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Etiqueta: seguridad alimentaria

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

Urge mayor apoyo a agricultores para garantizar la seguridad alimentaria del país

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Defensoría investigó impactos sobre la agricultura

Si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Así lo determinó una investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y al cambio climático, aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos del sistema alimentario.

En el caso de Costa Rica, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en 16 de cada 100 hogares en Costa Rica, al menos una persona adulta se vio obligada en ocasiones, a reducir la calidad o cantidad de su dieta, debido a la falta de dinero u otros recursos (16,42 %). Mientras que dos de cada 100 hogares se vieron afectados por inseguridad alimentaria severa (2,33%). Esto implica que en esos hogares al menos una persona adulta tuvo que reducir la cantidad de alimentos consumidos o inclusive, pudo haber pasado un día entero sin comer. En este sentido el Estado de la Nación señala que, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave sigue aumentando, principalmente entre las mujeres. 

Para algunos expertos, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así como lo han señalado la Contraloría General de la República y el Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes concluye que si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa, por lo que la Defensoría destacó la importancia de construir mecanismos para una adecuada implementación de las acciones y recursos y alcanzar consensos entre los distintos actores del sector para avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas.

Entre los retos que persisten, es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes. 

En materia de cambio climático, urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

En este sentido, la Defensoría de los Habitantes le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

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  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

Instamos al presidente de la República al respeto de la autonomía y al diálogo abierto como para la elaboración de propuestas, soluciones y acuerdos que tanto requiere el país.

Carta política enviada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo al presidente de la República

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Miércoles 25 de octubre de 2023
San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República de Costa Rica

Señor presidente:

De parte de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reciba un saludo respetuoso, pero a la vez cargado de una profunda preocupación por la destrucción sistemática de las conquistas, como nuestro sistema democrático, en el que se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho y que, por ende, afectan la supervivencia de diversos sectores sociales de nuestra amada Patria.

Desde las organizaciones sociales y productivas que agrupamos, así como desde el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y cada suscribiente, hacemos de su conocimiento nuestras posiciones con respecto a distintos ámbitos de la vida nacional.

Nuestra Constitución Política, artículo 50, señala que el Estado costarricense debe procurar el mayor bienestar para todos sus habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, la Carta Magna reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales.

En ese entendido, nos dirigimos a usted, ante la observancia de que tanto su Gobierno como sus alianzas en la Asamblea Legislativa, insisten en renunciar a esas responsabilidades constitucionales, sociales y democráticas, con la consecuencia inevitable de un creciente malestar social que se manifiesta de distintas formas a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto ha suscitado diversas manifestaciones de protesta, entre las que se destacan: Marcha en defensa de la Educación Pública, Marcha en defensa del Sector Agro Alimentario, Marcha en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, protestas por el acceso a vivienda, desempleo, inseguridad ciudadana, recortes al presupuesto para Arte y Cultura, demandas ambientales y derechos humanos de las mujeres, así como otras acciones colectivas desarrolladas por distintos sectores sociales y documentadas en los medios de comunicación. Estas manifestaciones evidencian los intentos legítimos de una sociedad movilizada en búsqueda de soluciones a estas problemáticas.

Pero los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales, no son los únicos en documentar el malestar y la descomposición social palpable. Estudios serios como el Estado de la Nación, el Estado de la Educación y el Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, así como observatorios de la realidad nacional, foros de análisis y organismos internacionales especializados, también registran retrocesos que amenazan la democracia costarricense.

A manera de temas prioritarios, que requieren políticas de Estado precisas, señalamos doce grandes ámbitos de incumplimiento sobre los cuales la ciudadanía, aquí representada, espera soluciones:

  • Democracia y autonomías institucionales: La “institucionalidad” no es un invento producto del imaginario costarricense, como tampoco la Constitución Política es un librillo sujeto a todo tipo de sátiras, cuestionamientos e incumplimientos, estableciendo por el contrario las bases para la convivencia democrática, entre ellas la división de poderes. Es necesario que su gobierno y sus alianzas respeten la división de poderes, dejen de violentar las autonomías institucionales y abandonen los intentos de vender activos del Estado que generan bienestar a la población. Mostramos nuestro total desacuerdo con la tercerización de servicios públicos básicos para hacer de ellos un negocio privado de unos pocos, por demás funesto para las finanzas públicas y privativos para las grandes mayorías. Exigimos además el cumplimiento por parte del Gobierno con la asignación del presupuesto del 2% del impuesto sobre la renta para las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Demandamos una fuerte televisión pública por lo cual somos del criterio de que el SINART debe ser fortalecido, limpiándole de la intromisión politiquera cuatrienal, entre otras demandas; promover convivencia democrática y la libertad de expresión, y un alto a la violación de las autonomías institucionales, no más tercerización de servicios públicos básicos.
  • Derechos humanos: Exigimos un Gobierno comprometido con los derechos humanos, independientemente de las creencias y valores de quienes gobiernen. El Gobierno no solo está obligado a tolerar el disenso, sino a emitir información veraz y garantizar el acceso a todo tipo de información de interés público. Urge fortalecer la protección y el respecto de las libertades de expresión, tránsito y asociación, derechos de las mujeres, personas jóvenes y con discapacidad; defensa de territorios indígenas y comunidades tribales, garantías sociales e individuales, así como lo relacionado al ámbito sexual y reproductivo, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de acceso al agua potable; al trabajo digno, decente, al ocio y el descanso, así como a un salario justo, educación de calidad y salud preventiva y curativa universales. Además, es fundamental la ejecución de los mecanismos que habilitan el derecho a la libertad de prensa, asociación y organización para el adecuado desarrollo democrático e institucional. Así como garantizar el derecho a la alimentación para todas las
  • Soberanía y seguridad alimentaria: Urge que Costa Rica oriente su modelo productivo hacia la soberanía alimentaria, a saber, el derecho a definir y controlar su sistema alimentario y de producción de alimentos, tanto a nivel local, en internacional de forma equitativa, soberana y respetuosa con el medio ambiente y con el modelo alimentario de los pueblos indígenas. De esta manera, las instituciones públicas deben garantizar que los instrumentos con que cuentan apoyan una política agraria integral de Estado, entre otros, en: una tenencia de la tierra justa y equitativa para los pequeños y medianos productores y el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos ancestrales; una revisión de la desarancelización del sector agropecuario (abandonando de inmediato la llamada ruta del arroz y revisando de manera exhaustiva decretos que generan desigualdades competitivas con la producción nacional, como lo son, el sector papero, cebollero, aguacatero y frijolero, entre otros); el desarrollo de infraestructura hídrica para riego y drenaje; registro de nuevas moléculas para el sector agroalimentario; fortalecimiento de agro mercados justos; fomento de prácticas agroecológicas; rescate de semilla criolla y acceso a crédito rural; uso generalizado de seguros agropecuarios; etc. La institucionalidad pública del sector agropecuario debe respetarse. Asimismo, se debe descartar de forma definitiva la incorporación del sector agropecuario costarricense al Bloque Alianza del Pacífico. De manera contundente dejamos establecida nuestra firme posición de que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) debe seguir siendo de propiedad pública. Reiteramos además las consignas de: SÍ a la Comisión Especial Mixta para el sector Agroalimentario, en la Asamblea Legislativa; NO a la Eliminación Selectiva de Aranceles del Agro; SÍ a la Defensa de la Institucionalidad del Sector Agropecuario; NO a la Canasta Básica Importada; Si a la Defensa del PAl, un Mercado Seguro para la Producción Nacional; NO a la monopolización de los mercados agroalimentarios y pesqueros; NO al contrabando de productos agropecuarios Si a la Soberanía y Seguridad Alimentaria.
  • Empleo, creación de oportunidades y reactivación económica: Según la Encuesta Continua de Empleo (junio-agosto 2023) del INEC, 204 mil personas se encuentran desempleadas y 816 mil tienen un empleo informal, con una alta presencia de la población juvenil. Estos datos alarmantes reflejan que los componentes esenciales para el bienestar económico de un país no se concretan con la llegada de unas cuantas empresas transnacionales a suelo costarricense. Tampoco solo quienes cuentan con formación en altas tecnologías y dominan varios idiomas tienen derecho al trabajo. Se requieren estrategias de reactivación económica en los territorios, con perspectivas diferenciadas y en concordancia con las capacidades y oportunidades de las diversas poblaciones, y que se construyan en colectivo, con especial preponderancia de MIPYMES, organizaciones de la economía social solidaria y la llegada de recursos desde Banca para el Desarrollo a todos los territorios del país con facilidades técnicas para la población. La falta de esas estrategias hace que el Producto Interno Bruto (PIB) se concentre en el centro del país. El 77% del PIB se produce en la región Central del territorio nacional, quedando las zonas periféricas sin suficientes oportunidades productivas, a pesar de tener casi el 40% de la población. Además, debe detenerse el congelamiento salarial de los trabajadores públicos. Adicionalmente, deben fomentarse leyes y políticas que fortalezcan la dignificación laboral y garanticen condiciones dignas del trabajo para todas las personas.
  • Justicia económica: Exigimos un alto a la desigualdad, no existe justicia social que se traduzca en dignidad de la persona, solidaridad y valor del trabajo, sin justicia económica. La pobreza en Costa Rica aqueja al 21,8% de los hogares este 2023, y la pobreza extrema, a 6,3%, según la medición por insuficiencia de ingreso o línea de pobreza, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) por medio de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Además, la desagregación de ese promedio revela la situación desigual de la pobreza en las diversas regiones del país. Mientras la pobreza es el 18,1% en la región Central del país, en la región Brunca es el 34% y en la región Huetar Caribe es 33%, por ejemplo, se propone garantizar el fortalecimiento de los programas sociales que asignan recursos a grupos vulnerables, salario digno, reconocimiento social y remuneración del trabajo doméstico y de cuidados, así como el replanteamiento de una estructura tributaria que sea Se impone la necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica, habida cuenta del alto costo de la vida en nuestro país; amén de decretar el retorno del reajuste salarial del mismo por costo de vida de manera semestral. Es urgente revisar las causas por las cuales viene ocurriendo una brutal concentración del ingreso y la riqueza en Costa Rica, así como las causas del alto costo de la vida que enfrentan las familias costarricenses, producto muchas veces del funcionamiento altamente concentrado de los mercados y del sobreendeudamiento de estas familias a tasas de usura y a menudo en condiciones de extorsión (préstamos “gota a gota”). El ROP exige transformaciones jurídicas urgentes para el acceso total a sus fondos por parte de las personas trabajadoras. Adicionalmente, es menester establecer un ingreso mínimo vital que permita sacar de la pobreza extrema a miles de personas que sufren de esta situación y que podrían tener una vida digna con una adecuada canalización de la inversión social.
  • Justicia tributaria: Mientras algunas grandes empresas siguen gozando de exoneraciones fiscales y otras se amparan en tecnicismos legales para no pagar impuestos, el país no tiene una ruta clara para combatir la evasión y la elusión tributaria, esto sucede al tiempo que los servicios públicos se deterioran y la persona ciudadana común, afronta hoy un salario precarizado, congelado en el tiempo, golpeado por políticas como la Ley de Empleo Público; mientras algunas familias ni siquiera tienen acceso a un ingreso estable. El sistema tributario costarricense debe garantizar que quien gana más,
  • Ambiente y energía: Proyectos extractivistas, como la exploración y explotación petrolera o de gas natural, monocultivos en territorios de vida silvestre, así como la reactivación de pesca de arrastre, entre otros; nos alejan del liderazgo mundial en temas de conservación y medio ambiente frente a la crisis climática mundial. Costa Rica debe propender a la soberanía y seguridad energética, producir en armonía con el ambiente, de manera sostenible, fomentando programas de capacitación y emprendimientos colectivos sobre economía verde, economía circular y bioeconomía. Además, deben fortalecerse las instituciones rectoras en materia administración energética y de transición, los compromisos de Costa Rica en materia de adaptación y mitigación a cambio climático. Deshacer el rechazo al Acuerdo de Escazú, e incorporar con vehemencia los esfuerzos en la materia de organizaciones de pueblos ancestrales y tribales, mujeres rurales, activistas ambientales y expertos en la Alertamos sobre el sistemático debilitamiento del papel de la política pública en el adecuado y necesario papel protector de los parques nacionales y áreas de conservación, pues los intentos por privatizarlos ya se están manifestando. Por lo que solicitamos se genere un estado de emergencia para generar la infraestructura de distribución y almacenamiento de agua para comunidades y un proceso de fortalecimiento de ASADAS en todo el país. Así como oposición a planes reguladores en zonas costeras que afecten la flora y fauna de las comunidades y sus actividades productivas.
  • Arte y cultura: La libre expresión de los pueblos es imperativa para garantizar bienestar y mitigar los malestares sociales. La inversión en cultura debe fortalecerse, realizando intervenciones artísticas en los territorios mediante, entre otras, las organizaciones sociales, culturales, artísticas y comunitarias de cada zona, rescatando espacios para estos fines en los centros educativos, en ambientes limpios y seguros para la libre expresión cultural comunitaria. Además, es menester el fortalecimiento del presupuesto institucional en la materia, pues su gobierno ha continuado con acciones recortistas que impiden fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, así como facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica.
  • Educación pública: Es clara la evidencia cualitativa y cuantitativa suministrada por distintos análisis, además del malestar ciudadano y gremial, en cuanto a que la educación pública sigue carente de rumbo estratégico y persiste el desfinanciamiento del sector, con lo cual se termina imponiendo una ruta de precarización del derecho humano a la educación, agudizando la discriminación y violencia diferenciada hacia la más de un millón de personas estudiantes, como recortes en becas, infraestructura deficitaria y cuestionados sistemas nacionales de evaluación. A partir del IX Informe del Estado de la Educación, se puede afirmar la continuada ausencia de voluntad política para avanzar hacia el 8% del PIB constitucional. Consideramos de extrema urgencia el establecimiento del Pacto Nacional por la Educación Pública, propuesto a su gobierno y a la Asamblea Legislativa meses atrás. Además, reiteramos las consignas de: No más recortes presupuestarios a la educación pública; Declarar en estado de emergencia a la educación pública; mejorar las condiciones labores de la clase trabajadora del sector educación; Salario Digno para las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Educación Pública; reducción de cargas laborales para los docentes del MEP; Fortalecer y robustecer el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación pública; construir una educación pública de calidad para toda la comunidad estudiantil; respeto y fortalecimiento de las convenciones colectivas del trabajo del MEP; fortalecer los programas de educación inclusiva de la enseñanza general básica.
  • Salud pública y seguridad social: Eventos como la pandemia por Covid-19 demostraron la eficacia de la integración de toda la sociedad en estrategias nacionales de salud pública y por supuesto, la importancia vital de contar con una CCSS fortalecida y solidaria. Distintos expertos, actores sociales y organizaciones productivas sostienen con evidencia que la CCSS no está quebrada y que la administración actual refleja impericia y oculta información. El Ministerio de Hacienda sigue adeudando billones de colones a la CCSS. Entonces, una vez más, la ruta definida por su Gobierno es la precarización del servicio. Persisten el ataque a la autonomía institucional, grandes e inhumanas listas de espera, deuda del Estado con la CCSS, faltante y fuga de especialistas, déficit de infraestructura, falta de condiciones laborales y tercerización de los servicios, ofrecida esta última como un paliativo ante la falta de soluciones estructurales reales y efectivas. Esta priorización deriva de un encuentro participativo, en el marco de la “Gran Protesta Nacional contra las políticas que destruyen el Estado Social y Democrático de Derecho”, donde diversas organizaciones suscribientes analizamos la realidad nacional, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Al respecto, adjuntamos una serie documentos a modo de anexos que profundizan diversos aspectos de los ejes arriba mencionados.

Uno de los objetivos más importantes que tiene este movimiento ciudadano, pacífico pero enérgico, es hacer un llamado vehemente a todos los actores políticos del país, y en especial al Gobierno de la República, reconociendo la importancia del diálogo social para enfrentar los flagelos que nos aquejan como sociedad y que afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

Pero lastimosamente, y pese a que diversos sectores se han manifestado de múltiples maneras y han comunicado a las instituciones gubernamentales sus demandas, es claro que su gobierno no atiende estas iniciativas legítimas, por lo que proponemos crear mecanismos conjuntos para encontrar soluciones.

Por tanto, solicitamos del Poder Ejecutivo la convocatoria inmediata a un encuentro de alto nivel entre las autoridades del Estado y los sectores suscribientes, así como la sociedad civil organizada que decida sumarse, para hacer real ese diálogo social para la concreción de las soluciones que Costa Rica amerita y el cumplimiento pleno del artículo 50 constitucional:

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes.”

Esperamos su disposición y voluntad para con los liderazgos y las organizaciones, quienes han demostrado una importante participación ciudadana a nivel nacional. Además, este movimiento nacional entiende la importancia de que en este espacio de diálogo de alto nivel participen los otros Poderes de la República (Judicial y Legislativo).

Por lo tanto, una vez constituido este espacio entre el Ejecutivo y las organizaciones, proponemos invitar especialmente a la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, así como la Defensoría de los Habitantes como garante. Lo anterior, puesto que la solución integral de los desafíos del país es resorte de todos los Poderes de la República, sin olvidar que la misma Carta Magna, artículo 9, establece que el gobierno también lo ejerce el PUEBLO.

Quedamos a la espera de su respuesta para las organizaciones abajo firmantes.

Con copia:

Asamblea Legislativa Corte Suprema de Justicia Defensoría de los Habitantes REPÚBLICA DE COSTA RICA

Inteligencia artificial impacta y revoluciona desarrollo social

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La Inteligencia Artificial (IA)como un dinamizador de futuros, plantea desafíos cruciales en el ámbito de la investigación y la formación de profesionales. En un mundo en constante cambio, las universidades se alistan para preparar a las futuras generaciones para empleos y roles de liderazgo que aún no existen.

A nivel internacional, la IA impacta en ámbitos como la salud o la agricultura. “Sabemos que se utiliza en el diagnóstico utilizando el análisis de imágenes para identificar patrones y características que pueden ser indicativos de enfermedades. En la agricultura se utiliza para la optimización de cultivos o la identificación de enfermedades en plantas, lo que puede repercutir positivamente en el mejoramiento de la producción agrícola y por ende en la seguridad alimentaria”, detalló Jorge Herrera, vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional (UNA).

La IA desempeñará un papel crucial en la investigación universitaria del futuro al revolucionar la forma en que se generan, analizan y aplican los conocimientos.

La IA puede acelerar significativamente la búsqueda y el análisis de datos, permitiendo a los investigadores procesar grandes conjuntos de información en cuestión de minutos o incluso segundos. Esto no solo aumentará la eficiencia de la investigación, sino que también facilitará el descubrimiento de patrones y relaciones ocultas en datos complejos, lo que conduciría a avances científicos más rápidos.

“Hace 50 años nuestro reto más grande era localizar terremotos, había pocas estaciones de planta para hacerlo, ahora la localización se volvió trivial y sabemos que están ubicados en los márgenes de la placa, esto nos permite conocer la dimensiones y las zonas más activas del planeta. El desarrollo de una red neuronal para detectar terremotos, nos permite tener 13,5 terabytes de datos acumulados desde el 2010, que crece a como crecen los datos La IA nos permite analizar Big Data, y hacer predicciones y/o estimaciones precisas sobre procesos naturales, con esta cantidad de datos nosotros podemos exportar esas bases de datos y, con la aplicación de la tecnología, ver modelos que no nosotros o podemos ver”, explicó Esteban Chaves, investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional (Ovsicori-UNA).

El análisis de datos y prospectiva de la investigación y construcción de escenarios futuros que permitan la anticipación de distintos impactos, cita Herrera, ya se refleja en otra área que presentan grandes desafíos como lo es el cambio climático, “se aplica en el monitoreo y predicción del cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de recursos naturales”.

Desde la investigación universitaria, Herrera afirma que la IA se está utilizando para mejorar la eficiencia, la precisión y la innovación. “Se utiliza para analizar grandes cantidades de datos, crear modelos y automatizar tareas. En las ciencias naturales, se desarrollan nuevos medicamentos, materiales y energías renovables. En las ciencias sociales, se estudia el comportamiento humano, la economía y la política. En ingeniería, se diseñan nuevos productos y sistemas. Es una herramienta que está facilitando la toma de decisiones gubernamentales y estratégicas en diversos ámbitos de la vida, las organizaciones y las empresas”.

Academia a la vista

Otro de los ámbitos que tendrá gran impacto es el de la educación.” La IA está aportando una gran cantidad de herramientas que permiten personalizar la enseñanza, lo que potencialmente puede contribuir a la adaptación de programas y el currículo educativo más ajustados a las necesidades individuales de las personas estudiantes. Mayor disponibilidad de recursos en línea, plataformas de educación en línea que pueden ofrecer experiencias de aprendizaje más interactivas y personalizadas. De igual forma la IA puede hacer que la educación superior sea más accesible al ofrecer opciones de aprendizaje en línea, lo que puede democratizar el acceso a la educación de calidad”, dijo Herrera.

Para Willy Castro, de la Vicerrectoría de Docencia, el uso de la IA presenta grandes desafíos para la educación superior. “Tenemos que tener un análisis de cuáles son las tecnologías que realmente requerimos, y esto no pasa a la velocidad que se da en el mercado”.

Para Castro, existe la necesidad de transformar lo que hacemos en la academia. Si la IA toma las actividades más operativas, nos podemos dedicar más a la investigación. “¿Sustituirá la IA al docente? No, pero debemos transformar nuestro quehacer, y es probable que todavía nos sepamos lo que debemos o hacer”.

Castro asegura que la IA requiere del aporte del docente, aunque la innovación no es exclusiva de este profesional. “Los procesos de transformación docente y capacitación, tiene que integrarse con gestores, académicos, administrativo, informáticos y estudiantes, todos debemos estar involucrados en este proceso para que sea efectivo”.

Para Chaves, el incluir la IA en la formación universitaria incluye otro reto: ¿Qué tipo de competencias queremos desarrollar en los estudiantes: consumidores o desarrolladores? En mi opinión se deben fortalecer bloques fundamentes como física, matemática y estadística, no podemos vender que la IA nos a solucionar todo con las bases que otros han puesto a nuestra disposición, así seriamos solo consumidores, tenemos que modernizarnos y modernizar nuestros planes de estudios para incluir programación y Big Data”.

Los desafíos éticos también representan un reto, expertos mundiales en IA como Sam Altman, Bill Gates y Elon Musk, advierten que los sistemas de AI están surgiendo vertiginosamente, y que la humanidad está en una urgencia por establecer rápidamente mecanismo de regulación prudentes.

“En el futuro, la IA seguirá siendo una herramienta fundamental para acelerar el avance científico, optimizar la gestión de recursos, abordar problemas globales y mejorar la calidad de vida. La colaboración interdisciplinaria entre la academia, la industria y el gobierno será esencial para maximizar el potencial de la IA en la investigación y el desarrollo del país. La inteligencia artificial tiene un potencial significativo para impulsar la investigación universitaria y contribuir al desarrollo del país en múltiples áreas. Sin embargo, es crucial abordar los desafíos éticos y garantizar un uso responsable de la tecnología para maximizar sus beneficios”, puntualizó Herrera.

PARA COLOCAR EN RECUADRO O FRASE DESTACADA

Pensar el futuro

Durante el 11 y 12 de octubre se desarrollará el I Congreso nacional sobre estudios futuros en Costa Rica, a partir de las 8 a.m. en el auditorio Cora Ferro de la Universidad Nacional. Organizado por la Vicerrectoría de investigación y la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, su relevancia radica en fundamentar la importancia creciente de la innovación científica y tecnológica, así como los retos del desarrollo económico el bienestar social y ambiental, los cuales traspasan una planificación de control y corto plazo, a una planificación que cuestiona el futuro.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

PUNTALITOS EN DISPUTA: ¿Qué es lo que comemos?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

Canal Quince UCR y Programa Kioscos Socioambientales lanzan serie documental sobre soberanía alimentaria

Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, tienen el gusto de invitar a la presentación de la cuarta temporada de la serie “Entramarnos por la defensa de la vida”, que ha sido nombrada “Puntalitos en disputa; ¿Qué es lo que comemos?”. Se trata de una producción televisiva que aborda perspectivas sobre soberanía, seguridad y justicia alimentaria.

La agricultura y la alimentación son parte esencial de los pueblos originarios y campesinos, son testimonio de nuestra evolución como comunidades y territorios. Desde hace algunas décadas, la industria alimentaria y el agronegocio ha profundizado su presencia en vastos territorios, acaparando tierras para la actividad monocultivista, despojando comunidades completas y fomentando el uso de paquetes tecnológicos y de agrotóxicos para hacer más “eficiente” la producción de alimentos principalmente para la exportación.

El modelo agroindustrial, contrario a lo que promueve, ha incrementado la desnutrición, el empobrecimiento y la exclusión a bienes comunes de la naturaleza, convirtiendo los campos cultivados de forma diversificada en desiertos verdes.

Por ejemplo, el alto costo en los precios de los granos básicos y la actual dependencia de la importación de los mismos en más de un 80%, especialmente en granos básicos, tiene raíces en decisiones políticas que iniciaron en la década de los ochenta, con una serie de transformaciones en la estructura socioproductiva, inacción estatal y falta de coordinación entre los sectores involucrados. La expansión de los monocultivos fundamentalmente para la exportación sin duda ha despojado a los territorios de las pequeñas y medianas parcelas que décadas atrás dedicaban las comunidades a la producción de alimentos. El área cultivable dedicada a la producción de alimentos se redujo en más de un 60% pasando a ser parte del modelo extractivista del monocultivo de exportación, que luego regresa enlatado al país.

Esta 4ta temporada televisiva de la serie documental “Entramarnos por la defensa de la Vida” que nombramos: “Puntalitos en disputa”, aborda perspectivas en torno a la soberanía, seguridad y justicia alimentaria, así como la urgencia de un compromiso necesario por parte de los gobiernos de turno para procurar el alimento sano, nacional y diversificado a toda la población, contrastando con la realidad de un sistema alimentario cada vez más transnacionalizado que responde a la lógica del agronegocio, implicando despojo para el sector campesino, costero e indígena, así como el consumo de agrotóxicos, por eso nos preguntamos: ¿qué estamos comiendo?

Hemos producido diez episodios que entrelazan experiencias comunitarias con testimonios y reflexiones sobre las diversas dimensiones que están alrededor de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Se abarca desde la defensa de la semilla criolla, las amenazas y riesgos que sufren los distintos grupos de polinizadores, las modificaciones de la estructura socioproductiva con la intensificación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la comida y la cultura, los mercados y las ferias del agricultor, las experiencias agroecológicas y los conceptos de seguridad, soberanía, justicia alimentaria.

La IV temporada obtuvo el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social con el otorgamiento de un presupuesto en el marco de la XVII Convocatoria del Fondo Concursable para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Sociedad (2023-2025) lo que permitió realizar las giras para las grabaciones en distintas comunidades en todo el territorio costarricense. Se viajó a todas las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Sur y Región Central. De manera que en cada episodio se muestra una especie de mapeo audiovisual de experiencias agroecológicas de producción de alimentos, asociados a convicciones culturales y prácticas regenerativas y libres de tóxicos.

“Puntalitos en disputa” ofrece una vasta reflexión colectiva sobre: ¿qué es lo que comemos, de dónde viene y cómo ha sido producido? Comparte con la audiencia datos importantes que invitan a reflexionar qué hay detrás de cada plato de comida.

Este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Educación se realizará el lanzamiento y estreno de la temporada con la proyección de uno de los episodios y con la intervención del equipo de producción tanto de Quince UCR como de Kioscos Socioambientales, así como algunas de las personas protagonistas de los documentales. Será un encuentro que provoque la discusión y reflexión y que promueva el seguimiento a la transmisión de la temporada por televisión abierta y en la plataforma de streaming de Quince UCR.

Pretendemos con esta temporada que cada persona de la audiencia sienta un compromiso a reflexionar acerca de: ¿Qué es lo que comemos?

Esta temporada podrá ser apreciada por la audiencia en la programación regular de Quince UCR en señal abierta todos los lunes a las 8 de la noche con repetición el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde. A partir del lunes 18 de septiembre y hasta noviembre. También pueden verla y compartirla desde la plataforma de streaming UCRQ.

Pronunciamiento CISAN-UCR sobre etiquetado

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) de la Universidad de Costa Rica sobre la circular MS-DRPIS-UR- 1588-2023 emitida por la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud

Desde el año 2007, la Universidad de Costa Rica cuenta con una Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), que funciona bajo los principios de la multi e interdisciplinariedad y de la articulación entre diversas unidades e instancias académicas. El accionar de esta Comisión se enfoca, entre otros aspectos, hacia:

  • El análisis de la situación de nuestro país en materia de seguridad alimentaria y nutricional, mediante la generación de actividades académicas y científicas para la comprensión, el análisis y la discusión de la situación de SAN en CR, así como la propuesta de alternativas que contribuyan con su mejoramiento.
  • La observación del grado de avance en el logro progresivo del derecho humano a la alimentación en el país.
  • La contribución en la formulación y el análisis de proyectos de ley que guardan relación con la temática.

Por lo tanto, dado su campo de análisis y aporte, lo concerniente a los derechos de los consumidores y a la situación nutricional de la población costarricense (temáticas íntimamente relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación), resulta de interés prioritario para esta Comisión.

Es así como ante la circular emitida por el Ministerio de Salud el 22 de junio de 2023, con relación al etiquetado frontal que presentan algunos productos alimenticios importados, la CISAN cuestiona las disposiciones de la misma respecto a ocultar los sellos de dicho etiquetado frontal mediante los siguientes argumentos:

La falta de reglamentación nacional o centroamericana que contemple aspectos relacionados con los valores que deben cumplir las declaraciones “alto/exceso de” para las calorías, grasas, azúcares, sodio, entre otras, no es motivo suficiente para ordenar, en plazo perentorio, al importador y distribuidor de un producto, el ocultar la información de la etiqueta original por las siguientes razones:

La ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor indica claramente en su artículo 32 que son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor, entre otros, los siguientes:

-La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente.

En el caso de la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 este derecho fundamental puede verse vulnerado debido a que un alto porcentaje de la población no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para poder interpretar, de las etiquetas de información nutricional de un producto, los eventuales riesgos que este puede implicar para su salud. Así las cosas, las etiquetas que se pretende ocultar aportan información valiosa al consumidor. Sobre todo, en lo relativo a los riesgos que el consumo de ese producto puede provocar a la salud de las personas.

Estos etiquetados, por su naturaleza, son garantía de protección de este importante derecho humano y fundamental de la persona, además de irrenunciable. Una vulneración de este derecho implica una vulneración directa a la salud de la persona, a su derecho fundamental a una adecuada alimentación (artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), y por ende a la vida (artículo 21 de la Constitución Política). De ahí que nos preocupa particularmente, la gravedad de la medida adoptada.

-El acceso a una información, veraz y oportuna, sobre los diferentes bienes y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio.

En el caso de la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 este derecho fundamental, que también lo encontramos en el artículo 30 de nuestra Constitución Política (siendo este tipo de información de interés público) y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 13.1 y 13.2), puede verse vulnerado en razón de que esta circular pretende que se oculte información oportuna y verdadera, extraída del análisis de carácter científico, y por ende información comprobada y comprobable, que arroja datos específicos, objetivos, y científicos de las características, composición y calidades de un producto determinado. Una vulneración tal implica la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la medida adoptada. Sobre todo, si tomamos en cuenta lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sobre el derecho de acceso a la información, y su relación directa con la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, indicando que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier    otro procedimiento de su elección.

  1. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura…” siendo que este ocultamiento de información podría considerarse censura previa de información vital al consumidor, lo cual es inconvencional e inconstitucional.

– La educación y la divulgación sobre el consumo adecuado de bienes o servicios, que aseguren la libertad de escogencia y la igualdad en la contratación.

En el caso de la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 este derecho fundamental puede verse vulnerado en razón de que, el ocultar esta importante información científica, lejos de garantizar la libertad de escogencia del consumidor, y la educación del consumidor en cuanto a una eventual afectación de su salud respecto del consumo de determinados productos, así como la divulgación de información científica y técnica que permita, al consumidor tomar una decisión informada y libre (precisamente por ser esta informada), podría ir a total contrapelo de los alcances de este derecho fundamental e irrenunciable del consumidor.

-Este importante artículo de la Ley 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor indica que es derecho del consumidor, el Recibir el apoyo del Estado para formar grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas en los procesos de decisión que les afecten.

En el caso de la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 este derecho fundamental puede verse vulnerado en razón de que esta grave decisión / directriz administrativa, que afecta tan claramente los derechos del consumidor, no fue, como debió serlo, ampliamente consultada en los diferentes sectores nacionales e institucionales que pudieron, en su momento pronunciarse, sobre las consecuencias que esta medida implica.

Además de lo anterior, y amparados a estos derechos fundamentales e irrenunciables

nos permitimos indicar que no resulta razonable o proporcional indicar que la falta de normativa nacional o regional relativa a los índices de “alto o exceso de” sea razón suficiente para ocultar esta información del conocimiento de los consumidores.

Es bien conocido que esta información de alerta proviene de estudios médicos y científicos, comprobados y comprobables, que han derivado en estándares e índices internacionales de peligrosidad de determinadas sustancias o componentes químicos u otros para la salud humana.

Dicho de otra forma, la falta de normativa vigente nacional o regional sobre estos índices, no implica que el Ministerio de Salud no pueda integrar en su valoración del etiquetado, la aplicación de criterios científicos y técnicos provenientes de estudios científicos nacionales e internacionales que han dejado evidencias importantes sobre la temática, así como las informaciones desarrolladas sobre el tema, por parte de organismos internacionales, de los cuales nuestro país participa, como lo son la OMS o incluso la OPS, en lugar de decidir el ocultar información valiosa al consumidor que puede permitirle tomar decisiones de consumo libres y por ende informadas.

Consideramos que el mantener visibles este tipo de etiquetas informativas no vulnera, el bien jurídico protegido a través del Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), contenido en el Decreto Ejecutivo número 37280-COMEX-MEIC, en sus numerales 4, 4.1 y 4.2. Lo anterior por cuanto, de la lectura integral de reglamento indicado, y en específico de sus numerales 4,4.1 y 4.2, este reglamento tiene vocación de protección al consumidor por cuanto busca mantenerle informado de forma verás y cierta de los eventuales riesgos que determinados productos pueden provocarle, indicando que «la información del etiquetado no debe generar en ningún caso confusión al consumidor».

Así las cosas, contrario a lo señalado por el Ministerio de Salud en la circular MS-DRPIS- UR-1588-2023, el uso de estas etiquetas no solamente colabora, de manera inequívoca, con la consecución de este fin público que busca la norma, a saber, evitar confusión alguna en el consumidor, sino que también permiten no hacer incurrir en error al consumidor, indicando advertencias claras de los riesgos asociados al consumo del producto ofrecido.

Por esta razón, el mantener las etiquetas que se pretende ocultar es una decisión que consideramos más acorde con el fin publico buscado, no solamente por el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.01.07:10 Etiquetado General de los Alimentos Previamente Envasados (Preenvasados), contenido en el Decreto Ejecutivo número 37280- COMEX-MEIC, sino también por la lectura integral de nuestro ordenamiento jurídico. Tal y como lo hemos demostrado en nuestra argumentación.

Desde la perspectiva de las Naciones Unidas, resulta importante mencionar que, para el Relator especial de las Naciones Unidas, el Derecho a la Alimentación es, entre otras cosas, el Derecho de tener un acceso regular, permanente y libre, a una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente. Estos componentes de la definición corresponden a algunos de los elementos fundamentales del Derecho a la Alimentación tal y como está definido en la observación general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, siendo este Comité el órgano encargado de dar seguimiento a la puesta en marcha del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en los Estados Parte.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió, en la observación general 12, las obligaciones que deben de respetar los Estados, a fin de aplicar el derecho a una alimentación adecuada, a escala nacional. Estas obligaciones son, por ejemplo, las siguientes:

  • Respetar el derecho de toda persona a tener acceso a una alimentación adecuada, lo que exige a los Estados que se abstengan de tomar medidas, que tengan por efecto, el privar de este acceso.
  • Proteger este derecho, lo cual exige de los Estados, el tomar las medidas necesarias para garantizar que las empresas y los particulares no priven a los individuos del acceso a una alimentación adecuada.
  • Hacer efectivo este derecho (facilitar su ejercicio) a tomar la iniciativa para fortalecer el acceso de la población a los recursos y medios para asegurar su subsistencia, incluida la seguridad alimentaria, así como el uso de estos recursos y medios.

Si bien es cierto, los derechos establecidos en el Pacto están destinados a realizarse de manera progresiva, existen ciertas obligaciones básicas mínimas que deben entrar en vigor de manera inmediata.

Por ejemplo, los Estados parte deben de abstenerse de generar cualquier tipo de discriminación en el acceso a los alimentos, así como en los medios e instalaciones para obtenerlos.

Así mismo, los Estados deben abstenerse de tomar medidas deliberadas que conduzcan a un deterioro del nivel de realización del derecho a la alimentación.

Estas obligaciones incluyen el no restringir a la población, el acceso a información real y clara relativa a los componentes de un producto sujeto a consumo, garantizando así una alimentación informada, libre y clara.

El Pacto requiere que los Estados tomen todas las medidas necesarias para garantizar que todas las personas estén libres de hambre y puedan ejercer su derecho a una alimentación adecuada lo antes posible.

Así las cosas, el marco legal que rige el etiquetado de los alimentos, tanto a nivel nacional como nivel internacional, tiene como objetivo garantizar a los consumidores el acceso a información clara, completa y confiable, sobre el contenido y composición de los productos, para proteger su salud, su interés superior y su derecho a una adecuada alimentación. Por lo que el etiquetado que se pretende ocultar a través de la de la circular MS-DRPIS-UR- 1588-2023, no contraviene, en lo absoluto, estos derechos fundamentales nacional e internacionalmente protegidos.

Es por estas razones que solicitamos, al Ministerio de Salud, el tener en cuenta que en marzo del 2022 la Organización de la Naciones Unidas instó a Costa Rica a identificar los productos altos en grasa, sodio y azúcar a través del etiquetado frontal. Sobre esta temática, nuestro país tiene una deuda importante con la salud de su población desde hace ya mucho tiempo.

Es responsabilidad del Estado velar por la salud de su población, como queda claro en el artículo 46 de la Constitución, “Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.”

Como Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la UCR, con carácter multi e interdisciplinario, manifestamos nuestra disposición y anuencia para contribuir con las autoridades sanitarias en el desarrollo de acciones que redunden en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, del cumplimiento de los derechos de los consumidores y del logro progresivo del derecho humano a la alimentación.

 

Compartido con SURCOS por Yasy Morales.

Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala

Escrito en . Publicado en Derechos.

Acción Social CIA invita a la actividad “Hacia una Estrategia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición en Upala” los días 25 de julio de 2 p.m.  a 5 p.m. y el 26 de julio de 9 a 12 m.d. En el CTP de Upala.

Para más información ingrese a:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CbGWDSbxePSHJVejSJJc1gaHEtEsxJ2K19GGdJEfi4VrnLqfa3hxnCpffERCKdP1l&id=100063605379277&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Pez Vela: Sin Evidencia Científica de Sobre-explotación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Helven Naranjo-Madrigal. Post-Doctor en Ciencias Pesqueras
Consultor e investigador interdisciplinario*

Sobre el tema se comparte la siguiente video-presentación:

Puntos Relevantes

Para realizar una adecuadamente evaluación del stock de Pez Vela y determinar el tamaño y la condición del stock se debe tener una muestra representativa de las descargas pesqueras y captura/liberación de pesca recreativa que abarque toda el área geográfica en la que se distribuye el stock de Pez Vela en el Pacífico Oriental Tropical.

En el 2013 la Comisión Interamericana del Atún Tropical no pudo establecer la condición y tendencias de la población de Pez Vela debido a grandes vacíos de información en datos de captura. Hasta la fecha no existe evidencia científica de que el stock de Pez Vela este sobre-explotado o sufra de sobrepesca.

Estudios sobre probabilidad de captura con datos de la flota de mayor capacidad pesquera (flota de cerco) demuestran que el grueso de captura se da en el área comprendida entre el sur de México y Nicaragua, por lo cual, cualquier estudio sobre abundancia debería usar datos de asignación espacial y temporal del esfuerzo que abarquen dicha área.

Para fines de evaluación y manejo pesquero es poco relevante intentar hacer estimaciones locales de abundancia relativa (no estandarizada) en un área reducida del Pacífico de Costa Rica para manejar un recurso altamente migratorio.

La abundancia relativa estimada en estudio de autores con filiación a una ONG en Costa Rica fue construida con datos no representativos del Pacífico de Costa Rica. Además, son estimaciones de abundancia relativa sesgada y no cumplen con el supuesto de proporcionalidad entre la abundancia relativa estimada a nivel anual y la biomasa anual del recurso al ignorar dinámicas de las flotas, el recurso y ambientales.  Por lo tanto, los resultados no deben ser usados para influir en políticas de gestión pesquera o protección de Pez Vela.

La prohibición a la comercialización de Pez Vela que promueve la ONG carece de fundamento científico; pondría en riesgo la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los grupos de pescadores de comunidades vulnerables; limitaría el acceso a productos marinos de bajo costo a consumidores y estimularía la generación de políticas bajo procesos distorsionados de gobernanza fomentado inequidades en el acceso y uso del Pez Vela.

El proyecto de ley (expediente 23643) que declararía al Pez Vela como símbolo patrio parece haber sido impulsado en base a un escenario ficticio de agotamiento de Pez Vela y el lobby de un grupo que pretende capitalizar el beneficio económico y los derechos de acceso y uso del Pez Vela.

Se insta a los diputados a colaborar en el desarrollo de un proyecto de ley para la creación de un Centro Científico de Investigación Integrativa en Temas Marino-Costeros. Este Centro ayudaría a la generación de conocimiento científico con enfoque sistémico y de carácter multidimensional para la creación de políticas integrales y coherentes en beneficio a la sociedad y a la protección de los servicios ecosistémicos que brindan los espacios marino-costeros.

Recomendaciones de Investigación:

Cuantificar apropiadamente la acumulación de beneficio económico que ha representado la captura y comercialización de pez vela por parte de las flotas de mediana y pequeña escala que permita esclarecer el aporte socio-económico de la actividad a las familias que dependen de la comercialización del Pez Vela. También es necesario un estudio de mercado que cuantifique el beneficio que representa para el consumidor final tener opciones de consumo de pescado a un precio razonable.

Reconstruir series temporales de descargas de pez vela para llenar vacíos en los registros y obtener una muestra representativa de la variabilidad histórica de los rendimientos de las pesquerías.

Construir un modelo operativo preliminar que simule la dinámica del stock para explorar las consecuencias de potenciales de estrategias de manejo como un medio para iniciar un proceso de diálogo y consulta con grupos de interés, usuarios, entidades públicas y privadas.

Sobre inexistente área de reclutamiento: https://tdy.lol/TNpZN

Sobre Inconsistencias en Ampliación Isla del Coco: https://tdy.lol/nhaXV

*https://www.researchgate.net/profile/Helven_Naranjo
https://wiseintro.co/helvennaranjo-madrigalphd

Iret-UNA: No al uso del fipronil

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El uso de fipronil amenaza la seguridad alimentaria del país, y afecta tanto a la salud humana como la de los ecosistemas. Ante la evidencia científica, el Iret-UNA reafirma su criterio de que su uso debe ser prohibido lo más pronto posible en el país.

Un decreto del 26 de agosto de 2022 emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía (43767-S-Minae) prohibía el uso del fipronil para formulaciones en plaguicidas de uso profesional, sin embargo, en la actualidad existe una propuesta de decreto para permitir este uso con dos restricciones menores: una advertencia en el etiquetado y en el material de empaque.

Ante esta propuesta el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA), emitió un acuerdo donde reafirma el por qué se debe prohibir el uso del fipronil lo más pronto posible en el país.

Este insecticida actúa sobre el sistema nervioso, y se utiliza para el control de múltiples especies como gusanos de suelos y defoliadores, hormigas y termitas entre otras, aplicado foliarmente o incorporado al suelo, así como en aplicaciones veterinarias e industriales para el control de hectoparásitos en animales domésticos y productivos.

De acuerdo con datos del Iret-UNA entre 2017 y 2021 Costa Rica importó en promedio 2.373 kg de fipronil por año, y para el 2021 la importación fue de 4.291 Kg. Está registrado para su uso en cultivos de algodón, café, chile dulce, cítricos, dracaena, frutales, naranja, ornamentales, palma aceitera y piña, sin embargo, en distintos diagnósticos del Iret-UNA realizados entre 2014 y 2020 se encontró su uso en cultivos no autorizados como tomate y repollo. Iret-UNA encontró usos de fipronil muy altos en chile dulce (0,72 kg i.a./ha/ciclo de promedio ponderado) y otros menores en algodón (0,024), cítricos (0,001), tomate (0,01) y repollo (0,04), con el agravante que para estos dos últimos cultivos no existen registros autorizados para su uso.

Vuelo truncado

El fipronil se ha sometido a procesos de reevaluación de sus usos agrícolas aprobados por diversas agencias regulatorias del mundo, con el fin de evaluar la toxicidad para importantes organismos como los polinizadores, el resultado ha sido su prohibición en 38 países: 7 de África (Cabo Verde, Chad, Gambia, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo), los 27 países de la Unión Europea, Reino Unido, Vietnam, Argentina y Colombia. En todos ellos el punto básico fue evitar que se siga causando daño a las poblaciones de abejas y otros polinizadores.

En Colombia, cita el pronunciamiento, “la razón principal para tomar la decisión de prohibir el fipronil, fue la muerte masiva de cerca de 64.000 colmenas de abejas entre 2016 y 2020. De acuerdo con los análisis del Instituto Colombiano Agropecuario, el valor de pérdida de esas colmenas puede ser de US$7 millones en material biológico y de US$10 millones en producción de miel y polen. Esto sin mencionar la pérdida inestimable de otros servicios ecosistémicos brindados por las abejas, como la polinización de plantas silvestres y cultivos agrícolas, pérdidas de otros insectos benéficos, depredadores naturales de plagas agrícolas. Además, de poder contaminar los cuerpos de agua, afectando negativamente la vida acuática y la biodiversidad”.

Otras investigaciones demostraron que la toxicidad aguda del fipronil para abejas melíferas es alta: entre 4 y 5 nanogramos por abeja, dependiendo de la forma de exposición, oral o por contacto. Estudios realizados por el Iret-UNA demostraron que la sensibilidad al fipronil en abejas jóvenes de la especie nativa sin aguijón Tetragonisca angustula (mariola) con la de Apis mellifera, es similar, y que una exposición prolongada (24 horas) a través de la dieta, causa mortalidad a concentraciones diez veces más bajas a la dosis letal reportada; así como una actividad motora reducida, afectación en el desarrollo y mantenimiento de las colonias, e incluso puede provocar su abandono. En la abeja sin aguijón Partamona helleri, la exposición oral a fipronil presentó cambios en el comportamiento relacionados con alteraciones citológicas en el cerebro que sugieren muerte celular.

“Conociendo la importancia de las abejas y la diversidad presente en nuestro país, argumentamos que el uso del fipronil y de otros insecticidas, pueden poner en riesgo el modelo de seguridad y autosuficiencia alimentaria, al no proteger de forma efectiva a las poblaciones de los cientos de especies de abejas y otros polinizadores que tenemos en Costa Rica, responsables de la polinización parcial o total de cientos de cultivos tropicales como el café (Coffea arabica), aguacate (Persea americana), achiote (Bixa orellana), naranja (Citrus spp), algodón (Gossypium sp), guayaba (Psidium guajava), pepino (Cucumis sativus), sandía (Citrullus lanatus), tomate (Solanum lycopersicum), melón (Cucumis melo), mango (Mangifera indica), chile (Capsicum spp), ayote (Cucurbita moschata), marañón (Anacardium occidentale), chayote (Sechium edule), maracuyá (Passiflora sp), carambola (Averrhoa carambola), tamarindo (Tamarindus indica), vainilla (Vanilla planifolia). También son de suma importancia para la polinización de árboles y especies de plantas nativas de nuestros bosques y zonas protegidas”, citan los especialistas.

Asimismo, el acuerdo remite a que en los últimos años, los apicultores registran afectación de sus colmenas por el uso del fipronil en actividades agropecuarias, provocando la muerte masiva de las abejas. Así lo destacó la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura: “Al menos 18 millones de abejas han muerto durante el 2021, en el país, producto de seis intoxicaciones masivas que, según denuncia, fueron causadas por el uso del agroquímico fipronil en labores agropecuarias”. Estos eventos se han dado en diferentes zonas del país, según informes brindados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Posible cancerígeno

Los investigadores también hacen referencia a que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) clasifica el fipronil como “posible carcinogénico en humanos” (USEPA, 1995). “Los estudios que han reportado signos de toxicidad por exposiciones inadvertidas, muestran que el fipronil puede causar efectos leves y temporales, predominando dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos. La exposición prolongada o repetida a fipronil y sus metabolitos, particularmente al fipronil sulfona, se asocia con efectos nocivos para la salud humana y animal, incluida la promoción de lesiones en las células neuronales. También provoca efectos de disrupción endocrina, lo que podría interferir con el equilibrio hormonal en el cuerpo humano”.

Existe además un creciente interés por investigar al fipronil como posible factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se sugiere que el fipronil sulfona se transfiere a través de la placenta al feto e incide en efectos adversos para la salud infantil Además, su impacto en células humanas asociadas con la función tiroidea, genera preocupación sobre sus posibles efectos en el desarrollo neurológico y el crecimiento de los niños.

Ante la evidencia científica, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, reafirma que:

  1. El uso del insecticida fipronil debe ser prohibido lo más pronto posible en Costa Rica debido a sus efectos negativos, no solo en la salud humana, sino también en el medio ambiente, al ser un insecticida altamente tóxico asociado con la muerte de abejas, organismos que desempeñan un papel crucial en la polinización y el equilibrio ecológico. Además, se ha demostrado que tiene efectos dañinos en otros insectos benéficos y organismos acuáticos, afectando la biodiversidad en los ecosistemas. Además, se ha encontrado que el fipronil puede tener efectos perjudiciales para la salud humana, como la disrupción endocrina y la toxicidad para el sistema nervioso. Por lo tanto, su prohibición en Costa Rica sería un paso importante para proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
  2. En consecuencia, el Iret-UNA demanda actuar según los principios que rigen la materia ambiental, recordando que, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante debe ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos.
  3. Por lo tanto, recomendamos la cancelación de todos los registros de productos que contienen fipronil y la prohibición de la importación, formulación, transporte, exportación y uso a nivel nacional, tanto para uso profesional, como veterinario y agrícola.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica