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Etiqueta: Sala Constitucional

Sala Constitucional admite recurso de amparo por riesgos en rotondas de la Ruta 32

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.

El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.

Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.

El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.

En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.

La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.

Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.

Convocan este 9 de abril frente a la Sala Constitucional por pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.

Comunicado

Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.

En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.

Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.

¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!

Asociación solicita al MINAE informes sobre protección del acuífero de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha solicitado al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) información técnica sobre el seguimiento a una resolución emitida por la Sala Constitucional relacionada con la protección del acuífero de Moín en Limón.

Mediante el oficio AEL-00131-2025, con fecha del 30 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, solicitó al ministro Franz Tattenbach Capra detalles sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el ministerio ante la Sala Constitucional en el expediente No. 22-008354-0007-CO.

La sentencia constitucional, dictada el 23 de septiembre de 2022, ordenó la creación de una comisión interinstitucional para abordar la problemática que afecta al acuífero de Moín, específicamente en fincas ubicadas en la zona de protección restringida. Además, la resolución estableció el diseño y ejecución de un plan para atender y solucionar los problemas que afectan dicho acuífero.

Según la nota enviada por la asociación, el MINAE se comprometió a realizar seis labores específicas en protección del acuífero:

  1. Identificar actividades incompatibles con normas ambientales vigentes e informar a instancias correspondientes.

  2. Identificar cuerpos de agua existentes y determinar cuáles poseen criterio.

  3. Determinar áreas de protección de acuerdo con la normativa ambiental.

  4. Emitir criterios técnicos para recuperación de áreas de protección.

  5. Cuantificar dolinas existentes y determinar zonas de protección.

  6. Identificar vertidos de aguas residuales, tanto legales como ilegales.

En su solicitud, la asociación pide específicamente un informe detallado sobre la delimitación y caracterización de humedales dentro de la zona 6 de protección absoluta, así como un estudio foto-interpretativo que muestre los cambios en el uso del suelo en dicha zona.

La asociación espera recibir respuesta del Ministerio dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

Imagen: Semanario Universidad.

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.

Cuestionan Plan Regulador Costero de Talamanca por riesgos a biodiversidad

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) presentó un comunicado advirtiendo sobre posibles daños ambientales en el Cantón de Talamanca mediante el Plan Regulador Costero.

Según el documento, el plan amenaza ecosistemas frágiles del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas. La asociación señala que el proyecto ignora la fragilidad ambiental de una zona que alberga el 2% de la biodiversidad mundial.

La Sala Constitucional emitió una resolución el 13 de marzo de 2025 que solicita a diversas autoridades de SINAC, INVU y la Municipalidad de Talamanca presentar informes detallados sobre el cumplimiento de una sentencia previa del 16 de febrero de 2024.

Entre las principales observaciones, la AEL destaca que:

  • El plan utiliza índices de fragilidad obsoletos basados en una delimitación del Patrimonio Natural del Estado del año 2017.

  • Una directriz ministerial obliga a funcionarios a respaldar la delimitación de 2017, desestimando estudios más recientes.

  • El proceso de consulta indígena, establecido por el Convenio 169 de la OIT, ha sido tratado como una mera formalidad.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para defender el patrimonio natural y exigir transparencia en el desarrollo de proyectos que puedan afectar ecosistemas únicos.

Marco Levy Virgo, presidente de la asociación, enfatizó la importancia de preservar la biodiversidad del Caribe Sur y asegurar un desarrollo sostenible que respete el entorno natural.

SURCOS comparte los siguientes documentos como referencia:

Sala ordena al SINAC INVU y Municipalidad de Talamanca prueba

Voto humedales

Humedales costeros de Talamanca requieren protección urgente

Los humedales costeros de Talamanca se encuentran en el centro de una controversia ambiental que demanda intervención inmediata.

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), solicitó formalmente la intervención de la Fiscalía Agrario Ambiental mediante un documento que detalla las afectaciones a estos ecosistemas.

Violaciones documentadas

La denuncia señala varios casos de degradación ambiental, entre ellos:

  • Drenajes y rellenos ilegales realizados por sociedades anónimas

  • Intervención sistemática en Playa Negra, con presunta utilización de maquinaria municipal

  • Posibles infracciones a la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad

Antecedentes legales

El caso se origina en una resolución del Tribunal Constitucional del 16 de febrero de 2024, que ordenó:

  • Completar la certificación del Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo Terrestre

  • Incorporar el informe de caracterización de humedales al Plan Regulador Costero

Una resolución posterior del 13 de marzo de 2025 requirió a instituciones como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Talamanca presentar evidencia de cumplimiento.

Solicitud de acción

La organización ecologista ha requerido a las autoridades:

  1. Presentar la información requerida ante la Sala Constitucional

  2. Gestionar medidas cautelares para recuperar los humedales

La protección de estos ecosistemas se considera fundamental para preservar la biodiversidad regional.

Agrónomo Jaime García denuncia desprotección de patrimonio en Reserva Natural Wessberg

El agrónomo y ambientalista Dr. Jaime Enrique García González presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por la desprotección del patrimonio arqueológico ubicado en la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, en Montezuma de Cóbano, Puntarenas.

El recurso surge luego de que el Museo Nacional de Costa Rica confirmara la presencia de restos arqueológicos de culturas prehispánicas en dicha reserva, según consta en un informe técnico elaborado por los arqueólogos Felipe Solís Del Vecchio e Iván Alfaro Gálvez del Departamento de Antropología e Historia.

«El hallazgo incluye fragmentos de metates, cerámica y otros vestigios culturales con una antigüedad estimada entre los años 300 y 800 d.C., correspondientes al período Bagaces», detalla el informe INF MNCR-DAH-104-2024 del Museo Nacional, fechado el 1 de noviembre de 2024.

García denunció que, a pesar de la importancia del descubrimiento, el SINAC no ha tomado medidas adecuadas para proteger este patrimonio arqueológico ubicado en la reserva de 62 hectáreas.

«En el Plan General de Manejo de la RNANW realizado en 2013, ni siquiera se menciona el componente arqueológico, a pesar de que existen evidencias de que los fundadores de la reserva, Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, conocían de la existencia de estos restos culturales», explicó García a SURCOS.

Según consta en la denuncia, el monumento arqueológico, ahora registrado oficialmente como «Nicolas Wessberg (P-1768 NW)», se encuentra disperso en un área aproximada de 3,000 metros cuadrados y está dividido en dos sectores con diferente concentración de materiales.

El arqueólogo Felipe Solís, uno de los autores del informe del Museo Nacional, señaló que «es posible que en tiempos prehispánicos el terreno se empleara como un área funeraria, aunque no se puede descartar que también existieran algunas casas en la zona».

Actualmente, la reserva carece de personal designado por el SINAC y es custodiada únicamente por voluntarios extranjeros. Esta situación preocupa a García, quien también presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de vandalismo ocurridos recientemente en la reserva. En imágenes se aprecia parte del deterioro de la edificación producto del descuido del ente responsable del cuido. Asimismo, algunas piezas arqueológicas.

El recurso de amparo busca que se ordene al SINAC implementar medidas efectivas para la conservación tanto del patrimonio natural como arqueológico de la reserva, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994.

Sala Constitucional acoge parcialmente recursos de ANEP contra Ley de Equilibrio Financiero

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó que la Sala Constitucional acogió parcialmente las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como «Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público».

Según declaraciones de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, y Rafael Mora Solano, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la organización, la resolución restituye derechos laborales que habían sido modificados por dicha normativa.

«Las anualidades tendrán que seguirse reconociendo tal y como se venían aplicando antes de la ley 9635», manifestó Vargas Barrantes, quien calificó la resolución como un logro para las personas trabajadoras del sector público.

Por su parte, Mora Solano explicó los alcances de la resolución: «La sala está acogiendo parcialmente estas inconstitucionalidades y está diciendo que en el caso de las anualidades tienen que volverse a pagar como se pagaban antes». Detalló que quienes recibían el pago de forma porcentual volverán a ese esquema y que el reconocimiento se hará en el momento en que se cumpla el año laboral, no hasta junio como establecía la ley impugnada.

Según los representantes sindicales, otro aspecto relevante de la resolución es que se restablece el derecho a negociar convenciones colectivas en instituciones públicas, incluyendo aspectos salariales.

La ANEP indicó que está preparada para ayudar a su afiliación afectada a recuperar los derechos que les fueron limitados y extendió una invitación a personas trabajadoras no afiliadas para que se acerquen a la organización con el fin de iniciar los procesos correspondientes.

El sindicato había liderado protestas contra esta ley durante tres meses y argumentó ante la Sala Constitucional que la normativa violaba derechos humanos. Los representantes sindicales adelantaron que informarán sobre otros aspectos contemplados en la resolución próximamente.

Meleruk consigue fallo a favor en su lucha por el acceso al agua

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Después de casi 30 años de lucha, la comunidad indígena Bribri de Meleruk, también conocida como La Pera, ha conseguido un fallo histórico: la Sala Constitucional ordenó al Estado garantizar su acceso al agua potable, un derecho fundamental que les ha sido negado por décadas.

Un problema que ha persistido por años

Meleruk, hogar de aproximadamente 280 personas, enfrenta una crisis hídrica prolongada. Sin acueducto ni acceso a fuentes seguras de agua, la comunidad ha sobrevivido mediante sistemas artesanales y recolección de lluvia, con enormes sacrificios económicos y riesgos para la salud.

El camino hacia este reconocimiento no ha sido fácil. Aquí un repaso de los momentos clave:

📌 Hace casi 30 años – La comunidad inicia solicitudes para la construcción de un acueducto.
📌 2018 – Un informe oficial confirma que el abastecimiento de agua es insuficiente e inseguro.
📌 2020 (octubre) – El Concejo Municipal de Talamanca declara emergencia social por la falta de agua.
📌 2020 (noviembre) – La municipalidad insta al AyA a intervenir, pero no hay respuesta efectiva.
📌 2023 (julio) – Ingenieros del AyA confirman que las nacientes en la zona no tienen caudal suficiente.
📌 2024 (febrero) – Se realiza una inspección en la escuela de Meleruk, evidenciando que los niños no tienen agua potable.
📌 2025 (enero) – La comunidad reitera sus denuncias ante la Sala Constitucional.
📌 2025 (febrero) – La Sala Constitucional falla a favor del pueblo Bribri y ordena al Estado tomar acción inmediata.

Filidencio Cubillo nos expone la situación que están enfrentando y las acciones que han realizado. Ingrese en este enlace para escuchar el audio.

¿Qué ordena la resolución?

La Sala Constitucional determinó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe:
✅ Abastecer de inmediato a la comunidad con camiones cisterna, en un plazo máximo de cinco días.
✅ Realizar estudios técnicos en un plazo de 12 meses para determinar una solución definitiva.
✅ Implementar un sistema de abastecimiento en un plazo adicional de 12 meses.

Pueden descargar aquí la resolución.

Más que agua, es justicia para los pueblos indígenas

Este fallo no solo beneficia a Meleruk, sino que sienta un precedente para la protección de los derechos indígenas en Costa Rica. El acceso al agua potable no es un privilegio, es un derecho humano fundamental reconocido en:
💧 El Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a respetar la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus recursos.
💧 La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a la autodeterminación y a servicios básicos.
💧 La Constitución de Costa Rica, que garantiza el derecho a la vida y la salud.

El pueblo Bribri de Meleruk ha demostrado que la organización y la perseverancia pueden cambiar realidades. Ahora, queda en manos del Estado cumplir con la sentencia y hacer justicia para esta comunidad.

Imagen corresponde a la Escuela de Meleruk 2, 12 de marzo 2025.

¿Por qué esta lucha es crucial para los pueblos indígenas en Costa Rica?

El caso de Meleruk no es solo una historia local, es un reflejo de la realidad que enfrentan muchas comunidades indígenas en el país. Su lucha por el agua simboliza una batalla más amplia por derechos, dignidad y justicia histórica.

💧 Acceso al agua como derecho humano: A pesar de que Costa Rica ha ratificado tratados internacionales que garantizan el derecho al agua, muchas comunidades indígenas siguen sin acceso a este recurso esencial.

🌱 Autonomía y gestión de recursos: La falta de acceso al agua no es solo un problema de infraestructura, sino de soberanía. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre sus bienes naturales y exigir que el Estado respete sus territorios.

⚖️ Precedente legal para otras comunidades: Este fallo podría abrir la puerta a que otros pueblos indígenas y sus comunidades exijan al Estado cumplir con sus obligaciones. No se trata solo de Meleruk, sino de todos los territorios indígenas que han sido históricamente excluidos.

🚰 El agua como pilar de identidad y supervivencia: Para los pueblos indígenas, el agua no es solo un recurso, es parte de su cultura, su espiritualidad y su conexión con la tierra. Proteger su acceso es proteger su forma de vida.

La sentencia de la Sala Constitucional es un paso adelante, pero la lucha continúa. Ahora, el reto es que se cumpla el fallo y que el derecho al agua deje de ser una deuda pendiente con los pueblos indígenas de Costa Rica

Meleruk y la persistencia del colonialismo en la distribución del agua

El caso de la comunidad indígena Bribri de Meleruk no es solo un problema de infraestructura o gestión pública. Es el reflejo de una historia de exclusión y desigualdad que se remonta al colonialismo y que sigue viva en las instituciones del Estado.

A pesar de los discursos sobre multiculturalidad e inclusión, las comunidades indígenas siguen enfrentando un racismo estructural que normaliza su abandono. La falta de acceso al agua potable en Meleruk no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de inequidad territorial, donde los pueblos indígenas tienen menos acceso a servicios básicos, menos representación en la toma de decisiones y menos recursos asignados para su bienestar.

Las instituciones han justificado su inacción con argumentos de falta de financiamiento, trámites burocráticos o problemas técnicos. Pero ¿se permitiría que una comunidad no indígena en Costa Rica pasara tres décadas sin agua potable? La respuesta evidencia un sistema que sigue marginando a los pueblos originarios y negándoles sus derechos fundamentales.

Este fallo a favor de Meleruk no solo es una victoria jurídica, es un recordatorio de que la deuda histórica con los pueblos indígenas sigue pendiente. Superar el colonialismo no significa solo reconocer sus derechos en papel, sino garantizar en la práctica que tengan acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad y autonomía.

El agua no es solo un recurso, es un derecho, un símbolo de justicia y un reflejo de qué tan incluyente es realmente una sociedad.

Crédito fotografías:

Dylanna Rodríguez

Filidencia Cubillo

Sala Constitucional ordena provisionalmente no cortar árboles en Punta Pelencho, Brasilito

Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito
Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025

En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.

La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.

La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.

La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.

Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.

Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.