Lunes 21 de Octubre 2024. La Defensoría de los Habitantes llama la atención a las autoridades gubernamentales sobre la alerta emitida por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional sobre un faltante de casi 42.000 millones de colones para cubrir pensiones de docentes no presupuestadas en 2024 y 2025, con el consecuente perjuicio para casi 113.000 trabajadoras y trabajadores del sector educativo.
Este faltante se suma ahora al denunciado faltante de 17.000 millones de colones para cubrir sueldos de educadoras y educadores los últimos meses de 2024, y más de 100.000 millones de colones en el presupuesto del próximo año del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La preocupación se ahonda en virtud de que el debilitamiento de la educación costarricense se refleja no solo en el presupuesto para infraestructura y mejoras al proceso educativo, sino también en los recursos que se deben direccionar para cubrir los derechos laborales del personal docente, en demérito de la calidad de la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría recibe cientos de quejas relacionadas con problemas de no pago de sumas de dineros por diversos motivos, que afectan el monto del salario que deben recibir, y que transgreden el derecho a un salario digno y justo y el derecho a la seguridad social que como Estado deben tutelarse y garantizarse, por lo que vehementemente insta de nuevo a la autoridades competentes para que cesen las vulneraciones en materia del cumplimiento de los derechos laborales hacia el sector educativo.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El SEC, solicita al MEP poner fin al congelamiento salarial y pagar los incrementos salariales acumulados desde el 2020; además, reconocer por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada, que no se pagan al personal desde el año pasado.
Comunicado
El SEC solicitó esta semana al Ministerio de Educación Pública (MEP), establecer una política salarial para el sector educación, que ponga fin al congelamiento salarial. Solicitó pagar de inmediato y en su totalidad los incrementos salariales acumulados desde el 2020; así como el reconocimiento por reasignación de puestos y resolución del pago de 102 recargos y aumentos de jornada que no se pagan al personal del MEP desde el año pasado.
Se debe terminar con el congelamiento salarial
El SEC recodó a las autoridades del MEP, que a partir de la entrada en vigencia de la regla fiscal de gasto, establecida por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 del 3 de diciembre del 2018 – artículos 11 inciso d) y 13 inciso c) -, ahora reforzada por disposición de los transitorios XI y XII de la Ley Marco de Empleo Público, N° 10.159 del 8 de marzo del 2022, se ha establecido una política de congelamiento salarial indefinida, que en enero 2024 entró en su 5° año consecutivo de vigencia.
El SEC indicó a las autoridades del MEP, que el congelamiento salarial impacta negativamente al personal del sector educativo, pues el estancamiento de los salarios con relación al costo de vida implica un deterioro creciente en los ingresos reales y en el poder adquisitivo de las personas trabajadoras, pese al notorio incremento de los precios en bienes y servicios necesarios para la subsistencia de sus familias.
Se argumentó por parte del SEC, que el propio Procurador General de la República Iván Vinicio Vincenti Rojas, actuando como abogado del Estado, advirtió que el congelamiento salarial indefinido es inconstitucional por contrario a los derechos fundamentales y situaciones jurídicas consolidadas de las personas funcionarias. El Procurador señaló en su oportunidad, que sobre el tema la propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado en dos ocasiones mediante los votos 200305374 y 2021017.098, indicando que el congelamiento salarial no puede ser permanente “… supone un sacrificio del trabajador, al no ver aumentado su salario pese al aumento en el costo de vida, se puede hacer únicamente por un plazo definido o determinado y únicamente por circunstancias de orden extraordinario o de interés nacional. El congelamiento indefinido en el tiempo afectaría ilegítimamente situaciones jurídicas consolidadas a futuro y constituiría un abuso estatal ad infinitum, ya que no solo perjudicaría el salario del funcionario, sino otros derechos como la jubilación…”
Las circunstancias fiscales de orden extraordinario que justificaron la imposición del congelamiento salarial en el 2020, en buena medida han quedado superadas: “… “Estamos por cerrar con un superávit primario por segundo año consecutivo, lograremos alcanzar una relación deuda a PIB cercana al 60%; resultado que se veía casi imposible dos años atrás cuando se esperaba que para el término del 2023 la deuda se ubicara por encima del 70% el PIB”. (Revista electrónica SUMA, 23 de diciembre 2023). Igualmente, es el propio Banco Central quien recalificó las estimaciones nacionales de crecimiento de la productividad al alza (5% en el 2023 y 4.3% para el 2024); mejora sustantiva en la estabilidad macroeconómica nacional de la cual no debe quedar excluida la población laboral que integra el Magisterio Nacional.
Por lo anterior, el SEC solicita revisar la política salarial, para devolver al salario de las personas funcionarias del MEP su valor adquisitivo de acuerdo con el costo de vida, terminando con el injusto castigo al que se les ha sometido por tanto tiempo y no solo en razón a sus derechos fundamentales advertidos por el Procurador General, sino también, para detener la fuga de trabajadores altamente calificados que está afectando la calidad del servicio público.
El MEP debe pagar en forma retroactiva el aumento de salarios adeudados desde enero del 2022
El SEC denuncia también, el incumplimiento reiterado en el pago del aumento salarial aprobado el 17 de diciembre del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42.121-MTSSS-H-MIDEPLAN, vigente desde el 1° de enero 2020, según la siguiente escala:
Grupo salarial
Aumento total a salario base
Meses adeudados
Total adeudado a enero 2024
1
₡8.750
49
₡428.750
2
₡8.500
49
₡416.500
3
₡8.000
49
₡392.000
4
₡7.750
49
₡379.750
5
₡7.500
49
₡367.500
En la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2024 (N°10.427), se incluyó la autorización para realizar dicho pago retroactivo a todas las personas trabajadoras, por lo que el MEP cuenta con los recursos suficientes para realizar el pago de lo adeudado a cada trabajador y trabajadora en forma inmediata y no existe justificación para continuar postponiendo dicho pago retroactivo; y el mismo debe hacerse efectivo para todas las personas funcionarias incluso para aquellas que migraron al salario global, por cuanto se trata de un incremento salarial retroactivo, acumulado desde ante de que entrara a regir el salario global en setiembre del año 2023.
El MEP dejó de pagar 102 recargos e incrementos de jornadas
Con la entrada en vigencia del salario global el MEP ha dejado de pagar recargos e incrementos de jornada necesarios para mantener la continuidad del servicio educativo público; lo anterior debido a que la Ley Marco de Empleo Público no previó cómo atender aquellos servicios educativos donde es necesario que la persona funcionaria responsable, asuma funciones adicionales a las de supuesto y /o jornada, las cuáles deben ser remuneradas adicionalmente; caso contrario, nadie asume el cargo, o si lo hace sin recibir la remuneración extra, se le estaría causando un perjuicio grave, sometiéndolo a un tratamiento discriminatorio e injusto.
Se trata de una situación particular del servicio educativo, que pese a las advertencias formuladas a las y los legisladores de entonces por los sindicatos magisteriales y el propio MEP, mientras se discutía el proyecto de Ley Marco de Empleo Público no fueron atendidas, generándose en la nueva normativa una prohibición absoluta para el pago de componentes salariales adicionales al salario global, el cual hoy afecta al menos 102 actividades muy propias del servicio educativo, que no pueden realizarse por la prohibición legal de pagarlas de manera adicional al salario global. Esos recargos y aumentos de jornada serían:
AFECTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGOS – SALARIO GLOBAL PENDIENTES DE TRAMITAR
TIPO DE RECARGO
CANTIDAD
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN I Y II CICLO
11
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN MATERIAS COMPLEMENTARIAS
36
AMPLIACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN PREESCOLAR
12
AUXILIAR DE VIGILANCIA DE CENTRO EDUCATIVO
7
CONSERJE DE CENTRO EDUCATIVO
6
OFICIAL DE SEGURIDAD DE SERVICIO CIVIL 1
2
RECARGO (PRIN) RECUPERACIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS
10
RECARGO COMITÉ DE APOYO EDUCATIVO
3
RECARGO COMITÉ DE EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES
8
RECARGO ESCUELAS MODALIDAD HORARIO AMPLIADO
6
TRABAJADOR CALIFICADO DE SERVICIO CIVIL 1
1
TOTAL
102
Se debe reestablecer el pago de incrementos salariales por reasignación de puestos
Otra situación habitual en el servicio público educativo es que se modifiquen los límites de matrícula en un centro, pasando la institución a otra categoría administrativa (De dirección 1 a dirección 2 por ejemplo); por lo que se debe realizar un estudio del puesto para recalificar el salario de la persona directora. Al igual que en los casos de recargos y aumentos de jornada, son situaciones particulares que solo ocurren en el sistema educativo y que fueron habituales y necesarias para mantener la continuidad del servicio educativo, las cuales hoy se han dejado de pagar.
En esa misma línea, personas que están desempeñando gestión educativa en instituciones que aumentaron su matrícula de un año a otro por la dinámica social propia de la comunidad a la que pertenecen, no pueden recibir el salario correspondiente a la categoría actual del centro educativo, ya que está prohibido reasignar puestos cuando ello implique pasar a un nivel salarial superior.
Situación de contexto y la protesta social como alternativa:
El personal del MEP aún no termina de asimilar las situaciones adversas creadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (principalmente la imposición de una regla fiscal de gasto), y por la Ley Marco de Empleo Público (principalmente por las implicaciones del salario global), que a la fecha han precarizado sus retribuciones salariales, terminado con las posibilidades de desarrollo profesional y que establecieron – ambas leyes -, obstáculos insalvables para la buena prestación del servicio público educativo.
Hasta el momento la situación se toleró por las condiciones extraordinarias impuestas por la pandemia COVID 19 y, por las alegadas “circunstancias – fiscales – de orden extraordinario o de interés nacional”, con que se justificó en el 2018 el congelamiento salarial mediante la imposición de la regla fiscal de gasto.
Pero a la fecha, después de padecer tan adversas circunstancias salariales por cinco años, y en momentos en que las condiciones fiscales del país han mejorado ostensiblemente, el personal del MEP no está dispuesto a tolerar por más tiempo el menoscabo de sus derechos salariales.
En este nuevo contexto, se hace evidente que otro incumplimiento salarial no será tolerado y que trabajadores y trabajadoras de la educación presionarán hasta obtener una justa revisión de la política salarial actual; y el SEC, como fiel representante de su afiliación, se prepara para hacer valer – inicialmente por vías de la negociación o en su defecto por las vías de la protesta social -, esa legítima aspiración del Magisterio Nacional a recibir los incrementos salariales que le corresponden y a tener una política salarial que dignifique su trabajo y reconozca todas las particularidades del sector educación.
El SEC advierte a las autoridades del MEP, al Gobierno y a la ciudadanía en general, que el incumplimiento en el pago de los salarios es una falta grave a las obligaciones patronales, que faculta al personal afectado para solicitar la declaratoria de una huelga legal; por lo que el SEC espera una respuesta oportuna y definitiva a las peticiones salariales planteadas, para evitar que la situación laboral se desborde y pueda afectar el inicio normal de año lectivo 2024.
Atentamente, Gilbert Díaz Vásquez. Presidente SEC Yorgina Alvarado Díaz. Secretaria general SEC
El SEC hace un llamado al Gobierno para que así como estableció nuevamente la restricción vehicular y otras medidas sanitarias inmediatas entre ellas el teletrabajo para distintas instituciones, también se incluya al sector educación en esta modalidad y se asigne la virtualidad al Curso Lectivo actual, suspendiendo la presencialidad el tiempo que resta del primer semestre, como mínimo.
Actualmente los contagios que se están registrando con la tercera ola de Covid-19 son alarmantes, por lo que nuevamente reiteramos el llamado que hicimos desde diciembre del 2020, cuando exigimos la vacunación inmediata a todo el Magisterio Nacional, para garantizar la tranquilidad emocional y la salud de toda la comunidad educativa, previendo una situación como la que estamos viviendo ahora.
¡Con la salud y la vida de las personas no se juega!
La falta de liquidez comunicada por el Poder Ejecutivo coloca a las universidades públicas – y en particular a la Universidad de Costa Rica (UCR) – en una incógnita financiera de cara al presupuesto del próximo año, el cual deberá presentar la Rectoría al Consejo Universitario el próximo 26 de agosto.
Según el gobierno central, como ha trascendido en la prensa nacional, la escasez de recursos puede complicar el cumplimiento del mandato constitucional, el cual establece el 8% del producto interno bruto (PIB) para el sector educación. Esta incertidumbre ha provocado que no exista al día de hoy ningún planteamiento específico sobre el FEES del próximo año, lo cual causa inquietud en el Consejo Nacional de Rectores (Conare), instancia que espera una pronta definición del presupuesto para 2018.
«No tenemos un avance concreto en la negociación del FEES. Estamos en incertidumbre financiera. No contamos aún con una oferta clara por parte del gobierno, por lo que esperamos que se intensifiquen en frecuencia y profundidad las negociaciones en la Comisión de Enlace. El Poder Ejecutivo ha sido transparente al mencionar que se encuentra en una situación de bajos ingresos que dificulta hacer los giros correspondientes», explicó el rector de la UCR, Dr. Henning Jensen.
Estos atrasos en el giro del FEES ya han golpeado las finanzas actuales de las instituciones públicas de educación superior. La UCR reporta una demora tanto de los recursos provenientes del fondo como de otras fuentes de financiamiento procedentes del Ejecutivo, según informó el Vicerrector de Administración, Dr. Carlos Araya.
«De acuerdo con lo establecido en el convenio del FEES, este se gira en treceavos: en el mes de enero se giran dos cuotas y después uno por mes. La costumbre es que los treceavos se giren el día 10 de cada mes. Hacemos el flujo de caja con proyecciones de esa fecha. Hemos tenido pequeños atrasos de un día, pero en julio tuvimos una demora de cuatro días por parte de la Tesorería Nacional, que posteriormente solicitó cuatro días más. Además hemos sufrido atrasos en el depósito de recursos más allá del FEES, como los establecidos por ley para el recinto de Paraíso», expresó el Dr. Araya.
El vicerrector además subrayó que ante estos atrasos, la Tesorería Nacional ha establecido algunas regulaciones a cambio del envío de esos fondos, como la solicitud de información financiera hecha a nuestra institución. Ante esto, la UCR ha respondido que estos recursos deben enviarse de manera paralela y simultánea al FEES, sin requisitos nuevos adicionales.
Una de las instancias universitarias afectadas por esos atrasos de presupuestos fuera del FEES ha sido el Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el cual lleva varios meses a la espera de la cancelación proveniente del porcentaje que por ley le corresponde del impuesto a los combustibles. A la fecha, el gobierno ha dicho que girará los fondos de manera parcial, de acuerdo con el director del Lanamme, M.Sc. Alejandro Navas.
«Tenemos compromisos adquiridos y estos atrasos complican nuestras obligaciones financieras para el resto del año, aunque esto depende de cuánto se prolongue la demora. Nos han ofrecido girarnos solo el monto de planillas, de esta forma no comprometemos al personal, pero no podríamos seguir ejecutando las tareas que por ley le corresponde al Lanamme (como la fiscalización de las carreteras, ndr*); mientras tanto, el gobierno sí recauda el impuesto a los combustibles con cada vehículo que pasa por una gasolinera. Necesitamos una entrevista con el tesorero nacional para que nos explique cuáles serán las medidas por tomar», comentó el director de Lanamme.
La definición del monto para el FEES 2018 es básica para que el gobierno central defina el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario 2018, el cual debe quedar aprobado a más tardar el 29 de noviembre por la Asamblea Legislativa.
