La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (FENTRAG) y la Regional Latinoamericano de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel UITA), en su condición de constituyentes de la OIT, y representante de los trabajadores del sector agroindustrial costarricense, saluda a los 22 pueblos indígenas y al Gobierno de Costa Rica, por el acuerdo para adoptar un mecanismo de consulta a pueblos originarios, alcanzado el día 10 de febrero de 2018 y por la firma del decreto anunciado para el próximo martes 6 de marzo del año en curso.
La consulta, es la piedra angular tanto del Convenio 169 de OIT, como de la Declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, así como de otros instrumentos jurídicos internacionales, y es el reconocimiento efectivo que les permite decidir de forma legítima sobre su futuro, sobre su desarrollo, pero, sobre todo, obliga al Estado a respetar y mantener sus tradiciones, costumbres y formas de vida, dentro del marco de derecho. Con la consulta, la sociedad costarricense, el Estado y otros actores sociales, reconocemos la necesidad de respetar los derechos de los pueblos ancestrales, y garantizar su debida implementación.
Como organización de los trabajadores del sector agroindustrial costarricense, y desde la experiencia vinculada en el campo y zonas rurales del país, FENTRAG y Rel UITA, tenemos claridad del contexto al que se enfrentan los trabajadores indígenas: el banano, palma y sus desafíos para las poblaciones cabecar, bribri, teribe y brunca, y en el sector café para los hermanos ngäbe-buglé, entre otros. De igual manera, sabemos la importancia que tienen la tierra y la agricultura para los propios pueblos, como medio de cultivo, subsistencia y vida. De ahí la importancia para preservar los territorios ancestrales.
A su vez, en el marco del trabajo que hacen los indígenas, el Artículo 20 del Convenio núm. 169 expresa la obligación del Estado a adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a los pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general”. Los derechos reconocidos por el convenio son el derecho a contar con un empleo, a una remuneración igual por trabajo, a asistencia médica, seguridad e higiene, seguridad social, y también al derecho de asociarse y a promover libremente organizaciones de trabajadores sindicalizados, sean nacionales o migrantes.
Por tanto, junto con saludar el derecho a la consulta, se exhorta respetuosamente a los trabajadores indígenas a hacer valer sus derechos humanos y laborales, a hacer uso de estos instrumentos internacionales y a exigir su debido cumplimiento a nivel nacional. Para ello pueden contar con el apoyo de FENTRAG y Rel UITA, para contar con información, conocimiento y promoción de sus derechos, a la vez, dispongan de asistencia técnica que, les permita asociarse en organizaciones sindicales independientes y representativas. FENTRAG, reitera el apoyo para alcanzar condiciones de trabajo decente y el cumplimiento integral de los derechos humanos fundamentales, siempre dentro de un marco de solidaridad y respeto para con los pueblos ancestrales de Costa Rica.
Maikol Hernández Arias FENTRAG / Regional Latinoamericana de la UITA
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota de SURCOS TEC: Foro luchas ambientales e indígenas
Enviado por Maikol Hernández Arias, Secretario General, SINTRACOBAL – FENTRAG.
Desde varios años una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo de calle, violencia callejera) a líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee por ejemplo que:
«El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física» (p. 24).
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación de los defensores de los derechos humanos en el continente, quiénes son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que la de sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas y demás entidades sociales.
En Costa Rica, con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento).
El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto
De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Álvaro Sagot titulado «¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?» mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).
Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinoamericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza).
Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado «Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio».
Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades
En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dio lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó «los que buscan camorra» (véase nota de La Nación).
En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a «ayudarla a luchar» contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los «malos costarricenses» opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada «trocha fronteriza»: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas ) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Álvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).
En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, muchas e interesantes coincidencias se dieron: por ejemplo, el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Constitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado «La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales» suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18.11.2009; la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión de organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.
Muertes de ecologistas e impunidad rampante
Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:
«El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes».
(Véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pocamente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).
Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).
La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente
Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su «delito»? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Parte de las supuestas «pruebas» presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). En esta otra nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015, se lee que: «El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día».
Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que: «Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió».
La protesta social ante un debate público
En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripción editada por Surcos Digital), una mesa redonda será dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica, analizando la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).
También se abordarán algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el líder comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:
«Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia».
En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara.
La «técnica» consistiendo en ausentarse de audiencias por parte de empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a un lider comunitario, a dos profesores universitarios y a dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de los acusados titulado «Audiencias con el Infinito: ausencias…», se lee que:
«los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos». De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente».
A continuación, remitimos el lector al programa del foro que tendrá lugar sobre la protesta social este próximo 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:
Cuarta Mesa Redonda, miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR
“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”
Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR
Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED
Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán
El debate se da en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.
Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)», Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12.
— Notas —
Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).
Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: «A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante». Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Luego de varios años de difamación en contra de RECOPE y de los derechos laborales de sus trabajadores, el grupo de fachada del Movimiento Libertario, llamado “No más RECOPE” ha recibido el visto bueno, por parte del TSE, para recolectar firmas que permitan convocar a un referéndum para la apertura del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE.
Tal decisión nos pone nuevamente ante la disyuntiva entre las dos visiones contrapuestas de la Costa Rica que queremos, dilema que ha estado presente durante las tres últimas décadas y que tienden a polarizar el país. Así ocurrió en el año 2000 con el intento de abrir y privatizar la generación eléctrica, las telecomunicaciones y el acceso a Internet, en lo que se llamó el Combo del ICE; en el 2007 con el referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.
De un lado, está la visión neoliberal que impulsan las cámaras empresariales, los medios informativos a su servicio, los partidos políticos tradicionales y algunos jerarcas de las instituciones públicas que, se han dedicado a sabotearlas desde adentro para debilitarlas.
Del otro lado de la acera, estamos muchas y muchos costarricenses que defendemos las instituciones representativas del Estado Social de Derecho y los servicios que prestan, que para nosotros constituyen derechos ciudadanos y no mercancías. Tal es el caso de la salud, la educación, el agua, la electricidad, los hidrocarburos, los recursos naturales y el espectro radioeléctrico.
Son las mismas visiones encontradas que dividen el mundo entre la procura del bien común y la acumulación de riqueza en las manos de unos pocos.
En el caso de este proyecto, caben las siguientes consideraciones:
Este proyecto no sólo busca romper el monopolio, sino que privatizar RECOPE, entregándolo a otro monopolio privado.
Quienes votarían en el referendo son personas que han sido bombardeadas sistemáticamente durante, al menos, los últimos cinco años, por una campaña manipuladora, que apela a:
El “derecho a escoger” de los consumidores
Que los precios de los combustibles van a bajar cuando venga la “libre competencia”
Que hoy lo que los costarricenses están pagando son “las gollerías” de la Convención Colectiva de los trabajadores y las malas inversiones de RECOPE.
Abre las puertas a la exploración y explotación petrolera en el territorio nacional.
Representa una grave amenaza a la seguridad y la soberanía nacional, que representan un patrimonio estratégico para el desenvolvimiento de la economía nacional.
El proyecto de ley que pretenden aprobar vía referendo lo que busca es que sea el sector privado el que se adueñe del negocio de la compra y distribución de hidrocarburos en el país. No hay tal beneficio colectivo, ni precios más bajos ni mejoras en la calidad.
A la población se le ha hecho creer que abriendo el mercado habrá muchas opciones a la hora de comprar combustibles. ¡Eso es falso! porque, en primer lugar, 1) en materia petrolera no hay competencia. 2) Todos los precios son fijados por quienes dominan el mercado a través de la OPEP y 3) porque el mercado petrolero costarricense es pequeño (de aproximadamente 40 mil barriles diarios), de manera que no admite una gran cantidad de oferentes: prácticamente o el monopolio es del Estado o es de una empresa privada.
Esa empresa tendrá costos de operación y márgenes de utilidad como cualquier otro y ese costo van al precio del producto. Por el contrario, RECOPE trabaja al costo, descontando de sus utilidades la operación e inversión en mejoras y reposición de las plantas y los equipos.
RECOPE cuenta con una buena estructura y con muy buen sistema de poliductos, si no fuera así, ninguna empresa extranjera se aventuraría a participar de este negocio. Ya que, de acuerdo con el texto del proyecto, quien asuma el negocio de los combustibles utilizaría las instalaciones de RECOPE, sin invertir un solo cinco. Piensan aplicar el mismo esquema con el que las cableras se aprovechan de la infraestructura del ICE para colocar su negocio, con una inversión mínima y generando muy poco empleo. De esta manera, un agente privado se apropia de un bien público sin haber invertido mayor cosa y quedándose con la ganancia.
Como parte de la campaña, se le ha mentido a la gente diciéndole que el costo de la gasolina, el diesel y gas licuado de petróleo son responsabilidad de la Convención Colectiva. Al respecto, está demostrado que la convención representa en el litro de cualquier combustible no más de dos colones.
Vociferar por los ingresos de los empleados de RECOPE y apoyar una apertura en las condiciones que discutimos, es apoyar a que capital extranjero venga, pague a costarricenses salarios menores, que obviamente obtendrán una buena ganancia, llevándose nuestro dinero para otro país.
El precio final de los combustibles está dado por la alta carga impositiva conocida como impuesto único, así como la modalidad de ajuste tarifario que tiene a su cargo la ARESEP considerando las variables del precio internacional y del tipo de cambio. Nada de eso está en manos de RECOPE.
La solución al problema de los altos costos de los combustibles fósiles, no está en la apertura del mercado y la privatización de RECOPE, como pretenden algunos, sino en la revisión del impuesto a los combustibles y el cambio gradual de nuestra matriz energética, de manera que migremos de los combustibles fósiles a las fuentes alternativas, más amigables y más baratas, cosa que no se podrá asegurar con un monopolio privado. Para nuestro Sindicato, ese tránsito en la matriz energética debe ser liderado por RECOPE.
Lejos de resolver el problema del precio de los combustibles, el proyecto libertario que se pretende llevar a referéndum, amenaza uno de los últimos baluartes del Estado Social de Derecho, la soberanía energética y la seguridad nacional. Es por ello que consideramos que la lucha nacional contra la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y la privatización de RECOPE, es una causa nacional y queremos solicitarles que su apoyo.
Quedamos a su disposición para reunirnos y conversar sobre las distintas formas de concretar su participación en esta lucha.
La libertad de pensamiento, de conciencia, ideológica o de creencia –como quiera llamársela- es uno de los mayores logros de la civilización occidental en los últimos siglos. Ella y su consecuencia manifestada públicamente, la libertad de expresión, están entre lo más alto alcanzado por la civilización de Occidente en su afán de exaltar lo humano, como la meta necesaria para asegurar el desarrollo personal y social en toda su potencialidad.
La actual sociedad costarricense –multiétnica y pluricultural, según el artículo 1 recietemente reformado de nuestra Constitución Política- está ya demandando, desde diversos sectores, la obligación estatal de recoger mediante legislación nueva el cumplimiento efectivo de esas realidades sociales expresadas con tales conceptos.
Por lo mismo, cae como un balde de agua fría saber que los grupos religiosos instalados en la actual Asamblea Legislativa promueven un proyecto de ley “para la libertad religiosa y de culto”. El título no más ya es excluyente: por un lado, se da por un hecho que todo ciudadano necesariamente “pertenece” a alguna religión, dejando de lado no solo al creciente sector de los no creyentes (librepensadores, ateos, agnósticos, racionalistas, indiferentes, etc.), sino también al creciente sector de los que, dentro de las distintas creencias religiosas, viven su particular ateísmo “práctico” diario. Por otro lado, la agenda oculta (y ni tanto) es el afán de los líderes “cristianos” de colocarse en plano de igualdad con el catolicismo oficial, compartiendo con este todos los privilegios y beneficios posibles, como carga adicional para un Estado que ya no da para más. El proyecto pretende, además, crear más organismos y burocracia, recibiendo del Estado mucho más de lo que pueden las distintas sectas devolver a la sociedad. En suma: lo que se pretende paladinamente es convertir el actual Estado oficialmente católico en un Estado multiconfesional, otro adefesio jurídico, como el actual, monoconfesional, que haría de este país objeto de toda clase de chistes a escala mundial.
Urgente: lo que se necesita no es una ley como la propuesta, sino una más incluyente, general y objetiva. En tal sentido, los sectores progresistas debemos insistir con nuestros diputados para que se dediquen a preparar una ley general de libertad de conciencia y expresión que satisfaga a todos los sectores de la sociedad. El enfoque no es errado puesto que en punto a jerarquías, la libertad de religión es parte de algo más amplio, que es la libertad de conciencia. Y esta a su vez debe verse como algo íntimo, privado y propio de cada individuo; y que solo cuando se expresa públicamente adquiere su verdadera dimensión como libertad real. Para el creyente, esta libertad se manifiesta en su “culto” público. En tanto, el no creyente, al no tener nada parecido a un“culto”, lo único que requiere es libertad, justicia, respeto y aceptación por parte del Estado; y libre de la intervención en su vida pública y privada por parte de las organizaciones religiosas convertidas en poder político. Eso es paz social asegurada para todos.
En el presente siglo, todas las sociedades avanzadas se encaminan hacia el Estado laico, una figura jurídica en que el Estado es neutral en asuntos de conciencia. Costa Rica debe ir preparando el terreno para tan ineludible paso. Que no pase lo que ahora en Europa: la avalancha de inmigrantes, legales e ilegales, que llegan con otra cultura provista de un islamismo prepotente y excluyente. Fiel a su tradición como país de asilo y respetuoso de los derechos humanos, el nuestro debe recibir a todo grupo inmigrante con reglas muy claras: igual trato para todo grupo o individuo, cualesquiera sean sus creencias religiosas o filosóficas, en apego estricto a la separación obligada entre el Estado y las creencias de los ciudadanos dentro del marco de la ley. Tal es la esencia del Estado laico aquí propuesto.
Es la primera vez que el sector salud se incorpora al tema de normalización para garantizar calidad de servicios y productos
Lidiette Guerrero Portilla,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
La Dra. Lidiette Fonseca González, decana de la Facultad de Farmacia, ocupa el puesto de vicepresidente del primer comité de normalización de la calidad del sector salud (foto Archivo ODI).
La Dra. Lidiette Fonseca González, decana de la Facultad de Farmacia ocupa la vicepresidencia del Comité Nacional de Normalización en Productos y Tecnologías para el Sector Salud (INTE CTN 44) y el Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, decano de la Facultad de Medicina, integran ese comité oficializado, recientemente, por el Ministerio de Salud y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), en representación de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro, preside el INTE CTN44, conformado por primera vez en el país, para trabajar en la normalización de procesos de calidad en este campo.
En total lo integran 17 miembros, entre ellos representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, del Instituto Nacional de Seguros, los Colegios Profesionales de Médicos y Cirujanos y de Farmacéuticos, de las Cámaras de Industrias y de Comercio, así como de los consumidores de Costa Rica, de la Clínica Zahha, del Hospital Metropolitano, de Promed, Fenasco y de las Universidades Latina y Ucimed.
El objetivo es generar normas técnicas que garanticen la calidad de los servicios de salud, los procesos, productos y ensayos de todo el Sector Salud, Nutrición y Deportes.
El comité fue constituido a partir de un trabajo tesonero del último año y una intensa coordinación entre industria, gobierno, usuarios, consumidores y productores.
El Dr. Luis Bernardo Villalobos Solano, decano de la Facultad de Medicina, representa a la UCR en el comité INTE CTN44 (foto Archivo ODI).
INTECO, como ente nacional de normalización, trabaja para regular las actividades desempeñadas por los sectores público y privado, en materia de salud, medio ambiente, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral.
En su labor toma en cuenta la composición y características de las materias primas, los productos industriales y de consumo, los materiales, los envases y embalajes, entre otros,
El consenso entre las partes es lo que rige para establecer las normas técnicas para la normalización y su utilización puede ser impuesta contractualmente. Una vez establecidas pueden ser declaradas de cumplimiento obligatorio por razones de salud pública, seguridad de las personas, protección del medio ambiente o protección del consumidor.
Específicamente el INTE CTN 44 se dedicará a identificar las necesidades nacionales en materia de normalización y las priorizará, promoverá el desarrollo de normas nacionales que permitan al sector salud alcanzar, eficientemente, los requisitos del mercado mundial y asegurará el uso de las normas establecidas y su aplicación en la evaluación de la conformidad con las mismas.
El Ministro de Salud, Dr. Fernando LLorca Castro, preside el comité que velará por la calidad de los servicios y productos del sector salud (foto Ministerio de Salud).
Por la calidad en salud
El Ministro de Salud, Dr. Fernando Llorca Castro manifestó que “un verdadero Sistema de Garantía de Calidad ha sido el gran ausente en las normas, procesos, protocolos, investigación y servicios en y de salud de nuestro país. Si bien es cierto hay hospitales y servicios privados acreditados y servicios públicos de alta calidad; la misma, no se encuentra garantizada a nivel nacional y de forma universal en tiempo y espacio. Ahora, tenemos la oportunidad de desarrollar este Sistema”, manifestó.
Por su parte, Alexandra Rodríguez, directora de la Dirección de Normalización de INTECO, dijo que “en 24 años, es la primera vez que un Ministro lidera y encabeza la creación de un Comité de Normalización de los 44 existentes”.
Para la Dra. Lidiette Fonseca González el nombramiento como vicepresidenta de este comité representa un privilegio y una enorme responsabilidad el colaborar desde la academia y en particular desde la Universidad de Costa Rica, en impulsar el desarrollo de normas para garantizar la calidad de los servicios y productos del sector salud; así como también la posibilidad de promover esta temática en la formación de nuestros profesionales en salud.
Al referirse a la importancia de que se haya constituido, por primera vez, este comité que velará por la calidad, manifestó que esto permitirá definir productos o servicios prioritarios del sector salud que, a la fecha, carecen de una normativa específica para regular su calidad, facilitando así las especificaciones que las instituciones del sector establezcan en sus procesos de compra; así como también las exigencias de calidad de los servicios que la autoridad reguladora pueda establecer; todo esto redundará en el beneficio del usuario final, que en el caso del sector salud, generalmente será el paciente.
Pero también es fundamental para promover el desarrollo y la competitividad de nuestro país, en el que ha aumentado en los últimos años la instalación de empresas productoras de equipo y material biomédico, entre otras.
Expertos se refirieron a los desafíos del país en materia de investigación y nutrición animal
Tatiana Carmona Rizo,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
El Centro de Investigación en Nutrición Animal es el ente encargado de realizar el control de calidad de los alimentos para consumo animal en Costa Rica (foto Archivo ODI).
Con el objetivo de conmemorar su 30º aniversario, el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA) realizó un ciclo de conferencias, entre el 1 y el 2 de octubre. En esta actividad, varios investigadores de la UCR y otros expertos se refirieron a temas de relevancia nacional en materia de producción de alimentos de consumo animal.
Como parte de la dinámica, estudiantes, docentes e invitados de la industria tuvieron la oportunidad de analizar temas como: las enfermedades metabólicas del ganado y su impacto en la productividad; el uso de la producción orgánica como método alternativo; y el control de calidad de los alimentos para animales.
Además, durante el ciclo de conferencias, los participantes discutieron acerca de los factores nutricionales y ambientales que afectan la producción del huevo nacional; la inocuidad de los alimentos balanceados; y la calidad de los forrajes y subproductos utilizados en la alimentación de rumiantes en Costa Rica.
El Centro de Investigación en Nutrición Animal es el ente encargado de realizar el control de calidad de los alimentos para consumo animal en Costa Rica. Entre sus funciones se destaca el desarrollo de regulaciones en el área de alimentación animal en alianza con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y el aporte al sector pecuario de los análisis de los alimentos para animales.
Asimismo, este centro trabaja en proyectos de fortalecimiento de la investigación y la transferencia del conocimiento al sector pecuario; en la capacitación del personal de las plantas de alimentos para animales en materia de buenas prácticas de manufactura e inocuidad de alimentos; y en el desarrollo de tecnologías adecuadas para mejorar el rendimiento productivo nacional.
El Ing. Mauricio Nájera se refirió al tema del control de calidad de alimentos balanceados de consumo animal en Costa Rica, en el marco de las actividades de celebración del 30º aniversario del CINA (foto Laura Rodríguez).
Control de los alimentos para animales
En el marco de las actividades de celebración, el Ing. Mauricio Nájera Quirós, de la Dirección de Alimentos para Animales del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), dictó una conferencia sobre la situación actual del país en materia de control de calidad de alimentos balanceados para consumo animal.
En su intervención, Nájera se refirió a algunos de los desafíos y retos que tiene el país en materia de regulación, producción e inocuidad de los alimentos para animales.
Dentro de sus recomendaciones destaca el hecho de que los productores de alimentos balanceados deben utilizar los sistemas de gestión de calidad para mejorar su competitividad nacional e internacional.
La actividad contó con la participación de estudiantes, docentes e invitados de la industria nacional (foto: Laura Rodríguez).
“Las empresas productoras deben tomar en cuenta que los alimentos balanceados constituyen el costo más alto de producción, por ello los clientes esperan una alta calidad” dijo Nájera.
En este punto, el experto explicó que en nuestro país, los sistemas de control corresponden a los diferentes reglamentos y a la normativa vigente; y agregó que es fundamental que la industria esté al tanto de los cambios que se da en la regulación, ya que la misma es muy dinámica.
Desde su perspectiva, la competitividad en una empresa de alimentos balanceados de consumo animal puede mejorar, si la misma aplica los estándares de calidad e inocuidad, en todos los procesos de producción y distribución del producto.
“La industria productora de alimentos para animales debe fortalecerse en rubros como el autocontrol y la trazabilidad es decir en el control de proveedores autorizados, en la revisión del el listado de clientes, y en el fortalecimiento del proceso de retiro de productos” afirmó Nájera.
Para finalizar, el expositor señaló que otros desafíos del país son: la creación de un laboratorio nacional para realizar el análisis de las muestras; la construcción de planes de muestreo de micotoxinas; la actualización de la normativa nacional y la creación de metodologías que puedan facilitar el proceso de evaluación de los riesgos.