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Etiqueta: seguridad nutricional

El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector

German Masís

Una investigación reciente de la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población costarricense, por el impacto de ciertos factores externos en el sector agrícola como la guerra en Ucrania, el alza en el precio del petróleo y el cambio climático señala aspectos que tienen una injerencia directa sobre la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales frente los desafíos del sistema alimentario.

El informe afirma, que, si bien nuestro país aún no enfrenta problemas graves sobre la Seguridad Alimentaria Nutricional, es necesario darles atención prioritaria a tres áreas: el acceso económico y físico a los alimentos, a la calidad de estos y la capacidad de adaptación del sector agropecuario a los cambios en el clima.

Agrega que, si bien el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

La Defensoría de los Habitantes concluye que, si bien es posible identificar instrumentos de política pública sobre el tema, prevalece la desarticulación, los bajos niveles de coordinación y colaboración entre las instituciones responsables de su diseño y ejecución, siendo necesario la aplicación de un enfoque integrado de Gobierno que coadyuve con soluciones oportunas, eficientes y eficaces en esa materia.

La investigación permitió también, determinar que no existe una ley marco que regule el tema ni órganos clave y que se venció la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2021 sin que se haya planteado una alternativa

Entre los retos que persisten, indica que es necesario instaurar un sistema de alertas tempranas para mitigar o atender eventuales emergencias climatológicas, plagas y enfermedades, así como situaciones de restricción en el comercio internacional, esencial para reducir la vulnerabilidad a las crisis alimentarias en el comercio internacional.

Además, apunta, que se requiere contar con un adecuado proceso de registro de agroquímicos, generar nuevas vías de registro para insumos alternativos y moléculas, así como el servicio de certificación y utilización de semillas; habilitar los servicios de laboratorio que, además, revise la efectividad de éstos en el mercado; así como la generación de nuevas vías de registro para insumos alternativos no contaminantes.

En materia de cambio climático, establece que urge contar con servicios de información climatológica y de siembra accesibles, que le permita al productor consultar en qué fechas se puede sembrar y así tomar decisiones de producción más certeras.

La Defensoría de los Habitantes, además le solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería, reactivar el Sistema Nacional de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) para disponer de informes de alerta para la atención oportuna de situaciones eventuales que puedan constituir una amenaza a la seguridad alimentaria y nutricional de la población del país y adoptar mecanismos de diálogo y participación con representantes de los productores, así como contar con la asesoría de la FAO, con el fin de que analicen los riesgos de una alta dependencia de las importaciones de algunos alimentos básicos en la dieta nacional, ante los escenarios de crisis climáticas o geopolíticas, que podrían dificultar, no sólo su disponibilidad, sino también el acceso ante la alta volatilidad por los cambios en los precios.(Defensoría de los Habitantes, comunicado, febrero 2024)

En concordancia con el análisis de la Defensoría, en el mes de enero de este año, representantes de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, demandaron al Gobierno una política clara que mejore la productividad y la competitividad del sector.

El presidente de la Cámara mencionó que preocupa el incremento de una canasta básica importada que no se traduce en mejores precios y que desplaza a los productores y a los miles de empleos que generan. 

Señala que muchas veces se trata de productos que compiten desigualmente contra los nuestros, sea por prácticas desleales o bien porque sus productores reciben apoyos, soportes y ayudas internas inexistentes aquí.

Para la CNAA, la preservación de las actividades agrícolas es del más evidente interés público, por el desarrollo, los empleos y los encadenamientos, sobre todo en zonas rurales y costeras.

También expresaron la preocupación por las intenciones del Gobierno de que Costa Rica se adhiera a la Alianza del Pacífico y por la caída del tipo de cambio del dólar con respecto al colón que provoca la pérdida de competitividad en el mercado local y en el de exportación. (CRHoy.com,27-1-2024).

Como si esos señalamientos no fueran suficientes, en el mes de febrero, se dio a conocer la información con base en datos de la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, de que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024).

La mayoría de estas preocupaciones sobre el deterioro de las condiciones de producción de micro y pequeños productores, habían sido manifestadas el año anterior por las organizaciones agrícolas, Upanacional, UPIAV, UNAG y la Corporación Hortícola, durante la Marcha nacional en apoyo al Sector agropecuario del 29 de marzo en la que reclamaban una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo social y la soberanía alimentaria.

Igualmente fueron planteadas en la marcha del Sector agropecuario por la defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad del sector, efectuada el 25 de octubre, en la que se demandó: No al bloque Alianza del Pacífico, Sí a la Comisión mixta en la Asamblea legislativa, Sí a la defensa de la institucionalidad del sector, Sí a la Soberanía alimentaria.

No obstante, los movimientos y demandas de las organizaciones, no han logrado detener las políticas que debilitan al sector y afectan a los productores nacionales en actividades específicas, como el caso de la política de la Ruta del Arroz, impulsada en julio del 2022 por el Gobierno actual mediante dos decretos que reducía considerablemente los impuestos a la importación y estimulaba la importación de arroz, con los consiguientes efectos sobre los productores locales y las áreas de producción de ese cultivo.

Así mismo, el Gobierno propuso a mediados del año anterior, un proyecto de ley para reformar la Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dirigido a concentrar las decisiones en el Ministro de la cartera y eliminar potestades a las entidades especializadas, como el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara) y Servicio Fitosanitario del Estado, en una intencionalidad de imponer un modelo centralista y piramidal y convertirlas en meras entidades técnicas.

A finales del año anterior, también se propuso un proyecto de ley de reforma a la ley de Ferias del Agricultor, que pretende eliminar la Junta Nacional de Ferias y trasladar la coordinación de las ferias al Programa de Mercadeo Agropecuario (PIMA), que pretende institucionalizar el manejo de las ferias y atentar contra el manejo autónomo de las mismas por parte de los productores.

Estos proyectos de ley se encuentran en discusión en la comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa y han sido consultados a gran cantidad de instituciones y organizaciones del sector, que hacen prever dictámenes poco favorables a su aprobación.

Estos proyectos particulares, aunque no proponen transformaciones de fondo en la actividad agropecuaria, podrían continuar deteriorando la institucionalidad del sector agropecuario y las condiciones de producción y comercialización en que se encuentran los pequeños y medianos productores sobre todo vinculados al mercado interno.

Esta problemática ya había sido analizada en una propuesta de política agroalimentaria alternativa elaborada hace una década por el Foro de Políticas Agrícolas de Santa Bárbara.

En la situación de la producción agroalimentaria para el mercado interno, esa propuesta señalaba que:

La mayoría de los agricultores que producen para el consumo interno tienen escasa rentabilidad, provocada por bajos rendimientos y problemas de precios y de mercados.

Además, esa agricultura se ve amenazada por:

-las importaciones de alimentos básicos con precios subsidiados

-la inestabilidad de las cosechas por cambios climáticos

-el descenso en las áreas dedicadas a la producción por altos costos de producción.

En consecuencia, URGE definir una estrategia de nuevas políticas para mejorar esta actividad tan importante y estratégica para la economía nacional.

Frente a esa problemática, los elementos de la propuesta de políticas eran:

  1. Mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas para el mercado interno.
  2. Democratizar el acceso al crédito para la pequeña producción (Banca de Desarrollo)
  3. Promover la innovación y de desarrollo de tecnologías sostenibles
  4. Mejorar la gestión de los servicios de apoyo agropecuario que ofrece el Estado.
  5. Fomentar la Agroindustria y el valor agregado de las actividades agropecuarias

6.Formular un proyecto de ley marco en seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. (Propuesta de política agroalimentaria para el mercado interno,Grupo de Políticas Agrícolas,octubre 2014)

Debido a que la situación actual de la producción agroalimentaria es similar a la de hace una década y podría tender a agudizarse, la propuesta mencionada sigue siendo válida y demandaría un nuevo esfuerzo conjunto e integrador de todos los sectores hacia la formulación de una política agroalimentaria sostenible, incluyente y soberana.

Debemos cambiar la dinámica agroproductiva de los últimos 40 años que hizo del país uno de los más dependientes de la producción externa y uno de los más desiguales, con una pobreza rural creciente.

El país y sus regiones eran soberanos y autosuficientes en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y hasta los huevos, el azúcar y el café.

No podemos seguir produciendo de la misma manera, utilizando una alta cantidad de insumos químicos externos, que provoca altos costos, pérdida de suelos, contaminación, sequía, mayor concentración de CO2 y menor soberanía alimentaria, se requiere una transición agroecológica de la actividad agrícola.

Una transición agroecológica que haga más sostenible ambientalmente la producción agroalimentaria, más justa y equitativa la participación de los productores y tener mayor soberanía alimentaria en los productos alimenticios básicos. 

La propuesta debe incluir un programa de precios de garantía y de acceso a mercados, un nuevo modelo de financiamiento justo y accesible a los pequeños y medianos productores (fondo agrícola de banca para el Desarrollo) y un sistema de extensión e innovación tecnológica ligado a los condiciones de la pequeña y mediana producción y a opciones de tecnologías apropiadas para el mejoramiento de la productividad y la conservación de la biodiversidad.

Un componente adicional, es el impulso de un programa de manejo postcosecha y agregación de valor, para el desarrollo de agroindustrias rurales de productos con identidad territorial y sellos de origen, junto a la creación de cadenas cortas de comercio y mercados locales y regionales alternativos y justos.

Debe considerar también, programas para que las mujeres y los jóvenes rurales sean titulares de derechos y concesiones de tierra y reciban capacitación para integrarse a la producción agrícola.

Es necesario también perfeccionar los mecanismos de transferencias de apoyos sociales, para que éstos vayan dirigidos a las familias rurales de escasos recursos, como un bono rural que les permitan mantenerse en la producción agroalimentaria y contribuir a reducir la pobreza rural.

Todo ese esfuerzo propositivo, debe coronarse con la formulación y puesta en ejecución de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las condiciones externas de precios y mercados y de los cambios en las políticas internas de desestímulo e importación y de los riesgos y vulnerabilidades generados por fenómenos climáticos.

Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez., UCR

Costa Rica, el país que condimenta la malnutrición con el alto precio de los alimentos

Un conversatorio en la UCR abordó los desafíos del país y las soluciones nacionales que actualmente se llevan a cabo

Los datos del último estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) divulgados a inicios del 2023 mencionaron que la inflación en Costa Rica aumentó y, además, se agravó por las restricciones de suministro global y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Esa situación de inflación, por supuesto, puede cambiar durante el año. Las expectativas a 12 meses comunicadas por el Banco Central de Costa Rica muestran pronósticos más alentadores.

Sin embargo, desde la mirada nutricional, la inflación (aunque sea en porcentajes menores) es un hecho que persiste y afecta en el precio de los alimentos y la energía, los que más tienden a subir según explica la OCDE.

¿El resultado de esas dinámicas económicas? Para las y los especialistas la respuesta es solo una: una influencia directa en la inseguridad alimentaria y nutricional de la población.

Así se habló en el conversatorio “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, liderado por la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva —ambas de la Universidad de Costa Rica (UCR)— y la Red de Economía Social Solidaria (RedESS).

Durante el conversatorio, en el cual participaron profesionales del Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Red Costarricense de Agricultura Familiar y la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las y los profesionales analizaron los importantes desafíos que vive Costa Rica en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Los datos son claros.

Si se hace una cuidadosa revisión estadística en la tabla de la OCDE, esta indica que en enero del 2023 la inflación de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas de Costa Rica se posicionó con una cifra de inflación del 18.5 %.

Dicho porcentaje, uno de los más elevados, hizo que nuestro país ocupara el lugar número 17 entre las naciones de la OCDE con mayor inflación en ese mes de enero. Esta tendencia no era nueva y ya se venía registrando meses anteriores.

En agosto del 2022, por ejemplo, la OCDE comunicó que la inflación en el precio de los alimentos en Costa Rica alcanzó el 22.5 %, lo que ubicó a nuestro país en el top de las naciones con uno de los mayores aumentos registrados.

Lo anterior es especialmente importante ante un contexto en el cual los salarios e ingresos de la población no suelen aumentar tan rápido como la inflación.

“Si le decimos a las personas compren frutas y vegetales, pero la estructura de precios en nuestro país no lo permite porque somos uno de los que tienen los más altos costos de los alimentos —que son el pilar del sistema alimentario— es claro que se va a afectar la seguridad alimentaria nutricional a nivel nacional, especialmente a las poblaciones más vulnerables”, dijo la Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias del Ministerio de Salud.

Por fortuna, en los últimos tres meses de febrero, marzo y abril de 2023, la misma OCDE registró una dinámica diferente con datos más positivos. Los porcentajes de inflación fueron 14.3 %, 12.3 % y 9.9 %, respectivamente para cada mes. Sí, los porcentajes son menores pero el fenómeno de inflación continúa.

¿Una posible solución? Fortalecer el consumo de alimentos nacionales y de temporada. Esto ayudaría no solo a dinamizar la economía local y alimentos a un menor costo, sino también a incentivar una alimentación saludable, un punto en el cual Costa Rica ha estado bastante alejado.

Las cifras más recientes publicadas en el 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), indican que Costa Rica está dentro de los diez países con los mayores índices de obesidad en personas adultas.

Dicha condición de sobrepeso y obesidad aumentó en todas las naciones de la región de América Latina y del Caribe entre 2000 y 2016, donde Costa Rica, Haití y República Dominicana predominan con un aumento significativo en más de 10 puntos porcentuales, señala la FAO.

Lo mismo refleja el Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (Elans), al respaldar en Costa Rica el problema de obesidad. Por supuesto, la población infantil tampoco es la excepción. El censo de Peso y Talla reveló en el 2016 que más de 118 000 escolares tienen sobrepeso y obesidad. Algunas personas profesionales en nutrición desde el 2019 ya catalogaban este fenómeno en Costa Rica como una “epidemia de obesidad”.

¿Los lugares más afectados con esa “epidemia”? Cuatro de los distritos con los índices más bajos de desarrollo social (IDS): Zapotal, Picares, Caldera y Desamparaditos, zonas cuya prevalencia de obesidad es superior al 50 %, según el Censo de Peso y Talla 2016. Así, no es de extrañar que el alto precio de los alimentos incida en la malnutrición. Para algunas familias las comidas baratas y poco nutricionales son sus únicas opciones.

¿Y qué está haciendo el país?

La respuesta es solo una: mucho. Ante los desafíos económicos, una de las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional es la agricultura familiar.

Actualmente, la agricultura familiar es uno de los principales generadores de alimento en el país pero, al mismo tiempo, uno de los más inseguros y pobres, expresó la Lic. Karen Rodríguez, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De acuerdo con la FAO, más del 70 % de los alimentos en la región de América Latina y el Caribe se genera a raíz de la agricultura familiar. En Costa Rica, los datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) expresan que aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Estas representan un 26 % de la extensión total de uso agropecuario del país.

Sin embargo, a pesar de esa importante contribución, el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 del MAG informa que en la región seis de cada diez de los hogares, que dependen de la agricultura, viven en situación de pobreza e inseguridad. Precisamente, por esa razón nace este Plan Nacional, con el fin de cambiar esta realidad, disminuir la pobreza que vive el sector, dinamizar la economía y favorecer la nutrición a nivel nacional.

La agricultura familiar es un modo de vida. En Costa Rica esta se relaciona con familias rurales, urbanas, y periurbanas a nivel de población indígena, afrodescendiente y, también, con las organizaciones que promueven la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional, tanto en la familia como en la población. La agricultura familiar tiene tipologías como el autoconsumo o el mercado para comercializar. No hablo solamente de las huertas familiares, sino en diferentes agronegocios”, ahondó la Lic. Rodríguez, quien además coordina el Plan Nacional desde el MAG.

La experta dijo que el plan actualmente está conformado por 36 intervenciones y ocho pilares estratégicos. Todos ellos, además de fortalecer a las familias, propician el desarrollo territorial mediante el apoyo de la infraestructura productiva, incubación de microempresas familiares y el fomento del emprendimiento en mujeres y jóvenes.

Asimismo, robustece el desarrollo de mercados locales, las alianzas entre el sector público y privado, el fomento de la asociación de los productores familiares y hasta la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional.

En este sentido, Wagner Suazo Chanto, de la Red de Economía Solidaria de Costa Rica, concuerda. Además, agregó el componente de economía solidaria que está directamente conectado con el tema de la agricultura familiar. Esto es especialmente importante si se conoce que el país tiene 736 asociaciones de productores identificadas, un número bastante considerable con base en la última estadística del 2017 de Infoagro.

“La producción de alimentos es, esencialmente, asociativa y está presente hasta en el tema de la comercialización. En el país existen 85 ferias del agricultor. Esto quiere decir que siguen siendo un espacio de comercialización y de acceso a los alimentos importantes de manera directa y, en muchos casos, sin intermediarios. También, organizadas por asociaciones o centros agrícolas cantonales”, expuso Suazo.

¿El impacto económico para las familias? Mucho. Suazo mostró que el 5 % del ingreso de los hogares proviene de la producción para el autoconsumo, donación y trueque. En cambio, para los hogares de menores ingresos, este porcentaje de ingreso se eleva considerablemente a un 12 %, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018-2019.

“Estamos hablando de unos 40 000 o 50 000 colones por hogar dependiendo si es rural o urbano. Esto juega un rol importante para que las personas mejoren su situación”, añadió.

En Costa Rica, aproximadamente el 55,4 % de las fincas censadas en el 2014 corresponden a la agricultura familiar. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Una guía

A esas acciones de agricultura familiar y economía solidaria se le suma otra: las Guías Alimentarias Basadas en Sistemas Alimentarios de Costa Rica del Ministerio de Salud, que iniciaron su implementación en 1997.

La Dra. Karol Madriz Morales, integrante de la Comisión, manifestó que las guías alimentarias reconocen la necesidad de reforzar prácticas y hábitos alimentarios nutricionalmente adecuados como el consumo de frutas y vegetales.

Además, se orientan en promover la modificación de aquellas prácticas inadecuadas como el consumo excesivo de sal o azúcar e, incluso, motivar la incorporación de nuevos alimentos. “Especialmente, revitalizar toda la agricultura, los alimentos autóctonos tradicionales y la incorporación de nuevas prácticas alimentarias”, comentó la Dra. Madriz.

Por supuesto, la especialista fue clara que se deben intervenir los sistemas alimentarios y el entorno para generar los medios y las condiciones que le permitan a la población tomar decisiones más saludables. Una de esas condiciones está en el precio de los alimentos si lo que se busca es tener un impacto integral.

“En las guías partimos de una realidad nacional y es la alta prevalencia de enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, relacionadas con una inadecuada nutrición. Es así que surge la necesidad de iniciar todo un proceso nacional para mejorar la salud de la población mediante una alimentación saludable, dado que estas enfermedades son las responsables de las altas cargas de morbimortalidad y de los altos costos de atención al seguro que generan grandes pérdidas económicas y un importante impacto social”, profundizó la Dra. Madriz.

Ejemplos de éxito

En el conversatorio también se compartieron algunos ejemplos de éxito sobre acciones vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. María Carmen Elizondo Soto, licenciada en Trabajo Social y coordinadora de Asuntos Sociales y Económicos de la Municipalidad de Sarapiquí, dio a conocer algunas de las ideas que se realizan en su cantón.

Una de las iniciativas más importantes fue incorporar el enfoque de mejoramiento de vida, cuyo objetivo final es lograr el bienestar mediante el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las comunidades y de las familias. El enfoque tiene como pilares los hábitos del capital social y la economía familiar, con los cuales se busca mejorar la nutrición, la autoestima y la expansión económica.

“El enfoque de mejoramiento de vida surge en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno y las agrupaciones empiezan a acercarse a las comunidades para ver qué es lo que tienen las personas y cómo, a partir de sus recursos disponibles, lograr el bienestar y la mejora continua. Este enfoque lo iniciamos en el 2019 y lo hemos estado incorporando en el acompañamiento a giras, en el conocimiento de las comunidades y en propiciar que se articule lo que se puede desde la municipalidad”, mencionó la Lic. Elizondo.

Los primeros logros ya se hacen evidentes. Tres comunidades del cantón este 2023 cumplen dos años o más de estar participando en el Programa de Mejoramiento de Vida. Estos son: el distrito de Puerto Viejo, Cerro Negro y la comunidad de Río Magdalena. El enfoque ha permitido que la comunidad pueda trabajar temas de jornada diaria, comunicación y alimentación.

“El enfoque le dice a la comunidad coman rico, coman saludable, cuiden su salud y produzcan con lo que tienen disponible. Además, se ven temas sobre cómo manejamos nuestras finanzas y cómo las ordenamos. El enfoque no busca que las familias se conviertan en productoras a gran escala, sino que puedan ser capaces de tener una estabilidad financiera que les permita un balance y un acceso económico y oportuno a los alimentos”, completó la Lic. Elizondo.

A eso se le añade el empoderamiento que ganan las comunidades, al romper las barreras culturales e incentivar el trabajo en equipo desde las necesidades de la zona. Todos y todas se involucran gracias a diferentes metodologías participativas y el trabajo interinstitucional (academia-organizaciones-instituciones).

“Sarapiquí es un cantón meramente rural, con capacidades para la producción, para la agricultura y para la ganadería. Estas metodologías nos acercan a poder entender qué es lo que las comunidades pueden hacer, cuáles son sus capacidades y cómo pueden desarrollarse”, profundizó Elizondo.

Llama la atención que Costa Rica tenga importantes índices de sobrepeso y obesidad cuando posee un alto precio de los alimentos. Para las y los nutricionistas, gran parte se debe a que las familias terminan por inclinarse a consumir comidas más baratas y poco nutricionales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Santa Bárbara saludable

Otro ente que compartió sus experiencias fue la Municipalidad de Santa Bárbara. El Ing. Victor Manuel Hidalgo Solís, alcalde de esa municipalidad, habló sobre la política cantonal en seguridad alimentaria y nutricional que han implementado. El esfuerzo se enfoca en unir todas las acciones que se realizan desde la individualidad y generar un trabajo permanente que, a su vez, se adapta al día a día con base en las nuevas necesidades y cambios.

“Santa Bárbara es un cantón ubicado en Heredia. Somos un territorio en el cual la agricultura ha sido la base desde tiempos atrás y, para nosotros, un eje importante es la reactivación de la economía, específicamente, poder producir. Lo que nosotros actualmente producimos se va, no lo comemos. Nuestra feria del agricultor viene de afuera y la plata se va. Vienen agricultores de otros lugares y son muy pocos, o casi nada, los agricultores del cantón que logran poder posicionar sus productos”, expuso el Ing. Hidalgo.

Justamente, esa es una de las realidades que se busca cambiar, y más, si se toma en cuenta los retos actuales que amenazan la producción nacional, como el cambio climático, la escasez de agua, la escasez de alimentos, los residuos, los plásticos, la economía y la salud.

“Somos un país agrícola con una tierra riquísima para cultivar, pero ya nadie quiere cultivar. Todo el mundo quiere vender las herencias, quiere construir casas y nadie está pensando en la comida. ¿La traemos de otros países? ¿Qué pasa si vuelve otra pandemia? ¿Y si nos cierran las fronteras qué vamos a comer? ¿Cemento? Estas cosas nos preocupan y, sobre todo, por las nuevas generaciones”, enfatizó Hidalgo.

La idea, comentó el alcalde, es sacarle provecho a la gran cantidad de tierra que tiene disponible Santa Bárbara, así como ríos y fuentes importantes de agua para sostener proyectos de agricultura. ¡Claro! También se contempla la economía circular que fortalezca el reciclaje y la creación de abono mediante el compostaje.

Por eso, hoy Santa Bárbara tiene una política basada en el consumo saludable que engloba la nutrición, la calidad de vida y la salud de la población. Para el alcalde, la prioridad es sembrar y que los agricultores de la zona puedan vender la comida en el cantón. Además, generar espacios permanentes para la agricultura que no se pierdan en el tiempo.

¡Ya la cosecha se está recogiendo! Al día de hoy ya se han logrado más de 30 acciones materializadas, precisó el Ing. Hidalgo.

Entre ellas están las campañas de recolección de residuos de manejo especial, educación ambiental, modernización de un sistema de riego cantonal, reintegración al clima local de semillas, seis fincas bajo programa de agroinnovación tecnológica para reducir los agroquímicos y hasta fincas en el Programa de Bandera Azul.

Un camino por delante

Si bien Costa Rica ha tenido grandes avances, aún falta un largo trayecto por recorrer y una deuda pendiente por pagar.

Wagner Suazo sostuvo que en el pasado hubo una destrucción sistemática del agro que inició a mediados de los años 80 por ajustes de corte neoliberal. Además, desde su criterio, Costa Rica experimentó fuertes cambios en el modelo de desarrollo. Por ejemplo, pasamos de ser un país agricultor a ser un productor de servicios.

También, se pasó de apoyar la producción local a la atracción de inversión extranjera directa la cual, “hay que decirlo: es un fracaso. El desempleo no ha dejado de subir. En los últimos 30 años, tenemos 25 % de pobreza. La mitad de las personas que trabajan en este país lo hacen desde la informalidad. Entonces, es una apuesta que salió bastante mal”, aseveró Suazo.

Ante esto, y a pesar de las políticas a nivel país realizadas y de las acciones efectuadas por los gobiernos locales, es claro que el pasado generó intereses por saldar, con la gran diferencia de que hoy hay menos recursos.

“Solamente el año 2018 a 2022, el presupuesto anual de las instituciones del sector agropecuario se redujo casi en 30 000 000 000 de colones. En este contexto, nos parece que el rol de los gobiernos locales se vuelve clave para fomentar el reconocimiento, la visibilización y el apoyo. Cuando decimos reconocimiento desde lo asociativo, se trabaja mucho desde la parte de emprendimiento individual, pero hay que reconocer que la producción de alimentos se hace de manera asociativa y hay que tener claridad de las implicaciones que tiene ese tipo de particularidades”, mencionó Suazo.

Así, el experto añadió que se deben hacer nuevos marcos normativos, generar más espacios de diálogo, promover la capacitación de actores en economía social, apoyar el fortalecimiento organizativo y estimular la demanda social.

Por último, Raquel Hernández, nutricionista de la Municipalidad de Santa Ana, platicó sobre el proyecto de gobiernos locales de la FAO. La iniciativa busca apoyar la sensibilización y la educación a los líderes y tomadores políticos de decisiones en temas de seguridad alimentaria y nutricional.

Desde la FAO, comentó Hernández, se da acompañamiento, seguimiento y articulación para que cada gobierno local pueda ir trazando una ruta hacia la seguridad alimentaria nutricional, con acciones cada vez más concretas y debidamente institucionalizadas.

“Cuando un gobierno local trabaja la seguridad alimentaria y nutricional, no hay pérdida, todo es ganancia. Estamos trabajando en el desarrollo integral del municipio, en la calidad de vida de las personas de ese municipio y en pro de la agricultura del cantón. Es un tema que nos compete a todos”, remarcó Hernández.

El gran sueño ahora, concluyó Hernández, es que en algún momento Costa Rica tenga más oficinas de seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, que trabajen desde las municipalidades para que verdaderamente se pueda llegar a acciones concretas.

Reviva todo el conversatorio aquí

 

Jenniffer Jiménez Córdoba

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales

El día 18 de mayo de 9 a.m. a 11 a.m. RedESS, la Escuela de Nutrición, y  Ciencias de Comunidad Colectiva llevará a cabo el foro: “Sumando acciones hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional (SSAN) desde los gobiernos locales”, donde se expondrá sobre: herramientas políticas que contribuyen con la SAN en Costa Rica y la presentación de acciones desde los gobiernos locales y su relación con organizaciones.

Lugar: Sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales, UCR.

ConeTSAN

La UCR y RedESS colaboran para realizar la plataforma virtual ConeTSAN. Para conectar personas productoras y consumidoras desde una perspectiva de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

Esto será posible gracias al apoyo financiero del proyecto “fortalecimiento de mercados solidarios, conectividad entre consumidor-productor y agricultura sostenible en Costa Rica” que es apoyado por la Fundación Interamericana que le concedió a RedESS el permiso para trabajar en los Mercados Solidarios en los territorios y organizaciones.

Además cuenta con la ayuda del convenio de cooperación técnica de COKOMAL SC en representación de RedESS, con la Universidad de Costa Rica que cuenta con el apoyo internacional de la República de Corea del Sur a través de la Universidad de Korea UK.

Se menciona el agradecimiento a las profesoras Elsy Vargas, Marianela Zúñiga, Shirley Rodríguez y Karolina Sánchez por permitir e impulsar iniciativas en búsqueda de la soberanía y seguridad alimentaria nutricional.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: La seguridad alimentaria y nutricional, el norte que debe perseguir el sector agroalimentario

Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia

Mayor apoyo a los pequeños productores, inserción del país en la bioeconomía y estimular la inversión extranjera en zonas rurales figuran entre las propuestas

La pandemia por COVID-19 provocó que sectores agroexportadores muy dinámicos disminuyeran su volumen de ventas al exterior. Una de las propuestas de la UCR tiene que ver con el impulso a nuevas actividades de exportación. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El cierre de fronteras y la disminución abrupta del comercio internacional que provocó la pandemia por COVID-19 le recordó al mundo la importancia de que cada país produzca los alimentos que consume, para que una situación de emergencia no genere desabastecimiento, sino que se cuente con una producción sostenida y garantizada en el tiempo, respaldada por una sólida cadena de industrialización y distribución.

Costa Rica no experimentó la ausencia de productos en el mercado, gracias a un sector agroalimentario que no paró de trabajar en ningún momento ni pudo optar por el teletrabajo porque, sencillamente, las vacas deben ser ordeñadas todos los días y las cosechas hay que recogerlas en el momento oportuno. No obstante, muchos productores agropecuarios vieron disminuidas sus ventas por el cese de la actividad turística y el decrecimiento del consumo en restaurantes y sodas.

Por otro lado, la pandemia también recordó la fragilidad de la actividad exportadora, cuando se basa en bienes no esenciales para la dieta de los países importadores. Es el caso de sectores muy dinámicos como la piña, el melón y las plantas ornamentales, que han visto disminuido su volumen de exportación desde que inició la cuarentena y el cierre de fronteras.

De acuerdo con Felipe Arauz Cavallini, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica, el país tiene un sistema agroalimentario frágil porque, aunque produce cerca del 70% de la canasta básica alimentaria, todavía no es autosuficiente en la producción de arroz y frijoles. “Con la pandemia todos los países están reforzando su sistema productivo para garantizar, a partir de su propia producción, el suministro de alimentos de la población. Entonces, el sistema agroalimentario se vuelve muy estratégico. De ahí importancia de resolver esa fragilidad”, resaltó.

Con los objetivos de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país ante este tipo de situaciones, reducir el impacto de la pandemia en las zonas rurales e iniciar el proceso de reactivación del sector agropecuario y pesquero, el área de Ciencias Agrolimentarias de la Universidad de Costa Rica presentó al Gobierno de la República un conjunto de propuestas que buscan fortalecer el sistema agroalimentario.

El documento empieza señalando que el sistema agroalimentario costarricense requiere cambios urgentes para que genere ingresos dignos a los productores y sea responsable en materia ambiental y socialmente justo. En esta línea se debe trabajar en el mejoramiento de la productividad, en la reducción de costos, en darle valor agregado a la producción y en reducir el margen de comercialización.

A partir de este señalamiento, se presentan propuestas de política pública para llevarlas a cabo de forma inmediata, así como en el corto y mediano plazos. A continuación se detallan las principales sugerencias:

Medidas inmediatas

Para los primeros 6 meses se propone desarrollar acciones que apoyen o complementen las medidas que elaboró el sector agroalimentario en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) plasmadas en el documento “57 medidas Agro COVID-19”.

Entre ellas se destaca el apoyo a todas las medidas tendientes a la flexibilización del cobro del crédito con el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de los pequeños productores y pequeñas empresas, a fin de que las situaciones de poca solvencia causadas por la pandemia no les impida ser sujetos de nuevos créditos.

En este sentido también se apoyan las gestiones encaminadas a mejorar las condiciones de créditos para la agricultura, por medio de la reducción de las tasas de interés y el incremento en los plazos de pago tanto en el Sistema Bancario Nacional como en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

También se subraya la necesidad de contar con sistemas de rastreo que le permitan al consumidor identificar la procedencia de los productos pesqueros y agropecuarios y las condiciones ambientales y laborales en las que se produjeron, con el fin de promocionar la producción de origen nacional. Asimismo, se sugiere fortalecer y modernizar el Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción (CNP) e implementar mecanismos innovadores de comercio solidario de productos agropecuarios y pesqueros con base en las organizaciones asociativas.

Adicionalmente, se propone garantizar la alimentación de la población mediante acciones específicas en materia de producción de alimentos, almacenamiento y empleo. Entre ellas resalta la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esta medida contribuiría a evitar el despido de trabajadores o el cese temporal de los contratos laborales. Por ejemplo, en fincas piñeras, dependiendo de la zona y de la época, se podría incluir un ciclo de rotación de maíz o frijol en áreas de renovación. En áreas de invernaderos que estaban dedicadas a flores, se podrían introducir pequeñas modificaciones para producir hortalizas o semilla de papa, aprovechando la infraestructura existente.

Una de las propuestas de la UCR es la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído. Esto contribuiría con el empleo en las zonas rurales y con una mayor disponibilidad de granos producidos localmente. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Paralelamente, se propone generar un proyecto para mejorar la infraestructura de almacenamiento de granos que incluya las necesidades de inversión y la identificación de posibles fuentes de financiamiento.

En materia de empleo se apela a utilizar todas las medidas legales para proteger al productor nacional, así como no criminalizar al sector de pescadores artesanales confundiendo la informalidad con la ilegalidad, sobre todo cuando han perdido su licencia por condiciones de pobreza.

Asimismo, se remarca la necesidad de ofrecer alternativas para el combate de problemas fitosanitarios con el fin de que los agricultores cuenten con los insumos necesarios para producir eficientemente, sin riesgos para la salud y el ambiente.

Además, se puntualiza la urgencia de fortalecer tecnológicamente la producción de café para aumentar la productividad, disminuir los costos y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de esta actividad, tomando en consideración que es un sector que genera más de cien mil empleos.

Entre las medidas inmediatas se incluyen acciones tendientes a fomentar la innovación productiva. Una de ellas es generar un mecanismo de financiamiento específico utilizando la banca, fondos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y seguros de cosecha, con apoyo técnico de las universidades, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Por ejemplo, se menciona la incorporación de nuevas variedades de café y el uso de agricultura de precisión en el cultivo del arroz como formas de aumentar la productividad de ambos sectores. Por otro lado, se apoya la aprobación del proyecto de ley para la modificación de la Ley de Biodiversidad, con el fin de facilitar y promover la inserción del país en la bioeconomía.

Medidas a corto plazo

Este período va de seis meses a un año, en el que se propone mejorar la productividad de los actuales sistemas por medio de 11 acciones, entre las que destacan actividades demostrativas de sistemas productivos exitosos. Por ejemplo, fincas que han aumentado su productividad y resiliencia ante el cambio climático a partir de buenas prácticas agrícolas y áreas de pesca responsable que incluyen la trazabilidad del pescado proveniente de pesquerías artesanales.

Por otra parte, también se sugiere habilitar nuevas épocas de cultivo de productos de alta demanda de mano de obra, como las hortalizas. El aumento de esta producción debe ir de la mano con una campaña para promocionar su consumo con el fin de evitar una sobreoferta. Esta medida contribuiría a generar más puestos de trabajo y mejoraría la nutrición de las personas, reduciendo los gastos en los que tiene que incurrir la CCSS en la atención de enfermedades cardiovasculares prevenibles.

Para el sector pesquero se propone desarrollar un modelo de organización de pesquerías de pequeña escala para la gestión ambiental y el comercio justo, así como formalizar a los pescadores artesanales para garantizar el mantenimiento digno de su actividad.

Otra de las propuestas de la UCR se relaciona con la organización de pesquerías de pequeña escala que le den trazabilidad a sus productos para una gestión sostenible de los recursos marinos y la obtención de un mejor precio en el mercado. Foto: Dennis Castro

En el tema exportador se sugiere impulsar nuevas actividades a partir de los estudios desarrollados por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el Ministerio de Comercio Exterior (Comex). En esta misma línea se recomienda facilitar todos los procesos para que el sector agroexportador siga generando empleo. Entre otros, se mencionan la tramitología, las tarifas portuarias, los escáneres y el registro de agroquímicos de última generación.

También se enfatiza en la necesidad de reactivar el empleo rural más allá de la producción agroalimentaria, ya sea estimulando el turismo rural comunitario, impulsando la agroindustria asociativa o promoviendo la inversión extranjera en las zonas rurales. Con todo ello se pretende dinamizar la economía de estas regiones y generar empleos atractivos que provoquen la migración de la ciudad al campo.

Medidas a mediano plazo

Las propuestas de la UCR para desarrollarse en un plazo de uno a dos años se centran en generar emprendimientos en zonas rurales con base en actividades y tecnologías nuevas, entre los que destacan procesos de valor agregado para la alimentación humana y animal a partir de productos agrícolas y pesqueros.

También se recomienda insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía y descarbonización para generar nuevos emprendimientos de alto valor en zonas rurales y comunidades costeras, en concordancia con el Plan Estratégico de Banca para el Desarrollo, el Programa Nacional de Bioeconomía y el Plan Nacional de Descarbonización. Por ejemplo, medicamentos, plásticos biodegradables, energía y fibras.

Asimismo, se propone facilitar el acceso a la biodiversidad para generar conocimiento y tecnología para el desarrollo de controladores biológicos de plagas, biofertilizantes, biorremediadores de suelos y otros microorganismos útiles, así como el apoyo financiero para estos bioemprendimientos.

La UCR propone y actúa

Las propuestas formuladas por la UCR para la reactivación socioeconómica del sector agropecuario y pesquero del país van acompañadas de acciones concretas que la Facultad de Ciencias Agroalimentarias puede desarrollar para contribuir con este objetivo.

La primera de ellas es diseñar un programa para la transformación agroproductiva de Costa Rica con base en la modernización de los sistemas productivos, que incluya sistemas de producción resilientes y sostenibles, agricultura automatizada y de precisión, ambientes protegidos, valorización de la biomasa, valor agregado y comercio electrónico.

El uso de sensores remotos y de la agricultura de precisión liberarían a los productores de muchas labores manuales y mejoraría el rendimiento de los cultivos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Por otro lado, la Universidad se compromete a acompañar técnicamente programas específicos de su propuesta, como la producción de alimentos básicos en áreas de cultivos exportables cuya demanda ha caído, el incremento de semilla de buena calidad para arroz y frijoles para futuras siembras y todas las acciones para aumentar la productividad, disminuir el costo y mejorar el desempeño ambiental y el valor agregado de la actividad cafetalera, entre otros.

Otra de las acciones tiene que ver con la implementación de un programa de capacitación y transferencia de tecnología en torno a la modernización de los sistemas productivos y a la creación de nuevos emprendimientos rurales basados en valor agregado alimentario y no alimentario. Adicionalmente, la UCR estaría apoyando todas las acciones para insertar al sector agropecuario y pesquero en temas de bioeconomía.

“Creo que la Universidad puede hacer un aporte importantísimo en el tema de la bioeconomía. Por ejemplo, la valorización de la biomasa agrícola residual. De ahí se puede obtener energía, productos industriales y una serie de valores agregados que pueden generar nuevos emprendimientos en las zonas rurales”, destacó Arauz.

De acuerdo con el decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, es imperativo el uso de la tecnología en la agricultura para mejorar la productividad. Sin embargo, su utilización debe hacerse desde un enfoque humanista. Es decir, que la tecnología no se convierta en un fin en sí mismo, sino que esté función de mejorar la calidad de vida de las personas.

Puede consultar el documento de las propuestas en el siguiente enlace: http://ucr.cr/r/X11e

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Aprendizaje de calidad y Economía Social Solidaria – Profesionales de un futuro sostenible

SURCOS comparte este texto publicado por la Fundación Friedrich Ebert, titulado “APRENDIZAJE DE CALIDAD Y ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA – Profesionales de un futuro sostenible” y cuya autora es Lorea B. Pino. En su presentación, se indica:

“Las personas en la agricultura deben ser valoradas y las personas jóvenes involucradas, según Rattan Lal, Premio Mundial de Alimentación 2020, y es necesario el aprendizaje de calidad en profesiones agropecuarias y agroecológicas.

Los países con formación técnica y profesional se adaptan y reinventan mejor ante las crisis, tienen menos desempleo, empoderan a jóvenes y cuentan con empresas capaces de transformar la economía y el futuro del trabajo.

La formación técnica y profesional en empresas asociativas a través del aprendizaje de calidad innovador y constructor de una agricultura sostenible para la soberanía alimentaria y la seguridad nutricional es la propuesta de la Granja social y solidaria 4.0”.

Compartimos el documento para descargar en el siguiente enlace:

Seguridad alimentaria y nutricional y prácticas de Economía Social Solidaria

La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional le invita a la Jornada de Reflexión: «Seguridad alimentaria y nutricional y prácticas de Economía Social Solidaria», a realizarse este próximo jueves 20 de agosto a la 1:30 p.m. Facebook Live: @seguridadalimentaria.nutricional

Expositoras:

Se contará con la participación de la Lic. Nadia Alvarado Molina, Escuela de Nutrición; M.Sc. Yasy Morales Chacón, Programa de Economía Social Solidaria, CISAN-UCR y Escuela de Sociología y de la Dra. Marianela Zúñiga Escobar (moderadora), CISAN-UCR y Escuela de Nutrición.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

UCR: Científicos analizarán enfermedades que afectan los cultivos en la actualidad

Cualquier agente que afecte el desarrollo y crecimiento de las plantas y especialmente de los cultivos pone en peligro la actividad agrícola, el medio ambiente, la economía y por ende la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos.

Por eso, investigadores de todo el continente americano trabajan incesantemente en la investigación, diagnóstico y control de enfermedades de las plantas, como por ejemplo la Sigatoka negra, la enfermedad más importante en banano en la región, o las enfermedades que afectan al aguacate mexicano, el cultivo de papa, el tomate o las plantas ornamentales.

Los fitopatólogos se reunirán la próxima semana en Costa Rica para analizar los avances y retos en el Congreso de la Sociedad Americana de Fitopatología, organizado por el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas (CIGRAS) y el Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El congreso denominado “Perdidas de cultivos, riesgos fitosanitarios y enfermedades tropicales: avances y retos” se realizará del 27 de febrero a 1 de marzo en el Hotel Plaza Crown (Corobicí). La inauguración se llevará a cabo el lunes 27 de febrero a las 8:00 a.m. y contará con la presencia del Ministro de Agricultura, Dr. Luis Felipe Araúz, quien también es especialista en fitopatología.

Durante tres días se presentarán 45 charlas y 35 carteles con resultados y avances de investigaciones que se realizan a lo largo del continente y varias que realizan en conjunto entre investigadores extranjeros y costarricenses de la Escuela de Agronomía, la Escuela de Biología, el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) el CIPROC y el CIGRAS de la Universidad de Costa Rica.

Se abordarán temas de importancia para el sector exportador de banano y piña como la biología, manejo e impacto de microorganismos en etapa poscosecha y las enfermedades cuarentenarias que son muy importantes en la actualidad, considerando el movimiento de productos y personas de un país a otro, pues pueden cerrar las puertas entre dos países o afectar la producción de cultivos.

Parte de este simposio es buscar identificar métodos nuevos de control biológico con agentes biológicos, que puedan reducir la cantidad de plaguicidas en el ambiente, e identificar áreas importantes para continuar la investigación en el futuro¨ explicó el Dr. Paul Eker, director del CIGRAS-UCR y residente de la División del Caribe de la Sociedad Americana de Fitopatología.

También se analizarán temas relacionados con nematología tropical y microtoxinas que pueden afectar la salud de las personas y también de los animales. El miércoles 1 de marzo durante todo el día se realizará un simposio especial sobre avances y retos para el sector bananero.

 

Contacto: Dr. Adriana Murillo y Dr. Paul Esker CIGRAS. Tel: 2511-8823, 2511-8822.

paul.esker@ucr.ac.cr, paul.esker@gmail.com

 

Katzy O´neal Coto

Periodista

Oficina de Divulgación e Información ODI, UCR

 

Enviado a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información UCR.

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Material del I Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutricional: construyendo un abordaje integral

La presente es para recordarles que el material resumen de las ponencias y posters presentados en el congreso está a su entera disposición en la dirección siguiente:

http://congresosan.ucr.ac.cr/index.php/descarga

Esperamos que disfruten del material que les proporcionamos.

Una vez más, gracias por su participación en el congreso, esperamos pronto comentarles sobre la realización del segundo congreso.

 

Información enviada a SURCOS por “Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional UCR.