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Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Escrito en 30/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

Las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Escrito en 10/06/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Posicionamiento de las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Declaración.

En el marco de la reunión Retos del sector educativo post pandemia: Encuentro Universitario Ministerial, convocada por la CELAC, se planteó que la propagación del virus Sars CoV 2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y sobre todo humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones estadística s mencionan, a finales de mayo de 2020, más de 6 millones de casos confirmados y una cifra superior a 370 mil muertes, en el mundo. Además, el desempleo afecta a muchos millones de personas, la pobreza aumenta considerablemente y todo ello ha producido miseria y hambre. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.

La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados.

Nadie ninguna persona, institución o empresa deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.

En la dimensión regional e internacional, una economía interconectada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La crisis sanitaria demuestra, con absoluta claridad, que la interconexión, en todas las direccione s y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.

En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos que abundan en cantidad. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a muchos otros países, y las decisiones que un gobierno adopte tiene repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.

Esta compleja imbricación de países, economías y poblaciones obliga a pensar en que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; a decir verdad, se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.

Es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento ajeno; y es la hora de la generosidad, y de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento, y de promover soluciones conjuntas que permitan visualizar soluciones a la actual crisis y una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.

Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo con notorias excepciones han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta no es una decisión fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento de cada día.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos, aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

Por otro lado, la propagación del virus ha significado ya un alto precio para la mayoría de los países del continente: el colapso de los sistemas de salud, los cuales deberían ser fortalecido s, no debilitados, para hacerle frente a las demandas actuales y futuras de la pandemia.

Al mismo tiempo, la medida de “quedarse en casa profundiza la crisis social, ejerce una enorme presión emocional sobre las personas y provoca una gran tensión sobre las actividades económicas. Estas circunstancias obligan a que las medidas sanitarias sean acompañadas de garantías básicas para la vida.

La ausencia de esas garantías conduce a la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento social y el hambre. Por esta razón, debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a toda la colectividad.

El mensaje debe entonces ser claro: nos quedamos en casa con el apoyo del Estado y toda la sociedad. Atendemos así las medidas de emergencia sanitaria, el cuidado de la vida de todas las personas, la necesidad de reactivar la economía y de preservar el orden social.

En virtud de lo expuesto, quienes suscribimos esta declaración, rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, reunidos con los representantes de los Estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria provocada por la pandemia de COVID 19, manifestamos lo siguiente:

Es responsabilidad de los Estados enfrentar la crisis sanitaria, económica y humanitaria, con el apoyo solidario de todos los sectores sociales, acorde con el principio de progresividad, a la vez que es una tarea impostergable fortalecer los sistemas de salud, combatir el desempleo y aliviar el hambre.
La emergencia mundial nos alerta respecto de la dramática erosión de la manera en que habitamos la Casa Común. La crisis actual ha dejado al descubierto las enormes desigualdades entre poblaciones y países, el desmantelamiento que han sufrido, en las últimas décadas, los sistemas de salud, la educación y la seguridad social; y ha hecho evidente la precarización del empleo y la grave afectación de la sustentabilidad del orbe.
En estas circunstancias, es obligación de los Estados tomar las medidas que permitan avanzar en la superación de la desigualdad intervenir para que, en este momento crucial, la riqueza experimente una justa distribución y contribuir a superar la brecha digital que afecta a alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, pero que también constituye un obstáculo para la inserción laboral en nuevas condiciones de trabajo y producción.
Debido a la naturaleza global de la emergencia sanitaria, es imprescindible la cooperación entre los Estados, pero también entre los sistemas universitarios. En este contexto, es vital literalmente el libre acceso al conocimiento, a las publicaciones científicas, a material genético, a los principios terapéuticos activos, y a los procedimientos tecnológicos, que representan.
La crisis actual desafía todas las áreas del quehacer humano: el modo de producir, distribuir y consumir; las formas diversas de gobierno, los mecanismos de participación social, las relaciones humanas propias de la especie y con los seres vivos del planeta, incluyendo todo el medio ambiente.
El ser y el quehacer de las universidades e instituciones de educación superior se encuentran profundamente afectados estamos frente a desafíos inéditos que demandan respuestas creativas, novedosas, solidarias y pertinentes, con alto rigor académico, científico y social.
No es posible pensar en regresar a contextos pasados y a prácticas de otros momentos. La anterior es la que nos ha traído a la situación en la que nos encontramos ahora.
Se hace más urgente que nunca repensar hoy la actividad universitaria en su conjunto y, de manera particular, la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la incidencia en nuestras sociedades. Es imperativo visualizar el futuro de nuestros países, sus gobiernos y nuestras universidades desde una perspectiva continental.

Por estas razones, luego del intercambio con los representantes de los Estados latinoamericanos y caribeños, hemos acordado los siguientes compromisos.

En la transición hacia modalidades híbridas de enseñanza y aprendizaje, asistidas por la tecnología, redoblaremos nuestros esfuerzos para no dejar fuera de la educación superior a la población vulnerable en razón de su situación económica, social, racial, étnica o de edad. Los Estados, en conjunto con las empresas de alta tecnología, deben contribuir a superar la brecha digital, en cooperación con las instituciones de educación superior. La inclusión, la pluralidad y la no discriminación adquieren mayor vigencia que nunca antes.
La sustentabilidad basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas será un eje transversal de todo nuestro trabajo docente, de investigación, innovación e incidencia social, y partimos de la convicción de que no puede haber personas ni sociedades sanas en una tierra enferma.
Estudiaremos los problemas complejos desde un enfoque complejo, distinto de la perspectiva determinista, lineal y fragmentaria de la Modernidad. Los abordaremos como complejidades del entorno y sus relaciones culturales especialmente aquellas derivadas del pensamiento científico y del conocimiento ancestral, sus aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias socioeconómicas.

La finalidad será contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos.

La pandemia ha revelado también como una necesidad acuciante el estudio de estos problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria. Para hacer frente a la pandemia es preciso definir, desde este enfoque, junto con los gobiernos de la región, cuáles son los problemas fundamentales del subcontinente y cómo podemos abordarlos solidariamente y en el marco de una cooperación recíproca y respetuosa.
Fomentaremos el trabajo colaborativo y el diálogo de saberes plurales para la transformación social. Para ello, saldremos de nuestros recintos y de los marcos disciplinares. En el centro pondremos la necesidad de construir conocimientos y transferirlos mediante la amplia participación de una comunidad diversa (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, iniciativa privada y actores de las comunidades campesinas e indígenas) Con esto formularemos las preguntas adecuadas, las abordaremos sistémicamente y auxiliaremos en el diseño de estrategias con mayor potencial para la transformación social desde el imperativo central de la justicia y la democracia.
Abordaremos de manera crítica los distintos modelos de desarrollo adoptados en la región, hacia la superación de la pobreza y las desigualdades. La crisis económica derivada de la pandemia afecta a todos, pero impacta con mayor profundidad a los más pobres agudizando su situación de vulnerabilidad. Queremos contribuir a generar conocimientos y alternativas de solución basadas en una perspectiva de justicia social, que sean realizables, resilientes, democráticas y sustentables.

Exhortamos a nuestros gobiernos y a todas las universidades de la región a apoyar decididamente la construcción de un espacio universitario común para trabajar conjuntamente en la solución de estas problemáticas fundamentales de América Latina y el Caribe, acentuadas por la pandemia.

De manera enfática y respetuosa, solicitamos a los gobiernos de América Latina y del Caribe a crear un fondo especial de investigación científica e innovación tecnológica, con el fin de fortalecer las capacidades de generación y transmisión de conocimiento relevante y pertinente sobre los problemas de nuestra región.

Convocamos a todas las comunidades científicas de nuestros países a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar derroteros novedosos que aporten mayor dignidad a la vida de todos y todas. Con ello, los invitamos a contribuir con libertad a la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social.

Llamamos a crear, activar y fortalecer grupos y redes de trabajo que capitalicen los talentos y fortalezas de nuestras instituciones académicas y científicas para generar soluciones a las diversas problemáticas que se han abierto y profundizado en esta coyuntura crítica.

Es fundamental hacer sinergias entre los sectores público, privado, gubernamental y social para enfrentar decididamente la pandemia y sus lamentables efectos económicos y sociales. Requerimos fomentar coordinadamente una sociedad del cuidado, desde la escala familiar, con economías bajo control social, así como desincentivar actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad.

Solicitamos a los gobiernos que alienten el diálogo continental, incluyendo pueblos y comunidades en el nivel local, regional y global como una estrategia primordial de resistencia frente al desgaste social que ha implicado la pandemia y las medidas de mitigación que se han implementado. Requerimos de todo ello con urgencia, con el fin de adoptar estrategias regionales y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.

Nuestras universidades conocen, dialogan, inciden, para transformar la realidad y hacerla más humana, justa, incluyente y sustentable.

5 de junio de 2020

Dr. Enrique Graue W, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la UDUAL.
Dr. Henning Jensen, Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-Presidente de la UDUAL.
Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana y Vicepresidente de la Región México de la UDUAL.
Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de la Región Cono Sur de la UDUAL.
Dr. Marcial Rubio, Ex-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mtra. Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y Vicepresidente de la Región Centroamérica de la UDUAL.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).
Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Dra. Miriam Nicado, Rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Testigo de Honor

Mtro. Maximiliano Reyes Zuñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México).

El autogol político 9796

Escrito en 09/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.

Una chispa podría encender la pradera

El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.

Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.^[1]

Un remedio peor que la enfermedad

El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.^[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.^[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).

Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.

Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?

Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»^[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.

No solo es regresiva sino también desproporcionada

Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;^[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.

¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?^[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?^[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?

¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».^[8]

Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.^[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.

Pero nadie más sordo que quien no quiere oír

No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?

De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»^[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).

Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.

Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?

El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?

¿Y cuándo rendirán cuentas?

Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.

Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».

La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».

Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.^[11]

^[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»

^[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/

^[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.

^[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.

^[5] Convenio 102 de la OIT.

^[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.

^[7] Según CEPAl es de 22,4%.

^[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».

^[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.

^[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».

^[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/

Foto: AFUP

El disparate legislativo 9796

Escrito en 31/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

«La mentira puede correr un año,
la verdad la alcanza en un día.»^[1]

Hernán Alvarado

Esta semana se confirmó que la ley 9796 causará lo contrario a lo prometido. El economista Francisco Esquivel ha demostrado, matemáticamente, que es una ley regresiva, pues cobrará más a las pensiones bajas que a las altas, mejorando incluso las más altas.^[2] A ese monumental despropósito prestó su coadyuvancia el Presidente de la República, diciendo que se trataba de proteger. Según el recurso de amparo presentado ante la Sala IV por otro grupo de más de 190 personas, la ley 9796 es «defectuosa», «contradictoria» y una verdadera amenaza para el estado de derecho.^[3] Esto ha dejado a la vista que es improvisada, desproporcionada, arbitraria y carente del sustento técnico que la norma exige. En otras palabras, si fuera boxeo estaríamos hablando de un knock-out en el primer round.

¿Para qué hacerlo bien si se puede hacer mal?

En términos tributarios se trata de una aberración que afectará injustamente el patrimonio de cientos de personas que no solo sirvieron bien a la patria, haciendo una labor encomiable, sino que además cotizaron mes a mes para obtener su derecho, pagaron sus impuestos a tiempo y continúan cotizando solidariamente. En términos jurídicos es también un adefesio, pues pretende burlarse del artículo 34 de la Constitución de la República que a la letra dice: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.»^[4]

Además, la ley 9796 contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos deshonrando los convenios internacionales ya firmados por el país. De hecho, pisotea derechos patrimoniales de las personas adultas mayores, además de los derechos laborales de los trabajadores activos acordados y negociados por ley, sumando un impuesto sobre otro, tan desproporcionado como una tasa de usura. De momento sirve para evadir una reforma seria del sistema de pensiones que solo podría ser un proceso transparente, participativo y dialogado a la luz del artículo 9 de la carta magna; asimismo, debiera contar con el criterio técnico calificado y con una sensibilidad social que riman mal con los intereses politiqueros y mediáticos de corto plazo. Pretender llevar a cabo esa reforma, de manera inconsulta y a golpe de ocurrencias, desde la misma Asamblea Legislativa, es el peor camino que se pudo haber tomado en un tema tan especializado, delicado y complejo.

Resulta alarmante que un grupo de diputados haya aprobado a la carrera una ley tan injustificada. Mientras tanto, nada que se deciden a poner tope a la usura. Ellos aprobaron una norma tan mal diseñada que esta vez el tiro les saldrá por la culata. ¿Por qué no oyeron las voces que lo advirtieron? ¿Qué hace la ciudadanía cuando una Asamblea Legislativa, que debe ser garante de derechos humanos, actúa de una manera tan discriminatoria contra un grupo relativamente pequeño y vulnerable? Si no logran hacer nada peor, la ley 9796 será la legislación más deslucida de la segunda república, resultado de la mayor obnubilación ideológica de los últimos 40 años.

En vez de tomar el toro por los cuernos, como sería una reforma integral y negociada, decidieron legislar a favor de un Estado que pretende eludir sus responsabilidades y compromisos, como si fuera un patrón privado que decide unilateralmente lo que es o no derecho de sus trabajadores. Todo con el fin de obtener un «ahorro» raquítico comparado con lo que deben los grandes evasores, ciudadanos privilegiados que gozan, acumulan y centralizan la riqueza producida entre todos.^[5] ¿Por qué tanto empeño en ese «ahorro» anual de 12.000 millones de colones que representa solo el 0,43% del incumplimiento tributario, suponiendo que este sea del 8% del PIB?^[6] ¿No tendría más sentido invertir tanto esfuerzo en recuperar para las arcas públicas los 2,789,244 millones de colones que les convierte en evasores de lujo? ¿Cómo podrá el Estado pagar su enorme deuda con la CCSS y con el Magisterio Nacional sin cobrarle a los que más tienen?

¿Y para qué hacerlo mal si se puede hacer peor?

A eso hay que agregar que la 9796 responde a una campaña de desprestigio que comenzó en el mundo atosigado de las redes sociales, pero luego fue amplificada y multiplicada por la prensa. Esta sumó su enfoque sesgado o tendencioso, que de rebote la ha retratado de cuerpo entero. Por ejemplo, los medios mantienen bajo estricto cerrojo lo que debiera ser la noticia del año: que las pensiones del Magisterio se cargan al presupuesto porque el Estado ha desfalcado a sus maestros desde 1958. Nada extraño, porque asimismo evitan el tema de evasión tributaria que se resisten a asociar con déficit fiscal. Comprender su técnica manipuladora es sencillo, basta ver el título que le puso un medio a la noticia que se está comentando aquí, a pesar de contar con el mismo contenido.^[7] Hay un periódico de gran circulación que se ha graduado con honores en ese arte maléfico.

Del mismo modo, se oculta las contribuciones que hacen las personas pensionadas no solo al fisco y a la seguridad social sino también en términos de obras científicas y literarias, pasadas y presentes, que siguen entregando con un espíritu de servicio ejemplar. Debe saberse que el grupo de personas que ha presentado esta otra coadyuvancia contra la ley 9796, goza de un enorme prestigio por su gran cantidad de logros, entre ellos premios nacionales e internacionales. Hace rato que no se reunía tanta gente honorable para reivindicar una causa justa. Pero, en vez de aprovechar su sabiduría, muchas páginas de la prensa solo destilan menosprecio e irrespeto, con una saña francamente tóxica.

Según esa campaña de descrédito toda pensión con cargo al presupuesto es un lujo, como si el Estado no tuviera ninguna responsabilidad patronal. Asimismo se ha propagado la idea falaz y peligrosa de que es un lujo tener una pensión digna. La campaña ha usado, como caballo de batalla, una expresión que parece ser un estigma de mala fe o mala fama, o un falso estereotipo (los de verdad nacen enraizados en la cultura, no se fabrican). O tal vez solo sea una palabreja o una «dispalabra» más, es decir, un término horrible y disparatado, disque novedoso, con el que algunos, sobre todo periodistas, buscan bautizar las cosas a su antojo.^[8] Así es como nacen y mueren los monstruos lingüísticos que son en sí mismos contradictorios, que no son menos absurdos porque sean más repetidos. Hasta se puede arriesgar la hipótesis de que cuanto más se repiten más rápido se los traga el remolino de su propio sin sentido.

Por ejemplo, es obvio que quien goza de lujos no necesita una pensión y quien necesita una es porque no puede darse el lujo de jubilarse sin garantía de que mantendrá, hasta cierto punto, el nivel de ingreso logrado a lo largo de toda una vida de esfuerzos y éxitos. Las palabras pensión y lujo son incompatibles, irreconciliables; cuando se juntan se dan de patadas, es decir, se genera una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo (contradictio in adiecto). No obstante, dicha campaña no ha dejado de combinar esas palabras hasta el hartazgo. Acusar de lujo a todos los pensionados y, especialmente, a los del Magisterio Nacional, es más que falso y difamatorio; es malvado, denigrante, promueve envidias, odios y agresiones gratuitas e inaceptables que nadie se merece y menos aún las personas mayores que dedicaron su vida a educar. ¿Y con qué necesidad? Esa no es manera de pagarle al ejército de maestros, pilar de la democracia costarricense. Una sociedad desagradecida con sus maestros no tiene futuro.

Conclusión

En suma, la ley 9796 es en efecto una ley injusta por donde quiera que se la mire. Carece por completo de sentido que sea regresiva, es decir, que ponga a pagar más a los que menos tienen. Eso contradice todo lo que se ha dicho al respecto de parte de sus promotores. Además, ninguna ley puede ser retroactiva sin ser inconstitucional, abrir un portillo así constituye una grave amenaza para la seguridad jurídica de toda la ciudadanía.

Menos cuando se pretende burlar compromisos legales asumidos por el Estado, pues cohonesta el desvío de las cuotas de los maestros y profesores en vez de constituir el fondo solidario que le mandaba la ley. Y peor aún si de manera arbitraria y unilateral pretende imponer gravamen tras gravamen de modo desproporcionado. Se nota en esa ley tales deficiencias conceptuales, técnicas y procedimentales que resulta evidente que es un tema que no se debe dejar en manos de políticos y tecnócratas. Como tal es un ejemplo de una sociedad política que hace rato ha abandonado principios democráticos básicos: diálogo, participación, transparencia, rendición de cuentas, consulta, negociación. En obvia contradicción con nuestra propia Constitución.

Finalmente, es un lamentable ejemplo de atentado contra el pacto social que soporta nuestra convivencia pacífica desde 1949, que para colmo se hace en medio de una campaña denigrante y malsana contra un grupo de personas honorables. En vez de mostrarse orgullosa por prestarse como instrumento de semejante desaguisado, la clase política debiera pedir disculpas a este pueblo paciente pero justiciero, que tarde o temprano les exigirá cuentas. Ojalá que la Sala IV detenga a tiempo ese entuerto 9796 para no pasar por la vergüenza, como país, de que lo hagan los tribunales internacionales.

^[1] Según un refrán africano.

^[2] Ver: «Situación actual y propuesta de la ley para dar sostenibilidad a las pensiones»; https://www.pulsocr.com/situacion-actual-y-propuesta-de-la-ley-para-dar-sostenibilidad-a-las-pensiones/

^[3] Ver en Surcos digital: Personas jubiladas plantean recurso de amparo; https:/wp.me/p6rfbZ-bpe.

^[4] Constitución de la República de Costa Rica.

^[5] Tienen el cinismo de llamar «ahorro» al que esperan confiscar a los pensionados.

^[6] Suponiendo un PIB de 55,180 millones de Euros, o sea, de 34,865,547 millones de colones, al tipo de cambio del Euro actual, aproximadamente el del 2019.

^[7] La República tituló el 28 de mayo pasado: «Pensionados de lujo acuden a la Sala IV para reclamar ´regresividad´ en cobro de contribución especial».

^[8] Según un neologismo acuñado por Rafael Ángel Herra.

Imagen ilustrativa tomada de https://educacion.laguia2000.com/tipos-de-educacion/autonomia-docente

Ingreso mínimo vital y distribución de la riqueza

Escrito en 30/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Manuel Hernández

Este 29 de mayo el Consejo de Ministros de España aprobó la renta mínima o ingreso mínimo vital (IMV).

El ingreso mínimo vital es una renta básica, cuyos destinatarios son los hogares en situación de pobreza severa, que corre a cargo de la Seguridad Social.

La aspiración es que esta renta cubra unas 850.000 familias, cuya cuantía oscila entre 462 euros y 1.105 euros, por hogar, la cual se reconocerá desde el primero de junio de 2020.

Además, se pretende que esta renta no desincentive la inserción laboral.

Esta prestación extraordinaria, si bien es cierto se aprobó en esta coyuntura de pandemia, tendrá un carácter permanente.

Sin duda, una conquista muy valiosa, un nuevo derecho social, que sobresale entre los tantos retrocesos laborales y sociales, que en la última década ha sufrido la clase trabajadora y el pueblo de ese país del viejo continente.

Por otro lado, por el nuestro, más allá de la limosna pública, que ya huele a clientelismo electoral, uno se dice, ahora más que nunca, que falta nos hace una renta mínima vital, en un país donde la tasa de desempleo estaba en el orden del 12.4%, la más alta de la última década, que en la crisis de la pandemia el desempleo se habrá disparado hasta el 20%, a consecuencia de las políticas permisivas que no impusieron ningún límite a los despidos individuales y colectivos de las personas trabajadoras.

Uno dice que falta nos hace un ingreso mínimo universal, cuando el Ministerio de Trabajo no ha hecho más que girar, en automático, la maquinilla para autorizar la suspensión de los contratos de más de 29.000 trabajadores, y más de 52.000 trabajadores a quienes unilateralmente se les recortó el salario, abruptamente hasta el 75%, en función de la reducción proporcional de la jornada de trabajo, a merced de una ley espuria de la República, que votaron por igual todos los partidos políticos, sin distingos de color, ideología o religión.

Qué tanta falta nos hace un ingreso mínimo asegurado en una robusta democracia donde la pobreza flagela el 21% de la población, de acuerdo con estudios de OCDE (2019) y la pandemia habrá lanzado a más de la mitad al sector de la economía informal.

En definitiva, qué tanta falta hace que se cumpla con el principio constitucional de redistribución social de la riqueza, que manda el articulo 50 de nuestra Constitución Política, norma que es inherente a un Estado Social y Democrático.

Lamentablemente esta norma se ha convertido en papel mojado, un precepto constitucional fallido de un Estado que, por una parte, cada vez es menos social y a la inversa, cada vez más neoliberal, y por otra parte, menos democrático y proporcionalmente más autoritario.

¿Será que no se les pondrá la cara roja de vergüenza, o no les sudarán los cojones, cuando con tanta efusividad celebran el ingreso de CR a la OCDE, el país que tiene el mayor nivel de pobreza y desigualdad social de este club privilegiado?

29/06/2020

Contexto del COVID 19 en Guatemala: de las luces a las sombras

Escrito en 25/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

José Pablo Menchú Jiménez

Cada sociedad vive la pandemia del Covid 19 de manera diferente, ya sea por el contexto específico de cada país o por la capacidad y responsabilidad del gobierno de turno, por lo tanto no es lo mismo vivirla en el centro de África que en Islandia. En el caso de Guatemala hay condiciones particulares que hace que la pandemia tenga efectos muy sensibles, por ejemplo tiene la inversión pública más baja en salud de toda Centroamérica (2.1% del PIB cuando lo recomendado es 6%), más del 60% de los guatemaltecos vive de la economía informal (lo que implica que vive al día y no posee protección social) y la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, sin mencionar la cultura de corrupción que impera en el Estado. Esto implica grandes desafíos para un gobierno que recién tomó posesión en enero de este año.

El primer caso se registró el 13 de marzo y el gobierno de Alejandro Giammattei (por cierto médico de profesión) tuvo el buen criterio de tomar las acciones correctas de manera pronta, por ejemplo habilitar hospitales temporales, implementar una política de distanciamiento social, imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas, la elaboración de programas de apoyo económico (como transferencias a la familias más vulnerables y kit de alimentos) y suspender varias actividades que no resultaban esenciales. Aunado a que se aprobó una ampliación de presupuesto de más de Q29 mil millones financiados con deuda (equivalente el 5% del PIB) para poner en marcha los programas de fortalecimiento del sistema de salud y de ayuda económica para las personas. Pero como todo gobierno tiene sus luces y sombras, y en este caso lo que empezó siendo una luz poco a poco se fue apagando.

Conforme pasan las semanas la pandemia empieza a revelar la realidad estructural de Guatemala y un gobierno que no está preparado para asumir este reto. Lo que empezó siendo luz con la instalación de hospitales temporales se fue apagando con un gobierno que se rehúsa a masificar los test por considerarlo innecesario (de esa manera manteniendo las cifras de contagio en un rango favorecedor a la opinión pública), un sistema hospitalario que a dos meses del primer caso y con más de mil contagios ya se ve superado, al punto de que los mismos médicos alegan no tener equipo suficiente para hacer frente a la situación. Y en el ámbito económico algo común es ver a mujeres y niños en la calle con una bandera blanca indicando que necesitan alimentos para sobrevivir, esperando la ayuda de los ciudadanos ya que a pesar de que el gobierno anunció hace más de un mes sus programas de ayuda estos no han sido bien ejecutados. A esto se suma el interés del gobierno de ocultar información, para mantener sus índices de popularidad, o hacer parecer que todo es un éxito mediante discursos del presidente donde hay más demagogia que realidad.

Hoy la desconfianza en la autoridades va en aumento, se pone en duda veracidad de lo que el presidente dice en sus conferencias de prensa y se cuestiona el uso de la deuda pública ya que estas ampliaciones no se han visto reflejadas en paliar la situación económica de las familias guatemaltecas ni en mejorar el sistema de salud. En esta situación las sombras del gobierno van aumentando y si no cambia esta realidad, la situación futura de Guatemala no se ve muy alentadora.

Guatemala, mayo del 2020

En los siguientes audios el autor da detalles importantes que explican la situación de Guatemala en medio de la pandemia:

¿Cuáles son las medidas tomadas por el gobierno? ¿Son consistentes?

¿Cuáles son los tres problemas que afectan la atención de la pandemia en Guatemala?

Foto de cabecera es de La Prensa Libre de Guatemala.

¿Hablamos en serio de pensiones?

Escrito en 10/05/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Hernán Alvarado

El señor Presidente Carlos Alvarado volvió a su campaña contra las pensiones. Posteó en Facebook que «las pensiones son para proteger, no para enriquecerse», después de presentar personalmente una coadyuvancia que, como ha denunciado la AFUP, es intimidatoria.^[1] Por lo visto, la Ley 9796 no se sostiene sola y le espera el merecido viacrucis jurídico. Además, él ha repetido que renunciará a su pensión de ex Presidente en su deslucido «informe» del 4 de mayo pasado.^[2]

El caso es que, a través de la Ley 9796, el Estado costarricense pretende ejercer una violencia patrimonial arbitraria gravando reiteradamente los ahorros de las personas adultas mayores. Además, esa ley cohonesta la irresponsabilidad de un Estado que no formó el fondo de pensiones solidario que mandaba la Ley 2248, cuando menos para el Magisterio Nacional.

Así responde el mandatario a la acción jurídica de un primer grupo de pensionados que defienden, de manera legítima, sus derechos lesionados. De nuevo, redes sociales, medios de prensa y declaraciones de la clase política aparecen orquestados para intranquilidad de las personas adultas mayores. Ellas debieran demandar también a todos aquellos que usan el cliché o estigma difamatorio con que se les chuza sistemáticamente desde hace tiempo, por ser un comportamiento que atenta contra la dignidad de la persona, corazón del sistema jurídico. No se vale que siga impune y no hay que darle alas al animal ponzoñoso, según reza el refrán popular.

Ahora bien, ¿habla en serio el Presidente de un tema tan delicado? En primer lugar, nadie se enriquece con una pensión por más alta que sea, como tampoco se puede llamar enriquecimiento a un salario público de ₡ 9,500,000. Si así fuera, habría que decir que él mismo puso a doña Rocío Aguilar a enriquecerse. Pero la verdad es que no hay manera de hacerse realmente rico sin explotar al prójimo, sin contratar a muchos trabajadores que produzcan riqueza para uno. A estas alturas no hay misterio al respecto, ni otra forma legal o ilegal de lograrlo.

Por eso, ningún pensionado aparecerá jamás en la lista de ricos de la revista FORBES. El Presidente puede preguntar a quienes ahí aparecen: Rodolfo Jiménez Borbón, por ejemplo, recibe ₡ 875,185 millones al año, Carlos Cerdas Araya ₡ 389,600 millones y Steve Aronson ₡ 84,750 millones anuales. Un pensionado que recibiera, supongamos, ₡ 15 millones al mes, obtendría al año ₡ 180 millones, es decir, 0,02 % de lo que recibe don Rodolfo, o bien, 0,2 % de lo que recibe don Steve.

Por tanto, las categorías de riqueza, privilegio y lujo no aplican a pensionados ni a empleados públicos, a no ser que uno quiera hacerse el cínico, el ignorante o el charlatán. Y si le cabe duda, el Presidente puede preguntar qué es enriquecimiento a la UCAEP, que tal vez podría aconsejarle, de paso, sobre cómo combatir la evasión de impuestos, las deudas con la seguridad social y la exportación de ganancias a paraísos fiscales; o cuando menos podría recomendarle a los mejores asesores en un tema que fue el gran ausente de su «informe a la nación». ¿Por qué, señor Presidente, evade usted el tema de la evasión siendo tan importante para este Pueblo?

En segundo lugar, una pensión no es para proteger a nadie, salvo en una visión asistencialista o paternalista pasada de moda. El señor Presidente debiera saber que una pensión es un ahorro que una persona hace a lo largo de toda su vida laboral para tener una jubilación digna y puede ser tan alta como corresponda a sus cotizaciones. Hace años se promovió, por ejemplo, pasarse del Magisterio a la CCSS y era atractivo porque implicaba una reducción de las deducciones salariales, o sea, aumentaba los ingresos mensuales. Pero muchas personas no lo hicieron pensando en un futuro mejor, ¿quién les explica ahora que ahorraron en saco roto?

Por otro lado, una pensión también puede verse como un incentivo para renovar trabajadores activos. La idea es que entren a trabajar fuerzas nuevas que adelanten las innovaciones que el sistema económico demanda constantemente. Por eso, en la medida que la jubilación es voluntaria, si las pensiones no son dignas dicho proceso se retrasa o se malogra. De hecho, varios colegas se han retractado últimamente de pensionarse, por la incertidumbre que pesa sobre el futuro de sus ahorros. Así que los más jóvenes tendrán que esperar. ¿Dónde están los estudios que permitan decidir sobre un asunto clave para la productividad promedio del país?

Nadie parece haber tenido eso en cuenta en este «debate» tan pobre en ideas. Tanto que ni siquiera ha partido de los correspondientes estudios actuariales de los diferentes fondos. Nadie menciona tampoco el interés de privatizar dichos fondos que le hacen la boca agua al sector financiero, el único y verdadero protegido del neoliberalismo; como se puede ver en el tema de usura, aludido anecdóticamente por el discurso presidencial.

La protección de los más pobres no se puede lograr confiscando ahorros a las pensiones más altas para pasárselas a las pensiones más bajas. Del todo, la pensión no es el instrumento idóneo para eso. Además, es ilegal e inconstitucional que el Estado pretenda trasladar su responsabilidad a un pequeño grupo de pensionados. Por cierto, ¿alguien puede creer en la sinceridad de unos diputados orgullosos de su «solidaridad» con el dinero de otros?

Si de protección se trata, hablemos en serio de un salario social o de un ingreso universal que garantice a cada ser humano un mínimo de subsistencia, desde la cuna a la tumba, por el simple hecho de serlo, tema de punta en esta materia. Así se acabaría, por fin, con la pobreza extrema. Aunque no del todo con la pobreza, que es un concepto relativo, como decir riqueza, porque mientras la política pública siga favoreciendo la desigualdad social siempre habrá algunos demasiado ricos que correspondan a muchos demasiado pobres. ¡Cuánta falta hace hoy en día la visión de estadista de Alfredo Gonzalez Flores, Rafael Ángel Calderón Guardia, José Figueres Ferrer, Daniel Oduber Quirós o Rodrigo Carazo Odio!

En una crisis sanitaria como la actual un ingreso vital universal hubiera mostrado su eficacia porque no habría dejado a nadie librado a su suerte. Luego, sería como un seguro si se toma en cuenta que nunca habrá una vacuna contra todas las pandemias.^[3] Como un solo ejército combatiríamos así cualquier virus, entrando y saliendo a las casas, en táctica de acordeón, a una sola orden del Presidente. Además, podría asociarse a determinados deberes cívicos y comunitarios con el fin de fortalecer, por ejemplo, educación y salud, incentivando la participación ciudadana en todos los niveles de la administración pública. Dede luego, mucha tela queda por cortar al respecto, pero eso sería comenzar a caminar en serio hacia los más vulnerados, implicando también al sector financiero con su añorada bancarización universal.

En cuanto a la renuncia a la pensión de ex Presidente, es casi increíble que el mandatario insista en cosechar un rédito publicitario con un derecho que todavía no goza. A penas comparable con repartir los ahorros confiscados a los pensionados cuando ni siquiera ha entrado en vigencia la Ley 9796, para tildar después de egoístas a quienes defenderían su patrimonio. Si esto no es populismo que alguien nos diga cómo se llama; tal vez algún garante nos pueda explicar qué tipo de ética es esta.

Además, mientras no se modifique la norma de pensiones para ex Presidentes (Ley 7302, capítulo III) el mandatario no podrá hacer lo que promete y no parece haber voluntad política para esto. Lo que podrá hacer eventualmente es donar lo que será entonces su dinero privado. A la mejor usanza neoliberal que trata la pobreza como un asunto de caridad o filantropía y no de justicia. Pero en ese caso, según recomienda el Evangelio, mejor que la derecha no se entere de lo que hace la mano izquierda.

Por otro lado, en rigor, la pensión de un ex Presidente es espuria, pues no corresponde a lo cotizado. En ese sentido, el dilema será siempre servir a la Patria o servirse de ella. Por eso, aunque legal, puede que no sea bien vista. Más aún, no debiera existir, ya que ser Presidente es un honor y un servicio a la patria que no tiene por qué ser retribuido de por vida. Tampoco la de un diputado o la de un Ministro en las mismas condiciones. Pero no se justifica hacer escarnio público de personas honorables por algo que es un defecto del diseño institucional.

En sentido estricto los ex Presidentes no hacen nada ilícito al aceptar ese dinero que, como muchos otros estímulos, hoy se tiene y mañana no. Ellos no fueron quienes aprobaron la ley y esta es una sociedad basada en incentivos monetarios y normas, aunque para algunos resultan ser válidos para el ganso pero no para la gansa. Satanizar los incentivos monetarios es a penas propio del terrorismo neofascista y ultra liberal que campea hace rato en el valle central y que representan mejor que nada la tentación suicida del capitalismo.

Se ve claro entonces que este no es el caso de una pensión digna o verdadera, como derecho adquirido y consolidado después de 30 o 40 años de cotizaciones. La poca seriedad con que se ha tratado el tema es obvia por la mezcolanza abigarrada que los diputados han hecho en esta materia, en contubernio con una prensa acrítica, superficial y complaciente con los poderosos. La ley 9796 exacerba el conflicto que divide a la sociedad costarricense desde hace más de 30 años y crea más problemas de los que resuelve. Señal de que no es justa, puesto que la justicia pacifica tanto como la injusticia enerva; si fuera justa se defendería sola.

Por lo demás, en una República participativa, como la que establece el artículo 9 de la Constitución, una reforma de pensiones debiera ser un proceso transparente, participativo y concertado, con rigor técnico y sensibilidad social, garantizando confianza como ingrediente indispensable. El Presidente dejó claro que eso no le interesa al nombrar a doña Rocío Aguilar en la Superintendencia de Pensiones, burlándose sin disimular de la Contraloría. Ella ha reforzado la desconfianza al nombrar a Nogui Acosta. Puede que sea parte del magnánimo espíritu protector del Presidente, pero el hecho es que participación y acción ciudadanas no tienen ningún peso en su discurso. Lo cual no solo es inconsecuente con el nombre de su partido, sino que implica una posición poco democrática que no honra la norma superior.

En conclusión, todavía no se ha hablado con el rigor que merece de un tema tan complejo, pero el debate ya fue cerrado antes de abrirse, por una campaña que concita prejuicios, envidias y odios. Los daños morales y políticos, directos y colaterales, son cuantiosos; aunque todavía a nadie se le pasa factura. Por su parte, los trabajadores activos no parecen haber considerado debidamente lo que todo esto implica para su futuro. Pero ya se darán cuenta. El pato de la fiesta o «chivo expiatorio» ha sido un grupo de personas mayores a quienes no solo se les quiere confiscar sus ahorros, nuevamente y de modo discriminatorio, sino que encima se les difama gratuitamente y se les insulta porque defienden su derecho.

Ahora, la justicia tendrá que dirimir de qué lado está la razón. Si rige o no el principio de no retroactividad de la ley. Si se vale o no que el Estado-patrón legisle a su favor para evadir su responsabilidad social y sus compromisos legales; si el derecho defiende al débil o complace al fuerte en un asunto eminentemente laboral. Si está del lado del ciudadano, protegido del Soberano, o valida las pretensiones de un Estado abusivo mal encaminado por intereses politiqueros. Si los derechos humanos están pintados en la pared y sirven para ganar votos e imagen, o deben respetarse seriamente por seguridad jurídica de todos y para la defensa de la paz social y la democracia costarricense.

^[1] Lamentablemente, los integrantes de otros Poderes se están habituando a puyar a los magistrados como si fueran diputados que ceden a presiones mediáticas.

^[2] Como «evaluación de resultados y rendición de cuentas» que debería dirigirse al Pueblo, más que a la Asamblea Legislativa o al Poder Judicial, ese discurso no es de recibo. El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa se dio el lujo de eximirlo del «control político». Ambos incumplieron flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, pues «Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la Ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.» Ellos que juraron cumplir con la norma superior. Ahora ¿quién podrá defendernos?

^[3] Ahora el Gobierno español ha mostrado interés en el «salario social básico» que se ha puesto en práctica en Asturias, desde hace una década, y que cuenta con otras réplicas que pueden servir de referencia.

Foto: Actividad de la Asociación de Funcionarios Universitarios Pensionados (AFUP)

Virus de la corona-virus de la avaricia

Escrito en 05/05/2020. Publicado en Análisis.

Tragicomedia en cinco actos, con un preludio

Walter Antillón

Preludio

Cuando en los Siglos XVIII y XIX la burguesía europea pugnaba por derrocar las Monarquías del Antiguo Régimen, proclamaba la instauración del Estado Constitucional de Derecho, con un gobierno democrático que estaría al servicio de la mayoría del Pueblo, tal como lo sintetizara Lincoln en la forma: “Gobierno del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo” La lógica del Capitalismo que desde entonces constituyó el modo de producción dominante en el Planeta, ha impedido sistemáticamente la consecución de aquella meta, y hoy, en el año 2020, la burguesía neoliberal ha logrado los siguientes records: que algo más de dos mil modestos millonarios posean más riqueza que el 60% de la población mundial (que son cerca de cinco mil millones de personas); y que, de ellos, mil trescientos millones sean multidimensionalmente pobres ¿Es esto gobernar para el Pueblo?

(La acción transcurre en tierras de Costa Rica, entre los años 1948 y 2020)

Acto Primero

La persecución sindical e ideológico-política desatada en el sector privado a partir de 1948, con su secuela de despidos y represalias laborales, impidió (salvo en las zonas bananeras) que los obreros, los empleados y los campesinos de dicho sector, dispersos, atemorizados y desprovistos de sus sindicatos, dialogarán paritariamente con sus patronos y consiguieran participar gradual y equitativamente en la distribución de la riqueza nacional. La desunión, la vulnerabilidad y el consiguiente estancamiento económico-social de aquel conglomerado humano (la mayoría de la fuerza laboral del País), prolongados durante más de cuarenta años, se revelan dramáticamente en la oprobiosa concentración de la riqueza y en el progresivo ensanchamiento de la brecha económica que ponen a Costa Rica entre los países más desiguales del Mundo. ¿Cuántos miles de millones de colones (para mencionar solamente el aspecto dinerario) dejó de percibir la clase trabajadora del sector privado costarricense durante ese lapso de tiempo de casi medio siglo?

Emulando al Papa, todos los gobernantes en Costa Rica deberían iniciar su gestión pidiendo públicamente perdón a las víctimas de semejante atropello: a las cinco generaciones de trabajadores costarricenses del sector privado que desde 1949 han sufrido ese crónico despojo patrimonial; y desde sus gobiernos deberían propiciar la formación de sindicatos que velen por los intereses de esas personas en el inicuo presente y en el futuro ominoso.

Acto Segundo

La persecución sindical e ideológico-política desatada a partir de 1948 retardó, mas no impidió el crecimiento del sindicalismo en el sector público, al no contar allí con el arma del despido fulminante. De modo que durante aquellos más de cuarenta años los trabajadores agrupados en sus sindicatos públicos, haciendo uso de la huelga y de la convención colectiva, consiguieron una mejora sostenida de sus salarios, mayores vacaciones y licencias, mejoras en los regímenes de preaviso, cesantía y pensiones de retiro y muchos otros beneficios laborales; así como brillantes hazañas en jornadas cívicas memorables, para la conservación de los institutos y las empresas del Estado Costarricense y el orden constitucional: el Combo, la expulsión de Millicom, el TLC.

Acto Tercero

La simbiosis entre los intereses de la oligarquía y las políticas elaboradas por sus propios miembros y los serviles que estuvieron al mando de los sucesivos gobiernos, dieron como resultado el acoso sistemático a las instituciones del Estado de Bienestar, e impidieron desde hace varios decenios el establecimiento y desarrollo de un robusto sistema impositivo de impronta progresiva, que garantizara la justicia tributaria en beneficio de los más pobres y a la vez proveyera sostenidamente al Estado de fondos limpios para sufragar el gasto público. En su defecto, los gobiernos echaron mano del recurso –a la larga ruinoso- del endeudamiento y del pordioserismo internacional, y propiciaron irresponsablemente un déficit creciente de las finanzas al estilo de ¡Après moi, le Deluge!

Acto Cuarto

Escena Primera: La acometida neoliberal desatada a partir del colapso de la Unión Soviética y sus satélites, a la recherche du temps perdu (cuya traducción infiel pero exacta es: ‘en busca del tiempo y las ganancias perdidas’), se ceba en los restos del Estado de Bienestar y le pone el ojo a los fondos de la seguridad social y a las conquistas laborales de los trabajadores del sector público.

Escena Segunda: Pretextando una grave crisis fiscal –que no era nueva, y que había sido provocada por la inercia cómplice de los regímenes anteriores en materia hacendaria y tributaria- el Gobierno actual, con el apoyo delirante de la prensa burguesa, convoca a los restantes Poderes jurídicos y fácticos a una Santa Cruzada contra los únicos culpables: los empleados públicos de Costa Rica, para despojarlos de los beneficios económicos y sociales conquistados durante muchos años; y también, como de pasada, de sus armas de lucha: el sindicato, la huelga.

Escena Tercera: Durante el tiempo en el que los tres Poderes del Estado sirvieron de correa de transmisión de los más bastardos intereses neoliberales para neutralizar y finalmente desembarazarse del sindicalismo público, último bastión en la defensa de los derechos del Pueblo Costarricense, el sector laboral privado, gran perdedor en el escenario costarricense del último medio siglo transcurrido, consumaba su suicidio político-laboral haciendo de comparsa a favor de la cruzada oligárquica que condujo a la promulgación de la Ley que ostenta el sarcástico nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y a las leyes complementarias. En vez de tomar conciencia del robo del que ha sido víctima por medio siglo, y de la exacta identidad de sus victimarios, el trabajador del sector privado se deleita con el espectáculo del acoso al que se está sometiendo al empleado público por parte de la camarilla tripartita de los Poderes del Estado: su sueño no es elevarse a la altura y dignidad alcanzadas por el empleado público mediante años de organización y lucha, sino que éste sea derribado y reducido al nivel de subsistencia y de libertades mínimas en el que yace su propio sector laboral, en razón de su prolongado estado de inconsciencia político-laboral, de su impotencia y su aislamiento.

Acto Quinto

El horrendo flagelo del Coronavirus, como el gran nivelador, nos ha permitido, entre otras cosas, apreciar la mezquindad y la miopía de las estrategias que venían decretadas para el Mundo por los mandarines de la política neoliberal. En palabras de Reagan, tristemente célebres, el Estado, es decir, la Res-Pública, el Sector Público “ES EL PROBLEMA”; mayormente si se trata del Estado Benefactor que toma la iniciativa de garantizar universalmente la salud, la educación, el empleo, las mínimas condiciones para que todas las personas vivan con dignidad. Y entonces la solución era imponer a los Estados deudores, vulnerables a las presiones del BM y el FMI, un ajuste en sus estructuras (PAE) que consistía en devastar la fronda de las instituciones y las empresas públicas, rama por rama, hasta no dejar prácticamente nada: incluso el orden y la seguridad públicas, incluso la justicia (los minima minimorum del ‘Estado Gendarme’) podían ser sustituidos por la seguridad privada y por los arbitrajes nacionales e internacionales. De modo que la fiesta neoliberal había llegado lejos: la privatización de la seguridad social, la salud, la educación, las relaciones laborales, los servicios bancarios, los seguros, para que todo fuera asumido por la empresa privada, ha sido el espectáculo más común en las últimas décadas y en muchas partes del Planeta.

Y en eso se aparece el Coronavirus con su rasante virulencia: no respeta persona ni país, y en pocos meses se ha extendido por todas partes en grado de Pandemia, poniendo en riesgo la vida de millones, y con resultados económicos más ruinosos que los de las peores catástrofes financieras. Cierre general de los negocios; desempleo y desabastecimiento masivos; ruptura de encadenamientos económicos esenciales: ipso facto, el hambre hace acto de presencia en los sectores más carenciados: los que ganan en la mañana apenas para medio almorzar; y no cenan si la tarde no produjo. Los gobiernos se encuentran con que hay que resolver cada día todos estos problemas a la vez: la capacidad de los hospitales, el acceso inmediato a los medicamentos y equipos apropiados; el auxilio financiero a las empresas; la asistencia alimentaria masiva y la distribución de un subsidio mínimo general en los sectores más vulnerables, etc.

Entonces fue cuando los gobiernos comprobaron asombrados el tamaño de su impotencia frente a la crisis: cero capacidad instalada, porque por años habían desfinanciado sus programas de salud y habían desmantelado sus hospitales públicos: carecían, en general, de capacidad de servicio social masivo, porque habían abandonado alegremente todo programa social; pero además no tenían dinero, porque el dinero no había sido tributado; se había desvanecido en incentivos o en amnistías fiscales; y se había ido acumulando en uno de los lados de la brecha económica, y ahora estaba en los Paraísos Fiscales, o en Suiza, en cuentas cifradas, etc. ¿Tendremos que llenar diariamente millones de bocas hambrientas, o bien aplicar masivamente el cínico lema: “Contribuya a aliviar la crisis económica: cómase un pobre”?

Y entonces ¡Eureka! Aparece, entre otras, la gran solución: un impuesto sobre los salarios de los empleados públicos. Toda una Ideota que las Cámaras retoman gallardamente, ofreciendo además organizar Teletones para estimular la natural generosidad del Pueblo. Y aparece también la iniciativa de gravar las Pensiones de Lujo, la cual merece el apoyo –con y sin Pandemia- de toda persona consecuente, siempre y cuando el gravamen pueda ser graduado según sea que el monto se origine en un abusivo compadrazgo, o en el exacto resultado actuarial de una cotización legal sostenida durante treinta años.

Si me equivoco, me van a perdonar. Pero hasta donde sé, no existe de parte del Poder Ejecutivo, ni de la Asamblea Legislativa (excepto el Proyecto presentado por el Frente Amplio), ninguna iniciativa para que los ricos contribuyan sustancialmente, sacrificando parte de su riqueza en el sostenimiento del País durante la Pandemia.

Los ricos son avaros porque su gran amor es su dinero: el que ya tienen y el que sueñan con seguir atesorando. ¡Y claro! cuando las oligarquías dominan a los gobiernos, como ha ocurrido casi siempre en América Latina, los impuestos a las ganancias y a los grandes patrimonios no aparecen, o son simbólicos, y los gobiernos son impotentes (salvo para masacrar a sus propios ciudadanos). Eso es lo que le cuesta entender a Angela Merkel, aliada tradicional de los empresarios alemanes, según lo expresó en su reunión con el Presidente argentino Alberto Fernández, cuando dijo: Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos (Revista Página 12, el 8 de abril pasado).

En esa misma noticia nos enteramos de que el Presidente Fernández se prepara a cruzar el Rubicón para establecer un impuesto extraordinario al capital en Argentina (¡Cuidado, Presidente! por menos que eso tumbaron en Costa Rica a don Alfredo González Flores, hace algo más de cien años). En buena teoría hacendaria los impuestos extraordinarios no tienen razón de ser …salvo en situaciones extraordinarias. Porque en situaciones extraordinarias de ruina económica con emergencia alimentaria para las mayorías, no debe regir el principio tributario de no confiscación, sino el principio universal de solidaridad: hay que confiscar una porción razonable de la riqueza privada acumulada, esté donde esté, para impedir la muerte masiva por inanición de los grupos más carenciados.

La real diferencia entre los países civilizados y los países de América Latina está en la Justicia Social: Justicia Laboral, Justicia Tributaria, etc. Mientras que en Alemania el impuesto a las ganancias alcanza el 45%, en Costa Rica, con tasas comparativamente irrisorias para el Impuesto sobre la Renta, la cifra de la evasión fiscal ¡ha superado al Déficit Fiscal del País! Y de la Justicia Laboral ya hablamos: más de 50 años de depauperación por estancamiento de los derechos del sector laboral privado

La UCCAEP dice: la empresa privada no soporta más cargas. Pero veamos: ¿quiénes están detrás de esas empresas? ¿Y todo ese montón de gente que aparece exportando capitales en los ‘Papeles de Panamá’ (y ¿en cuántos otros ‘papeles’ que no han salido a la luz pública?)? ¿todos los que construyen y mantienen las grandes mansiones y los super-lujosos condominios? ¿y los dueños de los ‘4 por 4’ super-lujosos y del último año que se agolpan en los estacionamientos de los grandes centros comerciales? ¿y los dueños de los helicópteros y yates y aviones privados, tampoco muestran signos inequívocos de gran riqueza? Todos esos señores no son imaginarios ¿no son ellos, precisamente, los mismos costarricenses, el 10% de la población, que posee más del 70% de la riqueza del País, según lo muestra la Cepal y muchas otras fuentes?

Tienen la palabra el señor Presidente y los Padres de la infortunada Patria.

¡De los muertos, líbranos la Memoria!

Escrito en 01/05/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El impacto mundial del Coronavirus COVID-19 es innegable. Asusta por su facilidad de expansión, por la letalidad que causa, que no es tan alta hasta ahora comparada históricamente, por los niveles de contaminación que provoca, por el desconocimiento que se tiene del virus que incita esta pandemia, por los sectores sociales que principalmente afecta, pero especialmente porque ha impactado la economía local, de los países afectados, y los encadenamientos mundiales y redes comerciales, de la economía global, sobre todo porque la vamos viviendo, en su expansión y alcance geográfico, en tiempo real, de modo casi tangible para todas la personas.

De hecho, a mi modo de ver, no es tanto el número de muertes que va estimulando lo que horroriza, es la forma de no controlar esas muertes y la forma sorpresiva como se manifiestan, y el temor de contraerla y no poder superarla. Es porque ha generado una toma de conciencia sobre la muerte inmediata, existente, que no controlamos, que puede alcanzarnos.

Las muertes se pueden ir vigilando, como se viene haciendo en muchos países, con acatamiento por parte de la población de las directrices generales que se dan por la Organización Mundial de la Salud, y por las instituciones y funcionarios responsables en cada país, en ese sentido.

Lo que no se ha podido detener es el crecimiento de la curva de contagios, calculados a uno por diez, que hace colapsar las instituciones sanitarias y hospitalarias existentes, que a su vez facilitan el crecimiento del número de muertos y la falta, a nivel mundial, de los instrumentos, y medios médicos, para atender a los contagiados y enfermos sujetos de internamiento y de atención en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Los grandes países, como potencias militares que algunos son, pilares de la economía mundial que también dominan, son los que más gritos de alarma dan. Es como si a ellos se les hubiera atacado, con armas incontrolables, invisibles, imprevisibles en su manifestación, en la imposibilidad de dar respuesta inmediata, y al contrario, en un ataque, movido por el virus, que hasta hoy golpea los sensibles mecanismos y motores de la economía mundial, los medios de transporte mundial, especialmente aéreos, las redes de abastecimiento, de producción, por la parálisis que ha generado en infinidad de industrias, comercios, servicios, trabajos en general, en el turismo mundial y local de los distintos países, por la desviación de recursos, no pensados ni programados, para atender de manera inmediata la pandemia, y por ver cómo se frena y detiene, porque han puesto en evidencia las malas y deficientes estructuras sanitarias, de salud pública y de seguridad social que muchos países tienen, incluidos y de manera obscena y escandalosa los grandes países capitalistas, algunos de ellos presentados permanentemente como modelos de sistemas de vida. Lo que más alarma, parece ser, no es las muertes de los seres humanos, sino la posible muerte de la economía, de los sistemas y redes económicas, resultado de una guerra no convencional, con un “enemigo” hasta ahora bastante invisible, de movimiento rápidos, actuando como si fuera una guerrilla en combate… por aquí, por allá… por todos lados…

En algunos momentos, en Estados Unidos, y a nivel mundial, el impacto de la presencia del Coronavirus se comparó con el impacto que tuvo, en muertes, el atentado a las Torres Gemelas en New York, con poco menos de 3000 muertos, para dramatizar la situación, de un microorganismo que se había originado en Asia y que llegaba a la costa este de los Estados Unidos. Eso ha quedado corto en los propios Estados Unidos. En la Torres Gemelas “la guerra” le había llegado a Estados Unidos en su territorio. Los Estados Unidos siguió haciendo guerras en otros territorios, en otros países, en otros continentes y regiones…mientras no se metieran con ellos en su casa. Estados Unidos siguió matando y exterminando… seres humanos, ciudades, infraestructura de distinta naturaleza, destruyendo las economías locales donde hace sus guerras…

Hasta hoy, a nivel mundial, el número de muertos por el Coronavirus es más bajo que el total de las muertes que produjo el lanzamiento de las Bombas Atómicas en Hiroshima y Nagazaki, por parte de los Estados Unidos, el 6 y 9 de agosto de 1945, donde murieron casi 250.000 personas, que marcó de nueva manera, desde entonces, la Historia Mundial. Allí fue una muerte focalizada, en dos ciudades, decidida por el gobierno de Estados Unidos, y su presidente Harry S. Truman, cuando era innecesario, en ese momento de la II Guerra Mundial, haber hecho aquel genocidio y acto criminal.

Si de muertos se trata, la I Guerra Mundial, desde 1914 hasta 1919, provocó de 10 a 30 millones entre civiles y militares. En la II Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, fueron entre 50 y 60 millones de fallecidos…Solo en la Unión Soviética casi 30 millones.

En la antigüedad, en las tres Guerras Púnicas, desde el año 264 AC hasta el 146 AC, se calcula que murió casi un millón de personas. Los romanos entre el año 400 AC y el 500 DC perdieron casi un millón de hombres en los campos de batalla. En las guerras judeo romanas, a principios de la era cristiana, se estima que murió más de un millón de personas. En las Cruzadas cristianas, entre el año 1091 y el 1291, se calcula que hubo 5 millones de muertos. En la Conquista española y europea, de América, se calcula que entre 1492 y 1572 murieron más de 60 millones de indígenas como resultado de la guerra de conquista, de las torturas, los trabajos forzados, por la represión en general, ¡ah!, y, también, por la presencia de bacterias, con el tifus, y de virus, con el sarampión y la viruela.

Recientemente, en los últimos 100 años, por citar otras, resultado de las guerras imperialistas y colonialistas, así como las guerras civiles y las de Liberación Nacional de esos imperios coloniales, murieron muchas personas.

En la Guerra Civil Española se produjo un millón de muertos entre 1936 y 1939, en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, murieron 4 millones, en la guerra de Liberación de Argelia, entre 1954 y1962, a manos de los franceses hubo más de un millón de muertos, la criminal guerra de Vietnam, desatada desde 1957 hasta 1975, provocó casi 7 millones de muertos, con menos 100.000 norteamericanos, sin contar la Guerra de Indochina de los franceses, desde 1946 hasta 1954, con medio millón de fallecidos. En Vietnam los Estados Unidos usó armas químicas, que ya se habían inventado desde la I Guerra Mundial.

La guerra de Biafra, entre 1967 y 1970 produjo casi 3 millones de muertos, y una hambruna poblacional que asustó al mundo. El impacto de la hambruna que puede desatarse cuando se vean bien los resultados del impacto del Coronavirus va a ser similar, y quizá más grande, por el desempleo mundial que ha ocasionado.

La guerra civil en Angola produjo, entre 1975 y el 2003, alrededor de un millón de personas fallecidas, la guerra civil de Mozambique, entre 1977 y 1992, generó un millón de muertes, en la guerra civil de Afganistán, desde 1979 hasta hoy, han fallecido más de 2 millones de personas, la Segunda Guerra del Congo provocó entre 1998 y el 2003, casi 6 millones de muertos, en Irak, la guerra impuesta por Estados Unidos, desde el 2003 hasta el 2011, ha generado más de un millón de muertos, la Segunda Guerra Civil de Sudán, entre 1983 y el 2005, provocó alrededor de 2 millones de muertos. Así se podrían señalar por millares de muertos los conflictos en Ruanda, Etiopía, Eritrea, Darfur, Uganda, Liberia, Sierra Leona, Rodesia, Tanzania…

Casi todas estas guerras se ubicaron también en el rango de “limpieza étnica”, concepto más actual, con el que ha operado Trump, en la práctica, en los Estados Unidos, para no mitigar el impacto que le está ocasionando el Coronavirus en su país.

La Conquista de México y del Imperio Inca se hizo con 30 millones de indígenas muertos, y hay quienes afirman que fueron 50 millones. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775-1783, provocó 110.000 muertos y el famoso Ku Klux Klan solo entre 1868 y 1871, produjo 20.000 afroamericanos muertos. En Cuba, la Guerra de los Diez Años, 1868-1878, y la Independencia de Cuba, 1895-1895, provocaron casi 600.000 muertos, incluidos 50.000 españoles.

La Independencia de México generó entre 1810 y 1821, cerca de un millón de muertos, la Revolución Mexicana desde 1910 hasta 1920 provocó 3.500.000 de muertos, la Guerra de los Mil Días, a finales del siglo XIX, en Colombia, tuvo casi 200.000 muertos.

Las guerras en Centroamérica, a finales del siglo XX, también han tenido sus cifras…Guatemala más de 100 mil muertos, El Salvador cerca de los 100 mil muertos…

Estas guerras han tenido también por resultado grandes movilizaciones de desplazados y de procesos migratorios hacia otras regiones, países y continentes, como vemos constantemente de África hacia Europa, y de África hacia Estados Unidos en la ruta latinoamericana… y de Centroamérica hacia Estados Unidos…

El Coronavirus COVID-19 no ha gestado, hasta ahora, ningún proceso migratorio, ni interno en los países, ni hacia fuera de los países. Ha hecho que se cierren fronteras y se establezcan censuras migratorias para evitar la propagación posible de infectados, de contagiados, especialmente los asintomáticos.

La Pandemia del Coronavirus COVID-19 se me parece a la Bomba de Electrones, que también llamaron Bomba N, que inventó Estados Unidos, a finales de la década de 1970, que como arma nuclear tiene, teóricamente así es, aunque dichosamente no se ha aplicado, un gran efecto devastador porque elimina los seres humanos sin tocar las estructuras físicas, sin destruir edificios o sin provocarles daños profundos. A las personas y seres vivos las puede aniquilar dentro de los edificios, automóviles, e incluso instalaciones blindadas. Se ensayó en el Estado de Nevada en 1963. El Presidente Jimmy Carter aplazó su desarrolló en 1978, y Ronald Reagan activó su producción en 1981.

Esta bomba se desarrolló sobre el estudio de las series de electrones que se encuentran en las membranas plasmáticas, interna mitocondriales y tilacoidales de las bacterias, que producen compuestos energéticos que usamos los seres humanos. Esta Bomba forma parte de las armas nucleares, las más poderosas que se han desarrollado en el mundo. Por ello también los países que forman el Club de los miembros de países atómicos tratan de impedir que surjan otros países o Estados con esa capacidad de producción de armas nucleares. El impacto de la onda expansiva que genera la Bomba N es 7 veces superior a las Bombas de Hidrógeno.

El Coronavirus COVID-19 no toca las estructuras físicas, construidas por el hombre, pero mata a los hombres silenciosamente, con efecto devastador, casi sin control alguno. Por eso es que la economía mundial se ha paralizado. La estructura física allí está, lo que se ha sacado de ella es a los trabajadores, y a las personas, desde niños hasta ancianos, de todos los campos y áreas productivas y económicas. Curiosamente se evidencia que sin trabajadores no hay economía en funcionamiento…

Las Bombas de Hiroshima y Nagazaki destruyeron el 90% de los edificios y construcciones de las ciudades donde cayeron las bombas. En un minuto había una ciudad y un instante después había desaparecido… Así fue.

Las bombas nucleares, la Bomba N, las armas de destrucción masivas son creadas por los hombres en laboratorios. El Coronavirus no es una creación humana. Esta es la gran diferencia. No se originó en un laboratorio. No es un arma biológica ni fue resultado de ensayo de esta naturaleza. Tampoco fue esparcido, con ese propósito, como se ha dicho contra la República Popular China, por otras potencias económicas y políticas mundiales, guerreristas que también estudian cómo desarrollar este tipo de armas.

La Organización Mundial de la Salud ha sido clara de que el virus del COVID-19 no fue introducido intencionalmente, en productos exóticos, en un mercado de la Ciudad de Wuhan, ni fue resultado de la bioingeniería, y que desde allí se propagó al resto del mundo.

Es el Gobierno de los Estados Unidos, y su Presidente Trump, quienes han sostenido esta tesis conspirativa contra la República Popular China, por la guerra política, diplomática y económica comercial que tienen los Estados Unidos con esa potencia asiática, tratando de sacar ventaja económica de esta situación, lo que no ha podido.

Solo en el 2018, según la revista norteamericana “Journal of Virology”, en el sur de China se habían descubierto 89 nuevos coronavirus procedentes de los murciélagos, en investigaciones en las que había participado la USAID y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos.

Solo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene más de 400 laboratorios en diversas partes del mundo, especialmente en las fronteras de los antiguos países socialistas, estudiando y analizando la bioseguridad, porque Rusia sigue siendo el enemigo de los Estados Unidos, después de la disolución de la Unión Soviética.

Los gastos del Pentágono entre 1990 y el 2018 ascendieron a 100.000 millones de dólares en estudios de armas biológicas, desde hace más de 40 años, donde han venido tratando de modificar genéticamente los virus para aprovecharlos como armas biológicas.

Muchas enfermedades hoy se transmiten por virus, independientemente de su agente transmisor, como la gripe, el cólera, que según la Organización Mundial de la Salud, mata 100.000 personas al año, el dengue hemorrágico, el Ébola, el paludismo o malaria, que solo en el 2016 afectó a 126 millones de personas, en 91 países, el sarampión, que mató, en el 2016, a 90.000 personas en todo el mundo, y que produce universalmente alrededor de 390 millones de contagios o infecciones, la fiebre amarilla, el VIH-SIDA, la tuberculosis que mata 2 millones de personas al año.

En el mundo actual, como parte de las guerras modernas, se usan bacterias, virus, esporas como la del Antrax, para desarrollar lo que se llaman las guerras bacteriológicas y guerras agroterroristas, aprovechando para ello aerosoles, animales, insectos, pulgas, ratas, mosquitos, moscas, infectando ríos, aguas en general, alimentos, de persona a persona, depositando cadáveres en pozos de agua como hizo William Walker, cuando huía, en la guerra nacional en Nicaragua en abril de 1856, para provocar el cólera.

Desde la I Guerra Mundial se utilizaron armas químicas y gases asfixiantes, vesicantes, invalidantes, y lacrimógenos. Después se desarrollaron gases neurotóxicos y las armas bacteriológicas, como el uso de la botulina, con efectos similares a la Bomba N, que mata personas dejando intactas las edificaciones físicas.

Durante la II Guerra Mundial se hicieron experimentos en humanos prisioneros, por los nazis y japoneses, para desarrollar armas bacteriológicas.

En la guerra de Vietnam los Estados Unidos usó desfoliantes como el “agente naranja” y los “herbicidas arco iris”.

Como parte de estas armas biológicas están el carbunco, el ébola, la brucelosis, el tifus, la fiebre amarilla, la viruela, así como muchas toxinas.

Hay armas biológicas y herbicidas anti agrícolas para destruir cultivos, desfoliar vegetación, como las usaron en Malasia, Vietnam y en Cuba. La roya del trigo, del arroz y del café, ¿quién puede asegurar que no se introdujo como armas en países para entorpecer sus producciones agrícolas, disputando mercados mundiales o regionales? Igual con el ganado de distintas especies, vacas, puercos afectados con la peste bovina o la fiebre porcina, con lo que también se eliminan recursos animales.

La muerte, en números millonarios de personas, no nos han sido indiferentes, han existido. Somos los humanos los que hemos sido indiferentes hacia esas muertes resultado de las guerras mientras no nos afecten, mientras se lleven allá… en una localidad remota, allende de nuestras fronteras y nuestra comodidad.

El terror con que se ve y se aprecia el Coronavirus, por su inmediatez e impacto sorpresivo, acaso no es igual al que sufren millares de personas, hoy en el mundo, por las guerras regionales que se impulsan por las grandes potencias, y que viven esos pueblos, disputándose estas potencias las áreas de materias primas estratégicas, las regiones geopolíticas, los mercados de colocación de productos y las áreas de mano de obra barata.

El mismo esfuerzo internacional que hoy se trata de hacer y de coordinar para enfrentar el Coronavirus, deberíamos mantenerlo para acabar, de una vez por todas, con las guerras neoimperialistas, neocolonialistas, que siguen existiendo.

Hay guerras de las que no cultivamos la memoria de sus muertos y de las que nos hacen perder su memoria. Mientras no las olvidemos las recordamos.

La guerra contra el Coronavirus no nos ha hecho perder la memoria de su presencia, de su amenaza. Tampoco nos ha hecho perder la memoria de esas otras muertes, algunas muy presentes y no tan lejanas.

¡Mantengamos en alto la memoria de todas las guerras para la preservación del género Humano!

Imagen: https://pgmysgm.blogspot.com/2019/09/la-primera-guerra-mundial-fecha-28-de.html

Sindicato de Hacienda se pregunta por qué autoridades debilitarían CCSS

Escrito en 27/04/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

En una comunicación compartida con SURCOS por el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN), se cuestiona “¿por qué el señor Presidente de la República, nuestro Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central, siguen empeñados en realizar actos tendientes a una debilitación o eventual privatización técnica de la seguridad social, y con ello, que en el sector privado se fortalezca la posibilidad de hacer negocios con los servicios ofrecidos por la CCSS a la sociedad costarricense”.

El escrito señala: “Nos ha correspondido vivir en el último mes los efectos de la pandemia global producida por el virus denominado COVID-19, que a la fecha ha infectado millones de personas y producido la muerte a más de 200 mil a nivel mundial”.

“En el caso de Costa Rica, gracias a la acertada toma de decisiones y actuación del Ministerio de Salud y el eficiente sistema de salud social y pública a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos ha permitido atender eficientemente el impacto de esa pandemia, convirtiendo nuestro sistema de salud en un ejemplo a nivel planetario”.

“¿Por qué si la CCSS es prioridad, no gestan leyes o normas para encarcelar a los deudores de la CCSS, y con ello limitarles la posibilidad, -como hacen con los impuestos-, de jinetear las cuotas sin pagar sanción alguna, limitando la actuación fiscalizadora del ESTADO mismo?”, enfatiza el comunicado dirigido al personal del ministerio.

Finalmente, la nota hace un llamado: “Desde ya, personal hacendario, le invitamos a prepararse para defender esta noble institución (CCSS), que con valentía y visión nos crearon los fundadores de la Segunda República, y cuando vivimos tiempos difíciles, nos corresponde ser capaces de reconocer y defender esa valiosa herencia de nuestros abuelos”.

“Su aspiración de pensionarse por IVM también está en peligro; si espera salud solidaria como tenemos, debemos defender ese derecho constitucional. ¿Se imagina usted en la tercera edad, pagando al precio de hoy, un millón de colones por día en la hospitalización de un ser querido y el que requiere medicina de calidad para sobrevivir y cuando se le agote el seguro, lo tiren a la calle? NO SEAMOS SIERVOS MENGUADOS”

“SITRAHSAN, manifiesta su rotundo rechazo, a cualquier acto mercenario de políticos y empresarios, que busquen la privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social, poniendo en peligro la seguridad social de quienes habitamos este país”, concluye el comunicado.

Imagen: CCSS