Ir al contenido principal

Etiqueta: Segunda República

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Libro reúne las actas de la Junta Fundadora de la Segunda República, con estudio introductorio de Vladimir de la Cruz

El historiador Vladimir de la Cruz presenta el libro Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949, publicado por la editorial ISOLMA. La obra pone al alcance de las personas lectoras las actas de la Junta que gobernó el país entre 1948 y 1949, acompañadas de un amplio estudio introductorio y de documentos históricos del período.

Según la presentación de la obra, estas actas constituyen una fuente documental esencial para comprender cómo se tomaron las decisiones que redefinieron el Estado costarricense en esos años. A través de ellas es posible conocer, desde sus protagonistas, los debates, tensiones, acuerdos y visiones que marcaron el inicio de una nueva etapa nacional. Fue un período atravesado por crisis políticas, reformas sociales, confrontaciones ideológicas, elecciones controvertidas, pactos decisivos y una guerra civil, del cual surgió un proyecto de país cuyos efectos siguen presentes en la vida política e institucional costarricense.

La introducción de Vladimir de la Cruz examina el contexto político que condujo al conflicto de 1948, el liderazgo de José Figueres Ferrer y la participación de figuras como Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde, monseñor Víctor Manuel Sanabria, Teodoro Picado y Otilio Ulate. De acuerdo con la contraportada, más que una recopilación documental, el libro invita a reflexionar sobre el poder, la democracia, la legitimidad política y la construcción del Estado.

Una obra para el debate actual

La publicación adquiere especial importancia histórica y política en el presente, cuando desde el oficialismo se habla de una «Tercera República» sin dar cuenta del entramado sociohistórico que ese concepto implica. Conocer las actas oficiales de la conformación de la Segunda República, junto con la ubicación histórica que realiza el autor como historiador y analista, resulta fundamental para formar criterio sobre ese debate.

Contenido del libro

La obra abre con el prólogo «¿Cómo nace la Segunda República?», de Vladimir de la Cruz. La primera parte inicia con un extenso ensayo del mismo autor, «José Figueres Ferrer. El hombre, el político, el estadista», seguido de una selección de documentos que permiten seguir el proceso histórico paso a paso:

  • Textos de José Figueres Ferrer desde 1942, entre ellos «¡Lo que el Gobierno debe hacer es irse!» (8 de julio de 1942), «Palabras gastadas», «Las virtudes nacionales» y «En febrero de 1944 murió la Primera República» (17 de marzo de 1945).

  • El Pacto del Caribe (16 de diciembre de 1947) y las dos proclamas de Santa María de Dota (23 de marzo y 1 de abril de 1948).

  • Los documentos de abril de 1948 sobre la sucesión presidencial, incluidos varios textos de Teodoro Picado hasta el decreto ejecutivo que llamó al tercer designado a ejercer la Presidencia (20 de abril de 1948).

  • Textos de Benjamín Núñez y Carlos Monge Alfaro, el Pacto Ulate-Figueres (1 de mayo de 1948) y la declaración de José Figueres Ferrer del 8 de mayo de 1948, con la que se constituyó el Consejo de Gobierno Provisorio bajo el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República.

  • Tres textos posteriores: «Presencia de José Figueres» (setiembre de 1986), de Alfonso Chase; «Los últimos 70 años» (24 de enero de 2026), de Jaime Ordóñez; y «El ‘Corrido de Pepe Figueres'», de Carmen Granados.

La segunda parte, «Junta Fundadora de la Segunda República. Actas 1948-1949», reúne la totalidad de las actas de las sesiones de la Junta. Entre ellas se intercalan decretos ley emitidos en ese período, como los n.° 16, 37 y 42. De esta forma, el libro combina la fuente documental completa con análisis históricos y políticos que permiten situarla en su contexto.

Dónde adquirirlo

El libro puede adquirirse en la Librería UCR, en San Pedro de Montes de Oca, a un precio de ₡15.000.

Del período de los Recolectores hasta la posible III República

Vladimir de la Cruz

La Historia de Costa Rica, en forma sencilla de decirlo, es la suma de todos los eventos humanos, culturales, sociales, educativos, religiosos, económicos, políticos, electorales desde que tenemos elecciones, de nuestro pasado hasta el presente, que han permitido construir y hacer evolucionar la sociedad democrática nacional que hoy tenemos, de valorar las instituciones que existen como engranaje de la convivencia social que vivimos.

Esa Historia, ese desarrollo histórico, se dio por etapas, por períodos de vida, períodos largos o cortos, según se analicen y distingan, por una evolución social, económica y política, que caracterizaron esas etapas o períodos en donde avanzamos de los tiempos más primitivos a los actuales más modernos.

Algunos de esos períodos o etapas se dieron evolutivamente, otros por resultados impositivos violentamente, provocando nuevos períodos y etapas. Así por ejemplo, los tiempos más remotos datan desde que consideramos la existencia humana en el actual territorio de Costa Rica, haya sido por el paso migratorio de quienes venían de la región norte del continente o de quienes procedían de la región sur del continente, cuando el continente americano estaba debidamente formado en su formación geológica y geomorfológica, y dejaban la prueba de su paso por el territorio como desde cuando empezaron a establecerse, de acuerdo a los hallazgos arqueológicos y las interpretaciones antropológicas de su existencia nacional.

Los períodos históricos, como conceptos ya datados, pueden tener sus diferencias cronológicas según los datos, eventos o sucesos que el historiador, o quien los elabore, pueda tener o establezca como puntos de partida y de cierre de esos períodos históricos.

De esta manera, tenemos el período de las comunidades recolectoras, las cazadoras, las pescadoras, las agroalfareras, que condujeron al surgimiento de las sociedades cacicales hasta la llegada de los españoles y europeos, a partir de 1492 en el continente, y de su presencia en el territorio nacional desde 1502, con Cristóbal Colón recorriendo la costa caribeña y su breve estadía en la zona de Limón, y de la penetración en el territorio unos años más tarde, 1519. Hasta aquí, a grandes rasgos, es la historia antigua de Costa Rica o precolombina, como también se le conoce.

De estos dos últimos momentos se plantean los períodos históricos que conocemos como el de conquista y el de colonia, ambos se remontan hasta la proclamación de la Independencia de España el 29 de octubre de 1821 en Cartago. El de la conquista se prolongó, en términos generales hasta el tiempo de la fundación de Cartago, en la década de 1560, cuando prácticamente los españoles habían logrado controlar el centro del país, y ejercieron dominio sobre las comunidades indígenas principales. Además, porque su establecimiento les empezó a facilitar disponer de los recursos naturales de aquellos años, y de poner a las comunidades indígenas sometidas a trabajar para ellos, y lo que ellos representaban, el Reino Español. De igual modo, de imponerles a las comunidades sometidas todo su engranaje político, religioso, jurídico, social, cultural, y destruir hasta donde pudieron todo el engranaje y sistemas de vida de las comunidades indígenas. De esta forma las tierras que habitaban libremente las comunidades indígenas y disfrutaban para ellos pasaron a ser tierras del Rey o realengas, y las comunidades indígenas fueron obligadas a trabajar para los españoles y no para ellos mismos. La organización de poder político que tenían las comunidades indígenas se les eliminó y se les obligó a acatar y aceptar el poder político de las autoridades españolas que las dominaban. Se les obligó a aceptar y someterse a las disposiciones legales o jurídicas que los españoles traían y las que desarrollaron en el continente. Se les destruyeron sus templos religiosos y se les impusieron los templos, iglesias católicas, a sus valores religiosos naturales se les impusieron los valores cristiano-católicos.

La narración histórica así puede establecer los períodos de la historia precolombina o antigua, la de la conquista y la de colonia. En ella se contienen los sucesos que se destacan en forma generalmente cronológica, con base en documentos, restos materiales, testimonios que hayan quedado orales, y las costumbres, tradiciones y expresiones folklóricas que puedan considerarse como manifestaciones de vida social en esos períodos.

La narración histórica de esos tiempos resultó de los textos de quienes ejercieron el poder, que escribían y dejaban documentalmente, o de funcionarios a quienes se les pedía que fueran relatando como memoria los sucesos de la vida cotidiana y política que se estaba desarrollando. Muchos sacerdotes, conquistadores y colonos así lo hicieron y testimoniaron. Después por escribanos y otros funcionarios. Cuando en la Colonia desarrollaron instituciones educativas, como las universidades, surgieron en ellas esos relatores, y también rescatadores de la vida anterior indígena y contemporánea que estaban viviendo.

Durante la colonia las rebeliones indígenas y la resistencia anticolonial se mantuvo.

Con la Independencia surgieron otros períodos históricos. Así, desde 1821 hasta hoy podemos establecer la siguiente línea cronológica, de períodos, desde la perspectiva de datos políticos.

El período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, el período de la República Federal de Centroamérica, 1824-1838, cuando pertenecimos a ella como Estado de Costa Rica, que así lo fue formalmente hasta 1848. Durante el período de la República Federal las autoridades superiores, del Poder Ejecutivo, se llamaron presidente, y las del Estado de Costa Rica, jefes de Estado.

A partir de 1848 se declaró la República de Costa Rica hasta hoy, gran período que a su vez se puede fragmentar en Primera República, 1848-1948, aunque así no fue declarada durante esos cien años. A las autoridades superiores de la República, del Poder Ejecutivo, se les llama, desde 1848 hasta hoy, presidente.

En marzo-abril de 1948 se produjo la Guerra Civil, para garantizar un resultado electoral de las elecciones de febrero de ese año. José Figueres Ferrer fue el líder militar de la rebelión triunfante quien se impuso por dos años ante Otilio Ulate, triunfador de las elecciones anuladas que dieron origen al conflicto armado. Al asumir el poder declaró fundada la Segunda República, que corresponde al período 1948 hasta nuestros días.

En el último gobierno, el del presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y en el actual de Laura Fernández Delgado, 2026-2030, se habla de una Tercera República, la cual no se ha declarado oficialmente. Lo que ha habido es un ataque sistemático a todo lo que simboliza institucionalmente, en la estructura del Estado, sus Poderes Públicos y órganos políticos de control administrativo, el armazón que lo constituye, sin que se hayan planteado las nuevas formas institucionales de esa posible Tercera República.

Clave importante de este desarrollo político institucional ha sido la formación de valores políticos y sociales. Los de las comunidades indígenas hasta donde fue posible los destruyeron, acabaron y borraron. Los de la conquista y la colonia fueron los valores políticos y sociales de los españoles que se impusieron como valores dominantes.

En la vida social y política los valores que se imponen, como modo y práctica de vida, son los de los grupos y sectores políticos o de clases sociales dominantes. En este sentido los valores son históricos, pues responde a períodos históricos y a los grupos que en ellos dominan. Así son también los valores morales o religiosos.

Los valores sirven para garantizar la convivencia social armónica, para aceptar esa convivencia. Los valores por ello sirven para orientar la formación ciudadana, la opinión pública, y la participación política ciudadana. También son usados para orientar o definir el rumbo de las políticas públicas, y las acciones de gobierno o de gobernanza, que desde el Poder Ejecutivo, se impulsan, y sirven para promover doctrinas políticas ce distintos tipos, puesto que cada una de ellas tiene su propia y específica escala de valores, lo que muchas veces se trata de expresar en las llamadas “ideologías”.

La transmisión de valores se produce en la Familia, en la Escuela, en la Iglesia, en los medios de comunicación, en los distintos aparatos de comunicación del Estado. para educar a los niños y a los jóvenes en los valores “nacionales”, “patrióticos”.

En la Escuela, en el proceso educativo, se fortalecen las bases de los valores que familiarmente se han introducido en los niños, en el núcleo familiar. La Escuela, Colegio o Universidad, como instituciones educativas tienen la responsabilidad política, cívica ciudadana, de formar para la mejor vida en sociedad, para la mejor convivencia social.

Aquí es donde se deben fortalecer con más empeño los valores de Respeto y Tolerancia, para enseñar a reconocer y aceptar la diversidad de opiniones, de religiones, de creencias, de grupos sociales, étnicos, o raciales, las diversas expresiones de la convivencia familiar que ahora existen.

En el proceso educativo se deben fortalecer, entre otros, los valores de la Libertad, la Igualdad, la Equidad, la Justicia Social, la Solidaridad, la Participación Ciudadana, el del Pluralismo político, la Responsabilidad, la Honorabilidad y Honestidad, los valores que definen la identidad, los que fortalecen los vínculos familiares, los del amor y el respeto, así los valores éticos de actuar con transparencia, humildad y compromiso para cumplir las metras y objetivos que trazamos para la vida personal, familiar y pública.

La enseñanza del valor de la Libertad es fundamental porque da el derecho a expresar ideas, posibilita la disensión, garantiza el respeto al libre pensamiento. Políticamente enseña a organizarse, sin temor alguno, y a participar en la vida política orientada a elegir libremente gobernantes, autoridades y representantes de gobierno, sin coerción alguna.

La enseñanza de los valores del Pluralismo y la Tolerancia son fundamentales para enseñar a reconocer y respetar la diversidad de opiniones religiosas, morales, éticas, políticas. Es para enseñar el respeto a las maneras de pensar y de ser como personas. Es para enseñar la promoción de debates públicos donde se expresen distintas opiniones para tratar de lograr altos fines públicos constructivos.

La enseñanza de los valores asociados a la Justicia, la Equidad y la Solidaridad son para fortalecer el respeto para el trato igual e imparcial a todos los ciudadano, son para estimular la conciencia de resolver las brechas de desigualdad social que existen y fomentar el compromiso colectivo para logar el mayor bienestar posible de las poblaciones o sectores sociales más vulnerables, marginales o excluidos de las políticas públicas, para lograr mayor cohesión social y mayor paz social.

Los valores de Responsabilidad y Transparencia para enseñar la rendición de cuentas en el servicio público y en la toma de decisiones.

El proceso escolar, por ejemplo, en paralelo con la vida ciudadana, ha desarrollado prácticas escolares de elecciones estudiantiles, en las escuelas y colegios. Allí los niños y los jóvenes aprenden, como los mayores, como los ciudadanos, a participar libre y organizadamente en partidos políticos, o grupos políticos que se asemejan a los partidos políticos haciendo de esas formas sus primeras armas políticas para la vida en la sociedad política de los adultos, la que define los rumbos del país y de la sociedad que vivimos.

Recientemente, el Ministerio de Educación envió la circular DM-CIR-0047-2026 a todas las instituciones educativas del país instruyendo a los educadores para que en la exposición de sus lecciones actúen con neutralidad política electoral, como un mecanismo de presión sobre los docentes, procurando imponer de esa manera un régimen de terror, de miedo, de silencio, de control político en las aulas. En la época de la dictadura de Francisco Franco en España, en las Universidades y en instituciones educativas había control policial sobre lo que decían los maestros y los profesores, a veces con presencia de policías en las aulas. ¿A esto se quiere llegar en Costa Rica?

En la práctica educativa y docente del país me atrevo asegurar que la vida académica y de enseñanza se produce con esa neutralidad política y electoral.

En las escuelas, en los colegios y en las Universidades todos los cursos que se imparten se dan sobre Programas Académicos, debidamente aprobados, con procesos rigurosos de aprobación, que trazan o señalan los contenidos que se deben comunicar, transmitir o estudiar por parte de los estudiantes. Ninguno de esos Programas está sometido a la parcialidad política electoral. Ni siquiera, hasta ahora están sometidos y redactados de conformidad al interés político de cada administración política que tenga al país.

Los partidos políticos que han gobernado el país y el Poder Ejecutivo, Liberación Nacional, los que se han agrupado alrededor de la Unidad Social Cristiana o del Partido Acción Ciudadana han impulsado desde el Consejo Superior de Educación, programas educativos para toda la enseñanza que respondan a los intereses políticos y político electorales de esos partidos, gobiernos y presidentes.

Los temas que le preocupan al actual ministro de Educación, en esa circular, son los temas político-electorales. Estos temas son tratados únicamente, de ser tratados, en los cursos de Estudios Sociales, de Historia, de Formación Cívica o Ciudadana.

No existe en el país literalmente hablando una Historia Oficial. Una historia oficial sería aquella que el Estado o el gobierno de turno redacta como texto oficial de obligada enseñanza.

Los textos que se han enseñado como básicos para el estudio de la Historia Nacional y de la Formación Cívica ciudadana han sido elaborados por destacados profesores, historiadores o investigadores de temas sociales, jurídicos y cívicos. La “Cartilla Histórica” de Ricardo Fernández casi 50 ediciones tuvieron, una por año, los textos de “Historia de Costa Rica” de Carlos Monge Alfaro, los de Carlos Meléndez, o los de los profesore Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto, eran los que se usaban regularmente.

La Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional colaboraron en pasado con el Ministerio de Educación en la elaboración de textos que nunca fueron cuestionados por parcialidad informativa, analítica o interpretativa, ni acusados de ser “parciales política o electoralmente” a favor de algún partido o tendencia política.

Los profesores lo único que tienen es su formación profesional, académica, y su libertad de exponer el contenido del Programa de Estudios oficial que tienen que enseñar o dirigir, en su estudio a los estudiantes de acuerdo a su formación profesional.

Lo único que tienen en esa formación académica es esa Libertad de Cátedra que les da su formación profesional y académica, con los valores con que han sido formados para desarrollar los temas de los programas que deben estudiar sus alumnos, y motivarlos en el estudio de la Historia Patria.

La enseñanza está dirigida a formar hombres y mujeres con capacidad crítica de pensar, con capacidad de desarrollar y tener pensamiento propio. Está dirigida a formar mejores ciudadanos.

La enseñanza está dirigida a formar Hombres y Mujeres Libres para poder lograr una sociedad democrática más sólida, más desarrollada, mas inclusiva, más justa.

Hasta la Segunda República así ha sido la política educativa del país en general. Ni siquiera en el período de la Junta de Gobierno, 1948-1949, ni en la siguiente década, 1949-1958, cuando yo hice la primaria y aún el país olía a pólvora y represión política post guerra civil, los programas educativos de esos años se orientaron a exaltar a los triunfadores de la Guerra Civil, ni a imponer una Historia Oficial de los victoriosos.

En el esquema de la Tercera República que se quiere imponer, ¿es eso lo que se quiere desarrollar?, ¿una Nueva Historia Nacional a partir del gobierno de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández? ¿Los ataques de Rodrigo Chaves a los gobiernos, gobernantes y partidos gobernantes, del período 1949-2022, igualmente condenados por Laura Fernández, hacia eso se dirigen?, ¿hacia la Historia de la Tercera República, con las fotos de Rodrigo Chaves y de Laura Fernández, en la entrada, en la recepción de los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y Daniel Oduber, como lo hace Bukele en El Salvador?

¿Es Laura Fernández la presidenta N.º 50?

Vladimir de la Cruz

Con frecuencia desde que asumió la Presidencia de la República, Laura Fernández Delgado, me han preguntado, padres de familia y algunos maestros y profesores, si la presidenta es la persona número 50 en ocupar ese cargo, como se dijo en los medios de información, y así se le presentó.

Esta es una inquietud que podría no tener gran importancia, dependiendo de cómo se aborde esta numeración o definición de la condición de gobernante de Costa Rica. Pero, es una inquietud que les han planteado a estudiantes valorando el proceso democrático que vivimos en febrero de este año.

Si se trata de ver o analizar la condición de Gobernante tendríamos que atender diversas situaciones históricas. Si tomamos a los gobernantes desde antes de la Independencia o si lo hacemos a partir de la Independencia, el 29 de octubre de 1821.

Si es del período anterior podemos abordar el tema de la Gobernabilidad de la Provincia de Costa Rica durante su período de la conquista y la colonia española. Aquí, habría que considerar a todas las personas que ejercieron la Autoridad Suprema sobre el territorio y su población que origina la Costa Rica dominada por los españoles, por las autoridades que ellos impusieron. Y, podría considerarse también la historia aborigen de las comunidades indígenas que habitaban el territorio, organizados en comunidades que tenían sus caciques, con lo cual se sumarían otros gobernantes que no dejaban de tener presencia en sus comunidades aun cuando estaban sometidas, superada la resistencia a la dominación. Obviamente la dominación española anuló la gobernación de los caciques, pero existieron.

Pero, también hay que considerar como autoridades superiores de Gobierno a quienes ejercieron esa condición en la Capitanía General de Guatemala, o Reino de Guatemala como también se conoció, que eran autoridades superiores en toda la región de Centroamérica.

Del mismo modo, habría que tener como autoridades superiores de gobierno a los Virreyes que fueron nombrados como autoridades superiores del Virreinato de Nueva España o de México, al que pertenecía la Capitanía General de Guatemala.

Y, sobre todas estas autoridades estaban los propios Reyes de España, que fueron las autoridades supremas de todo el Reino Español, en España y Europa y en ultramar, fuera de Europa. Todo este engranaje de dominación política produce muchas personas como autoridades superiores de la Provincia de Costa Rica hasta su Independencia.

Desde este punto de vista, partiendo desde los días de la Independencia, para estimar el número de personas que han gobernado a la Provincia de Costa Costa Rica, al Estado de Costa Rica y a la República de Costa Rica, tenemos tres períodos a considerar. Primero, el período de las Juntas Superiores de Gobierno, así considerado el período que va desde 1821 hasta 1824. Segundo, el período de incorporación a la República Federal de Centroamérica, que nos provoca dos situaciones, la de los jefes de Estado, cuando formando parte de la República Federal nos constituimos en Estado de Costa Rica, miembro o parte de la República, junto con los otros Estados centroamericanos. Así tuvimos jefes de Estado de Costa Rica desde 1824 hasta 1848.

Dentro de este período de la República Federal tuvimos como autoridades superiores de toda la región centroamericana, y de Costa Rica, a los presidentes de la República Federal de Centroamérica.

Costa Rica se retiró de la República Federal en 1838, pero permaneció con el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el entonces jefe de Estado y primer presidente de la República de Costa Rica, el Dr. José María Castro Madriz, declaró la fundación de la República de Costa Rica, como empezamos a llamarnos desde esa fecha, y así se nos reconoce nacional e internacionalmente.

Como República de Costa Rica operamos hasta el 8 de mayo de 1948, cuando José Figueres, jefe supremo y líder victorioso de la guerra civil de marzo y abril de ese año, se impuso en el gobierno, sobre Otilio Ulate, que había resultado victorioso en las elecciones de febrero de 1948, que se las anularon, y fundó la llamada Segunda República, que es el período que hemos vivido desde 1948 hasta hoy.

Desde esta perspectiva, de manera directa, tuvimos 14 Reyes de España, como autoridades superiores de todo el Reino, incluido Costa Rica. No considero a Napoleón Bonaparte, cuando destituye al Rey y gobierna España desde 1808 hasta 1814. Como Virreyes de Nueva España, a la que pertenecía la Capitanía General de Guatemala, hubo 62 virreyes.

En el caso de la Capitanía General de Guatemala, las personas que ocuparon el principal puesto de mando en toda la región, se denominaron Capitán General de Guatemala, Gobernador, Teniente de gobernador, Adelantado de Guatemala, Presidente de la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, Oidor – presidente, Presidente – gobernador, Gobernador de la provincia de Guatemala, Jefe Político Superior, Presidentes y Superintendente General de la Real Hacienda, que sumaron todos ellos alrededor de 150 autoridades coloniales.

Desde 1821 hasta 1823 tuvimos organismos colegiados de gobierno que se llamaron Junta de Legados de los Pueblos, Junta Interina, Junta Electoral, Primera Junta Superior Gubernativa, Segunda Junta Superior Gubernativa, Diputación Provincial o Triunvirato, comandantes generales, Congreso Constituyente y Tercera Junta Superior Gubernativa. Este período de las Juntas gobernó desde el 12 de noviembre de 1821 hasta el 8 de setiembre de 1823. Durante ese período 13 personas ejercieron como los principales de esos gobiernos colegiados.

Desde el 8 de setiembre de 1823 Juan Mora Fernández asumió como jefe de Estado de Costa Rica, dando inicio a ese período, del Estado de Costa Rica, hasta 1848, que se desarrolló en 17 breves gobiernos, algunos de ellos repetidos por una persona, como lo fueron Juan Mora Fernández o Braulio Carrillo. Como gobernantes fueron 17 pero como personas gobernantes 14.

Dentro de la República Federal tuvimos, desde 1825 hasta 1838, cuatro presidentes en 7 períodos de gobierno. Francisco Morazán gobernó 4 períodos.

Con el inicio de la República de Costa Rica, a partir del 31 de agosto de 1848, José María Castro Madriz tuvo el título de presidente de Estado, del 8 de mayo al 31 de agosto de 1848. A partir de esta fecha se regularizó el título de presidente de la República, hasta hoy. Como presidentes de la República 30 personas ejercieron 41 gobiernos, porque algunas repitieron gobierno.

Desde los gobernantes de Costa Rica, en 1821, considerando gobierno tras gobierno, hasta el gobierno de Teodoro Picado, 1944-1948, hubo 72 períodos gubernativos, unos cortos, otros estables en períodos de 4 años cada uno.

Desde 1948 hasta el 2026 hemos tenido, considerando a la Junta de Gobierno, 21 gobiernos. 20 a partir del Gobierno de Otilio Ulate Blanco, iniciado el 7 de noviembre de 1949.

De esta manera, a Laura Fernández Delgado la tenemos como la presidenta 20 o 21 del período de la Junta de Gobierno, según se analice desde mayo de 1948 o desde el inicio del gobierno de Ulate. Sería la presidenta 20 o 21 del período de la Segunda República.

Si nos devolvemos hasta 1848, cuando se fundó la República y se estableció la denominación de presidente, o presidenta, si consideramos todos los gobiernos, uno a uno, Laura Fernández Delgado es la presidente o presidenta número 62. Y. si nos remontamos a los días de la Independencia, desde el período de las Juntas de Gobierno, Laura Fernández Delgado es la persona que ejerce la Presidencia del gobierno 93, desde aquella época.

Durante el período 1834-1859 hubo 10 personas que ejercieron el Poder Ejecutivo como Encargados del Poder Ejecutivo.

Para la ciudadana Laura Fernández Delgado los números que se le pueden aplicar al ejercicio de su período gubernativo, de su Presidencia, son los siguientes: 20, 21, 62, 93, todos al gusto… todos igualmente válidos.

Costa Rica y su historia. Una, Dos, ¿Tres Repúblicas?

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Al concluir la guerra civil de 1948, la junta militar que ascendió al poder se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República. ¿Cuáles serían las razones para asumir ese título tan glorioso, según los vencedores?

Uno de los pasos siguientes, por parte de los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, fue hacer una convocatoria a elecciones para nombrar los diputados que integrarían una Asamblea Constituyente, encargada de redactar una nueva constitución política que le devolviera al país su condición como un Estado de Derecho.

En el seno de aquella histórica Asamblea se discutieron dos propuestas. La primera contenía un nuevo proyecto de constitución elaborado por una minoría de diputados de pensamiento socialdemócrata. Este sería el marco jurídico encargado de darle forma a lo que ellos comenzaban a denominar la Segunda República de Costa Rica. La otra propuesta, impulsada por los sectores políticos más conservadores, especialmente por parte de los seguidores del presidente electo en los comicios de febrero de 1948, don Otilio Ulate Blanco, solamente pretendía retomar la constitución liberal de 1871 para restablecer el orden constitucional y, en última instancia, esta fue la propuesta que en definitiva triunfó. En consecuencia, la Segunda República nunca llegó a plasmarse formalmente en el seno de aquella Asamblea Constitucional.

Desde nuestro punto de vista, el origen de la utopía de una Segunda República en Costa Rica tiene sus raíces fuera de nuestras fronteras, lo cual paso a explicar a continuación. Durante la década del treinta, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española acaparó gran atención internacional por su relevancia histórica, pues en 1931 se había declarado la creación de la Segunda República Española en la madre tierra. Cincuenta años antes, ya la monarquía española había sufrido un primer golpe de parte del movimiento republicano que quería seguir el ejemplo de los revolucionarios franceses de 1789. En 1873 se había proclamado la abolición de la monarquía borbónica y por un corto período esta había sido desplazada. Aquella fue conocida, por entonces, como la Primera República Española.

Las aspiraciones republicanas de buena parte de la sociedad española sobrevivieron durante la primera mitad del siglo XX. Así, en 1931 y en el marco de una nueva crisis institucional, se proclamó la Segunda República Española, experiencia que se extendió hasta el año de 1939 cuando, definitivamente, triunfó la restauración del viejo régimen por medio de una sangrienta guerra encabezada por el General Francisco Franco. Este general, de pensamiento fascista, se había levantado en 1936 en contra de los sectores republicanos y socialistas, con el apoyo de los dictadores Adolfo Hitler y Benito Musolini.

Según el testimonio del dirigente comunista costarricense Álvaro Montero Vega -cuyas memorias tuvimos el privilegio de recuperarle poco antes de su muerte- en los años treinta, siendo él estudiante del Liceo de Costa Rica junto a muchos otros jóvenes simpatizantes con las nuevas corrientes de pensamiento socialista, entre ellos Eduardo Mora Valverde, fundaron el Comité Pro República Española, en cuyo seno se gestaron muchas actividades en solidaridad con las fuerzas republicanas que se enfrentaban con las tropas del fascismo español dirigidas por el General Franco y apoyadas por sus vecinos nazi-fascistas (*).

De manera que, en el imaginario colectivo nacional de aquella época, la derrota de la Segunda República Española también había quedado como uno de los traumas más profundos de la juventud progresista y revolucionaria de nuestro país.

Tómese en cuenta, además, que José Figueres Ferrer, el líder de las fuerzas de la oposición al caldero-comunismo, era hijo de padres españoles provenientes de Cataluña, una de las regiones más golpeadas por las fuerzas franquistas durante los hechos de aquella sangrienta guerra civil.

Incluso, a un comunista español-costarricense, de grata memoria, el insigne militante Adolfo Braña, le tocó luchar con las fuerzas republicanas en contra del ejército franquista en tierras catalanas. Y, años después, también le tocó luchar durante la guerra civil en Costa Rica al lado de las milicias caldero-comunistas. ¡Coincidencias de la historia!

Todo lo anterior lo traemos a colación para invitar a reflexionar sobre el papel de los mitos en la construcción de nuestra historia. No hay que ahondar mucho más para concluir que en Costa Rica, República solo ha habido una, la que se fundó en 1848 durante la administración de José María Castro Madriz, quien fuera el último jefe de Estado y el primer presidente de la República.

En la realidad nacional de los años cuarenta, la Segunda República tan solo fue una consigna de guerra por parte de las fuerzas de oposición al caldero-comunismo, inspirada en la reciente historia político- militar española. Y por qué no suponerlo, la familia Figueres Ferrer también era de origen español, seguramente identificada con la causa republicana de su patria. En verdad, tenían muchas razones para experimentar aquella nostalgia republicana, la cual se plasmó en la consigna de guerra del Caudillo Figueres Ferrer.

En consecuencia, que al chavismo se le ocurra anunciar una Tercera República en nuestro país, solamente demuestra la falta de estudio y conocimiento de nuestra historia patria. De ahí la importancia de que nuestro sistema educativo se proponga retomar una buena formación cívica para sus estudiantes, inclusive, para sus gobernantes.

No olvidemos, como lo señaló el filósofo español-estadounidense Georges Santayana ¡El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla!

(*). Aguilar H. Marielos (2013) ÁLVARO MONTERO VEGA: MEMORIAS DE UNA VIDA Y UN TIEMPO DE LUCHAS Y ESPERANZAS. Editorial UCR. Pp. 32

Conversatorio abordará las elecciones y la vigencia de la Segunda República

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a un conversatorio titulado “Las elecciones y la Segunda República”, un espacio de análisis y reflexión política e histórica sobre el proceso electoral reciente y su relación con los principios, transformaciones y desafíos de la Segunda República.

La actividad contará con la participación de José María Villalta Flórez-Estrada, diputado electo, y Marielos Aguilar Hernández, historiadora, quienes dialogarán sobre el significado de los resultados electorales, la representación política y los retos actuales para la democracia costarricense desde una perspectiva histórica y social.

El conversatorio se realizará el jueves 20 de febrero, a las 4:00 p.m., en la Sala de Sesiones Lydia Lacayo Mena, en la sede de la ANEP. Para mayor información, se encuentra disponible el teléfono 2257-8233.

La actividad es organizada por la Escuela Sindical Mario Alberto Blanco Vado, la Secretaría de Juventudes y la Seccional ANEP-JOVEN, como parte de sus esfuerzos de formación política y sindical.

📌 El registro de participación se realiza mediante el código QR incluido en la imagen de la convocatoria.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Costarricenses atacaron “fotocopias” políticas

Rafael A. Ugalde Q.*

Comienzo aclarando el asunto de ver la “barrida” del oficialismo en las elecciones del pasado 1 de febrero, en seis de las siete provincias del país, como una especie de castigo durísimo contra las “fotocopias” de un ideario “original” de la “derecha” más recalcitrante para Europa y nuestra región, según el experto puertorriqueño en “descolonización” y catedrático universitario, Ramón Grosfoguel.

Él sostiene que ciertas posiciones políticas, consideradas por amplios sectores de votantes en Europa Occidental y Nuestra América como “reformistas”, “socialistas” “progresismo” o simplemente “izquierda”, por carecer de una posición firme frente al fascismo y a favor de los procesos soberanos, terminan contribuyendo con la instalación de gobiernos de mano dura, denominados de “derecha” pura. Constátese en: “Las derechas del Siglo XXI” (https://www.youtube.com/watch?v=L2mUGSadX18) y “Venezuela negocia con el imperio, flexibilidad táctica sin ingenuidad”, ver: (https://www.youtube.com/watch?v=gMJFXNnaW2c).

Grosfoguel, académico de la Universidad de California, respetado tanto en el viejo continente como en Latinoamérica, tiene múltiples conferencias y entrevistas grabadas en la internet, utiliza el símil para distinguir el relato político “original”, puro y sin ambigüedades de la extrema derecha, comparado con quienes dicen adversar esas posiciones, pero terminan coincidiendo dentro capitalismo con estos planteamientos fascistas, como si fuera una mala “fotocopia” de aquel “original”.

Estas “fotocopias” en ocasiones, nos dice el analista, nos pueden parecer de “avanzada”, como parte de un discurso que interpretamos distinto a las opciones conservadoras, pero no es más que la cara de una misma moneda, contra los pueblos que buscan su independencia, frente a un “imperio”, según él, en declive frente a un Nuevo Orden Mundial.

Desde esta perspectiva, él explica como movimientos ondulantes dentro de los ámbitos “progresistas” o de “izquierda” tradicional en Honduras, Ecuador, Bolivia o Argentina, al carecer de una debida articulación de sus trabajadores y no tener, por lo tanto, casi ninguna capacidad táctica para enfrentar las embestidas imperiales, terminan entregando los gobiernos a proyecto políticos y económicos “originales” de la derecha pura y dura.

En el caso costarricense durante las 24 o 48 horas antes de las elecciones del pasado domingo 1 de febrero, no hubo necesidad de la intromisión directa de la Casa Blanca a favor de los defensores de su proyecto para su “patio trasero”, como sí ocurrió en los comicios pasados en Argentina, Bolivia y Honduras, cuando con amenazas dobló las manos a los sufragantes.

Después de 73 años consecutivos desde 1949 que nuestro “oficialismo” o la llamada “oposición” se repartieron los principales cargos políticos, emerge inesperadamente en 2022 un personaje que hace de la confrontación pública su forma de llegar a amplios sectores que se sentían sin voz.

Esto deberían abrumar a nuestra militancia en los sindicatos, partidos a favor de la transformación social, organizaciones estudiantiles etc. Su casi 60 % de popularidad al termino del gobierno, debería ser tema de preocupación para los lideres populares, en cuanto sí ha habido trabajo cualitativo en las bases, o nos hemos conformado como trabajadores, obreros, pensionados etc., con hacer bulla y ruido cada cierto tiempo para que nos tomen como opositores. Perdonen, pero no nos engañemos reduciendo el problema a un simple estereotipo de simple “populismo”.

Cuatro organizaciones tendrán diputados en el congreso 2026-2030. (F. Fabián Hernández Mena, Semanario Universidad).

El abultado triunfo de este oficialismo el pasado 1 de febrero debería además a empujarnos a una crítica a fondo, en relación de cómo sociedad, qué nos dejaron aquellos ajustes estructurales e imposiciones del Fondo Internacional, pues por el contexto de las palabras dichas por la presidenta electa, sus efectos devastadores seguirán vigentes y se profundizarán al menos hasta 2030.

Ya los perdedores aceptaron la derrota. El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, aceptó que su organización no pudo frente a la representante del oficialismo ganador en seis de las siete provincias, por amplios márgenes, por sí había dudas.

Ramos, quien logró remontar un 9% en la intención de voto en las encuestas, alcanzó a movilizar a su gente del alicaído partido, alcanzando un 33,4% de los sufragios, una vez escrutadas las mesas receptoras de votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Así, los verdiblancos, que en estas elecciones se jugaban la vida para no correr la misma suerte de los liberales de Elí Feinzaig, Nueva República de Fabricio Alvarado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo y el antiguo Partido Acción Ciudadana (PAC), que quiso revivir viejos tiempos camuflado en una coalición, el “oficialismo” terminó con ellos.

Ramos y sus seguidores, sacudidos por divisiones internas y señalado su partido como promotor de la llamada “red de cuido”, a última hora, convence a sus simpatizantes – especialmente empleados estatales de la Gran Área Metropolitana– a revertir la baja intención de voto que daban las encuestadoras a su aspirante. Y lo logra muy parcialmente.

Aunque brincó de un 9% en las intenciones de voto hasta el 33,44% de sufragios escrutados oficialmente, solo mantuvo la provincia de Cartago como bastión histórico del liberacionismo, perdiendo las restantes seis provincias por “goleada”, frente un oficialismo intratable en las mesas receptoras de votos.

Significaría que los verdiblancos tendrán que conformarse con dos diputados menos, pasando de 19 a 17 legisladores, contra una mayoría simple de 31 congresistas, que permitirá a la derecha “original” aprobar importantes leyes ordinarias, ante la ausencia de una unidad real y viable como país alternativo, apuntando a reconquistar articuladamente la verdadera soberanía como nación, tener relaciones con todos los países del orbe, respetar la autodeterminación de los pueblos, el Derecho Internacional como instrumento de paz y dialogo civilizatorio y desarrollar nuestra innovación tecnológica y la robótica, priorizando el conocimiento para servicio de las necesidades nacionales en la agricultura, nuestra oceanografía, ambiente, la ciencia local y la formación humanística, sin imponer la educación exclusiva a disposición de la actividad maquiladora.

Ramos sacó del bache histórico a su franquicia gracias al voto principalmente de empleados públicos del Gran Área Metropolitana, convirtiéndose en la segunda fuerza más votada después de Pueblo Soberano que no supo ni le interesó “desinflar” la campaña del miedo, en torno a una “dictadura” en el país, al estilo de Nicaragua, Venezuela o Cuba.

Tanto la derecha “original”, antisocialista, injerencista y atrincherada en Zapote, así como el grueso de la prensa y las “fotocopias” que dicen adversar el “chavismo”, convencieron a los votantes que peligraba la existencia de la Segunda República, la “democracia”, la libertad, etc., que no es otra cosa que el ejercicio del poder por la minoría conocida desde 76 años.

Es decir, la Segunda República ya es innecesaria, porque después de más de 40 años de golpear parejo a los trabajadores, las amas de casa, los jóvenes, la salud, la educación, oficializar la ausencia de justicia pronta y cumplida, eliminar los salarios dignos etc., la existencia de lo que habían dejado de Estado Social, a la luz de la cruel economía de mercado, estorba.

“Prometo ser oposición constructiva, sin permitir cosas indebidas», afirmó Ramos cuando conoció de primera mano que el conteo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya era irreversible y daba a Fernández como ganadora presidencial, sin necesidad de balotaje el próximo mes de abril.

Se diluían así las esperanzas de los tres o cuatro contrincantes mejor colocados en la tabla de clasificación del TSE de jugársela en una segunda vuelta para sacar, según ellos, el “continuismo” del poder.

La provincia de Puntarenas, entre las más deprimidas del país, por falta de empleo, se sumó a la fiesta democrática el pasado domingo, contribuyendo con la presidenta electa con el 63,44% de sus votos (F. BBC News Mundo).

Fernández, en su discurso por la victoria, sostuvo que la llamada Segunda República había llegado a su fin la noche del 1 de febrero y se disponía a seguir adelante el plan económico iniciado por su mentor, Rodrigo Chaves, por lo que abogó a cerrar fila a favor del progreso social y económico del país, dijo.

Sin embargo, para el historiador y analista local, Oscar Barrantes, todo parece indicar que las contradicciones sociales y económicas, así como el proceso de vasallaje nacional, crecerá más que nunca, hasta 2030.

En una apretada reflexión hecha pública el pasado 2 de febrero sobre lo ocurrido el domingo anterior, sostiene que con la elección de Fernández se vecina “una agudización del sometimiento de la oligarquía financiera y el lumpen politiquero”.

Sobre todo -agrega- “de todas las franquicias electoreras, Oenegés, fundaciones por la Paz, centros de estudios, fracciones del barco capital, etc.”, sirviendo al Imperio, el injerencismo y la intervención directa estadounidense.

“Se agravarán las desigualdades sociales y políticas en el país. Se incrementará la persecución política y judicialización de la protesta y la lucha social popular.” Según él, con Fernández como presidenta, habrá mayor presencia militar del Comando Sur en nuestro país y, uso del territorio nacional como plataforma de agresión y guerra híbrida contra los proyectos revolucionarios en el Caribe, Centro y Latinoamérica.

No descarta una escalada de la confrontación social y política. Es posible, puntualiza, un Estado de excepción y maniobras de constituyente hacia un régimen nazi-sionista.

Paradójicamente, un ambiente como el contextualizado por Barrantes, llevaría desde ahora cuatro años de lucha por el empoderamiento horizontal de las bases populares, en busca de su participación todos los días en la vida activa del país y no cada vez que convoque el TSE.

Es pedir mucho. No ignoro que la impresora es nueva.

*Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

¿Por quién votar el próximo domingo?

Vladimir de la Cruz

El próximo domingo iremos todos los costarricenses a una gran fiesta nacional, que tiene las características de una fiesta electoral. Así se le conoce, y así se le dice porque durante todas las semanas que dura el proceso electoral, desde que se convoca hasta que se acaba con el resultado electoral final, la población en general se adhiere, se incorpora, se identifica, se compromete, toma decisión con alguna de las propuestas que existen para escoger partido, candidato a presidente y candidatos a diputados.

Aunque haya abstencionistas en todos los procesos electorales las elecciones tienen ese carácter festivo. Hasta 1998 el promedio del abstencionismo fue del 18%. A partir de allí empezó a subir hasta las del 2018 con un promedio del 32%. La últimas alcanzaron el 40%.

Hace algunos años la elección incluía, de una sola vez, a los candidatos municipales o cantonales, lo cual hacía de la actividad electoral un acto más de masas, donde ese compromiso se hacía vibrar con más fuerza desde los distritos, pasando por los cantones y expresándose en las provincias, todo girando alrededor de un partido y su candidato presidencial.

Se separó la elección de presidente y de diputados para darle mayor fuerza a las poblaciones y ciudadanos de los distritos y de los cantones, que eligen sus gobiernos distritales y cantonales, para fortalecer en cierta forma a esos ciudadanos con sus propios cantones.

Hasta 1998 existieron como funcionarios políticos, nombrados por los presidentes, los Gobernadores provinciales, que poco a poco fueron perdiendo funciones, quienes no eran elegidos popularmente.

Las elecciones en Costa Rica existen desde antes de la Independencia. Fueron evolucionando, mejorándose y perfeccionándose en el transcurso del tiempo, modelando en su resultado, por la conformación de los gobiernos, el Congreso o la Asamblea Legislativa y los gobiernos cantonales, el sistema político y la democracia viva que hoy tenemos, cuyo sombrero y escudo protector son la evolución y fortalecimiento, durante todos estos años, poco más de 200, de las columnas vertebrales de este sistema político que gozamos, los órganos de poder del Estado de Derecho, los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, junto con el conjunto de Libertades y Derechos que se fueron consagrando en las 14 Constituciones Políticas que hemos tenido.

A finales del siglo XIX aparecieron los partidos políticos como las organizaciones por medio de las cuales, y solo a través de ellas, se puede aspirar a puestos de elección popular.

Las reformas electorales importantes que tuvo este proceso electoral se dieron de hecho bajo el manto de la llamada República, cuando en 1913 se estableció el voto directo, y cuando se impulsó la foto en los documentos cedulares existentes.

Igualmente, cuando en 1924 cuando se estableció el voto secreto, permitiendo el voto de conciencia del ciudadano, protegido de la presión que públicamente podía tener de sus patronos o empleadores, o de aquellas personas que podían de una u otra manera ejercer presión para lograr su voto. Así mismo, cuando en 1935 se estableció la norma de que el resultado electoral se definiera a favor de quien obtuviera el 40% de los votos válidamente emitidos.

Con la Segunda República, a partir de 1948, se produjeron las últimas reformas que fortalecieron el proceso electoral y la llamada democracia electoral.

Así se estableció en la vigente Constitución Política de 1949 el reconocimiento de voto de la mujer, ampliándose el universo electoral a los mayores de edad, haciendo que prácticamente dos terceras partes de la población tomaran la decisión de la escogencia de las autoridades supremas de los órganos de gobierno de Costa Rica.

Del mismo modo, en 1973 se tomó la decisión de fortalecer la democracia electoral dándole mayor poder de decisión a la Juventud, cuando se estableció el derecho al sufragio a los mayores de 18 años.

Desde 1951 votaron las mujeres y, desde 1953, empezaron a ser electas en la Asamblea Legislativa, llegando a presidir este Poder de Estado en 1986, con Rose Marie Karpinski de Murillo, posibilitando la elección de la primera mujer Presidenta, Laura Chinchilla Miranda, en el 2010.

En esta etapa republicana en cada proceso electoral fueron participando cada vez más mujeres, lo que se fortaleció electoralmente obligando a los partidos políticos a proponer una representación igualitaria en sus candidaturas.

Más se preocupan hoy los partidos por la representación de las mujeres que por la de los jóvenes, que pueden ser electos a diputados a los 21 años, que constituyen una parte importante del padrón electoral.

En el caso de las mujeres han constituido generalmente una mayoría electoral sobre los hombres, así como los adultos mayores van, poco a poco, obteniendo una franja significativa cada vez más alta, del padrón electoral.

El proceso electoral estableció históricamente restricciones a partidos religiosos católicos y a los comunistas o de izquierda. Así, por ejemplo, a finales del siglo XIX se prohibió el Partido Unión Católica y se estableció la prohibición de usar propaganda y sentimientos religiosos con fines electorales. En 1929 se restringió la participación del Partido Comunista, aún sin haberse fundado, lo que obligó a este partido, surgido en 1931, a participar en las elecciones desde 1934 hasta 1942 con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos. En 1943 cambió de nombre por el de Vanguardia Popular, como actualmente lo mantiene, sin participar en los últimos procesos electorales.

Los triunfadores de la guerra civil de 1948 pusieron fuera de la ley, por el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno de la Segunda República, y por la aplicación del segundo párrafo del Art. 98 de la Constitución Política, al Partido Comunista, Vanguardia Popular, o cualquier nominación que tuviera, situación que duró hasta 1975 cuando se derogó la restricción constitucional fortaleciendo, a partir de ese año, la participación ciudadana en los siguientes procesos electorales, y de esa manera se fortaleció la democracia política nacional. Víctima de esta prohibición fue casi una decena de partidos.

Otra reforma que contribuyó a fortalecer el régimen democrático y electoral fue la de establecer el Referéndum y el Plebiscito como consultas nacionales, dando mayor participación directa a los ciudadanos.

Por un Recurso de Amparo que interpuse en la elección de 1998 se estableció, por la Sala Constitucional, la obligatoriedad de invitar y tomar en cuenta, para los debates de candidatos presidenciales, a todos, condición obligada en debates organizados en instituciones públicas o financiadas por el Estado. Luego se permitió que los debates organizados por sectores privados podían hacerse solo con los que los organizadores invitaran.

Fundamental reforma en este proceso democrático nacional fue la abolición del Ejercito Nacional desde 1948, proceso que se había iniciado desde 1946-1947.

Yo nací en 1946. En la práctica soy hijo de las reformas sociales logradas por la alianza calderocomunista de los años 1943-1948 y de las reformas institucionales, de carácter revolucionario y reformistas, que transformaron y sentaron las bases de la actual Costa Rica, impulsadas desde la Junta Fundadora de la Segunda República.

Nací en un hogar comunista, que la guerra civil fragmentó. Mi padre tuvo que salir para Venezuela por la represión que se dio. Mi madre no pudo seguirlo porque enfermé gravemente. Terminaron en divorcio. Mi padre se volvió a casar en Venezuela y me dio seis hermanos.

Mi madre se mantuvo en su militancia política hasta avanzada su edad, lo que me permitió conocer de cerca a la dirigencia comunista desde niño. Joven me vinculé a la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, desde que se fundó, 1959-1960, al Partido Vanguardia Popular, del que fuí dirigente juvenil y estudiantil universitario, luego al Partido Socialista Costarricense y finalmente a Fuerza Democrática, 1996-2006.

El partido Vanguardia Popular durante la clandestinidad, 1948-1970 no convocó a la lucha armada para recuperar su legalidad. Hizo todos los esfuerzos políticos posibles por recuperar su derecho político de existencia y de participar en elecciones. Aprendimos quienes nos vinculamos y militamos en Vanguardia Popular a luchar por recuperar esa legalidad, aunque el Partido preparara a sus miembros para luchas más avanzadas. Prueba de ello fue la extraordinaria y heroica participación de la Brigada militar internacionalista en la lucha contra la dictadura de Somoza, en la que participaron militantes de los otros partidos de izquierda que ya existían, y que preparaban a sus militantes para posibles luchas armadas, que habían cobrado importancia en América Latina y en Centroamérica al calor de la Revolución Cubana.

Como niño me vinculé a las elecciones, acompañando a mi madre y mis familiares a votar por Fernando Castro Cervantes, en 1953 contra José Figueres. La fuerza opositora era lo que quedaba de la represión política contra los calderocomunistas del período anterior a 1948. En las elecciones de 1958 participé, como niño de 11 años apoyando la candidatura de Mario Echandi Jiménez, bajo la consigna de la “oposición triunfará”, que llevaba en un cartel amarrado a mi bicicleta. Los 21 años, edad para votar entonces los cumplí en 1967, de manera que mi primer voto fue en 1970, por el Partido Acción Socialista, por Lisímaco Leiva Cubillo para presidente, y por Manuel Mora y Marcial Aguiluz para diputados, que fueron electos.

En la década del 60 aparecieron otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Socialista Costarricense y el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego evolucionaron en las elecciones de 1978 en la Coalición Pueblo Unido. También de izquierda participaron la Organización Socialista de los Trabajadores y el Frente Popular.

La izquierda marxista leninista se fracturó a mediados de la década de 1980 y con la desintegración del sistema mundial socialista, en 1991, prácticamente colapsó.

Surgieron otras manifestaciones políticas de izquierda como fueron en 1990 el Partido Revolucionario de los Trabajadores en Lucha y el Partido del Progreso. Desde 1994 hasta el 2006 participó el partido Fuerza Democrática.

Desde entonces, evolucionó la izquierda política, con altos y bajos electorales, eligiendo diputados desde 1970 hasta 1998. En el 2002 la izquierda no eligió y de nuevo con el Frente Amplio empezó a elegir diputados a partir del 2006.

En el 2006 también surgió la Coalición Cambio 2000, cuando aparece también electoralmente el Partido Acción Ciudadana. En la elección del 2002 y 2006 también participaron los partidos Rescate Nacional y la Coalición Izquierda Unida. En la elección del 2014 participó el Partido de los Trabajadores. En la elección del 2018 lo hizo el partido de los Trabajadores. En la elección del 2022 participaron Pueblo Unido y el Partido de los Trabajadores. En el actual proceso electoral, 2026, participa el Partido de la Clase Trabajadora.

A nivel de candidaturas a diputados en todos estos procesos electorales ha habido esfuerzos partidarios de izquierda localizados en distintas provincias, con partidos provinciales.

No he pertenecido como militante a ningún otro partido político, pero no he dejado de votar en los procesos electorales.

A partir del 2010 he votado razonando mi voto por lo que he creído es mejor, en cada proceso electoral para dirigir el país. Pude haberme equivocado o no. Esa fue mi responsabilidad.

En las elecciones del 2022 no voté por Rodrigo Chaves. Desde entonces lo consideré un peligro para la democracia nacional y para el desarrollo institucional del país.

En la actual coyuntura política y electoral considero que es un deber y una obligación moral o ética votar.

Los que nos formamos y participamos en la izquierda, que entendemos la evolución social, como grandes etapas históricas de desarrollo, que no acudimos históricamente en Costa Rica a una lucha armada para obtener el poder político, y que históricamente nos formamos en la posibilidad de la lucha pacífica y electoral para alcanzar ese poder, con más razón debemos contribuir para que electoralmente se pueda avanzar a desarrollar más democracia política, económica y social.

Quienes desde la izquierda han luchado por la representación política parlamentaria, para tener diputados de la izquierda, lo han hecho considerando al parlamento, a la Asamblea Legislativa, como una tribuna política de agitación política e ideológica, como una herramienta para la movilización social y como instrumento de organización partidaria y social. Esa es la esencia de la presencia parlamentaria revolucionaria: agitación política, movilización social y organización partidaria. Esa fue la experiencia política que enseñó Manuel Mora Valverde y su partido en el período 1934-1948.

Las dificultades históricas y coyunturales de la Guerra Fría hicieron que la presencia política de la izquierda se proyectara más en la lucha por la paz, el desarme, la coexistencia pacífica, la lucha anticolonial y antiimperialista, en las vías pacíficas de la Revolución.

El momento que vivimos de nuevo nos coloca en la lucha antiimperialista, anti neo colonial, antimilitarista, anti autoritarista y, de nuevo, antifascista.

La tribuna parlamentaria en este momento es un espacio que no debe despreciarse, ante la imposibilidad de alcanzar el poder o gobierno del Poder Ejecutivo. Hay que fortalecerla con diputados de izquierda y diputados demócratas, que permitan dar grandes batallas por la defensa del Estado de Derecho que tenemos, por la defensa del Estado Social de Derecho, por la defensa de las instituciones sociales avanzadas de la sociedad costarricense, por la defensa de los Derechos Sociales, Laborales y Políticos amenazados en Costa Rica por los grupos autoritarios, militaristas, inscritos en el nuevo proyecto político de dominación geopolítica imperialista que campea en el continente, manifestaciones que también tenemos en Costa Rica.

El próximo domingo tenemos las elecciones nacionales para elegir un nuevo presidente y una nueva composición legislativa. Es importante participar con nuestro voto para tratar de asegurar la mayor expresión electoral del progresismo social costarricense.

¿Qué oferta política y electoral tenemos? Separo a todos los candidatos en dos grupos.

En primer lugar, tenemos las fuerzas retrógradas que quieren darle continuidad al nefasto gobierno de Rodrigo Chaves Robles, continuidad a sus políticas antipopulares y anticostarricenses.

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que SE IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que no hay que votar, son los siguientes:

Pueblo Soberano, que postula a Laura Fernández Delgado

Nueva República, que postula a Fabricio Alvarado

Avanza, que postula a José Miguel Aguilar

Unidos Podemos, que postula a Natalia Díaz

Integración Nacional, que postula a Luis Amador

Alianza Costa Rica Primero, que postula a Douglas Caamaño

Aquí Costa Rica Manda, que postula a Ronny Castillo

Unión Costarricense Democrática, que postula a Boris Molina

Progreso Social Democrático que postula a Luz Mary Alpízar

Liberal Progresista, que postula a Eliécer Feinzig

Unidad Social Cristiana, que postula a Juan Carlos Hidalgo

Los partidos políticos y los candidatos presidenciales que NO se IDENTIFICAN con este proyecto antinacional, que tratan de preservar el desarrollo democrático nacional y el ejercicio pleno de libertades y derechos, a mi manera de ver, y de apreciar por sus planteamientos, por los que HAY QUE VOTAR, son los siguientes:

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

De la Clase Trabajadora, que postula a David Hernández Brenes

Liberación Nacional, que postula a Alvaro Ramos

Justicia Social Costarricense, que postula a Walter Hernández Juárez

Nueva Generación, que postula a Fernando Zamora

Esperanza y Libertad, que postula a Marco Rodríguez Badilla

Sin embargo, ante la incertidumbre, por la información de encuestas, y los temores y ansiedades que ellas provocan, sintetizo de esta forma las posibilidades para escoger a quien darle el voto para presidente, al día de hoy. Yo escogería entre los siguientes candidatos:

Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos

Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo

Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes

Esperanza Nacional que postula a Claudio Alpízar Otoya,

Centro Democrático y Social que postula a Ana Virginia Calzada

Para diputados el pueblo costarricense ha sido sabio. Desde hace muchos procesos electorales divide el voto, dándole menos diputados al partido ganador. Es el principio de darle fuerza política al control parlamentario sobre el presidente. Así, desde las elecciones del 2010 ningún presidente ni su partido ha tenido más de 12 diputados de los 57 que integran la Asamblea Legislativa.

Los mencionados partidos oficialistas no deben ser votados para la Asamblea Legislativa, mucho menos el Partido Pueblo Soberano que tiene casi el 50% de sus candidatos a diputados acusados en trámites de investigación judicial. Lo que tiene no son candidatos a diputados sino IMPUTADOS como candidatos a diputados.

En este momento que varios partidos se identifican con el presidente Chaves, con continuar sus acciones antinacionales, es más importante que quienes por atracción sientan la necesidad de votar por su principal candidata, partan su voto, para fortalecer la Asamblea Legislativa en su control político parlamentario.

MI opción presidencial la definiré el sábado entre Liberación Nacional, que postula a Álvaro Ramos, la Coalición Agenda Ciudadana, que postula a Claudia Dobles Camargo y el Frente Amplio que postula Ariel Robles Barrantes.

Mi opción para diputado se la daré a Claudio Alpízar, amigo de muchos años, académico, persona preparada para desempeñarse bien en el puesto que se le elija, buena persona, correcta, honesta, clara políticamente para el momento que vivimos, que me parece podrá desempeñarse como un gran diputado, como los necesita el país hoy.

Compartido con SURCOS por el autor.

El que dijo que si, el que dijo que no

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El título es sugerente. La primera vez que di con esta pieza fue en los años ochenta, al ver un montaje local adaptado de la obra escrita y presentada por el dramaturgo alemán Bertold Brecht en 1930. La trama aborda el tema de las decisiones. En la versión original, Brecht llevaba el desenlace hacia el sufrimiento del protagonista. Al ver las reacciones ante esa propuesta, adiciona un nuevo final que plantea, más que una lectura individual, un planteamiento colectivo.

La historia transcurre como sigue, según el sitio digital www.alternativateatral.com:

Pieza didáctica que promueve la reflexión frente a procesos personales y colectivos que a veces se asumen como inevitables.

El Maestro acude a despedirse de su alumno más querido ante su próxima partida en busca de remedios para erradicar la epidemia que está devastando a su pueblo. La madre del alumno también está contaminada y el alumno, deseoso de salvarla, ruega al maestro que lo sume al grupo de expedición. El maestro acepta, no sin dudar. A mitad del camino, el joven cae enfermo a su vez y no puede continuar con el viaje, ni regresar al pueblo. El grupo tendrá que tomar una decisión ante el dilema que le presenta la situación: dar por terminada la expedición y regresar al joven a su casa (lo que comprometería la vital expedición, única esperanza de una sociedad moribunda), o abandonarlo y seguir adelante en busca del remedio.

En la puesta en escena, los dos desenlaces son desarrollados, para que el público tome una postura de acuerdo con la decisión tomada. No en pocas ocasiones, las decisiones son sometidas a una profunda valoración, porque implican resultados, impactos, posibles desarrollos futuros.

Hoy, a esta hora, en Costa Rica, decir Si es imperativo. No es un Si asincrónico, como el que esta sociedad dijera hace ya casi veinte años cuando decidió aventurarse a firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No es ese Si que ahora debe asumir la gente con su decisión, con su voto.

Nos enfrentamos, sin lugar a dudas, ante las elecciones más trascendentales de la historia de la Segunda República en el país y lo que se vislumbra debe comprometer reflexiones profundas, reposadas y firmes. Decir No, es confirmar una ruta que, hemos comprobado, nos lleva al deterioro inmediato y a la destrucción del proyecto colectivo que hemos construido a lo largo de la historia. Decir No es condenarnos a un final inmediato, irreversible, irreparable.

El que dijo Si, continuó el camino. Se trazó nuevos objetivos, se apoyó en una nueva marcha histórica, colectiva. Ese es el mensaje. Que la puesta en escena para nuestro país nos traiga nuevos vientos. Un futuro alentador.