuestra memoria colectiva y en la resistencia de la lucha popular, el recuerdo de los hechos acaecidos en el Codo del Diablo, el 19 de diciembre de 1948.

Enrique Benavides, en su texto: El crimen del Codo del Diablo, nos dice:

A la altura de la milla 41, donde la línea del ferrocarril comienza a bordear por su base el empinado cerro del Diablo, el motorista Auld Alvarado menguó la velocidad conduciéndolo más lentamente, hasta detenerlo en el punto más profundo de la curva en forma de herradura, que se conoce con el nombre de “El Codo del Diablo”. Campos creyó que había fallado la chispa, y se bajó para examinarla, por detrás del vehículo. No tuvo tiempo de examinar el aparato, pues Zúñiga Jirón había dado orden a los reos que se bajaran y entonces dio orden al motorista, para que se adelantara un poco con el Motocar, los reos quedaron a unos cuantos metros del vehículo, luego el Capitán Zúñiga Jirón, estando esposados en parejas, abrió fuego con su ametralladora, siguiéndole Valverde. Campos horrorizado y a distancia, contemplaba la escena mudo, desorbitado, sin atinar a moverse de su sitio. Pudo ver seguidamente como Valverde remataba los cuerpos de Federico Picado y el cuerpo de Octavio Sáenz, con su revolver”.

El asesinato por motivos políticos es, sin más, un crimen que tipifica como crimen de lesa humanidad. La Guerra civil, como toda confrontación bélica, abrió profundas heridas en el tejido social costarricense, que aún hoy, en pleno siglo XXI, dejan que se vuelvan abrir los efectos de aquel hecho histórico.

Pareciera que, aunque un grueso de la población del país ni siquiera conoce de esos hechos y no se sienten parte de ellos, pues nacen en un momento en que dichas heridas han comenzado a ser restañadas; un grupo de ideólogos del bipartidismo sigue empeñado en que los fantasmas de los crímenes de abril de 1948 vuelvan a las calles y ciudades del país, en cada proceso electoral.

Pero dígase puntualmente que, desde la historia oficial se ha silenciado el derecho que corresponde a las víctimas. Por eso, tal vez sea necesario que trabajos como el ejecutado por Baltasar Garzón, la sostenida lucha histórica de las Abuelas de la Plaza de Mayo. La reveladora lección del filme el “El silencio del otro” (https://www.espinof.com/documentales/silencio-otros-no-pelicula-pasado-sino-lucha-presente-sufrimiento-que-existe-ahora-almudena-carracedo), y nuevas lecturas discursivas, nos permitan situar el verdadero alcance de lo que significó este crimen.

En el orden y aportes de nuevos documentales, el historiador Víctor Hugo Acuña, refiere a la película producida por los hermanos Jara y escribe lo siguiente:

“…Sin embargo, al colocar de nuevo aquellos acontecimientos en la esfera pública, plantea algunas cuestiones que trascienden a las familias de las víctimas y afectan al conjunto de la sociedad costarricense. En efecto, el documental abre la pregunta sobre cuáles son las responsabilidades presentes no prescritas del Estado costarricense en relación con esta violación de los derechos humanos de la que fue directo responsable y de cuya impunidad fue también cómplice. El Estado costarricense pidió perdón recientemente a Juan Rafael Mora por su ejecución sumaria y yo me pregunto si no sería indispensable que hiciese lo mismo con las víctimas del Codo del Diablo y con sus descendientes. El gesto no solo tendría valor simbólico, ya que permitiría dejar claro que no hay jerarquías entre las víctimas de los llamados “crímenes de Estado”, sino también efectivo para quienes vivimos hoy y para quienes vivirán mañana en el sentido de que el Estado al cual pertenecemos garantiza que las violaciones de los derechos humanos no pueden quedar impunes…” (Acuña, 2014)

En diciembre de 1948, durante el período que se conoce como la “contrarrevolución”, se decidió que un grupo de prisioneros que se encontraban en la cárcel de Puerto Limón debían ser trasladados a San José. Entre ellos estaban: Federico Picado Saénz, Tobías Vaglio Sardí, Lucio Ibarra Aburto, Octavio Saénz Soto, Narciso Sotomayor Ramírez, Álvaro Aguilar Umaña (republicano, fue confundido con otro vanguardista de igual nombre).

A 74 años del Asesinato de los mártires del Codo del Diablo, nos mueve un interés básico. Llamar la atención de que este crimen, debe ser visto bajo la lupa de lo que disponen los Instrumentos de derechos humanos, respecto a los crímenes de lesa humanidad. La   Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968. La cual entró en vigor, el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con el artículo VIII. De igual forma referimos en estos principios del derecho internacional a La Asamblea General, Recordando sus resoluciones 2583 (XXIV) de 15 de diciembre de 1969, 2712 (XXV) de 15 de diciembre de 1970, 2840 (XXVI) de 18 de diciembre de 1971 y 3020 (XXVII) de 18 de diciembre de 1972. (https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-non-applicability-statutory-limitations-war-crimes).

En el momento en que escribimos estos notas, han pasado 74 años de este horroroso e impune crimen. Este 19 de diciembre, estaremos conmemorando un año más, sin que los autores materiales e intelectuales tuviesen ningún tipo moral, judicial o real de condena. Un crimen de la envergadura del suceso en Siquirres, en el Codo del Diablo, se prendió históricamente en la conciencia del pueblo, en la memoria colectiva.

Pero los revolucionarios, los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos clasistas, no podemos quedarnos solamente en el RECUERDO, la coyuntura actual nos exige un compromiso permanente, pues hoy el fascismo y las concepciones pentecostales más reaccionarias asumen un papel muy peligroso para los pueblos.

Gobiernos sucesivos, desde que se implementa el Estado Neoliberal, a partir de la firma de los PAE´s , o bajo la argucia de la pandemia del COVID-19, o más recientemente, ante la prepotencia gubernamental, han llevado al país a un empobrecimiento acelerado, a la tercerización del trabajo sin precedentes, a un índice de desempleo muy grande, una acelerada y creciente deuda externa y una profunda crisis, la cual se anunció sería atendida como prioridad gubernamental; pero solo como perspectiva de promesa electoral.

En lo internacional, el espectro tampoco luce muy halagüeño y distinto. El intento de golpe de estado de la derecha en Alemania, el ascenso de los fascistas en Ucrania, el derrocamiento por parte de una oligarquía espuria contra Pedro Castillo en el Perú; el manoseo legal y jurídico para invisibilizar del espectro político a Cristina Kirchner; los irrespetuosos desplantes de Rodrigo Chaves contra la institucionalidad de este país y el absurdo manejo respecto a los pueblos ancestrales, deben ponernos a todas y todos en una nueva fase de sintonía, en donde el ejercicio de la lucha popular debe templarse cada día más no solo en la unidad en la acción, sino en nuestras propuestas programáticas.

La criminalización de la protesta social, la judicialización de las acciones políticas, son llamados de atención de que en nuestro país se conculcan los derechos humanos cada vez más.

Ciertamente, cada 19 de diciembre es obligado que recordemos los hechos de cómo se da una cadena de factores que llevaron a este atroz asesinato de lesa humanidad, que a la fecha sigue impune; pero nuestra responsabilidad histórica es también con el día de hoy. Tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, por eso hacemos un llamado a la UNIDAD POPULAR. Somos creyentes de esa consigna que nos unifica en nuestros intereses clasistas:

“¡El pueblo unido jamás será vencido!”

Cementerio Obrero. San José, 17 de diciembre de 2022

Los Presidentes y gobiernos de Costa Rica ante su política exterior y ante el Gobierno de Nicaragua y Cuba

Vladimir de la Cruz

La política exterior del Estado y de la República la decide el Presidente de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores. Esto está establecido en la Constitución y así se ha respetado siempre, aun cuando frente a decisiones de ese tipo hayan actuado los presidentes, en sus períodos gubernativos, y haya habido ciudadanos que no hubieran compartido sus decisiones.

La realidad política de los países vecinos, Panamá y Nicaragua, y la de los centroamericanos, del resto de Latinoamérica y del Caribe, y la del mundo, en general, es ajena a nosotros, y es resultado de sus propios pueblos tener los gobiernos que tienen, y las formas de gobierno que han establecido. En la vida política, como en la familiar, los vecinos y parientes no se escogen. Se escogen los amigos. Esto puede provocar acercamientos y alejamientos, encuentros y desencuentros, con vecinos, parientes y hasta con los amigos.

Costa Rica desde 1847 inició su proceso de reconocimiento diplomático de países, a la vez que se nos reconocía de la misma forma. Así hemos reconocido para efectos de relaciones diplomáticas, a muchos gobiernos de países, aun cuando no hayamos compartido sus formas internas de organización política y de gobernar. Así se han establecido las relaciones diplomáticas de Costa Rica, hoy con alrededor de 100 país y con alrededor de 50 Embajadas.

Puede no gustarnos el gobierno de Nicaragua encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero es el gobierno de Nicaragua.

Puede no gustarnos la forma de ejercer ese gobierno, la forma en que se ha actuado contra sectores de la oposición política, de la represión directa que viene sufriendo el pueblo nicaragüense, la forma como se ha actuado ilegalizando partidos políticos, organizaciones sociales, ONGs, limitando derechos y libertades ciudadanas, inhabilitando partidos políticos y a líderes opositores, destituyendo diputados y fracciones legislativas completas.

Puede no gustarnos la forma de Ortega y de Murillo de violentar el Estado de Derecho nicaragüense, pero eso lo hace en función de tener controlada la Asamblea Legislativa, por mayoría de diputados, electos en procesos electorales, como sucede con Bukele en El Salvador o con Maduro en Venezuela.

Puede no gustarnos la forma de manipulación y de hacer actuar a los Poderes Públicos, a la Corte de Justicia y al propio Tribunal Electoral de Nicaragua, por parte del Gobierno de Ortega y Murillo.

Puede no gustarnos la represión y acciones violentas contra el ejercicio libre del periodismo, de los periodistas y el cierre y obligada expatriación de ciudadanos nicaragüenses, periodistas y comunicadores sociales.

Puede no gustarnos la acción del Gobierno contra los disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que han encarcelado, que han hecho morir en prisión y que también los han obligado a marchar de su país porque no les garantizan la vida.

No nos gusta la represión contra intelectuales, escritores, como Sergio Ramírez a quien casi han desnacionalizado, a Ernesto Cardenal, a los hermanos Mejía Godoy, a Carlos y Luis Enrique, a Gioconda Belli, entre muchos.

Puede no gustarnos la existencia de presos políticos en Nicaragua. La forma de presos políticos puede ser variable. Aquí mismo en Costa Rica actuaciones policiales y judiciales contra dirigentes sociales han hecho que se califique algunas detenciones como de “presos políticos”, por parte de los afectados y sus organizaciones políticas o sociales.

El asesinato selectivo de dirigentes indígenas, en Costa Rica, es casi similar a la forma como actúan escuadrones de la muerte en Guatemala y en Colombia, con complicidad de autoridades policiales, que son de gobierno, y con empresarios y acaparadores de tierra locales, interesados en quitarles tierras a los indígenas nacionales.

Podemos igualar el gobierno de Ortega y Murillo a una Dictadura, una Tiranía, a una Satrapía y casi a una Dinastía. Usualmente se le iguala a una dictadura, con las formas de gobernar de los Somoza, que también realizaron elecciones cuando eran gobernantes.

Pueden darnos asco, producirnos repugnancia sus personas y sus figuras, pero son los que representan, a todos los efectos nacionales e internacionales, a las estructuras político institucionales y políticas, ante otros gobiernos con sus relaciones diplomáticas y en los Organismos Internacionales y Regionales con sus representantes. También representan, nos guste o no, a los ojos internacionales al pueblo nicaragüense. De la misma forma los representantes diplomáticos de Costa Rica representan al Presidente, al Gobierno y al pueblo costarricense, y estos pueden no gustar a nacionales, a opositores de los Gobiernos e incluso a sectores políticos, sociales y económicos de otros gobiernos.

En el conjunto de las relaciones históricas, vecinales, políticas y diplomáticas con Nicaragua, la historia no ha sido la mejor, aunque no hemos llegado a un enfrentamiento militar entre países. A tensiones militares sí, pero a conflictos armados no, al menos todavía. Tampoco veo en perspectiva un enfrentamiento militar con Nicaragua. Como ha dicho el Papa respecto a la OTAN y Rusia, los Estados Unidos ha puesto a ladrar a la OTAN en a frontera rusa. Así actúa el gobierno nicaragüense de vez en cuando. Ladra en nuestra frontera.

Siempre ha habido en Nicaragua gobernantes hostiles hacia nosotros, desde que el Partido de Nicoya decidió por su cuenta adherirse, incorporarse, anexarse a Costa Rica, hace ya prácticamente 200 años, en 1824. Celebraremos esa Anexión como lo hicimos con el Bicentenario de la Independencia, le duela o no al Gobierno Nicaragüense.

William Walker fue invitado por Nicaragüenses para que llegara a ese país, en circunstancias de un grave conflicto interno que tenían, y estando allí se impuso como líder militar y como gobernante, e impuso la esclavitud. Nos obligó a marchar sobre Nicaragua, por el peligro que él, Walker, significaba para Costa Rica, por las intenciones que manifestaron el Presidente Rivas y William Walker, a finales de 1855, publicando un mapa de Nicaragua que comprendía toda la Península de Nicoya y extendía su límite desde la desembocadura del Río Tempisque hasta la desembocadura del Río San Juan.

Entramos a Nicaragua pocos días después de haber derrotado a Walker, después de haber ingresado a Costa Rica, en su afán expansionista y conquistador, en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo de 1856. El 10 de abril le habíamos provocado en Sardinal otra derrota, y unas horas después en la ciudad de Rivas, donde ya estaba el Ejército libertador de Costa Rica, le infligimos la más grave derrota, que postergó su rendición al 1 de mayo de 1857, por la peste del cólera que nos hizo retroceder para luego regresar al terreno de los combates, con el apoyo de los ejércitos centroamericanos, en el segundo semestre de 1856, y que comandamos a partir de enero de 1857.

La liberación que hicimos de Nicaragua de William Walker, y de la esclavitud que les había impuesto, pareciera que en el ADN político de muchos nicaragüenses nos la siguen cobrando, que hubieran preferido haber sido colonia norteamericana bajo un régimen esclavista. El que tiene mentalidad de esclavo sigue siendo a todos lo efectos esclavo.

Luego, a pesar del Tratado Cañas Jerez, de 1858 hasta finales del siglo XIX Nicaragua siguió peleando, incluso en escenarios judiciales internacionales, contra nosotros su soberanía en el Río San Juan, pelea que la llevó hasta el gobierno de Laura Chinchilla, cuando se metió con tropas en una parte del territorio nacional, en el conflicto, más político diplomático que militar, llamado de Isla Calero, hasta que la Corte Internacional de Justicia nos dio la razón.

Presidentes nicaragüenses, del Siglo XX, que querían agrupar a los nicaragüenses alrededor suyo, de sus gobiernos y políticas, inventaban un conflicto con Costa Rica para, de esa manera, unir a sus ciudadanos alrededor de sus gobiernos.

En la lucha del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino, colaboramos en la década de 1920 no solo solidariamente, contra la ocupación norteamericana de esos años. Igual lo hicimos en la década anterior, la de 1910, en la sublevación del Patriota Benjamín Zeledón contra la ocupación norteamericana de Nicaragua en esos años. Del General Jorge Volio, entre otros se distinguió en esa lucha y solidaridad.

De esta forma de hacer política Daniel Ortega no se ha quedado atrás. Cada vez que puede lo hace, a modo de distraer de los principales problemas de Nicaragua y de la reacción interna contra su gobierno.

La lucha contra los Somoza fue seguida de cerca por los costarricenses. No nos gustaba su ejercicio de Gobierno, pero los gobiernos de Costa Rica, desde 1934, cuando se instauró la dictadura y la dinastía de los Somoza en el Poder, han mantenido relaciones diplomáticas y comerciales con Nicaragua. En algunas épocas muy amistosas.

Las relaciones comerciales en cierta forma condicionan las diplomáticas, porque grupos nacionales de empresarios realizan negocios y les va muy bien con ellos en Nicaragua. Basta ver los índices de exportación agrícola nacional a Nicaragua, y ver también el flujo comercial hacia Centroamérica, que se realiza pasando por el territorio Nicaragüense. También Costa Rica se ha beneficiado de inversionistas nicaragüenses, en distintas actividades, entre ellos inversiones de capital del clan familiar de los Ortega Murillo, capital que por invertido en Costa Rica genera socios, aliados e interesados con ese capital, algunos de ellos con ascenso a gobiernos.

Después del ajusticiamiento que se hizo de Anastasio Somoza García, en 1956, siguieron los otros Somoza, los Somoza Debayle, y sus títeres de gobierno. Con ellos se mantuvieron relaciones diplomáticas y comerciales.

El territorio nacional a partir de los años 60s. empezó a utilizarse por combatientes anti somocistas. Los gobiernos de Costa Rica, a veces los toleraban y muchas veces los reprimían y expulsaban del país. José Figueres Ferrer incluso llegó a expulsar a Nicaragua guerrilleros que fueron muertos en ese país. En su oportunidad la Corte Suprema de Justicia sancionó por ello a Figueres y le advirtió que eso no lo podía volver a hacer.

En la década del 60, por el impacto de la Guerra Fría y del triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsó el Mercado Común Centroamericano, para asuntos regionales de comercio, el Consejo de Defensa Centroamericano, que unificó a los Ejército de Centroamérica e integró como observador a Costa Rica de ese bloque militar. El Embajador de Costa Rica, en Guatemala, representa al país ante el CONDECA, que tiene la sede allí.

También impulsaron la ROCAP para uniformar procesos educativos en toda Centroamérica, desnacionalizando y desnaturalizando en esos textos nuestra Historia, nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia.

Los gobiernos de Costa Rica en esa políticas marcharon juntos con la dictadura Somocista y con toda las dictaduras existentes en Centroamérica. El Gobierno de Abel Pacheco firmó el Acta de agresión militar de Estados Unidos contra Irak como socio y aliado militar en esa intervención norteamericana en Irak, para la que buscó gobernantes serviles que le acompañaran, para una justificación internacional de la agresión.

Aparte de la lucha de Carazo contra los Somoza, el Presidente Oscar Arias es el que ha mantenido más claramente su postura antimilitar y antidictatorial en Centroamérica. Fue quien acogió al Presidente Manuel Zelaya, en el golpe de Estado que le dieron en Honduras, en el 2009, y ha mantenido una pública lucha sostenida contra gobiernos de este tipo. La Presidenta Laura Chinchilla lo ha hecho particularmente con Daniel Ortega.

A finales de la década del 70 importante papel jugó el pueblo y la juventud costarricense en la lucha armada contra la dictadura, incluso participando con columnas militares que de modo importante se desempeñaron en esa caída.

Luego se contribuyó, de igual manera, con combatientes costarricenses, a enfrentar la lucha que contra el nuevo gobierno sandinista se impulsaba, desde Costa Rica, con colaboración del gobierno liberacionista de Luis Alberto Monge Alvarez, y con financiamiento de la CIA, del Gobierno de los Estados Unidos, y con el negocio de la droga que se impuso para financiar a las bandas criminales anti sandinistas, que provoco el escándalo Irán-Contras.

La caída de Somoza estuvo presionada principalmente por la lucha de los Frentes guerrilleros, que internamente peleaban en Nicaragua, la oposición interna político, civil y religiosa, y por la presión internacional de bloques de países que en esos últimos años de la década del 70 se constituyeron y sumaron buscando una salida política más que militar.

Del lado costarricense, el Gobierno de Rodrigo Carazo, comparado con los anteriores, respecto a los Somoza, fue definitorio e invaluable en el apoyo a la lucha guerrillera final prestando el territorio fronterizo costarricense para ese propósito.

La década sandinista de gobierno, 1979-1990, no fue fácil. Le bloquearon, sabotearon e impusieron elecciones a Nicaragua, en 1985 y en 1990, como un modelo político a desarrollar, democrático electoral.

La elección de 1990 la perdió Daniel Ortega. Subió al Gobierno Violeta Chamorro, y desde allí hasta el 2006 alternaron en el gobierno nicaragüense otros partidos y políticos.

Durante esos años el Frente Sandinista se mantuvo en la lucha electoral, hasta que recuperó el Gobierno en el 2006.

Desde 1979 hasta hoy, con Nicaragua, todos los gobiernos de Costa Rica han tenido relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Con algunos más tensas que con otros, pero se han mantenido, gusten o no a los gobernantes costarricenses los personajes que gobiernan Nicaragua, entre ellos Daniel Ortega desde el 2006, actualmente con su esposa Rosario Murillo.

En Nicaragua no hay una oposición política unida frente al grupo gobernante de Daniel Ortega.

La oposición existente de manera legal es permitida y está dividida, manipulada y mediatizada por Ortega y por la Murillo.

La oposición disidente de ese control orteguista ha sido obligada al exilio, la repatriación forzada, a la cárcel y represión, a la disolución de sus organizaciones de resistencia.

No hay en Nicaragua, ni fuera de Nicaragua, en Costa Rica, Honduras o el Salvador, grupos de carácter guerrillero que quieran derrocar a Daniel Ortega. En el interior de Nicaragua tampoco hay resistencia militar.

No hay condiciones sociales y organizativas en posibilidad de desarrollar una lucha armada interna contra el gobierno de Ortega y Murillo. En este momento el pueblo nicaragüense no tiene ninguna opción de este tipo existente, ni en Nicaragua ni fuera de Nicaragua.

Tiene el pueblo nicaragüense que hacer esfuerzos heroicos para recuperar espacios políticos internos y de participación electoral, que son los que por ahora darían alguna esperanza en la posibilidad de cambiar el Gobierno. En ese sentido juegan las reglas de la democracia electoral controlada por los Ortega y sus institucionalidad mediatizada y controlada. Lo que se gana por elecciones se puede perder por elecciones. Pero hay que organizarse y unirse, las tareas principales, en esa dirección.

El Ejército de Nicaragua, es grande. No es el más grande de Centroamérica, que lo es en tamaño el de Guatemala siguiéndole Honduras, que son fuerzas militares más grandes que el de Nicaragua.

Las alianzas militares que tiene Nicaragua con Estados Unidos, con los ejército centroamericanos y de otros países, entre ellos Rusia, son propias de países que tiene ejércitos. Costa Rica tiene alianza militar con Estados Unidos, en su lucha contra las drogas y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, desde 1948.

Algunos de los que hoy critican al gobierno de Nicaragua le agregan sus críticas la presencia de unos militares de Rusia, que han llegado en estos día, sin criticar las otras alianzas, y la presencia de militares también de los Estados Unidos, tratando de pintar un peligro mayor de Nicaragua contra Costa Rica. Eso es un error a mi manera de ver. Cualquier país que tenga Ejercito es superior en ese campo a la Fuerza Pública costarricense, por el equipamiento, no tanto quizá por la formación de los mandos policiales nacionales que reciben un entrenamiento de formación militar, y así lo hacen si siguen enviando a policías, a centros de entrenamientos militares, de distintos ejércitos y países.

En la década del 50 operó la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, que estuvo presidida por el costarricense Marco Tulio Zeledón Cambronero, un anticomunista de marca. La ODECA evolucionó a la Secretaría de Integración Centroamericana, que hoy es el organismo político institucional más importante de la región junto con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

La participación de países en estos organismos es soberana. Está el que quiere estar y es aceptado para estar.

En la OEA estamos desde su fundación, junto con los países del continente, que desde 1948, se fue ampliando en miembros.

En la SICA como en la OEA, desde sus fundaciones, hemos compartido sillas con representantes de gobiernos dictatoriales, tiránicos, despóticos, genocidas, violadores de Derechos Humanos, surgidos de golpes de Estado, sin que nosotros avaláramos lo que esos gobiernos hacían y representaban, y pocas veces criticando sus actuaciones.

Con motivo de la Revolución Cubana, los gobiernos representados en la OEA, actuando como un organismo de colonias de los Estados Unidos, expulsaron a Cuba de esa organización, exceptuando al Gobierno de México que se opuso a esa expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas.

El Gobierno de Mario Echandi en 1958 rompió relaciones diplomáticas con Cuba, las que se mantuvieron rotas hasta el año 2008 que las restableció el Presidente Oscar Arias, quedando en ese momento solo tres países del continente que no las tenían, entre ellos Estados Unidos. Durante todos esos años los gobiernos de Costa Rica, que siguieron al de Echandi, no tuvieron relaciones con Cuba, mientras mantuvieron relaciones con las dictaduras de todo el continente, países que empezaron a salir de esas dictaduras a partir de 1990.

El Gobierno de Barak Obama estableció las relaciones con Cuba. Débilmente se mantuvieron con Trump y se mantienen con Biden. Hubiera sido muy vergonzoso para Costa Rica haberlas restablecido después de Estados Unidos, hubiéramos parecido como un perrito faldero de ese país.

Poco tiempo después la OEA reconsideró la situación de Cuba, le abrieron las puertas a su retorno, condicionándole su ingreso y soberanamente Cuba dijo que no le interesaba regresar a la OEA. La reunión de la Cumbre de América, recién celebrada en California, fue una derrota diplomática para los Estados Unidos, por el aislamiento que impuso de invitados a esa Cumbre que hizo desistir de asistir, con sus Presidentes y Jefes de Estado, a países latinoamericanos y algunos de ellos enviaron funcionarios de segundo orden diplomático.

En el recién pasado Gobierno de Carlos Alvarado se firmó con el Gobierno de Cuba una Carta de Intenciones en el campo educativo, que no ha tenido ninguna eficacia ni puesta en ejecución. No produjo ningún resultado práctico, efectivo ni para Cuba ni para nosotros. Era eso “intenciones”.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves en sus primeros actos como Presidente anuló, canceló, dejó sin efecto esa Carta de Intenciones. Para mí hizo mal y solo el ridículo de su acto, de colocarse innecesariamente en una pose, para la foto, de actuar “contra Cuba”, con un acto que no había tenido a ese momento ninguna trascendencia. Pudo haber dejado “congelada” esa Carta de Intenciones como estaba y nada hubiera pasado. Pero, hay en el Presidente Chaves un gusanillo que lo llama constantemente a mandar mensajes “anticomunistas”, dentro de esta nueva Guerra Fría que se está desarrollando, con muchas aristas, una de ellas alertando del “peligro comunista”, como también ha hecho referencias, en igual sentido anticomunista, post elecciones refiriéndose a la pasada campaña electoral, como si en esa campaña hubiera habido un real peligro comunista participando en elecciones.

LA SICA como organismo colectivo centroamericano acordó por los Presidentes de Centroamérica, mecanismos de dirección colectiva, desde hace muchos años, estableciendo una rotación de su principal Director o Secretario Ejecutivo. De esta manera se impuso la rotación por país, lo que inevitable, que en esta ocasión le corresponda a Nicaragua. Puede ser no deseable a los ojos costarricenses, o de algunos costarricenses, pero así es. Este año le corresponde a Nicaragua ejercer la Dirección de la SICA. En Costa Rica se ha desatado una reacción, principalmente por parte de los expresidentes de la República, presionando al actual Presidente Rodrigo Chaves Robles para que no apoye y rechace el candidato propuesto por Nicaragua. El candidato propuesto actuó beligerantemente en el conflicto de Isla Calero contra nosotros, y eso es lo que más se le cobra. Si a él lo ha propuesto el gobierno nicaragüense no lo podemos evitar. Es su derecho, que nos toca respetar. No se le puede pedir al Gobierno nicaragüense que proponga otra persona, como se hace cuando se nombran Embajadores, que los gobiernos, en esos casos, sí pueden objetar a los candidatos que se les proponen.

Con Nicaragua mantendremos diferentes núcleos de contradicciones. La SICA puede ser un escenario para llamar la atención sobre lo que al Gobierno de Costa Rica no le parezca de las actuaciones del gobierno nicaragüense.

El candidato puede no gustarnos. Podemos criticar de él posturas anti costarricenses que ha tenido defendiendo su país. Podemos criticar que el Gobierno de Nicaragua lo haya postulado, como decisión soberana que tiene de hacerlo.

La SICA hasta ahora ha actuado en Centroamérica, República Dominicana y Panamá bastante bien. No tiene por qué cambiar esas políticas por la presencia de un Nicaragüense, que no nos gusta, cuando allí hay representantes de otros siete países que toman decisiones colectivas, dentro de sus objetivos fundamentales de asegurar y fortalecer la Región con la Paz, la Libertad, la Democracia y el Desarrollo, todo dentro de su misión institucional de contribuir al proceso de integración económica.

La SICA como organización tiene países fundadores, los que siguieron adhiriéndose e integrándose, para un total de ocho. A ellos se suman once países Observadores Regionales, entre ellos Estados Unidos, y 21 países como Observadores Extrarregionales, entre ellos Rusia. Ese es un mundo amplio y ajeno…

La rotación de los Directores ha sido establecida y aceptada en su funcionamiento. Le corresponde a Nicaragua este período.

El Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves ha decidido apoyar la candidatura ofrecida por el Gobierno de Nicaragua, como acto soberano nacional y como potestad constitucional que tiene. Con rechazar la candidatura del propuesto no se evita que lo sustituyan por otro, porque a Nicaragua le corresponde la Dirección en este momento. Todos los demás gobiernos aceptan el candidato propuesto. Con rechazarlo no se va a caer el Gobierno de Ortega y de la Murillo. Esta es la realidad política.

El Presidente Oscar Arias cuando estableció relaciones con la República Popular China tuvo una reacción muy fuerte interna de sectores empresariales, de empresarios en particular, de políticos que habían viajado a Taiwán invitados por el gobierno taiwanés y que tenían muchos compromisos con Taiwán, con artículos y anuncios pagados en contra de su decisión. Se impuso el Presidente como debía ser.

A la llegada de los representantes de la República Popular China se produjo una reacción al revés, en favor de esa nueva relación, especialmente de la comunidad china. Hoy se ve que fue un acierto esas relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China.

Cuando a finales de los 60s, en el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, y a principios del gobierno de José Figueres, en 1970-1971, ambos presidentes, representando grupos empresariales de la producción, y el comercio de café y luego de azúcar, le pidieron a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, que actuara de Agente Comercial del Gobierno, para tratar de “vender”, “colocara” el café y el azúcar costarricense en los países socialistas, no se objetó por la necesidad económica de los productores y comercializadores que se vendiera café y azúcar a la URSS y a los países socialistas. Cuando como resultado de esas negociaciones se consideró por parte de José Figueres Ferrer, restablecer las relaciones diplomáticas que con la URSS había establecido Rafael Angel Calderón Guardia, que el suspendió durante la Juna de Gobierno, se desató en el país una campaña feroz contra un acto legítimo del Presidente Figueres. Una campaña por el NO para las relaciones diplomáticas, y otra por el SI para esas relaciones.

Por la representación de Nicaragua en la SICA nadie va a mover un dedo en el país probablemente. Pero, las valoraciones políticas de las relaciones que ha hecho el Presidente Chaves son válidas de su ejercicio de Gobierno. Ni la Asamblea Legislativa puede imponerle su voluntad. Pueden opinar los diputados, los ciudadanos, como lo hago yo, en favor o en contra de la decisión del Presidente Chaves, pero es su decisión legítima y constitucional, que él tiene de las relaciones internacionales del país.

El comercio con Nicaragua y con Centroamérica aprovechando el territorio de ese país es importante para el país y para el sector productivo y comercial de Costa Rica. Si mantenemos relaciones diplomáticas de bajo perfil con este nombramiento no se van a alterar. Si se llegara a establecer un Embajador en Nicaragua, gana también Costa Rica, si no rompemos las relaciones diplomáticas.

Apoyar el candidato de Nicaragua no le impide al Presidente Chaves criticar lo que le corresponda, y cuando él lo considere pertinente, de las políticas de gobierno, especialmente en el plano interno, respecto a libertades y derechos, represión y violación de Derechos Humanos.

He sido un crítico del Gobierno de Ortega y de la Murillo, en distintos medios, como lo he sido del Presidente Chaves, pero en este asunto le doy la razón al Presidente Rodrigo Chaves. El decide las relaciones internacionales de Costa Rica, nos guste o no cómo las maneje.

El mundo de hoy, el surgido y desarrollado después de la caída del mundo socialista, de superada la Guerra Fría del período 1945-1991, del surgimiento de nuevas relaciones internacionales, es muy complejo, es más que un nudo de contradicciones. Ahí estamos y tenemos que saber caminar, en mucho, con pragmatismo, oportunidad y sentido de la realidad, afirmando nuestra Soberanía y los ejes que han guiado la Política Exterior costarricense desde hace muchos años.

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.