El Núcleo de Investigación y Acción en Psicología y Violencia invita al lanzamiento de su más reciente documento de trabajo, titulado “Una propuesta para pensar, analizar y trabajar la violencia que agobia nuestros días”, el cual busca abrir un espacio de reflexión crítica y acción frente a las múltiples expresiones de violencia que afectan la vida cotidiana de las personas y comunidades en Costa Rica.
El documento parte del compromiso ético y profesional de la psicología con la transformación social, proponiendo herramientas conceptuales y metodológicas que permitan abordar la violencia desde una perspectiva integral. La propuesta incluye ejes para el análisis de la violencia estructural, simbólica, de género y comunitaria, con el fin de aportar insumos para la acción profesional, institucional y colectiva.
🗓 Fecha: Lunes 17 de noviembre de 2025 💻 Modalidad: Virtual (Zoom) 📲 El código QR del afiche permite acceder directamente al enlace de la reunión.
Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.
La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.
Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.
La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.
Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.
La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.
Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.
La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.
En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.
El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.
Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.
Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.
Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.
La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.
La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.
*Artista seropositivo e investigador académico.
Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.
1Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.
Programa Alternativas – Colectivo Reflexión y Acción
El programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión y Acción, invita al conversatorio “Hablemos de la salud mental en tiempo de cáncer: más allá del diagnóstico”, un espacio para dialogar sobre los retos emocionales, sociales y espirituales que enfrentan las personas con cáncer y sus familias.
La transmisión será el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora Costa Rica), en vivo por las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify del programa.
Panel invitado
Laboratorio LADIPAP® Referencia diagnóstica con más de 21 años de experiencia en pruebas genéticas y moleculares, histología, patología, servicios de citología y biopsia.
FUNCAVIDA Participa Juan Carlos Solano, en representación de la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer. FUNCAVIDA, con sede en San Ramón, Alajuela, tiene alcance nacional e internacional. Su fundadora comparte un testimonio vivo de lucha contra la enfermedad.
Luis Chacón Mora y María del Rosario Castro Castro Motivados por la necesidad de acompañamiento tras un diagnóstico de cáncer, colaboran con FUNCAVIDA y la Asociación Acompáñame, que brinda servicios de apoyo y atención desde la clínica del dolor del Hospital de San Ramón.
La reflexión pondrá en el centro la importancia del acompañamiento integral y la solidaridad frente a la enfermedad, reconociendo que la salud mental es parte esencial del proceso de vida y recuperación.
El espacio se transmitirá también por Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita Radio, y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.
Alonso Gamboa Estudiante de Sociología de la UCR Coordinador de la Red de Estudiantes de Sociología de Latinoamérica y el Caribe (RESLAC) Activista Neurodivergente de DDHH
Entremos un poco en contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido que la “Salud Mental” (SM) es un estado completo de bienestar físico, mental y social, donde las afecciones a la “SM” comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales; además hace saber que la prevención del suicidio es una prioridad, entendiendo a la “SM” como un Derecho Humano.
La OMS señala que, a nivel mundial el suicidio es la tercera causa de muerte de personas entre 15 a 29 años, en su mayoría personas de países de ingreso bajo-medio, en el caso de Costa Rica y para el 2024, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cifró en 12 948 los casos de intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas, siendo el principal grupo las personas entre 20 y 44 años contabilizando 6 295 casos, siguiendo el grupo de personas de entre 10 y 19 años, con 4 838 casos reportados; la CCSS también señala el comportamiento distinto entre hombres y mujeres.
El país haciendo un esfuerzo para la atención de la “SM”, crea la Ley de Salud Mental y su Reglamento, donde aparecen conceptos como “inclusión social”, “empleabilidad”, “datos demográficos”, “factores ambientales”, “determinantes socioeconómicos y culturales”; todas ellas se pueden encontrar en trabajos de Sociología, como Sociología del Trabajo o de Género.
Quisiera aquí puntualizar dos hechos importantes, el primero es que, de existir una sensibilidad humana y sociológica, se presenta la oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas, tejiendo conocimiento y accionando desde la disciplina misma, así como desde lo inter y transdisciplinario ¿Por qué no? Y segundo, las características de quienes estudian Sociología, el terrorismo intelectual y la lógica de la productividad capitalista que se ha enraizado en todos los ámbitos (laborales y académicos).
Sobre lo anterior tenemos ejemplos, visitemos los más clásicos y considerados padres de la Sociología, el primero es “Le Suicide” de Émile Durkheim, autor francés interesado por las causas del suicidio, el segundo es el del alemán Karl Marx quien describe el proceso de enajenación, así como el del desgaste del ser humano y la naturaleza a manos del sistema socioeconómico, y, el tercero, Max Weber -también alemán- con la “jaula de hierro” con la que narra cómo la sociedad ahoga toda creatividad y esencia del ser humano. Los tres casos con más de 100 años de ser publicados y ampliamente difundidos en el mundo de la Sociología.
Otros aportes se encuentran en Baumann y Rosa Luxemburgo, por solo mencionar dos, de una corta pero provechosa lista de personas interesadas en el bienestar humano desde una óptica sociológica.
Y más recientemente tenemos el aporte de Judith Singer socióloga australiana quien acuñó el término “Neurodiversidad”, conceptualizando un “nuevo” universo que a prima facie, se podría pensar que es de exclusiva preocupación y labor del área médica -como psiquiatría o neurología-. Pero es esta visión la que ha delegado e intentado resolver los asuntos de la “SM” -muchas veces derivados de aspectos socioeconómicos- y de condiciones neurodivergentes a base de fármacos, citas médicas -que como máximo rondan la hora de atención como las terapias-, con poco o nula atención de lo cultural, de los procesos de socialización, del sistema socioeconómico, relegando entonces la discusión y el abordaje -que debería ser interdisciplinario y humano- a espacios individualizantes y del psicologismo.
Lo anterior con el cuidado de no caer tampoco ni en sociologismos ni biologicismos.
Existen así otros trabajos de personas investigadoras-sociólogas acerca de la influencia de ambientes (negativos) laborales y/o académicos sobre la psique, el comportamiento y las relaciones sociales, incluyendo una crítica del sistema de salud y educativo; de las condiciones psico(pato) logizantes. Mucho de ellxs, latinoamericanxs.
¿Y Costa Rica? Como cualquier otro país latinoamericano, ha estado -en menor o mayor medida- enfrentando los embates del neoliberalismo, pero que se han profundizado con el actual gobierno, aumentando la inseguridad, disminuyendo el acceso y la calidad de la educación y salud, así como los espacios naturales -con una clara inacción por las demandas de los pueblos originarios-, atentando contra los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, encima mantiene a raya a cultura y deporte, ejes importantes para el ocio y el bienestar de la sociedad.
Nuevamente todo lo anterior analizable desde la Sociología y por lo tanto atendible. Parece entonces que la incursión de la disciplina tiene toda legitimidad.
Sin embargo, a casi dos años de entrada en vigencia de la Ley sobre Salud Mental y a casi un año de la publicación de su Reglamento, la Sociología sigue ausente en ambos mecanismos, donde sí aparecen otras disciplinas de las Ciencias Sociales, como Trabajo Social y Psicología, y se integran otras que no pertenecen ni a las Ciencias Sociales ni a Ciencias Médicas, profesiones como las de Ciencias del Movimiento Humano, Educación (física, orientación) y Nutrición.
¿Nos encontramos ante un síntoma de la domesticación de la disciplina o es simple exclusión política -por inacción y/o desconocimiento-?
Para acercarnos a la respuesta, quisiera ir anotando algunos detalles, el primero es que en el país existen tres nodos sociológicos importantes que son: el Colegio de Profesionales en Sociología (CPS) y las dos Escuelas de Sociología (ES-UCR y ES-UNA); teniendo presente a la Cátedra de Sociología de la UNED -donde se encuentran discusiones sobre Sociología y Salud-, y que la Coordinación de la RESLAC recae en este servidor.
Segundo, tanto la Presidencia del CPS como de la Dirección de la Escuela de Sociología de la UCR (ES-UCR) se han especializado en Sociología de la Salud.
Bajo ese mapeo, me dispuse a solicitar que la ES-UCR considerar convocar a una Asamblea de Escuela Ampliada para abordar tanto la temática de “SM” como de Neurodivergencias, teniendo como dato importante que somos el área más saturada, o sea, con mayor necesidad de atención del Centro de Asesoría Estudiantil (CASE), del Centro de Asesoría y Servicios a Estudiantes con Discapacidad (CASED) de Ciencias Sociales, y de Psicología.
Esto como un “tercer” paso, después de una consulta realizada la UCR sobre “SM” y Neurodiversidad, y semanas después de una Audiencia ante el Consejo Asesor de Facultad de Ciencias Sociales. No hubo mayor respuesta que “comuníquese con cada docente”.
Cabe destacar que la ES-UCR cuenta con el Trabajo Comunal Universitario (TCU) 654 “Promoción de la salud para la prevención del suicidio en la zona de los Santos”, además de estudiantes y docentes interesadas en “SM”.
En “paralelo”, a mediados de años planteé al Colegio de Profesionales en Sociología (CPS) y a un diputado de la República -quien es sociólogo-, la discusión de que si tiene sentido o no que la Sociología sea integrada a la Ley y su Reglamento (aportando parte de la información aquí indicada), petición que conoció la Escuela de Sociología de la UCR (ES-UCR) y su homóloga de la UNA.
A pesar de existir un ambiente cordial entre mi persona como Coordinador de la RESLAC y el CPS, el tema se tornó en un “correos iban y venían” por varias semanas -debido a un requisito que la PGR ha resuelto como innecesario, pero que me solicitaban-, saltó luego la pregunta ¿Es el tema de la Salud Mental un tópico que no debe de abordar, o no es de interés ni de la Sociología ni del Colegio de Profesionales?
El CPS contestó “Es un tema que debe ser abordado por profesionales de las áreas correspondientes (ciencias médicas).”. Entendería que no existe ápice de interés en ser parte de las disciplinas que atienden tan urgente necesidad, la de mejorar la salud mental de la sociedad.
Aquí, quisiera señalar que ha sido la dirección de la ES-UNA la que se ha mostrado con la mayor apertura sobre la discusión y la necesidad de que la Sociología aporte en las discusiones sobre salud mental. Y de la diputación se obtuvo un “recibido”.
Creo que se hace innecesario explicar la serie de artículos e incisos del Reglamento del CPS que le hacen ver la necesidad de preocuparse por la realidad nacional y de integrarse a procesos para la mejora de la calidad de vida de la sociedad; y la defensa de los DDHH, siendo la SM y su atención uno de ellos.
Quisiera cerrar trayendo a colación tres anotaciones, la primera es la frase de Marx: “los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”, la segunda, un artículo que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) titulado “Para hacer Sociología el escritorio no basta”, y el tercero, leído en un texto del psicólogo Enrique Guinsberg, […] ¿no observan también cómo sus difusores prácticamente nunca salen del «discurso» para intervenir aunque sea mínimamente en acciones del mundo social o político, ni siquiera en simples firmas de apoyo a importantes demandas de la llamada sociedad civil, lo que no puede dejar de producir impacto en los alumnos receptores de tales posturas por lo que le muestran qué es importante y que no y por su «carácter desmovilizador y despolitizador» […]»
Entonces ¿Nos encontramos con una Sociología a la deriva, domesticada e insípida ante una de las problemáticas (tabú) que alcanzan una particular intimidad y da cuenta de la conexión y solidaridad con nuestrxs pares?
Así como Carmen Lyra, Freire, Kropotkin, y muchxs más señalan, la sociedad evoluciona desde el Apoyo Mutuo.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
Después de dos meses de ocupación del edificio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) por un grupo de estudiantes, se puso fin a la toma tras alcanzar un acuerdo vinculante con la Administración Universitaria. Esto permitirá restablecer las labores que se desarrollan en ese espacio por distintos órganos de representación estudiantil.
El proceso de diálogo fue lideradopor la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Vicerrectoría de Administración con el respaldo del rector, Carlos Araya Leandro. La negociación se desarrolló en un ambiente de respeto, transparencia y compromiso con los derechos estudiantiles.
Entre los acuerdos alcanzados se encuentran compromisos por parte de la Administración para mejorar la comunicación y gestión del sistema de becas, fortalecer la atención en salud mental, modernizar espacios físicos como las bibliotecas, mejorar el servicio de transporte universitario, así como abrir espacios de diálogo más amplios e inclusivos con la representación estudiantil.
Por su parte, los estudiantes que mantenían la protesta se comprometieron a liberar las instalaciones en condiciones adecuadas y a mantener una relación de diálogo permanente con las autoridades universitarias.
“Este es un paso importante para fortalecer la vida universitaria, la convivencia democrática y el derecho a la participación estudiantil. Deseo resaltar que las negociaciones se dieron en un marco de mucha apertura al diálogo y respeto.”, expresó la Dra. Leonora De Lemos, vicerrectora de Vida Estudiantil.
Por su parte, la vicerrectora de Administración, Rosa Julia Cerdas, destacó: “Lograr un acuerdo en estos términos demuestra que la vía institucional y el respeto mutuo pueden generar soluciones constructivas y sostenibles para toda la comunidad universitaria”.
Este acuerdo se suma al alcanzado días atrás con el estudiantado de la Escuela de Artes, lo cual refleja la voluntad de la Rectoría y sus equipos de trabajo por atender con seriedad y apertura las diversas expresiones del movimiento estudiantil.
La Universidad de Costa Rica reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, la autonomía universitaria y el fortalecimiento de los espacios de diálogo como vía para la resolución de conflictos.
El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.
Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.
Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.
Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.
Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.
Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:
Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.
Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.
Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.
Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.
Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.
El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.
El programa Alternativas le invita a ser parte este viernes 17 de la conversación en un amplio panel sobre el tema Círculos de escucha en el entorno educativo como herramienta para la salud mental.
En el afiche podrá encontrar los detalles para que se conecta a las opciones de transmisión que se ofrecen.
En octubre, mes dedicado a la persona adulta mayor, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica extiende una invitación al “Taller virtual: El arte de envejecer con gracia”, organizado por la Fundación Pedagógica Nuestramérica. Este evento contará con la participación de las doctoras Anne Robert y Fabiola Bernal Acevedo, y se llevará a cabo el 9 de octubre de 2024, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., a través de la plataforma Zoom. El taller está dirigido a personas colegiadas y sus familiares mayores de 50 años.
Para confirmar su asistencia y la de sus familiares, se debe contactar a Isabel Cristina Muñoz al correo eventoscpscr@gmail.com o al WhatsApp 8722-8899.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense
Se necesitan agallas y valentía por partes iguales para hablar sobre ciertos temas. Se necesita humanidad y destreza para hacerlo frente a un público poco acostumbrado a la participación, al convivio social, al “junte teatral”
La noche del 23 de agosto anterior mi querida gestora cultural, periodista y bailaora de flamenco, Natalia Rodríguez, nos hizo un regalo inmenso: invitarnos al estreno de la puesta en escena de “Las cosas maravillosas” dirigida y protagonizada por el actor costarricense Melvin Jiménez.
Durante hora y media, a través de una actuación envolvente y sincera, Jiménez logra taladrar esa cuarta pared hipotéticamente existente entre el público y el actor, para colocar en el escenario uno de los temas más complejos que nos atraviesa en la vida moderna.
El ambiente de ese viernes en la Sala del Teatro Espressivo era un tanto distinto a las convencionalidades y rituales de una función teatral.
La puesta en escena inicia sin los acostumbrados tres timbres que anuncian el comienzo.
Por el contrario, encuentran a un Melvin distendido, jovial, distribuyendo entre el público que ingresa, papelitos con frases de situaciones cotidianas. Las indicaciones son precisas: al escuchar el número correspondiente, la persona debe leer la frase anotada.
Eso, que pareciera parte de una utilería más de una pieza teatral, se convierte en personaje medular del entramado.
Para hablar de la salud mental, de la depresión en las personas y sus consecuencias, muchas de las veces terminadas en suicidio, se requiere algo más que conocimiento. Se necesita sensibilidad y percepción de las emociones de un público que ríe, llora, aplaude, canta, piensa, acciona. Se necesita, valga la metáfora, apalabrar en colectivo lo que nos pasa por el cuerpo y la mente.
Originalmente escrita por el inglés Duncan Macmillan, la propuesta de dirección y actuación ensaya un recorrido por la nostalgia a través de música rock costarricense de los años ochenta. Conectar con la memoria es evocar los sonidos que pueden salvarnos. Conectar con eso, es simplemente maravilloso.
Confieso que desde la primera escena un shock eléctrico se instaló en mi cuerpo. Y entonces las emociones iban y venían, desde la alegría a la reflexión profunda.
En mi vida he tenido momentos así. Pero juro que haber visto en los últimos años puestas de sol absolutamente incomprensibles para el ojo humano, me ha devuelto a mi ADN original y forman parte de mi registro de cosas increíbles.
Absolutamente todos deberíamos hacer una lista con estos momentos. Empezar con lo más llano del día a día y terminar con puestas de sol que te devuelvan tu sentido en la vida.
Una vez más compruebo y confirmo que el arte es un vehículo transformador y que nunca, como en este caso, debo dejar de decir que el arte salva. El arte sana. Yo soy artista. Por lo tanto, soy sanador.
