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Etiqueta: sector agrícola

Más allá del chiste: ¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es ganancia!

Margarita Bolaños Arquín
Finca Agroecológica Hortalizas Girasol

El reciente aumento de precios de hortalizas, frutas y verduras es consecuencia de dos factores: uno, prolongados y fuertes temporales que afectaron múltiples paisajes agrícolas en Costa Rica y en Centroamérica y dos, la intermediación que favorece el alza desmedida de precios ante la escasez. Quienes producimos no necesariamente nos beneficiamos de los altos precios. A los productores no nos convienen esos desequilibrios porque los consumidores, simplemente no compran o los sustituyen por otros más baratos frescos o procesados.

¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es riqueza! Si no hay producto fresco, no importa, se importa. El bajo precio del dólar de por sí les favorece para adquirir productos a menores precios que los nacionales sin reparo de que cientos de personas se queden sin empleo y aumenten las deudas por consumo y producción.

Entonces, entre los ciclos de sequías y eventos extremos de precipitación, sin políticas de ordenamiento territorial, gestión integrada del riesgo y una institucionalidad pública que atienda los efectos del cambio climático, el sector agrícola nacional será cada vez más amenazado y vulnerable por deudas y sistemas de siembra poco o nada resilientes. Una agricultura convencional que para defenderse de los eventos hidrometereológicos extremos debe recurrir al aumento de agrotóxicos para atender las plagas y enfermedades es económica y ambientalmente insostenible.

Centrar la atención en los precios de los productos agrícolas es obviar las raíces que generan la desigualdad y el deterioro de la salud de las personas y los recursos naturales del país. Es necesario avanzar hacia formas de producción más sostenible y comercialización más justas que enfrenten los inevitables riesgos del cambio climático y el deterioro de los paisajes agrícolas. La protección del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad debe ser una prioridad para el gobierno nacional y municipalidades. La recolección de agua llovida, el uso de invernaderos de bajo costo, prácticas de conservación de suelos y la correcta canalización de las escorrentías contribuiría a tener una producción de más bajo costo, menos dependiente de los agroquímicos y más intensiva, diversificada y accesible a un mayor número de consumidores.

Necesitamos mayor inversión en investigación y en tecnologías sostenibles para enfrentar la escasez y las distorsiones del mercado que abonan a la pobreza y a la mal nutrición. Sumado a eso, es esencial ampliar la red de recolección de datos climáticos a lo largo de todo el país para tomar decisiones de planificación bien sustentadas en el interés nacional.

Imagen: Semanario Universidad.

Sector agropecuario: llamado a unirse para defender derechos

El sector agropecuario se encuentra en descontento con el presidente Rodrigo Chaves, esto debido a que perciben que al presidente no le importa el sector, como en el caso de la manifestación realizada, la cual el jerarca la denominó la marcha del chopsuey. Asimismo, este sector busca cambiar el decreto de trazabilidad, ya que no desean que se les impongan condiciones que no podrán ser aplicadas; de la misma forma, se ponen a las órdenes del pueblo costarricense y  llaman a todas las personas del sector rural a no apoyar electoralmente la tendencia que representa Chaves Robles.

Le invitamos a visualizar el video realizado por José Oviedo, dirigente del sector agropecuario con respecto a esta situación con el presidente de la República

Información compartida con SURCOS.

Defensoría: Sector agro requiere de un gran impulso para su desarrollo – CNP acoge recomendación

La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.

Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),  del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.

La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.

Defensoría realizó encuentro con agrupaciones del sector agrícola

Preocupación por seguridad alimentaria del país

Con el propósito de realizar una presentación del reciente informe sobre “Seguridad Alimentaria en Costa Rica”, la Defensoría de los Habitantes convocó a varias agrupaciones del sector agrícola.

La intención no solo fue hacer una exposición amplia del proceso de investigación y sus resultados, sino también escuchar las vivencias de productores y agricultores, sus preocupaciones y además limitaciones que enfrentan en materia de acceso a crédito, percepciones en cuanto al apoyo o no por parte de las instituciones estatales relacionadas con la actividad agrícola, y las formas en que han venido afrontando las emergencias a causa de diferentes situaciones relacionadas con precios, sequías, cambio climático, entre otros otros factores.

A esta primera actividad organizada por la Defensoría de los Habitantes estuvieron presentes representantes de la Corporación Hortícola Nacional, Centro Agrícola de Coronado, Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, UPA Nacional, sector arrocero y la mesa nacional de diálogo social y productivo.

Dentro de los puntos más importantes que señalaron algunos de los representantes del sector agrícola estuvieron la ausencia de un mecanismo de sana competencia de mercados, la enorme afectación de las importaciones de producción agrícola, así como los seguros pues, hoy en día, con el impacto del cambio climático, sembrar sin una cobertura de protección lo calificaron como de un riesgo muy alto. A ello se suma que, no existen sistemas de información sobre el valor de cada uno de los productos.

También indicaron la falta de apertura de espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales para establecer canales de comunicación que permitan generar acuerdos importantes para el sector, el Estado y los consumidores. Expresaron la importancia que el Sistema de Banca de Desarrollo pueda llegar a los productores.

A su vez, destacaron la importancia que el país ofrezca mecanismos propios para darle valor agregado a la producción agrícola mediante la industrialización, así como reactivar el programa de abastecimiento institucional pues era una forma de vender los productos a un precio digno, como lo establece las ferias del agricultor, sin embargo, ahora existe la amenaza de sobrevivencia de ese tipo de mercados que para la comercialización directa con el habitante.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos; razones contundentes para el rechazo a la integración del país a ese bloque comercial

German Masís

El día de ayer 1 de junio se realizó el Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos, organizado por la Vicerrectoría de Extensión en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, con la participación de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía; Renzo Céspedes, consultor internacional; Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria; Guido Vargas, Secretario general de UPANACIONAL; Kattia Cambronero, diputada del partido Liberal Progresista y Gabriela Víquez, asesora y exdirigente de la Corporación Hortícola, el foro contó con la moderación de Martín Parada, Vicerrector de Extensión. Al evento se había invitado al Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero este declinó la participación.

El foro inició con la intervención de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía, quién brindó elementos de un marco teórico sobre tema del comercio internacional en el que se inscribe la la Alianza del Pacífico, haciendo referencia a las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, en las que se originan los planteamientos del papel del comercio en el desarrollo económico, la orientación general que el comercio beneficia a todos los actores económicos y el surgimiento de los postulados de las ventajas comparativas y competitivas del comercio.

El académico Valenciano, señaló que, pese a las bondades de estos planteamientos, algunos de sus supuestos son irreales, como los de la libre circulación de las mercancías, la existencia de mercados perfectos y que todos los países pueden crear condiciones de competencia y de especialización que les otorguen ventajas definitivas con respecto a sus competidores.

Plantea, por el contrario, que las ventajas en el comercio dependen de factores como la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros de los que países no disponen con facilidad y que si los productores no logran ser competitivos es por la ausencia de esas condiciones, lo que motiva que tengan que trasladarse a otras actividades, además de que entre los países no existe libre movilidad de personas para el trabajo agrícola.

También mencionó, que debemos preguntarnos si somos realmente competitivos en la producción agrícola, con las condiciones de costos, condiciones medioambientales y sociales que tenemos, frente a los demás países de la región y frente a los subsidios y exoneraciones aplicadas en los países desarrollados.

Adicionalmente, dijo hay que recordar que existe una importante inestabilidad de los precios de los alimentos y que la seguridad y soberanía alimentaria deben prevalecer sobre las condiciones del comercio, sin olvidar los problemas generados por el cambio climático que están afectando la producción agroalimentaria.

Andrey, concluyó que se debe analizar con cuidado los efectos que puede tener la vinculación a la Alianza del Pacífico (AP) sobre los productores nacionales y sus condiciones de producción, por lo que una decisión de ese tipo no debe centrarse en la parte comercial, si no considerar esos otros aspectos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria, para determinar con claridad que va a pasar con los agricultores.

El consultor Renzo Céspedes por su parte, incluyó en su exposición los problemas principales del sector agropecuario en la actualidad, tales como:

-una política cambiaria y fiscal contraria al sector agropecuario

-una política unilateral de reducción de aranceles para desmantelar el sector

-ausencia de una política adecuada sobre el mercado de agroquímicos y de regulación del ingreso de nuevas tecnologías

-una política de comercio exterior de apertura sin medir los beneficios reales para los productores

-una tasa de crecimiento del sector negativa y estancada en la última década

Ante esta situación del sector, el consultor Céspedes expuso las que son a su criterio las amenazas de la integración a la Alianza del Pacífico, entre ellas:

*Los decretos ejecutivos para la reducción de aranceles aplicados por el gobierno, como el caso de la producción y el comercio del arroz

*la activación del proceso de la integración a la AP sin analizar los beneficios para las actividades y los productores

*el estado de situación de los TLC estados con los diferentes países de USA, Canadá, México y los otros países que componen la AP

*la perspectiva de que, con el ingreso a la AP, se podría abrir la incorporación a la APEC y otros bloques de comercio más amplios

*y la poca atención a que el comercio entre los miembros de la AP no es relevante y el intercambio comercial es limitado y por lo que el intercambio con esos países no sería atractivo

*tenemos ya tratados con los países del bloque AP, en los que el intercambio de bienes es bajo, por lo que realmente la AP no abriría nuevas oportunidades de comercio

*esos países tienen costos de mano de obra y de la energía menores a los nuestros, además de que aplican subsidios en seguros de cosecha y exenciones a los productores de hasta un 60%, por lo que nuestros productores no podrían ser competitivos

*los tratados de libre comercio con esos países habían logrado excluir algunos productos sensibles para la producción nacional, por lo que no tiene sentido ahora eliminar esas exclusiones y exponer a los productores nacionales a una competencia desigual

*la integración a la AP sólo generaría flujos de comercio unidireccional, de esos países hacia el nuestro, del que sólo se aprovecharían unas pocas empresas importadores de productos agrícolas

En definitiva, abrir el mercado a esos países sin entender las distorsiones existentes y el escaso beneficio para nuestros productores, sólo provocaría el aumento en la pobreza rural y la desigualdad en las zonas agrícolas del país, reveló.

El estudiante de la Maestría en Agroecología de la Escuela de Ciencias Agrarias, Osvaldo Quesada, señaló algunos posibles efectos de la AP sobre el sector agropecuario, como los siguientes:

-Costa Rica se ha planteado objetivos para una política de seguridad alimentaria que garantice el derecho a una alimentación adecuada que serían afectados

-la pandemia mostró la importancia de mantener la disponibilidad de alimentos

-la pregunta sería una negociación o una adhesión a la AP?, pero en vista a que la AP tiene una normativa vigente, lo que se impone es una adhesión

-en los tratados se incluyen exclusiones a sectores vulnerables, el AP implicaría renegociar las exclusiones bilaterales

-Costa Rica no es competitivo en algunos productos, debido a los costos, subsidios y apoyo gubernamental de esos países a sus productores

-el ingreso a la AP pondría en riesgo más de 250 mil productores y más de 240 mil empleos

-la disminución de aranceles no significa necesariamente precios más bajos para los consumidores

-la defensa del consumidor es la producción local, no los productos importados

-el mercado ya es injusto para los productores nacionales, por las cadenas de intermediación que manejan el comercio de los productos, como el caso del frijol y la naranja

De ahí que hay que preguntarse: ¿En qué beneficia a los productores y a los consumidores, el ingreso a la AP?

El empresario Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura, mencionó sobre la incorporación de Costa Rica a la AP, elementos como:

-hay una ausencia notoria del gobierno en el apoyo a la producción nacional, por lo que en la agricultura no hay una ayuda a la producción como en otras actividades

-las decisiones que se tomen ahora deben ser consultadas, ya que afectan al país en los próximos 20 o 30 años

-es necesario construir una política agrícola de largo plazo, ya que los gobiernos cambian cada 3 años

-la agricultura está estancada, lo confirma el bajo nivel del IMAGRO en los últimos años

-los indicadores son claros, la producción es baja, los precios de los fertilizantes altos, la pobreza rural aumentó al 28%, el 70% de la población rural vive de la agricultura

-la producción agrícola se realiza con varios modelos asociativos, las cooperativas, micro y pequeñas empresas, que serían muy afectados

-la importancia de los aranceles para los países es indudable, representa la protección ante condiciones diversas del comercio y si estos se eliminan los precios de los productos no bajan, como se ha demostrado con el arroz

-la importancia de producir la comida ha quedado en evidencia, con el surgimiento de la pandemia, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento de los insumos agrícolas

-la importación de comida es un gran negocio para unos pocos, que en este caso se verían beneficiados con el aumento de las importaciones de los países de la AP.

-la AP es una unión aduanera de 4 países, que no garantiza que podremos exportar más productos, porque existen sistemas de protección fitosanitaria que estos aplican a nuestros productos

-con el ingreso a la AP, no será posible mantener las exclusiones existentes para algunos productos

El proceso de ingreso a la AP presenta varias falacias:

-que la mayoría del empleo agrícola está ligado a la agroexportación, también la agricultura familiar genera una alta cantidad de empleos

-la producción de alimentos no será destruida por la importación, si no que la importación es complementaria

-los consumidores se ven favorecidos con la importación de alimentos, porque los precios tienden a bajar para los consumidores que más consumen alimentos.

Entre las conclusiones de Saénz se encuentran que la comida es perecedera por eso es estratégica para los países y que una vez que se quiebra la producción interna, es imposible recuperarla.

Así mismo, que la canasta básica quedará amarrada a las importaciones, que los precios de los alimentos nunca bajarán, el gobierno está destruyendo a los agricultores con los decretos de rebaja de los aranceles y que la integración a la AP traerá pobreza y descapitalización de los productores agrícolas.

El dirigente campesino Guido Vargas, en su exposición recordó la visión del agrónomo don José Calvo, que decía que, si existiera la libertad de mercado, pero en realidad el mercado es administrado, por lo que los países deben mantener y proteger la seguridad alimentaria de la población.

Indicó también que, si somos competitivos en algunos productos, pero no frente a los subsidios que aplican algunos países, y que por eso en los tratados bilaterales se negocian asimetrías.

Dice que el gobierno pretende que entremos a competir con los países de la AP, pero se pregunta: ¿Dónde está el negocio de la AP? ¿Para quién es el negocio?

Recuerda que las organizaciones han insistido en una agenda de competitividad y de reactivación económica de la agricultura, pero pregunta: ¿Dónde quedó esa agenda? “No la hemos visto”, afirma.

Manifiesta Guido, que las políticas se hacen sin consultar a los agricultores, solo se las envían para que las conozcan, pero los agricultores deben participar en las negociaciones para que “la cancha se empareje para todos” y que así ha sido en el caso de la integración a la AP que el gobierno mantiene en su agenda.

Reitera que mantener la seguridad alimentaria es una obligación, por la comida y el abrigo son esenciales y ahora con la importación de alimentos, lo que se podría dar es un oligopolio de esta actividad, lo que será perjudicial para los productores.

La diputada Kattia Cambronero, comentó que el sector agropecuario no tiene un modelo de desarrollo efectivo, como si lo tienen otras actividades, ni tampoco un modelo desarrollo territorial, pues esta actividad está en abandono.

Recuerda que el 73% de la población rural vive del agro y que el agro genera más de 270 mil, pero no tiene condiciones diferenciadas para su desarrollo, como créditos, comercialización favorable y más bien funciona con altos costos y tiene problemas en el uso de los agroquímicos y se pregunta además cuál es la política de desarrollo tecnológico del MAG?

Señala la diputada, que debemos seguir produciendo lo que consumimos y que por el contrario hay que desarrollar mejor los mercados locales y resolver el tema de los seguros de cosechas, el que disponen en otros países y aquí no se ha logrado con el INS.

Agrega que no tenemos claridad de cómo podría el país ingresar a la AP ni de cuál sería el potencial para hacerlo. Indica que antes hay que resolver problemas de competitividad, mientras el sector está en franca caída y no tiene el apoyo técnico y financiero necesario, ni es capaz de enfrentar el cambio climático, ni de disminuir la desigualdad existente en las zonas rurales.

La asesora Gabriela Víquez, apuntó una serie de problemas que caracterizan al sector, como:

-el sector tiene débiles instituciones, como el MAG y no se ha pensado en la especialización

-existe un fuerte contrabando de productos agrícolas, además de permisos de importación que afectan a los productores, como pen el caso de la cebolla que abunda en el mercado

-hay contaminación por el excesivo y mal uso de agroquímicos

-la extensión agrícola está en manos de las empresas comercializadoras de insumos

-existen altos costos y elevadas cargas sociales

-no tenemos un seguro de cosechas que proteja la producción y la inversión

-los márgenes de comercialización son elevados

-hay una débil unidad de defensa comercial en el MEIC, por lo que el sector está en estado de indefensión

-es necesario analizar cada uno de los TLCs y sus implicaciones para las actividades productivas

-no hay una verdadera política pública para el sector agropecuario

-recordó que la alimentación es un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos.

Ante la situación mencionada, Víquez afirmó que la AP es una “piedra más”, que va a traer ruina a los agricultores y a la mano de obra agrícola. Se pregunta: ¿Que le dirá a su padre productor agrícola y a su sobrino que quisiera ser agricultor, con respecto al futuro de la actividad agrícola?

Finalmente, el Rector de la UNA, Francisco González, efectuó la clausura del foro, expresando el deseo de la Universidad de aportar al diálogo sobre la temática de la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y para que se elabore una política agropecuaria adecuada e integral en conjunto con todos los actores sociales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Comunicado público en apoyo a nuestros agricultores

El sector agrícola nacional es, sin temor a equivocarnos, el más vital para nuestra economía

Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne.

Wendell Berry

San José, 29 de March de 2023

La Soberanía Alimentaria en un mundo globalizado, pero convulso geopolíticamente, es la mejor estrategia de Seguridad Alimentaria. No debemos renunciar nunca a este horizonte regulador del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra agricultura, nuestro Sector Productivo Agropecuario como un todo, nuestra soberanía y seguridad alimentarias, la institucionalidad democrática misma y ese Estado Social de Derecho están en peligro y bajo ataque sistemático.

Por décadas, un viejo y fracasado Modelo Neoliberal que ha sido impuesto al país ha venido, sistemáticamente, acorralando la vocación agrícola costarricense en beneficio de unos pocos, amenazando la Paz Social, nuestras conquistas sociales; y agudizando así la Exclusión Social y sus efectos, la desigualdad y la pobreza estructural. Hemos estado a merced de las élites económicas que se disputan entre sí, sólo su propio beneficio y han venido usurpando el poder político para lograrlo.

Las actuales políticas públicas en materia agropecuaria, en especial con la llamada Ruta del Arroz promovidas por esta Administración, se pretenden justificar en un discurso de un supuesto “beneficio en el precio al consumidor”, pero de paso sacrifican al pequeño y mediano productor agrícola y a las MIPYMES relacionadas, dejando a su suerte a decenas de miles de familias. A pesar de esto, la promesa de bajar los precios ha sido un fiasco, pues a pesar de la exoneración de casi el total de aranceles para los importadores, el beneficio nunca llegó al consumidor. Los productos alimentarios de la canasta básica suben día a día.

Peor aún, a pesar de ser un país con capacidad de producción agropecuaria histórica, la política pública del presente gobierno promueve el desmantelamiento del sector productivo agrícola, en beneficio de los importadores, agronegocios monopólicos y otras élites económicas; que ha tenido como consecuencia el hacernos dependientes de la especulación de los precios internacionales por parte de las grandes potencias.

Lo hace, este gobierno en el peor momento, dado el escenario que vive el mundo, con potencias enfrascadas en reacomodos geopolíticos y guerras, no sólo bélicas, sino comerciales. Esto lo han advertido, incluso, los mismos organismos internacionales que promovieron el fallido modelo globalizador neoliberal, como el propio Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; considerando que hay ejemplos exitosos, incluso de países pequeños, dentro del misma lógica globalizada, como el de Países Bajos -mayor exportador de productos agrarios del Mundo- después de los Estados Unidos.

Desde el Foro Encuentro Democrático apoyamos la lucha del sector productivo agrícola nacional e instamos vehemente al gobierno a sentarse en una, real y abierta, mesa de diálogo que revierta su draconiana política para el Agro, que ha resultado nefasta para la gran mayoría del pueblo costarricense.

Proponemos, desde el Foro Encuentro Democrático, una alianza plural de los diversos sectores productivos del país, en torno a la defensa estratégica y patriótica del Sector Agropecuario, del Mercado Interno, del ambiente y de un nuevo Proyecto Nacional, justo, democrático y con Inclusión Social. Sólo así se garantizará el rescate inteligente del Estado Social y Democrático de Derecho, del Neoliberalismo y su nueva demagogia populista y neoconservadora.

Coordinación del Encuentro Democrático
Tamara Briceño Escalante
Tatiana Herrera Ávila
Alfredo Chocano Dobles
Jaime Cerdas Solano
Hernán Salazar Calderón
Johana Hernández Mora
José Solano-Saborío
Jiddu Rojas Jiménez

Mesa de Diálogo Social y Productivo se une a la marcha del sector agro y producción nacional

Comunicado de prensa

Desde las organizaciones sociales y productivas que participamos de la Mesa de Diálogo Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria, nos pronunciamos a favor de la producción nacional de los sectores Agrícola, Agropecuaria y Agroindustrial, ante el abandono histórico de los gobiernos,  y las políticas agrarias como también comerciales que impulsa el actual Poder Ejecutivo en Costa Rica, beneficiando a un sector pequeño desde la importación, al mismo tiempo que abandona y profundiza la precariedad de las familias agricultoras y en general de las personas consumidoras costarricense ante la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria no presente en las políticas públicas.

Dicho abandono institucional agudiza las actividades nacionales agrarias ante la insistente intención de que el país deba adherirse a la Alianza del Pacífico, tratado comercial que ya hemos fundamentado con rigurosidad el cómo afecta y precariza aún más las condiciones para el sector de producción nacional en pequeña y grande escala.

Por tanto, consideramos que esta iniciativa sin medir el impacto en el mediano y largo plazo solo suman al debilitamiento de la producción nacional, colocando al país en un lugar de mayor vulnerabilidad a sufrir fuertes consecuencias debido efectos de la crisis climática, y políticas alimentarias y de comercio de otros países, además de la frágil seguridad alimentaria en la que nos encontramos, de no ser por el esfuerzo de las organizaciones y todas las personas del sector de producción nacional, que mantienen en pie el abastecimiento de alimentos en el país, pese a las dificultades y ausencia evidente del apoyo estatal. 

Es importante que la ciudadanía costarricense a través de esta marcha comprenda que la integración a  esta alianza pone en riesgo a más de 500 mil empleos asociados al sector agro, sector que representa actualmente el 7% del PIB y amenaza la seguridad alimentaria que hoy más que nunca es necesaria proteger ante los escenarios de convulsos de la coyuntura económica y social internacional, de igual manera las zonas rurales dependen de las actividades agrícolas para subsistir ante la falta de alternativas.

Es por ello por lo que nos sumamos a la marcha nacional a favor del sector Agro y en pro del bienestar y la seguridad alimentaria de la ciudanía de este país.  Es así como reivindicamos las solicitudes del sector Agropecuario ante la coyuntura actual:

  1. a) NO incorporar a Costa Rica en el tratado comercial “Alianza del Pacífico”; ni en ningún otro tratado o acuerdo comercial, que disminuya la participación de la producción nacional o que favorezca su precarización. Estamos a favor de los acuerdos de integración entre países donde se garantice la seguridad alimentaria de los pueblos y no la perjudique.
  2. b) Construcción de una política integral agraria de ESTADO de fomento para la reactivación económica del sector productivo nacional, con perspectiva diferenciada de territorio, modelo de comercio, producción, género y acción frente al cambio climático. 
  3. c) La instalación de una Comisión Mixta Especial en la Asamblea Legislativa que coloque el tema agrario como política de Estado y que analice las claves y desafíos que el sector productivo agro y agroindustrial enfrenta actualmente.

Todas las demandas anteriores en consulta con los sectores sociales y productivos mediante un mecanismo de diálogo social que se garantice un proceso democrático en las vías legislativas y ejecutivas existentes.

Quienes conformamos esta mesa, participamos desde la diversidad de sectores productivos como organizaciones asociativas y cooperativas, así como la organización de estudiantes universitarios desde las federaciones estudiantiles, participación diversa de sindicatos, así como la participación nacional de Colegios Profesionales, Universidades Públicas y Asociaciones de Desarrollo Comunal.

Así que nos unimos a la demanda internacional de integración de países, pero que sea desde el interés de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de sus pueblos, frente a la crisis climática, y que por el contrario no afecten o generen implicaciones negativas para la seguridad alimentaria.

El presente y futuro de los alimentos debería ser una prioridad en tiempos de crisis, no un intercambio antojadizo de políticos sin una visión prospectiva de la protección de los bienes comunes, la salud comunitaria, los derechos humanos, la autonomía de los pueblos y sus democracias que se fortalecen con la sabiduría de las comunidades campesinas y ancestrales. 

Por las razones anteriormente mencionadas nos unimos a la gran marcha nacional en apoyo al sector agrícola, agropecuaria, y agroindustrial el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00am, saliendo del parque Central de Costa Rica, en ruta hacia la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial.

Marcharemos pacíficamente por una política agraria integral y solidaria, que asegure el desarrollo productivo y social convocada por de la Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) e instamos a la comunidad nacional a unirse y sumar en defensa de nuestro sector agropecuario y la seguridad alimentaria de todas nuestras familias en el país.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Aumento y fortalecimiento del sindicalismo en el sector agrícola

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) compartió un vídeo sobre un aumento en las filas sindicales de trabajadoras y trabajadores de plantaciones, bajo la idea que por medio de la lucha se obtienen mejores condiciones laborales y para sus correspondientes familias.

Compartieron además el éxito que tuvo la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en donde se escogió la junta directiva que estará a cargo durante los próximos años, junto con la presentación de una balance de las acciones realizadas en períodos pasados, nacional e internacionalmente. Adicional a esto, presentaron la “ruta a seguir” u objetivos por parte del Sindicato para abordar las problemáticas en contra de los y las trabajadoras.

Algunos de los miembros compartieron con alegría el fortalecimiento y crecimiento del movimiento sindical en territorios del país a razón de políticas públicas, proyectos de ley y acciones que van en contra de la clase trabajadora de las plantaciones.

En la Asamblea se realizaron también actividades recreativas para los menores de edad presentes y una rifa. 

Finalmente, la ANEP compartió con alegría los logros del SITRAP, y plantean trabajar conjuntamente a fin de seguir fortaleciendo el movimiento sindical costarricense, y continuar velando por los derechos de los y las trabajadoras. 

Relator de la ONU pide acciones urgentes a Costa Rica para erradicar la esclavitud laboral

El relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud llamó la atención de Costa Rica para modificar el pago por unidad producida y evitar las largas jornadas de trabajo. UNDP/Emi Kondo

El experto independiente señaló que, pese a los avances hechos por el país para combatir esta lacra, el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico, donde los trabajadores laboran largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.

Las formas contemporáneas de esclavitud son una realidad en diversos sectores de la economía de Costa Rica y si bien ha habido un progreso del país para eliminarlas, todavía persisten grandes desafíos que deben enfrentarse con la mayor urgencia.

Así lo destacó Tomoya Obokata, relator* especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.

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Obokata dijo en su Declaración de final de misión que para erradicar la esclavitud laboral, Costa Rica debe fortalecer sus marcos normativos, mejorar la inspección del trabajo, garantizar el acceso a justicia a las víctimas y asegurar la transición de trabajadores informales a la economía formal.

Durante la visita, el experto examinó casos de explotación laboral, trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura, la agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Para hacerlo sostuvo diversos encuentros en la capital y se desplazó a comunidades rurales alejadas.

El relator se reunió y escuchó a representantes del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sindicatos, sector privado, representantes de la ONU y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática, entre otros.

Los avances de Costa Rica

El experto destacó entre los aspectos positivos de Costa Rica, la existencia de marcos jurídicos aplicables a las formas contemporáneas de esclavitud, que incorporan algunos de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y laborales.

Obokata dijo también que pudo observar una mejora en la asistencia y el apoyo a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud, por ejemplo la Ley No. 9095 contra la Trata de Personas obliga a los departamentos gubernamentales pertinentes a establecer un marco para la protección y asistencia.

Señaló que a fin de supervisar eficazmente la aplicación de las leyes y políticas relativas al trabajo infantil, Costa Rica estableció el Comité́ Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Trabajadores Adolescentes y que este aprobó́ recientemente el «Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil» elaborado en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y El Caribe (CEPAL).

El relator destacó los esfuerzos de Costa Rica para eliminar el trabajo infantil y la explotación sexual. Reconoció como positivo que la edad mínima para trabajar se ha fijado en 15 años, y que el Gobierno actualiza periódicamente una lista de trabajos peligrosos que están prohibidos para los menores de 18 años.

También que la edad de la educación obligatoria se ha elevado a 17 años, lo cual es más alta que en otras jurisdicciones.

Unsplash/Josue Isai Ramos Figuer. El relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud está preocupado por las largas jornadas laborales en sectores de la economía costarricense en sectores como el de la construcción.

Los desafíos urgentes de Costa Rica

El relator dejó claro que si bien el país ha logrado avances, todavía debe enfrentar grandes desafíos para erradicar por completo las formas modernas de esclavitud.

Señaló la urgencia de fortalecer marcos normativos con sanciones más fuertes, ya que el máximo para delitos como la trata de personas y el trabajo forzoso es de 10 años de prisión. También dijo que la aplicación de la legislación vigente es débil, y que la tasa de enjuiciamiento y castigo de los autores de formas contemporáneas de esclavitud es muy baja.

Obokata también dijo estar preocupado por el gran número de interlocutores que durante su misión señalaron que la inspección del trabajo en Costa Rica es ineficaz, burocrática y carece de transparencia, particularmente en la economía informal.

Expresó haberse enterado de que las multas impuestas no son lo suficientemente elevadas como para disuadir a los empleadores. También destacó la posible existencia de casos de colusión en los que se informa a los empleadores que habrá una inspección para que puedan prepararse y ocultar las malas prácticas.

Su informe además concluyó que hay un amplio margen para mejorar la identificación y protección de las víctimas. Señaló que el acceso a la justicia y a los recursos para las víctimas son limitados. La falta de asignación de recursos por parte de las autoridades y de conocimiento entre las víctimas sobre sus derechos son algunas de las principales razones de ello.

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día.

Los salarios y las largas horas de trabajo se pueden observar en otros sectores, como la construcción, los servicios, el transporte y la seguridad.

En su Declaración inicial, Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan:

  • Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral
  • Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ
  • Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo
  • Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas
  • Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción
  • Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación
  • Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación
  • Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo

Obokata agradeció al Gobierno de Costa Rica por haberle extendido la invitación y la cooperación recibida durante la misión, que le permitió entablar un diálogo “abierto, franco y constructivo durante su visita”.

El Relator de ONU compartió sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa en la Casa de la ONU, Costa Rica y presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en Setiembre de 2023.

Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión establecidos por el Consejo para abordar situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU