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Etiqueta: seguridad energética

Expediente 23.414 ¿Modernización eléctrica o una disputa por el modelo de país?

Escrito en . Publicado en Derechos.

En medio del ruido político, las confrontaciones institucionales y la aceleración del debate público, surge una pregunta inevitable: ¿qué tanto conoce realmente la población costarricense sobre el expediente 23.414 de la Asamblea Legislativa?

El proyecto, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional», es impulsado por el Poder Ejecutivo bajo el argumento de modernizar el mercado eléctrico, incorporar nuevas tecnologías y adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos. Repetimos la última idea fuerza: «adaptar el sistema nacional a esquemas más flexibles y competitivos.»

Sin embargo, lejos de convertirse en un debate técnico sereno sobre el futuro energético del país, la discusión amenaza con transformarse en otra batalla política polarizada. Y quizá allí reside el mayor riesgo: que el fondo del tema termine sepultado bajo la confrontación. Y más riesgo aún, que la confrontación sea el fin que busca el proponente (gobierno) porque de ello se alimenta su poder.

Existe una creciente percepción de que alrededor del expediente hay algo más que una simple reforma técnica. Para muchos sectores, el proyecto parece formar parte de una estrategia política donde se intenta arrinconar al Poder Legislativo, desplazar la atención de cuestionamientos acumulados y vender una promesa de futuro energético incierto, pero emocionalmente atractiva bajo el discurso de la «modernización».

El núcleo de las críticas: Las objeciones al expediente provienen de sindicatos, partidos de oposición, especialistas, sectores académicos y organizaciones sociales. Aunque los argumentos son diversos, convergen en una preocupación común: el posible desmontaje progresivo del modelo eléctrico solidario costarricense.

¿Privatización encubierta? La crítica más repetida es que el proyecto abriría mayores espacios al negocio privado dentro del sistema eléctrico nacional, debilitando el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para sus opositores, el expediente no representa únicamente una actualización regulatoria, sino una transformación estructural hacia un mercado eléctrico competitivo donde la lógica comercial terminaría imponiéndose sobre el modelo público-solidario que históricamente caracterizó al país.

El debilitamiento del ICE Uno de los puntos más sensibles es la eventual pérdida de control estratégico del ICE sobre áreas fundamentales como:

  • la planificación energética,

  • la operación del sistema,

  • el despacho eléctrico,

  • y la administración del mercado.

El proyecto plantea la creación de ECOSEN, un nuevo ente coordinador del sistema eléctrico. Sus críticos consideran que trasladar funciones estratégicas a esta nueva estructura fragmentaría el modelo actual y reduciría la capacidad operativa y técnica del ICE.

Tarifas: la principal preocupación ciudadana En un país donde el costo de vida ya genera presión sobre hogares y empresas, el temor a un eventual aumento en las tarifas eléctricas se ha convertido en uno de los argumentos más sensibles políticamente.

Quienes cuestionan el proyecto afirman que no existen estudios concluyentes que demuestren que la apertura del mercado reducirá costos para la población. Por el contrario, advierten que podría priorizarse la rentabilidad privada, debilitando además los subsidios cruzados que hoy permiten cierto equilibrio tarifario entre regiones y sectores sociales.

¿Modernización o riesgo para la seguridad energética? Otro de los ejes del debate es la estabilidad del sistema eléctrico costarricense.

Costa Rica posee uno de los sistemas eléctricos con mayor cobertura y estabilidad de América Latina. Precisamente por eso, sectores críticos consideran innecesaria una reforma tan profunda. Advierten que una apertura acelerada podría generar:

  • pérdida de planificación centralizada,

  • mayor dependencia del mercado,

  • menor capacidad de respuesta ante crisis,

  • y eventuales problemas de abastecimiento.

No es casual que en el debate político ya aparezca el término «Ley Apagón», utilizado por quienes consideran que el proyecto podría comprometer la seguridad energética nacional.

Un trámite acelerado y poco discutido Otro cuestionamiento apunta a la velocidad con que se ha intentado impulsar el expediente. Sus opositores denuncian:

  • insuficiente discusión técnica,

  • ausencia de estudios tarifarios sólidos,

  • falta de evaluación integral de impacto,

  • y limitada participación ciudadana.

Definitivo, una reforma de esta magnitud requiere consenso nacional, transparencia y mayor profundidad técnica.

El verdadero debate de fondo Más allá del lenguaje técnico y jurídico, el expediente 23.414 ha terminado revelando una discusión mucho más profunda: ¿qué modelo de país quiere Costa Rica para su futuro energético?

De un lado están quienes defienden apertura, competencia y flexibilización como mecanismos para atraer inversión y modernizar el sistema.

Del otro, quienes consideramos que el país arriesga uno de sus modelos públicos más exitosos, construido durante décadas bajo criterios de cobertura universal, estabilidad y acceso solidario.

La pregunta pendiente sigue siendo la más importante: ¿está la ciudadanía recibiendo toda la información necesaria para comprender las verdaderas implicaciones de esta reforma?

Porque cuando una discusión estratégica termina reducida a consignas políticas, el país corre el riesgo de decidir su futuro energético más desde la polarización que desde el conocimiento.

El estilo o modelo del gobierno continuista sí está más claro al público: las propuestas de choque, el gobernar a gritos y acusar a la oposición de obstruir su paso.

Jeannette Cordero Gamboa, Cyd María Ramírez López, Yamileth Torres Delgado, Sonia Abarca Mora, Marta Solano Arias

Movimiento Atardeceres
Opinión con experiencia

Recope en la mira, otra vez

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Pueden, deben, los jerarcas de RECOPE, tener siempre presente (¡ojalá en la sala de juntas y en la presidencia ejecutiva), mensajes con las tareas vitales que han de marcar su día a día. Entre ellas, no olvidar que el abastecimiento de todos los combustibles, ha de ser seguro, continuo, eficiente, en todo el país, sin excepción. Y, que la calidad de ellos ha de ser inmejorable, y con los mejores precios, como lo ha venido haciendo RECOPE, empresa estatal sin fines de lucro, de manera ordinaria.

Costa Rica, ha reafirmado en su estrategia para el desarrollo sostenible, que la seguridad energética, es fundamental para la estabilidad económica, el bienestar social y el cumplimiento sostenido, de derechos fundamentales, como la salud, la educación, la seguridad, el transporte en todas sus formas, la producción industrial, la agricultura. En fin, para el desarrollo como un todo.

Al ser RECOPE, una sociedad anónima estatal, cuyas acciones son resguardadas por sus accionistas (el Consejo de Gobierno), reconocida como la empresa más grande y determinante del istmo centroamericano, que, entre otras cosas, colecta eficientemente para el Estado, tributos reunidos en el llamado “impuesto a los combustibles”, solo superado por la renta y el valor agregado, es fundamental que no se le contamine, con intereses empresariales privados, lucrativos, por definición.

Las propuestas de vender, el 100 % u otro porcentaje de sus acciones, o, las de ubicar su administración en el Ministerio de Ambiente, para, desde allí, alquilar su muy costosa y especializada infraestructura (muelle petrolero, tanques de almacenamiento, cientos de kilómetros de poliductos, estaciones de distribución mayorista, camiones cisternas…), como lo propusieran los exdiputados Otto Guevara y su compañera Natalia Díaz (Proyecto N° 17.888), con el pretexto de «abrir RECOPE«, a la competencia, alegando que era una empresa ineficiente, no soportó el examen público; era, sin duda, una pésima idea. Y lo sigue siendo, porque además de encarecer, inevitablemente, los combustibles, pondría en riesgo, la citada seguridad energética, que tanto hemos de valorar. O ideas sin sentido, como la «promesa» de campaña electoral de Eli Feinzaig, de convertir RECOPE, «en una pequeña oficina«.

El más reciente ataque, tiene que ver con la “movida” sospechosa del Poder Ejecutivo, quien pese a conocer el perfil ideológico, del economista Daniel Suchar, se le incorpora a su junta directiva, pese a ser un entusiasta privatizador, sin experiencia, además, en la función pública costarricense. Preocupante acto de Casa Presidencial, pues, ante el uso profuso, y enérgico, de la palabra oral, que le conocemos al amigo, podría suceder que lograre convencer al cuerpo colegiado, de la supuesta bondad de sus palabras, de sus “brillantes ideas”, y los pusiere a cavilar acerca, de las supuestas ventajas que tendría una «apertura» de RECOPE, de cara a la campaña electoral que ya se ha iniciado, donde, en algunos sectores de la ciudadanía, las propuestas demagógicas, populistas, divulgadas por Casa Presidencial, les sirven de alimento cotidiano.

Perú: la Geopolítica detrás de la Crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La crisis que vive Perú ha sido analizada con detalle desde la ciencia política y los encuadres teóricos comunes a este tipo de eventos; se estudian los actores, los hechos, las desigualdades estructurales que marcan una clara polarización social y política, la historia política reciente, así como repercusiones en la vida democrática del país y su institucionalidad. Hasta ahí todo muy bien, justo y necesario. Pero hoy eso no basta. Subyacen razones también reales y profundas debajo del iceberg que chocó en diciembre pasado contra la democracia en ese país. Me refiero a la geopolítica y el entorno global dentro del cual se desarrollan estos acontecimientos.

En una época histórica de incertidumbre planetaria, dentro de un contexto de dependencia estratégica hacia los recursos naturales, guerra en Europa, crisis sanitaria y económica, colapso ambiental y disputa de hegemonías en América Latina, es que debemos estudiar los hechos suscitados en Perú. Trataré de explicar cada punto de manera resumida a continuación. El sistema internacional atraviesa por un periodo de turbulencias que se enmarca dentro de la transición hacia un orden mundial de carácter multipolar, o sea, donde emerge la presencia de actores diferentes a los tradicionales con el suficiente peso político, económico o militar, como para incidir en la toma de decisiones globales en el concierto de las naciones.

Esto sin duda, tiene impactos en todo el planeta y América Latina no es la excepción. Históricamente, potencias como los EEUU han visualizado desde su propia visión geopolítica a nuestra región como su patio trasero, donde la presencia de cualquier otra potencia es percibida como una amenaza directa a sus intereses y seguridad nacional. No obstante, y para su disgusto, la República Popular China ha llegado a ser en los años recientes el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe. Igual molestia les genera el acercamiento de otras naciones como Rusia, Irán, India o Turquía a la región.

En esa dirección, el año pasado en la XV Reunión de Ministros de Defensa de las Américas, los EEUU presentaron a nuestros países la estrategia de la Doctrina de la Disuasión Integrada (integrated deterrence), considerada como una estrategia clave para su seguridad nacional. Busca integrar todas las herramientas del poder nacional a través de los dominios, la geografía y el espectro del conflicto, mientras trabaja con aliados y socios para contener el acercamiento de lo que ellos consideran países enemigos en suelo latinoamericano; entiéndase China y Rusia, especialmente.

Pero aclaremos algo, hoy estas disputas geopolíticas no son por temas ideológicos, sino por intereses comerciales ligados a los recursos estratégicos y materias primas que se encuentran en nuestros territorios, necesarias para sostener al mercado global con su maquinaria irracional de hiper-producción y sobreconsumo modernos. Hoy estos recursos dan o quitan poder, y hasta pueden llegar a ser razones para poner o quitar gobiernos. Aunque algunas veces nos quieran hacer creer que la lucha es por la democracia, en contra del autoritarismo y la tiranía, como fue en décadas pasadas, la realidad hoy muestra que la ruta del pragmatismo y los intereses económicos predominan por encima de aquellos nobles ideales. No se puede olvidar tampoco el contexto de escasez de algunos de estos recursos, de ahí la competencia encarnizada por obtenerlos.

Esta dependencia estratégica hacia recursos esenciales no presentes en todos los países, hace que se justifiquen todos los medios disponibles para buscar su control, administración y acceso, por ser tratado como un tema de seguridad nacional. En medio de la lucha por la independencia de los combustibles fósiles y la transición hacia matrices energéticas más amigables con el medio ambiente, existen ciertos recursos que cobran cada vez más importancia y que pasan a ser el objetivo primordial de todos los países que tienen en sus planes el competir en estos nuevos mercados. El litio es uno de esos recursos, considerado como el nuevo oro de la era energética verde.

Esto avanza sin detenerse, a pesar de ello y sin ser contradictorio, la guerra en Europa ha vuelto a poner el tema de la seguridad energética en el centro discusión. La dependencia energética de occidente hacia países considerados hostiles ha ocasionado que el tema del aseguramiento energético sea la prioridad número uno, especialmente en los países europeos, aunque eso implique, como en el caso de Alemania por ejemplo, seguir consumiendo o incluso aumentar el consumo de fuentes altamente contaminantes como el carbón y el petróleo. De ninguna manera se pueden dar el lujo de detener el funcionamiento de sus servicios básicos, industria y comercio.

Este traspié de la guerra, al igual que la crisis sanitaria de la Covid-19, no estaba en las variables estudiadas y proyectadas sobre el futuro hace tan solo un par de años atrás. Así, garantizar el acceso a la energía a precios razonables, aunque el sacrificio sea la naturaleza y las posibilidades de vida en el futuro, pasa a ser la prioridad estratégica de las potencias en este mundo de incertidumbres y turbulencias. No podemos olvidar que aún hoy, como afirma el especialista en geopolítica de la energía, Daniel Yergin, la economía mundial depende en un 80% de los hidrocarburos.

Volviendo de nuevo al tema de la dependencia hacia los recursos latinoamericanos y las relaciones económicas entre las élites locales y las potencias, cabe recordar las declaraciones que dio días atrás Laura Richardson, la general jefa del Comando Sur de Estados Unidos sobre la trascendencia que ha tomado para EEUU el triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, que conserva el 68% de los reservorios globales de este elemento indispensable para la producción de todo lo que tiene que ver con tecnologías en la era digital. Aquí el interés y la competencia entre potencias, una vez más, es por el acceso y explotación (concesiones) de dicho recurso. Desde luego, el hecho que haya gobiernos más afines a una u otra siempre es un valor agregado para sus intereses y el de sus compañías multinacionales, por lo tanto, no es de extrañarse que busquen naturalmente esa afinidad y acercamiento político.

En el caso de la República Popular China, su modelo de acercamiento con América Latina y el Caribe ha sido muy diferente y respetuoso; propone el establecimiento de relaciones complementarias y no necesariamente competitivas, muestras su voluntad de fortalecer los vínculos de cooperación sur-sur y respeta los asuntos internos de todos los países con los que establece relaciones comerciales y políticas. Dentro de lo ofrecido por China a la región se encuentra la Iniciativa de la Franja y la Ruta, una propuesta de desarrollo e infraestructura global que abre la oportunidad para la construcción de infraestructura estratégica de los países participantes para el fortalecimiento del comercio internacional y su crecimiento económico.

Como parte de esta iniciativa, China y Perú se comprometieron años atrás para construir en Chancay, un enclave pesquero y agrícola en la costa central de Perú, un mega puerto estratégico para el comercio con Asia-pacífico, que según expertos, cambiará totalmente no solo la geografía en el sur del continente, sino que por su tamaño y operación, pasará a ser un centro neurálgico del comercio internacional, más cercano geopolíticamente a Pekín, que a Washington. En ese puerto podrán atracar los cargueros más grandes del mundo que pueden llegar a transportar hasta 18 000 contenedores, lo cual lanza una clara señal de la magnitud de dicha obra de infraestructura. Existe también un proyecto para la construcción de otro mega puerto en Perú, en Arequipa, llamado Puerto Corio, que buscaría incluso construir un tren bioceánico con el fin de conectarse con el Puerto Santos en Brasil, el más grande hasta el momento en América Latina. Este proyecto en 2021 logró conseguir inversionistas de Brasil, EEUU, Inglaterra y España. No obstante, a hoy todavía el proyecto no arranca, mientras el Puerto de Chancay espera entrar en funcionamiento en el segundo semestre del 2024. Si no hay imprevistos de carácter político.

Pero no todo se reduce a la infraestructura, la posición geoestratégica y el comercio. Los recursos naturales de Perú son importantes para los ojos del mercado y las grandes potencias. El Ministerio de Energía y Minas del Perú dice que ese país es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, y es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. También posee petróleo, con una producción de 40.538 barriles por día (al 2022), y grandes reservas de plata, y otros metales no menos importantes, sin dejar de lado la biodiversidad con la que cuenta.

¿Pueden ser todas estas algunas de las verdaderas razones de fondo del conflicto que sufre Perú hoy? ¿Existen contradicciones políticas e ideológicas internas entre las élites económicas más importantes del país, sus intereses y el pueblo? ¿Qué tipo de relación (¿negocios?) tienen dichas élites con la clase política peruana y los intereses extranjeros? ¿Existe una disputa encubierta por el control-explotación-distribución de los recursos estratégicos de Perú detrás de toda esta crisis política? Es algo que el tiempo nos irá aclarando con el pasar de los días. Lo cierto es que este es el escenario de fondo, uno que no se está tomando en cuenta y que sin duda, da una idea sobre la magnitud de los desafíos que enfrentan todos los países que cuentan con recursos indispensables para la maquinaria económica global, y hacia los cuales existe una dependencia cada vez más manifiesta, mientras los pueblos, en este caso el peruano, es la gran víctima de este ajedrez planetario.