Ir al contenido principal

Etiqueta: represión

Mujeres de nuestra historia: 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo

1977 – 30 de abril – 2022

Entre 1976-1983, Argentina fue azotada por una dictadura. El golpe de Estado se dio cuando la Junta Militar (compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea) derrocó al gobierno constitucional peronista. Se instaló una dictadura autodenominada “proceso de reorganización nacional” en el país. Esta se apoyó en un sistema basado en asesinatos selectivos, atentados, secuestros y torturas.

Mujeres, madres y abuelas del país presenciaron con horror como sus familiares desaparecían. Estas mujeres se pronunciaron en rechazo a la dictadura, y exigían el regreso de sus hijos, hijas, y seres queridos desaparecidos. Su estrategia más prolífica fue ocupar la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, originando de ahí su nombre. Empezaron a reunirse en 1977, todos los jueves, y marchaban alrededor de la pirámide al centro de la plaza portando fotos de sus desaparecidos. Salir a las calles a protestar, por la verdad sobre sus hijas e hijos, contra un gobierno capaz de atentar contra sus ciudadanos, fue un acto de profunda valentía.

El segundo símbolo de su lucha fue un pañuelo blanco. Este surgió en 1980, en una marcha hacia la Basílica de Luján, donde utilizaron un pañuelo bordado con el nombre del hijo o hija ausente. Este gesto operó tanto para visibilizarlas como luchadoras, cuanto para habilitar a otras personas a aportar algún dato sobre el paradero de los desaparecidos.

En los años represivos del régimen, cuando desaparecían diariamente cientos de personas, cuando se desarrollaban asesinatos, exilios y con las cárceles llenas de presos políticos; este grupo de mujeres originó un contrapoder. Fue todo un sistema luchador donde era posible recoger pruebas y destinos de sus familiares en los márgenes de la justicia argentina. Su búsqueda ya no fue solo por la verdad, sino también por la justicia.

Pese a la represión que sufrieron, ser madres de desaparecidos transformó su identidad y configuró su pensamiento y su práctica política. Las Madres de Plaza de Mayo enfrentaron una lucha sin descanso contra el régimen militar y le dieron voz a todos los desaparecidos, voces silenciadas por la injusticia. Se volvieron parte de una lucha social que sirvió de inspiración para muchos otros.

En este video se conmemora a estas militantes incansables, que enfrentaron a la dictadura cívico militar. Fueron un ejemplo de lucha en todo el mundo. Mujeres comprometidas con los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia. 

Referencias:

  • D´Antonio, D. C. (2006). Las Madres de Plaza de Mayo y la apertura de un camino
  • de resistencias. Argentina, última dictadura Militar 1976-1983. Revista Nuestra América n°2, 40, 29-40.
  • Zarco, A. (2011). Maternalismo, identidad colectiva y participación política: las Madres de Plaza de Mayo. Revista Punto Género, 1, 229-247.
  • Zubillaga, P. (2019). Orígenes y consolidación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Mar del Plata. Estrategias locales y construcción política-identitaria (1976-1989). [Tesis para optar por el grado de Magister en Historia y Memoria]. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Saludo a cada compañera y cada compañero de ARCAH y de la Aldea Loarque su causa es defender los ríos, la Tierra. ¡No es un delito!

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)

San José, Costa Rica 

20 de abril, 2022

El pueblo de Honduras junto al gobierno de Xiomara Castro Sarmientos: cada día da pasos más sólidos por la justicia

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU y el Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras-en Costa Rica manifiesta una vez más su apoyo a la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras-ARCAH, con quienes hoy celebramos el dictamen de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO emitido por la Corte Suprema de Justicia, que el dia de hoy 20 de abril a las 10:30 am será oficializado en una Audiencia en los Juzgados de Letras de lo Penal (La Granja), Tegucigalpa, enterrando la condena que desde el nefasto Régimen de Juan Orlando Hernández (JOH) intentaron perpetuar por delito de desplazamiento forzado.

Esta resolución es un nuevo paso en firme en que en Honduras, en el marco del gobierno de Xiomara Castro Sarmientos, se hacen permanentes esfuerzos por dejar atrás prácticas institucionalizadas desde el Régimen narcodictatorial de JOH. Así, reconocemos la determinación de borrar de la vida del pueblo toda traza de persecución política, de criminalización y judicialización de la protesta social y todo mecanismo de represión contra personas ambientalistas defensoras de los Derechos Humanos en Honduras. 

Reconocemos las diferentes articulaciones a nivel nacional e internacional que confluimos para que fuera una realidad el desistimiento del Ministerio Público de la República de Honduras expresado en SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO. 

Hoy ARCAH junto a la Aldea Loarque que se han sumado en la defensa de los ríos, de la tierra y contra las ZEDEs, demuestran que no tiene ningún asidero jurídico la causa seguida en su contra a partir de la detención del día lunes 29 de marzo de 2021 por defender río Choluteca y las comunidades aledañas frente a la destrucción ambiental arremetida por la Empresa Avicola El Cortijo.

Christopher Castillo, Jefry Suazo, Michael Aguilar, Patricia Godoy, Victor Hernández, Maria Valladares y Fernando Hernández, 

GRACIAS por ser un ejemplo para su pueblo y para el mundo, demostrando que la lucha ambientalista debe ser una tarea permanente para quienes nos suscribimos a una vida digna para todos los habitantes de la madre Tierra.

Nos sumamos sin fronteras a esta alegría y cuentan con nosotras, nosotros y nosotres siempre.

Colectivo de Solidaridad con el Pueblo de Honduras (Costa Rica)

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)

www.acodehu-ddhh.org  

derechos.humanos@acodebu-ddhh.org   

colectivodesolidaridadhn@gmail.com

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica

Ya se encuentra a la venta y para descarga gratuita el libro: “El gobierno de Carlos Alvarado y la contrarrevolución neoliberal en Costa Rica”, de Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. 

El ejemplar electrónico es gratuito, lo puede descargar en: https://ciliac.fcs.ucr.ac.cr/e-books/ (a partir del 8 de diciembre).  El ejemplar impreso tiene un costo de 5.000 colones, y está a la venta en el CIHAC (10:00 am a 2:00 pm). 

En ese libro se menciona como en el 2018, las oligarquías empresariales costarricenses alcanzaron una posición de poder sin precedente desde el período anterior a la dictadura de Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882). Su intervención directa en las políticas públicas se materializó en una regresiva reforma tributaria, una estratégica legislación antisindical y otros cambios institucionales que debilitan o desmantelan la institucionalidad democrática, profundizan las desigualdades y acrecientan el descontento social. Todavía en curso, esta contrarrevolución neoliberal distancia a Costa Rica de los estilos de desarrollo que en el pasado la diferenciaron del resto de Centroamérica y la aproximan a la experiencia de Chile, antes de la revuelta popular de 2019.

Solicitud urgente para protección de derechos humanos en Nicaragua

Frente al contexto lamentable que vive Nicaragua, con un incremento de presas y presos políticos, hemos elaborado una solicitud expresa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se proteja la vida de las personas nicaragüenses. En el siguiente formulario encontrará la carta, le invitamos a leerla y adherirse como persona individual o como organización. Compartimos el documento:

Solicitud urgente

10 de diciembre del 2021

Señores y señoras

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Washington D.C. 

Reciban un cordial y respetuoso saludo.

El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericanas que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.

Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad personas obligadas a exiliarse.

La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.

“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.

Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.

Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.

Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre. 

Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permiten hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.

Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.

Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos contar con su colaboración en este proceso.

La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos que nos encontramos angustiadas con esta situación y que sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.

En el enlace adjunto podrán firma la adhesión al comunicado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel4F_JJkTCN0u2iL578BcnfTMNpn1WN8wZ0V-9GN6IGAlWEQ/viewform?usp=sf_link

HIPÉRBOLES: CUANDO LA SOSPECHA ES CONSTRUIDA

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Esparcidos en su caminar por territorio mexicano como consecuencia del fracaso del modelo económico, la inhabilitación del sistema de protección institucional a todo nivel, el agresivo resplandor del extractivismo y las violencias in extremis en sus países de origen, cientos de miles de migrantes de varios países pero en particular provenientes del norte, y ahora del sur de Centroamérica, continúan su paso incesante y su lucha por el reconocimiento de su condición ante un estado que ha ejecutado al pie de la letra las indicaciones de la administración Biden-Harris en materia de administración migratoria.

Desde setiembre del año en curso, como si fueran piezas de un juego de lego desarmado y vuelto a armar, cientos de agrupaciones de migrantes han sido desbaratadas a su paso por territorio mexicano.

La acción desmedida de las autoridades mexicanas ha contribuido con este escenario, que ha contado también con el concurso de otras instituciones. Pese a ello, los grupos se han reconformado y resistido para seguir su curso. Todavía lo hacen.

En medio de tales dinámicas de represión, violencia y resistencia, las dicursividades acusatorias, intimidantes, excluyentes han estado a la orden del día. A inicios del mes de noviembre una supuesta condición de dengue en miembros de los grupos de personas migrantes que transitan por las carreteras mexicanas fue anunciada por las autoridades y reproducida en el acto por varios medios de comunicación comerciales.

Esta situación fue desmentida por organizaciones defensoras de derechos humanos alegando xenofobia institucional orientada a desacreditar el paso de los grupos de personas migrantes por territorio mexicano.

Tales acusaciones son producto de un registro que históricamente ha asociado migración con enfermedad o riesgo. Es una suerte de hipérbole en la construcción de sentido de los discursos antiinmigrantes que se ha posicionado fuertemente en los últimos años a nivel global. Como señala Moraña en un reciente trabajo publicado en España:

“Desde la perspectiva foucultiana que enfatiza la importancia de la articulación entre cuerpo y poder y la relación individuo-estado, las estrategias actuales de control invasivo del sujeto individual o colectivo considerado objeto de sospecha y amenaza pública, no pueden parecer del todo sorprendentes, aunque signifiquen una intensificación hiperbólica de procesos anteriores. La visión organicista, por la cual la sociedad es vista como un organismo vivo, autoriza la idea de que es necesario defenderse de elementos foráneos que vienen a atacar la integridad del cuerpo social, a infectarlo, debilitarlo y vencer sus defensas inmunológicas” (Moraña, 2021, 398-399).

No quisiera cerrar esta observación participante sin plantear una preocupación acerca de la forma como la sociedad repele lo que considera riesgoso.

Ocurre en un escenario como el costarricense en el que la existencia de grupos contrarios a la vacunación para abordar la COVID-19 ha producido el aumento de discursos inmunitarios y de higiene social que de alguna manera dividen a las personas.

Me tocó leer un comentario en Twitter sobre la presencia de estos grupos en espacios públicos y la relación que se hacía con una serie de enfermedades a las que supuestamente se había expuesto la persona que originó la opinión al cruzarse con ello.

Debemos prepararnos y estar atentos a identificar estos planteamientos higienistas y excluyentes. Tengan o no tengan razón en sus argumentos, no es con odio y exclusión como se gestiona desde el punto de vista social una crisis civilizatoria como la que estamos experimentado. Tener conciencia del otro es asumirlo en su diferencia, sus creencias y sus prácticas. Tenemos pendiente esa tarea. Todos.

 

Imagen: https://www.lachispa.mx

Pronunciamiento Guatemala

El gobierno de Guatemala controlado por elites militares que encabeza Alejandro Giammatei contra la población que manifiesta sus derechos, contra organizaciones indígenas, feministas y populares. Denunciamos los serios niveles de impunidad que prevalecen en Guatemala por el servilismo del gobierno a los grupos privados, empresas extranjeras y los planes neoliberales de muerte, que amenazan la vida y los territorios de nuestras hermanas y hermanos.

La Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. –Trecsa– es una empresa guatemalteca filial del Grupo Energía Bogotá (empresa colombiana) que construye el proyecto de interconexión eléctrica de alta tensión, este es un proyecto estratégico para consolidar el modelo extractivo en Guatemala y beneficiar el transporte de energía en los planes neoliberales impuestos a nuetsrxs hermanos centroamericanxs.

Es por esto que las y los integrantes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa, Defensores del Territorio, de la Vida, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, están siendo víctimas de persecución y amenazas de muerte, por defender sus territorios contra la ocupación, el despojo y la tala ilegal que devasta sus bosques y fuentes de agua, así como el patrimonio de las futuras generaciones guatemaltecas.

La empresa Trecsa pretende seguir destruyendo y construyendo ilegalmente las torres de energía, en amplios territorios de bosque en Guatemala, por tales razones están siendo criminalizadxs.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones del mundo nos solidarizamos con la justa lucha de nuestras compañeras y compañeros de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por Trecsa y exigimos el alto a la persecución y amenazas. Si tocan a unx nos tocan a todxs.

Organizaciones y Personas Firmantes

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Dra. Piedad Esneda Córdoba Ruiz Senadora, Defensora de Derechos Humanos y Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Vocera de colombianas y colombianos por la Paz, Camilo González Posso Presidente de INDEPAZ, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global, Devora González Organizadora de SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos; Suiza José Manuel González López  y Gerardo Romero Luna de la Red Latinoamericana de Zurich integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela  Hugo Alberto Nieves Integrante de la Comisión Política de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Yonatan Vargas Abogado Defensor de Derechos Humanos y Analista Internacional de la CRBZ, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Miguel (chicho) Medina comunero Bolivariano Movimiento cultural Campesino Los Arangues; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN); Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Strio. General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett Red de Integración Orgánica – RIO – por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos; Uruguay Anahit Aharonian Kharputlian Ingeniera Agrónoma y Docente Comisión Multisectorial de Uruguay; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins do Movimiento de Favelas do Rio de Janeiro, Saiane Moreira – Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA Brasil; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima  Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Dr. John Mill Ackerman Rose, Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez CODEM, Claudia Tapia Nolasco CODEM, Patrocinio Martínez López CODEPO, Arquitecto José Márquez Pérez Presidente del Patronato Pro Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca PRO – OAX, , Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas y Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  OPEZ – FOSICH.

Organizaciones integrantes:

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, Red Latinoamericana de Zurich de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora – CRBZ, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) de Colombia; Red de Integración Orgánica – Rio – Por la Defensa de la Madre Tierra y los Derechos Humanos de Guatemala; Comisión Multisectorial del Uruguay; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro, Movimiento de Los Pequeños Agricultores de Brasil, Red por la Defensa de la Infancia Mapuche Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina,  Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM); Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO); Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC); Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco); Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas; Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas  (OPEZ – FOSICH) y Colectivo Reexistencia Creativa México.

Otras personas firmantes:

Costa Rica Yamileth Monterrey López, Ana Franzen (Activista DDHH), Orlando Barrantes Cartín (Bloque de Vivienda), Felix López Zambrana (MTC), Tatiana Otto Golovina (Activista DDHH-ACODEHU), Dennis Omar Calix (Activista DDHH-ACODEHU), María Trejos Montero (Activista DDHH), Marcela Naranjo Segura (Activista DDHH-ACODEHU), Trino Barrantes Araya, Humberto Vargas Carbonell (Miembro del Partido Vanguardia Popular), Edgar Gutiérrez Cordero (Miembro del Partido Pueblo Unido), Rev. José A. Amesty R. Presidente de La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC); Honduras Luz Victoria Midence Pineda, Roy Marín Hernández (Artista y activista DDHH), Carlos Rosa Fortín, Ruy Díaz, Gloria Marlene Obando Motiño, Merlín Avila; Venezuela Marien Manzano; Canadá Wendy Méndez.

Otras organizaciones firmantes:

Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Movimiento de los Trabajadores y Campesino (MTC), Bloque de Vivienda, Skawäk, Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Handsmaidscr, Casa El Emigrante (Human Rights), Confederación Unitaria de Trabajadores – Costa Rica (CUT) Costa Rica; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), ACIPARTICIPA Honduras; Plataforma de Guatemaltecos y Guatemaltecas de Exiliados por terrorismo de Estado, Todos por Guatemala, Tzijolaj Canadá, Warerloo Mayam Project, Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL) Canadá.

 

Compartido con SURCOS por Daniela González, María Trejos Montero.

Una visita indeseada de un gobierno falsario

Por, Carlos Meneses Reyes

El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.

Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.

En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.

La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.

¿A qué fue entonces Duque?

El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.

En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.

Y al caer la tarde sonaron los balazos

En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.

La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.

Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.

Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.

Organizaciones de Derechos Humanos condenan el recrudecimiento de la represión en Nicaragua y exigen la liberación inmediata de todas las personas presas políticas

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos condenan enérgicamente la nueva escalada represiva contra líderes opositores, aspirantes presidenciales, periodistas, empresarios, y exfuncionarios de organizaciones de la sociedad civil y gremiales, a tan solo 142 días de las elecciones generales en Nicaragua.

En mayo de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega, a través del Ministerio Público, inició una investigación en contra de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Walter Gómez y Marcos Fletes, por el supuesto delito de «lavado de dinero”, presuntamente detectado en los informes financieros del período 2015 al 2019 de dicha organización.

Periodistas y organizaciones de la sociedad civil, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), han catalogado esta investigación como “parte de una persecución feroz en contra del periodismo independiente, un atropello en contra de los derechos civiles y políticos”, ya que la Fiscalía ha citado e interrogado a decenas de periodistas, dueños de medios de comunicación y representantes de empresas que tuvieron algún tipo de relación con FVBCH.

El pasado 25 de mayo por la noche, los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, ex-contador y ex-administrador financiero de FVBCH, respectivamente, fueron capturados con violencia por policías y paramilitares. El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhabilitación para cargos públicos de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro; así como la restricción migratoria de la periodista de Univisión, María Lilly Delgado, y los ex trabajadores de FVBCH, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga, quienes fueron citados en su calidad de testigos, sin embargo, al éstos solicitar la presencia de sus abogados, los fiscales les advirtieron que por ello pasarían a ser investigados.

Posteriormente, el 2 de junio, una juez dictó orden de allanamiento y detención en contra de Chamorro Barrios. Su casa fue allanada por decenas de agentes policiales y paramilitares por más de cinco horas y desde ese momento, Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario e incomunicada.

Tres días después, el 5 de junio, el aspirante presidencial Arturo Cruz fue detenido de manera arbitraria en el aeropuerto de Managua por actos catalogados como “traición a la Patria”, de acuerdo con la controvertida Ley 1055; Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz.

El 8 de junio, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, fue citado al Ministerio Público por «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares» y «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Al finalizar su cita, el aspirante fue interceptado y arrestado junto a su conductor y su abogado, quienes luego fueron liberados.

Esa misma noche, la Policía Nacional allanó las viviendas y detuvo al aspirante presidencial Juan Sebastián Chamorro y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerri; e impuso casa por cárcel a la activista opositora y miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Violeta Granera, bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares».

El 9 de junio, el ex-diputado José Pallais, quien es miembro de la Coalición Nacional, también fue arrestado en su casa por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar injerencia extranjera en los asuntos internos”, “exaltar y aplaudir sanciones”, entre otras acciones citadas en la Ley 1055.

La noche del 11 de junio, la UNAB y el CENIDH denunciaron que Violeta Granera fue trasladada en un transporte no oficial desde su casa con rumbo desconocido, que resultó ser la Dirección de Auxilio Judicial. La noche siguiente, Tamara Dávila, quien también es miembro del Consejo Político de la UNAB y dirigente del partido Unamos (antiguo Movimiento Renovador Sandinista), fue detenida por los mismos cargos.

El día 13 de junio, la Policía Nacional allanó la casa de habitación y detuvo a liderazgos de la disidencia sandinista y miembros del partido Unamos, antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Entre ellos, la presidenta de Unamos, Suyen Barahona; su vicepresidente, el General en retiro, Hugo Torres; una de las figuras prominentes de la Revolución Sandinista, Dora María Téllez; la ex-presidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, y el ex-canciller del primer Gobierno Sandinista, Víctor Hugo Tinoco.

Finalmente, la noche del 15 de junio, la Policía Nacional arrestó al actual presidente ejecutivo del Banco de Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, quien también estaría siendo investigado por cargos amparados en la Ley 1055.

Cabe destacar que esta nueva ola de allanamientos y detenciones se han dado sin órdenes judiciales y en condiciones inusuales. La mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos detenidos se encuentran incomunicados, no se les ha permitido recibir visitas, ni reunirse con sus abogados.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aplicación de la controvertida Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la paz, violatoria de los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de penalizar e inhabilitar a los liderazgos de la oposición; así como la imposición de la medida de prisión preventiva hasta por 90 días para investigar presuntos delitos, en correspondencia a la reciente reforma al Código Procesal Penal que es violatoria de la presunción de inocencia y libertad personal.

Una vez más, llamamos al Estado de Nicaragua a acatar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), para la realización de unas elecciones libres, justas y observadas nacional e internacionalmente, el próximo 7 de noviembre de 2021.

Exigimos a las autoridades nicaragüenses el cese inmediato de toda acción represiva contra el pueblo, la liberación sin condiciones de todas y todos los presos políticos, y la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Las autoridades que han incurrido en semejantes atropellos a los derechos humanos no deben quedar en la impunidad y el Gobierno de Nicaragua debe ser declarado responsable internacionalmente.

Reiteramos nuestro llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la crisis en Nicaragua, y demandando la protección y garantía de los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Firman:
Due Process of Law Foundation
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (UDEFEGUA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Instituto Internacional Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)
OXFAM
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)