Ir al contenido principal

Etiqueta: sector público

Cartas enviadas por CLATE en apoyo a la lucha sindical y social, contra el Proyecto Empleo Público

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

El pasado 14 de abril del 2021 la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) enviaron cartas al señor Eduardo Cruickshannk Smith, presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica con el motivo de apoyar la lucha sindical y social en contra del proyecto de Empleo Público.

Estas cartas, lo que expresan es la preocupación de que con el argumento del ajuste fiscal se puedan impulsar de alguna manera políticas que puedan eliminar derechos adquiridos y puede tender a precarizar aún más las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector público, quienes son los que día a día brindan servicios esenciales y garantizan los derechos de la población.

Si quiere conocer el documento a profundidad, lo adjuntamos para descarga:

Costa-Rica_Eduardo-Cruickshank-SmithDescarga

 

Enviado a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Ley de empleo público y congelación de los salarios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Dos preguntas obligatorias ante la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa

¿Es esta una ley que procura ordenar el empleo público y terminar con la desigualdad salarial entre instituciones, o es una disimulada ley tributaria con la cual se pretende disminuir el déficit y la deuda pública?

¿Quiénes son los trabajadores del Estado a quienes se les obligará a pagar la deuda pública, y por qué ellos llevarán la peor parte en la voracidad estatal por recaudar impuestos entre los trabajadores?

Con la ley de empleo público, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, se piensa recaudar, según un estudio hecho por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un 1,8% del PIB por año. En la primera década un 1,31%, en la segunda un 1,72% y en la tercera un 1,46% del PIB. Esto equivale a cobrar 653.000 millones de colones por año que se le rebajará de los sueldos y salarios de los 280.00 empleados públicos. En 30 años los empleados públicos pagarán 19.590.000 millones de colones, un 54% del PIB anual. En promedio cada trabajador pagará 68,7 millones de colones.

Este gravoso e injusto impuesto que se le impone a los trabajadores equivale a descontarle en promedio 2,3 millones de colones por año, o sea 195 mil colones por mes.

Las víctimas de esta injusta tributación son:

En el año 2018 el sector público tenía empleados 275.375, en el 2019 se produciría una creación neta de 774 puestos de trabajo y en el 2020 de 367 plazas. Este conjunto pertenece a 217 instituciones, entre gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

¿Cómo se compone esta fuerza laboral del Estado?

Un 37,4% trabajan en el sector educativo, la mayor parte maestros y profesores, 103.079. Apreciables y sacrificados trabajadores que con su cultura forman a todos nuestros hijos e hijas para el servicio de la patria.

Un 20,6% son trabajadores de la salud, buena parte de ellos son médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, en los cuales ponemos nuestra vida y salud cuando más los necesitamos. ¿Cuánto sufrimiento humano son capaces de afrontar con estoicismo estos nobles trabajadores, que nos alivian y nos consuelan en nuestros padecimientos? Ellos son 56.683 empleados.

UN 9,7% trabajan en la seguridad, de ellos depende la vida y la hacienda de todos nosotros quienes ante el peligro no dudamos en marcar el 911 y ellos no dudan en exponer sus vidas para evitar el crimen y el delito. 26.748 son policías o trabajan con ellos.

Un 7,5% son trabajadores del sector de energía y ambiente; todos sabemos y comprendemos la importancia de contar con la energía diariamente en nuestro hogar y en nuestro trabajo y también cuanto les debemos a quienes cuidan el ambiente en el cual vivimos.20.677 trabajadores.

Un 6,8% trabajan en hacienda y financiero, son los “malos de la película”, los que manejan nuestros dineros, públicos y privados y de cuya honestidad dependemos todos. Estos son un conjunto de 18.772 empleados

Un 5,7% son quienes trabajan en la elaboración de leyes y su aplicación, la Corte y la Asamblea, otros “malísimos” que tanto nos hacen sufrir y tan poco que se disculpan. Aquí trabajan 15.784 funcionarios de los que no podemos prescindir y quienes en su mayor parte son inocentes de las culpas de sus mentores.

En las municipalidades trabajan 15.156 empleados, un 5,5%.

Y todos los demás son un 6,8%, es decir 18.486 empleados públicos.

La mayor parte de todos estos trabajadores, por no decir todos, tuvieron que estudiar y prepararse, con muchos años de dedicación para ejercer en forma idónea sus puestos. Nadie quiere pensar cuan importantes son sus labores, ahora el conjunto de políticos, quienes han sido los que los comandaban y quienes han equivocado el camino por el cual transitar económicamente, creando enormes déficits y aumentando la deuda pública, les pagan sus servicios condenándolos a trabajar por siempre con un mismo sueldo; o sea sin la necesaria esperanza de que su experiencia se reconozca y se aumente su remuneración en sus años de madurez profesional.

Se ufanan en desglosar la injusta tributación que les impondrán a los empleados públicos, nos dicen que lo que le cobrarán a los empleados de los ministerios será un 0,8% del PIB en la primera década, un 0,94% en el segundo y un 0,98% en el tercero. Como sabemos el grueso de trabajadores de los ministerios son los maestros y los policías, que forman en conjunto un 47% de todos los trabajadores y un 85% de los trabajadores de los ministerios, entonces nuestros amados maestros y nuestros necesarios policías sufrirán un deterioro de sus salarios de 0,68% del PIB o sea de 246.840 millones en la primera década, un 0,64% del PIB, o sea 230.000 millones de colones, en la segunda década y un 0,71% del PIB, o sea 255.000 millones de colones, en la tercera década.

Esto equivale a un impuesto de 7.320.000 millones de colones en treinta años, que equivale a pagar en treinta años cinco PIB anuales, en términos porcentuales un 20,3% del PIB.

En promedio cada trabajador tributará 56,300.000 colones en los primeros treinta años, ya que adelante no recibirán tampoco incentivos salariales de ninguna especie.

Los empleados de la CCSS deberán tributar a su vez un 2,7 % del PIB en la primera década, un 4,3% del PIB en la segunda década y un 2,7% del PIB en la tercera década, en total en treinta años tributarán 9,7%del PIB que equivale a pagar 3.521.100 millones de colones en treinta años.

Ante esta inicua agresión de la clase política a los trabajadores del sector público es previsible una reacción equivalente, que sucederá pronto y por la vía más expedita. No es justo que todo el peso de la deuda se le recargue al sector trabajador cuando debería distribuirse proporcionalmente a todos los ciudadanos que estén en capacidad de contribuir con una disminución de los ingresos.

Alguien me dirá que este no es un impuesto, es cierto, pero en sus consecuencias es idéntico a tal. La diferencia es que el impuesto de descuenta del salario antes de ser pagado, este proceso de congelar los salarios negándoles sus aumentos anuales, se diferencia en que ya no será necesaria la deducción, porque el salario no tendrá el aumento y se evitarán la anotación que requeriría el impuesto.

Muy ingenioso, verdad.

Nota: Todos los cálculos están basados en publicaciones del periódico La Nación del 13 de setiembre de 1919 la cantidad y distribución de los empleados públicos y del 9 de abril del 2021 los cálculos de MIDEPLAN sobre el Proyecto de Empleo Público.

 

Foto: MEP

Las élites del poder de Costa Rica en toda su miseria moral

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.

¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.

Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.

Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)

Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.

Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.

Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.

Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?

Concentración contra el Proyecto de Empleo Público y FMI

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Para este próximo viernes 05 de marzo cerca de 40 organizaciones convocan a una concentración contra el Proyecto de Ley de Empleo Público y FMI. Esta inicia a las 5:00pm en el Parque Central de San José y se movilizará hasta el Ministerio de Hacienda.

La consigna de la manifestación es: ¡La lucha es hoy!

  • Por la estabilidad laboral del sector público
  • Por servicios públicos de calidad
  • Por nuestro Estado Social de Derecho
  • Por la calidad de vida de mi familia

Adjunta encuentra la invitación formal del evento:

Que se mueran los pobres…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Que se mueran los pobres…” podría ser la versión actualizada de una vieja canción que se popularizó con su estribillo pegajoso y repetitivo: “Que se mueran los feos…, que se mueran todititos, toditos, toditos los feos, que se mueran…”.

Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, mientras 87 distritos reportan una morbilidad por causa del Covid 19 de 15 personas por cada 1.000 habitantes, 13 distritos reportan entre 70 y 166 casos; se trata principalmente de distritos del Gran Área Metropolitana con alta densidad poblacional (https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-reporta-una-morbilidad-covid-19-de-392-casos-por-cada-1-000-habitantes/), y algunos con altos índices de pobreza. Otras fuentes destacan que Talamanca es el territorio indígena con más adultos fallecidos por Covid 19.

El Canciller mejicano, Marcelo Ebrad, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acaparamiento de las primeras vacunas por parte especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos. A estas alturas hay varios países pobres donde no se ha aplicado ni una vacuna (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox?projector=1) O sea, los pobres que han sido las principales víctimas de la pandemia, debido a sus precarias condiciones socioeconómicas, ahora también serán víctimas de este inhumano acaparamiento por parte de los países ricos.

Para el Ministro sin “cartera”, André Garnier, designado por el gobierno de don Carlos Alvarado como enlace con el sector empresarial (resulta evidente que para este gobierno no es prioridad el enlace con el sector trabajador), el salario mínimo en este país es muy alto. Es decir, “que se mueran lo pobres…”.

La política de desmantelamiento de la institucionalidad social, que congela salarios y plazas en el sector público, ya está afectando servicios básicos como la salud y la educación; traerá como consecuencias una nueva “generación perdida”, como sucedió en la década de 1980, por no tener acceso a educación pública de calidad y contar con menos recursos para la atención en salud.

El sector financiero público y privado no ha estado a la altura de las circunstancias para facilitar el acceso a crédito a tasas razonables y renegociar deudas de pequeñas y medianas empresas que han sido inducidas a la quiebra por la contracción de la demanda en tiempos de pandemia.

Las altas tasas de desempleo que tienden a crecer con la política de contención y reducción del empleo público, así como el creciente subempleo en el sector privado, está conduciendo a una ampliación sin precedentes del sector informal, con impactos especialmente entre las mujeres jefas de hogar, lo que significará un empobrecimiento mayor del que ya se están sufriendo. Es decir, “que se mueran las pobres…”.

“Que se salven los ricos” es la consigna bajo la cual han venido aprobando leyes, a diestra y siniestra, las señoras y señores diputados, particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN), secundado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos religiosos fundamentalistas, Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PRN).

El azote “pandémico” neoliberal seguirá cobrando más víctimas en este país. Son las señales que emanan de la actual Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Los tiempos post-pandémicos serán dolorosamente sacrificiales. Es decir, “que se mueran los pobres…” y que “Dios los coja confesados”.

 

Foto: Semanario Universidad.

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.

Comunidades de Tamarindo y Sámara están listas para enfrentar tsunamis

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

El pasado 8 de febrero las comunidades de Tamarindo y Sámara recibieron el reconocimiento Tsunami Ready, cuatro más trabajan en cumplir con todos los indicadores.

SURCOS comparte la siguiente información de la Oficina Comunicación UNA:

El pasado 8 de febrero la Junta Nacional Tsunami Ready de Costa Rica (NTRB), por sus siglas en inglés), dio a conocer que, de las seis postulaciones, dos cumplen con los 10 indicadores para obtener el galardón y las restantes, deben trabajar en los próximos meses para que se les otorgue el reconocimiento.

El Programa Piloto Tsunami Ready de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO (IOC/UNESCO) está presente en los cuatro sistemas de alerta de tsunami del mundo: Pacífico, Caribe, Índico y Noreste Atlántico-Mediterráneo, cuenta con un logo unificado y su objetivo es reconocer a la comunidad sus esfuerzos para minimizar la pérdida de vidas y propiedad ocasionada por el embate de un tsunami y promover la preparación ante el peligro de un evento de este tipo.

Algunos de los indicadores que deben cumplir las comunidades son:

  • Señalar rutas de evacuación por tsunami.
  • Elaborar un mapa de evacuación por tsunami.
  • Elaborar y distribuir material educativo y divulgativo.
  • Realizar actividades divulgativas sobre tsunamis.
  • Preparar un Plan de Preparativos y Respuesta ante tsunamis.
  • Contar con mecanismos redundantes y funcionales 24/7 de recepción y diseminación de alertas de tsunami.
  • Realizar una simulación o simulacro de tsunami.

Las cuatro comunidades con indicadores pendientes a quienes también se les aprobó la entrega del galardón fueron:

  • Jacó y Quepos: solo falta la realización de la simulación o simulacro de tsunami.
  • Tivives tiene pendiente la simulación o simulacro y la realización de una actividad divulgativa de tsunami.
  • Uvita-Bahía (Osa) tiene pendiente colocar las señales de rutas de evacuación por tsunami y definir un tercer mecanismo de difusión de la alerta.

Las comunidades con requisitos pendientes deben cumplirlos en los próximos meses para la entrega oficial del reconocimiento.

Estas comunidades se suman a las de Ostional (reconocida en el 2017) y Playas del Coco (reconocida en el 2020). De esta manera Costa Rica se convierte en el país de América Central con más comunidades reconocidas Tsunami Ready. Este reconocimiento se debe renovar cada cuatro años.

“Este es un reconocimiento al trabajo de las comunidades y sus organizaciones que incluyen Comités Municipales de Emergencia (CMEs), Comités Comunales de Emergencia (CCEs), Asociaciones de Desarrollo Integral (ADIs), ASADAS, entre otras. Además, en algunas comunidades las escuelas y hoteles se han involucrado activamente en el proceso, por ejemplo, en Sámara y Tamarindo”, comentó Silvia Chacón, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA).

En algunos casos las señales de rutas de evacuación fueron donadas por entidades internacionales, como en Sámara que fueron donadas por la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y en Jacó, Quepos y Tivives, que fueron donadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América junto con las sirenas. En el caso de Tamarindo la mayoría de las señales fueron compradas por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI-Tamarindo), quienes además elaboraron un video informativo para los turistas. Algunas de las señales de Tamarindo y las señales de Uvita y Bahía fueron suministradas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Para Chacón, el reconocimiento Tsunami Ready y el uso de un logo unificado a nivel mundial, “representan un plus para el turismo en las comunidades reconocidas, contribuyendo a la reactivación económica que tanto necesita el país, ya que los turistas nacionales e internacionales que las visiten saben que encontrarán comunidades mejor preparadas para enfrentar un tsunami”.

Quepos con buena nota

La Municipalidad de Quepos inició en el 2017 un trabajo conjunto con la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (Edeca-UNA).  Uno de los múltiples frutos que ha dejado esta alianza, es la creación de la Comisión para el Cambio Climático, desde donde se realizaron las acciones para poder cumplir con los requisitos propuestos para obtener el Tsunami Ready.

“Hemos logrado trabajar sobre las dos amenazas más importantes del cantón: tsunamis e inundaciones, y ya la Comisión cuenta con una política sobre cambio climático aprobada por el Concejo Municipal que incluye protocolos para la atención de tsunamis y la afectación por inundaciones. En relación con los tsunamis con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental, logramos hacer videos informativos y educativos para el comercio, el sector pesquero, los hoteles, la comunidad y los centros educativos, explicó Vanessa Valerio, coordinadora del proyecto Estrategias participativas de cambio climático a nivel local, de la Edeca-UNA.

Para Warren Umaña, coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental, este es un trabajo de voluntad y apoyo de distintos sectores. “Hemos tenido que implementar muchas acciones como la rotulación de puntos seguros, las rutas de evacuación, la divulgación de videos y otros. Ya estamos muy cerca de recibir este reconocimiento, vamos a coordinar cuanto antes con la CNE para hacer el simulacro que nos hace falta, porque esto es un orgullo: qué bonito que el turista nos puede visitar y disfrutar de la biodiversidad del cantón, y además puede hacerlo de manera segura. Esto es muy importante principalmente ahora que necesitamos la reactivación económica”, dijo Umaña.

Para el vicealcalde Ronald Sánchez, este trabajo se une a otros que se están realizando en materia ambiental como la distribución de composteras y las rutas de reciclaje. “Es bonito recibir este reconocimiento porque nos dice que estamos haciendo bien las cosas, es un trabajo de alianzas donde participa la municipalidad, el sector público, el privado, el comercio, y los habitantes trabajando por el bien y la seguridad de nuestro cantón”.

Más información con Silvia Chacón, 8309- 6690, coordinadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (SINAMOT-UNA).

“Competitividad”: una falacia de igualitarismo con consecuencias antiéticas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez, Exmagistrado y profesor catedrático UCR

Me tomo la licencia de citar, sin recordar dónde lo leí, ni de quién es la autoría, una máxima que dice más o menos esto: “…la competitividad produce las mejores mercancías y los peores seres humanos…” Esta sabia observación nos plantea la necesidad de analizar, aunque sea muy brevemente, el aspecto lógico y las consecuencias éticas o morales de un fenómeno que se ha convertido en un lugar común de la teoría económica dominante. Se lanza, entre otras, la consigna de que solo la reducción del Estado-árbitro a su mínima expresión nos hará eficientes. Se grita que el sector público, sus asalariados y pensionados, son la causa de todos nuestros males. Se proclama que solo desplegando las alfombras rojas a la inversión extranjera —sin importar qué ventajas y gollerías impongan— será posible algún día una economía próspera; y se declara, cómo no, que solo la competitividad nos sacará de la parálisis y la pobreza. Cada uno de esos planteamientos daría para un análisis de fondo, pero refirámonos a este último.

No vamos negar los componentes biológicos y culturales que hacen de la competencia un aspecto que ha acompañado a la humanidad desde siempre. En tanto animales, mamíferos, homínidos, primates y sapiens, la competencia por destacar y ser el mejor en el apareamiento, la guerra, las expresiones artísticas o el deporte son realidades innegables. Pero la cuestión se vuelve un asunto de humanización o deshumanización cuando se trata de la convivencia social, de la sobrevivencia en medio de recursos escasos, de los requerimientos mínimos que una persona debe satisfacer para vivir con dignidad. Es decir, la cuestión se vuelve cualitativamente diferente cuando ingresamos al ámbito de la economía y sus consecuencias ético-políticas.

Todos los días y a todas horas se nos recuerda que, como individuos y como sociedad, tenemos que ser competitivos. Pero no se ahonda en lo que esto significa más allá de la mera consigna. En un mundo y una economía capitalista globalizada, lo que se plantea es la guerra de todos contra todos; se compite para ganar, pero fundamentalmente para desplazar y aniquilar a los competidores y ojalá dejarlos tirados en el camino. En última instancia, se trata de alcanzar el objetivo de dominar la competencia, tomar control de las reglas del juego y, por supuesto, dominar la actividad de que se trata y no permitir que otros cuestionen o desafíen el poder que se ha adquirido.

Con justa razón se ha dicho (Bauman/May; Pensando Sociológicamente) que la tal competitividad conduce indefectiblemente a tendencias y prácticas monopólicas y, con ello, a la máxima tensión, a la más grande polarización y a la misma autodestrucción del sistema de economía, supuestamente abierto y productivo, beneficioso para todas las personas.

El resultado final es muy simple, se sientan las bases de un mundo con ganadores y perdedores, con ricos hábiles, inteligentes y virtuosos y, en frente, pobres culpables de su situación por irresponsables, vagabundos o ineptos. No hay víctimas, y con ello también podemos acallar conciencias, con lo cual tomamos nota de una de las principales consecuencias antiéticas de esta cuestión.

No costará ver en el fondo, en el campo estrictamente lógico, un claro ejemplo de falacia igualitaria. Tal planteamiento toma como premisa de partida una falsedad palmaria, ya que, camino a la meta, no todo individuo parte del mismo punto ni con las mismas condiciones, porque no todos han tenido las mismas oportunidades para diseñar un adecuado proyecto de vida. Camino a esa meta, tampoco todas las sociedades o naciones parten del mismo lugar, ni con los mismos recursos para aspirar, con alguna posibilidad de éxito, a la prosperidad y el desarrollo. De esta manera, no es cierto que pueda entablarse una sana competitividad, tampoco que haya igualdad de partida, ni que las reglas del juego se apliquen con justicia.

Esto de la competitividad es una falsedad evidente, un espejismo con el que se nos trata de convencer de que con esfuerzo, disciplina y compromiso vamos a poder ser dueños de nuestro destino individual o colectivo. En el caso concreto de Costa Rica, no podemos obviar que somos una economía pequeña, por no decir insignificante a nivel mundial, y se nos está llamando a competir con economías monstruosas y a hacernos un lugar entre una pléyade de economías tanto o más débiles que la nuestra.

En definitiva y en el plano ético, ¿no tendría mucho más sentido buscar alianzas y solidaridades regionales que nos coloquen, ahora sí, en posibilidades de negociar nuestro futuro en mejores términos, frente a los más fuertes? ¿No sería oportuno hacer a un lado los dogmas de la economía dominante y tejer estrategias de interpretación y propuestas alternativas? ¿No sería conveniente darnos cuenta de que jamás habrá una verdadera paz social si seguimos justificando la existencia “natural” de un mundo basado en el binomio ganadores/perdedores?

 

Publicado en el Semanario Universidad en la columna ¿Gato o Liebre?
Compartido con SURCOS por el autor.

65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.