La Dirección de Extensión Universitaria y el Programa de Gestión Local apoya la construcción de una sociedad más solidaria y defensora de los derechos, por lo cual comparte el manifiesto que elaboraron las y los estudiantes del Técnico en Gestión Local, en el marco del día Internacional de la Mujer y frente a la ola de violencia de género que enfrenta el país y la región.
Las y los estudiantes del Técnico en Gestión Local de Acosta y Aserrí realizamos el siguiente manifiesto sobre la violencia de género:
Este 08 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y con este motivo desde el Técnico en Gestión Local (TGL) Acosta y Aserrí queremos hacer un llamado especial a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general, para que se movilice y se comprometa en la lucha contra todo tipo de violencia de género.
Dadas las recientes pérdidas de mujeres gestoras de las luchas comunitarias, y frente a la ola de violencia que enfrenta el país, desde el TGL Acosta y Aserrí creemos necesario recordar la importancia del poder de cada uno y cada una de nosotras como personas, y la importancia de amarnos y respetarnos a nosotros y nosotras mismas, para amar y respetar mejor en sociedad.
La calidad de nuestras vidas está asociada con el respeto de nuestra diversidad, y desde nuestra vida cotidiana debemos reconocer que como ciudadanos y ciudadanas, a hombres y a mujeres por igual nos unen los mismos derechos y obligaciones para con nosotros y nosotras mismas y para con la sociedad.
Aprovechamos también para hacer un especial reconocimiento a esas mujeres luchadoras, preocupadas por la injusticia social, por el cambio climático, por la economía solidaria del mundo, por las agendas políticas de América Latina, y cuyas voces – como la de Berta Cáceres – fueron silenciadas abruptamente; e invitamos a otras mujeres a proseguir en esas luchas, a seguir tejiendo sueños y a seguir siendo impulsoras de justicia, equidad y libertad, al tiempo que defendemos su derecho a protestar, a denunciar y a ser tomadas en cuenta en la construcción participativa de alternativas de solución ante las problemáticas a las que se enfrentan nuestras comunidades.
Queremos también mostrar particularmente nuestra más enérgica repulsión contra la violencia utilizada como forma de represión ante la denuncia social que han protagonizado mujeres luchadoras a lo largo de los últimos meses.
Así desde la Región Caraigres y el Técnico en Gestión Local, nos comprometemos, como gestores y gestoras locales, a abogar con nuestras acciones por una sociedad más integradora, justa, equitativa y solidaria.
Por último, hacemos una solicitud respetuosa al Consejo Universitario de la UNED para que se pronuncie al respecto repudiando estos actos violentos y condenando todo tipo de violencia con especial atención en la de género y contra las mujeres, esta solicitud la hacemos en el marco de la Visión de la UNED: «… Formará personas para pensar y actuar de manera crítica, creativa y autónomamente, y, así desempeñarse con éxito en el contexto autoinstruccional… Participará de manera protagónica en el desarrollo del país teniendo como meta insertar al graduado en su medio social para que busque formas de convivencia solidarias y tolerantes, el fortalecimiento y ampliación de la democracia y, el respeto al medio ambiente.»
Enviado a SURCOS Digital por Rafael Eduardo López Alfaro.
¿Pregunta? ¿Era necesaria la presencia de un contingente de antimotines armados con gases lacrimógenos para atender una marcha pacífica de campesinos e indígenas ayer martes 17 en Palmar Sur? Desde luego que no, con solo unos cuantos oficiales de la Fuerza Pública hubiera sido suficiente para mantener el orden y el libre tránsito.
Además, era una marcha pacífica, nadie representaba un peligro, campesinos e indígenas no son delincuentes, no son elementos subversivos que van a crear caos y conflictos. Ninguno estaba armado, las mantas y mensajes eran de tela y papel, ni siquiera eran sostenidos por palos.
Parece que la Fuerza Pública les tiene más miedo a humildes personas que defienden con ideas sus derechos de una manera pacífica que a otro tipo de manifestaciones más conflictivas que se han presentado en el país.
Aunque no fue necesaria la intervención de la Fuerza Pública ni hubo violencia contra ellos, si deja en evidencia que así es como pretenden reprimir también la protesta social en la Zona Sur, especialmente contra familias campesinas, indígenas, niños, mujeres y adultos mayores.
En el álbum que publiqué ayer, pueden ver más fotos de esta Marcha por la Tierra y el Agua en la Zona Sur. ¡La protesta social es un derecho, reprimirla es un delito!
Información e imágenes tomadas para SURCOS Digital de la página de Facebook del autor.
Se cumplen tres años de la protesta en defensa de la CCSS que fue brutalmente reprimida por los cuerpos policiales. En estos últimos años se ha profundizado, como política de Estado, prácticas autoritarias que buscan quebrar los distintos movimientos sociales de resistencia, los cuales son amedrentados con represión, criminalización, amenazas, judicialización y cárcel.
“La protesta social es un derecho, no un delito. No abandonaremos las calles en la exigencia de nuestros derechos. Exigimos libertad y absolutoria total de las y los luchadores sociales condenados y judicializados”, Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Mientras los estudiantes de segundo nivel hondureños reactivan sus agendas reivindicativas contra la mala calidad educativa; exigiendo además el esclarecimiento del asesinato de cuatro de sus compañeros la semana antes de la Semana Santa; y, mientras los asesores del Presidente responsabilizan a la oposición política por estas protestas, con acusaciones temerarias de involucramiento de los carteles de droga en estos hechos, sin mostrar evidencia alguna, como tampoco han logrado probar que las bandas de los barrios pobres o maras son las responsables de los asesinatos.
Mientras el Pentágono se aprovecha de la desgracia catracha de tener gobiernos que desmantelan su sistema de salud con corrupción y privatización, instalando un buque Hospital en su costa atlántica para atender a la población enferma, “gracias a la gestión” del Jefe del Comando Sur, John Kelly, quien dijo sentirse hondureño después de tantas visitas a este país. ¡Vaya suerte!
Mientras Honduras sigue pareciéndose cada vez más a México, con la represión y crímenes a estudiantes, a indígenas, mujeres indefensas, periodistas, defensores de derechos humanos, campesinos y a miembros de las mismas élites políticos económicos como el del Padre e hijo Gauggel, asesinados el viernes anterior.
Mientras el gobierno busca sacarle más dinero al pueblo, esta vez enfocándose en las MIPYMES, después de que éstas deben pagar el mal llamado impuesto de guerra y el que les extraen algunos policías inescrupulosos por “protegerlos” de las maras.
Mientras la Municipalidad del Distrito Central sigue con el afán de endeudar más al vecindario capitalino con el vergonzoso proyecto Trans 450, en una gestión que tiene poco o nada de democrática y menos de transparente; mientras eso se daba en Honduras, en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, se desarrolló la VII Cumbre de las Américas, calificada por muchos como un hecho histórico extraordinario. Desde el miércoles se iniciaron los foros paralelos a la Cumbre por Sociedad Civil, Juventud y Empresa Privada, patrocinados por organismo multilaterales (BM-BID) y la misma OEA. Estos foros fueron empañados con la presencia de la ultra derecha internacional, venezolana y cubana.
La contra internacional reaccionaria financió la misión mercenaria de delincuentes encabezada por criminales como Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez Mendigutia, Jorge Luis García Pérez (Antunez). A Posada Carriles se le busca y se le requiere por los tribunales de muchos países por sus crímenes de lesa humanidad como la explosión en pleno vuelo del avión de cubana de Aviación y a sus 73 ocupantes, en 1976. Félix Rodríguez Mendigutia, involucrado en el asesinato del Che Guevara, distinguido mercenario internacional, invasor en Playa Girón, terrorista bien conocido. Estos “angelitos” fueron en calidad de representantes de la Sociedad Civil, categoría social tan imprecisa en su definición como para permitir que criminales como éstos se filtren en ella. Solamente faltó que incluyeran a Efraín Ríos Montt (ex dictador y genocida), a Roberto Micheletti, a Hugo Sierra o “Loco Hugo” (violador hondureño), a Mario Zelaya (ex director del IHSS) y a Álvaro Uribe entre los “representantes” de sociedad civil.
Treinta y cuatro de los treinta y cinco mandatarios del continente americano se hicieron presentes. La Presidenta de Chile, Michele Bachelet, se excusó debido a la situación catastrófica en que se encuentra el norte de ese país. Las expresiones de solidaridad con Chile no se dejaron de escuchar en cada uno de los discursos que ayer pronunciaron todos y cada uno de los asistentes.
El tema de la Cumbre fue “Prosperidad con Equidad”, lo que centraba la temática sobre los que se debería debatir. Pese a ello, las expectativas mayores fueron el encuentro entre el Presidente Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, además de los fuertes reclamos de Venezuela a Estados Unidos por el Decreto Ejecutivo de amenaza a la paz. Pero las expectativas del primer encuentro entre los máximos líderes de esos dos países se rompieron al escuchar al Presidente Cubano decirle a Obama que él no era responsable de lo que diez expresidentes habían hecho contra el pueblo y gobierno cubano. Estos dos líderes se encontraron durante esta Cumbre, primeramente de manera informal y muy cordialmente se estrecharon las manos, y luego, se encontraron en privado y público para discutir sobre sus agendas para el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El Presidente Maduro y el Presidente Obama también tuvieron un encuentro informal de diez minutos, donde iniciaron un diálogo cortés y franco, que esperaríamos continúe.
Los discursos de los presidentes y mandatarios de Estado al Sur de los Estados Unidos de Norte América, en su gran mayoría se refirieron a los actos nocivos del imperio norteamericano en toda la historia moderna, responsabilizándole en gran medida por los atrasos, sacrificios y pobreza en que se desenvolvió la región por muchas décadas. Los que pintamos canas soñamos con un momento como estos, en que nuestros líderes políticos llegaran a decirle a los gobernantes gringos de lo que estaban hechos. Así que la juventud actual debe sentirse satisfecha por esas expresiones respetuosas, francas y objetivas que los gobernantes allí presentes, con las excepciones del caso, como lo fueron el de Honduras, Guatemala y México, le dirigieron al máximo representante del imperio estadounidense.
Los medios como CNN continuaron con su negocio de hacer propaganda contra Venezuela, Argentina y Brasil, mientras que buscaban interlocutores que pudieran hacer eco de sus mentiras.
Terminamos esta semanas satisfechos de saber que América ha cambiado y sigue cambiando para bien de sus pueblos. Sabemos que debemos mantenernos alertas ante las amenazas de guerra y golpes de estado que penden como una espada de Damocles. Los pueblos deben seguir adelante en sus luchas por mantener sus buenos gobiernos y, en otros países, colocar a gobernantes idóneos para reducir las brechas sociales, económicas y de injusticia existentes, gracias al neoliberalismo y a las grandes corporaciones que manejan el mundo del mercado y las guerras, para su beneficio.
En Honduras las cosas están iguales o peor de cómo estaban antes de la Semana Santa. Los vacacionistas regresaron a sus casas relajadas pero con más deudas. El gobierno les debe 3 meses de salario a sus empleados por contrato, después de haber pagado los meses atrasados de salario a empleados permanentes. Siguen los despidos en sus instituciones de manera discriminativa por color político, particularmente en instituciones donde el proceso de privatización avanza. Aun cuando los precios internacionales del petróleo se mantienen bajos, particularmente con el último acuerdo con Irán, los precios de combustible nacional se mantienen elevados. El precio del crudo ligero y dulce para ser entregado en mayo perdió $0.95 para llegar a $49.14 el barril en la bolsa de NY. El Brent perdió $2.15 para cerrar en 54.95 dls el barril. Seguramente el gobierno nacional y empresarios de carburantes están aumentando fuertemente sus ingresos. No existe información verdadera a la ciudadanía sobre las utilidades y sus usos.
Además de existir un desempleo formal arriba del 5%, hay un subempleo mayor al 30%, sin contar que son pocos los centros de trabajo donde se paga el salario mínimo.
Pese al déficit presupuestario nacional, los gastos y los créditos nacionales e internacionales, no se reducen. La distribución del presupuesto favorece varios gastos suntuosos y políticos en seguimiento a las ambiciones de la clase política en el poder.
Las inversiones sociales se centran en la caridad, altruismo y bonificaciones que no llevan ningún activo a los sectores pobres y muy pobres que les permita vivir con calidad sostenible.
Los planes de dinamización y organización de fuerzas vivas en Mancomunidades para distribución de la inversión social del gobierno central son minados por las acciones de Co-Alianza, quien está creando comisiones paralelas a las mesas que organiza la Secretaria de Desarrollo en las mancomunidades y municipios.
En el ámbito educativo, los hechos represivos, los asesinatos y las medidas administrativas del reciente pasado se mantienen impunes. Los medios cambian el tema para olvidar estos hechos acaecidos antes de Semana Santa, sin embargo, los estudiantes mantienen en sus agendas reclamos para mejorar la calidad educativa. La impunidad sigue igual. No se investiga ni se sabrá quiénes y el por qué de los asesinatos a jóvenes y menores de edad antes de la Semana Santa. Al igual que en muchos, aproximadamente el 95% de los asesinatos ocurridos hasta ahora, siguen en la impunidad. Ante los dictados oficiales, no sería una sorpresa la militarización de los centros educativos donde hay organizaciones de estudiantes en posición contestataria, algo que ya sucede pero de manera puntual.
El Ombudsman seguirá mostrando su complicidad con el estatus quo y las redes de defensores de los DDHH serán estigmatizadas cada vez más.
Los Partidos Políticos en oposición tienen el reto de saber responder adecuadamente a las exigencias del pueblo. Es posible que sigan queriendo dirigir los nuevos movimientos sociales en surgimiento que exigen cambios estructurales, pero para ello deben adecuarse a esos movimientos, sin esperar lo contrario y sin sus viejos discursos por no actualizarse en sus análisis. De seguir así les haría perder más aun el liderazgo que requieren nuevos grupos sociales. El liderazgo de la oposición de los partidos debe actualizarse o quedar fuera de juego, cuando surjan nuevos líderes de base.
El pueblo, su ciudadanía está enfrentando al menos cuatro sectores de represión y crimen: 1. Las fuerzas formales del gobierno central y, en algunos casos, de fuerzas policiales municipales. 2. Las bandas de narcotraficantes. 3. Los grupos de para militares compuestos por ex militares y ex policías, más otros ciudadanos involucrados en la «limpieza social» y, 4. Las bandas de barrios llamadas maras, algunas cooptadas por el crimen organizado y el cicariato. Estas diferentes expresiones son utilizadas por la inteligencia represiva de algunos oligarcas ultra reaccionarios y se conectan de manera que el sistema de terror, de miedo funcione adecuadamente a sus intereses derechistas y lujuriosos.
En la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” (Universidad de Costa Rica, Ciudad de Puntarenas), una joven estudiante se preguntaba un día, un poco desconcertada (pero con tanta luz en sus manos), que cómo iba a ser posible que en un mismo día secuestraran a 43 personas y las desaparecieran a todas. En efecto, la joven estudiante tiene razón. Inverosímil. Ese es un hecho de tal magnitud, que cualquier persona lógicamente puede tener dificultades para encajarlo en su capacidad mental de asimilación y comprensión.
Una periodista de la Radio 870 de la UCR, me preguntaba que por qué Ayotzinapa. No tengo un conocimiento adecuado de la historia y menos de las múltiples complejidades de la realidad mexicana. Sin embargo, le respondí a la periodista, diciéndole que así como fue en esta ocasión el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, pudo haber sido en cualquier otro lugar donde existiera una Escuela Normal Rural. La razón de que haya sido Ayotzinapa, tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que, en esta ocasión, las familias (padres y madres), decidieron romper y superar el miedo. Como decía una de las madres de los jóvenes maestros secuestrados y, posiblemente, asesinados: “nos han quitado tanto que ya nos quitaron el miedo”.
“Tanto nos han quitado, que ya nos quitaron el miedo”. Las desapariciones y asesinato de jóvenes estudiantes de las Escuelas Normales Rurales de México, no es una manifestación reciente ni aislada de extrema brutalidad. Ya tiene toda una larga historia, que es además una historia en la que es posible percibir la existencia de un entramado de persecución y de represión sistémica contra las comunidades estudiantiles de esas instituciones formadoras de maestros.
Y si en esta oportunidad, la horrorosa monstruosidad de la barbarie que representa la desaparición de los 43 maestros de Ayotzinapa logró trascender, eso se debe, como dijo la madre de uno de ellos, “a que nos han quitado tanto, que ya nos quitaron el miedo”. Se sabe que previamente a lo ocurrido en Ayotzinapa, otro grupo considerable de estudiantes normalistas también había sido ejecutado en otra localidad, sin que las familias se hubieran atrevido ni siquiera a ir en búsqueda de sus muertos. El miedo les impedía incluso hasta nombrarlos.
Las autoridades de los poderes formales mexicanos, federales y del Estado de Guerrero, políticas, policiales, judiciales, castrenses, han intentado vertebrar una y otra vez explicaciones en las que se busca focalizar los hechos, aislarlos y atribuirlos a situaciones de corrupción y de colusión de políticos y fuerzas policíacas locales con bandas del crimen organizado. También han deplorado que las movilizaciones en reclamo de la aparición de los 43 maestros hayan afectado, por ejemplo, el turismo en Acapulco. El jerarca del Poder Ejecutivo mexicano ha hecho suya la expresión emblemática “Todos somos Ayotzinapa”, al mismo tiempo que ha hecho llamados a “pasar la página” y a volver a la normalidad; a regresar a la paz, al trabajo y a recuperar la armonía de la convivencia social y ciudadana quebrantada por un acontecimiento insólito. Es decir: olvidémonos ya de esta lamentable eventualidad.
Inverosímil. La joven estudiante de la Sede del Pacífico “Arnoldo Ferreto Segura” de la Universidad de Costa Rica (con tanta luz en sus manos), sigue teniendo razón.
El jueves 06 de noviembre en horas de la mañana, el Poder Judicial, junto con la policía del Gobierno (Poder Ejecutivo), en un operativo desproporcionado con una caravana de casi 40 vehículos, más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, ingresan al territorio Bribri de Salitre ( Municipio de Buenos Aires, Puntarenas – al Sur de Costa Rica ) para allanar las casas de los miembros del gobierno local capturar y “llevar” a declarar como delincuentes peligrosos, a pacíficos líderes indígenas (hombres y mujeres).
Además, se realizaron unos 10 allanamientos en casas de los miembros de gobierno local Bribri de Salitre (Asociación ADI – nombre jurídico), llevándose documentos y efectos personales. El expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak, es presidente del gobierno local Bribri de Salitre y co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, que agrupa a miembros de la mayoría de los territorios indígenas de Costa Rica. En Salitre se ha vivido en los últimos años un proceso de afirmación territorial autónoma, liderado por el gobierno local ( ADI – Salitre ) y ha enfrentado una fuerte oposición de los no indígenas, que usurpan tierras dentro del territorio, quienes han venido perdiendo las causas judiciales y han tenido que salir desalojados del mismo. Los no indígenas, al ver perdidas sus causas, se han violentado, cometiendo actos delictivos contra la comunidad Bribri de Salitre, agrediendo a las familias dueñas del territorio, quemando sus casas y amenazando con armas a los vecinos /as, sin que a la fecha se haya hecho justicia sobres estos actos violentos e ilegales.
Del operativo de allanamientos y detenciones, realizado por el Poder Judicial, apoyado por el Poder Ejecutivo (Policía), sólo queda detenido Sergio Rojas Ortíz, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como presidente de la Asociación –ADI de Salitre (Gobierno Local Indígena), lo que le fue concedido, excepto el rebajo de la fianza a 30 millones de colones (60 mil dólares usa).
El grado de probabilidad de que los dirigentes del gobierno local, no faciliten la investigación, es inexistente, pues todos son sencillos y pacíficos campesinos que viven ahí. Hay poderosos intereses económico-políticos y personales de personas “grupos” que buscan el control de tierra / territorio, para megaproyectos – negocios y ganancias; entre otras razones, que son notables a la luz del conflicto en ese territorio indígena; lo que pone en evidencia, la débil argumentación de la Fiscal Céspedes; ya que no existen los peligros procesales alegados y por consiguiente las medidas solicitadas, no solo son irracionales y desproporcionados sino que no guardan relación con los peligros alegados.
Actualmente Sergio está detenido en la Prisión de Regional de San Isidro de Pérez Zeledón, por cuanto evidentemente no puede pagar la fianza.
El despliegue fue impactante, pero más aún, el objetivo fue enviar un mensaje a todos los demás pueblos indígenas del Sur (al menos), como respuesta del estado costarricense a la lucha por los derechos indígenas, especialmente los que están preparándose para seguir los pasos de la recuperación de las tierras /territorio, como Salitre.
No es casual, que en medio de la polémica y las actuaciones delictivas de no indígenas que amenazan y agreden a los indígenas de Salitre, no aparezca una sola autoridad en defensa y protección de la comunidad, y ahora se presente muy diligente, en este momento la “actuación judicial” de la Fiscalía Indígena, a cargo de la Licda Adriana Céspedes.
¿Dónde estaba la fiscal Céspedes y el ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el recurso de amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?
¿Por qué tanta saña, para llevar a declarar a los dirigentes del Movimiento por la Tierra en Salitre?
Desde hace décadas los pueblos indígenas de Costa Rica, vienen dando una lucha por recuperar sus tierras ancestrales, amparados a la Ley Indígena 6172 de 1977 (Art. 3 Y 5), y otros instrumentos como la Declaración sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ONU) del 2007 y el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica en 1992, y en las Sentencias de los Tribunales Nacionales e Internacionales. A quienes luchan por estos derechos, son perseguidos, criminalizados y reprimidos, tanto que en algunos territorios los NO INDÍGENAS controlan casi el 40% de las tierras, de manera ilegal en total impunidad. El Estado poco ha hecho ante estas violaciones de los derechos humanos de estos pueblos, situación que ha sido denunciada reiteradamente, por organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, así como en informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN).
La comunidad de Salitre no se ha amedrentado, el mismo viernes 09 de noviembre, de todos los rincones del territorio bajaron para reunirse y respaldar a sus dirigentes, rechazar las acusaciones y la persecución sin fundamento; así como para reafirmar la lucha en defensa del derecho territorial indígena y continuar la recuperación de tierras.Han solicitado a la comunidad solidaria nacional e internacional el apoyo por la LIBERTAD de Sergio Rojas Ortiz y la exigencia de que se respeten sus derechos ancestrales de tierra, autonomía y cultura.
Desde el Movimiento Costarricense de Apoyo a la Autonomía Indígena, nos unimos a la denuncia que hace el pueblo indígena de Salitre, rechazamos esta persecución, que alimenta la violencia y el racismo de los agresores en la zona de Buenos Aires, fortaleciendo sus maniobras oscuras, que más parecen una patraña de los poderes, junto con los no indígenas, y algunas empresas de información que difaman y calumnian, distorsionando la realidad de la situación de los pueblos indígenas, para arrinconar a sus líderes, desarticular sus luchas y detener la recuperación territorial y otros derechos humanos, que sólo beneficia los intereses políticos y económicos, de grupos poderosos y terratenientes, dentro y fuera del territorio.
Alto a la política etnocida, racista y represiva del Estado costarricense. URGE la Solidaridad.
Campaña:
Libertad para Sergio Rojas Ortiz!!!
Respeto a la autonomía, la tierra y la cultura de los pueblos indígenas!!!
Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI –
Coeco Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR
Centro de Amigos para la Paz – CAP.
Justicia Paz e Integridad de la Creación – JPIC- CLARETIANOS – CR.
Coordinación de Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC
Asociación Estudiantes Teología – UNA
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia C. R – REDBICR
Agradecemos enviar cartas de apoyo/solidaridad, a los siguientes correos
1. Fiscalía de Asuntos Indígenas:acespedesl@poder-judicial.go.cr
A los pueblos y naciones que integramos a la nación mexicana
Ayotzinapa
La masacre de estudiantes y civiles ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense.
No debe descartarse que el baño de sangre y el terror ensayado en Iguala, bajo la pantalla de un crimen cometido por policías corruptos y delincuentes comunes, persiga, entre otras cosas, tender un velo sobre la masacre perpetrada por el Ejército mexicano en Tlatlaya, Estado de México, donde fueron ejecutadas 22 personas. Se comete un crimen mayor para ocultar otro, presentándolo como un ajuste de cuentas entre las mafias de la clase política local, entre figueroistas y perredistas.
Por el contexto político y social que vive el país y por la larga cadena de antecedentes represivos del PRI y de quienes gobiernan, tampoco debe excluirse que estamos entrando a nueva fase represiva contra la sociedad civil, donde las operaciones de los grupos de paramilitares y las fuerzas armadas se dirigen también contra los movimientos sociales y civiles.
Peña Nieto, el responsable de crimen de estado perpetrado en Atenco en mayo de 2006, tomó posesión en medio de una provocación el 1º de diciembre de 2012, en la que se coludieron los mandos de las fuerzas federales y las del Gobierno del Distrito Federal. El resultado arrojó la muerte de Juan Francisco Kuykendall, de múltiples heridos y detenidos. A la postre salió a relucir la utilización de grupos paramilitares y de policías y militares que se disfrazaron de manifestantes para provocar disturbios.
Lo acaecido en Iguala es la otra cara de las reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el capital trasnacional; y, al igual que la masacre de Atlatlaya, no son eventos excepcionales sino un rasgo estructural del proceso de ocupación neocolonial de nuestro país. Es una extensión de la violencia desatada por los últimos gobiernos del neoliberalismo que ya ha cobrado más de 150 mil muertes entre desaparecidos y asesinados, además de cientos de miles de víctimas “colaterales”. No se puede despojar a la nación de sus bienes comunes más que en medio de la violencia. La matanza de normalistas de Ayotzinapa es una lección ejemplar dirigida a quienes se atreven a disentir y protestar. Una provocación para incitar a que los oprimidos respondan a balazos y así justificar la represión a gran escala. Es la apuesta del partido de la guerra, el capital trasnacional y su clase política, para cancelar toda alternativa pacifica de superación de la catástrofe humanitaria que padecemos.
La elección de las víctimas —los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa— no fue accidental. Tampoco la forma en que previamente se les criminalizó para luego masácralos, torturarlos y desaparecerlos. Es de tal magnitud el crimen perpetrado en Iguala que puede ser comparado con las masacres cometidas por el Estado mexicano en épocas recientes: con el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia en 1962 y las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971; equiparable a la matanza de Acteal en 1997, a las masacres de Aguas Blancas y el Charco en Guerrero; a los más de 500 asesinatos cometidos en contra de perredistas durante el gobierno de Carlos Salinas, y la toma violenta de San Salvador Atenco entre otros. La condena de la ONU, la OEA y las recomendaciones de diversos organismos defensores de derechos humanos ante este hecho atroz y genocida, muestran la gravedad del crimen.
En cualquier otro país que se precie de democrático, el presidente y su gobierno habrían renunciado ante un suceso como el de Tlatlaya o el de Ayotzinapa. Aquí Enrique Peña Nieto y Ángel Aguirre Rivero, con la abierta complicidad del poder judicial y legislativo, de los medios de comunicación y del grueso de la clase política, manipulan las indagatorias y evaden sus responsabilidades, creando chivos expiatorios. Sin embargo, no pueden ocultar los nexos que guardan los grupos criminales con el estado mexicano y un sector de empresarios. Sin el patrocinio y la tutela de ambos no sería posible la sobrevivencia de la “delincuencia organizada”. Son ellos, además de la DEA o la CIA, quien los surte de armas, de canales financieros para el lavado de dinero y de protección, tanto en el territorio nacional como en Estados Unidos y más allá.
El terrorismo de estado nos ha colocado a todos y todas las mexicanas en una situación de indefensión y de vulnerabilidad total. Nuestra vida no les merece la menor importancia; todos y todas somos potenciales víctimas. Quienes hoy mal gobiernan ya no deben permanecer al frente de las instituciones de la Republica; todos ellos son responsables del desastre nacional; ellos abandonaron todo principio ético de respeto por la vida humana sin importar las banderas y colores partidistas que ostentan. Señor Enrique Peña Nieto y Señor Ángel Rivero, les exigimos que presenten a los desaparecidos; les pedimos, les demandamos, les exigimos que renuncien a sus altos cargos y comparezcan ante la justicia junto a todos sus cómplices.
A todos y todas les pedimos estar atentos a las acciones que promoveremos en los próximos días; además, llamamos a participar en todo tipo de acciones de resistencia civil pacífica que desde la sociedad civil se vienen impulsando. Las actividades, que por nuestra parte promoveremos, serán anunciadas en la página, el correo y el Facebook de la Constituyente.
Favor de ENVIAR SUS FIRMAS DE ADHESIÓN a este pronunciamiento al correo mencionado.
Primeras firmas:
Obispo José Raúl Vera López, Obispo Alfonso Leija Salas, Gilberto López y Rivas, Daniel Gershenson, Gabriela Juárez, José Guadalupe Suárez, Alfonso Anaya, Patricia Santiago, Luz María Montoya, Leonor Cortés, Hildelisa Preciado, Rocío Eslava, Pablo Velarde, Hilda Goicochea, Eva Cárdenas, Minerva Andrade, Lázaro González, Graciela Rangel, Leticia Guerrero, Guadalupe Luquín. Leonel Ávila. Raciel Gutiérrez, Juan Melchor, Lied Miguel, Yury Zareth, Estela Cabrera, Isabelle Cauzard, Víctor Manzanares, Francisco Chew, Pedro Ramírez, Marcos Tello, Magdiel Sánchez, Romeo Cartagena, Jessica Alcázar, Fernando Márquez, Daniela Fontaine, Fernanda Tomasini, Ximena Ponce, Iván Alejandro Martínez Zazueta, Catalina Castillo, Jorge Arias Rodríguez, Juan José Villagrán Reyes, Marcela Godínez, Jesús Ramírez Funes (Cristianos Comprometidos), Benigno Arellano Arrellano (Enlace Acolhua – Región Oriente del Estado de México), Leonel Reyes Ávila, Antonio Sarmiento Gálan, Rocío Vargas, David Escobar, Emilia González, Rosalío Morales, Mónica Carrasco, Jesús Villaseca, Heriberto Rodríguez, Darío Rubén Carreón, José Luis Razo Ochoa, Ernesto Jiménez Olin (Unión Popular Valle Gómez AC), Ernesto Morales, Anamaría Ashwell, Dra. Josefina Mena Abraham (Pdta. Grupo de Tecnología Alternativa SC), Maricarmen Montes, Leonor Aída Concha, Lourdes del Villar, Ángeles González, Rosa Barranco, Elizabeth Alejandre, Bertha Vallejo, Graciela Tapia, Claudio Alonso Murrieta Ortiz, Martín Rodríguez Rodríguez, Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Organización Popular Independiente A.C., Rafael Segura Millán, Norma Esmeralda Maldonado, Marta Sánchez Soler y José Jacques Medina (Movimiento Migrante Mesoamericano), José Flores Martínez, María Aurora Marín Fernández, Comunidad Teológica de México, Rafael Segura Millán, Leticia Rentería, Patricia Gutiérrez-Otero, Laura Jiménez, María Hilda De la Vega Cobos, Lucero de Lourdes Espíndola De la Vega, Carlos Molina, Catalina Eibenschutz, Ana Deisy García Granado, Elena Barona Orosco, Ericka García Morales, María Luisa García Martínez, Bertha García Barillas, Fernando Hernández Hernández (Unión de Pochtecas de México, AC y Ayuntamiento Popular de Ixtacalco), Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Chiapas, México), Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Jitotol (Chiapas,México), Laklumal Ixim- Norte Selva (Chiapas, México), Frente de Lucha Popular 29 de febrero de Huixtán (Chiapas, México), Frente Popular de Ixtapa Ricardo Flores Magón (Chiapas, México),Gilberto Ríos Munguía, Andrés Peñaloza, Fausto Lázaro, Pablo Hernández, Carolina Avilés, Rosa María Mejía Alcocer, Lilian Eréndira Pacheco Magaña, María Goretti Espíndola De la Vega, Violeta Pacheco, Fabiola Sánchez Quiroz, David Sánchez Sánchez, Amanda Castillo McCamant, Carlos Olivares Valencia, Elsa Valencia Ramírez, Carlos Mario Olivares Ledezma, Yunset Jaime, Olivia Sánchez, Sandra Carmona, Rosa Vargas, Raymundo Hernández, José Sandoval, Red de Antropología del Sur, Rosa Cristina Báez Valdés, Mirta Clara,Marcelino Rodarte Hernández (Coordinadora del magisterio democrático de Zacatecas sección 58), Silvia Tamez González, Claudia Mónica Salazar Villava, Bibliotecarios SEP-DF SNTE XI-DIII20, Alfonso Díaz Rey (Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, Salamanca, Gto.), Homero Castro Guzmán, Dra. Leticia Chavarría (Comité Médico Ciudadano de Cd. Juárez), Erick Noé Garza Torres,
Firmas internacionales:
Rainer Stoeckelmann (Alemania), Silvia Tenorio (El Salvador), Luis Infanti De la Mora, osm (Obispo Vicario Apostólico de Aysén – Chile), Comunidades Eclesiales de Base (Guatemala), Conrado Sanjur (COPODEHUPA, Panamá), Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA (Panamá), Noris J. Rodríguez (Panamá), María E. Solares (Bolivia), Lorena De Jesús (San Salvador, El Salvador), Carina López Monja (Relaciones Internacionales del Frente Popular Darío Santillán, Argentina),Roberto Muñoz A. (Casa Bolívar, Chile), Loly Medina (El Salvador), German Bedoya (Coordinador Nacional Agrario, Colombia), Movimiento Popular Patria Grande (Argentina), Dora Treviño (Chicago, USA), Congreso de los Pueblos (Colombia), Miriam Boyer (Alemania), Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional (Argentina)
