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Etiqueta: Rodrigo Chaves

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Chaves vs Amador

Freddy Pacheco León

El ministro del MOPT, estaba en «alitas de cucaracha» por haber engavetado o destruido, proyectos como la autopista Barranca-Limonal, el urgentísimo tren metropolitano, una justa revisión vehicular, el regular ordenamiento vial, las carreteras a Cartago y Limón, el nuevo aeropuerto internacional en Orotina, con nueva carretera hacia el Pacífico (en lugar de la ocurrente ampliación de la ruta 27), el insostenible por ineficiente muelle de Caldera, el costoso espejismo de APM Terminals, el caos vial provocado por el puentecito del bajillo de Los Ledezma, el sueño irreal de la carretera a San Carlos, las decenas de puentes sin intervenir, los abandonados puentes peatonales, el incompetente proceso hacia la frustrada «ciudad gobierno»,

¡Y AHORA!, según Chaves, saca del gabinete a Luis Amador, por haber hecho una licitación para la urgente rehabilitación de la pista del aeropuerto internacional Daniel Oduber, «a la medida» de la empresa MECO, que estaba cobrando cerca de mil millones de colones más, denunciado ante el presidente por sus amigos de las otras dos empresas, Pedregal y Hernán Solís, como presunto acto de corrupción.

Algo que, sin embargo, no fue atendido oportunamente por el presidente, sino hasta que le advirtieron que se venía un gran escándalo público.

Y, mirando hacia el campo político, conociendo que la presunta «candidata presidencial» de Chaves, es la ministra libertaria Natalia Díaz, Amador siguió promocionando abiertamente su propia candidatura entre la afición chavista, poniéndole así, imperdonables zancadillas a los deseos de Zapote.

Ya, pues, la situación era insostenible, por lo cual, ni los discursos-editoriales de Pilar Cisneros, tendrían mayor efecto a favor de la imagen golpeada del presidente.

Por eso la urgencia de despedir a Amador.

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

Lo intenté, pero…

Por José Luis Valverde Morales

Como periodista profesional, intenté ver la supuesta conferencia de prensa del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles.

* Esa presentación del mandatario para nada califica como conferencia de prensa.

* Preguntas acomodadas como bola picando en mejenga de pueblo, para que el hombre, simplemente le dé.

* Las repreguntas de medios amigos a la administración, a la medida para verlo explayarse en argumentos aderezados de actitudes histriónicas.

* Jerarcas, actores secundarios de la obra con guión pre elaborado.

* Sacadas de clavo verbales con medios de comunicación que no se apuntan.

El Presidente y sus adláteres, pueden denominarla como quieran, están en su derecho, pero por favor, en honor a la libre emisión del pensamiento, al quehacer de los profesionales en comunicación social, quienes un día pusimos los pies, esfuerzo, intelecto, sacrificio en la academia, no le llamen a esta obra teatral: “Conferencia de Prensa”.

¿Plantas nucleares en Cartago?

Freddy Pacheco León

Los más grandes desastres medioambientales de la historia, en Chernóbil y Fukushima (este último a consecuencia de un súper terremoto de 9°), donde sendas centrales nucleares liberaron gigantescas cantidades de material radiactivo, fueron recordados en la Asamblea Legislativa.

La diputada Pilar Cisneros, al acuerpar a Chaves, Marta y Munive, en contra de la construcción del hospital para los cartagineses, afirmó, sin sonrojarse siquiera, que en vista de que cerca del terreno escogido para su construcción, existen industrias que procesan sustancias químicas, ¡podrían darse desastres semejantes!

Ante tal sinsentido, usado como «razón» para seguir caprichosamente oponiéndose al muy urgente centro de salud, creemos que Chaves debería armarse de franqueza, y decirles a los cartagineses, y al resto de habitantes de este golpeado país, que mientras sea presidente no permitirá dicha construcción y, muy importante, el porqué de ese maltrato a tan estimable comunidad.

Pero que lo diga directamente él, y no a través de Marta, Munive y Pilar, para que, debidamente informados, los amigos brumosos y sus amigos de otros lados, busquemos qué hacer para enfrentar tan gran injusticia.

Disparates ministeriales

Freddy Pacheco León

Hoy, frente el colapso vial, antes inimaginable, el presidente Chaves, ¡que sabe muy bien quién es el responsable de haberlo provocado!, pide no buscar «culpables», y trabajar por tratar de resolver el desastre provocado en el Área Metropolitana. Digamos que, comprendemos que quiera proteger a su ministro, pero lo que no estaría bien, es que nos castigue, aún más, a los habitantes, tratando de culpar, a los que, más bien, somos víctimas de las malas decisiones. ¡Ampliar la restricción vehicular a dos días por semana!, como quiere Amador, sería profundizar y extender la crisis provocada, por el culpable, que Chaves no quiere mencionar, quizá porque lo hace a él igualmente responsable.

La descuidada decisión de bloquear el paso de 25.000 vehículos por el bajo de Los Ledezma es solo la más reciente torpeza, pues las consecuencias eran predecibles. Pero, la más importante, quizá, fue la de engavetar, por politiquería, el proyecto del tren eléctrico de la administración Alvarado, declarado de «interés público», por tratarse de la única solución al transporte en el Área Metropolitana. Diseñado para beneficiar a más de un millón de habitantes de 15 cantones, se movería a lo largo de 73 km, con 42 estaciones. Por ello, esos dos años perdidos por la inacción y la incompetencia, con este embotellamiento vehicular total, duelen mucho más.

Y los culpables, que por casualidad son los mismos, hoy nos tienen perdiendo miles de millones de colones, con estrés, muchos con ira, sin saber si reír o llorar, al escucharlos hablar de múltiples «horas pico», teletrabajo, más restricción vehicular, cual si estuviésemos en otra pandemia, o una pesadilla.

16.2.24

Liberales, parásitos de la sociedad

Martín Rodríguez Espinoza

Los miserables, seleccionan a dedo a qué niños y niñas, en pobreza extrema, les dan asistencia, los demás que se mueran de hambre viendo a sus compañeritos alimentándose.

El PLN, el PUSC, el PAC, y este gobierno de Rodrigo Chaves son cortados con la misma tijera, la del neoliberalismo salvaje, criminal y asesino.

Prefieren proteger a los grandes empresarios ladrones de impuestos, los evasores, elusores al Fisco y contrabandistas, que alimentar a nuestros niños y niñas de escuelas y colegios, para ellos no hay dinero.

¿Y el IMAS?

Rodrigo Chaves nombró en la presidencia ejecutiva, nada más y nada menos, que, a Yorleny León, la exdiputada del PLN y una de las más grandes enemigas del pueblo costarricense, que aborrece a los pobres.

Ante esto, no es casualidad que ELLA diga que seleccionaron a quienes sí y a quienes no, lo que muchas veces se presta para la famosa piñata politiquera para comprar votos.

Esto se termina cuando el pueblo, cuando la CLASE trabajadora se una, organice y luche, para destronar a esta mafia que tiene el poder desde 1948, luego del golpe de Estado.

Imagen ilustrativa.

La interpretación del soberano

Autor: Luis Carlos Acuña, Doctor en Derecho U.C.R

Transcrito del original en PDF por Sofía Jiménez Murillo

A partir de su discurso agresivo y provocativo, el presidente está librando una guerra contra la mayoría de las instituciones del país. Como parte de ese discurso, ahora el SEÑOR PRESIDENTE -como la novela de Miguel Ángel Asturias- se enfrenta al derecho, específicamente a la interpretación de las leyes. El señor presidente se siente con la sapiencia necesaria para poder entender e interpretar la ley, a pesar de que su especialidad académica es otra.  

Por mi formación de abogado, alzo la voz contra quien se considera ‘soberano’ de un país y ensaye conocer, entender y saber interpretar la ley, y peor aún, contradecir al ente estatal, que por ley, fiscaliza, avala e interpreta la ley.

Sin duda, omite el señor ‘presidente’ valorar los métodos ‘científicos’ o racionales del derecho, que constituyen el discurso profesional de los juristas. Cualquier ciencia para llamarse tal, está centrada en un universo teorético que la constituye. La cientificidad del derecho depende de cómo sea su lenguaje; y de cómo lo emplean sus operadores profesionales, los juristas. Mal o bien, la ciencia del Derecho utiliza un campo de juego donde se mueven los operadores jurídicos, a través de un lenguaje especializado que requiere ciertas habilidades y conocimientos específicos. 

Es habitual que surjan discusiones entre juristas y personas que carecen de formación legal sobre la interpretación de la ley; sin embargo, en el Estado moderno existe una especie de intérpretes ‘autorizados’ que zanjan la discusión: jueces, árbitros, instituciones administrativas, Sala Constitucional, interpretaciones auténticas y otras. Ciertamente cualquier lenguaje encierra imprecisiones y ambigüedades, pero ello no implica la inexistencia de cierta racionalidad en la tarea de la interpretación legal.

Pareciera que el señor presidente quiere regresar al absolutismo, pretendiendo erigirse en un intérprete autorizado de las leyes, en el soberano que descifra y entiende el único significado verdadero de las normas.

Lo ocurrido entre el señor presidente y la Contraloría debe llamar a la reflexión, la exegesis que realiza cualquier intérprete autorizado, con independencia de que nos guste o no, debe respetarse, no es una elección, es una obligación, como bien dijo la contralora. Una de las funciones del lenguaje jurídico es la prescriptivo-normativa, como ocurre con la legislación de la contratación administrativa, el no entender este principio básico hace que algunos operadores jurídicos y las personas en general, caigan en la trampa de creer que el lenguaje jurídico también admite otras funciones, como relacionar la función prescriptivo – normativo con ideas de justicia. El plano prescriptivo-normativo tiene su propio campo de juego, y ahí reside el error del señor presidente, querer utilizar su propia lógica, su propia función, en detrimento de la naturaleza descriptiva-normativa de la legislación cuestionada.

Las expresiones lingüísticas de una determinada ciencia social se usan en la práctica, de acuerdo con distintas reglas específicas. A modo de ejemplo, si alguien pretende jugar fútbol soccer debe utilizar y respetar las reglas creadas para este, de lo contrario, realmente no sería un juego de fútbol y estaría jugando a otra cosa. Debido a que el lenguaje jurídico es una variante del lenguaje común, este permite que hasta un economista pueda opinar sobre interpretación legal. Empero, para evitar el caos y darle efectos prácticos a las disposiciones legales, no suele tomarse en cuenta a cualquier intérprete, por el contrario, la necesidad de armonía y orden de cualquier sistema jurídico contemporáneo, requiere de ‘intérpretes autorizados’ previamente definidos por el propio sistema y es evidente que la Contraloría General de la República es uno de esos intérpretes autorizados. Nos guste o no, ello significa que el derecho dirá, en la práctica, lo que esos intérpretes entienden lo que ahí ‘dice’. Estos específicos intérpretes son aquellos que disponen de la autoridad suficiente para decidir qué dice -y también que no dice- una ley o regla específica. Además, la interpretación que realizan los autorizados no es caprichosa, para ello la dogmática jurídica ha creado distintos métodos para la interpretación jurídica.

Se percibe que el señor presidente replica las palabras de Luis XIV “El Estado soy yo”, en lugar de practicar el juramento constitucional «¿Juráis a Dios y Prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la República…”, en este país quien gobierna son las leyes, no los hombres.

Señor presidente, lo invito a respetar las leyes y las interpretaciones que realizan los autorizados, reflexione sobre su juramento constitucional, zapatero a tus zapatos. 

Imagen tomada de: https://concepto.de/ley-organica/

Chaves y Pilar atinan en el diagnóstico: la medicina aplicada pone en estado de invalidez al paciente

José Luis Valverde Morales

Costa Rica se volvió un enfermo esclerótico, lleno de grasa, aquejado de diversos males, pesado, le cuesta moverse, la cantidad de medicamentos aplicados en el tiempo complicaron su salud, los políticos tanto decían quererlo, entre todos casi lo matan.

Moverlo es poner a caminar un añoso, pesado elefante, lleno de arneses, para colmo de males, con un montón de gente encaramada en sus cansados lomos.

Rodrigo Chaves, muchos años fuera, laborando en un organismo internacional, donde llegaba con dinero ajeno del Banco Mundial, sus decires eran órdenes.

Su escudera Pilar Cisneros, siempre laboró en empresas periodísticas privadas y negocios propios, señalando defectos de la administración pública, sin vivirlos en carne propia.

SOPLAR Y HACER BOTELLAS

Los dos pensaron, llegar al Poder Ejecutivo uno, al Legislativo la otra, era nada más soplar y hacer botellas.

Remozar al estado enfermo no requiere pócimas, medicamentos antojadizos, por parte de quienes no saben de la salud del Estado a la medida, al final, el desconocimiento, soberbia, ignorancia, prepotencia, en dos años más, de no enmendarse los tratamientos, lo van a dejar al borde de la inacción, en lenta agonía.

Escuchar a Chaves, como economista dándole clases de derecho a los abogados de la Contraloría, es como poner a un astrofísico en un quirófano a efectuar una cirugía a corazón abierto.

El abordaje del paciente debe hacerse desde múltiples especialidades, a nadie en su sano juicio, salvo en situación de emergencia de vida o muerte, se le ocurriría una intervención quirúrgica sin exámenes previos, el conocimiento integral de la salud del enfermo.

BENEFICIO

Dándoles el beneficio de la duda, cuando Pilar y Rodrigo hablan de la salud física del Estado y las instituciones, digamos, en el mejor de los casos, lo hacen de buena fe, no obstante, con la ignorancia, desconocimiento, arrogancia, prepotencia, están metiendo el bisturí en el lugar equivocado.

Como habitante de este país, la más saludable lección aprendida, es la reciente crisis con la contaminación del agua, primero silencio, luego, como de costumbre repartición de culpas, con el consabido corte de cabezas, para el caso, la del presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, hasta que llegaron los especialistas e investigadores de la vilipendiada Universidad de Costa Rica, a sacarle las castañas del fuego al confundido Poder Ejecutivo.

Si en los dos años restantes, Chaves y Cisneros se dedicaran a tender puentes, en vez de dinamitarlos para algarabía de la legión de resentidos, quien quita, como país lo pongamos a volar, en vez de seguirle poniendo plomo en las viejas y cansadas alas.

El frenazo al presidente Chaves y el fortalecimiento de la democracia costarricense

Vladimir de la Cruz

El próximo cuatro de febrero la democracia política costarricense se someterá a una prueba electoral más. Costa Rica tiene reconocimiento internacional de ser un país de larga y estable democracia política y electoral. También tiene reconocimiento de una democracia social avanzada.

De América Latina es el país que más ha gozado de esa estabilidad política como ninguno otro. Trece constituciones políticas desde 1821. La primera, del 1 de diciembre de 1821, a cuatro semanas de haber declarado la Independencia el 29 de octubre de 1821. Once de ellas entre 1821 y 1871, unas de muy poca duración, dos de carácter decenal. La de 1871 llegó de hecho hasta 1949, con una breve interrupción entre 1917 y 1919, y la vigente actualmente desde 1949.

Desde 1849 prácticamente ha habido rotación presidencial cada cuatro años, con breves interrupciones, las últimas dos, en el siglo XX, la dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919 y la Junta de Gobierno o Junta Fundadora de la Segunda República, 1948-1949.

La estructura del Estado, y del Estado de Derecho, con sus tres poderes clásicos viene desde 1824, con independencia funcional reconocida, respetada, exclusiva e indelegable; con sometimiento de los Jefes de Estado, 1824-1848 y de los Presidentes de la República, 1848-2023, a las Constituciones y las Leyes.

Con una presencia, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, al frente del Poder Ejecutivo, de educadores, desde el primer Jefe de Estado, 1823-1833, Juan Mora Fernández, especialmente de abogados, de médicos, y de civiles; reformadores y liberales importantes; excepcionalmente de militares.

Administrativamente el país se desarrolló, siguiendo la tradición española, con tres Departamentos, entre 1835 y 1848, y con cinco Provincias y dos comarcas desde 1848 hasta hoy. Las dos comarcas evolucionaron a Provincias en la segunda mitad del siglo XIX.

Al interior de las provincias se desarrollaron, siguiendo la tradición española de los cabildos y ayuntamientos, los cantones, con sus Concejos Municipales y al interior de éstos, los distritos con Concejos distritales. Hoy existen 84 cantones y alrededor de 490 distritos.

El sistema electoral del país evolucionó desde los mismos días de la Independencia, en Centroamérica y en Costa Rica, eligiendo representantes a los organismos federales que se impulsaron y a los órganos de poder interno que surgieron. El sistema electoral evolucionó desde el voto directo, público, restrictivo, de electores y de segunda vuelta, al voto directo, 1913, al secreto en 1924 y al universal en 1949. En 1974 se amplió la ciudadanía a los mayores de 18 años, votando los jóvenes por primera vez ese año.

Desde 1889 se estableció un sistema de partidos políticos mediante el cual solo por medio de partidos políticos se puede aspirar a puestos de elección popular.

El sistema de partidos políticos impuso el control del Gobierno y del Poder Legislativo por pocos partidos políticos, desarrollando en la segunda mitad del siglo XX un fuerte régimen bipartidista, dominado por corrientes políticas socialdemócratas y socialcristianas. Así de los últimos 18 gobiernos, nueve los ha ejercido la socialdemocracia, seis el socialcristianismo.

En el 2014 irrumpieron nuevas fuerzas políticas, heterogéneas, desdibujadas ideológicamente, con dos gobiernos del partido Acción Ciudadana, 2014-2022. En el 2022 surgió como partido gobernante el Partido Progreso Social Democrático, nuevo, de reciente formación, que llevó a la Presidencia a Rodrigo Chaves Robles, más desdibujado ideológicamente, con un discurso político populista, anti bipartidismo gobernante, anticorrupción, sin experiencia personal política en el país; un funcionario de muchos años del Banco Mundial. Acción Ciudadana quedó fuera del escenario electoral. Los tradicionales sobreviven, siendo actualmente la fracción legislativa más fuerte, la socialdemocracia con 18 de 57 diputados.

A nivel legislativo el bipartidismo tradicional socialdemócrata y socialcristiano se distribuyeron el Congreso mayoritariamente, hasta 1998 cuando perdieron las mayorías parlamentarias, obligados a pactar con pequeñas fuerzas políticas que elegían diputados. Esta situación no ha variado desde entonces. Rasgo importante de estos años es que los partidos de gobierno no han tenido mayorías parlamentarias, y los últimos tres gobiernos no han elegido más de 12 diputados. El actual partido gobernante solo tiene 10. Dos de ellos están fuera de la órbita del Poder Ejecutivo. Los otros restantes ocho diputados juegan a varias bandas políticas.

Alrededor del Presidente Rodrigo Chaves se han articulado diferentes grupos políticos, con ánimo de desarrollar casa propia, partido propio, ya que el Partido Progreso Social Democrático fue un partido taxi, Uber, prestado al candidato que resultó electo, sin que él controle en nada a dicha organización ni sea un líder de la misma. Así, han impulsado dos organizaciones electorales, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, que las trataron de poner a prueba en las próximas elecciones municipales del 4 de febrero.

La evolución electoral del país ha llegado a un punto de paridad de género, hombres y mujeres, casi absoluto, que obliga a que en las listas de candidatos obligadamente vayan alternos hombres y mujeres en el orden en que inician las papeletas. A ello se ha sumado que cuando un partido político, nacional o provincial, participa en varios cantones de la misma provincia, la paridad de candidaturas ofrecidas por cada partido también sea horizontal, de manera que, si una Provincia tiene 20 cantones, 10 deben ir con candidaturas encabezadas por mujeres y 10 por hombres. La igualdad opera a favor de la mujer. Si un partido llevase 12 candidatas mujeres en doce de veinte cantones no sería problema. Al contrario, sí.

El Tribunal Supremo de Elecciones, el órgano máximo, descentralizado, autónomo, independiente, con rango de Poder de Estado, que administra todos los procesos electorales desde 1948, es quien vela de esta paridad política. En las elecciones del 2022 obligó al Partido Unidad Social Cristiana a cambiar una candidatura masculina en la provincia de San José, donde descansa la capital de la República y los Poderes de Estado como la mayoría de las instituciones públicas.

Para el reciente proceso electoral, de las elecciones municipales, que elige popularmente casi 8000 dirigentes políticos cantonales, los dos partidos que para esta ocasión se trataron de inscribir a favor del actual Presidente Rodrigo Chaves, Partido Pueblo Soberano y el Partido Aquí Costa Rica Manda, fallaron en la inscripción igualitaria de candidaturas, pese a las advertencias que el Tribunal Supremo de Elecciones les señalara, motivo por el cual les anularon la totalidad de sus candidaturas.

Obvio que sus fanáticos, por ahora visiblemente no muchos, han realizado protestas ante el Tribunal Supremo de Elecciones, las que no han tenido éxito alguno. El mismo Presidente ha mantenido una campaña de descrédito hacia los poderes del Estado y hacia el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, que de paso investiga malas prácticas organizativo partidarias, y posiblemente de ilegales financiamientos a la campaña del Presidente, en las instancias paralelas y partidarias que se crearon para llevarlo a la Casa Presidencial.

Para mí es una lástima que le hayan dejado por fuera a sus esfuerzos partidarios, que son dirigidos por funcionarios que desde la Casa Presidencial operan. Una lástima, porque hubiera sido importante medir electoralmente cuál es el alcance, especialmente en simpatía electoral, que realmente ha tenido el Presidente Rodrigo Chaves en sus 21 meses de gobierno, dado que en las encuestas de opinión sobre su figura ha venido cayendo, mientras a nivel presidencial su figura se mantiene con índices relativamente altos para la experiencia política costarricense.

Sí el Presidente Chaves ha impulsado, con sus funcionarios y simpatizantes, dos partidos, por ahora, para participar en elecciones cantonales, es claro que para las próximas elecciones nacionales del 2026, va a tratar de participar con más fuerza para tratar de que con alguno de sus partidos, con estos u otros que pueda inventarse, se pueda elegir su sucesor presidencial, porque en Costa Rica, no hay reelección sucesiva. Es claro que quiere seguir en política, en política electoral y posiblemente sueñe y se desvele con volver a ser electo presidente, en el 2030 o el 2034…

El otro dato interesante es que el gabinete de ministros, y de altos funcionarios del gobierno de escogencia presidencial, del Presidente Chaves ha sido como sacar premios de una tómbola de feria. La inmensa mayoría sin experiencia de partidos políticos, lo que ha provocado, por el estilo de gobernar, que haya habido una remoción en sus 19 meses en promedio cada 15 días, lo que realmente impide desarrollar una real obra de gobierno sujeta a una visión país, de mediano o largo plazo, y de atacar los problemas principales del país, buscando los acuerdos políticos necesarios para ello.

Un problema central del país es el desarrollo del narcotráfico y el peso que cada día han ido tomando los grupos del crimen organizado en todas las esferas de la vida institucional, pública y política, al punto que, a Costa Rica, recientemente se le ha comparado, en su situación, con Ecuador, de ser las bodegas más importantes del tráfico de droga internacional de sur y de centro América hacia Estados Unidos y Europa.

El otro aspecto, es que en el gabinete del Presidente está su Ministra de la Presidencia, muy importante para él hasta este momento, que fue candidata presidencial que lo adversó en la campaña electoral del 2022, quien para las elecciones municipales del 4 de febrero próximo, le estaba compitiendo, con su propio partido, Unidos Podemos, que ha quedado inscrito para participar en estas elecciones, y posiblemente seguirá inscrito para las del 2026, con ella de candidata, por sí misma o como candidata del propio Presidente, quien por su parte tiene también sus ahijados políticos en su propio gabinete, al ministro de Obras Públicas y al de Hacienda, que son por ahora los que mantienen el mayor rumor a su favor.

Valorando el proceso democrático electoral hay que reconocer la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones con la decisión tomada, sin temor al Poder Ejecutivo, al Presidente como persona, permitiendo ejemplificar a este Poder electoral, y a la democracia costarricense, con los poderes electorales de Nicaragua o Venezuela, por citar dos casos de la región latinoamericana, donde estos poderes responden a los dictados de sus palacios presidenciales y de sus gobernantes.

Las cartas del proceso electoral ya están echadas. Ya empezó a entregarse la papelería electoral a las Juntas Electorales, que se integran con representantes de los partidos políticos en todo el territorio nacional. Los resultados los tendremos el próximo 5 de febrero a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen a darse los primeros resultados electorales.

El poder ciudadano cantonal, base de la democracia administrativa nacional, ya está funcionando. Los votantes tienen la palabra decisoria. El abstencionismo electoral, que a este nivel ha sido alto históricamente, es un gran reto para superar. El aumento de partidos cantonales contra los tradicionales es una gran riqueza política que se manifiesta en esta dirección.

Por ley se ha dispuesto que casi la mitad de los actuales alcaldes y representantes populares cantonales no pueden reelegirse por tener dos o más períodos en el cargo, por lo que tendremos una gran renovación de autoridades políticas cantonales, lo que será una gran expectativa para la vida cívica y ciudadana de los cantones.

Con lo sucedido al Presidente de la República, y a quienes le impulsan en sus proyectos electorales, se les ha dado una gran lección. El Estado de Derecho funciona; el Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano del Estado independiente en sus decisiones. En el Tribunal Supremo de Elecciones descansa, en este proceso electoral, la vida política de la democracia costarricense, con el apoyo de la ciudadanía. Al Presidente Chaves de le ha dado un frenazo y se ha fortalecido la democracia costarricense.

Artículo publicado en la revista internacional MEER.com el martes 23 de enero del 2024 y compartido con SURCOS por el autor.