Ante los hechos recientes de la intoxicación de 27 personas de la Escuela de San José de Upala, nos detenemos a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la situación actual de la fumigación aérea en Costa Rica, su falta de regulación y protocolos pone en riesgo a miles de personas que viven cerca de estas plantaciones.
Por esta razón, a partir de la iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa bajo el número No. 23.697 Ley de Protección Fitosanitaria para prohibir en un radio de tres mil metros alrededor “centros de población, centros educativos, centros de salud, EBAIS, clínicas, hospitales, centros de deporte y recreación, así como carreteras y áreas de paso”. Les invitamos a reflexionar sobre el contexto que representa la fumigación para las personas que trabajan o viven cerca de estas plantaciones.
La capacidad de concentración y traslado de estas sustancias a través del polvo y el aire, hace que su interacción sea indiscriminada y ponga en riesgo los ecosistemas, y en particular tenga efectos irreparables en la salud humana.
Entre la tecnología de punta adquirida por la UCR, se encuentra un PET/CT o tomógrafo, con el cual se realizan imágenes con una resolución muy alta, que permiten la detección de tumores de tamaños milimétricos.
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR
El Laboratorio Ciclotrón-PET/CT obtuvo los últimos permisos del Ministerio de Salud y comenzará a operar el 3 de mayo
A partir del este 3 de mayo, el Laboratorio Ciclotrón-PET/CT de la Universidad de Costa Rica (UCR) abrirá sus puertas al primer grupo de pacientes para la realización de estudios altamente especializados con fines de diagnóstico y tratamiento de cáncer.
De acuerdo con Ralph García Vindas, coordinador de este Laboratorio, después de varios años finalmente se lograron obtener todos los permisos por parte del Ministerio de Salud, para el funcionamiento del primer ciclotrón que operará en Costa Rica.
“El miércoles 3 de mayo tendremos la apertura del laboratorio y estaremos atendiendo la primera lista de pacientes”, aseguró García.
El ciclotrón permitirá la producción de radiofármacos para el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades de alta incidencia en el país, entre estas, diversos tipos de cáncer.
De acuerdo con el físico, la fabricación de estos medicamentos por parte de la UCR significará un fuerte ahorro de recursos económicos para el país y disponer de una tecnología no invasiva en beneficio de la población costarricense y de su calidad de vida.
Asimismo, contará con un equipo PET-CT (por sus siglas en inglés) para estudios mediante tomografía por emisión de positrones y tomografía computada. Esta técnica de imagen médica se caracteriza por su alta resolución y sensibilidad, lo que permite la detección, de forma temprana, de tumores de tamaños milimétricos.
Las personas que pueden acceder a esta tecnología de punta deben ser referidas por los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como por clínicas u hospitales privados para la realización de los exámenes.
El Laboratorio Ciclotrón-PET/CT se encuentra ubicado en la Ciudad de la Investigación de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca.
Las personas interesadas en estos servicios pueden llamar al teléfono 2511 4949 o escribir a la dirección de correo: ciclotron.cicanum@ucr.ac.cr para sus consultas.
Contactos:
Dr. Ralph García, coordinador del Laboratorio Ciclotrón-PET/CT
Tel: 8877 1799
Patricia Blanco Picado Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
(*) En estas cuentas se incluye la suma de ¢826.808.913,47 que corresponde al «Déficit de las Cuotas del Estado» acumulado del 1° de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1977. De este déficit ¢450.123.565,48 corresponde al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y ¢376.685.347,99 al Seguro de Enfermedad y Maternidad. Conforme al sistema establecido, el déficit del Seguro de Enfermedad y Maternidad lo financia transitoriamente el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. (Destacado no es del original).
Es decir, desde la década de 1970 los partidos políticos en el poder tenían sus amigos en la CCSS para que, lo que le dejaban de cancelar a la CCSS del SEM de obligaciones estatales, se lo cargaran al deficitario IVM, posiblemente sin reconocerle intereses. Es el nacimiento del desvío de fondos de IVM, en el período 1971-1977 o desde antes.
Préstamo a Pagar Seguro Invalidez, Vejez y Muerte¢104.101.002,90
IVM Financiación Cuotas Estado 293.631.739,35
* En la cuenta «Cuotas del Estado» se incluye únicamente la parte que ya ha sido cancelada- El total por los doce meses en 1975 es ¢126.663.257.86 de los cuales el Estado ha cancelado únicamente la suma de ¢80.442.637,49 adeudando en consecuencia ¢46.220.620,37; si en los recursos del presente cuadro sumamos esa obligación, la diferencia entre productos y gastos reflejaría un exceso de ¢47.649.583,77. En 1976 el total por los meses es ¢176.646.565,69, habiéndose cancelado únicamente ¢97.918.902.00 por lo que adeuda ¢78.727.663.69, que si también es sumada daría una diferencia en ese año entre productos y gastos de ¢93.121.145,67.
** El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte le transfirió en 1975 ¢32.000.000,00 y en 1976 ¢50.000.000,00 al Seguro de Enfermedad y Maternidad. (Destacado no es del original).
Así que desde 1975 al IVM no solo le cargaban gastos propios del SEM, sino que en dos años le desviaron mediante el truquito de “sistema establecido” y “transferencias” ₡82 millones, que en colones del año 2023 a una tasa real del 4%, equivalen a ₡64.000 millones. El pasivo que se cita de esa Memoria, de ₡398 millones (₡104 + ₡294) equivale a ₡311.000 millones del año 2023 e ignoro si le fue reintegrado al IVM.
A pesar de que la esperanza de vida venía en aumento, la CCSS no tuvo reparación en bajar paulatinamente las edades de retiro de los 65 años de edad a los 55 años de edad para las mujeres y a los 57 años de edad para los varones, desde el año 1984, sin ajustar la tarifa del 7,5% sobre los salarios. Incluso en 1980 había mejorado el salario promedio de referencia, sin ajustar la prima. Ver “Reformas reglamentarias” en la página 105 de la Memoria de la CCSS de 1984 https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/595/mem1984.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Algunos de esos acuerdos fueron derogados en la década de 1990, para darle un poco de aire al enfermo de nacimiento IVM, que ya tenía síntomas de moribundo.
En 1976 se aprobó la Ley No 5905 “Pensionados Protegidos Seguro de Enfermedad Maternidad” que obligó a la CCSS a asegurar a los pensionados de los diversos regímenes de pensiones, incluyendo los de IVM. Luego la Ley No 6230 “Interpreta Ley 5905 de 26 de mayo de 1976” estableció que en el caso de IVM, éste debía pagar la cuota del pensionado, por lo que, desde hace más de 40 años se le cargó al IVM un gasto adicional del 13,75% sobre los montos de las pensiones; pero los directivos de la CCSS tampoco ajustaron la tarifa del IVM. Si a esto le agregamos el aguinaldo no incluido en la prima, el aumento en la esperanza de vida, concluyo que, no solamente desde el año 1947 la cuota del 7,5% era deficitaria, sino que desde la década de 1970 ésta debió ajustarse a por lo menos el 15% sobre los salarios; pero los directivos de la CCSS la dejaron constante en 7,5%.
A diciembre de 2021 aparece en la cuenta 125361 del balance de IVM, una cuenta por cobrar al Fondo de Retiro de los empleados (FRE) de la CCSS, por un monto de ₡977 millones de fondos del IVM que fueron empleados para otros fines, violentando el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución.
Con la reforma de la Constitución en 1961 se le dio un plazo de 10 años a la CCSS para universalizar los seguros a su cargo. A partir de 1970 se aprobaron una serie de “leyes especiales” que le aumentaron el gasto a la CCSS (Leyes 5349, 5905, 7374, 7983 y otras). Esas leyes crearon sus propias fuentes de financiamiento y/o ordenaron crear nuevas fuentes de recursos. Sin embargo, muchos de esos nuevos recursos desaparecieron como por arte de magia y los administradores de la CCSS, en lugar de protestar comenzaron a aumentar las cuotas de los trabajadores asalariados del seguro social para financiar muchas de esas nuevas obligaciones, a pesar de que el párrafo tercero del artículo 73 tiene prohibido el uso de estos fondos para otros fines distintos a los propios de su creación.
Como se aprecia en el Cuadro siguiente, la CCSS aumentó la cuota del Seguro Social desde un 14,5% sobre los salarios en 1947, hasta un 22,5% en el año 2009; pero solamente trasladó un 7,5% al IVM durante todo ese período de 64 años. Mientras que la cuota del SEM la aumentó como las espumas, no solo para financiar el costo del seguro social de los trabajadores asalariados, sino también para sufragar otras obligaciones de leyes especiales que tenían su propia fuente de financiamiento, o que ordenaban que estas fueran creadas.
A partir del año 2010 la CCSS y los gobiernos de turno, no solo continuaron desviándole fondos al IVM, sino que nuevamente comenzaron a aumentar las cuotas tripartitas del seguro social de los trabajadores asalariados, en lugar de recuperar o crearle la fuente de financiamiento que esas “leyes especiales” y la Constitución ordenan, tanto para sufragar los gastos generados a la CCSS por esas mismas leyes, como para que el Estado se mantuviera al día con la CCSS.
Aportes que la CCSS recauda de patronos, trabajadores y Estado del Seguro Social
Si bien, para el período anterior a 1975 se pudo haber requerido una tasa de contribución mayor para financiar al seguro de salud de los trabajadores asalariados, pues la cobertura contributiva era baja y había topes máximos de cotización, eso no se justifica para años siguientes, pues la cobertura aumentó y se eliminaron dichos topes (Ley No. 4750 del 26/04/1971). En realidad, desde hace varias décadas el costo del seguro de salud de los trabajadores asalariados es inferior al 7,5% sobre los salarios.
Tras la cancha de fútbol se puede apreciar la escuela La Ceiba y la abrumadora proximidad de la finca piñera. (Foto: Cristian Matamoros).
Urge la desintoxicación de la niñez costarricense
Bloqueverde. Una pequeña escuela de Upala, muy cerca de la frontera norte sufrió la semana pasada el impacto directo del abuso de agrotóxicos. En la Escuela de Villanueva de San José, 27 personas entre personal docente y escolares tuvieron que ser trasladadas de emergencia al Hospital de Upala por sufrir una grave intoxicación producto de una fumigación en plantaciones vecinas. Otro caso similar fue en agosto de 2019 en Platanar de Florencia de San Carlos en donde 21 estudiantes, maestros e incluso el director la Escuela La Ceiba fueron trasladados a centro medico local y al Hospital de San Carlos por culpa de una piñera irresponsable. Parecieran dos sucesos aislados, pero en realidad, son daños colaterales de los agro-venenos es el pan de cada día para cientos de comunidades costarricenses, incontables violaciones directas al derecho a la salud de miles de personas, especialmente niños, niñas y mujeres.
La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica, estudió la presencia de plaguicidas en las escuelas de Matina, Limón. El principal hallazgo fue demoledor: hay clorpirifós en las aulas, un insecticida que la Unión Europea ha decidido prohibir por causar daños cerebrales, problemas de aprendizaje y en el sistema nervioso de niños y niñas. La investigación de la UCR se desarrolló en 12 escuelas aledañas a plantaciones de banano y demostró presencia en le aire y el polvo de restos de clorpirifós y 17 agrovenenos rociados por las avionetas.
Por otro lado, se sabe desde 2014 el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional ha reportado que las mujeres embarazadas que viven cerca de plantaciones de banano del cantón de Matina en Limón, tienen elevadas cantidades de etilentiourea (ETU) en su orina. ETU es un derivado del plaguicida mancozeb, el cual se aplica mediante fumigación aérea en plantaciones de banano. El estudio se realizó con 445 mujeres en estado de embarazo que residen en la zona, a las cuales se les efectuaron exámenes de orina. Las investigadoras de la UNA visitaron esta población entre 2010 y 2011. El IRET lleva un récord a largo plazo sobre los efectos de la fumigación en la salud de esta población.
El Programa Infantes y Salud Ambiental, también de la Universidad Nacional, realiza una investigación desde hace seis años con niños menores de 9 años en el cantón de Talamanca. Ahí ha encontrado significativas concentraciones de sustancias tóxicas como Mancozeb en la orina. En este caso se ha podido establecer que los niños con mayor concentración de esta sustancia tienen más problemas de aprendizaje y de conducta. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo con plaguicidas en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo.
El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera ha reportado que comunidades como el Congo de Guácimo, en Limón, también está expuesta todos los días a la aplicación de agroquímicos por parte de empresas piñeras a pocos metros de los casas de habitación y la escuela.
Los datos señalan que sólo un 25% de la aspersión de cualquier plaguicida da en el objetivo, el resto afecta directamente a otros organismos vivos hacia los cuales la aplicación no iba dirigida. También se tiene estimado que tan sólo el 32% de los plaguicidas asperjados fueron retenidos por las plantas objetivo de la aplicación; un 49% se depositó en el suelo y un 19% viajó por el aire a otras áreas vecinas.
En la actualidad no existe ninguna restricción o retiro que evite que se fumigue con estas sustancias peligrosas a pie de centros de salud, escuelas o zonas habitacionales. La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) en enero de 2019 le propuso al Ministerio de Agricultura y Ganadería incluir dentro del Manual de “Buenas Prácticas Agrícolas” alejar las fumigaciones en un radios de al menos 200 metros de cualquier centro de estudios, EBAIS o centro de población.
En otros países latinoamericanos se han adoptado medidas para proteger a las poblaciones de las intoxicaciones. Por ejemplo la legislación provincial de Córdoba en Argentina, en la Ley N° 9164 “Productos Químicos O Biológicos De Uso Agropecuario” explícitamente en su Articulo 59 prohíbe la aplicación de estos productos dentro de un radio menor a 500 metros de asentamientos habitacionales.
Recientemente la fracción legislativa del Partido Frente Amplio presentó el proyecto de ley “para Regular la Fumigación Aérea, con el objetivo de salvaguardar a las poblaciones de los efectos nocivos de los agroquímicos que se utilizan en los cultivos en muchas zonas del país”. El proyecto ya está en corriente legislativa bajo el expediente N. 23.697.
Desde el ecologismo pensamos que este proyecto de ley va en la dirección correcta, pero debe de incluir además las fumigaciones realizadas por otros sistemas de aspersión terrestre como los tractores tipo “boom” y los equipos de fumigación menores como bombas de fumigar. Es decir, el país debe de alejar todas las fumigaciones de agrovenenos de núcleos de población, escuelas y centros de salud.
Tomasoni, M.; Actis, R. 2013 Introducción de las actividades agrícolas en base a la utilización de plaguicidas al procedimiento de evaluación de Impacto ambiental. Justicia Ambiental. El trabajo interdisciplinario en agro tóxico y transgénicos. Córdoba Argentina. https://es.scribd.com/document/177733196/Justicia-Ambiental
Piñeras deberían retirarse al menos 100 metros de escuelas, EBAIS y casas de habitación.
Córdoba G., Leonel. “Evaluación De La Contaminación Ambiental En Aire Y Polvo Por Plaguicidas, En 12 Centros Educativos Del Cantón De Matina, Limón.” Universidad De Costa Rica Sistema De Estudios De Posgrado. 2016.https://www.repositorio.una.ac.cr/handle/11056/13014
En enero de 1866, ante los problemas de salud propios de la época, los heredianos unieron esfuerzos formales por contar con un centro hospitalario local, por lo cual suscribieron un contrato para ello. Por la escasez de recursos, se frustró el proyecto, pero no el espíritu emprendedor de sus promotores.
Dos años después se retomó la idea, coincidiendo con propuestas para alquilar un local, fundar la Junta de Caridad y buscar contribuciones, entre otros. Nuevamente, los esfuerzos fueron en vano.
Pero acaecería un acontecimiento que, dichosamente trajo consigo el ansiado sueño. El 6 de agosto de 1872, se inauguró la línea de ferrocarril que enlazaba las ciudades de Heredia y Alajuela, y el edificio que servía a la estación local, por diversas circunstancias, fue donado el 26 de mayo de 1875, hace cerca de 178 años, para que allí se ubicara el ansiado hospital.
Notables heredianos se esmeraron en que, ¡ahora sí!, el hospital fuera una realidad. Entre ellos, hemos de destacar al Dr. Cirilo J. Meza, quien fundó en 1880, a la edad de 33 años, una Sociedad Médica integrada por los médicos de la provincia.
Además, el Dr. Meza fundó las Conferencias de San Vicente y el Hospicio de Huérfanos herediano. Más adelante, en 1898, se aprobaron los Estatutos de la Hermandad de Caridad y el Hospital San Vicente de Paúl, propiedad del gobierno municipal.
Dicha Hermandad tuvo una función determinante para la consolidación del trascendental proyecto, pues, su principal tarea era la de sostener, conservar y mejorar, tanto el hospital como el cementerio.
Después de tres años de mejoras estructurales, el 8 de diciembre de 1926, el presidente Ricardo Jiménez, inauguró el entonces nuevo edificio, remodelado y con nuevos pabellones, que, por disposición de don Eduardo González Flores, presidente de la junta directiva que gobernó la construcción, su operación fue asistida por las Hermanas de Caridad.
Ahora, en abril del 2023, con el derrumbe de la vetusta estructura, de esos pasillos, salas y paredes que han sido testigos de infinidad de hechos, relacionados con el bienestar del pueblo herediano, con su demolición, se cumple un paso histórico más que se ha de recordar con especial agradecimiento, para los antepasados que hicieron posible tanta bondad imperecedera.
Desde la Universidad Nacional, Escuela de Economía-UNA y Mesa de Diálogo Social y Productivo realizan la invitación al foro-taller “Salud y bienestar para todas las personas” con la participación especial del Sr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, este próximo martes 25 de abril en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.
Este evento tendrá inicio a las 8:30 a.m. y hasta 12 medio día. *Incluye refrigerio*
El pasado sábado 22 de abril, Tomás Vázquez García, dirigente social de Golfito, y trabajador de la zona, le expresa al pueblo costarricense que la Caja Costarricense de Seguro Social no es de una sola ni persona ni del Presidente de la República, sino de todas las personas, por lo que debemos defenderla.
Además, le solicita al Gobierno que pague su deuda con la CCSS, porque con ese dinero, se podrían construir muchos hospitales y EBAIS y, asimismo, terminar con las listas de espera.
En este día, lunes 24 de abril, como parte de la campaña en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, FRENASS ha compartido un mensaje de Yamilette Fontana, quien es miembro de la Junta de Salud de Curridabat, trabajador social y socióloga jubilada.
En primer lugar, Yamilette le exige al presidente de la República que le pague a la Caja la deuda histórica de 2.7 billones de colones que le debe el Estado, con la cual ya se podrían haber construido hecho diversas cirugías ambulatorias y haber construido diversas instalaciones que se necesitan, como los EBAIS. Todo esto podría lograr disminuir las largas listas de espera.
Por otro lado, Yamilette se dirige hacia la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel, para decirle que no es de recibo que haya dado la orden de derogar las obras de infraestructura.
“La Caja es del pueblo que cotiza mes a mes.¡La Caja se defiende, la Caja no se vende!” – Yamilette Fontana.
Marco Villegas Castro, dirigente social de Golfito, le exige al gobierno que le pague la deuda a la Caja Costarricense de Seguro Social para continuar teniendo los servicios que necesita el pueblo costarricense.
Asimismo, Marco expresa que el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito, es un gran ejemplo de cómo la Zona Sur ha sido un lugar de ardua lucha. Por ello, indica que han estado exigiendo al Gobierno que pague sus deudas porque “la Caja es del pueblo, no es del presidente”.
