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Etiqueta: Rodrigo Arias López

Los “barrenadores” de la CCSS – Parte IV y final: Reformismo pasa factura a los trabajadores costarricenses

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario
Rodrigo Arias López. Actuario y matemático

Dedicado a todas las víctimas del reformismo costarricense, que nos enfermó generación tras generación, en especial a todos los asegurados, trabajadores/as y pensionados/as de nuestra Caja, que han sentido en carne propia como cercenaron sus derechos a salarios justos y jubilaciones dignas, por las políticas de la oligarquía criolla rapaz, con sus sartas de cuadrilleros convenciéndonos que todo se trata de pegar más parches.

Los veremos ahorita con cara de preocupados porque estamos perdiendo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), herencia innegable de una institución revolucionaria para la época, visualizada entonces por los calderocomunistas y aquellas mentes humanistas que pusieron a la persona como eje central de la justicia social, pero son los mismos que callaron cuando descubrieron el millonario negocio de que es mejor “tratar” la enfermedad, en lugar de prevenirla. Identifíquelos: son los mismos que vieron “normal” obligar a los empleados y pensionados de la CCSS a “reajustar” sus ingresos con verdaderas garroteras internas que no daban abasto con los créditos urgentes. Ni dijeron nada cuando empezaron a tercerizar la producción de medicamentos y servicios de la entidad aseguradora, con el mismo cuento de ahora: es más barato.

En nuestras tres entregas anteriores desvelamos el plan capitalista de estos enterradores de ayer y hoy, de fortalecer a la CCSS en un negocio mercantil iniciado por el PLN en la década de 1970, continuado por el PUSC en 1990, el PAC en 2014 y el PPSD en 2022; en contraposición al derecho a la vida, la salud y a una vejez digna como seres humanos. Mostramos el nefasto impacto de esas políticas reaccionarias y reformistas sobre los servicios de salud de la CCSS, en particular en un aumento en las llamadas listas de la muerte, así como en el deterioro de las finanzas y reservas del régimen de pensiones (IVM). A este, presuntamente, cada año, le dan un “manazo” de ¢1 billón (nada que ver con Aldesa, La Trocha, Banco Nacional, Coopeservidores, el Cementazo, entre otros en etapa de investigación judicial, a vista y paciencia de Edmundo y todo el mundo). ¿Y ello cómo lo afecta a usted mujer trabajadora, trabajador estatal o de fábrica, estudiante o jubilado? Ahora bien: ¿Qué proponen estos reformistas frente a un inminente colapso? La gran solución propuesta es reducir aún más los beneficios ofrecidos por el IVM, aumentar sus contribuciones y las edades de retiro, frente a el envejecimiento de la población advertidos desde hace 40 años. No se deje engañar por los cuadrilleros de la oligarquía y sus voceros ahora “preocupadísimos”. Sus preocupaciones son falsas y productos de la politiquería de los partidos citados anteriormente. El plan es sencillísimo: Confundir a los asegurados y pensionados de la CCSS y enfrentarnos unos contra otros para que veamos oscuro el horizonte en relación con el futuro de la seguridad social y aceptemos las filas en los EBAIS, las listas de espera, la falta de especialistas etc., justificado todo con un datito por aquí, otro por allá, declaraciones oficiales, un parchecito aquí, esta promesa electoralista del candidato a diputado, haciendo que cambiemos derechos que nos corresponden desde hace décadas para revertir la situación y acabar con la enfermedad y el dolor ajeno como negocio de unos pocos; por lo tanto nada hay que agradecer por sus supuestos regalos (Ver Parte III). Nos corresponde realizar un inventario en nuestro barrio, en nuestro sindicato, asociación de mujeres, de estudiantes, etc., sobre qué niveles de articulación tenemos y empezar a darnos cuenta, que no solo está en crisis la Caja, sino todo el modelo reformista y que nos urge ampliar nuestra práctica democrática de abajo hacia arriba y no como nos quieren acostumbrar de arriba hacia abajo.

Lo anterior, si bien en nuestro país, la soberanía no radica en el pueblo, al tenor del artículo 2 de nuestra Constitución Política, cuando señala que “la soberanía reside exclusivamente en la Nación”, el 9 nos da asidero cuando nos dice en sus primeras líneas que todo gobierno de la República “es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable”. Esas seis condiciones, una vez cumplidas, las “…Ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial…” A nadie obligan a pensar como partido político, esta o aquella organización, ni prohíbe la búsqueda de la democracia participativa como forma de convivencia pacífica y democrática.

Por tanto, esta última entrega de los suscritos deja en sus manos, el daño ocasionado por años de reformismo a todos los trabajadores y trabajadoras, desempleados, pensionados, amas de casa, profesionales, campesinos, etc., sin ningún distingo religioso ni partidario que, aunque el camino no es fácil, el horizonte está clarito, siempre y cuando entendamos que el objetivo fundamental de estos cuatro esfuerzos nunca se apartó de un primer y segundo objetivo. Por un lado, entregar un camino para que construyamos, como sujetos activos en transformar sí lo queremos, sin farsas ni simuladas intermediaciones, para alcanzar un mejor futuro para nosotros, para nuestros hijos y para sus futuras generaciones, el segundo objetivo depende del primero: organizarse con articulación como obligación primigenia y perder el miedo por el debate de ideas, solo así distinguimos cuando estamos frente a nuevos o viejos lobos que se visten con piel de oveja.

El derecho a la vida y a la salud se materializan con la prevención de enfermedades y no esperar el tratamiento y el dolor como negocio, de tal manera que cuando haya necesidad de hospitalización o cirugías para quienes contribuyen y contribuyeron solidariamente con la Caja encuentren un internamiento inmediato, una operación quirúrgica oportuna y medicamentos de calidad. Mientras nuestra CCSS la tengan cabeza hacia abajo y sus pies apuntando a el cielo raso, el derecho humano a la vida es un eufemismo expresado en más de 4000 recursos de amparo tramitados por la Sala Constitucional. Habrá además salarios justos e ingresos suficientes -subsidios y pensiones- en caso de enfermedad, incapacidad temporal y permanente, vejez y muerte, como derechos fundamentales para toda la población, aún para aquellos sectores que defienden una especie de “secuestro” del Seguro Social desde sus posiciones privilegiadas, con las que procuran su eliminación, reduciendo sus capacidades, por afanes, como se ha dicho, meramente mercantiles.

La piedra en el zapato para lograr este objetivo está en el Estado, administrado en su totalidad bajo los gobiernos del PLN, el PUSC, el PAC y el PPND, porque como quedó demostrado desde hace décadas no giró a la CCSS los dineros ordenados por los artículos 2 de la Ley N° 5349 y el 9 de la Ley N° 7374, con la complicidad de las altas cúpulas de la Caja, incluyendo juntas directivas, gerentes y mandos medios.

Viene acotación a lo anterior porque por años y hasta nuestros días, nos hacen creer que hay un “socialismo democrático”, “sociedad inspirada” en las Encíclicas papales o las órdenes de los gerentes del Banco Mundial, capaz de desarrollar un “capitalismo bueno”, como resumió una vez un personaje de nuestra política, cuando prometió “un país de propietarios y no de proletarios”, sí empezábamos a vender hasta la forma de caminar a cambio de endeudarnos. Las oligarquías y sus burguesías no funcionan así.

Estas cúpulas dicen a todas las víctimas del reformismo que la opción es este o aquel parche y jamás replantearse la Caja con la inspiración de hace 83 años, produciendo sus medicamentos, promoviendo la prevención de la enfermedad, cada comunidad con su médico familiar, acceso a los mejores especialistas del continente que sientan devoción por la salud pública, tecnología de punta, etc., dado, según te argumentan, que no hay plata. Veamos los siguientes gráficos y no coma cuentos.

Gráfico N° 1. Gastos del gobierno central en millones de colones

En este Gráfico N° 1, observe que el gasto en transferencias, en donde están, entre otros, los aportes estatales a la CCSS, así como en “otros”, es prácticamente el mismo, desde el año 2019; en salarios el gasto es el mismo desde 2021, mientras que el gasto en pago de intereses crece como la espuma desde 2017. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 2. Gastos del gobierno central como porcentaje del PIB

En el Gráfico N° 2 vemos que desde 2013 se ha venido reduciendo el gasto en remuneraciones; a partir del año 2018 ya se atisba una baja en las transferencias. Todo esto en beneficio de los banqueros nacionales e internacionales, pasando el gasto en pago de intereses de un 2,5% sobre el PIB (Producto Interno Bruto) en 2013 a un 4,8% sobre el PIB en 2023. El gobierno de Chaves vino a ponerle la cereza al pastel, reduciendo el gasto social a un 6,1% sobre el PIB, promoviendo una política que nos regresará a los valores que teníamos en el año 2006.

Mientras tanto, el gasto en el pago de intereses ha crecido, en promedio, un 15,5% anual, desde el año 2013, el gasto en remuneraciones y transferencias ha aumentado solo un 4,8% anual. El PIB creció en promedio un 6,5% en el mismo período, véase el Gráfico N° 3. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 3. Tasas de variación del PIB y de gasto del gobierno central

En este gráfico tenemos que desde el 2006 a 2023 los gastos totales crecieron un 10,1% anual en promedio y el PIB creció un 8,7% anual en promedio, Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 4. Ingresos del gobierno central en millones de colones

En este Gráfico N° 4 el lector observa como los ingresos, en cambio, han crecido en los últimos años, justo lo necesario para pagar a los banqueros, es decir a la oligarquía que nos gobierna desde hace décadas, gracias al IVA impuesto por sus diputados en la Asamblea Legislativa desde 2019. Igualmente, por el impuesto a los ingresos y utilidades que pagan los trabajadores y las empresas, aunque en última instancia, son los asalariados y los pensionados los sacrificados. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 5. Ingresos del gobierno central como porcentaje sobre el PIB

En este Gráfico N° 5 observemos como con el TLC de Oscar Arias Sánchez, Aduanas pasó de ser la principal fuente de ingresos en 2008, a convertirse en la tercera fuente en 2020 y 2023. En 2008 este rubro era el 4,9% del PIB y en 2023 fue 2,7% del PIB. La fuente principal de ingresos pasó a ser el impuesto a los ingresos y utilidades, que pasó de 4,3% sobre el PIB en 2008 a 5,3% en 2023, seguido del impuesto de ventas (IVA), que pasó de 2,7% a 3,0% del PIB en los mismos años, respectivamente. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 6. Tasas de variación de los ingresos del gobierno central

En el Gráfico N° 6 pueden verse las variaciones de los ingresos, en los cuales se evidencian los efectos del TLC (Tratado de Libre Comercio) y de la pandemia de Covid 19. Las altas variaciones de los “Otros” ingresos son el efecto de las transferencias a las que recurren los gobiernos para tratar de mitigar el faltante de recursos, evitando que la foto salga muy fea ante los organismos financieros internacionales. De 2006 a 2023 los ingresos crecieron en promedio un 9,6% anual. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 7. Déficit del Gobierno Central en millones de colones y % del PIB

El déficit del gobierno se financia básicamente con deuda, no porque vos y nosotros hayamos querido, como está resumido en la ilustración número 7. Allí, indicamos, que este faltante creció de ¢0,5 billones en 2009 (2,9% del PIB) a ¢2,9 billones en 2020 (8% del PIB), bajando a ¢1,1 billones en 2022 (2,5% del PIB), gracias al sacrificio a que nos han sometido, sin excepciones a la regla, quienes supuestamente nos han gobernado. Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

Gráfico N° 8. Deuda del gobierno central como porcentaje del PIB

Hemos confeccionado este gráfico numerado como 8, con el fin que vos veas y analices, para que quienes hablen de “alianzas” electorales pegadas con saliva – porque hay ausencia de un proyecto de nuevo país, producto de soluciones al atolladero que nos dejaron-, convocatorias coyunturales, diálogos, etc., puedas confrontarlos con la deuda pública del gobierno central (no conocemos quienes son las familias los tenedores de sus bonos), que pasó de un 24% sobre el PIB en 2008, a un 61% sobre el PIB en 2023, acelerando su aumento en 2016, principalmente, con endeudamiento interno y, a partir de 2020, con deuda externa (Gráfico N° 8). Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Gráfico N° 9. Gasto del gobierno central en intereses por la deuda, % del PIB

El proyecto de nuestra oligarquía y burguesías internas, robustecido en 2008 con el TLC del PLN, vitaminado por el PAC en 2014 y fortificado por el PPSD en 2022 -sin dejar de mencionar a los flamantes partidos de “oposición” caracterizados por una amplia gama también de reaccionarismo y reformismo, ya no saben cómo complacer la denominada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). A todos consta como recientemente la OCDE comparó el gasto en pago de intereses de la deuda del gobierno central de Costa Rica, con el de la misma organización OCDE, así como con el de algunos países de América Latina. Por ejemplo, en 2022, indicó, que el gasto en pago de intereses de la deuda supera el 5% del PIB en Costa Rica, mientras que en otros países de América Latina es la mitad y en la OCDE un tercio de esa cifra (Analice, no lo vea solamente, el Gráfico N° 9 para evitar que nos den gato por liebre). Fuente: Resumen-Ejecutivo. Notas: CRI: Costa Rica; ALC: Chile, Colombia, México y Brasil.

Para la OCDE se debe reducir aún más el gasto y controlar la evasión fiscal. Señala que los “ingresos tributarios, que representan el 23% del PIB, se ven disminuidos por los altos niveles de evasión fiscal, bases impositivas estrechas y una multiplicidad de gastos fiscales. El sistema tributario apenas reduce la desigualdad de ingresos.” (Ver Resumen-Ejecutivo).

Para que no crean las promesas reformistas de que con el aumento de los impuestos iban a combatir la evasión fiscal, recordemos que en 2013 la evasión y elusión fiscal rondaba el 8,22% del PIB (Ver OCDE-2017) y para el año 2022 aumentó a un 10,2% sobre el PIB, según declaraciones de las autoridades de Hacienda (Ver SemanarioU). Por lo tanto, con solo un poco de aritmética, entonces la cifra de evasión y elusión anual rondaría los ¢5 billones en 2024. ¿Cuántas escuelas, hospitales del primer mundo, casas para trabajadores/as, colegios, centros de alta tecnología para aplicación de nuestros pequeños y medianos productores etc., podríamos construir con esa platilla?

Entonces, volviendo a lo inducido en nuestra CCSS, en el corto plazo, las clases populares dejan perder la institución o ya dejamos de comer cuentos, obligando de una vez por todas a recaudar parte de ese dinero evadido y eludido y con esos recursos frescos, sacar a la Caja de la politiquería barata, dotándole, por un lado, fondos directos, independientemente de a quienes pongan como presidente y diputados los dueños del capital. Esto tendría que incluir financiamiento para el gasto del seguro de salud de los asegurados por cuenta del Estado, según ordena el artículo 2 de la Ley N° 5349. Por otro lado, poco se logra con lo anterior, sí dejamos por fuera, el financiamiento del gasto o inversión en la atención primaria de la salud, a que obligaron asumir a la Caja con la imposición de los artículos 7 y 8 de la Ley N° 7374. Esto no solo dotará de financiamiento al llamado SEM, sino que le dará sostenibilidad al IVM, pues se dejarían de usar sus fondos para fines de dudosa autorización.

Mientras los asegurados actuales y futuros, así como los jubilados o pronto a pensionarse, no tengamos claro estas dos luchas a muy corto plazo, frente a toda fuente de los problemas de la CCSS, marginando estas dos cuestiones de fondo (son solo dos), todo llamamiento a manifestarnos, a qué defendamos la Caja, así en abstracto, diálogos por la seguridad social, solemnes comisiones en la Asamblea Legislativa, marcadas en el pasado por aires circenses de vez en cuando, etc., tememos que nuestros oligarcas y nuestra burguesía impondrán la medicina privada y la salud como negocio y nuestro seguro social será convertido en un cascarón desnaturalizado y vacío.

Recordemos que el 9 de octubre de 2024, representantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), se reunieron con funcionarios de la Defensoría de los Habitantes para solicitar apoyo del órgano defensor para la presentación de proyectos de leyes encaminados a ayudar a resolver lo que en el párrafo anterior denominamos problema a resolver en el corto plazo, así como pedirle su intervención para reducir las llamadas listas de la muerte, presionando a la CCSS para la contratación de al menos 2 mil médicos, la mitad en el primer nivel de atención y el resto en los otros dos niveles.

Tengamos presentes que toda recuperación de derechos no cae del cielo y es producto de niveles de conciencia alcanzados y expresados al unísono en determinados momentos históricos por los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, los desempleados, etc.

Es cuando comprendemos que toda riqueza de unos pocos tiene el mismo origen de la pobreza en las mayorías. Los primeros vienen acumulando abundancia de poder desde hace más de 500 años, porque el imperialismo europeo basó su bienestar material porque saqueó inmisericordemente a América y África. Luego cede esta práctica a las trece colonias del Norte que no detiene el saqueo hasta nuestros días, siendo en ambos casos sus riquezas proporcionalmente a la pobreza en que dejan a los saqueados.

Mientras no tengamos claro este postulado a la hora de explicar la llamada acumulación originaria en nuestras naciones, cualquier “alianza” política luce pegada con saliva, es pasajera y hasta falsa, porque carece del cemento solido aportado por los trabajadores, trabajadoras, obreros, estudiantes, campesinos, etc., en plena unidad aglutinados conscientemente en qué solo son ellos quienes tienen capacidad plena para producir lo que nos comemos, sin el visto bueno del extranjero, son ellos, únicamente ellos, quienes deciden la convivencia y las relaciones con todos los pueblos del mundo, sin sumisión alguna ni exclusiones odiosas. Son estas mujeres y hombres costarricenses unidos, y no alianzas electoralistas, quienes tienen el poder de definir cómo vamos a crear biotecnología médica para aplicarla gratuitamente en nuestra CCSS, qué uso vamos a dar a la tecnología qué vamos a crear para beneficiar el pequeño y mediano productor, a nuestros estudiantes de toda la educación pública, a ese pequeño y mediano empresario, primer productor de empleo en nuestro país. ¿Cuántas viviendas vamos a crear este año? ¿Cuántas represas nos toca levantar para que dentro de cinco años todos tengamos electricidad y agua potable, gracias al talento de nuestros profesionales y obreros?

¿Tan inalcanzable es eso? La respuesta es suya; nosotros terminamos estas cuatro entregas, porque durante meses sentimos que el silencio equivale a complicidad y deshonestidad y, teníamos entonces, nos dictaba nuestra conciencia, la obligación ética y moral de entregar humildemente nuestro esfuerzo a quienes por décadas han quitado sus voz y avasallado su salario, su derecho a un empleo decoroso, a su jubilación, sus citas en el Seguro, su derecho a la prevención de la enfermedad, a vivienda digna, a producir lo que nos comemos, a qué no vengan a decirnos quiénes son nuestros amigos, etc.

La bola queda en su cancha.

Los “barrenadores” de la CCSS (Parte III: La farsa. Pensiones de costarricenses en veremos. ¿Y mi pensión?)

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario

Rodrigo Arias López. Actuario y matemático

Dedicado a quienes hace 83 años lucharon por que las mujeres parieran dignamente y vieran crecer alegres a sus retoños, sin lepra, tuberculosis, tosferina y sarampión a la sombra de nuestra CCSS.

Otro déficit al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) se suma a los faltantes en las polémicas contabilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), atentando contra el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM según datos publicados por la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la CCSS.

Mencionamos en nuestra primera entrega el viejillo cascarrabias que decía cómo la historia ocurre dos veces, “la primera, como tragedia, y la segunda, como farsa”. La tragedia la abordamos en nuestra segunda entrega; pero la dejamos abierta para la meditación seria, cuando demostramos que la deuda estatal con la CCSS supera los ¢20 billones, sin mencionar cuánto más (Ver La-tragedia).

Conociendo con precisión la enfermedad del paciente y sus causas, se puede no solo emitir criterio sobre su cura, sino también descubrir y combatir la farsa elaborada por los mismos que han venido “barrenando” este paciente, a vista y paciencia, con pocas excepciones a la regla, desde los medios de comunicación, partidos políticos, politiqueros de oficio y otros especímenes. Cualquier costarricenses con alguna sensibilidad aún en la piel, con el más mínimo pellizquito, verá a muchos de ellos campantes en sus puestos, aplaudidos por los voceros autorizados por nuestra oligarquía, mientras otros no han dejado de rondar la institución en sus planes para la privatización de esta querida entidad nacional. ¿Cuál es, entonces, la farsa?

En nuestra segunda entrega se hizo un apretado recorrido por la administración Calderón Fournier, los cambios en la Ley 7374 y como hubo una segunda “barrenada” – la primera ocurrió desde la administración Monge-, pues nunca dieron a la CCSS los fondos ordenados por dicha normativa. Este tercer esfuerzo, sometido a la consideración de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, estudiantes, campesinos, profesionales e intelectuales honestos, sin importar afiliación partidarista, edad o sexo, se centra sobre cómo las sociedades proclives a el “reformismo” facilitaron el asalto continental a los fondos de pensiones y el serio peligro en que está el IVM y su pensión digna.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, explicó una vez “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”, según La Nación del 16 de setiembre de 2024, periódico que de paso es importante recordar que desde sus inicios combatió la seguridad social con los tres pilares de financiamiento (patronos, trabajadores y Estado), aunque hoy, pareciera interesado en la defensa de la Caja.

Barrantes por la fuente citada consideró que “para revertir tal escenario, el estudio planteó la necesidad de elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo”. Menciona que: “El estudio se tomará como el documento base para la nueva discusión y se llevará al Comité Inter participativo, creado por la Superintendencia de Pensiones (Supen), para fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones.” (Destacados no son del original). Además “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% que da hoy.

Es menester recordar a los trabajadores la táctica utilizada por nuestras oligarquías regionales para hacer cambios en los sistemas de pensiones en todos los países con el modelo “reformista”. Entre 1981 y 2008, 11 países latinoamericanos implementaron reformas estructurales de pensiones, cambiando total o parcialmente los sistemas de prestación definida, reparto y administración pública («sistema público») a contribución definida, capitalización individual y administración privada («sistema privado»).

Las reformas estructurales adoptaron tres modelos en los años de implementación que siguen: a) sustitutivo, que cerró el sistema público y lo reemplazó por completo por el privado (Chile, 1981; Bolivia y México, 1997; El Salvador, 1998; República Dominicana, 2003); b) mixto, que mantuvo el sistema público como un pilar y agregó un segundo pilar privado (Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008); y c) paralelo, que mantuvo el sistema público y agregó el sistema privado, ambos compitiendo entre sí (Perú, 1993; Colombia, 1994). Los trabajadores y trabajadoras que quieran ahondar sobre el tema pueden consultar “La privatización de las pensiones en América Latina”, revista Nueva Sociedad 291 / Enero – Febrero 2021 (Reformas).

Afirmamos que los gobiernos de orientación “reformista” facilitaron este golpe del “capitalismo salvaje” a todos los sistemas de pensiones por una sencilla razón de índole política – filosófica: toda “reforma”, por grande o pequeña que sea, implicará siempre un cambio en el poder controlado por la clase dominante para que el sistema siga funcionando; mientras que toda revolución social “transforma” el poder.

Volviendo a nuestro país hemos de decir que el más reciente estudio actuarial del IVM indica que este seguro tiene un déficit en reservas de ¢74,6 billones usando una tasa de interés real de un 4%. Este estudio podría presentar algún presunto grado de “maquillaje”, tomando en cuenta ejemplares anteriores. En un documental denominado “La Caja de Pandora” y divulgado ampliamente en redes sociales (Pandora), el Máster Luis Guillermo López Vargas -revisor del estudio actuarial-, prometió entonces a los costarricense estar tranquilos porque el IVM era sostenible.

Una prueba de que existe una especie de “castigo” para nuestros viejitos pensionados, sin importar sí son varones o mujeres, luego de entregar toda su juventud para las generaciones venideras, es Wilson Brown, de 78 años, quien se crio en el Barrio El Carmen, Puntarenas y dejó su juventud en fábricas como operario, trabajó la mayor parte de su vida en fábricas como operario en textilerías. Recibía una pensión mínima del IVM de ₡153.192 ajustada recientemente a ₡156.000 mensuales.

Wilson Brown: Recibo 153 mil colones y hay que estirarlos hasta ver cuánto dura la vejez. Actualmente en IVM hay 174.000 personas pensionadas que reciben el monto de la pensión mínima o menos (F. Tomada de SemanarioU).

Contrasta lo anterior con la publicación de “Delfino” del 24 de setiembre de 2024, según la cual: “Supen pide tomar medidas ante inviabilidad que tendrá en un mediano plazo el IVM” y que “desde Supen recordaron que los recientes estudios actuariales “refuerzan la inviabilidad que tendrá en un mediano plazo”, alertando que eso se suma a que la población adulta mayor (PAM) se cuadruplicará entre el 2020 y el 2060, pasando de 476 mil a 1,7 millones de personas.

Si por la víspera sacamos el día, no es de extrañar que Supen trate de “pelear” para aumentar los aportes a el llamado Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), haciendo más “flaquito” el IVM, al estilo de Pinochet en Chile, donde para endulzar a la gente, quien fuera su ministro, Sebastián Piñera, prometió el 80% del salario promedio como beneficio jubilatorio. Los trabajadores creyeron una vez más, y hoy solo tienen seguro, como promedio general, menos del 30% (Ver Tasa-reemplazo y USS). “Engordar” el ROP también podría ser una propuesta para aumentar los recursos de Supen, ya que el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores dice que el presupuesto de Supen “será financiado en un cincuenta por ciento (50%) mediante contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados”. ¡En guerra avisada mueren pocos soldados!

Recordemos que Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de pensiones, estuvo como ministra de hacienda, cuando no trasladaron a la CCSS los fondos ordenados por el artículo 9 de la Ley 7374. Igual sucedió con anteriores y sucesivos ministros de hacienda.

Regresando a las causas de la enfermedad del IVM, mostraremos los daños del barrenador incluyendo, no solo los ocasionados a los fondos ordenados por la Ley N° 7374, sino también a los regulados por la Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad N° 5349 y la Ley de Protección al Trabajador N° 7982, entre otras. Para esto recurrimos a los datos que se enviaron en una denuncia interpuesta ante la Auditoría Interna de la CCSS en el año 2023. En el oficio N° RAL-005-2023 dirigido a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, se describe el método utilizado para coger fondos del IVM y usarlos para cancelar las obligaciones que, no le cobran a los gobiernos o estos no le pagan a la Caja. (Ver Oficio).

El oficio RAL-005-2023 tiene acuse de recibo N° AI-0118-2023 de fecha 10 de marzo de 2023 firmado por Ronny Villalobos Hidalgo, jefe de Subárea de Denuncias y Apoyo Legal de la Auditoría Interna de la CCSS. En el documento consta que del IVM sacaron, solo en el año 2022, aproximadamente ¢1 billón, equivalente –solo para que tengamos una noción de la cantidad de dinero- a un 8% de los salarios; lo cual presuntamente no es un problema solo del año 2022. En todo caso, correspondería a la fiscalía general, a cargo de Carlo Diaz, ceñido en el llamado caso barrenador, examinar si sacar dinero de un lado y depositarlo contablemente en otro, configura un hecho o indicio de conducta dolosa o culpable.

En ocasión de esta investigación para SURCOS y estimar el valor actual de estos dineros que el Estado debió trasladar a la CCSS para financiar gastos del seguro de salud, se solicitó a la Gerencia de Pensiones los datos de la cuenta individual, con corte al 30 de junio de 2024, la cual contiene los salarios anuales cotizados al IVM desde 1976. Aplicando a estos salarios la tasa de traslado de esos dineros hacia otra área y agregando los correspondientes intereses, tenemos que el monto dejado de percibir por la CCSS porque el Estado no lo aportó, está entre los ¢43 billones y los ¢53 billones al momento de cerrarse esta tercera entrega a los trabajadores. Con este monto se conseguiría casi equilibrar el IVM como régimen de capitalización colectiva, conforme lo ordena la Ley de creación de la Caja N° 17. Así que no coma cuento cuando escuche a los “salvadores” de la Caja hablar de aumentar las cuotas, la edad para pensionarse, emigrar a un sistema mixto, etc. Ya conoce las causas.

Fuente: Elaboración para la revista SURCOS por parte de los autores de esta entrega sobre la base de datos suministrados por la Gerencia de Pensiones de la CCSS, oficio arriba citado, entre otras fuentes.

Entonces, los ¢4 billones de deuda estatal que muestra el oficialismo de la CCSS, así como el lloriqueo del gobierno de turno, de politiqueros de oficio, diputados, apólogos, sabiondos de smoking y hasta de algunos medios de comunicación, ahora con ropajes a favor de la Caja, es la farsa que nos toca vivir a todos los trabajadores y trabajadoras, tras la tragedia impuesta por décadas.

Tragedias que generalmente vienen precedidas por la confusión de los pueblos a los que buscan primero borrar su historia, y luego despojándolos de su dignidad y decoro para que todo sea convertido en frivolidad e individualismo. Por eso un apóstol de mayorías dijo en algún momento de su vida: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro».

Por lo demás, es falsa la argumentación para debilitar el IVM que creció la expectativa de vida del costarricense o los jóvenes disminuyeron la tasa de natalidad (en un país inseguro y entre los más caros de la región, entre otros) o nuestros viejitos reventaron como abejones de mayo sin avisar; por lo tanto, lo poquito que hay de nuestra institucionalidad manda a repartir conforme alcance la cobija.

Hace 40 años La Revista Médica del Hospital Nacional de Niños publicó un estudio del Dr. Luis Rosero que daba cuenta de la reducción dramática de la fecundidad y natalidad, el aumento de la esperanza de vida y de la proporción de adultos mayores, con proyecciones hasta el año 2100. Sí, como lo está leyendo, hace cuatro décadas. (Ver Cuadro 3 de Rosero). El resumen del artículo dice lo siguiente: “Se describe la transición demográfica de Costa Rica, iniciada probablemente en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera fase de la transición, el crecimiento de la población se hizo cada vez más rápido, merced a la disminución de la mortalidad. Alrededor de 1960, Costa Rica entró en la segunda fase de la transición, cuando se inició un gran descenso de la natalidad. Una de las consecuencias de los cambios demográficos, es el envejecimiento de la población. Se muestran las perspectivas reales e hipotéticas del envejecimiento demográfico de Costa Rica, y se concluye que éste es prácticamente inevitable en el futuro.”

Como parte de la ofensiva contra los fondos de los trabajadores latinoamericanos desde la década de los ochentas, miles de chilenos siguen defendiendo sus pensiones. Foto tomada de la revista Nueva Sociedad.

Estudios similares, antes y después de 1985, advertían del fenómeno que hoy aprovechan para golpear el IVM y no hacerlo aparecer como parte de un injusto modelo, cada vez más ceñido contra los más débiles y expuestos a más vulnerabilidad como castigo por ser viejos y no ser agente activo del consumo desmesurado. Para estas cúpulas, a la hora de reducir todo a individualismo y al costo-beneficio dentro del mercado, quienes alguna vez contribuyeron con la democracia, la libertad, la igualdad etc., resultan ahora una carga. Sin pretender agotar el tema, el actual modelo llamado “globalización”, nos dejó como regalo la sarta de “neoliberales” en la región, quienes tuvieron siempre como meta aprovechar el “Estado”, no destruyéndolo porque entonces se comerían entre ellos por su avaricia y salvajismo, sino dejándole algunas competencias que garanticen a todos ellos su pleno servicio.

A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad. Para una más rica discusión, a fin de cohesionar y articular el movimiento popular, de mujeres, estudiantiles y sindicales, puede analizarse y discutirse el ensayo “El neoliberalismo: Principios Generales”, escrito por Oscar Vargas del Carpio Ribert, Revista Temas Sociales, número 21, La Paz, 2000 (El-neoliberalismo).

Este autor concluía entonces en una sentencia poco halagüeña para quienes creen que los gusanos barrenadores abandonarán fácilmente la Caja, que la salvación del IVM es cuestión de votar por este o aquel candidato o quitar este parche por aquí y pegarlo allá en aquel lado. Son los trabajadores quienes transforman a los trabajadores. Por eso el ensayista nos decía: “La incidencia en temáticas no-económicas (el neoliberalismo) ha tenido la intención de desvirtuar algunas perspectivas que lo consideran simplemente como un modelo económico. A partir del análisis de su idea de hombre, sociedad, mercado, Estado, política y democracia, podemos concluir que el neoliberalismo es un gigantesco discurso de defensa de la propiedad privada y del sistema capitalista, que contiene profundas raíces autoritarias. Es la forma moderna en que se intenta legitimar las desigualdades sociales. Un llamado a la pasividad y a la sumisión, paradójicamente, a nombre de la libertad”.

Los “barrenadores” de la CCSS (Parte II: La tragedia)

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario.

Rodrigo Arias López. Actuario y matemático.

Dedicado a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla, asesinados vilmente en Puntarenas, designados por la patria para que, junto a aquellos hombres y mujeres, henchidos de rabia y coraje, consolidaran nuestra independencia y libertad, frente a los filibusteros de ayer y hoy.

Cómo sí las larvas del “barrenador” fueran insuficientes, cuando privatizaron los servicios básicos preventivos de atención de la salud, trasladaron a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) las obligaciones del Ministerio de Salud, durante la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier, llenando de más ninfas el lomo del pobre Seguro Social, ya de por sí repleto del gusanillo ese, hasta hoy. (Museo-Nacional).

En la entrega anterior abordamos la llamada “tercerización” de los servicios básicos de atención primaria, el silencio de aceptación que hubo entre un sector de las cúpulas del entonces liderazgo popular, así como el descabezamiento y la destrucción legal del Hospital Sin Paredes, como experiencia democrática del pueblo en la solución de sus problemas sanitarios. (Parte I).

En la Administración socialcristiana de Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) comenzó otro crujir de dientes para la CCSS, igual o peor que como cuando a las cooperativas, bajo el control del fortachón Partido Liberación Nacional, entró en el negocio de los servicios de salud del primer nivel. Ya entonces el lomo de la Caja estaba lleno por todos lados de ninfas, que luego todos conocen la supuesta multiplicación del gusanillo, que ya ocupa un lugar en la historia policial, tras prestar su nombre al fiscal general, Carlo Díaz, para llevar a cabo el operativo durante el cual detuvieron a ocho personas vinculadas con la CCSS.

El presente esfuerzo implícito en esta segunda entrega va despojado de cualquier politiquería y partidarismo, porque el fin último, es que, sin importar el nivel de escolaridad, edad o sexo, sean los campesinos, los obreros, las amas de casas, los estudiantes, los empleados públicos y privados, intelectuales y profesionales honestos, que los hay todavía, podamos entender la compleja madeja existente alrededor de los intentos de desmontar 83 años de seguridad social, a todas luces sí eso ocurriera, sería una auténtica tragedia para los costarricenses más vulnerables.

De esta realidad, surge entonces, la exigencia de no solo organizarnos para competir sobre quien controla más organizaciones y cuánto recibimos mensualmente por cuotas para mantener el funcionamiento de la instancia sindical, comunal, estudiantil etc., sino la urgencia de articularnos. El primer caso se llama, políticamente hablando, “burocratismo”; el segundo es “trabajo planificado”, “efectivo” a la hora de cuantificar, con sentido político, entre otros términos. El primer caso, el “burocratismo”, confunde, desorienta a los trabajadores y deja abierta las puertas a las bandas fascistas en todas partes (léase Milei en Argentina, amenazas de bombas y muerte en Costa Rica, intentos de golpe de Estado en Honduras y Venezuela etc.), mientras la segunda opción educa, transforma y concientiza a los hombres y mujeres sobre su papel dentro de la sociedad, elevando así las cualidades y calidad de su membresía. Para que nos entendamos: poco ganan los trabajadores sí sus líderes siguen transitando por el viejo camino de organizaciones por organizaciones, sí taponeamos por omisión o acción los vasos comunicantes con otros costarricenses en igual o peores condiciones por el inhumano estado en que nos tiene el modelo imperialista.

Tal como se explicó en la primera parte, el artículo 6º de “Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973, mandaba que la atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serían de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública. Sin embargo, el 3 de diciembre de 1993 -administración socialcristiana de Calderón Fournier como queda dicho líneas arriba- derogaron el artículo 6 en mención y trasladaron a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva, con la promesa en la disposición 9 de la Ley N° 7374 del 3/12/1993, que el Ministerio de Hacienda financiaría mensualmente sus costos. Con dicho artículo, el PUSC revitalizó el plan de privatización de los servicios médicos iniciado por el PLN años atrás, prometiendo, según el artículo 9: “El Ministerio de Hacienda, a efecto de cumplir con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la presente Ley, tomará las previsiones presupuestarias, para trasladar mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro Social los recursos financieros necesarios, a fin de cubrir las nuevas obligaciones asumidas por el traspaso del programa de atención a las personas.”

Entendemos, pero no compartimos, que los miembros de la Junta Directiva y en general la alta gerencia de la CCSS, cuidaran sus cargos aceptando lo que a ojo de pájaro ya asomaba como un posible barrenado en las finanzas de la Caja. Tampoco, siendo claros y sinceros, la representación de los trabajadores en las distintas áreas de la CCSS, ahora tan agitada por la entrega de centros de salud a las cooperativas y la posible imposición del llamado sistema de “copago” de necesidades médicas, mostró capacidad para prevenir lo que se fraguaba (algo parecido había pasado en México), y menos para articularse y dar la lucha junto a maestros, campesinos, y asalariados, en general, dado que el desfinanciamiento del Seguro era evidente y el asunto era de vida o muerte para millares de asegurados. Es extraña la pasividad ocurrida.

El plan escondido en las alturas de nuestra oligarquía sí bien es cierto permanecía “sombreado” entre escritorios y personajes de la política local, era a la vez evidente en cada una de sus etapas y los pasos dados a diario, pues hicieron valer sus influencias dentro de la CCSS para que el monto mensual proveniente del Ministerio de Hacienda, por el traslado a la Caja de las obligaciones del ministerio de salud, fuera solo por dos años o por un monto simbólico. Eso lo lograron contabilizando desde hace 30 años en los Estados Financieros del seguro de salud, solo el 2,5% del costo que le trasladaron a la Caja. Hasta la fecha ningún gobierno de turno ha honrado ni siquiera ese 2,5%. Aún muchos de los que dejaron de pagar ese 2,5% y de los que dejaron de cobrar el 97,5% restante, siguen campantes en sus puestos tomando decisiones.

Este caso tiene más de 10 años en los tribunales de justicia, tras una denuncia del exdiputado José María Villalta (Expediente 13-006261-1027-CA, Sección Octava del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de Goicoechea,) sin que exista prisa en la CCSS, en ningún gobierno de turno y presuntamente tampoco en el Poder Judicial. (Sentencia-Sala-Primera).

El allanamiento a la CCSS por el llamado caso “barrenador” puso nuestra seguridad social en primer plano.

Pocos pueden alegar desconocimiento de estas maniobras e infecciones. La Auditoría Interna de la CCSS, la Contraloría General de la República y hasta la Defensoría de los Habitantes, conocen estas conductas inexplicables, que podría constituir un presunto delito desde hace décadas; pero nunca las denunciaron, ni importó a nadie. Se acomodaron a recibir sus altos salarios sin decir esta boca es mía, mientras los gusanillos barrenadores crecían y se reproducían. (Ver Auditor-Olger-Sanchez-CCSS y Defensoría-Habitantes).

Cuando un ciudadano, en su condición de trabajador y asegurado, hizo ver al ministerio público el olorcillo que salía desde adentro, ese ministerio archivó una de las denuncias interpuestas, y alegó: “Este recurso se está declarando inadmisible por el principio de Taxatividad Subjetiva, por lo ya apuntado al considerar que el señor Rodrigo Arias López no es víctima en la presente causa y no ostenta esa condición que establece la ley, en el artículo 282 con relación al 437 e interpretando a la luz del 70 del C.P.P, en virtud de ello se declara inadmisible el recurso de apelación presentado contra la resolución del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José de las 10:30 minutos del 20 de noviembre del año 2018 donde se dictó (sic) la desestimación de la causa y por lo tanto se declara en firme aquella resolución.” (La negrita no es del original y para un ahondamiento del asunto puede consultarse el Voto 21-2019, Expediente 18-000119-1218-PE, del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José. (Denuncia-Fiscalía).

Es menester recordar que, por esa fecha, la fiscalía general de la república, la ocupaba Emilia Navas Aparicio, y ahora quien la sustituyó en el puesto, Carlo Díaz, declaró la guerra al gusanillo ese en la Caja, lo cual supone, entendiendo bien el significado de “lucha contra la corrupción”, una buena fumigación a la mosca verde, por lo menos con tintura de yodo, sí de verdad hay decisión de limpiar el lomo de la institución.

Si bien los “barrenadores” han cumplido con creces a quienes los pusieron en la alta administración, el “barrenado” de las finanzas de la CCSS, ya es imposible maquillarlo. A fin de colaborar con la bitácora de la fiscalía general (él dijo que está abierto a las denuncias de la ciudadanía), así como con la discusión en el movimiento popular, se ofrecen a continuación cifras en colones, solo en relación con el rubro del artículo 9 de la Ley 7374, antes citado (Primer nivel de atención de la salud):

Gasto anual del primer nivel de atención de la salud en 2023: ¢728.425 millones (Ver Cuadro 31, pág. 76 de Estudio-CCSS).

Gasto contabilizado por la CCSS a cargo del Estado en 2023: ¢19.595 millones (Ver cuenta contable 131268  EF-SEM-CCSS-DIC-2023).

Monto presuntamente dejado de contabilizar y de cobrar al Estado en 2023: ¢708.830.

Monto presuntamente pagado por el Estado: cero colones.

A lo anterior, hay que agregar que, en los estados financieros con corte al 31/12/2019, solo aparece el 2,5% del costo real, más los intereses simples, con un saldo acumulado en 30 años de solamente ¢436.081 millones, y otro, en el cual se da a entender, que ese saldo es diminuto, porque se lo comieron las larvas barrenadoras. Esto por cuanto, el reclamo hecho, tomando en cuenta el 100% del costo -en lugar del solo el 2,5%- del primer nivel de atención con corte a setiembre de 2019, es de ¢5.933.726.567.501,95 (casi ¢6 billones) (Punto 2 dentro de la ejecución de sentencia citada líneas arriba) de la pretensión firmada por Gustavo Camacho Carranza, representante judicial de la CCSS, en julio de 2020, expediente 13-006261-1027-CA. (Ver Ejecución-de-sentencia citada).

En este sentido, cuando la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicitó al Gerente de la CCSS, Lic. Gustavo Picado Chacón “actualizar el monto del principal y de los intereses de la pretensión de liquidación de sentencia que presentó el Sr. Gustavo Camacho Carranza Abogado 16689 ante el EXPEDIENTE: 13-006261-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Octava del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, ya que dicha pretensión está desactualizado a setiembre de 2019 y que una vez que haya sido actualizado nos suministren una copia”, recibió como respuesta lo siguiente: “Conforme a la naturaleza del proceso judicial de ejecución, los montos incluidos en la pretensión institucional son debidamente actualizados según se avance en las etapas procesales del procedimiento y en estrecha coordinación con el Abogado Director del caso, según se requiera. En tal sentido, en el momento que se proceda con lo indicado se les informará lo correspondiente.” (Oficio GF-3403-2024 del 12 de setiembre de 2024). Esto demuestra el interés real que tienen quienes toman las principales decisiones en la CCSS y que giran las instrucciones de los montos que se deben contabilizar en los estados financieros como responsabilidad del Estado, según la Ley 7374, a fin de que la deuda estatal con la Caja luzca pequeñita -unos ¢4 billones-; y por carambola y para felicidad de los organismos financieros internacionales (Juan Rafael Mora, posiblemente los hubiera mandado al carajo) siguen dando préstamos e hipotecando las futuras generaciones para que avance el plan incontenible ideado por nuestras élites desde 1982 hasta hoy.

La comparación hecha por la fiscalía general de la república con la mosca productora del gusano barrenador con la presunta compra por la Caja con sobre precios en servicios médicos a cooperativas, cobró relevancia con la detención reciente de altos personeros ligados con el Seguro. (Imagen con fines ilustrativos: La-Región).

De esta manera, tenemos algo así, dos formas paralelas de acumular los ingresos por las deudas en relación con la deuda del Estado por el artículo 9 de la Ley 7374, que suma para la CCSS solo el 2,5% del costo de lo que antes tenía el ministerio de salud, rondando los ¢4 billones (ver Deuda-Estado-CCSS), y que de paso, tanto sorprende ahora, a la diputada del PLN Paulina Ramírez.

La otra contabilidad, no oficial y en las tinieblas, originada por el 100% del costo de atención primaria de la salud acreditada a el Estado, superaría la astronómica suma de los ¢20 billones, a setiembre de 2024. En todo caso, sea el primer saldo o si prefieren el segundo, la barrenada es grande y la sentimos la mayoría de costarricenses sin acceso a las cadenas de hospitales privados, cada vez que usted hace fila en un centro de salud de la Caja, su cita con un especialista es para el otro año y la tan esperada intervención quirúrgica urgente se practicará hasta dentro de dos años, sí está viva todavía. ¡Y recuerde: calladito es más bonito desde hace 42 años!

Según datos divulgados por la misma CCSS, hay un aumento de las citas en espera de 174.815 a 187.548 y una reducción de 552 días de espera en promedio en cirugías en enero de 2023 a 421 días en agosto de 2024. A fin de contribuir con el estudio y el análisis, dediquemos tiempo a los siguientes gráficos.

Fuente: Gerencia médica CCSS.

Respecto con las listas de espera para consulta externa, el plazo promedio de retraso se incrementó de 371 días en enero de 2023 a 425 días en agosto de 2024, mientras que la cantidad de citas en demora creció de 219.619 a 310.098.

Fuente: Gerencia-Médica-CCSS.

El copago de servicios se suma la tercerización: El presidente Rodrigo Chaves, durante una conferencia de prensa el pasado 30 de septiembre en Puntarenas, confirmó que la compra de servicios médicos a el movimiento cooperativo incluye procedimientos quirúrgicos.

Las declaraciones del mandatario esclarecieron recientes dudas entre un importante sector sindical dentro de la CCSS y los agentes cooperativos asignados por las altas autoridades de la Caja para que se hagan cargo de los centros de atención primaria de salud, durante un periodo de 10 años.

La polémica sobre sí, la llamada “tercerización” de la medicina preventiva incluía ya algunas cirugías, estalló esta semana cuando trascendió que la Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Atención Integral (Coopesain) ha brindado servicios mediante contratación a la Caja para la atención de procedimientos de cirugía mayor ambulatoria a pacientes pediátricos del área de atracción del Hospital Nacional de Niños. Contabilizando desde el año 1991 a julio de 2022 un total de 42.763 niños intervenidos quirúrgicamente.

Las categóricas afirmaciones fueron recogidas por el periódico digital El Mundo cr, el pasado 27 de setiembre, atribuyendo a el gerente de Coopesain RL, Walter Zúñiga, tales cifras en el marco de un desencuentro entre el presidente del Movimiento Cooperativo, Freddy González Rojas, y el dirigente sindical y secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, Lenin Hernández. (ElMundo.cr).

La política cada vez más evidente de obligar a la Caja a entregar estratégicos servicios relacionados con la salud de todos los costarricenses, ha estado presente en todos los últimos gobiernos, caracterizados, unas veces con la privatización (eufemísticamente llamada cooperativización o llanamente tercerización), otras quitando legal o de hecho a la rectora de la protección social en el país la producción de medicamentos, más allá que no sea la crema de rosas, a pesar de la cantidad de excelentes profesionales con que cuenta en todas sus áreas, pasando por el envío de pacientes a realizarse exámenes a centros privados, hasta llegar a la más reciente propuesta de copago de servicios dizque para enfrentar las listas de espera.

Pareciera que, desde aquel 1º de noviembre 1941, cuando por la ley número 17 nació la querida Caja – estamos a menos de un mes, este 1 de noviembre , de celebrarle cumple 83 años- no han dejado de manosear sus entrañas para acabar con el pilar de la contribución tripartita y solidaria, a fin echar por el suelo el sueño de cientos de humildes herederos de Juan Rafael Mora, excelentemente interpretados por el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y el líder comunista Manuel Mora Valverde, cuando pensaron en no dejar a nadie sin seguro social, frente a la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.

Las millonarias deudas de la CCSS sin pagar o sin cobrar, así como rebajos en las cuotas para este o aquel otro sector, por politiquería, populismo o por más bonito que venga tal relato, no es otra cosa que una simulación de nuestras élites para barrenar los derechos de todos nosotros a una atención eficaz ante la enfermedad y el auxilio social ante la invalidez, la vejez y la muerte.

¡Tenga cuidado: a veces los confites vienen envenenados!

Los barrenadores de fondos en la CCSS – Parte I: El paciente cero

Escrito el . Publicado en Salud.

Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario
Rodrigo Arias López, matemático y actuario

Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.

Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.

Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.

Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.

Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).

La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).

Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.

Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.

Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]

Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]

El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.

En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.

Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).

La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).

Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.

Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]

Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].

Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.

Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.

La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.

[1] https://www.larepublica.net/noticia/por-que-le-pusieron-caso-barrenador-a-la-investigacion-de-supuesta-corrupcion-en-la-ccss

[2] https://www.binasss.sa.cr/plannacionalsalud.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=vGVIDAzyjNE

[4] https://www.youtube.com/watch?v=-70MuGYKq3I

[5] https://investigacion.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/Gache-Andrea-.pdf

[6] https://ojs.icap.ac.cr/index.php/RCAP/article/view/651/1036

Comentarios a tener en cuenta sobre el reajuste de las pensiones de la CCSS

Escrito el . Publicado en Derechos.

Rodrigo Arias López

Este mes -diciembre de 2023- la CCSS pagó o pagará un reajuste de 5,99% a todos los pensionados de IVM que reciben un monto de pensión superior al monto de la pensión mínima de ¢153.192 y se pensionaron antes del 1 de enero de 2022. Quienes se pensionaron a partir de esa fecha con pensión superior a la mínima, tendrán un reajuste proporcional a la antigüedad de la pensión. 

Ver el primer cuadro, en el cual el “Índice de precios” es el dato que publica el Banco Central.

Luego, cada línea destacada a color de dicho cuadro la explico a continuación según su etiqueta:

(A): El 2,52% es la inflación acumulada desde el 30/06/2021 hasta el 31/12/2021. La CCSS acordó hacer un reajuste igual a ese 2,52% a partir del 1/1/2022; aunque lo pagó tardíamente hasta en junio de 2022 (pagó seis meses retroactivos de reajuste). Con ese reajuste, al 31/12/2021 los montos de las pensiones quedaron actualizados con la inflación de los precios ocurrida en el segundo semestre de 2021. 

(B): El 7,35% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 al 30/6/2022 (Primer semestre de 2022). En este caso la CCSS no hizo ese reajuste a los montos de las pensiones; es decir, de julio de 2022 a diciembre de 2022 la CCSS dejó de pagar un reajuste de 7,35% (seis meses).

(C): El 7,88% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022 (todo el año 2022). La CCSS -sus jerarcas- pudo acordar ese reajuste a partir de enero de 2023; pero tampoco lo hizo; con lo cual dejó de pagar un reajuste de 7,88% desde enero de 2023 hasta junio de 2023 (Otros seis meses, acumulando 12 meses sin pagar reajuste).

(D): El 6,24% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/6/2023 (1 año y medio). En este caso la Junta Directiva de la CCSS pudo acordar reajustar los montos de las pensiones en un 6,24% a partir del 1/7/2023; pero tampoco lo hizo, con lo cual dejó de reconocer tres meses su pago (de julio de 2023 a setiembre de 2023, acumulando 15 meses sin pagar el reajuste).

(E): El 5,99% es la inflación ocurrida desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023 (un año y 9 meses). En este caso la CCSS acordó pagar ese reajuste completo a partir del 1/10/2023 y pagarlo en diciembre de 2023 (tres meses retroactivos de pago); eso sí, solo a unas 200 mil pensiones superiores al monto de la pensión mínima..

En conclusión, a partir de octubre de 2023 los montos de las pensiones recuperaron la pérdida de valor que tuvieron desde el 1/1/2022 hasta el 30/9/2023; pero los pensionados y pensionadas dejaron de recibir el reajuste durante 15 meses.

Les dejo en el segundo cuadro un estado de las pensiones en curso de pago de IVM de octubre de 2023, antes y después de aplicar dicho reajuste.

La práctica de dejar de hacer semestralmente el reajuste a los montos de las pensiones de IVM, como se hizo durante 30 años, nació en 2019 con el difunto PAC y está siendo continuada por el gobierno actual.

Es pertinente aclarar que de acuerdo con el artículo 32 y siguientes de la Ley Constitutiva de la CCSS, el IVM es un régimen de capitalización colectiva, el cual, por definición, acumula cuando el trabajador está activo y des acumula cuando el trabajador se pensiona; sin embargo, la CCSS y los gobiernos de turno violan esta ley y el artículo 73 de la Constitución, desviando sus fondos y reservas para otros fines no autorizados, con lo cual desde hace varios años el IVM no tiene suficientes reservas para pagar las pensiones en curso de pago, sino que tiene que usar los aportes de quienes están activos. En la actualidad al IVM le desvían ₡1 billón anualmente. Sus administradores mienten mucho, reciben jugosos salarios y están en contubernio permanente con los gobiernos de turno, la CGR y hasta con el Ministerio Público, cuyos jerarcas también viven de los impuestos que pagamos los consumidores.

El actuario Rodrigo Arias López envía mensaje a Pilar Cisneros

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

El actuario Rodrigo Arias López envió un mensaje en contra del proyecto de ley N° 23733 “Mismo patrón, igual contribución” propuesto por la diputada Pilar Cisneros. El mensaje se centra en que hay que corregir el proyecto ya que cuenta con problemas alrededor del tema de las pensiones. Rodrigo Arias López menciona en su mensaje lo siguiente: “Por otro lado, el proyecto de doña Pilar omite agregar a la Ley No 17 el derecho de que los montos de las pensiones de IVM se ajusten de manera automática con la tasa de inflación semestral de los precios; pero en su proyecto Cisneros sí lo introduce en la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo cual fomenta la existencia de pensiones de lujo para algunos de cuello blanco que reciben hasta el triple o más de pensión y de hambre para los pensionados y pensionadas de IVM.”

Para observar el mensaje completo, ingresar al siguiente enlace

Acerca del “aumento” de las pensiones de IVM

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rodrigo Arias López

Pensionados y pensionadas de IVM, para que no se confundan o no los confundan con el 6,62% que se mencionó este 19 de octubre en La Extra (https://www.diarioextra.com/…/aumento-a-pensionados-se…). Ese aumento de las pensiones del 6,62% que la CCSS pagó en junio de 2023 fue solo para la pensión mínima y no fue por costo de vida; recuerden que a los pensionados con pensiones más bajas (inferiores a 153 mil colones en enero de 2023) los estaban estafando desde setiembre de 2022, porque el artículo 29 del Reglamento de IVM ordena que la pensión mínima no puede ser menos que la mitad de la Base Mínima Contributiva; pero algunos sinvergüenzas de la CCSS estaban violando esa normativa, les estaban robando (les comparto otra vez el oficio, vean lo destacado en amarillo, el reajuste de 6,62% fue el resultado de aumentar la pensión mínima de 143.680 colones a 153.192 colones). Entonces lo cierto es que por costo de vida la CCSS no ha hecho ningún reajuste a las pensiones por la inflación del segundo semestre de 2019, segundo semestre de 2020 y todo el año 2022, lo que significa que no ha reajustado aproximadamente un 10% las pensiones por la inflación de esos períodos. Eso es un robo de 140 mil millones de colones por año.

Actuario insta a personas beneficiarias del IVM a organizarse para que defiendan sus derechos ante ajustes no realizados en las pensiones

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte un escrito del actuario matemático Rodrigo Arias López. El experto explica en detalle la forma como la CCSS ha venido actuando en cuanto a los ajustes de las pensiones, así mismo, indica lo que debió ser justo y correcto de acuerdo con la normativa vigente.

Rodrigo Arias López escribe:

“Comparto el oficio de la CCSS N° GP-DAP-ACICP-SAPCP-0764-2023- GP-DAP-SIEE-0070-2023 del 26 de julio de 2023 (verlo aquí) con los pensionados por invalidez o vejez (causantes) de IVM que en enero de 2023 recibían una pensión inferior a ₡153,192.00, para que estén informados sobre lo que les pagaron en mayo y junio de 2023.

Como pueden ver, la CCSS venía violando el artículo 29 del Reglamento de IVM desde agosto de 2022, pues desde esa fecha la pensión mínima debió ser de ₡143,680.50 en lugar de ₡142,517.00. Vean lo que dice en el oficio, lo cito aquí entre comillas:

«En la planilla vencida de mayo y adelantada de junio 2023, se procedió con el ajuste indicado en el párrafo anterior, la pensión mínima se ajusta de ₡142,517.00 a ₡143,680.50, con el pago del retroactivo de agosto a diciembre 2022».

Es decir, en mayo pagaron un retroactivo a todos los pensionados causantes que en agosto de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima de ₡142,517.00, reconociendo cinco meses de ₡1,163.50 que no se les pagó desde agosto de 2022 hasta diciembre de 2022, lo que significa un monto retroactivo de ₡5.817,5 pagado en mayo de 2023. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después de julio de 2022; por ejemplo, el 31 de octubre de 2022; entonces solo recibió 2 meses de pago retroactivo; o sea, los meses pendientes hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se estaba violentando el mismo artículo a partir de enero de 2023, pues desde ese mes la pensión mínima debió ser de ₡153,192.00 en lugar de los ₡143,680.50 corregidos con el pago retroactivo realizado en mayo de 2023. Cito a continuación entre comillas lo que dice el mismo oficio:

«se instruyó aplicar el aumento al periodo de enero a junio 2023, por ₡9,511.50 para un 6.62%, dicho pago con retroactivo se realizó en la planilla vencida de junio y adelantada de julio 2023, correspondiente al ajuste y reconocimiento del retroactivo de las pensiones mínimas de ₡143,680.50 a ₡153,192.00.»

Eso quiere decir que los pensionados causantes que en diciembre de 2022 estaban recibiendo la pensión mínima, en junio de 2023 le tuvieron que pagar cinco meses retroactivos (enero a mayo) de ₡9,511.50, o sea, ₡47.558 más la pensión actualizada de junio de ₡153,192.00, o sea, en total debió recibir ₡200.749,5. Si alguien se pensionó con la pensión mínima después del 31 de diciembre de 2022, debió recibir un monto proporcional al tiempo transcurrido desde que se pensionó hasta el 30 de junio de 2023. También, si alguien estaba recibiendo una pensión superior a la mínima pero inferior a ₡153,192.00 tiene que haber recibido en junio de 2023 un pago retroactivo proporcional.

Observen que lo anterior es válido para los pensionados y pensionadas por invalidez o vejez que recibían menos de ₡153,192.00 de pensión mensual. Si fuese un «causante pensionado fallecido» lo anterior también aplica tal y como se indicó anteriormente para el fallecido; en tal caso sus beneficiarios recibirán una proporción: si es solo un beneficiario, recibirá el 70% de esa mejora y si son más de dos beneficiarios recibirán conjuntamente el 100% de esa mejora.

Espero que esta explicación les sea de ayuda; si alguien tiene alguna duda o no entiende algo, acuda a la sucursal más cercana de la CCSS a preguntar, pues comprenderán que yo no puedo dedicarme a atender y como no soy funcionario de la CCSS no conozco todos los detalles.

Noten que hasta donde tengo conocimiento, la CCSS no ha realizado ningún reajuste por pérdida de valor adquisitivo debido a la inflación de los precios de los años 2020 y 2022. Por lo tanto, eso que pagaron en mayo y junio de 2022 no beneficia a los pensionados que en junio de 2022 estaban recibiendo más de ₡153,192.00 de pensión mensual.

Como pueden ver, el oficio que les comparto me lo entregaron después de interponer un recurso de amparo que aún no se ha resuelto; pero que le fue notificado a la CCSS antes de la fecha que me entregaron esta información.

Confío en que, con esto que les comparto comprenderán con suficiente claridad, que las publicaciones y denuncias que he venido realizando por este y otros medios, no son ocurrencias mías, sino que se apegan a la verdad, a lo que ordenan los reglamentos, las leyes y la Constitución.

Los invito a que lean los reglamentos y las leyes que rigen a la CCSS y al IVM y que aprendan a organizarse para que defiendan sus derechos. En particular, los invito a leer el oficio que motivó mi recurso de amparo, publicando en SURCOS Digital Al final de esa publicación está el documento completo”.

¿Se acabaría la luna de miel entre «expertos» de OIT y maquillistas de la CCSS? (Parte IX)

Escrito el . Publicado en Derechos, Salud.

M.Sc. Rodrigo Arias López. Máster en Matemática Actuarial

Vimos en VIII como OIT-2008 subestimó la cantidad de pensiones de vejez de IVM, infló los salarios cotizados y erró el costo de vejez sobre los salarios. El error en la estimación de la masa salarial surgió de una inadecuada elección de la hipótesis de cobertura y de crecimiento de los salarios. Según los expertos de la OIT el IVM tendría tan buena salud financiera, que, por ejemplo, en el año 2022 le sobrarían ¢1,34 billones después de pagar las pensiones, aguinaldos y demás gastos; sin embargo, a pesar de que la CCSS aumentó las tasas de contribución en 2015 y 2017 y redujo los beneficios a partir de 2019, el IVM solamente tuvo un excedente de ¢0,17 billones; es decir, OIT infló 8 veces los excedentes de IVM de 2022 (Ver el gráfico 1).

Para OIT el IVM tendría en 2022 casi ¢10 billones en reservas en lugar de los ¢3,3 billones que los políticos de la CCSS ahorraron dejando de revaluar las pensiones y aumentando las tasas de cotización, como se observa en el Gráfico 2.

Según los artículos 32 y 34 de la ley N°17 el IVM es un régimen de capitalización colectiva; sin embargo, los políticos de la Caja y los gobiernos de turno, de facto lo convirtieron en uno de reparto, sin preguntarle a nadie, a pesar de que vivimos en un Estado democrático, participativo, social y de derecho. Esto significa un grosero incumplimiento del convenio que el Estado firmó con los trabajadores, que se materializa en pensiones cada vez más bajas y a edades de retiro cada vez mayores, sin previo aviso. Por lo tanto, como al IVM lo hicieron de reparto, el objetivo principal de sus estudios actuariales es realizar una estimación de la relación gastos sobre salarios (Gastos/Salarios) en cada año de la proyección. En el Gráfico 3 muestro esta relación observada en 2008-2022, así como la estimada por OIT en 2009 y la cuota o tarifa vigente cobrada por la CCSS. En dicho gráfico puede verse que la OIT subestimó completamente esa relación desde el año 2009 hasta el año 2022. Para el año 2022 OIT estimó que los gastos de IVM se podrían pagar con tan solo un 7,6% sobre los salarios; pero lo real es que costó un 12,3% sobre los salarios; es decir, 4,7% sobre los salarios más de lo que OIT estimó. También vemos que desde el año 2009 la cuota de IVM es inferior al costo real; o sea, los ingresos de cuotas no alcanzan para pagar los gastos y beneficios de IVM, lo cual se debe a que desde hace décadas al IVM le desvían un 8% sobre los salarios, lo que equivale a un ¢1 billón por año. Sin embargo, para OIT la cuota vigente más bien era excesiva.

¿Tendrán algo que decir los expertos de OIT Sergio Velazco, Gilles Binet, Alejandro Bonilla o algún otro?

Actuario Rodrigo Arias López solicitó al auditor de la CCSS datos que muestren hacia dónde se desvían los fondos de pensiones

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El máster en Matemática Actuarial Rodrigo Arias López publicó en su espacio de Facebook y compartió con SURCOS un oficio que le envié al auditor interno de la CCSS en el mes de febrero de 2023.

Arias López indaga acerca del desvío de fondos del régimen de pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM).

En su publicación señala:

“Espero que los asegurados activos y pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entiendan cómo es que le han venido desviando fondos al IVM (cambiando de forma espuria el fin que la Constitución y la Ley 17 establecen). Los datos del Cuadro B.1 que adjunto son cifras oficiales de la CCSS incluidas en el informe EST-0076-2022 de Octubre 2022; lo que hice fue ordenar las cifras para que en ellas se vean los dineros que el Estado debe aportar de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7374 para el primer nivel de atención de la salud, que esconden en los informes de la CCSS y que los gobiernos de turno hasta la fecha no han pagado ni un centavo en 30 años, a pesar de que los amigos que tienen en la Caja solo cobran anualmente un 3% del costo real incurrido”.

El experto puntualiza: “Observen que en el título del Cuadro B.1 dice que esas cifras son del Seguro de Salud y como pueden ver, en 2022 a los asalariados les sobró casi un billón de colones (999.425 millones de colones) -incluso, le sobró dinero a los trabajadores independientes y a los pensionados- los cuales, por disposición del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución y los artículo 32 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS, son fondos que debieron destinarse al régimen de capitalización IVM. Sin embargo, los usaron para cubrir los faltantes que los gobiernos de turno no le giran a la CCSS a pesar de que lo ordenan las leyes 7374, 5349 y otras”.

El actuario matemático agrega: “Les comento que este año 2023 separé por primera vez los gastos de atención primaria; en años anteriores no había realizado esa separación y por eso los fondos sobrantes de los asalariados eran menores y los pensionados y trabajadores independientes más bien mostraban faltantes de ingresos para financiar los gastos. Con esta corrección, para ajustarla con la Ley 7374, esos dos últimos regímenes de salud también serían solventes, si es que esas cifras que publica la CCSS son correctas. Por eso lo informé al Auditor Interno de la CCSS, ante quien interpuse la denuncia con el oficio RAL-004-2023”.

Arias López finaliza: “Este 28 de julio escuché la participación del Auditor Interno de la CCSS ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. No vi que el Auditor informara sobre esta situación a los diputados; pero tampoco observé que algún diputado le preguntara. ¿Por qué será? En todo caso, este documento es público, cualquiera tiene acceso a él, igual que el documento de la CCSS EST-0076-2022 de octubre 2022, por lo que nadie podría alegar que desconocía estas cifras; mucho menos los nueve directivos de la Caja”.

SURCOS comparte la imagen de la carta enviada al auditor interno de la CCSS, así mismo, el video de la sesión de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que menciona Arias López en su nota.