El jueves 12 de junio se transmitió en Desayunos, programa radial de Radio Universidad (96.7 FM), un programa sobre la ley N° 10231, Ley de voluntades anticipadas. La discusión al respecto de la ley estuvo a cargo del MSc. Celso Cruz (psicólogo especialista en cuidados paliativos del hospital San Juan de Dios) y Mag. Maritza Rodríguez (psicóloga clínica grupal, y académica retirada), esto bajo la dirección del programa por parte del MSc. José Carlos Chinchilla Coto (sociólogo y académico).
El programa aborda de forma accesible la importancia e implicaciones que tiene la ley, la cual fue aprobada desde mayo de 2022, en temas relacionados con el quehacer médico así como temas de derechos humanos al legislar en favor de la dignidad de cada persona.
Así, en el programa se discute cómo la ley brinda un marco jurídico así como un respaldo para el quehacer de equipos de salud -en especial aquellos de cuidados paliativos- al momento de actuar de una u otra forma ante situaciones de manejo del paciente. De este modo, se tiene seguridad en el actuar del centro de salud al respetar la voluntad expresa del paciente en cuidados paliativos en momentos de alto riesgo para su vida, por ejemplo, por un paro respiratorio. A su vez, la ley declara cómo el actuar del equipo médico ante la voluntad anticipada del paciente no se debe interpretar como algún tipo de eutanasia.
Siendo un avance importante en la materia, también se discute cómo esta ley aún resulta insuficiente al no abordar temas de educación alrededor de la muerte, los cuales resultan un tabú en nuestra sociedad.
Aún así, esta legislación representa un alivio para el equipo de salud debido a que permite les permite actuar de forma clara con base en las intenciones del paciente. Esto resulta importante ya que, actuando estrictamente bajo las preferencias del paciente, no estarían cayendo en encarnizamiento terapéutico; es decir, prolongación innecesaria de la vida induciendo en sufrimiento.
Adicionalmente, en el programa se discute cómo esta ley también pone de manifiesto una responsabilidad del individuo ante decisiones la cuales, similar a otras se les ha tendido a ser socialmente relegadas a otros actores, como puede ser la forma y calidad de la muerte.
En su nueva Carta Pastoral, la Conferencia Episcopal de El Salvador levanta la voz contra la pobreza, la violencia y el desajuste en políticas públicas. Un llamado urgente a transformar las estructuras sociales en beneficio de las mayorías más vulnerables.
Vatican News*
En un El Salvador marcado por profundas desigualdades sociales y económicas, los obispos han lanzado un “clamor de esperanza” a la nación. Con su nueva Carta Pastoral titulada “Una voz que con esperanza clama en el desierto”, la Conferencia Episcopal no solo exige la atención urgente de las autoridades sobre los temas más críticos, sino que, con un tono profético, plantea una transformación radical con base en la justicia social, la unidad y el respeto a la dignidad humana.
El documento fue presentado el 29 de mayo, durante la fiesta litúrgica de San Pablo VI. En él, los obispos reiteran la necesidad de que los líderes políticos busquen siempre el bien común, priorizando este sobre los intereses particulares. “El Papa León XIV señaló que hoy vivimos en un contexto de discordia, heridos por el odio, la venganza y los prejuicios, alimentados por un modelo económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres”, apuntan, haciendo un llamado a adoptar un “paradigma de unidad, comunión y fraternidad”, con el fin de sanar las divisiones que atraviesan al pueblo salvadoreño.
Escuchar al pueblo: un imperativo ético
Los obispos subrayan que su objetivo no es contradecir a las autoridades, sino dar voz a los “más pobres y vulnerables”. “Lo que nos mueve es el bien del pueblo. Queremos hacer oír el clamor de los que ven vulnerados sus derechos”, afirman. Este mensaje va especialmente dirigido a aquellos que, pese a ser el motor de la economía nacional, han sido despojados de sus medios de vida. “Es urgente ofrecer alternativas viables para que puedan sostener a sus familias”, recalcan, incitando a la acción política para que no se deje de lado a los sectores más desfavorecidos.
Educación y salud: pilares del futuro
En cuanto a la educación, la carta es clara: “Es una de las mejores puertas para alcanzar el desarrollo”. Los obispos alertan sobre el riesgo de que, sin una adecuada inversión en este sector, las nuevas generaciones queden rezagadas en la “cuarta revolución industrial, la revolución tecnológica”. Por eso, instan a las autoridades a priorizar la educación como un motor clave para el futuro del país.
El tema de la salud también ocupa un lugar destacado. Los obispos destacan la necesidad de invertir en la construcción de más hospitales y clínicas de calidad. Aunque reconocen que esto implica un alto costo, enfatizan que es una medida esencial para garantizar el bienestar físico y emocional de una población “tan abnegada y sufrida”.
La violencia: un desafío sin solución definitiva
En cuanto a la violencia, la Conferencia Episcopal reconoce los avances realizados hasta el momento, pero destaca que la paz no se logra solo con medidas represivas. “Es crucial ampliar los espacios de esparcimiento e invertir recursos en la atención de niños y jóvenes”, especialmente en las zonas históricamente más afectadas por la violencia. “La pobreza y la falta de oportunidades conducen a la ignorancia, la violencia, el odio de clases y, por ende, a la criminalización”, señalan, llamando a un cambio de enfoque en las políticas de seguridad.
Los obispos también abordan el tema de los migrantes, recordando que “no son delincuentes ni criminales, sino personas que buscan una vida mejor”. Por ello, exigen a las autoridades que no promuevan las cárceles de El Salvador para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de potencias extranjeras, y reclaman una política migratoria más inclusiva, que favorezca “fronteras abiertas e inserción de los migrantes en la economía como mano de obra”.
El medio ambiente: una llamada urgente a la acción
Otro de los puntos claves de la Carta es la crisis ambiental. Los obispos instan a “apostar por la reforestación, la limpieza y recuperación de los ríos, lagos y ojos de agua”, además de exigir la derogación de la ley de minería aprobada a fines de 2024. “Es imperativo escuchar las voces de los ambientalistas y evitar su persecución”, afirman, advirtiendo sobre el daño irreversible que la explotación irresponsable de los recursos naturales podría causar al país.
SURCOS publica esta nota del boletín Vatican Newscompartida con nuestro medio por Alberto Rojas.
Puede descargar la Carta Pastoral completa en formato PDF desde este enlace.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) continúa monitoreando la problemática persistente del desabastecimiento de medicamentos en distintas farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta situación pone en evidencia una situación crítica que afecta tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema de salud.
En el marco de este seguimiento, en una reunión el pasado martes 27 de mayo, la organización sindical se dirigió a los jerarcas de la institución señalándoles una serie de advertencias y prevenciones. Los argumentos se centran en los riesgos inherentes a la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales y mantener las condiciones actuales. Se enfatizó que realizar este cambio sin ajustar los criterios técnicos y sin tomar en cuenta las condiciones específicas podría agravar aún más la situación.
Las advertencias fueron dirigidas principalmente a la gerencia médica y a la presidencia ejecutiva de la institución, demostrando que existe una preocupación generalizada que busca evitar la adopción de este sistema, al generar problemas adicionales en la cadena de suministro y en la gestión interna.
Además, se hizo un llamado al personal de las farmacias y a la ciudadanía en general, a mantenerse alerta ante los posibles problemas y afectaciones directas que podría causar la implementación del sistema, en tanto se desatienden los criterios técnicos y los riesgos señalados por los órganos especializados de la institución.
Por último, UNDECA reitera su compromiso de trabajar de manera constante para evitar que la crisis en el suministro de medicamentos impacte en los servicios de la institución y en la salud de la población usuaria, subrayando la importancia de una implementación cuidadosa y respaldada por análisis técnico riguroso que garantice la eficiencia y seguridad en la atención médica.
La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.
La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.
En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.
En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.
El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.
En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.
Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025
La tecnología de punta se utiliza para la producción de radiofármacos y para el diagnóstico por imágenes moleculares de alta precisión.
Foto: Jenniffer Jiménez Córdoba.
Entrevista en profundidad
El Ciclotrón de la UCR permitirá reducir los costos de salud del país y agilizar el diagnóstico del cáncer. ¿Cómo? El Dr. Erick Mora Ramírez, responsable del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, lo explica
¡Estamos más cerca! El 28 de mayo del 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) comunicó, de manera oficial, que muy pronto cerca de 4 000 pacientes al año podrán ser referidos a la Universidad de Costa Rica (UCR) para acceder a los estudios avanzados en diagnóstico del cáncer.
En ese laboratorio se efectuarán análisis de imágenes mediante la tomografía por emisión de positrones (PET/CT), lo que permite detectar varios tipos de cáncer y tumores milimétricos y, así, que el médico oncólogo pueda iniciar un tratamiento oportuno para mejorar la expectativa de vida de las personas.
“La noticia de la adjudicación por parte de la CCSS a la UCR significa esperanza. El cáncer no discrimina edad, género o condición económica. Cualquier paciente oncológico tiene derecho a que se le brinde la mejor atención que se pueda, ya sea para decirle que hay una línea de tratamiento y luchar contra ese tumor —vencerlo y monitorearlo— o bien, para que esa persona fallezca con dignidad”, aseguró el Dr. Erick Mora Ramírez, quien es el actual responsable del Ciclotrón de la UCR.
De acuerdo con la Caja, la compra de servicios a la UCR se efectuará bajo la modalidad de entrega según demanda. El contrato tendrá una vigencia inicial de un año, con posibilidad de hasta tres prórrogas facultativas, el cual entrará en vigor una vez que finalicen los procesos de adjudicación y refrendo.
Con este proceso de compra, la Caja estima la realización anual de hasta 3 500 estudios diagnósticos PET/CT sin sedación, con un costo unitario de $1 000 y 350 estudios con sedación, con un costo unitario de $1 750. El monto total del contrato ronda los $4 112 500.
El hecho de que dichos análisis los realice la UCR generará un notable ahorro para Costa Rica. Por ejemplo, un estudio en el Reino Unido evaluó la rentabilidad del uso de PET/CT para guiar la decisión de realizar una disección de cuello en pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado.
Los resultados mostraron que el PET/CT generaba un ahorro promedio por paciente de £1,485 (equivalente a $1 886 dólares estadounidenses) y una ganancia de 0.13 años de vida ajustados por calidad de vida. La probabilidad de que esta estrategia sea rentable, afirma el estudio británico, fue del 75 %. Por supuesto, hay más beneficios.
Para el Dr. José Pablo Villalobos Cascante, coordinador del Consejo Oncológico Institucional de la CCSS, la compra de servicios a la UCR trae ventajas adicionales. Primero, el estudio avanzado de imágenes. Segundo, la producción del radiofármaco que, por primera vez, gracias a la UCR se efectúa en suelo nacional y no requiere de importación.
“El hecho de que se produzca en el mismo lugar también garantiza una mayor cantidad de pacientes atendidos. Actualmente, si se tuviera que importar el radiofármaco, solo se podrían atender hasta ocho pacientes. Con esta solución local, se podrían atender entre 12 y 15 pacientes por jornada laboral. Muchas veces el producto importado alcanza su vida media y pierde actividad, lo que impide administrar la cantidad de milicuries necesaria para obtener resultados con la sensibilidad requerida”, explicó el Dr. Villalobos.
El Dr. Mora manipula el PET/CT (tomografía por emisión de positrones – tomografía computarizada) de la UCR.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
¿Y por qué? Por el funcionamiento del PET/CT. El PET (tomografía por emisión de positrones) utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo llamado radiofármaco.
Ese radiofármaco se le suministra a la persona y, por la alta actividad metabólica, las células de cáncer van a absorber más radiofármaco que otras células. De esta forma, se detectan lesiones milimétricas en el PET.
Cuando eso pasa, y de manera secuencial, se genera una imagen CT (tomografía computarizada), la cual toma imágenes detalladas del interior del cuerpo, similares a una fotografía, que muestran la forma y la ubicación de los órganos y tejidos.
La combinación de ambas imágenes permite localizar con precisión las áreas donde podría existir cáncer y, de esta forma, que el personal médico pueda ver el tamaño, la forma y una ubicación más precisa de los tumores u otras lesiones.
“El hecho de que nosotros como universidad tengamos este servicio, es una oportunidad que tienen todos los pacientes oncológicos de Costa Rica que, de una u otra forma, están siendo discriminados por no poder acceder a procesos diagnósticos de primer mundo. Hoy, con este servicio de la UCR, la población costarricense puede completar su esquema de diagnóstico y tener la posibilidad de ampliar su expectativa de vida”, amplió el Dr. Mora
En efecto. Anualmente, el Observatorio Global del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que cerca de 6 000 costarricenses mueren anualmente por esta enfermedad.
Asimismo, un reciente informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) señala que el cáncer es la principal causa de muerte prematura en Costa Rica —específicamente en personas menores de 75 años— y, para el año 2050, se prevé un aumento significativo, en el cual una de cada seis muertes prematuras sean por esta enfermedad.
De igual forma, para el 2050 se proyecta que Costa Rica será el segundo país de la OCDE con más casos de cáncer atribuidos al envejecimiento, lo que llevaría a que el país gaste cerca de 119 % más, a nivel per cápita, de lo que actualmente invierte hoy en cáncer, explica el mismo informe.
Por eso, ante un tema con tantas interrogantes, el Dr. Erick Mora Ramírez, coordinador del Laboratorio Ciclotrón PET/CT, decidió dedicar algunos minutos de su tiempo para explicar con profundidad las implicaciones de la adjudicación de la CCSS que aún está en proceso.
También los beneficios que representa para el sistema de salud pública, cómo este avance impactará en el diagnóstico oportuno y preciso del cáncer en Costa Rica y los 2 000 pacientes de la Caja que ya han sido atendidos en la UCR en los últimos dos años mediante licitaciones.
El primer ciclotrón de Centroamérica
El contexto
—Hemos escuchado muchísimo sobre el ciclotrón y de los desafíos del proceso. Por eso, me parece importante que primero contextualicemos el panorama que da paso al proceso de adjudicación comunicado por la Caja.
—Dr. Erick Mora Ramírez (EMR): “La adjudicación fue un acto que otorgó la Caja Costarricense de Seguro Social debido a una motivación que la UCR hizo, por medio de este Laboratorio del Ciclotrón, para tratar de establecer un vínculo entre dos instituciones hermanas como lo son la Caja y la UCR.
El acercamiento inició en el año 2022, cuando estuvo don Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja. En ese momento pudimos comenzar a hablar con una persona delegada por parte de la Gerencia Médica de la Caja, junto con los asesores de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR y nosotros, del Ciclotrón, para valorar una contratación entre entes de derecho público.
En ese momento se estaba por emitir la nueva Ley de Contratación Administrativa. Entonces, ya se tenían algunos indicios de que podían haber cambios en la ley y que debíamos dar un poco de tiempo mientras se comenzaban a establecer relaciones entre las dos instituciones para abordar temas específicos de la Ley.
Cuando la Ley de Contratación Administrativa salió publicada a inicios del año 2024, fuimos invitados por parte de la gerente general de la Caja. Ante aproximadamente unas 40 personas de la Caja, nosotros les mostramos los alcances y potencialidades que tenía el proyecto de la UCR. Así, en marzo del 2024 se tomó la decisión de comenzar a establecer las líneas que permitieran la contratación entre entes de derecho público, gracias a la intervención de la Gerencia General de la CCSS de ese momento.
Con esa ley se tenía claro qué elementos debíamos cumplir nosotros, como UCR, para lograr llevar a cabo esa contratación. La ley establece una serie de requisitos y contestamos a cada uno de ellos”.
—Ahora, con la reciente comunicación de la CCSS sobre la adjudicación que todavía está en proceso, ¿cómo cambia este panorama? Porque ustedes ya llevan casi 2 000 pacientes atendidos en los últimos dos años.
—EMR: “La adjudicación representa la confirmación de que cumplimos plenamente con todos los requisitos legales establecidos. Este logro transforma significativamente nuestro panorama, ya que nos exime de participar constantemente en procesos de licitación, lo que a su vez permite agilizar la atención a las y los pacientes.
En el 2023, nosotros comenzamos a participar en procesos licitatorios generados por cada hospital. El Hospital México, por ejemplo, generaba licitaciones de muy pocos pacientes, por ejemplo, elevaba a SICOP licitaciones con al menos cinco pacientes.
Al mes sacaba otra para diez pacientes y eran cantidades reducidas. Después el Hospital de Niños comenzó a sacar licitaciones, luego el Hospital Max Peralta hizo lo mismo, y así sucesivamente.
Entonces, nosotros fuimos participando de estas licitaciones durante el 2023. En el 2024 ganamos casi todas las licitaciones y este año íbamos ganando todas. Ahora bien, ¿cuál es el detalle?
El detalle es que, al ser acciones puntuales de cada hospital, se genera un trámite administrativo engorroso para cada uno. Con la adjudicación esto se agiliza”.
—¿De qué manera se agiliza?
—EMR: “Como usted comprenderá, cuando hablamos de cáncer el tiempo es clave y no debería perderse en trámites administrativos. Cada proceso licitatorio con cada hospital dura al menos un mes, esto, si no hay apelaciones. Si hay apelaciones, dura más.
Posteriormente, con la licitación aprobada, los hospitales envían una lista y pasaba que, cuando llamábamos para agendar la cita del paciente, nos decían que la persona ya había comenzado el tratamiento de quimioterapia o radioterapia; es decir, no se puede hacer el PET/CT dado que el paciente estaba en una terapia, o bien, los familares de los pacientes nos indicaba que ya el paciente había fallecido.
Todos los pacientes con cáncer tienen condiciones urgentes. Hay casos en los que el médico no debe esperar para empezar el tratamiento y, claramente, tener estos resultados del PET/CT es importante para la toma de mejores decisiones, rápidas y oportunas.
Otro aspecto importante que nos pasaba, era que llegaban pacientes mal preparados. Recuerdo un caso de una señora de Quepos que la traían en ambulancia y siempre venía con altos niveles de azúcar en sangre. Le tuvimos que reprogramar la cita cinco veces. ¿Sabe cuánto es el costo de esto a nivel de pérdida, no solo para la CCSS y para la paciente?
Nosotros planificamos, mínimo, 24 horas antes de que lleguen los pacientes para ver exactamente la cantidad de material radioactivo que hay para considerar pérdidas y otros aspectos logísticos.
Entonces, esta labor de coordinar con los pacientes en ocasiones es muy insatisfactoria, porque hay muchos que no entienden el costo asociado a todos los procesos que se desarrollan en nuestro laboratorio. Justo este es el beneficio del proceso de adjudicación de la CCSS, menos trámites, así como una mejor y mayor atención a los pacientes que lo necesitan.
Con la adjudicación se le delega a cada hospital una persona contacto para coordinar con ella la entrega de toda la documentación necesaria para poder realizar el estudio”.
—¿Qué diría usted sobre el apoyo de las diputaciones para avanzar en esta adjudicación?
—EMR: “Que fue clave. Muchas y muchos diputados nos han apoyado bastante. Al final, yo creo que los diputados son una muestra representativa de la población y cada uno se sintió motivado, desde su trinchera política, a dar un apoyo a esto.
El motivo es muy claro: el cáncer no espera. Cuando estaba en el San Juan de Dios vi a exdiputados y exdiputadas sentados en la silla de ruedas con una vía donde les pasaba el tratamiento de quimioterapia. Hacer esto en el sector privado es carísimo.
Entonces, motivar la adjudicación fue un apoyo que nos une como país y que nos ha unido a muchas otras organizaciones sin fines de lucro que procuran lo mejor para Costa Rica”.
Los alcances
—¿Cuáles hospitales se verán beneficiados, don Erick?
—EMR: “Son cinco hospitales. El Hospital de Niños, el Hospital Max Peralta, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y Hospital San Juan de Dios”.
—Y todo lo anterior, supongo, con un importante aporte a nivel de costos a favor de la CCSS y, por supuesto, del país.
—EMR: “Totalmente. Cuando la UCR no estaba presente, el sector privado cobraba cerca del triple de lo que se cobra hoy en día. Por lo tanto, es una matemática muy sencilla. Hoy es posible analizar a tres pacientes por el mismo costo que implicaba atender a uno hace tres años.
Eso, con los mismos insumos, los mismos equipos y, probablemente, hasta el mismo personal. La empresa privada cobraba casi el triple de lo que están cobrando hoy y esto se puede verificar en SICOP.
Cuando nosotros como UCR entramos al mercado, los precios disminuyeron porque la Universidad no tiene un afán de lucro. Para nosotros, y para don Ralph García (coordinador del proyecto), que venimos de orígenes muy humildes y somos oriundos de los barrios del sur, vemos la importancia de ofrecer un servicio al menor costo posible. Esto lo planteamos desde el primer momento.
Nosotros verificamos que los costos que estábamos planteando eran muy similares a los que plantean otros ciclotones y otros proyectos similares en América Latina. Además, vimos que con el apoyo de la Fundación UCR era completamente viable ofrecer los precios más accesibles.
Asimismo, si lo vemos en Estados Unidos, el PET/CT suele ser pagado por las aseguradoras. ¿Qué significa esto? Que si una aseguradora reembolsa un PET/CT es porque genera un beneficio económico. En Estados Unidos se ha probado que esto funciona y genera un retorno importante.
Aparte de todo, mi padre murió de cáncer. Por eso, soy muy sensible a estos temas. Asimismo, trabajé en radioterapia del Hospital México y vi niños y a adultos fallecer por cáncer. Estas cosas me sensibilizan mucho y por eso todos juntos, como equipo, buscamos tener un proyecto que sea completamente funcional y sostenible en el tiempo para que la sociedad costarricense y eventualmente la centroamericana se pueda beneficiar de esto”.
—Qué bueno que menciona esto, don Erick, porque muchas personas se preguntan: ¿por qué la UCR le cobra a la Caja que también es una institución pública?
—EMR: “Esto es importantísimo aclararlo, gracias por la pregunta. Aunque la UCR y la CCSS son instituciones públicas, operamos bajo marcos legales y presupuestarios distintos.
La UCR, en este caso, brinda un servicio especializado a través de un equipo técnico, con personal capacitado, tecnología de punta y materiales costosos como los radiofármacos, que requieren una logística muy precisa (muchos productos deben ser importados desde países como Japón, China, Italia, Bélgica, Alemania, entre otros).
Nosotros no podemos asumir esos costos sin una retribución. Lo que hacemos es cobrar lo mínimo posible por un servicio que le permite a la Caja atender con mayor rapidez y precisión a pacientes con cáncer.
En este momento, la CCSS puede aprovechar la infraestructura instalada en la UCR y eso, al final, también representa un uso eficiente de los recursos públicos».
—¿Cuántos pacientes de la CCSS se podrán atender en la UCR por día y cuándo se inciará el proceso?
—EMR: “Le ofrecimos a la Caja atender al menos 13 pacientes por día. Esto es como 65 pacientes por semana, 260 por mes y más de 3 000 al año, que podría llegar a ser 4 000 anualmente, según la demanda. Si trabajáramos turnos dobles, podríamos atender a 600 personas por mes, que es una cifra viable.
Estos pacientes pueden venir una o varias veces. Hay pacientes a los que les damos cita de seguimiento y, un año después, vemos que muchos están completamente sanos.
En cuanto al inicio, según SICOP, deberíamos estar iniciando la atención, bajo este modelo de adjudicación, a mediados de junio del 2025 para terminar de consolidar todos los aspectos logísticos y de informática”.
—No sabía que también daban seguimiento.
—EMR: “Sí. En el Ciclotrón damos un servicio completo, porque tenemos la capacidad de hacer el medicamento (radiofármaco), inyectar este medicamento ajustado en función de la masa del paciente, hacerle las imágenes y, después, que un médico nuclear junto con un radiólogo generen un informe.
Ese informe, con las imágenes, se envía a la CCSS para que los médicos tratantes, principalmente oncólogos, vean las imágenes y sepan si el tratamiento que hacen está o no funcionando, porque con el PET/CT se identifica cómo está el tumor después de una serie de tratamientos.
Con esto, los médicos oncólogos, basados en guías de tratamiento oncológicas, deciden el mejor abordaje a efectuar con base en qué le hace un mejor efecto al paciente.
Esta tecnología del PET/CT sirve para el diagnóstico de casi el 80 % de los tumores en el cuerpo humano. Hay publicaciones científicas señalan que, en al menos un 30 % de los casos, el estudio PET/CT lleva a los médicos a cambiar la conducta terapéutica.
Eso implica, por ejemplo, que si en un paciente se tenía pensado realizar una quimioterapia, ahora se podría decantar por otra terapia como la cirugía o radioterapia, debido a que el estudio PET/CT demostró que era mejor hacer ese cambio y ahí es donde vienen los ahorros que mencionamos previamente”.
—Me parece muy acertado que usted resalte esta prueba PET/CT como una prueba diagnóstica porque, también, erróneamente se pensaba que era un tratamiento.
—EMR: “Correcto. Nosotros hacemos el diagnóstico, el tratamiento se hace en la CCSS o en centros del sector privado.
La prueba del PET/CT lo que permite es que el médico analice cuál es la mejor línea de tratamiento para el paciente. Incluso, recurrir a unas líneas menos costosas porque le sirve a la persona y no recurrir a unas más caras que no le darán un beneficio mayor. Una mejor selección de la terapia también es un ahorro para el país”.
—Al día de hoy, ¿cuáles han sido los tres primeros tipos de cáncer que ustedes más han diagnosticado con el Ciclotrón en los últimos dos años?
—EMR: “El primero son los linfomas de Hodgkin, tumores metastásicos, y melanomas (cáncer en la piel)”.
—¿Y el PET/CT ya permite dar pasos hacia terapias personalizadas contra el cáncer?
—EMR: “Sí. Con los hospitales privados hemos tenido experiencias de que ellos toman las imágenes del paciente que les enviamos y las colocan en los aceleradores lineales que permite definir un tratamiento específico para ese tumor, porque los médicos radioterapeutas pueden ubicar milimétricamente el tumor.
Así, si nosotros hacemos el PET/CT hoy y, mañana, al paciente le hacen radioterapia. Esto es casi un tratamiento en tiempo real”.
—¿En cuánto tiempo ustedes dan los resultados a la Caja?
—EMR: “La Caja nos pidió diez días hábiles. No obstante, nosotros normalmente duramos 72 horas como máximo para emitir el resultado.
Cuando un paciente llega a nuestro laboratorio, todo el proceso dura tres horas porque le damos un consentimiento informado, le hacemos una evaluación odontológica, le hacemos una entrevista, verificamos signos vitales, se les aclara las dudas, se les inyecta el radiofármaco y se les da soporte emocional. Puedo decir que el 97 % o el 98 % de los pacientes quedan muy conformes”.
Nuevas posibilidades
—Ahora bien, se sabe que el Ciclotrón se enfoca en el diagnóstico del cáncer, ¿pero podría colaborar con otros padecimientos?
—EMR: “Sí. Nosotros tenemos la visión de atender a pacientes oncológicos. No obstante, desde ya tenemos la posibilidad de atender a pacientes neurológicos.
Por lo tanto, tenemos un nicho de mercado muy grande. Por ejemplo, el parkinson u otros problemas neurológicos que ya podemos atender y colaborar con otras especialidades médicas.
El Ciclotrón también ha significado que hoy en día existan más estudios clínicos para hacer nuevos medicamentos. Solo en América Latina hay unos 70 ciclotrones, y en el mundo pueden haber 500. Muchísimos están en instituciones públicas y otros están en instituciones privadas. Los que estamos en instituciones públicas queremos hacer investigación e implementar cosas nuevas.
El cáncer está en aumento y, más bien, que hagamos 3 000 o 4 000 pacientes al año, nos estamos quedando cortos, debería ser más. De igual forma, nos faltan médicos nucleares.
Costa Rica tiene siete médicos nucleares y dos están en la UCR. Queremos un programa de especialidad médica en Medicina Nuclear en Costa Rica. Existe una anuencia de tres médicos nucleares para empezar a solventar esta necesidad que tiene el país y nos gustaría tener apoyo del Sistemas de Estudios de Posgrado, de Especialidades Médicas de la UCR y del CENDESISSS.
Por ejemplo, en el año 2000 la Universidad Autónoma de México (UNAM) puso el segundo ciclotrón en toda América Latina y hoy es uno de los mayores centros de formación de médicos nucleares”.
—Tal vez, doctor, es momento de enfatizar la importancia de un médico nuclear. ¿Por qué ninguna otra profesión o especialidad puede ocupar su lugar?
—EMR: “La medicina nuclear tiene una formación muy particular, dado que utiliza fuentes radiactivas unidas a medicamentos, a fin de realizar los diagnósticos y en otros casos, también para realizar terapias.
Por eso no podemos ocupar a otros profesionales, como los radiólogos, porque la formación de los radiólogos en Costa Rica, no utilizan los radiofármacos, es diferente a la formación que tienen los médicos nucleares. Es muy cierto que podemos contar con el apoyo de los radiólogos, pero una especialidad médica no sustituye a la otra, se complementan.
Con nuestro ciclotrón, los médicos nucleares, en un futuro, pueden hacer terapias, que es una parte moderna que en algunos países se está abordando. Nosotros estamos evaluando el posible mercado para poder implementarlas, pero se podría llegar a implementar más rápido cualquiera de estas terapias si tuviéramos la especialidad en Medicina Nuclear en el país, dado que estos profesionales se podrían hacer cargo de las terapias en conjunto con otros profesionales de apoyo”.
—¿Cuál es el siguiente paso, don Erick? Más allá de las pruebas diagnósticas, ¿qué otros trabajos se encuentran en proceso?
—EMR: “En el Ciclotrón de la UCR hay una serie de procesos de optimización para garantizar que la cantidad de dosis de radiación que reciba la persona sea la justa y la necesaria.
Estos procesos se llevan a cabo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, otros ciclotrones latinoamericanos y con la Caja Costarricense de Seguro Social.
Estamos valorando incluir otros medicamentos, ya tenemos el segundo aprobado (dedicado al cáncer de próstata) y esperamos tenerlo pronto a disposición de los pacientes. Estamos valorando incluir otros medicamentos para estudios neurológicos (como Alzheimer) y según la demanda podremos ver otros tipos de cáncer”.
—La investigación y la docencia son otros ejes, ¿cierto?
—EMR: “¡Claro! Muchísimas acciones se van a comenzar a desarrollar y en múltiples áreas como en las ciencias sociales. Hay pacientes que ocupan apoyo psicológico, de trabajo social o de comunicación.
Inclusive, la gente de artes plásticas porque dan color y vida a los espacios, lo cual influye en la salud mental de las personas. Y, así, muchas otras áreas más.
También la Escuela de Física ya envió a un estudiante solo para especializarse en ciclotrón. Cuando él venga de hacer su doctorado, vamos a tener una mayor rapidez en producir otros materiales radiactivos que puedan ser eventualmente usados en terapias o en el diagnóstico.
En cuanto a la docencia, hoy en día las y los estudiantes de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, así como estudiantes de Farmacia, Física, Química y Enfermería, pasan por nuestras instalaciones realizando prácticas con nuestros equipos.
Algunos interactúan con los pacientes como parte de su formación, otros son parte de proyectos de investigación o realizan sus tesis de grado y posgrado. Recibimos estudiantes de otras universidades públicas y privadas e, inclusive, recibimos estudiantes de secundaria para motivarles a integrarse a un área de la medicina la cual es complementamente multidisciplinaria”.
—Ya para concluir, don Erick, ¿cuál es su mensaje de cierre?
—EMR: “La UCR es una institución que le ha dado muchísimo al país. A nivel centroamericano somos una institución de alto calibre y en América Latina somos de las mejores.
A quienes estamos aquí nos motiva retribuir a la sociedad y retribuir a la Universidad, porque de otra forma no hubiéramos logrado estudiar. Nos sentimos muy orgullosos de ser egresados de la UCR y de contribuir al país, especialmente, cuando ayudamos a salvar vidas”.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
La celebración de los 90 años del Sistema de Bibliotecas, asociadas a la Universidad de Antioquia, se inaugura con una actividad de apertura que invita a fomentar la lectura. La presentación del libro “La salud entre fuegos” forma parte de la conmemoración e integra las actividades de la feria del libro con el lema “Leer y releer”. La exposición del texto se llevará a cabo en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, en la Ciudad Universitaria Campus Medellín.
Programado para el 3 de junio de 2025 a partir de las 2:00 p.m (hora de Colombia), en el encuentro se cuenta con la participación de Saul Franco, excomisionado a la organización Comisión de la Verdad; Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia; Esperanza Echeverry, profesora e investigadora; y Maria Victoria Jiménez, lideresa de ANTOCH.
La presentación del libro forma parte de un programa conmemorativo que busca exaltar la función de las bibliotecas como espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión. El libro ofrece una perspectiva profunda sobre la compleja relación entre el conflicto armado y el ejercicio de la salud, presentando situaciones vivenciales que reflejan la vulnerabilidad del sistema sanitario en entornos de violencia
Para participar de forma virtual en la actividad puede inscribirse en el siguiente enlace https://bit.ly/4mzX4bO
Cuatro centrales sindicales de Costa Rica manifestaron su rechazo al proyecto de ley sobre jornadas laborales 4×3 impulsado por la administración Chaves Robles, y solicitaron formalmente la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante una carta abierta.
La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y la Central General de Trabajadores (CGT-Costa Rica) emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian que el proyecto, identificado como expediente 24.290, representa «un retroceso y una clara desmejora de las conquistas históricas de la clase trabajadora».
Según expresan las organizaciones sindicales, el gobierno intentó aprobar este proyecto el 19 de mayo mediante el mecanismo de vía rápida en la Asamblea Legislativa, pero no tuvo éxito. La iniciativa pretende implementar una jornada laboral de 12 horas diarias durante cuatro días a la semana.
En el comunicado, las centrales sindicales destacan la decisión de la Asamblea de negar la vía rápida y exigen el rechazo total de este proyecto. «Afectaría negativamente la salud, seguridad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los costarricenses», señala el documento, indicando que fue desarrollado sin considerar las necesidades y realidades de las personas trabajadoras del país.
Entre las razones de oposición al proyecto, las organizaciones mencionan:
El aumento del riesgo de enfermedades y accidentes laborales con jornadas de 12 horas
La contradicción con políticas de países miembros de la OCDE que promueven la reducción de jornadas laborales
El impacto económico negativo en la productividad según especialistas del Observatorio Económico y Social de la UNA
La discriminación hacia mujeres y familias trabajadoras
El retroceso en el avance educativo de quienes trabajan y estudian
La ausencia de diálogo social en la formulación del proyecto
Paralelamente, las mismas organizaciones enviaron una carta abierta a Eliel Hasson Nisis, director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, expresando su preocupación por la propuesta de ampliación de la jornada laboral.
En la misiva, las confederaciones sindicales indican que la medida «coloca en grave riesgo los derechos fundamentales de la clase trabajadora costarricense y retrocede más de un siglo las conquistas históricas derivadas de la lucha sindical obrera».
Las organizaciones recuerdan que desde la adopción del Convenio N°1 de la OIT en 1919, el principio de la limitación de la jornada laboral ha sido reconocido como un pilar del derecho internacional y solicitan un pronunciamiento público del organismo tripartito sobre esta situación.
«La sociedad costarricense espera de la OIT una posición clara en defensa de los derechos laborales, alineada con los convenios internacionales y con el principio de trabajo digno y equitativo enmarcado dentro del concepto de Trabajo Decente», concluye la carta.
Por Colectivo Antonio Saldaña Colaboración especial para el Observatorio de Bienes Comunes
A pesar de los múltiples marcos normativos nacionales e internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades originarias de Talamanca continúan enfrentando condiciones inaceptables en el acceso a la salud. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se convierte día a día en un camino de sufrimiento, desprotección y maltrato institucional.
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica, establece que los servicios de salud para los pueblos indígenas deben tomar en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Sin embargo, en la práctica, estas condiciones son ignoradas sistemáticamente.
Imagen: Estas son las condiciones de las vías de comunicación utilizadas para salir y llegar a los puestos de salud, lo cual influye directamente en el acceso a los servicios médicos, especialmente en situaciones de emergencia.
Un sistema que margina
En los territorios indígenas de Talamanca, muchas personas deben recorrer hasta 8 kilómetros o más para llegar al EBAIS más cercano. Sin embargo, estos centros de atención no cuentan con servicios especializados como pediatría, ginecología ni equipos de rayos X. En casos más complejos, las personas deben trasladarse al hospital de Valle La Estrella o al hospital Tony Facio en Limón, lo que representa distancias de más de 80 o 100 km. En escenarios aún más graves, el traslado se extiende hasta los hospitales centrales en San José, con todos los costos, tiempos y dificultades que esto implica. Esta situación obliga a realizar múltiples viajes para tratar un solo padecimiento, lo cual vulnera profundamente el derecho a la salud de estas comunidades.
La situación se agrava porque muchos EBAIS no cuentan con ambulancias y, en casos de emergencia, el traslado puede tomar horas. Durante este tiempo, las personas indígenas sufren dolor, angustia y, muchas veces, la indiferencia del personal de salud.
Deshumanización institucional
Uno de los aspectos más dolorosos señalados por el Colectivo Antonio Saldaña es el trato deshumanizante que muchas veces reciben por parte del personal médico, especialmente en el hospital de Limón. A pesar de su formación profesional, señalan que la sensibilidad humana brilla por su ausencia. La pérdida de una cita puede dar pie a gritos y humillaciones, mientras que el sufrimiento en urgencias se enfrenta con indiferencia, largas esperas y desatención.
Un sistema que no comprende ni respeta
Además del abandono físico, existe una violencia burocrática e institucional. El sistema SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado) descalifica a muchas familias indígenas del acceso a programas sociales, al compararlas con estándares económicos ajenos a su realidad de subsistencia. Esto ocurre sin transparencia ni criterios adecuados.
Por otro lado, la medicina tradicional indígena no es reconocida por el sistema de salud nacional, lo cual representa una forma de colonialismo institucional que invalida saberes ancestrales fundamentales para estas comunidades.
El CONASPI y la promesa incumplida
El Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (CONASPI) fue creado por decreto para articular y garantizar un enfoque intercultural en salud. Sin embargo, su inacción ha llevado a que las comunidades lo describen como “un decreto que duerme el sueño de los justos”, sin impacto real.
Anécdotas que duelen
El pasado 1 de mayo de 2025, un niño indígena de 13 años sufrió un accidente en motocicleta mientras era acompañado por un adulto. Sin embargo, el informe oficial indicaba que el menor conducía solo una “bicimoto”, lo que provocó la intervención de instituciones como el PANI, que lejos de proteger, actúan con base en prejuicios y suposiciones fuera de contexto. El caso fue usado, según denuncia el colectivo, para humillar a la familia del menor en lugar de apoyarla.
Un llamado urgente
El artículo 24.2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos indígenas deben tener acceso sin discriminación a todos los servicios sociales y de salud. Lo que se vive en Talamanca es una violación sistemática de estos principios.
Desde el Colectivo Antonio Saldaña alzamos la voz por nuestros pueblos. Exigimos una transformación profunda del sistema de salud y de las instituciones del Estado, para que reconozcan la dignidad, la diversidad cultural y los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Compromisos del Estado costarricense con el derecho a la salud
Costa Rica ha asumido múltiples compromisos nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Estos compromisos obligan al Estado a asegurar que todas las personas, sin discriminación, puedan acceder a servicios de salud adecuados, oportunos y culturalmente pertinentes.
Constitución Política de Costa Rica
El artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y el artículo 50 señala que es deber del Estado procurar el mayor bienestar de todos los habitantes mediante la organización y estímulo de la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como la protección de la salud como parte de ese bienestar.
Ley General de Salud (N.º 5395)
Esta ley declara que la salud es un bien de interés público, y establece la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones sanitarias adecuadas y en organizar un sistema nacional de salud accesible para toda la población.
Convenio 169 de la OIT
Ratificado por Costa Rica en 1993, este tratado internacional establece que los gobiernos deben garantizar a los pueblos indígenas el acceso a servicios de salud que consideren sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, e integren adecuadamente sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
Costa Rica ha respaldado esta declaración, cuyo artículo 24 reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a sus medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, así como a acceder, sin discriminación, a todos los servicios sociales y de salud disponibles.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
Como Estado parte de este pacto, Costa Rica reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se compromete a tomar medidas concretas para lograr progresivamente su plena realización.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En particular, el ODS 3: Salud y bienestar, compromete a Costa Rica a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, prestando especial atención a grupos en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas.
Racismo, colonialidad y discriminación: las raíces profundas del abandono
La situación que enfrentan los pueblos indígenas en Talamanca no es solo una crisis de acceso a servicios médicos: es la expresión de una histórica estructura de exclusión y racismo institucional que persiste en Costa Rica, a pesar del discurso oficial de paz, democracia y respeto a los derechos humanos.
Los patrones de desatención que sufren las comunidades indígenas están marcados por una lógica de colonialidad del poder, en la que el conocimiento, las formas de vida y los derechos de los pueblos originarios son subordinados o invalidados por sistemas construidos desde y para una cultura dominante. Esta colonialidad no se expresa únicamente en la omisión de servicios médicos, sino en el desconocimiento sistemático de la medicina tradicional, en la imposición de criterios burocráticos ajenos a sus realidades, y en la falta de formación intercultural del personal médico y administrativo.
El racismo estructural se evidencia cuando el sistema de salud no adapta sus servicios ni sus prácticas a las condiciones territoriales, económicas y culturales de los pueblos indígenas, sino que los obliga a desplazarse largas distancias, a esperar en condiciones inhumanas, y a ser juzgados o humillados por profesionales que actúan desde el prejuicio y la indiferencia.
Asimismo, los mecanismos de control y vigilancia institucional —como SINIRUBE o el accionar del PANI— terminan reforzando estereotipos coloniales que criminalizan o culpabilizan a las familias indígenas por su pobreza o por vivir fuera de los parámetros urbanos del “ciudadano ideal”. Estas formas de discriminación no son errores aislados; son parte de un sistema que sigue tratando a las poblaciones indígenas como sujetos de segunda categoría.
La salud, entendida como un derecho humano integral, solo será posible cuando el Estado reconozca y repare estas desigualdades históricas, y se comprometa con una verdadera descolonización institucional. Esto implica no solo políticas inclusivas, sino un cambio profundo en la ética pública, la formación profesional y la voluntad política, para garantizar el respeto, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos originarios.
Una voz que resiste: el papel del Colectivo Antonio Saldaña en la defensa de la dignidad indígena
La labor del Colectivo Antonio Saldaña ha sido fundamental para visibilizar las múltiples formas de discriminación, abandono y violencia institucional que enfrentan los pueblos indígenas de Talamanca. A través de la denuncia pública, la documentación de casos y la incidencia política, el colectivo ha contribuido a generar conciencia crítica sobre la urgencia de transformar un sistema que sigue reproduciendo prácticas coloniales. Su trabajo no solo pone en evidencia las fallas estructurales del Estado, sino que también reafirma el derecho de las comunidades a ser escuchadas, respetadas y reconocidas en su dignidad y saberes propios. En un contexto donde el silencio perpetúa la injusticia, la voz del Colectivo Antonio Saldaña es un acto de resistencia y esperanza.
La ceniza volcánica puede afectar significativamente la salud de las personas, sobre todo cuando hay una exposición prolongada o intensa a este material. El pasado 2 de mayo los investigadores Geoffroy Avard, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori-UNA), y José Pablo Sibaja Brenes, del Laboratorio de Química de la Atmósfera de la Escuela de Química, de la Universidad Nacional (LAQAT-UNA), visitaron las instalaciones de la Cruz Roja Costarricense en Poás, con el fin de brindar un informe actualizado sobre la actividad del volcán y su impacto potencial en la salud pública.
Durante la reunión, se abordó el comportamiento reciente del cráter activo y se discutieron los efectos que la emisión de gases volcánicos y de ceniza de varios tamaños puede estar teniendo sobre las poblaciones aledañas al Parque Nacional, particularmente en lo que respecta a alergias, afecciones respiratorias y problemas gástricos reportados por vecinos.
“El volcán continúa emitiendo gases como dióxido de azufre y otros compuestos que pueden afectar a personas con sistemas respiratorios sensibles, especialmente si las condiciones meteorológicas favorecen su desplazamiento hacia zonas pobladas”, explicó Sibaja Brenes.
La inhalación de partículas finas presentes en la ceniza puede provocar irritación en la nariz, garganta y pulmones, lo que se manifiesta en forma de tos, estornudos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Quienes padecen enfermedades respiratorias como asma, bronquitis son especialmente vulnerables, ya que la ceniza puede provocar broncoespasmos o crisis asmáticas.
Además del sistema respiratorio, los ojos también sufren los efectos de la ceniza volcánica. Las partículas pueden causar enrojecimiento, ardor, lagrimeo constante y sensación de cuerpo extraño. La ceniza también puede causar resequedad, picazón e irritación en la piel, sobre todo en personas con condiciones dérmicas previas o sensibilidad. Asimismo, las mucosas de la nariz y la boca pueden resecarse o irritarse al estar expuestas al polvo fino.
En la actividad participaron representantes de la Cruz Roja de los comités de Grecia, Poás, Naranjo, Alajuela, así como del equipo de la Dirección Nacional de Respuesta (DINARE), quienes manifestaron su preocupación por la salud de los voluntarios y de los pobladores que podrían estar expuestos a estos agentes, como sucedió en las comunidades Cajón, San Luis y Cabuyal.
“Agradecemos a los investigadores de la UNA que han compartido su conocimiento y experiencia con los miembros de la Cruz Roja Costarricense, mediante las capacitaciones. Las cuales son fundamentales para fortalecer nuestras habilidades y prepararnos ante situaciones de emergencia relacionadas con fenómenos volcánicos y químicos. Su compromiso y dedicación no solo enriquecen nuestro trabajo, sino que también contribuyen a la seguridad y bienestar de nuestras comunidades”, agregó el paramédico Yeison Murillo Ulloa, coordinador de la actividad.
“Es importante que podamos venir a la comunidad para informar de primera mano el estado actual del volcán y las afectaciones que puede provocar. Agradecemos a Yeison por organizar este encuentro y toda la logística que requiere”.
Los especialistas recomendaron a la comunidad extremar precauciones, evitar la exposición prolongada a los gases y a la ceniza, llamar al 911 y acudir a los servicios de salud en caso de presentar síntomas persistentes. Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre instituciones para garantizar una respuesta oportuna ante cualquier cambio en la actividad volcánica.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
La Fundación Caminantes de Costa Rica organiza una caminata por diversos distritos y atractivos naturales del cantón de Aserrí, el próximo 4 de mayo de 2025.
Según informa la organización, el punto de encuentro será el Parque de Aserrí a las 7:45 horas. El recorrido incluirá los distritos de Mercedes, Lourdes, Cedral, Tarbaca, bosque del Lobo, finalizando en el punto de partida.
La actividad tendrá una duración aproximada de tres horas y requiere un rendimiento físico del 85%.
El costo de participación es de 8.000 colones e incluye guía acreditado, almuerzo al finalizar el evento y un recuerdo. Para reservar es necesario comunicarse al teléfono 71894252 y realizar un depósito del 50% del monto.
La iniciativa busca que la población conozca las bellezas y atractivos naturales de Costa Rica.
