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Etiqueta: Segunda República

La plaza sin don Pepe

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

A 35 años de la muerte de Daniel Oduber Quirós: filosofía, oratoria y visión de Estado en la historia costarricense

Escrito en . Publicado en Formación.

Dr. Fernando Villalobos Chacón
Historiador

El 13 de octubre de 1991 falleció Daniel Oduber Quirós, expresidente de la República, abogado, filósofo y una de las figuras más relevantes de la política costarricense de la segunda mitad del siglo XX. A treinta y cinco años de su desaparición física, su trayectoria constituye un objeto de particular interés para la historiografía nacional, tanto por las transformaciones institucionales vinculadas con su administración como por la dimensión intelectual de su pensamiento y su concepción del Estado.

Recordar a Oduber exige superar la mera evocación biográfica. Su figura debe analizarse en el contexto de una Costa Rica que, durante la segunda mitad del siglo XX, procuraba ampliar sus capacidades institucionales, fortalecer las políticas sociales, democratizar el acceso a la educación y diversificar su estructura productiva. En ese escenario, su pensamiento político estuvo acompañado por una sólida formación académica, una particular sensibilidad cultural y una visión del desarrollo que otorgaba al Estado un papel relevante en la transformación de las condiciones materiales de la sociedad.

El político formado en la filosofía

Daniel Oduber Quirós nació en San José el 25 de agosto de 1921. Su formación jurídica y filosófica contribuyó a configurar una personalidad política que encontraba en el estudio, la lectura y la reflexión histórica instrumentos para comprender los problemas nacionales.

Su paso por la Universidad McGill, en Canadá, donde obtuvo una maestría en Filosofía, y sus posteriores estudios en Europa ampliaron sus horizontes intelectuales. El contacto con la tradición filosófica occidental, particularmente con los problemas de la dialéctica, el conocimiento y la organización de la sociedad, permite comprender mejor la amplitud de sus intereses.

No se trata de establecer una relación automática entre sus estudios filosóficos y cada una de sus decisiones políticas. Sería metodológicamente improcedente atribuir a una formación académica la explicación absoluta de una trayectoria pública. Sin embargo, resulta legítimo señalar que su preparación intelectual formó parte de una identidad política en la que el conocimiento y la deliberación ocupaban un lugar significativo.

Oduber perteneció a una generación que participó en la construcción de la Segunda República y en la consolidación de nuevas formas de organización institucional. Su trayectoria en el Partido Liberación Nacional, la diplomacia, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República lo situó en el centro de los principales debates sobre el rumbo del país.

Su administración presidencial, desarrollada entre 1974 y 1978, coincidió con un periodo internacional complejo, caracterizado por la inestabilidad económica y las consecuencias de la crisis energética. En ese contexto, el Gobierno impulsó iniciativas vinculadas con la educación, la cultura, el desarrollo social y la infraestructura pública.

Entre sus realizaciones institucionales destacan la creación de la Universidad Estatal a Distancia, el fortalecimiento de la educación tecnológica mediante el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la expansión de instrumentos de política social. Estas iniciativas respondían a una concepción según la cual el desarrollo nacional no debía limitarse al crecimiento económico, sino traducirse también en mayores oportunidades educativas y mejores condiciones de vida.

La oratoria como instrumento de comunicación política

Una de las dimensiones más notables de Daniel Oduber fue su capacidad oratoria. Su dominio del lenguaje, la amplitud de sus referencias culturales y su habilidad para construir argumentos le otorgaron un lugar destacado en la tradición de la palabra política costarricense.

Oduber puede ser considerado entre los grandes oradores de la política nacional del siglo XX. Esta valoración no depende exclusivamente de la extensión de sus discursos o de la solemnidad de sus intervenciones, sino de la relación que procuraba establecer entre la argumentación política, la cultura y la interpretación de los problemas públicos.

La oratoria constituye una fuente importante para el estudio de la historia política. En los discursos de un gobernante pueden identificarse sus ideas sobre el Estado, la democracia, la justicia social, las relaciones internacionales y el papel de las instituciones. También pueden reconocerse los valores mediante los cuales procura legitimar sus decisiones ante la ciudadanía.

En el caso de Oduber, su preparación intelectual le permitió desarrollar una forma de comunicación pública en la que las referencias históricas y filosóficas podían convivir con los argumentos propios de la administración del Estado. La palabra política no era únicamente una herramienta para persuadir al electorado: podía convertirse también en un medio para explicar proyectos, defender principios y formular una determinada interpretación del país.

Su legado oratorio merece, por tanto, una investigación sistemática que examine sus discursos, sus recursos retóricos, la estructura de sus argumentos y su relación con los principales acontecimientos de su trayectoria. Tal estudio permitiría comprender con mayor precisión el papel de la palabra en la construcción de su liderazgo político.

Guanacaste: territorio, desarrollo y visión de futuro

La relación de Daniel Oduber con Guanacaste constituye uno de los aspectos más significativos de su legado. Su vínculo con la provincia trascendió el ámbito afectivo para expresarse también en iniciativas relacionadas con la infraestructura, la educación, la agricultura y las oportunidades de desarrollo regional.

Guanacaste ha enfrentado históricamente importantes limitaciones asociadas con la estacionalidad de las lluvias, las sequías periódicas y la disponibilidad de agua para las actividades productivas. Estas condiciones han influido en la estructura agraria, la organización del trabajo y las posibilidades de aprovechamiento de sus suelos.

Comprender la historia de la provincia exige reconocer que sus transformaciones no obedecen a una sola administración ni a una figura política aislada. Son el resultado de procesos de larga duración, de iniciativas estatales sucesivas y de la participación de productores, comunidades e instituciones públicas.

Dentro de esa historia, el riego agrícola ocupa un lugar fundamental.

Durante la administración Oduber se impulsaron gestiones para organizar el desarrollo de la cuenca baja del río Tempisque. En 1974 se creó la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral de dicha cuenca, conocida como CODEINTE, que promovió los estudios y la planificación necesarios para aprovechar de manera más eficiente los recursos hídricos de la región.

En aquel periodo, la iniciativa de irrigación estuvo vinculada con el denominado Distrito de Riego Moracia. La elaboración del plan maestro y los estudios técnicos constituyeron antecedentes importantes para las etapas posteriores de la infraestructura de riego guanacasteca.

Es necesario establecer una distinción histórica: el desarrollo del sistema que posteriormente se consolidaría como el Proyecto de Riego Arenal-Tempisque no fue una obra terminada durante el gobierno de Oduber. Su construcción y ampliación se extendieron a lo largo de varias administraciones, con una evolución institucional que condujo a la creación del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) en 1983 y al desarrollo progresivo del distrito de riego.

No obstante, la planificación impulsada durante los años setenta forma parte de los antecedentes que permiten comprender ese proceso. Su importancia reside en haber contribuido a colocar el aprovechamiento del agua y la transformación productiva de la cuenca del Tempisque entre los asuntos prioritarios de la planificación regional.

El riego no representa únicamente una solución técnica para la agricultura. Desde una perspectiva histórica y económica, constituye un instrumento de transformación territorial: permite reducir la dependencia exclusiva de las precipitaciones, diversificar los cultivos, ampliar las posibilidades de producción y generar nuevas relaciones entre la actividad agropecuaria, el empleo y los mercados.

La historia de estas obras demuestra, además, que los grandes proyectos de desarrollo requieren continuidad institucional. Una iniciativa puede comenzar con estudios y decisiones políticas, pero su materialización depende de recursos, capacidad técnica, coordinación administrativa y voluntad de las sucesivas generaciones de gobernantes.

En ese sentido, el aporte histórico de Oduber debe examinarse dentro de una secuencia de decisiones públicas que contribuyeron a modificar las condiciones productivas de Guanacaste. El aeropuerto internacional en Liberia lleva su nombre por sus aportes. La finca La Flor fue donada por su familia a la EARTH donde se ha convertido en un espacio de conservación e investigación en el Pacífico seco del país.

Su vínculo con la provincia también se expresa en el ámbito educativo. La expansión de las oportunidades de formación superior y el fortalecimiento de instituciones educativas constituyeron componentes de una visión de desarrollo que reconocía la importancia del conocimiento para ampliar las capacidades de las regiones.

La educación, la infraestructura y la transformación agrícola no deben estudiarse como ámbitos completamente separados. En conjunto, permiten analizar una concepción del desarrollo en la que las instituciones públicas podían contribuir a reducir las limitaciones históricas de los territorios y a generar nuevas oportunidades para sus habitantes.

El legado intelectual y la memoria pública

La dimensión intelectual de Daniel Oduber también puede estudiarse a partir de su biblioteca personal, cuyo patrimonio documental fue donado a la Universidad Estatal a Distancia. La colección, integrada por libros, revistas y documentos, ofrece una oportunidad para investigar sus intereses, sus lecturas y las fuentes que acompañaron su trayectoria.

Una biblioteca personal constituye mucho más que una acumulación de volúmenes. Desde la perspectiva de la historia intelectual, permite aproximarse a los horizontes de lectura de una persona, identificar autores y corrientes de pensamiento, reconstruir redes culturales y formular preguntas sobre la relación entre conocimiento y acción pública.

En el caso de Oduber, la conservación de estos materiales adquiere especial significado por su trayectoria como intelectual y por su participación en la creación de instituciones educativas. Los documentos preservados permiten que nuevas generaciones de investigadores examinen su legado más allá de las interpretaciones partidarias o de las evocaciones conmemorativas.

La historia política requiere precisamente ese equilibrio: reconocer las contribuciones de una figura pública sin convertir su memoria en una narración exenta de crítica. Todo gobernante debe ser estudiado en relación con las circunstancias de su tiempo, las decisiones que tomó, los proyectos que promovió y los límites que condicionaron su gestión.

La valoración histórica de Oduber debe incluir, por consiguiente, tanto sus aportes institucionales como los debates y contradicciones propios de la Costa Rica de los años setenta. El rigor historiográfico no disminuye la relevancia de un personaje; por el contrario, permite comprenderla con mayor profundidad.

A modo de conclusión

A treinta y cinco años de su muerte, Daniel Oduber Quirós continúa ocupando un lugar relevante en la historia política e intelectual de Costa Rica. Su formación filosófica, su capacidad oratoria, su participación en la construcción institucional de la Segunda República y su interés por el desarrollo de Guanacaste conforman dimensiones de una trayectoria que merece seguir siendo investigada.

Su legado permite reflexionar sobre una cuestión fundamental: la relación entre las ideas y la acción política. La formación intelectual adquiere verdadera dimensión pública cuando contribuye a formular preguntas, orientar decisiones y comprender los desafíos de una sociedad. Del mismo modo, los proyectos de infraestructura y desarrollo regional deben analizarse no solo por sus resultados inmediatos, sino también por los procesos institucionales que los hicieron posibles y por sus consecuencias a largo plazo.

En Guanacaste, la historia de la planificación del riego recuerda que las transformaciones territoriales son construcciones colectivas que atraviesan generaciones. En el ámbito educativo, la continuidad de las instituciones y la preservación de su biblioteca personal muestran distintas formas de proyectar el conocimiento hacia el futuro. En la tradición política nacional, su oratoria representa un campo de estudio para comprender el papel del lenguaje y de la cultura en la vida democrática.

Como historiador, considero que la mejor manera de conmemorar a Daniel Oduber Quirós no consiste únicamente en repetir sus méritos, sino en estudiar críticamente su pensamiento, sus decisiones y sus aportes al país. Treinta y cinco años después de su partida, su figura nos invita a recuperar una dimensión indispensable de la vida pública: la convicción de que gobernar exige algo más que administrar recursos o ejercer autoridad. Exige comprender la historia, interpretar el presente y construir, con visión de futuro, las condiciones que permitan a una sociedad ampliar sus oportunidades.

La memoria de Daniel Oduber Quirós pertenece a la historia costarricense; su estudio riguroso corresponde a las generaciones que desean comprenderla.

Fernando Villalobos Chacón

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Libro reúne las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República, con estudio introductorio de Vladimir de la Cruz

Escrito en . Publicado en Formación, Portada.

El historiador Vladimir de la Cruz presenta el libro Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949, publicado por la editorial ISOLMA. La obra pone al alcance de las personas lectoras las actas de la Junta que gobernó el país entre 1948 y 1949, acompañadas de un amplio estudio introductorio y de documentos históricos del período.

Según la presentación de la obra, estas actas constituyen una fuente documental esencial para comprender cómo se tomaron las decisiones que redefinieron el Estado costarricense en esos años. A través de ellas es posible conocer, desde sus protagonistas, los debates, tensiones, acuerdos y visiones que marcaron el inicio de una nueva etapa nacional. Fue un período atravesado por crisis políticas, reformas sociales, confrontaciones ideológicas, elecciones controvertidas, pactos decisivos y una guerra civil, del cual surgió un proyecto de país cuyos efectos siguen presentes en la vida política e institucional costarricense.

La introducción de Vladimir de la Cruz examina el contexto político que condujo al conflicto de 1948, el liderazgo de José Figueres Ferrer y la participación de figuras como Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, monseñor Víctor Manuel Sanabria, Teodoro Picado y Otilio Ulate. De acuerdo con la contraportada, más que una recopilación documental, el libro invita a reflexionar sobre el poder, la democracia, la legitimidad política y la construcción del Estado.

Una obra para el debate actual

La publicación adquiere especial importancia histórica y política en el presente, cuando desde el oficialismo se habla de una «Tercera República» sin dar cuenta del entramado sociohistórico que ese concepto implica. Conocer las actas oficiales de la conformación de la Segunda República, junto con la ubicación histórica que realiza el autor como historiador y analista, resulta fundamental para formar criterio sobre ese debate.

Contenido del libro

La obra abre con el prólogo «¿Cómo nace la Segunda República?», de Vladimir de la Cruz. La primera parte inicia con un extenso ensayo del mismo autor, «José Figueres Ferrer. El hombre, el político, el estadista», seguido de una selección de documentos que permiten seguir el proceso histórico paso a paso:

  • Textos de José Figueres Ferrer desde 1942, entre ellos «¡Lo que el Gobierno debe hacer es irse!» (8 de julio de 1942), «Palabras gastadas», «Las virtudes nacionales» y «En febrero de 1944 murió la Primera República» (17 de marzo de 1945).

  • El Pacto del Caribe (16 de diciembre de 1947) y las dos proclamas de Santa María de Dota (23 de marzo y 1 de abril de 1948).

  • Los documentos de abril de 1948 sobre la sucesión presidencial, incluidos varios textos de Teodoro Picado hasta el decreto ejecutivo que llamó al tercer designado a ejercer la Presidencia (20 de abril de 1948).

  • Textos de Benjamín Núñez y Carlos Monge Alfaro, el Pacto Ulate-Figueres (1 de mayo de 1948) y la declaración de José Figueres Ferrer del 8 de mayo de 1948, con la que se constituyó el Consejo de Gobierno Provisorio bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República.

  • Tres textos posteriores: «Presencia de José Figueres» (setiembre de 1986), de Alfonso Chase; «Los últimos 70 años» (24 de enero de 2026), de Jaime Ordóñez; y «El ‘Corrido de Pepe Figueres'», de Carmen Granados.

La segunda parte, «Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949», reúne la totalidad de las actas de las sesiones de la Junta. Entre ellas se intercalan decretos ley emitidos en ese período, como los n.° 16, 37 y 42. De esta forma, el libro combina la fuente documental completa con análisis históricos y políticos que permiten situarla en su contexto.

Dónde adquirirlo

El libro puede adquirirse en la Librería UCR, en San Pedro de Montes de Oca, a un precio de ₡15.000.

Del período de los Recolectores hasta la posible III República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La Historia de Costa Rica, en forma sencilla de decirlo, es la suma de todos los eventos humanos, culturales, sociales, educativos, religiosos, económicos, políticos, electorales desde que tenemos elecciones, de nuestro pasado hasta el presente, que han permitido construir y hacer evolucionar la sociedad democrática nacional que hoy tenemos, de valorar las instituciones que existen como engranaje de la convivencia social que vivimos.

Esa Historia, ese desarrollo histórico, se dio por etapas, por períodos de vida, períodos largos o cortos, según se analicen y distingan, por una evolución social, económica y política, que caracterizaron esas etapas o períodos en donde avanzamos de los tiempos más primitivos a los actuales más modernos.

Algunos de esos períodos o etapas se dieron evolutivamente, otros por resultados impositivos violentamente, provocando nuevos períodos y etapas. Así por ejemplo, los tiempos más remotos datan desde que consideramos la existencia humana en el actual territorio de Costa Rica, haya sido por el paso migratorio de quienes venían de la región norte del continente o de quienes procedían de la región sur del continente, cuando el continente americano estaba debidamente formado en su formación geológica y geomorfológica, y dejaban la prueba de su paso por el territorio como desde cuando empezaron a establecerse, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones antropológicas de su existencia nacional.

Los períodos históricos, como conceptos ya datados, pueden tener sus diferencias cronológicas según los datos, eventos o sucesos que el historiador, o quien los elabore, pueda tener o establezca como puntos de partida y de cierre de esos períodos históricos.

De esta manera, tenemos el período de las comunidades recolectoras, las cazadoras, las pescadoras, las agroalfareras, que condujeron al surgimiento de las sociedades cacicales hasta la llegada de los españoles y europeos, a partir de 1492 en el continente, y de su presencia en el territorio nacional desde 1502, con Cristóbal Colón recorriendo la costa caribeña y su breve estadía en la zona de Limón, y de la penetración en el territorio unos años más tarde, 1519. Hasta aquí, a grandes rasgos, es la historia antigua de Costa Rica o precolombina, como también se le conoce.

De estos dos últimos momentos se plantean los períodos históricos que conocemos como el de conquista y el de colonia, ambos se remontan hasta la proclamación de la Independencia de España el 29 de octubre de 1821 en Cartago. El de la conquista se prolongó, en términos generales hasta el tiempo de la fundación de Cartago, en la década de 1560, cuando prácticamente los españoles habían logrado controlar el centro del país, y ejercieron dominio sobre las comunidades indígenas principales. Además, porque su establecimiento les empezó a facilitar disponer de los recursos naturales de aquellos años, y de poner a las comunidades indígenas sometidas a trabajar para ellos, y lo que ellos representaban, el Reino Español. De igual modo, de imponerles a las comunidades sometidas todo su engranaje político, religioso, jurídico, social, cultural, y destruir hasta donde pudieron todo el engranaje y sistemas de vida de las comunidades indígenas. De esta forma las tierras que habitaban libremente las comunidades indígenas y disfrutaban para ellos pasaron a ser tierras del Rey o realengas, y las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar para los españoles y no para ellos mismos. La organización de poder político que tenían las comunidades indígenas se les eliminó y se les obligó a acatar y aceptar el poder político de las autoridades españolas que las dominaban. Se les obligó a aceptar y someterse a las disposiciones legales o jurídicas que los españoles traían y las que desarrollaron en el continente. Se les destruyeron sus templos religiosos y se les impusieron los templos, iglesias católicas, a sus valores religiosos naturales se les impusieron los valores cristiano-católicos.

La narración histórica así puede establecer los períodos de la historia precolombina o antigua, la de la conquista y la de colonia. En ella se contienen los sucesos que se destacan en forma generalmente cronológica, con base en documentos, restos materiales, testimonios que hayan quedado orales, y las costumbres, tradiciones y expresiones folklóricas que puedan considerarse como manifestaciones de vida social en esos períodos.

La narración histórica de esos tiempos resultó de los textos de quienes ejercieron el poder, que escribían y dejaban documentalmente, o de funcionarios a quienes se les pedía que fueran relatando como memoria los sucesos de la vida cotidiana y política que se estaba desarrollando. Muchos sacerdotes, conquistadores y colonos así lo hicieron y testimoniaron. Después por escribanos y otros funcionarios. Cuando en la Colonia desarrollaron instituciones educativas, como las universidades, surgieron en ellas esos relatores, y también rescatadores de la vida anterior indígena y contemporánea que estaban viviendo.

Durante la colonia las rebeliones indígenas y la resistencia anticolonial se mantuvo.

Con la Independencia surgieron otros períodos históricos. Así, desde 1821 hasta hoy podemos establecer la siguiente línea cronológica, de períodos, desde la perspectiva de datos políticos.

El período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, el período de la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, cuando pertenecimos a ella como Estado de Costa Rica, que así lo fue formalmente hasta 1848. Durante el período de la República Federal las autoridades superiores, del Poder Ejecutivo, se llamaron presidente, y las del Estado de Costa Rica, jefes de Estado.

A partir de 1848 se declaró la República de Costa Rica hasta hoy, gran período que a su vez se puede fragmentar en Primera República, 1848-1948, aunque así no fue declarada durante esos cien años. A las autoridades superiores de la República, del Poder Ejecutivo, se les llama, desde 1848 hasta hoy, presidente.

En marzo-abril de 1948 se produjo la Guerra Civil, para garantizar un resultado electoral de las elecciones de febrero de ese año. José Figueres Ferrer fue el líder militar de la rebelión triunfante quien se impuso por dos años ante Otilio Ulate, triunfador de las elecciones anuladas que dieron origen al conflicto armado. Al asumir el poder declaró fundada la Segunda República, que corresponde al período 1948 hasta nuestros días.

En el último gobierno, el del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y en el actual de Laura Fernández Delgado, 2026-2030, se habla de una Tercera República, la cual no se ha declarado oficialmente. Lo que ha habido es un ataque sistemático a todo lo que simboliza institucionalmente, en la estructura del Estado, sus Poderes Públicos y órganos políticos de control administrativo, el armazón que lo constituye, sin que se hayan planteado las nuevas formas institucionales de esa posible Tercera República.

Clave importante de este desarrollo político institucional ha sido la formación de valores políticos y sociales. Los de las comunidades indígenas hasta donde fue posible los destruyeron, acabaron y borraron. Los de la conquista y la colonia fueron los valores políticos y sociales de los españoles que se impusieron como valores dominantes.

En la vida social y política los valores que se imponen, como modo y práctica de vida, son los de los grupos y sectores políticos o de clases sociales dominantes. En este sentido los valores son históricos, pues responde a períodos históricos y a los grupos que en ellos dominan. Así son también los valores morales o religiosos.

Los valores sirven para garantizar la convivencia social armónica, para aceptar esa convivencia. Los valores por ello sirven para orientar la formación ciudadana, la opinión pública, y la participación política ciudadana. También son usados para orientar o definir el rumbo de las políticas públicas, y las acciones de gobierno o de gobernanza, que desde el Poder Ejecutivo, se impulsan, y sirven para promover doctrinas políticas ce distintos tipos, puesto que cada una de ellas tiene su propia y específica escala de valores, lo que muchas veces se trata de expresar en las llamadas “ideologías”.

La transmisión de valores se produce en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los distintos aparatos de comunicación del Estado. para educar a los niños y a los jóvenes en los valores “nacionales”, “patrióticos”.

En la Escuela, en el proceso educativo, se fortalecen las bases de los valores que familiarmente se han introducido en los niños, en el núcleo familiar. La Escuela, Colegio o Universidad, como instituciones educativas tienen la responsabilidad política, cívica ciudadana, de formar para la mejor vida en sociedad, para la mejor convivencia social.

Aquí es donde se deben fortalecer con más empeño los valores de Respeto y Tolerancia, para enseñar a reconocer y aceptar la diversidad de opiniones, de religiones, de creencias, de grupos sociales, étnicos, o raciales, las diversas expresiones de la convivencia familiar que ahora existen.

En el proceso educativo se deben fortalecer, entre otros, los valores de la Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Justicia Social, la Solidaridad, la Participación Ciudadana, el del Pluralismo político, la Responsabilidad, la Honorabilidad y Honestidad, los valores que definen la identidad, los que fortalecen los vínculos familiares, los del amor y el respeto, así los valores éticos de actuar con transparencia, humildad y compromiso para cumplir las metras y objetivos que trazamos para la vida personal, familiar y pública.

La enseñanza del valor de la Libertad es fundamental porque da el derecho a expresar ideas, posibilita la disensión, garantiza el respeto al libre pensamiento. Políticamente enseña a organizarse, sin temor alguno, y a participar en la vida política orientada a elegir libremente gobernantes, autoridades y representantes de gobierno, sin coerción alguna.

La enseñanza de los valores del Pluralismo y la Tolerancia son fundamentales para enseñar a reconocer y respetar la diversidad de opiniones religiosas, morales, éticas, políticas. Es para enseñar el respeto a las maneras de pensar y de ser como personas. Es para enseñar la promoción de debates públicos donde se expresen distintas opiniones para tratar de lograr altos fines públicos constructivos.

La enseñanza de los valores asociados a la Justicia, la Equidad y la Solidaridad son para fortalecer el respeto para el trato igual e imparcial a todos los ciudadano, son para estimular la conciencia de resolver las brechas de desigualdad social que existen y fomentar el compromiso colectivo para logar el mayor bienestar posible de las poblaciones o sectores sociales más vulnerables, marginales o excluidos de las políticas públicas, para lograr mayor cohesión social y mayor paz social.

Los valores de Responsabilidad y Transparencia para enseñar la rendición de cuentas en el servicio público y en la toma de decisiones.

El proceso escolar, por ejemplo, en paralelo con la vida ciudadana, ha desarrollado prácticas escolares de elecciones estudiantiles, en las escuelas y colegios. Allí los niños y los jóvenes aprenden, como los mayores, como los ciudadanos, a participar libre y organizadamente en partidos políticos, o grupos políticos que se asemejan a los partidos políticos haciendo de esas formas sus primeras armas políticas para la vida en la sociedad política de los adultos, la que define los rumbos del país y de la sociedad que vivimos.

Recientemente, el Ministerio de Educación envió la circular DM-CIR-0047-2026 a todas las instituciones educativas del país instruyendo a los educadores para que en la exposición de sus lecciones actúen con neutralidad política electoral, como un mecanismo de presión sobre los docentes, procurando imponer de esa manera un régimen de terror, de miedo, de silencio, de control político en las aulas. En la época de la dictadura de Francisco Franco en España, en las Universidades y en instituciones educativas había control policial sobre lo que decían los maestros y los profesores, a veces con presencia de policías en las aulas. ¿A esto se quiere llegar en Costa Rica?

En la práctica educativa y docente del país me atrevo asegurar que la vida académica y de enseñanza se produce con esa neutralidad política y electoral.

En las escuelas, en los colegios y en las Universidades todos los cursos que se imparten se dan sobre Programas Académicos, debidamente aprobados, con procesos rigurosos de aprobación, que trazan o señalan los contenidos que se deben comunicar, transmitir o estudiar por parte de los estudiantes. Ninguno de esos Programas está sometido a la parcialidad política electoral. Ni siquiera, hasta ahora están sometidos y redactados de conformidad al interés político de cada administración política que tenga al país.

Los partidos políticos que han gobernado el país y el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, los que se han agrupado alrededor de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana han impulsado desde el Consejo Superior de Educación, programas educativos para toda la enseñanza que respondan a los intereses políticos y político electorales de esos partidos, gobiernos y presidentes.

Los temas que le preocupan al actual ministro de Educación, en esa circular, son los temas político-electorales. Estos temas son tratados únicamente, de ser tratados, en los cursos de Estudios Sociales, de Historia, de Formación Cívica o Ciudadana.

No existe en el país literalmente hablando una Historia Oficial. Una historia oficial sería aquella que el Estado o el gobierno de turno redacta como texto oficial de obligada enseñanza.

Los textos que se han enseñado como básicos para el estudio de la Historia Nacional y de la Formación Cívica ciudadana han sido elaborados por destacados profesores, historiadores o investigadores de temas sociales, jurídicos y cívicos. La “Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández casi 50 ediciones tuvieron, una por año, los textos de “Historia de Costa Rica” de Carlos Monge Alfaro, los de Carlos Meléndez, o los de los profesore Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto, eran los que se usaban regularmente.

La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional colaboraron en pasado con el Ministerio de Educación en la elaboración de textos que nunca fueron cuestionados por parcialidad informativa, analítica o interpretativa, ni acusados de ser “parciales política o electoralmente” a favor de algún partido o tendencia política.

Los profesores lo único que tienen es su formación profesional, académica, y su libertad de exponer el contenido del Programa de Estudios oficial que tienen que enseñar o dirigir, en su estudio a los estudiantes de acuerdo a su formación profesional.

Lo único que tienen en esa formación académica es esa Libertad de Cátedra que les da su formación profesional y académica, con los valores con que han sido formados para desarrollar los temas de los programas que deben estudiar sus alumnos, y motivarlos en el estudio de la Historia Patria.

La enseñanza está dirigida a formar hombres y mujeres con capacidad crítica de pensar, con capacidad de desarrollar y tener pensamiento propio. Está dirigida a formar mejores ciudadanos.

La enseñanza está dirigida a formar Hombres y Mujeres Libres para poder lograr una sociedad democrática más sólida, más desarrollada, mas inclusiva, más justa.

Hasta la Segunda República así ha sido la política educativa del país en general. Ni siquiera en el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, ni en la siguiente década, 1949-1958, cuando yo hice la primaria y aún el país olía a pólvora y represión política post guerra civil, los programas educativos de esos años se orientaron a exaltar a los triunfadores de la Guerra Civil, ni a imponer una Historia Oficial de los victoriosos.

En el esquema de la Tercera República que se quiere imponer, ¿es eso lo que se quiere desarrollar?, ¿una Nueva Historia Nacional a partir del gobierno de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández? ¿Los ataques de Rodrigo Chaves a los gobiernos, gobernantes y partidos gobernantes, del período 1949-2022, igualmente condenados por Laura Fernández, hacia eso se dirigen?, ¿hacia la Historia de la Tercera República, con las fotos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, en la entrada, en la recepción de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, como lo hace Bukele en El Salvador?

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia desde que asumió la Presidencia de la República, Laura Fernández Delgado, me han preguntado, padres de familia y algunos maestros y profesores, si la presidenta es la persona número 50 en ocupar ese cargo, como se dijo en los medios de información, y así se le presentó.

Esta es una inquietud que podría no tener gran importancia, dependiendo de cómo se aborde esta numeración o definición de la condición de gobernante de Costa Rica. Pero, es una inquietud que les han planteado a estudiantes valorando el proceso democrático que vivimos en febrero de este año.

Si se trata de ver o analizar la condición de Gobernante tendríamos que atender diversas situaciones históricas. Si tomamos a los gobernantes desde antes de la Independencia o si lo hacemos a partir de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

Si es del período anterior podemos abordar el tema de la Gobernabilidad de la Provincia de Costa Rica durante su período de la conquista y la colonia española. Aquí, habría que considerar a todas las personas que ejercieron la Autoridad Suprema sobre el territorio y su población que origina la Costa Rica dominada por los españoles, por las autoridades que ellos impusieron. Y, podría considerarse también la historia aborigen de las comunidades indígenas que habitaban el territorio, organizados en comunidades que tenían sus caciques, con lo cual se sumarían otros gobernantes que no dejaban de tener presencia en sus comunidades aun cuando estaban sometidas, superada la resistencia a la dominación. Obviamente la dominación española anuló la gobernación de los caciques, pero existieron.

Pero, también hay que considerar como autoridades superiores de Gobierno a quienes ejercieron esa condición en la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala como también se conoció, que eran autoridades superiores en toda la región de Centroamérica.

Del mismo modo, habría que tener como autoridades superiores de gobierno a los Virreyes que fueron nombrados como autoridades superiores del Virreinato de Nueva España o de México, al que pertenecía la Capitanía General de Guatemala.

Y, sobre todas estas autoridades estaban los propios Reyes de España, que fueron las autoridades supremas de todo el Reino Español, en España y Europa y en ultramar, fuera de Europa. Todo este engranaje de dominación política produce muchas personas como autoridades superiores de la Provincia de Costa Rica hasta su Independencia.

Desde este punto de vista, partiendo desde los días de la Independencia, para estimar el número de personas que han gobernado a la Provincia de Costa Costa Rica, al Estado de Costa Rica y a la República de Costa Rica, tenemos tres períodos a considerar. Primero, el período de las Juntas Superiores de Gobierno, así considerado el período que va desde 1821 hasta 1824. Segundo, el período de incorporación a la República Federal de Centroamérica, que nos provoca dos situaciones, la de los jefes de Estado, cuando formando parte de la República Federal nos constituimos en Estado de Costa Rica, miembro o parte de la República, junto con los otros Estados centroamericanos. Así tuvimos jefes de Estado de Costa Rica desde 1824 hasta 1848.

Dentro de este período de la República Federal tuvimos como autoridades superiores de toda la región centroamericana, y de Costa Rica, a los presidentes de la República Federal de Centroamérica.

Costa Rica se retiró de la República Federal en 1838, pero permaneció con el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República de Costa Rica, el Dr. José María Castro Madriz, declaró la fundación de la República de Costa Rica, como empezamos a llamarnos desde esa fecha, y así se nos reconoce nacional e internacionalmente.

Como República de Costa Rica operamos hasta el 8 de mayo de 1948, cuando José Figueres, jefe supremo y líder victorioso de la guerra civil de marzo y abril de ese año, se impuso en el gobierno, sobre Otilio Ulate, que había resultado victorioso en las elecciones de febrero de 1948, que se las anularon, y fundó la llamada Segunda República, que es el período que hemos vivido desde 1948 hasta hoy.

Desde esta perspectiva, de manera directa, tuvimos 14 Reyes de España, como autoridades superiores de todo el Reino, incluido Costa Rica. No considero a Napoleón Bonaparte, cuando destituye al Rey y gobierna España desde 1808 hasta 1814. Como Virreyes de Nueva España, a la que pertenecía la Capitanía General de Guatemala, hubo 62 virreyes.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala, las personas que ocuparon el principal puesto de mando en toda la región, se denominaron Capitán General de Guatemala, Gobernador, Teniente de gobernador, Adelantado de Guatemala, Presidente de la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, Oidor – presidente, Presidente – gobernador, Gobernador de la provincia de Guatemala, Jefe Político Superior, Presidentes y Superintendente General de la Real Hacienda, que sumaron todos ellos alrededor de 150 autoridades coloniales.

Desde 1821 hasta 1823 tuvimos organismos colegiados de gobierno que se llamaron Junta de Legados de los Pueblos, Junta Interina, Junta Electoral, Primera Junta Superior Gubernativa, Segunda Junta Superior Gubernativa, Diputación Provincial o Triunvirato, comandantes generales, Congreso Constituyente y Tercera Junta Superior Gubernativa. Este período de las Juntas gobernó desde el 12 de noviembre de 1821 hasta el 8 de setiembre de 1823. Durante ese período 13 personas ejercieron como los principales de esos gobiernos colegiados.

Desde el 8 de setiembre de 1823 Juan Mora Fernández asumió como jefe de Estado de Costa Rica, dando inicio a ese período, del Estado de Costa Rica, hasta 1848, que se desarrolló en 17 breves gobiernos, algunos de ellos repetidos por una persona, como lo fueron Juan Mora Fernández o Braulio Carrillo. Como gobernantes fueron 17 pero como personas gobernantes 14.

Dentro de la República Federal tuvimos, desde 1825 hasta 1838, cuatro presidentes en 7 períodos de gobierno. Francisco Morazán gobernó 4 períodos.

Con el inicio de la República de Costa Rica, a partir del 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz tuvo el título de presidente de Estado, del 8 de mayo al 31 de agosto de 1848. A partir de esta fecha se regularizó el título de presidente de la República, hasta hoy. Como presidentes de la República 30 personas ejercieron 41 gobiernos, porque algunas repitieron gobierno.

Desde los gobernantes de Costa Rica, en 1821, considerando gobierno tras gobierno, hasta el gobierno de Teodoro Picado, 1944-1948, hubo 72 períodos gubernativos, unos cortos, otros estables en períodos de 4 años cada uno.

Desde 1948 hasta el 2026 hemos tenido, considerando a la Junta de Gobierno, 21 gobiernos. 20 a partir del Gobierno de Otilio Ulate Blanco, iniciado el 7 de noviembre de 1949.

De esta manera, a Laura Fernández Delgado la tenemos como la presidenta 20 o 21 del período de la Junta de Gobierno, según se analice desde mayo de 1948 o desde el inicio del gobierno de Ulate. Sería la presidenta 20 o 21 del período de la Segunda República.

Si nos devolvemos hasta 1848, cuando se fundó la República y se estableció la denominación de presidente, o presidenta, si consideramos todos los gobiernos, uno a uno, Laura Fernández Delgado es la presidente o presidenta número 62. Y. si nos remontamos a los días de la Independencia, desde el período de las Juntas de Gobierno, Laura Fernández Delgado es la persona que ejerce la Presidencia del gobierno 93, desde aquella época.

Durante el período 1834-1859 hubo 10 personas que ejercieron el Poder Ejecutivo como Encargados del Poder Ejecutivo.

Para la ciudadana Laura Fernández Delgado los números que se le pueden aplicar al ejercicio de su período gubernativo, de su Presidencia, son los siguientes: 20, 21, 62, 93, todos al gusto… todos igualmente válidos.

Costa Rica y su historia. Una, Dos, ¿Tres Repúblicas?

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Al concluir la guerra civil de 1948, la junta militar que ascendió al poder se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Cuáles serían las razones para asumir ese título tan glorioso, según los vencedores?

Uno de los pasos siguientes, por parte de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, fue hacer una convocatoria a elecciones para nombrar los diputados que integrarían una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución política que le devolviera al país su condición como un Estado de Derecho.

En el seno de aquella histórica Asamblea se discutieron dos propuestas. La primera contenía un nuevo proyecto de constitución elaborado por una minoría de diputados de pensamiento socialdemócrata. Este sería el marco jurídico encargado de darle forma a lo que ellos comenzaban a denominar la Segunda República de Costa Rica. La otra propuesta, impulsada por los sectores políticos más conservadores, especialmente por parte de los seguidores del presidente electo en los comicios de febrero de 1948, don Otilio Ulate Blanco, solamente pretendía retomar la constitución liberal de 1871 para restablecer el orden constitucional y, en última instancia, esta fue la propuesta que en definitiva triunfó. En consecuencia, la Segunda República nunca llegó a plasmarse formalmente en el seno de aquella Asamblea Constitucional.

Desde nuestro punto de vista, el origen de la utopía de una Segunda República en Costa Rica tiene sus raíces fuera de nuestras fronteras, lo cual paso a explicar a continuación. Durante la década del treinta, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española acaparó gran atención internacional por su relevancia histórica, pues en 1931 se había declarado la creación de la Segunda República Española en la madre tierra. Cincuenta años antes, ya la monarquía española había sufrido un primer golpe de parte del movimiento republicano que quería seguir el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789. En 1873 se había proclamado la abolición de la monarquía borbónica y por un corto período esta había sido desplazada. Aquella fue conocida, por entonces, como la Primera República Española.

Las aspiraciones republicanas de buena parte de la sociedad española sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. Así, en 1931 y en el marco de una nueva crisis institucional, se proclamó la Segunda República Española, experiencia que se extendió hasta el año de 1939 cuando, definitivamente, triunfó la restauración del viejo régimen por medio de una sangrienta guerra encabezada por el General Francisco Franco. Este general, de pensamiento fascista, se había levantado en 1936 en contra de los sectores republicanos y socialistas, con el apoyo de los dictadores Adolfo Hitler y Benito Musolini.

Según el testimonio del dirigente comunista costarricense Álvaro Montero Vega -cuyas memorias tuvimos el privilegio de recuperarle poco antes de su muerte- en los años treinta, siendo él estudiante del Liceo de Costa Rica junto a muchos otros jóvenes simpatizantes con las nuevas corrientes de pensamiento socialista, entre ellos Eduardo Mora Valverde, fundaron el Comité Pro República Española, en cuyo seno se gestaron muchas actividades en solidaridad con las fuerzas republicanas que se enfrentaban con las tropas del fascismo español dirigidas por el General Franco y apoyadas por sus vecinos nazi-fascistas (*).

De manera que, en el imaginario colectivo nacional de aquella época, la derrota de la Segunda República Española también había quedado como uno de los traumas más profundos de la juventud progresista y revolucionaria de nuestro país.

Tómese en cuenta, además, que José Figueres Ferrer, el líder de las fuerzas de la oposición al caldero-comunismo, era hijo de padres españoles provenientes de Cataluña, una de las regiones más golpeadas por las fuerzas franquistas durante los hechos de aquella sangrienta guerra civil.

Incluso, a un comunista español-costarricense, de grata memoria, el insigne militante Adolfo Braña, le tocó luchar con las fuerzas republicanas en contra del ejército franquista en tierras catalanas. Y, años después, también le tocó luchar durante la guerra civil en Costa Rica al lado de las milicias caldero-comunistas. ¡Coincidencias de la historia!

Todo lo anterior lo traemos a colación para invitar a reflexionar sobre el papel de los mitos en la construcción de nuestra historia. No hay que ahondar mucho más para concluir que en Costa Rica, República solo ha habido una, la que se fundó en 1848 durante la administración de José María Castro Madriz, quien fuera el último jefe de Estado y el primer presidente de la República.

En la realidad nacional de los años cuarenta, la Segunda República tan solo fue una consigna de guerra por parte de las fuerzas de oposición al caldero-comunismo, inspirada en la reciente historia político- militar española. Y por qué no suponerlo, la familia Figueres Ferrer también era de origen español, seguramente identificada con la causa republicana de su patria. En verdad, tenían muchas razones para experimentar aquella nostalgia republicana, la cual se plasmó en la consigna de guerra del Caudillo Figueres Ferrer.

En consecuencia, que al chavismo se le ocurra anunciar una Tercera República en nuestro país, solamente demuestra la falta de estudio y conocimiento de nuestra historia patria. De ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se proponga retomar una buena formación cívica para sus estudiantes, inclusive, para sus gobernantes.

No olvidemos, como lo señaló el filósofo español-estadounidense Georges Santayana ¡El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla!

(*). Aguilar H. Marielos (2013) ÁLVARO MONTERO VEGA: MEMORIAS DE UNA VIDA Y UN TIEMPO DE LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial UCR. Pp. 32

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.