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Etiqueta: sector agrícola

Costa Rica: El campo se marchita bajo el peso de la deuda, las importaciones y el criminal modelo neoliberal

Martín Rodríguez Espinoza

El pasado 15 de mayo, en el Día Nacional del Agricultor, pasó inadvertido para los medios, para el gobierno y, por supuesto, para el pueblo en general.

Es un día, supuestamente, para rendir homenaje a quienes cultivan la tierra, a los campesinos y campesinas que producen los alimentos, pero la realidad del sector agrícola costarricense es muy alarmante. La combinación de políticas neoliberales, crisis económica, abandono institucional, favorecimiento a los delincuentes importadores que financian campañas electorales, y la creciente dependencia de esas importaciones ha dejado a muchos agricultores en la ruina absoluta.

Costa Rica, que anteriormente fue autosuficiente en productos como arroz, frijoles, papa, ajo y carne, ha visto cómo la producción nacional disminuye brutalmente y las importaciones aumentan. Esto no es casualidad, responde a décadas de políticas neoliberales que priorizaron la apertura comercial, la reducción del Estado y la liberalización de los mercados, mediante TLC por ejemplo, relegando el agro nacional a un segundo o tercer plano. Esta tendencia ha debilitado la economía rural, destruido miles de empleos y puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Lo más preocupante es que esta situación no solo es una crisis económica o social, es también una amenaza directa a la soberanía nacional. La creciente dependencia de alimentos importados expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales, la usura de los importadores y reduce su capacidad de decisión sobre un aspecto tan básico como la alimentación de la población.

Ahora vemos cómo por la falta de acceso a financiamiento formal, venta de sus cosechas y falta de asesoría e insumos, muchos agricultores recurren a préstamos informales conocidos como «gota a gota», ofrecidos por redes criminales vinculadas al narcotráfico. Estos créditos imponen tasas de interés abusivas y métodos de cobro violentos. Según datos del CINPE-UNA, unas 225.000 personas en Costa Rica han caído en esta trampa por la ausencia de alternativas financieras viables.

Es tal la situación del avance de estas bandas criminales, que no encuentran oposición por parte del gobierno costarricense, que el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha denunciado que “hay comunidades enteras sometidas al terror de estos prestamistas, quienes utilizan amenazas y agresiones para cobrar.” Pero no dice cómo su ministerio va a atacar, de verdad, a esas bandas criminales que incluso tienen ventanas de préstamos por todo el país. Ese es el reflejo más brutal del abandono estatal en el campo.

Aunque el gobierno ha dicho penalizar el «gota a gota» con hasta 15 años de cárcel, también dice que será “cuando haya vínculos con el crimen organizado”, lo que nunca se demuestra.

Algunos bancos han lanzado iniciativas para dar opciones seguras de crédito, estas medidas aún son muy limitadas frente al tamaño del problema.

La crisis del agro costarricense no es un accidente, es consecuencia de un modelo económico que ha favorecido la importación sobre la producción nacional, ha desmontado instituciones y políticas de apoyo agrícola, y ha dejado al pequeño productor expuesto al mercado global sin protección. Miles de familias campesinas no solo no cuentan con apoyo para producir, sino que son reprimidas policialmente por hacerlo, despojados de la tierra, perseguidos, golpeados y encarcelados.

Rescatar el campo es un asunto de soberanía, dignidad y justicia social. Es momento de cuestionar el rumbo actual y plantear una reforma estructural que recupere el rol estratégico del agro en la economía nacional, garantice la autosuficiencia alimentaria y ofrezca condiciones dignas para quienes alimentan al país.

Nicaragua viene superando a Costa Rica en todos aquellos aspectos en los cuales antes teníamos una buena posición, ha construido más de 70 hospitales públicos, carreteras y desarrollo de infraestructura vial, vivienda popular, electrificación con energías renovables en más del 98%, una agricultura fuerte y autosuficiente, desarrollo de puertos públicos, sistema educativo universitario público absolutamente gratuito, y todo eso generando amplias fuentes de empleo.

Hoy Costa Rica es costa pobre, saqueada, robada, estafada, asaltada, ultrajada. Por décadas de gobiernos corruptos y por el actual de Rodrigo Chaves, al fin de cuentas, son lo mismo y gobiernan para los mismos corruptos.

19 de mayo de 2025

Paperos costarricenses reportan pérdidas de hasta 15 000 millones por cambios en las normativas de importación

Por José Alejandro Sánchez Rodríguez | Con la voz experta de Dr. Arturo Brenes Angulo

El sector papero costarricense ha sido víctima de una serie de acontecimientos que, desde distintos frentes, han incrementado su ya maltrecha economía a lo largo de los últimos meses.

El pasado lunes 24 de marzo, tres representantes del sector papero nacional dieron declaraciones ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, denunciando pérdidas de hasta ¢15.000 millones a causa de políticas nacionales relativas al sector agrícola que —según indican— benefician al producto importado, el cual ha generado ganancias de hasta ¢4.500 millones a costa del producto nacional.

Los comparecientes hicieron referencia al decreto ejecutivo Nº 43853-MAG-MEIC-COMEX, aprobado en 2023, el cual facilita la importación de la llamada “papa industrial”, la cual es utilizada para la producción de alimentos procesados, como papas fritas o tostadas.

Debido al desabasto de papa en los meses recientes, que se debió en parte a la falta de estímulo en la producción por los bajos precios del tubérculo durante finales del 2023 e inicios del 2024 y la extensa temporada de lluvias de finales del 2024,  el Ministerio de Agricultura levantó también la restricción para el ingreso de papa para consumo fresco, con el objeto de mantener la oferta al consumidor. 

Sin embargo, esta medida tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, la papa importada compite deslealmente con el producto nacional y segundo, esta importación representa una puerta más, abierta al ingreso de nuevas plagas o enfermedades para el cultivo de la papa, que podrían aún no estar presentes en nuestro país.

El Dr. Arturo Brenes Angulo, investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) explica que el sector se vería seriamente afectado por el bajo precio con el que ingresaría la papa importada.

Por consecuencia, según lo establecido en decreto, la papa importada pasaría de tener un arancel para la nación más favorecida equivalente a un 45% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a un impuesto 14% de DAI (sin tomar en cuenta, en ambos escenarios, el impuesto del 1% por Valor Aduanero Mercancías Importadas). 

Debido además a que los precios de la mayoría de las hortalizas nacionales son regulados por intermediarios, estos ofrecerían menos por un tubérculo nacional que es producido sin las subvenciones con que cuenta el sector papero en Estados Unidos, afectando aún más los pobres ingresos de nuestros productores, que cada vez tienen el panorama más difícil debido a los altos costos de las semillas e insumos para la agricultura.

De acuerdo a Brenes, las papas que usualmente se importan son tratadas previamente, en las bodegas donde se almacenan, con productos que evitan su brotación y se mantienen a bajas temperaturas para conservar su calidad. Cuando son exportadas, se mantiene la cadena de frío dentro de los contenedores en los cuales se envían. Al llegar a nuestros puertos, usualmente se rompe la cadena de frío, lo que provoca que la papa se brote y se deshidrate, afectando incluso su sabor.  

El Dr. Brenes puntualizó que existe la posibilidad de que las papas importadas puedan venir infectadas con la enfermedad conocida como Zebra chip, provocada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum. Esta enfermedad se ha extendido en varios países de América Latina y aún no existe evidencia de que se encuentre en el país, por lo que debe evitarse su llegada. 

Hasta ahora, se ha logrado evitar la entrada de muchas enfermedades del cultivo gracias a las medidas fitosanitarias vigentes. Es necesario recordar que la N° 7664, la Ley de Protección Fitosanitaria, resalta en el Artículo 45 la importancia de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) “asegure” que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas o la protección de los vegetales”. Sin embargo, esta misma ley facilita que los requisitos sean establecidos a través de decretos ejecutivos, lo que permite que se generen cambios en las normativas de importación.

Discusión en plenario

El pasado 21 de abril la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez usó su intervención de control político en el plenario para hacer referencia al levantamiento de las restricciones fitosanitarias para la importación de papa y cebolla.

Ramírez denunció que las consecuencias favorecen de forma desleal a cierto grupo de importadores, los sugeridos por el Gobierno y el Banco Central, afectaciones a los productores nacionales y la falta de beneficios reales para los consumidores. La congresista también  hizo referencia a las enfermedades que podrían traer estas importaciones y a la competencia que supondría con la papa de mesa producida en el país. 

Puede escuchar la intervención completa en el siguiente enlace: 

Pronunciamiento de la Corporación Hortícola Nacional

Dentro de este mismo marco, la Corporación Hortícola Nacional se pronunció en contra de las acciones del SFE, aludiendo al peligro que sufre el productor nacional desde  frentes como la competencia desleal, las enfermedades que traerán los productos y las consecuencias que vendrían con las importaciones ilegales. La organización, se manifestó siempre a favor de la defensa de los productores nacionales. 

También aprovecharon para resaltar la importancia de que el SFE vele por la seguridad de los productos, proponiendo que la institución revise las lavanderías en Cartago y Zarcero, presuntos puntos de comercio ilegal en Costa Rica

Sindicatos enfrentan el estrés térmico: un asesino invisible para trabajadores agrícolas

El calentamiento global intensifica los riesgos laborales en el sector agrícola, con efectos particularmente severos para las mujeres trabajadoras

El estrés térmico se ha convertido en un «asesino invisible» que afecta a 2.410 millones de personas trabajadoras en todo el mundo, lo que representa el 71% de la población activa global. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este fenómeno provoca anualmente 18.970 muertes y 22,85 millones de lesiones.

En el sector agrícola, el impacto es aún más preocupante: se proyecta una reducción aproximada del 60% en las horas de trabajo para 2030 debido al calor extremo, según información compartida por Maikol Hernández Arias, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (Fentragh) de Costa Rica.

Temperaturas récord y sus efectos

El documento presentado en la reunión del Comité del Grupo de Trabajadores/as de la Agricultura (GPTA) en Bogotá, Colombia, el pasado septiembre, advierte que junio de 2024 fue el mes más cálido registrado y el duodécimo mes consecutivo en alcanzar el umbral de 1,5 °C.

«El estrés térmico se asocia con insolación, agotamiento por calor, lipotimia térmica (síncope o desmayo), calambres por calor y sarpullido por calor», indica el informe, que también destaca cómo la temperatura corporal humana debe mantenerse por debajo de 38°C para evitar la hipertermia. Temperaturas corporales superiores a 40,6°C implican riesgo de pérdida de conciencia, daños orgánicos y muerte.

Mayor vulnerabilidad de las mujeres

Un dato relevante del informe es que, durante el trabajo físico, las mujeres tienen 3,7 veces más probabilidades de ser intolerantes al calor que los hombres. «Las mujeres tienden a sudar menos que los hombres y, por tanto, tienen menor capacidad para liberar calor del cuerpo», señala el documento.

El trabajo agrícola es particularmente vulnerable, ya que se considera de intensidad alta (360-465 de intensidad laboral) y muy alta (> 465), en comparación con el trabajo de oficina. Esto implica que las temperaturas máximas para trabajar en agricultura deberían ser de 29-30°C para labores de alta intensidad.

Respuestas sindicales y normativas internacionales

Ante esta situación, diversos sindicatos han desarrollado iniciativas para proteger a las personas trabajadoras:

  • En Estados Unidos, la Asociación de Trabajadores Agrícolas (FLOC) estableció pautas sobre el calor que recomiendan abandonar el campo y buscar sombra y agua cuando la temperatura alcanza los 30°C/85°F y se presentan síntomas de estrés térmico.

  • En Australia, el sindicato UWU elaboró un modelo de cláusula sobre calor extremo que estipula que cuando la temperatura supere los 29,5°C, la parte empleadora debe proporcionar una pausa de 15 minutos con goce de sueldo cada hora de trabajo.

Varios países ya han implementado normativas al respecto:

  • En Sudáfrica, las empresas empleadoras están obligadas a mitigar el estrés térmico cuando el índice WBGT (temperatura globo y bulbo húmedo) medio por hora supera los 30°C.

  • En España, una ley de 2023 obliga a evitar determinadas tareas cuando hace calor y garantiza que no se reduzcan los salarios si se interrumpe el trabajo debido al calor.

  • En Grecia, la normativa exige una interrupción total del trabajo cuando el índice WBGT supera ciertos umbrales según la intensidad de la labor.

Instrumentos internacionales disponibles

La OIT cuenta con instrumentos específicos para proteger a las personas trabajadoras del estrés térmico, como:

  • Convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo

  • Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo

  • Convenio 184 sobre salud y seguridad en la agricultura

  • Recomendación 194 sobre la lista de enfermedades profesionales

El informe subraya que según los convenios 155 y 184 de la OIT, las personas trabajadoras tienen derecho a retirarse de situaciones peligrosas cuando exista riesgo inminente y grave para su salud y seguridad.

Para consultar el informe completo sobre las repercusiones del calor extremo en trabajadores agrícolas y las respuestas sindicales, puede descargarlo desde el siguiente enlace: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/03/06-Heat-AWTG-Board-Sept-2024-es.pdf

Más allá del chiste: ¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es ganancia!

Margarita Bolaños Arquín
Finca Agroecológica Hortalizas Girasol

El reciente aumento de precios de hortalizas, frutas y verduras es consecuencia de dos factores: uno, prolongados y fuertes temporales que afectaron múltiples paisajes agrícolas en Costa Rica y en Centroamérica y dos, la intermediación que favorece el alza desmedida de precios ante la escasez. Quienes producimos no necesariamente nos beneficiamos de los altos precios. A los productores no nos convienen esos desequilibrios porque los consumidores, simplemente no compran o los sustituyen por otros más baratos frescos o procesados.

¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es riqueza! Si no hay producto fresco, no importa, se importa. El bajo precio del dólar de por sí les favorece para adquirir productos a menores precios que los nacionales sin reparo de que cientos de personas se queden sin empleo y aumenten las deudas por consumo y producción.

Entonces, entre los ciclos de sequías y eventos extremos de precipitación, sin políticas de ordenamiento territorial, gestión integrada del riesgo y una institucionalidad pública que atienda los efectos del cambio climático, el sector agrícola nacional será cada vez más amenazado y vulnerable por deudas y sistemas de siembra poco o nada resilientes. Una agricultura convencional que para defenderse de los eventos hidrometereológicos extremos debe recurrir al aumento de agrotóxicos para atender las plagas y enfermedades es económica y ambientalmente insostenible.

Centrar la atención en los precios de los productos agrícolas es obviar las raíces que generan la desigualdad y el deterioro de la salud de las personas y los recursos naturales del país. Es necesario avanzar hacia formas de producción más sostenible y comercialización más justas que enfrenten los inevitables riesgos del cambio climático y el deterioro de los paisajes agrícolas. La protección del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad debe ser una prioridad para el gobierno nacional y municipalidades. La recolección de agua llovida, el uso de invernaderos de bajo costo, prácticas de conservación de suelos y la correcta canalización de las escorrentías contribuiría a tener una producción de más bajo costo, menos dependiente de los agroquímicos y más intensiva, diversificada y accesible a un mayor número de consumidores.

Necesitamos mayor inversión en investigación y en tecnologías sostenibles para enfrentar la escasez y las distorsiones del mercado que abonan a la pobreza y a la mal nutrición. Sumado a eso, es esencial ampliar la red de recolección de datos climáticos a lo largo de todo el país para tomar decisiones de planificación bien sustentadas en el interés nacional.

Imagen: Semanario Universidad.

Sector agropecuario: llamado a unirse para defender derechos

El sector agropecuario se encuentra en descontento con el presidente Rodrigo Chaves, esto debido a que perciben que al presidente no le importa el sector, como en el caso de la manifestación realizada, la cual el jerarca la denominó la marcha del chopsuey. Asimismo, este sector busca cambiar el decreto de trazabilidad, ya que no desean que se les impongan condiciones que no podrán ser aplicadas; de la misma forma, se ponen a las órdenes del pueblo costarricense y  llaman a todas las personas del sector rural a no apoyar electoralmente la tendencia que representa Chaves Robles.

Le invitamos a visualizar el video realizado por José Oviedo, dirigente del sector agropecuario con respecto a esta situación con el presidente de la República

Información compartida con SURCOS.

Defensoría: Sector agro requiere de un gran impulso para su desarrollo – CNP acoge recomendación

La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.

Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),  del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.

La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.

Defensoría realizó encuentro con agrupaciones del sector agrícola

Preocupación por seguridad alimentaria del país

Con el propósito de realizar una presentación del reciente informe sobre “Seguridad Alimentaria en Costa Rica”, la Defensoría de los Habitantes convocó a varias agrupaciones del sector agrícola.

La intención no solo fue hacer una exposición amplia del proceso de investigación y sus resultados, sino también escuchar las vivencias de productores y agricultores, sus preocupaciones y además limitaciones que enfrentan en materia de acceso a crédito, percepciones en cuanto al apoyo o no por parte de las instituciones estatales relacionadas con la actividad agrícola, y las formas en que han venido afrontando las emergencias a causa de diferentes situaciones relacionadas con precios, sequías, cambio climático, entre otros otros factores.

A esta primera actividad organizada por la Defensoría de los Habitantes estuvieron presentes representantes de la Corporación Hortícola Nacional, Centro Agrícola de Coronado, Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, UPA Nacional, sector arrocero y la mesa nacional de diálogo social y productivo.

Dentro de los puntos más importantes que señalaron algunos de los representantes del sector agrícola estuvieron la ausencia de un mecanismo de sana competencia de mercados, la enorme afectación de las importaciones de producción agrícola, así como los seguros pues, hoy en día, con el impacto del cambio climático, sembrar sin una cobertura de protección lo calificaron como de un riesgo muy alto. A ello se suma que, no existen sistemas de información sobre el valor de cada uno de los productos.

También indicaron la falta de apertura de espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales para establecer canales de comunicación que permitan generar acuerdos importantes para el sector, el Estado y los consumidores. Expresaron la importancia que el Sistema de Banca de Desarrollo pueda llegar a los productores.

A su vez, destacaron la importancia que el país ofrezca mecanismos propios para darle valor agregado a la producción agrícola mediante la industrialización, así como reactivar el programa de abastecimiento institucional pues era una forma de vender los productos a un precio digno, como lo establece las ferias del agricultor, sin embargo, ahora existe la amenaza de sobrevivencia de ese tipo de mercados que para la comercialización directa con el habitante.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos; razones contundentes para el rechazo a la integración del país a ese bloque comercial

German Masís

El día de ayer 1 de junio se realizó el Foro Alianza con el Pacífico: efectos en los sectores productivos, organizado por la Vicerrectoría de Extensión en el auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, con la participación de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía; Renzo Céspedes, consultor internacional; Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria; Guido Vargas, Secretario general de UPANACIONAL; Kattia Cambronero, diputada del partido Liberal Progresista y Gabriela Víquez, asesora y exdirigente de la Corporación Hortícola, el foro contó con la moderación de Martín Parada, Vicerrector de Extensión. Al evento se había invitado al Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, pero este declinó la participación.

El foro inició con la intervención de Jorge Andrey Valenciano, Director de la Escuela de Economía, quién brindó elementos de un marco teórico sobre tema del comercio internacional en el que se inscribe la la Alianza del Pacífico, haciendo referencia a las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, en las que se originan los planteamientos del papel del comercio en el desarrollo económico, la orientación general que el comercio beneficia a todos los actores económicos y el surgimiento de los postulados de las ventajas comparativas y competitivas del comercio.

El académico Valenciano, señaló que, pese a las bondades de estos planteamientos, algunos de sus supuestos son irreales, como los de la libre circulación de las mercancías, la existencia de mercados perfectos y que todos los países pueden crear condiciones de competencia y de especialización que les otorguen ventajas definitivas con respecto a sus competidores.

Plantea, por el contrario, que las ventajas en el comercio dependen de factores como la infraestructura, la tecnología, los recursos financieros de los que países no disponen con facilidad y que si los productores no logran ser competitivos es por la ausencia de esas condiciones, lo que motiva que tengan que trasladarse a otras actividades, además de que entre los países no existe libre movilidad de personas para el trabajo agrícola.

También mencionó, que debemos preguntarnos si somos realmente competitivos en la producción agrícola, con las condiciones de costos, condiciones medioambientales y sociales que tenemos, frente a los demás países de la región y frente a los subsidios y exoneraciones aplicadas en los países desarrollados.

Adicionalmente, dijo hay que recordar que existe una importante inestabilidad de los precios de los alimentos y que la seguridad y soberanía alimentaria deben prevalecer sobre las condiciones del comercio, sin olvidar los problemas generados por el cambio climático que están afectando la producción agroalimentaria.

Andrey, concluyó que se debe analizar con cuidado los efectos que puede tener la vinculación a la Alianza del Pacífico (AP) sobre los productores nacionales y sus condiciones de producción, por lo que una decisión de ese tipo no debe centrarse en la parte comercial, si no considerar esos otros aspectos sociales, ambientales y de seguridad alimentaria, para determinar con claridad que va a pasar con los agricultores.

El consultor Renzo Céspedes por su parte, incluyó en su exposición los problemas principales del sector agropecuario en la actualidad, tales como:

-una política cambiaria y fiscal contraria al sector agropecuario

-una política unilateral de reducción de aranceles para desmantelar el sector

-ausencia de una política adecuada sobre el mercado de agroquímicos y de regulación del ingreso de nuevas tecnologías

-una política de comercio exterior de apertura sin medir los beneficios reales para los productores

-una tasa de crecimiento del sector negativa y estancada en la última década

Ante esta situación del sector, el consultor Céspedes expuso las que son a su criterio las amenazas de la integración a la Alianza del Pacífico, entre ellas:

*Los decretos ejecutivos para la reducción de aranceles aplicados por el gobierno, como el caso de la producción y el comercio del arroz

*la activación del proceso de la integración a la AP sin analizar los beneficios para las actividades y los productores

*el estado de situación de los TLC estados con los diferentes países de USA, Canadá, México y los otros países que componen la AP

*la perspectiva de que, con el ingreso a la AP, se podría abrir la incorporación a la APEC y otros bloques de comercio más amplios

*y la poca atención a que el comercio entre los miembros de la AP no es relevante y el intercambio comercial es limitado y por lo que el intercambio con esos países no sería atractivo

*tenemos ya tratados con los países del bloque AP, en los que el intercambio de bienes es bajo, por lo que realmente la AP no abriría nuevas oportunidades de comercio

*esos países tienen costos de mano de obra y de la energía menores a los nuestros, además de que aplican subsidios en seguros de cosecha y exenciones a los productores de hasta un 60%, por lo que nuestros productores no podrían ser competitivos

*los tratados de libre comercio con esos países habían logrado excluir algunos productos sensibles para la producción nacional, por lo que no tiene sentido ahora eliminar esas exclusiones y exponer a los productores nacionales a una competencia desigual

*la integración a la AP sólo generaría flujos de comercio unidireccional, de esos países hacia el nuestro, del que sólo se aprovecharían unas pocas empresas importadores de productos agrícolas

En definitiva, abrir el mercado a esos países sin entender las distorsiones existentes y el escaso beneficio para nuestros productores, sólo provocaría el aumento en la pobreza rural y la desigualdad en las zonas agrícolas del país, reveló.

El estudiante de la Maestría en Agroecología de la Escuela de Ciencias Agrarias, Osvaldo Quesada, señaló algunos posibles efectos de la AP sobre el sector agropecuario, como los siguientes:

-Costa Rica se ha planteado objetivos para una política de seguridad alimentaria que garantice el derecho a una alimentación adecuada que serían afectados

-la pandemia mostró la importancia de mantener la disponibilidad de alimentos

-la pregunta sería una negociación o una adhesión a la AP?, pero en vista a que la AP tiene una normativa vigente, lo que se impone es una adhesión

-en los tratados se incluyen exclusiones a sectores vulnerables, el AP implicaría renegociar las exclusiones bilaterales

-Costa Rica no es competitivo en algunos productos, debido a los costos, subsidios y apoyo gubernamental de esos países a sus productores

-el ingreso a la AP pondría en riesgo más de 250 mil productores y más de 240 mil empleos

-la disminución de aranceles no significa necesariamente precios más bajos para los consumidores

-la defensa del consumidor es la producción local, no los productos importados

-el mercado ya es injusto para los productores nacionales, por las cadenas de intermediación que manejan el comercio de los productos, como el caso del frijol y la naranja

De ahí que hay que preguntarse: ¿En qué beneficia a los productores y a los consumidores, el ingreso a la AP?

El empresario Álvaro Sáenz, expresidente de la Cámara de Agricultura, mencionó sobre la incorporación de Costa Rica a la AP, elementos como:

-hay una ausencia notoria del gobierno en el apoyo a la producción nacional, por lo que en la agricultura no hay una ayuda a la producción como en otras actividades

-las decisiones que se tomen ahora deben ser consultadas, ya que afectan al país en los próximos 20 o 30 años

-es necesario construir una política agrícola de largo plazo, ya que los gobiernos cambian cada 3 años

-la agricultura está estancada, lo confirma el bajo nivel del IMAGRO en los últimos años

-los indicadores son claros, la producción es baja, los precios de los fertilizantes altos, la pobreza rural aumentó al 28%, el 70% de la población rural vive de la agricultura

-la producción agrícola se realiza con varios modelos asociativos, las cooperativas, micro y pequeñas empresas, que serían muy afectados

-la importancia de los aranceles para los países es indudable, representa la protección ante condiciones diversas del comercio y si estos se eliminan los precios de los productos no bajan, como se ha demostrado con el arroz

-la importancia de producir la comida ha quedado en evidencia, con el surgimiento de la pandemia, la crisis de los contenedores, la guerra en Ucrania y el aumento de los insumos agrícolas

-la importación de comida es un gran negocio para unos pocos, que en este caso se verían beneficiados con el aumento de las importaciones de los países de la AP.

-la AP es una unión aduanera de 4 países, que no garantiza que podremos exportar más productos, porque existen sistemas de protección fitosanitaria que estos aplican a nuestros productos

-con el ingreso a la AP, no será posible mantener las exclusiones existentes para algunos productos

El proceso de ingreso a la AP presenta varias falacias:

-que la mayoría del empleo agrícola está ligado a la agroexportación, también la agricultura familiar genera una alta cantidad de empleos

-la producción de alimentos no será destruida por la importación, si no que la importación es complementaria

-los consumidores se ven favorecidos con la importación de alimentos, porque los precios tienden a bajar para los consumidores que más consumen alimentos.

Entre las conclusiones de Saénz se encuentran que la comida es perecedera por eso es estratégica para los países y que una vez que se quiebra la producción interna, es imposible recuperarla.

Así mismo, que la canasta básica quedará amarrada a las importaciones, que los precios de los alimentos nunca bajarán, el gobierno está destruyendo a los agricultores con los decretos de rebaja de los aranceles y que la integración a la AP traerá pobreza y descapitalización de los productores agrícolas.

El dirigente campesino Guido Vargas, en su exposición recordó la visión del agrónomo don José Calvo, que decía que, si existiera la libertad de mercado, pero en realidad el mercado es administrado, por lo que los países deben mantener y proteger la seguridad alimentaria de la población.

Indicó también que, si somos competitivos en algunos productos, pero no frente a los subsidios que aplican algunos países, y que por eso en los tratados bilaterales se negocian asimetrías.

Dice que el gobierno pretende que entremos a competir con los países de la AP, pero se pregunta: ¿Dónde está el negocio de la AP? ¿Para quién es el negocio?

Recuerda que las organizaciones han insistido en una agenda de competitividad y de reactivación económica de la agricultura, pero pregunta: ¿Dónde quedó esa agenda? “No la hemos visto”, afirma.

Manifiesta Guido, que las políticas se hacen sin consultar a los agricultores, solo se las envían para que las conozcan, pero los agricultores deben participar en las negociaciones para que “la cancha se empareje para todos” y que así ha sido en el caso de la integración a la AP que el gobierno mantiene en su agenda.

Reitera que mantener la seguridad alimentaria es una obligación, por la comida y el abrigo son esenciales y ahora con la importación de alimentos, lo que se podría dar es un oligopolio de esta actividad, lo que será perjudicial para los productores.

La diputada Kattia Cambronero, comentó que el sector agropecuario no tiene un modelo de desarrollo efectivo, como si lo tienen otras actividades, ni tampoco un modelo desarrollo territorial, pues esta actividad está en abandono.

Recuerda que el 73% de la población rural vive del agro y que el agro genera más de 270 mil, pero no tiene condiciones diferenciadas para su desarrollo, como créditos, comercialización favorable y más bien funciona con altos costos y tiene problemas en el uso de los agroquímicos y se pregunta además cuál es la política de desarrollo tecnológico del MAG?

Señala la diputada, que debemos seguir produciendo lo que consumimos y que por el contrario hay que desarrollar mejor los mercados locales y resolver el tema de los seguros de cosechas, el que disponen en otros países y aquí no se ha logrado con el INS.

Agrega que no tenemos claridad de cómo podría el país ingresar a la AP ni de cuál sería el potencial para hacerlo. Indica que antes hay que resolver problemas de competitividad, mientras el sector está en franca caída y no tiene el apoyo técnico y financiero necesario, ni es capaz de enfrentar el cambio climático, ni de disminuir la desigualdad existente en las zonas rurales.

La asesora Gabriela Víquez, apuntó una serie de problemas que caracterizan al sector, como:

-el sector tiene débiles instituciones, como el MAG y no se ha pensado en la especialización

-existe un fuerte contrabando de productos agrícolas, además de permisos de importación que afectan a los productores, como pen el caso de la cebolla que abunda en el mercado

-hay contaminación por el excesivo y mal uso de agroquímicos

-la extensión agrícola está en manos de las empresas comercializadoras de insumos

-existen altos costos y elevadas cargas sociales

-no tenemos un seguro de cosechas que proteja la producción y la inversión

-los márgenes de comercialización son elevados

-hay una débil unidad de defensa comercial en el MEIC, por lo que el sector está en estado de indefensión

-es necesario analizar cada uno de los TLCs y sus implicaciones para las actividades productivas

-no hay una verdadera política pública para el sector agropecuario

-recordó que la alimentación es un contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos.

Ante la situación mencionada, Víquez afirmó que la AP es una “piedra más”, que va a traer ruina a los agricultores y a la mano de obra agrícola. Se pregunta: ¿Que le dirá a su padre productor agrícola y a su sobrino que quisiera ser agricultor, con respecto al futuro de la actividad agrícola?

Finalmente, el Rector de la UNA, Francisco González, efectuó la clausura del foro, expresando el deseo de la Universidad de aportar al diálogo sobre la temática de la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y para que se elabore una política agropecuaria adecuada e integral en conjunto con todos los actores sociales.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Comunicado público en apoyo a nuestros agricultores

El sector agrícola nacional es, sin temor a equivocarnos, el más vital para nuestra economía

Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura; nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que existimos en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne.

Wendell Berry

San José, 29 de March de 2023

La Soberanía Alimentaria en un mundo globalizado, pero convulso geopolíticamente, es la mejor estrategia de Seguridad Alimentaria. No debemos renunciar nunca a este horizonte regulador del Estado Social y Democrático de Derecho. Nuestra agricultura, nuestro Sector Productivo Agropecuario como un todo, nuestra soberanía y seguridad alimentarias, la institucionalidad democrática misma y ese Estado Social de Derecho están en peligro y bajo ataque sistemático.

Por décadas, un viejo y fracasado Modelo Neoliberal que ha sido impuesto al país ha venido, sistemáticamente, acorralando la vocación agrícola costarricense en beneficio de unos pocos, amenazando la Paz Social, nuestras conquistas sociales; y agudizando así la Exclusión Social y sus efectos, la desigualdad y la pobreza estructural. Hemos estado a merced de las élites económicas que se disputan entre sí, sólo su propio beneficio y han venido usurpando el poder político para lograrlo.

Las actuales políticas públicas en materia agropecuaria, en especial con la llamada Ruta del Arroz promovidas por esta Administración, se pretenden justificar en un discurso de un supuesto “beneficio en el precio al consumidor”, pero de paso sacrifican al pequeño y mediano productor agrícola y a las MIPYMES relacionadas, dejando a su suerte a decenas de miles de familias. A pesar de esto, la promesa de bajar los precios ha sido un fiasco, pues a pesar de la exoneración de casi el total de aranceles para los importadores, el beneficio nunca llegó al consumidor. Los productos alimentarios de la canasta básica suben día a día.

Peor aún, a pesar de ser un país con capacidad de producción agropecuaria histórica, la política pública del presente gobierno promueve el desmantelamiento del sector productivo agrícola, en beneficio de los importadores, agronegocios monopólicos y otras élites económicas; que ha tenido como consecuencia el hacernos dependientes de la especulación de los precios internacionales por parte de las grandes potencias.

Lo hace, este gobierno en el peor momento, dado el escenario que vive el mundo, con potencias enfrascadas en reacomodos geopolíticos y guerras, no sólo bélicas, sino comerciales. Esto lo han advertido, incluso, los mismos organismos internacionales que promovieron el fallido modelo globalizador neoliberal, como el propio Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; considerando que hay ejemplos exitosos, incluso de países pequeños, dentro del misma lógica globalizada, como el de Países Bajos -mayor exportador de productos agrarios del Mundo- después de los Estados Unidos.

Desde el Foro Encuentro Democrático apoyamos la lucha del sector productivo agrícola nacional e instamos vehemente al gobierno a sentarse en una, real y abierta, mesa de diálogo que revierta su draconiana política para el Agro, que ha resultado nefasta para la gran mayoría del pueblo costarricense.

Proponemos, desde el Foro Encuentro Democrático, una alianza plural de los diversos sectores productivos del país, en torno a la defensa estratégica y patriótica del Sector Agropecuario, del Mercado Interno, del ambiente y de un nuevo Proyecto Nacional, justo, democrático y con Inclusión Social. Sólo así se garantizará el rescate inteligente del Estado Social y Democrático de Derecho, del Neoliberalismo y su nueva demagogia populista y neoconservadora.

Coordinación del Encuentro Democrático
Tamara Briceño Escalante
Tatiana Herrera Ávila
Alfredo Chocano Dobles
Jaime Cerdas Solano
Hernán Salazar Calderón
Johana Hernández Mora
José Solano-Saborío
Jiddu Rojas Jiménez