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En pro de la solidaridad, frenando la desigualdad

Escrito en 02/04/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis. Firmar petición aquí: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Comunicado:

En esta crisis por la pandemia Covid-19, desde el fondo de nuestros mejores valores como nación (los que celebraremos en el Bicentenario), damos un paso adelante para decir que la gente debe estar primero, y antes que nadie, las personas más vulnerables.

Aplaudimos los esfuerzos sanitarios en curso, con el liderazgo de nuestras instituciones públicas, y subrayamos que estos son tiempos para la solidaridad. Es un momento crítico para fortalecer y nunca debilitar los ejes esenciales de nuestro Estado Social de Derecho y las instituciones que lo sustentan.

Además de lo sanitario, y complementándolo, decimos que los esfuerzos del país, incluidos los del gobierno, deben ser proteger a la población, en lo económico, lo social y lo emocional: garantizar que la cuarentena -requerida rigurosamente para detener la expansión acelerada del coronavirus- sea posible en quienes no tienen un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades y servicios básicos (agua, alimentación, luz, vivienda, Internet).

Llamamos a todos los sectores que tienen sus ingresos y necesidades satisfechas, que sí pueden ponerse en cuarentena mientras dure la crisis sanitaria, para que contribuyan solidariamente: grandes contribuyentes, grandes empresas que no contribuyen lo que les corresponde (gracias a amnistías tributarias o declaración de cero ganancias), empresas de zonas francas y empresas exportadoras, comerciantes que están viendo aumentar sus ingresos en estos momentos, personas con salarios y pensiones netas altas de los sectores público y privado, y profesionales liberales.

Los esfuerzos que se despliegan deben enfocarse en esto. No deben reforzar los subsidios para quienes ya tienen ventaja, sino dedicarse prioritariamente a garantizar la cuarentena de quienes no tienen cómo sufragarla y a fortalecer las instituciones que están haciendo gastos extraordinarios al frente de la atención a la emergencia. Debemos priorizar el uso de los recursos en la cuarentena y el apoyo a todas las personas que ven seriamente comprometidos sus medios de subsistencia. En los momentos actuales es imprescindible revertir los procesos que promueven la inequidad y la desigualdad, los cuales han prevalecido en el país en las últimas décadas.

Están sobre la mesa propuestas complementarias que debemos abordar y ejecutar sin dilación, con un espíritu de inclusión solidaria e integración nacional; entre ellas, las siguientes: el diferencial aprovechable por la baja en el precio internacional del petróleo; recargos temporales a los impuestos de renta en sus diversos componentes; impuesto sobre rentas y ganancias de capital; impuestos sobre bienes de lujo; intervención del Banco Central en el mercado secundario de deuda para reducir los gastos por intereses; promoción de un plan nacional de producción de alimentos; impulso de un plan de recuperación económica, adelantando rápidamente una estrategia con el sistema financiero internacional, que ya está proponiendo aplazar el pago de deudas y nuevos recursos no solo para atender la pandemia, sino también para el día después, a la hora de recomponer el tejido económico y social de nuestro país. Estos son tiempos para la solidaridad, no para la mezquindad.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un llamado vehemente para que se abra un espacio de diálogo centrado en la participación amplia de la ciudadanía, con miras a impulsar en el país un conjunto de políticas que procuren el bienestar de la mayoría y, particularmente, de quienes sufren en mayor grado el impacto de esta crisis.

Concretamente, solicitamos al señor presidente de la república una reunión para discutir y analizar los temas aquí planteados.

*Además de las personas y organizaciones abajo firmantes, quienes quieran suscribir este documento lo pueden hacer en el siguiente enlace: https://forms.gle/kheVUuaXqxvgtkWr8

Alianza por una Vida Digna
José Manuel Arroyo Gutiérrez, cédula 103991073, ex-magistrado y Catedrático UCR.
Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 1-0413-0957, Coordinador del programa L. J. Lebret de Economía Humana, del Centro Dominico de Investigación (CEDI), y Director de este mismo Centro.
Álvaro Fernández González, cédula 104330981, músico, filósofo, sociólogo, profesor jubilado UCR-UNA.
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856, comunicador y docente, director de SURCOS
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499, Microbiólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
Oscar Jara Holliday, cédula 800780568, sociólogo y educador popular.
Nancy Piedra Guillén, cédula 105860455, Directora del Programa de Posgrado Centroamericano y profesora de la Escuela de Sociología de Universidad de Costa Rica.
Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482, socióloga, activista, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Jorge Alberto Rojas Rojas, cédula 105640230, académico Universidad Nacional.
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373, economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295, Abogado y profesor jubilado.
Elizabeth Aguilar Aguirre, cédula 401140430, Msc. Salud Pública.
Héctor Hernán Hermosilla Barrientos, cédula 800930507, Sociólogo, pensionado.
Jaime Ordoñez Chacón, Cédula 105370458, Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Bernal Herrera Montero, cédula 104530160, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica
Edgardo Moreno Robles, cédula 800860006, Profesor Emérito Universidad Nacional
Alexander Jiménez Matarrita, cédula 106070350, Filósofo.
Henning Jensen Pennington, cédula 800410334, Rector, Universidad de Costa Rica.
German Masís Morales, cédula 302250625, Profesor jubilado de la Universidad Nacional y coordinador de Alterdes.
Bernal Monestel Ramírez, cédula 104910937, Productor radiofónico y emprendedor.
Melania Monge Rodríguez, cédula 105370482, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
Ana Lucía Hernández Díaz, cédula 105720842, Politóloga, investigadora jubilada Universidad de Costa Rica.
Edgar Gutiérrez Espeleta, cédula 104530822, Ministro del Ambiente y Energía 2014-2018, Presidente de la Segunda y Tercera Asambleas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Catedrático jubilado Universidad de Costa Rica
Alfredo Antillón Montealegre, cédula 103620504, profesor pensionado de Química, músico.
Adrián Pinto Tomás, cédula 109880178, Profesor Catedrático, Escuela de Medicina e investigador, Universidad de Costa Rica.
Víctor Hugo Porras Bolívar, cédula 052040443, Escritor y promotor cultural.
Flora Fernández Amón, cédula 105230903, Empresaria.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679, Director del Posgrado en Artes de la Universidad de Costa Rica
Manuel Rojas Bolaños, Cédula 102630897, sociólogo, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, profesor investigador de la FLACSO Costa Rica
Irma Arguedas Negrini, cédula 104830499, Orientadora y docente Universidad de Costa Rica.
Lorena Sáenz Segreda, cédula 104790371, Psicóloga, profesora jubilada de la Universidad de Costa Rica.
Roberto Salom Echeverría, cédula 104430579, Sociólogo, profesor universitario jubilado.
Marcelo Gaete Astica, cédula 800680971, Antropólogo, investigador del Departamento de Estudios e Investigación Educativa, Ministerio de Educación Pública.
Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Compositor, guitarrista, cantautor, gestor cultural, productor, dibujante.
J. Amando Robles Robles, cédula 800520054, Investigador del Centro Dominico de Investigación (CEDI).
Ana Lorena Salmerón Alpízar, cédula 203670966, Bióloga docente de la Universidad Técnica Nacional.
José Antonio Chaves Villalobos, cédula 203960191, Abogado independiente.
Alberto Salom Echeverría, cédula 104430578, Politólogo, Rector Universidad Nacional.
Mariano Sáenz Vega, cédula 302200485, Sociólogo, docente e investigador del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica.
Carmen Camacho Rodríguez, cédula 401100275, Socióloga, académica universitaria jubilada.
Flory Bárbara González Trejos, cédula 104280981, Educadora pensionada.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206, Músico, Sociólogo pensionado, Cátedra de Estudios de África y el Caribe, Universidad de Costa Rica.
Ana Beatriz Fernández González, cédula 106250678, Periodista y actriz.
Paulo E. Coto Murillo, cédula 110560998, Sociólogo, investigador y docente, UNED y UCR.
Marco Antonio Quesada Aguilar, cédula 106210600, Músico, compositor, profesor de Etapa Básica de Música de Santa Cruz. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría 1988.
Guillermo Acuña González, cédula 401500090, Académico Universidad Nacional.
Esteban Arias C., cédula 113690417, Docente Universidad de Costa Rica.
Daniela Yovann Mora, cédula 107410325, Estudiante.
Alberto Cortés Ramos, cédula 900750815, Catedrático Universidad de Costa Rica.
Ligia María Sanabria Salazar, cédula 105980019, Profesora de Educación Musical.
Rishi Vaccari Mora, cédula 113560182, Especialista en compras y proveeduría.
Anthony García Marín, cédula 112820451, Investigador Centro Agenda Joven, UNED.
Nidia Rivera González, cédula 2334804, Ingeniera Agrónoma, Licenciada en Enseñanza de la Ciencia.
Oscar Fernández González, cédula 103620592, Sociólogo y filósofo, Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica.
Roxana Hidalgo Xirinachs, cédula 105970626, Directora Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura, Universidad de Costa Rica.
Allan Mauricio Cerna Castro, cédula 800650055, Médico pensionado de la Universidad de Costa Rica.
Francisco J. Enríquez Solano, cédula 104990170, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Nuria Sáenz Gómez, cédula 105860416, Educadora retirada.
Sofía Guillén Pérez, cédula 115040735, Economista.
Jorge Zeledón Pérez, cédula 108540279, Profesor Universidad de Costa Rica.
Cristina Araya Umaña, cédula 401400589, Socióloga y Máster en Estudios de Población.
Gustavo Gutiérrez Espeleta, cédula 106600352, Biólogo, Catedrático Universidad de Costa Rica.
Oscar Alpízar, Confraternidad Guanacasteca, cédula jurídica 3102395766.
Eugenia Molina Alfaro, cédula 203700625, Universidad de Costa Rica.
Karol Montero Rony, cédula 111080959, Gestora sociocultural.
Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Gestor de proyectos, sector cafetalero.
Rafael Aguilar Chaves, cédula 491350260, Psicólogo clínico.
Verónica Sheehan, 184001211017, Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica.
Verónica Shehann, 184001211017, Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico Sustentable.
Adriana Monge Arias, cédula 205430266, Trabajadora Social.
Víctor Hugo Acuña Ortega, cédula 103730844, Historiador, Profesor Emérito Universidad de Costa Rica.
Ligia Martín Salazar, cédula 104090849, Antropóloga Social.
Ilka Treminio Sánchez, cédula 800700432, Profesora Escuela de Ciencias Políticas Universidad de Costa Rica.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312, Profesora universitaria.
Ana Tristán Sánchez, cédula 105130593, Psicóloga y pedagoga, jubilada del Poder Judicial.
William Alvarado Jiménez, cédula 601100026, Profesor Catedrático, Escuela de Matemática, Universidad de Costa Rica.
Adriana Laclé Murray, cédula 103820809, Médico Internista y Catedrática pensionada de la Universidad de Costa Rica.
Javier Contreras Rojas, cédula 502970151, Médico psiquiatra.
María del Carmen Carro Barrantes, cédula 106000363, Socióloga.
Eva Carazo Vargas, cédula 108930621, Investigadora y activista social ecofeminista.
Montserrat Sagot Rodríguez, cédula 203410034, Directora CIEM, Universidad de Costa Rica.
Luis Del Valle Carazo, cédula 104171457, Médico Forense jubilado.
Anacristina Rossi, cédula 104070914, Escritora.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524, Profesor Universidad de Costa Rica
Dionisio Jorge Cabal Antillón, cédula 104250831, Músico escritor.
Viviana Carazo Vargas, cédula 109240674, Docente universitaria.
Natalia Dobles Trejos, cédula 110790825, investigadora CICDE, UNED.
Lidieth Garro Rojas, cédula 602270142, Comunicadora y profesora universitaria.
Marielos Giralt Bermúdez, cédula 102980926, Profesora jubilada Universidad de Costa Rica
Backtori Golen Zúñiga, cédula 112920729, Investigadora (CICDE), Trabajadora social y educadora popular.
Juan Antonio Gutiérrez Slon, cédula 112450785, Sociólogo e historiador, investigador CICDE, UNED.
Vania Solano Laclé, cédula 109660507, Docente Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.
Francis Muñoz Calvo, cédula 114490629, investigador CICDE, UNED.
Dagoberto Núñez Picado, cédula 023330608, Investigador CICDE, UNED.
José María Oviedo Chaves, cédula 105060146, Secretario Nacional Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses.
Jimmy Ortiz Chinchilla, cédula 105540183, Artista, maestro de arte y coreógrafo, varios premios nacionales, docente Universidad de Costa Rica.
Rosaura Chinchilla Calderón, cédula 107260142, Abogada, docente Universidad de Costa Rica.
Saray Córdoba González, cédula 104380311, Bibliotecóloga, profesora jubilada Universidad de Costa Rica.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602, Escritora y actriz, Premio Nacional de Literatura Aquileo Echeverría.
Giselle Boza Solano, cédula 302420648, Abogada y periodista, Coordinadora del Programa Libertad de Expresión (PROLEDI) y docente Universidad de Costa Rica.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692, Profesora Catedrática jubilada Universidad de Costa Rica.
Rafael López Alfaro, cédula 401490119, Presidente de UNEDPRO.
Dany Villalobos, cédula 206430273, por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.
Andrea Alvarado Vargas, cédula 205420230, Periodista, Directora de la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica
Yolanda Bertozzi Barrantes, cédula 103990589, Abogada, teóloga y poetisa.
Ana Marcia Aguiluz Soto, cédula 109280731, Abogada, consultora internacional y exdirectora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Gerardo Chavarría Vega, cédula 104000724, Comunicador, Premio Nacional Pío Víquez 2010.
Norman José Solórzano Alfaro, cédula 204050106, Académico universitario.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046, Doctor en Filosofía, catedrático emérito Universidad de Costa Rica, exministro de Cultura.
María Elena López Núñez, cédula 103410135, Médica pediatra, salubrista, pensionada, exministra de Salud.
Quince Duncan Moodie, cédula 102810201, Escritor y educador, catedrático Universidad Nacional, Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.
Mariana Alpízar Guerrero, cédula 114340079, Psicóloga Social, Presidenta Asociación Voces Violeta.
Miguel Ángel Sobrado Chaves, cédula 102940994, Sociólogo e investigador, fundador de la Escuela de Planificación y Promoción Social Universidad Nacional.
Me Pasó en la UCR.
Yasy Morales Chacón, cédula 110410576, Coordinadora Programa de Economía Social Solidaria, Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
Mario Devandas Brenes, cédula 103420692, Economista, representante de los trabajadores en la junta directiva de la CCSS.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243, Sociólogo, Premio Nacional de Ensayo y Premio Nacional de Historia.
Allen Cordero Ulate, cédula 302170094, Director Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica.
Luis Felipe Arauz Cavallini, cédula 104860636, Ingeniero Agrónomo, Decano Facultad de Ciencias Agroalimentarios Universidad de Costa Rica, exministro de Agricultura y Ganadería.
RedESS Costa Rica (Red de Economía Social Solidaria).
COKOMAL (Consumo y Comunicación Alternativa).
Luisa Paz Jiménez, cédula 801080229, Antropóloga, profesora e investigadora UNED.
Carol Moreira Campos, cédula 111780654, Comunicadora.
Pamela Campos Chavarría, cédula 113450315, Antropóloga y gestora sociocultural, Programa Gestión Local UNED.
Daniela Mora Parra, cédula 114850340, Actriz, educadora no formal y gestora cultural.
Ana Carcedo Cabañas, cédula 800470010, Presidenta de CEFEMINA.
María José Chaves Groh, cédula 110810478, Feminista, socióloga y docente universitaria.
Javier Sánchez Valverde, cédula 106440950, Biólogo FECON.
Agustín Gutiérrez Carro, cédula 112250576, Abogado, defensor público y docente universitario.
Virginia María Acuña Montero, cédula 104490534, JPIC/Claret/Costa Rica (Justicia, Paz e Integridad con la Creación).
Ricardo Jiménez Montealegre, cédula 105930310, Biólogo Marino, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional.
Red Costarricense de Agricultura Ecológica
Colectiva Produ Feminista, TEC.
Rotsay Rosales-Valladares, cédula 107410325, Catedrático, Universidad de Costa Rica.
Nora Garita Bonilla, cédula 103820064, catedrática jubilada Universidad de Costa Rica
Roxana Flores Martínez, cédula 602750480, en representación de la Asociación Administradora del Acueducto Rural del Asentamiento Orocú.
Víctor Madrigal Sánchez, cédula 502010030, vecino de San Pablo de Heredia, teólogo de la Universidad Nacional.
Marino Marozzi Rojas, cédula 104500817, catedrático UNA-UCR-UNED, economista, consultor.
Mujeres en Acción
Rodrigo Soto González, cédula 106940205, escritor, Premio Nacional de Poesía.
Gilda Segreda Sagot, cédula 1416662, profesora pensionada Escuela de Arquitectura, UCR.
Jorge Rovira Mas, cédula 800350073, sociólogo, profesor emérito Universidad de Costa Rica.
Ma. Cecilia Romero Agüero, cédula 102600938, socióloga, catedrática UCR.
Emilia Molina Cruz, cédula 104110201, exdiputada, Trabajadora Social, profesora jubilada de la UCR.
Ana Cecilia Escalante Herrera, cédula 103600701, Socióloga y Administradora Publica, profesora Emérita-UCR
Esteban Campos Méndez, cédula 110490153, Planificador Económico y Social
Rodrigo A. Solórzano Soto, cédula 205470814, Profesor de Filosofía
Marlin Óscar Ávila Henríquez, cédula 103340060, Analista Sociopolítico
William Mena Villalobos, cédula 114020167, Estudiante
Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador Social
Rodrigo Campos Cordero, cédula 108560885, Sociólogo, Académico y profesor universitario
Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 2406127, Educador
Dorisa Ballestero González, cédula 304010908, Administración pública
María Lorena Villalobos Solís, cédula 105320391, Abogada
Rafael Ángel Fernández Mora, cédula 104290552, Abogado y Archivista
Andrea Monge Acuña, cédula 110500470, Ama de casa
Tamara Briceño Escalante, cédula 107120104, Ingeniera Industrial
Hernán Alvarado Ugarte, cédula 601290416, Entrenador
Luis Enrique Soto Vargas, cédula 604240914, Estudiante Informática Empresarial UCR
Raúl Venegas Castro, cédula 502040764, Técnico Farmacia
Isabel Avendaño Flores, cédula 106020245, Decana, Facultad de Ciencias Sociales
Pedro Monge Fernández, cédula 114780314, Sociólogo
Guido Antonio Barrientos Matamoros, cédula 105890096, Agroecólogo
Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050, Antropóloga, Jubilada
José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
Rolando Vargas Arrea, cédula 104500610, Médico Pediatra
Sonia Navarro Solano, cédula 104220671, Pensionada
Cindy Alejandra Castro Brenes, cédula 111390258, Administradora de empresas
Gustavo Enrique Cabrera Vega, cédula 302220901, Activista x DDHH y Abogado
Javier Antonio Torres Vindas, cédula 109040703, Docente e investigador
Ítalo Fera Fallas, cédula 1548350, Sociólogo
Diana Moraga Vásquez, cédula 111450188, Abogada
Madelaine Martínez Rojas, cédula 106020547, Actriz y docente
Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409, Jubilado UNA
María Alejandra Solórzano Castillo, cédula 110700547, Académica Escuela de Filosofía
Ligia Mayela Arce Quesada, cédula 105220971, Abogada y Notaria
Isabel Ducca Durán, cédula 105640060, Jubilada Universidad Nacional
Christian Zamora Dahmen, cédula 800520662,
Marisol Gutiérrez Rojas, cédula 105720906, Profesora Catedrática
Olman Villarreal Guzmán, cédula 502220415, Director Programa de Posgrado en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo
Aquiles Jiménez Arias, cédula 401060538, Pensionado
Oscar Madrigal Jiménez, cédula 202560766, Abogado
Gabriel González Vega, cédula 105250121, Académico jubilado de la UNA; crítico y productor de cine
Pablo Díaz González, cédula 205960614, Psicólogo e Investigador
Alfredo Jones León, cédula 104670555, Jubilado
Julia Ardón Morera, cédula 203860415, Comunicadora y Comerciante
Marvin Amador Guzmán, cédula 106730592, Comunicador y Docente de la UCR
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 401370180, Socióloga
Yendrily Porras Calderón, cédula 111420468, Derecho
Roberto Antillón Freer, cédula 105700937, Músico y Educador
Carlos Andrés Manavella Cavallero, cédula 103200093017, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Juan José Cordero Solís, cédula 113530011, Médico Profesor
María Gabriella D’Arsié Tonon, cédula 401189276, Psicóloga Clínica
Gerardo Mora Burgos, cédula 103640085, Catedrático de la UCR Pensionado
Kyara Sofia Cascante Suárez, cédula 118880719, Activista, Emprendedor y Estudiante
Juan Agustín Salas Rojas, cédula 205460757, Técnico
David Loría Masís, cédula 109520967, Profesor e Investigador
Federico Porras Chavarría, cédula 115560639, Estudiante de Agronomía en la UCR
Gina Sibaja Quesada, cédula 107010863, Politóloga
Rodrigo Alfaro Monge, cédula 202610177, Catedrático Jubilado UNA-UNED
Manuel Jiménez Rodríguez, cédula 111630899, Técnico en Microscopía
Sandra Araya Umaña, cédula 401310102, Profesora Catedrática
Ariel Hidalgo Solano, cédula 1968530, Arquitecto, Profesor y Emprendedor
Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920, Psicóloga
Ana Nicté Castillo Delgado, cédula 402270830, Socióloga y Gestora Cultural
Ivannia Hernández Ramírez, cédula 108950475, Emprendedora Artística
Shirani Jossué Rojas Castrillo, cédula 110190231, Abogado
Warner Alpízar Alpízar, cédula 205250023, Profesor Universitario
Silvia Arguedas Negrini, cédula 900260740, Profesora Educ. Especial Pensionada
Francisco Cordero Gené, cédula 103320363, Jubilado Relaciones Internacionales
Orlando Amaris Cervantes, cédula 800820603, Investigador Social
Lucía Figueroa Protti, cédula 113570278, Docente y Investigadora Universitaria
Reina Arroyo Quirós, cédula 205940345, Docente y Cantautora
Euclides Hernández Peñaranda, cédula 106360324, Docente
César Moya Aburto, cédula 603720175, Investigador CICDE UNED
Roxana Serban NIO, cédula 112400073702, Coordinadora de Proyectos Socio-Ambientales
Alexander Rojas Parajeles, cédula 107130292, Documentalista
Silvia Arce Villalobos, cédula 111000038, Profesora Universitaria y Artista
Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598, Artista Independiente
Alberto Gutiérrez Arguedas, cédula 113690344, Profesor
Ronald Díaz Vargas, cédula 105870283, Periodista y Productor Audiovisual
Walter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico, Productor y Gestor Cultural
Amilcar Luna Palma, cédula 132000288702, Sociólogo
Ricardo Araya Montero, cédula 202590881, Jubilado
José Hernández C., cédula 111370395, Técnico en Producto y Reaseguro
Ma. Auxiliadora Vega Bustos, cédula 1692037, Docente
Graziella Blanco Coto, cédula 104620007, Juez Tribunal de Flagrancia. Jubilada
Natalia Serrano Álvarez, cédula 113200174, Socióloga y Gestora Cultural
Carlos Campos Rojas, cédula 106050202, Sociólogo
Millaray Villalobos Rojas, cédula 109340412, Antropóloga
Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510, Jubilada Universidad Nacional
Shi Alarcón Zamora, cédula 112910818, Socióloga
Dagmar Facio Fernández, cédula 103390511, Activista
Tatiana Facio Fernández, cédula 103700960, Psicóloga
Montserrat Salas Segreda, cédula 110020530, Maestra
José Joaquín Marín Mora, cédula 1539231, Pintor
Marielos Aguilar Hernández, cédula 301920768, Profesora Catedrática de la UCR Jubilada
Herbert E. Contreras Vásquez, cédula 601200237, M.Sc.Ing. Ambiental
María Chaves Villalobos, cédula 206400152 Académica de la UNA
Leonidas Villalobos Morales, cédula 103921406, Ing. Agrónomo
Victor Soto Miranda, cédula 107900656, Activista Ciudadano
Isabel Viales Cabalceta, cédula 5501990187, MEP
Marlon Freeman Salazar, cédula 112270189, Estudiante
Dorsyne Caravaca Villegas, cédula 501850756, Coordinadora Judicial
Yerling Ruiz Vásquez, cédula 603040331, Comunicadora Social
Sara Villegas Villarreal, cédula 602180471, Estudiante
Casilda Sancho Barrantes, cédula 202410142, Jubilada
Roberto Zeledón Arias, cédula 106000540, Asesor legislativo
Alejandro Navarro Cruz, cédula 304780672, Sociólogo
Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166, Trabajadora Social.
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652, Economista
Ana Lorena Hidalgo Solís, cédula 104680075, Psicóloga
Maricela Morales Mora, cédula 104800252, Profesora
Sandra Cartín Herrera, cédula 203430634, Socióloga Jubilada
Graciela Villalobos Mora, cédula 115850560, Diseñadora
Roxana Gómez Zúñiga, cédula 1646922, Antropóloga
Gerardo Lazcares Jiménez, cédula 1376797, Ex Subdirector OIJ
Milena Grillo Rivera, cédula 103410303, Especialista Derechos de Niñez y Adolescencia
Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418, Jubilada
Idahyma Barrantes Fernández, cédula 105730729, Dra. Psicología
Neddy Zamora Chacón, cédula 104001406, Socióloga Pensionada
María Teresa Solís Zamora, cédula 1407239, Abogada
Dhariana Cárdenas Guevara, cédula 112670075, Socióloga
Ernesto Lara Carrillo, cédula 103070121, Pensionado
Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900, Psicóloga y Docente Pensionada del MEP
Silvia Salgado González, cédula 104670993, Antropóloga
Alejandra Fernández Bonilla, cédula 105740192, Periodista
Yanury Chaves Solano, cédula 104011495, Educadora Pensionada
Marianela Vargas Acuña, cédula 107010522, Psicóloga
Eddy Hernández Sandino, cédula 109820649, Psicólogo
Walter Hilje Matamoros, cédula 205500659, Sociólogo, Docente e Investigador
Sebastián Coto Murillo, cédula 113900221, Estudiante Maestría Académica de Filosofía UCR
Fernando Lizana Moreno, cédula 800720990, Ingeniero en Electrónica
Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, cédula 105610866, Jubilada
José Manuel Cerdas Albertazzi, cédula 501950539, Historiador Catedrático Jubilado
Rosa María Muñoz Varela, cédula 601520211, Docente
Carolina Méndez Araya, cédula 106620439, Ama de casa
Saskia Rodríguez Steichen, cédula 108570902, Docente y funcionaria del Gobierno
Mario Salazar Montes, cédula 111690405, Profesor
Jonathan Acuña Soto, cédula 402020231, Economista
Mónica Bravo Herrera, cédula 110550200, Educadora
Vernor Arguedas Troyo, cédula 900130121, Matemático
Leila Marcela Sánchez Cortés, cédula 107860493, Promotora Política
Sergio Rojas Camacho, cédula 108040259, Exportador PYMES
Yajaira Sibaja López, cédula 701320072, Empresaria
Macarena Barahona Riera, cédula 1526207, Investigadora y Poeta
Gabriela Masís Moya, cédula 302500682, Periodista
Minor Germán Vargas Gutiérrez, cédula 104041058, Juez Penal Jubilado
Hernán Sánchez Guevara, cédula 104190636, Abogado y Notario Jubilado
Omar Arrieta Chavarría, cédula 501431027, Geógrafo
Enid G. Cruz Ramírez, cédula 2318599, Pensionada
Ana Trejos Trejos, cédula 104470409, Consultora Independiente
Víctor Salazar Montes, cédula 112100325, Abogado
Elsa Natalia Artavia Sandí, cédula 114490517, Emprendedora de Servicios de Asesoría
Cindy Umaña Matamoros, cédula 112020090, Ama de casa
Grazia Lomonte Lomonte, cédula 138000127933, Psicóloga, Consultora en Salud y Directora ICOPSI
Yorleny Córdoba Moya, cédula 111830547, Propietaria de Sala de Belleza YRstudio
Fresia Ma. Salazar Campos, cédula 105020378, Docente
Allen Torres Castillo, cédula 1439577, Músico
Orlando Guevara Villalobos, cédula 110450345, Profesor
Elisa Donato Monge, cédula 105140512, Socióloga Profesora Jubilada
Diana Aguilar Chaves, cédula 114020363, Trabajadora Social y Docente.
Leonel Aguilar Castillo, cédula 304780154, Músico
Erasmo Solerti Aguilar, cédula 110910981, Docente
Yadira Matarrita Brenes, cédula 302270778, Editora Académica
César Castro Thames, cédula 302080680, Promotor Socio-Ambiental
Mauricio Gerardo Zeledón Leal, cédula 105690067, Músico
Gerardo Madrigal Aguilar, cédula 105550800, Antropólogo
Alexander Céspedes Solís, cédula 107340468, Ingeniero Industrial
Jaime Enrique Mayorga Robles, cédula 105000936, Tecnología Educativa
Eladio Retana Fallas, cédula 104830574, Pensionado
Élida Mesén Anchía, cédula 104740534, Socióloga
Rafael Arias Ramírez, cédula 203800658, Profesor Universitario
Veneida de los Ángeles Marín Sánchez, cédula 701180937, Estilista y Jefa de Hogar Independiente
Sylvia Mora Zamora, cédula 105500713, Socióloga
Xinia Lemaitre González, cédula 105650150, Lic. Planificación Económica
Francisco Guevara Matarrita, cédula 601170965, Logística Aduanera
Patricia Alvarenga Venutolo, cédula 302220051, Académica
Carlos Bonilla Avendaño, cédula 401210878, Abogado
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 108350921, Consultor
Mario Zeledón Cambronero, cédula 104020707, Profesor
Sebastián Polimeni Solís, cédula 401900061, Músico y Asesor Agrícola
Jenny Susana González Matamoros, cédula 111240204, Artista Independiente
Oscar Artavia Sánchez, cédula 302090100 Músico y Pintor
Susan Campos Ortega, cédula 114170065, Regidora Municipal
María Fernanda Rojas Rojas, cédula 111690014, Antropóloga
Martha Ulloa Zamora, cédula 104320615, Pensionada
Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga y Docente.
Miriam Porras Jiménez, cédula 501790100, Educadora
Juan Vindas Leitón, cédula 105820554, Conductor de Turismo
Luis Guillermo Murillo Rodríguez, cédula 700760719, Abogado y Activista en Derechos Humanos
Alfredo Arrieta Quirós, cédula 302070999, Creativo Gráfico
Ester Membreño Valle, cédula 104340673, Socióloga
María de Jesús Arrieta Guadamuz, cédula 501461320, Dra. en Nutrición
Vernor Muñoz Villalobos, cédula 105640548, Escritor
Juan Gabriel Vargas Rojas, cédula 504120604, Estudiante
Jaime Roberto Robert Jiménez, cédula 105230146, Psicólogo Social
Rafael Cuevas Molina, cédula 800710280, Profesor
Carmen Alfaro Murillo, cédula 90440456, Educadora Pensionada
Waltraud Barthel, cédula 104000006408, Microempresaria
María Cristina Zeledón Lizano, cédula 102300339, Lic. Filosofía
Mónica Perea Anda, cédula 800500903, Docente
Esteban Damián Avendaño Soto, cédula 109040803, Físico y Ingeniero
Gustavo Adolfo Jiménez Barboza, cédula 113580886, Docente Universitario
Melissa Rodríguez Ríos, cédula 402130407, Artista Escénica
Suy Wong Ugalde, cédula 105720540, Traductora
Andrea Percich Assenza, cédula 801210541, Estética
David Ricardo Castro Barrantes, cédula 206810124, Sociólogo, Estudiante de la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale
Maribel Morales Rojas, cédula 206790111 Administradora Pública
Rafael Rivas Ducca, cédula 106990060, Consultor
Christopher Segura Campos, cédula 603730276, Abogado y Microempresario PYME
German Enrique Montes Guevara, cédula 104050691, Pensionado
Mónica Chinchilla Vargas, cédula 110970814, Empresaria en Turismo
Marta Quirós Mora, cédula 105050491, Ex Pymes y Ama de casa
Marcos Francisco Gutiérrez Alpízar, cédula 203700327, Profesor
Luis Leiva Friedman, cédula 106210013, Docente
Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Psicóloga
Gloria Gavioli Muzzati, cédula 800970237, Hotelera
Ronald Alpízar Martínez, cédula 602360755, Asesor de Microfinanzas
Guadalupe Urbina Juárez, cédula 501830490, Músico
Sofía Salas Monge, cédula 11013804, Abogada
Jose Rojas Camacho, cédula 207670275, Estudiante
Lucía Godínez Rojas, cédula 113980229, Promotora de la salud
Marta Araya Marroni, cédula 107010787, Gerente General
Susan Francis Salazar, cédula 107210975, Docente Universitaria y Catedrática
Danilo Herrera Soto, cédula 401030076, Economista y Productor Agropecuario
Yanín Carranza Chaves, cédula 204820663, Psicóloga
José Ángel Vargas Vargas, cédula 2371866, Profesor Universitario UCR
Ana Lucía Calderón Saravia, cédula 106520347, Antropóloga
Gilbert Villafuerte Mejías, cédula 60971090, Pensionado
Daniel Ortuño Lizano, cédula 112460796, Ing. Mecánico
Lorena Pinto Berrocal, cédula 104530059, Entrenadora
Álvaro R. Ureña Padilla, cédula 106400393, Ing. Agrónomo
Jorge Murillo Medrano, cédula 502390459, Catedrático
Guido Arturo Romero Montes, cédula 105000321, Jubilado
Hannia Franceschi Barraza, cédula 6123166, Trabajadora Social
Luis Alberto Soto Ramírez, cédula 203710970, Trabajador Social
María Elena López Núñez, cédula 103410135, Pensionada
Rafael Esteban Chaves Salas, cédula 107570203, Microbiólogo
Adilia Solís Reyes, cédula 155803301923, Docente Universitaria
María José Ferlini Cartín, cédula 110610439, Editora Periódico Surcos
Manuel Antonio Barahona Montero, cédula 106850904, Sociólogo
Jaime Enrique García González, cédula 105330503, Catedrático
Roxana Lourdes Cedeño Sequeira, cédula 601020645, Trabajadora Social
María Isabel López Ulloa, cédula 304550606, Trabajadora Social
Flavia José Mora Cubero, cédula 205360772, Docente MEP
Jenny Vásquez Vásquez, cédula 204870874, Enfermera UCR
David Gamboa Cervantes, cédula 701970130, Trabajador independiente y estudiante de Gestión de Turismo Sostenible, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Anabelle Maffioli Reyes, cédula 105420111, Agrónoma pensionada
Magally González Jarquín, cédula 107550002, Educadora, Patronato Nacional de la Infancia
Guiselle Bolaños Mora, cédula 103910972, Jubilada
Moisés Orias Lezama, cédula 502050160, ingeniero, Sociedad Civil
Elieth Hume Salas, cédula 30246078, jubilada Universidad Estatal a Distancia
Heriberto Araya Céspedes, cédula 601020231, educador pensionado
Roberto Vargas Fallas, cédula 3297736, ciudadano
Alejandra M Cartín Leiva, cédula 105720619, psicóloga
María Lorena Delgado Figueroa, cédula 105020296, pequeña empresaria
Adolfo Vargas Salas, cédula 111330529, docente
Andrea Ramírez Aguilar, cédula 113730654, socióloga
William Alberto Mendez Garita, cédula 30263096, abogado y politólogo
Lili Fernández González, cédula 1468210, Pensionada
Paulina Mata Monge, cédula 107910223, Ingeniera y Ecologista
Tania Hermosilla Arroyo, cédula 113500545, Administradora
Carlos Camacho Nassar, cédula 202861360, Antropólogo
José Gabriel Rivas Ducca, cédula 105461000, Biólogo /Guía Turístico
Paul Chaverri Gould, cédula 104340688, Abogado
Wálter Benavides Hernández, cédula 401580292, Músico
Mauricio Penagos Villegas, cédula 800770437, Músico
Héctor Morales Jara, cédula 115200014036, E l lmist
Ligia Quirós Gutiérrez, cédula 202760277, Veterinaria
Luis Ángel Castro Jiménez, cédula 105000546, Cantautor
Liliana Quesada Saravia, cédula 105170402, Socióloga Consultora
Óscar Montanaro Meza, cédula 102800391, Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica
Luis Meza Ramos, cédula 105470861, Agente de ventas
Wifrido Rodríguez Vargas, cédula 400900863, Jubilado
Alice Miranda Arguedas, cédula 401020708, Jubilada
Hazel Ma. Vargas Zeledón, cédula 103980738, Filóloga
Rodrigo Fernández Vázquez, cédula 103961133, Jubilado
Olga Marta Mena Vincenti, cédula 102890145, profesora Profesora jubilada
María José Cascante Matamoros, cédula 111660261, Profesora
Marbella Martin Fragachán, cédula 800650045, Socióloga
Juan Carlos Cruz Barrientos, cédula 104160403, Comunicador social jubilado
José Francisco Alfaro Carvajal, cédula 105180468, Abogado
Vanessa Smith Castro, cédula 107560416, Docente Universitaria

FRENASS: No a la privatización de la CCSS

Escrito en 02/04/2020. Publicado en Derechos, Salud.

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

“Desde FRENASS denunciamos las intenciones que tiene la Junta Directiva de la CCSS, al pretender que, en la sesión del jueves 02 de abril, se tomen decisiones de gran trascendencia e interés para todos los costarricenses, en relación con la propuesta sobre la reforma al Reglamento de Contratación de Compras a Terceros. Esto se quiere hacer SIN QUE EXISTA la debida discusión sobre este tema, de forma AMPLIA E INFORMADA con todos los sectores de la sociedad costarricense, como fue solicitado formalmente por FRENASS.

Como organización vigilante de la defensa de la CCSS, consideramos que la posible aprobación de este punto de agenda, tienen como objetivo abrir la puerta de par en par para la privatización de CCSS.

Es inaceptable que aprovechando la cuarentena y el aislamiento social por la emergencia del COVID-19, se evada la posibilidad de realizar una discusión responsable con todos los sectores de la sociedad costarricense, dónde se pueda decidir de forma trasparente lo mejor para la CCSS con respecto a estas modificaciones, que inevitablemente producirían afectaciones a futuro.

Por todos los hechos anteriores, informamos a los medios de comunicación y la sociedad costarricense sobre la nota realizada por FRENASS, la cual fue analizada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 30° de la sesión N°9085, celebrada el 12 de marzo, que literalmente dice:

“ARTÍCULO 30°: Se conoce oficio 321278, del 05 de marzo del 2020, suscrito por varios miembros del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Rechazo a reforma del reglamento de contratación a terceros. El citado oficio se resume así: Se refieren a la actual pretensión de reformar el Reglamento de Contratación de Servicios de Salud a terceros, para favorecer los servicios básicos de salud en manos privadas, nacionales o internacionales, lo cual rechazan. Solicitan a la Junta Directiva audiencia, para ampliar criterios y puntos de vista”.

Lo que aprobó esa Junta Directiva fue “y la Junta Directiva ACUERDA trasladar a la Gerencia de Logística para su atención y posterior presentación a la Junta Directiva.”

Para el FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL (FRENASS), en la respuesta dada por la Junta Directiva, NO HAY GARANTÍA de que las actuales contrataciones con terceros permanezcan tal y como se conocen. Además, PROMUEVEN LA IMPUNIDAD de los funcionarios negligentes para que se favorezca la tercerización, externalización y en última instancia la PRIVATIZACIÓN DE LA CCSS.

LAS CONSECUENCIAS DE UNA POSIBLE APROBACIÓN

1- Se promueve la tercerización y externalización de los servicios de salud, PRIVATIZÁNDOLOS POCO A POCO. Esto, porque pasarían a manos de empresas privadas nacionales e internacionales.

2- Se excluye al Estado, a los trabajadores y a los patronos representados en la Junta Directiva, a decidir sobre el rumbo de la CCSS.

3- Limita la facultad de control de la Junta Directiva para garantizar que los fondos y las reservas de los seguros sociales no sean transferidos o empleados en FINALIDADES DISTINTAS a las que motivaron su creación.

4- Las contrataciones de servicios de salud se realizarán por medio de la Ley de Contratación Administrativa, LO QUE PROVOCARÍA la participación y o adjudicación a empresas privadas nacionales y trasnacionales de nuestro servicio de salud conforme el TLC y la Ley de Contratación Administrativa.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE DECIDIRÁN SOBRE LA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN A TERCEROS DE LA CCSS, EN MEDIO DE UNA CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA COMO LA QUE VIVE COSTA RICA?

– Román Macaya Hayes. Presidente de la Junta Directiva
– Fabiola Abarca Jiménez. Representante del Poder Ejecutivo
– María de los Ángeles Solís Umaña. Representante del Poder Ejecutivo
– Christian Steinvorth Steffen. Representante de los Patronos
– Marielos Alfaro Murillo. Representante de Patronos
– Bernal Aragón Barquero. Representante de Patronos
– Maritza Jiménez Aguilar. Representante de los Trabajadores
– José Luis Loría Chaves. Representante de los Trabajadores
– Mario Devandas Brenes. Representante de los Trabajadores (único miembro que ha indicado que se opone a esta reforma a la política y al reglamento que permite la privatización de la CCSS).

Estos son los 9 miembros de la JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS que el jueves 02 de abril, durante la sesión de la Junta a las 9 a.m. tomarán la decisión de aprobar o rechazar las modificaciones al Reglamento de Contratación a Terceros.

Esta ligereza de querer reformar el Reglamento de Contratación de Servicios de Salud a Terceros, para favorecer los servicios básicos de salud en manos privadas, nacionales o internacionales, forma parte de esas inescrupulosas intenciones y debe ser rechazada de manera vehemente.

Nos acogemos al amparo del Artículo 9 de la Constitución Política y del artículo 9 de Código Procesal Contencioso Administrativo. Solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que, si persiste en el intento de la reforma reglamentaria que rechazamos, abra la discusión a toda la sociedad integrando a los sectores sociales y a los ciudadanos, deben ser ellos como afiliados e interesados quienes tengan la última palabra en la defensa y fortalecimiento de la CCSS.

Nueve funcionarios transitorios en sus funciones no deberían tener el derecho de poner en peligro una de las conquistas sociales más sagrada del pueblo costarricense, esa decisión le pertenece a quienes serán afectados.

Frente Nacional por la Seguridad Social – FRENASS – En defensa de la Caja. San José, 01 de abril del 2020.

Para ampliar información del comunicado:
MSc. Rafael López Alfaro
Celular:8368-3214

Para apoyar: https://docs.google.com/forms/d/18f7a9jVvModDZ58kvSKu8I1ZZwgOJ2DDgrHkLu_sMF4/edit

Coronavirus, trabajadores y un mundo en disputa

Escrito en 01/04/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Víctor Báez Mosqueira*

En enero del 2009, formé parte de una delegación sindical internacional de la CSI que fue a Washington a entablar una serie de conversaciones con los directores del FMI y del Banco Mundial. Para ellos, la superación de la crisis del 2008 pasaba por volver a las viejas recetas ortodoxas. No se tomaban en cuenta, ni importaban, las otras dos graves crisis en ascensión, la ambiental y la social, derivadas de la extensión de las políticas salvajes de mercado también a esas esferas.

Nuestra posición sostenía que había que mirar a futuro y apuntar a resolver las tres crisis conjuntamente, con políticas integradas y globales.

No solamente no se hizo nada en ese sentido, sino que las políticas propugnadas por las instituciones financieras internacionales siguieron recetando políticas equivocadas al exigir recortes de gastos y la reducción de la protección social hasta que fuera solo un remedio tímido, tímidamente limitado a los sectores extremadamente pobres, dejando de lado a quienes estaban un poco por encima de la línea de pobreza.

En el ámbito político, sobrevino el ascenso de sectores de extrema derecha a los gobiernos de varios países europeos, de Estados Unidos, algunos (neo) golpes de estado en América Latina, como en Honduras, Paraguay, Brasil y, recientemente, Bolivia. Los culpables de la crisis pasaron a ser los sectores populares, los migrantes, trabajadores y trabajadoras que tenían contratos colectivos o querían hacer valer sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Si bien, aunque sea en forma simbólica, la creación del G 20 fue una admisión tácita de que era necesaria una conducción más participativa del mundo, porque el divorcio entre el pretendido liderazgo del G 7 y la realidad ya era explícito, del otro lado, las grandes empresas seguían su tarea de minar el multilateralismo, al iniciar una ofensiva dentro de las Naciones Unidas que tiene como colofón, entre otras cosas, la firma de un acuerdo entre la ONU y el Foro Económico Mundial para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que, a nuestro entender, socava aún más los fundamentos del multilateralismo, tan necesario para la gobernanza del mundo.

No se volvió a la “normalidad” previa a la crisis de los subprime de 2008. Mucho menos se resolvieron las crisis preexistentes. Lo que se hizo fue aplicar algunos remiendos que ayudaron a empeorar las cosas. Creció la desigualdad, se continuó depredando la naturaleza (ascenso del número de gobiernos que niegan la propia existencia del calentamiento global) y se multiplicaron los gobiernos (con apetencias autoritarias) enemigos de la inclusión.

Los resultados están a la vista. El coronavirus no viene a caer en el vacío. Llega y se propaga en un mundo dominado por políticas elitistas y excluyentes ya conocidas.

Hace ya varios años se habla de que menos del 10 por ciento de la población retiene la misma cantidad de riqueza que lo que posee el 50 por ciento de la población más pobre del mundo. El 28 de noviembre de 2019, Jeffrey Sachs, uno de los tres principales economistas del planeta en la actualidad, dio cifras estremecedoras en un evento llevado a cabo en la OIT, en Ginebra, sobre financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Dijo que el PIB mundial es estimado en 100 billones de dólares, de los cuales 10 billones (10 por ciento del PIB mundial) están en manos de 2.000 personas, los billonarios del planeta.

Por otra parte, un informe de la ONG Global Financial Integrity, de fecha 3 de marzo de 2020, muestra que debido a sobrefacturaciones o subfacturaciones en el comercio internacional, 8,7 billones de dólares (8,7 por ciento del PIB mundial) han dejado de ser recaudados por el fisco de 148 países en vías de desarrollo del mundo, entre 2008 y 2017. ¿Para dónde se han dirigido esos recursos? Probablemente, para los paraísos (guaridas) fiscales. No se toman ahí las otras fugas por otros conceptos. Y pensar que siguen insistiendo en que el sector público es la causa de todos los males del orbe. ¡Caras de piedra!

Son solamente dos ejemplos de muchos que pueden darse, que vienen al caso porque ahora, con el coronavirus, en la medida en que el epicentro se va desplazando hacia las Américas, surgen sectores liderados por Donald Trump, Jair Bolsonaro y otros que insisten en instalar un debate sobre si se prioriza la salud económica o la salud pública. Dicen que no hay que parar la economía, que hay que seguir trabajando y que es lamentable, pero natural, que se pierdan “algunas” vidas. La extrema derecha está llegando más lejos que en la crisis subprime. Entonces exigían que renunciáramos a nuestros derechos, ahora nos demandan que, además de entregar nuestras conquistas, ofrezcamos nuestras vidas en holocausto para defender “su” economía, la economía que les sirve solamente a ellos.

Ahora todo se centra en volver a la normalidad, o sea, al estado de las cosas previo a la aparición y propagación del Covid-19. Hay esfuerzos loables de encontrar una vacuna, de testar a la mayor cantidad de gente, de que los sistemas de salud sean adaptados, en la medida de lo posible y en forma urgente, para hacer frente a la emergencia.

Debemos hacer notar, como lo propone el José Robles, del Instituto Mundo del Trabajo, de Argentina, que todos estos esfuerzos se dirigen a resolver el enorme problema mundial creado por esta pandemia. Y se pregunta: ¿Qué pasaría si dentro de un tiempo corto surgiera otro virus y otra crisis? ¿Soportaran nuestros países? ¿Aguantará el mundo? Claro que no.

Hay algunos cambios de posición que son positivos. No es común ver al FMI recomendando a los gobiernos gastar más en salud y estimular el consumo interno. Un chiste ronda por América Latina, que dice que el miedo a la muerte convierte a muchos neoliberales en keynesianos. Pero discursos llamativos prometiendo cambios después de estallar la crisis de 2008 también fueron pronunciados. Entre ellos, recuerdo el de Sarkozy. No hubo ulterioridades y hoy estamos como estamos.

Por tanto, queda meridianamente claro que la solución no está solamente en superar esta pandemia asesina y volver, a lo largo de los próximos meses, a nuestra pretendida normalidad diaria. O se supera este modelo neoliberal o perecerá gran parte de la vida del planeta, incluyendo miles de millones de seres humanos. O se recupera el rol de los Estados y se coloca a la política y a la vida por encima del antojo de los grandes capitales o no tendremos sostenibilidad.

O se impone una tasa tipo Tobin a las transacciones financieras y se redistribuye el resultado y se establece “un impuesto al bienestar” a esos dos mil billonarios de los que hablamos o no lograremos financiar los ODS.

O exigimos enérgicamente que el embargo a Venezuela, Cuba y otros países sea levantado o veremos una hecatombe por efecto de las políticas activas de unos gobiernos y la complicidad silenciosa e insolidaria de otros.

O los gobiernos imponen robustas bancas públicas de desarrollo para sostener y promover las pequeñas y medianas empresas, los verdaderos generadores de empleo, y acelerar la necesaria transición hacia un modelo de producción centrado en innovaciones sociales y ambientales o seguiremos siendo rehenes del sector usurero de las finanzas.

La atracción de inversión extranjera directa es importante para los países en desarrollo pero apenas es capaz de promover transformaciones cuando articulada con las pequeñas y medianas empresas locales e integrada a una política industrial centrada en la innovación.

O volvemos a insistir en la integración real en los continentes, en este caso en América Latina, y reactivamos UNASUR y CELAC o seguimos nuestra reciente trayectoria de creciente pérdida de relevancia en las decisiones globales sostenida en un adefesio como PROSUR. El periodista Mariano Vázquez sostiene acertadamente que dicho esperpento debería mejor llamarse PRONORTE porque es totalmente funcional a las políticas de Donald Trump.

O establecemos sistemas fiscales que posibiliten la inclusión social o seguiremos expulsando compatriotas hacia el exterior. Seguimos insistiendo en que la solución no es solamente igualdad de derechos de los/as migrantes en los países de destino, sino igualdad de oportunidades en los países de origen. Derecho a no migrar.

O defendemos y reforzamos el multilateralismo, donde los gobiernos de países pequeños y grandes interactúen o permitiremos que el “multistakeholderismo”, liderado por las grandes empresas, dirija el accionar de las Naciones Unidas.

Aquí pueden faltar muchas cosas y puede ser necesario priorizar los puntos, pero lo cierto es que, si queremos un mundo sostenible, no podemos contentarnos con volver a los meses anteriores al Covid 19. Cada uno de los países y la comunidad internacional deben estar preparados para contener cualquier otro virus y cualquier otro tipo de crisis, porque la inestabilidad es la nueva normalidad en el mundo que se viene.

*Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/205587

Ilustración: https://www.alainet.org/es/articulo/187517

La pandemia de la insolidaridad

Escrito en 01/04/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaria del 2018. Porque ellos no han sido solidarios con Costa Rica.

Carta pública al señor Presidente de la República y señoras y señores Diputados. Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

La pandemia de la insolidaridad de los ricos, que genera escandalosa desigualdad en el mundo y en nuestro país, es el azote que cobra más vidas que cualquiera otra. La misma se venía incubando desde hace cuatro décadas, y el gobierno actual la ha conducido al pico más alto, lo que significa elevar el porcentaje, ya de por sí endémico, de pobreza, para salvar a las minorías que han venido amasando riquezas a costa del desfalco bancario, la evasión y la elusión del fisco.

Hoy el poder muestra el rostro de la frialdad y dureza que caracteriza a los regímenes autoritarios e inquisitoriales, quienes entre más dolor infligen a sus víctimas más lo celebran. Hay una dosis importante de sadismo gubernamental, al aprovecharse de una situación de emergencia nacional para hundir a una clase media precarizada, utilizando el comodín de “contribución solidaria”, con la idea de salvar a los pobres y desempleados, eximiendo de esa “contribución”, con descaro y desvergüenza, a los sectores más poderosos que hoy tienen al país en la quiebra.

Causa más que indignación la escena dantesca que se sucede cada día: se anuncia el avance de contagiados por el coronavirus y para contener la debacle económica se receta la medicina milagrosa de imponer una “contribución solidaria”, exclusivamente a los asalariados.

Estamos asistiendo a algo más que un golpe de Estado. Se trata de la clausura del Estado Social de Derecho costarricense. Así, está terminando la historia de uno de los países más solidarios del mundo, que cimentaba su ejemplar régimen de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, en el aporte compartido del Estado, del patrono y del trabajador. El Estado se ha declarado en quiebra y los grandes empresarios y el sector financiero también, reportando cero ganancias.

Por eso, tenemos una institucionalidad social debilitada y un Estado policía que vela por los intereses del capital y, como si fuera una financiera usurera, garrotea a sus trabajadores tratando de convencer al pueblo que se trata de una invitación a la solidaridad en tiempos críticos. Hace poco cargaron sobre las espaldas del pueblo el déficit fiscal y ahora vuelven a doblegarlo para que pague las consecuencias económicas producidas por el COVID-19. ¿En quién cabe tal desfachatez?

Llegó la hora de pasarle la factura a un Estado indolente e inconstitucional, que se ha hecho de la vista gorda cuando algunos grandes empresarios de este país han vaciado sus arcas estafando a los bancos públicos y la mayoría evadiendo y eludiendo el fisco. Asimismo, demandarle que restituya las cotizaciones que no ha pagado, ni a los regímenes de pensiones ni a la Caja, sino que, al margen de la ley, los ha trasladado a su caja única.

Llegó la hora de decirle al gobierno que deje de jugar con la dignidad de un pueblo trabajador, noble y solidario. Hasta ahora, solo ha mostrado el rostro de uno más de los gobiernos insolidarios, frívolos e injustos de la historia política reciente de este país.

Ilustración: https://vocesprofeticas.blogcindario.com/2014/01/00193-insolidaridad.html

El reto de arrinconar dos males: el virus y el hambre

Escrito en 31/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

La Rectoría UCR Informa, 30 de marzo de 2020

Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.

Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.

Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.

La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.

Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.

Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.

Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.

Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.

Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.

Foto: UCR

Prueba de Ácido para Honduras

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Por Marlin Óscar Ávila

El juego doble

El Covid-19 se puede usar como pretexto para satisfacer intereses mezquinos de quienes son los responsables, no del virus, pero si del mayor sufrimiento del pueblo hondureño.

Se especula que quienes toman las decisiones gubernamentales, quieren llevar al país a obtener un impacto negativo para que lo distingan globalmente y así lograr las miradas internacionales hasta que se le ofrezca mayores donaciones y ayuda.

Nadie ignora que las ayudas del exterior y, las extraídas de lo que haya quedado internamente, desaparecen por arte de magia.

Se ha denunciado públicamente el desinterés del Ejecutivo en escuchar y aplicar las propuestas del Colegio Médico Hondureño, adonde están afiliados lo poco de ciencia médica existente en este país. Las universidades, hace tiempo no hacen propuestas coherentes y oportunas, con quienes también existe mucho prejuicio del gobierno.

Punto de quiebre

Estamos ahora mismo llegando, en estos días, a un punto de quiebre político social delicado, sin hablar del crecimiento exponencial de casos del Covid-19.

Esta crisis socio política tiene visos de llegar a ser sin precedente. Con un subempleo de alrededor del 60%, ahora aumentado por los cierres de empresas, las que suben la tasa de desempleo y subempleo a niveles astronómicos, las cosas están más que delicadas.

Si a esto le sumamos el desabasto de alimentos en los mercados, la desmovilización de todas las familias para buscar su sustento, y posiblemente viene desabasto de medicamentos en las farmacias (una forma de llegar después a especular con los precios), lo que tenemos frente a nosotros, además de la pandemia del Covid-19, es un caos social. Las muertes serían por varios motivos y se podrá hacer trasiego entre los que mueren por la infección y los que mueren por hambre. Solamente que las cifras podrían llegar a 4 y hasta 5 dígitos. Pero eso, que no requiere ser genio para preverse, puede estar en la agenda de quienes gobiernan.

El campo rural

El lugar más adecuado para vivir ahora es la zona rural. De donde emigraron nuestros padres y abuelos. Conocemos un programa que durante más de una década ha asesorado y formado a familias campesinas en su desarrollo integral. Estamos hablando de unas 15 mil familias pequeñas propietarias de tierra, ubicadas en los cuatro puntos cardinales del país. Esas familias producen para el auto sostenimiento familiar, los alimentos más sanos que cualquiera exija comer. Las graves sequías cortas y largas que ha habido desde inicios del 2000, esas familias han sobre llevado las peores sequías, siempre logrando agua para sus cultivos y consumo animal y humano. Son familias que vimos extraer agua hasta de las rocas.

Estas familias no están pasando el hambre de quienes habitan los bordos en la zona norte, tampoco se desesperan por no poder llegar al banco durante una semana. En ellos no existe la ambición de lujos y diversiones que ofrecen, u ofrecían nuestras ciudades. Tampoco viven en la pura naturaleza. Tienen deporte, TV, escuela, Internet y colegio, y no falta una familia que tenga un miembro con educación superior.

A esas familias hondureñas les debemos agradecer el que no sean agentes portadores del virus Covid-19 per, mantiene muchos metros de distancia entre las viviendas. Tampoco, serán portadores de violencia para lograr comer el día de hoy y mañana ni el próximo año. Es gracias a ese inteligente y audaz programa impulsado por ANAFAE. Que habrá población inmune a las grandes alteraciones político-sociales que se avecinan.

Creemos que hay otras agencias con ese marco filosófico de desarrollo integral, que sin sesgos religiosos y políticos están fortalecidos para sobrevivir las atrocidades de una clase política inmoral en control del primer país más pobre y enfermo de hambre en América Latina.

El Ombudsman

Los retos que se avecinan para un «defensor del pueblo» u OMBUDSMAN, no los ha tenido ningún profesional a la cabeza del Comisionado de Derechos Humanos. Después del Dr. Leo Valladares, no ha habido alguien como él, pero dudamos que alguien pueda llegar a responder como se le exigirá a quien llegue luego. Don Roberto Cáceres ha concluida su periodo formal este 25 de marzo, pero aún no se ha definido quién lo sustituya.

Diríamos que más allá de una persona, que podría ser el mismo Dr. Roberto Cáceres, lo que se requerirá es un equipo multidisciplinario de profesionales realmente comprometidos con este abandonado pueblo catracho. Un equipo militante de los derechos humanos. Esto no está lejos de poderse obtener. Hay muchos defensores de los derechos humanos que han pasado tal prueba. Unos o unas no están dentro del país por esa misma razón.

Si el Ombusman deja de ver los colores políticos y conveniencias personales, se podría lograr una Defensoría del pueblo como lo exigen las circunstancia actuales y venideras. De lo contrario, mejor no tener esos elefantes blancos gastando el poco presupuesto que dejan los corruptos.

SINTRAJAP propone fortalecer CCSS con canon de APM Terminals

Escrito en 28/03/2020. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió copia de la siguiente carta enviada por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la junta directiva de JAPDEVA, en la cual propone fortalece a la CCSS con los recursos del canon de APM:

Limón 26 de marzo del 2020

STJ 168-2020
Señores
Carlos Alvarado Quesada Presidente de la Republica
Junta Directiva de JAPDEVA
Presente

Estimados señores (as):

La organización SINTRAJAP siendo consecuentes con la emergencia que vivimos por el COVID 19, estamos sugiriendo con profunda objetividad la posibilidad de que se utilicen recursos que se encuentran ociosos para proteger la vida y la salud de los costarricenses en general.

Nos referimos a los recursos acumulados por el canon que porta la APM y que en la actualidad no tienen un uso concreto y que podrían ser muy importantes para palear con la emergencia que sufrimos. Solicitamos como organización social y solidaria con el pueblo que estos recursos puedan trasladarse a la CCSS para que permitan dotar de más camas, equipos, y hasta infraestructura en el Hospital Tony Facio u otras instalaciones médicas de la provincia de Limón, para atender a las personas que se ven afectadas por esta pandemia en nuestras comunidades, perfectamente se puede justificar el uso de estos recursos para ese fin.

Estamos seguros que nuestras comunidades apoyarán el uso de estos recursos por tratarse de los intereses más altos, tomando en cuenta que la vida humana y la salud de nuestro pueblo está por encima de cualquier otra necesidad y que cualquiera podría requerir de estos servicios en cualquier momento. Fortaleciendo la CCSS nos fortalecemos todos y todas.

Estamos solicitando que se utilicen estos recursos para financiar proyectos concretos orientados a atender la emergencia y que garanticen la atención completa y de calidad para nuestra gente.

Sin la vida de qué sirve el dinero, es el momento de ser solidarios y dejar los dobles discursos.

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General.

Copia:
Diputados
Alcaldes de Limón
Sociedad Civil

Más impuesto a los salarios…. ¿y los grupos exonerados? ¿y las ganancias de los banqueros y la usura?

Escrito en 27/03/2020. Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.

Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.

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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.

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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?

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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.

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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?

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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral

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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.

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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.

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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.

Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?

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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.

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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.

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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.

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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.

– ordonez@icgweb.org

La CCSS: columna básica para la vigencia del Estado Social de Derecho

Escrito en 26/03/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Grupo Reflexiones Social Cristianas

La crisis que genera el Coronavirus nos ha hecho valorar la inmensa riqueza de la medicina desarrollada bajo los principios cardinales de la seguridad social, aun cuando como obra humana es perfectible, sin duda los esfuerzos realizados en casi 80 años de medicina social nos permiten enfrentar con confianza la grave crisis que nos afecta.

Una vez más el cuerpo médico, el personal técnico y de enfermería, el personal administrativo, los misceláneos y todos los que trabajan en el ámbito de la salud han salido y se mantienen como héroes en la dura batalla que libran contra el flagelo que nos afecta. Justamente se han ganado el respeto y la gratitud de los costarricenses.

El liderazgo del señor Ministro de Salud, orientando a toda la comunidad nacional y los plausibles esfuerzos del Gobierno, así como la respuesta ciudadana hasta en el último rincón de todo el territorio nacional, nos hacen sentirnos orgullosos por los valores humanistas más nobles y solidarios del ser costarricense.

Una situación como la que vivimos también despierta en algunos una visión de oportunidad mercantilista para pretender que se reduzca el rol del Estado en la seguridad social y prevalezca una visión de negocio en el tema de la salud pública. Los resultados de algunas medidas que reducen los ingresos de las contribuciones se suman a la pérdida de ingresos por la morosidad acumulada del sector gubernamental y del sector patronal, mermando significativamente el flujo de recursos financieros requeridos para que los trabajadores y los centros de salud que están en primera línea afrontando la crisis, respondan con la celeridad necesaria ante las circunstancias críticas que vivimos. La temporalidad de estas medidas debe acompañarse de un compromiso explícito de todas las fuerzas políticas para minimizar los efectos negativos de la crisis.

Esperamos que el Gobierno y la Asamblea Legislativa no sucumban ante las presiones oportunistas y le garanticen al pueblo de Costa Rica que nuestro sistema de seguridad social siga brillando y perfeccionándose, con logros indiscutibles de alcance mundial reconocidos por múltiples organismos internacionales.

Es oportuno pensar que debemos encontrar los equilibrios para que las instituciones no se conviertan en viñas de enriquecimiento, no solo por los negocios que surjan alrededor de la medicina sino también por el costo desmesurado que generan los privilegios y las consideraciones de aumentos en cascada.

Hoy se convierte en un deber ineludible de las instituciones sociales y hacendarias y del mismo Gobierno de la República, como un imperativo vital para la prosperidad y la solidaridad humana, la determinación de una estrategia técnica-financiera que invoque la cooperación humanitaria internacional y de países amigos para obtener recursos no rembolsables o de largo plazo, que eviten el debilitamiento económico de la Caja Costarricense de Seguro Social, no solo respecto a la medicina sino también en cuanto a la sostenibilidad del régimen de pensiones de los trabajadores.

El Grupo Reflexiones Social Cristianas espera que en el entorno de esta compleja crisis la Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana, contribuya a la construcción de propuestas de interés nacional fundamentados en los principios del Humanismo Cristiano y, al mismo tiempo, garantice al pueblo de Costa Rica que no serán lesionados el financiamiento ni la institucionalidad de nuestras entidades de seguridad social en cumplimiento de nuestra razón de ser en política: la salvaguarda de la Caja Costarricense de Seguro Social como columna básica para la vigencia del Estado Social de Derecho. Eso es lo esencial.

Asimismo, instamos al Comité Ejecutivo Nacional del PUSC para que recupere la capacidad propositiva que siempre ha distinguido a los socialcristianos —contribuyendo y marcando los derroteros de nuestro país hacia el bien común y la prosperidad—, convocando de inmediato a los órganos partidarios especializados integrándolos con profesionales y expertos socialcristianos del más alto nivel, para que produzcan soluciones eficaces y concretas a los serios y complejos problemas que enfrentan nuestros empresarios y los trabajadores públicos y privados.

Concluimos, con la cita del parágrafo 89 de la Carta Social Cristiana a Costa Rica, que preveía con claridad y visión de futuro, la necesidad de fortalecer la CCSS colocando al ser humano en primer lugar, para enfrentar crisis como la que nos embarga hoy con la pandemia del COVID-19: “89. La Caja es un medio para lograr el más alto nivel de salud de la población y el pleno goce del derecho a la salud para toda persona que habite en el territorio nacional; de ahí que su eficiente funcionamiento es esencial para el logro de este objetivo.

“La Caja Costarricense del Seguro Social debe estar sometida a un proceso de mejora continua y de actualización científica y tecnológica, humanización, modernización, adecuadas infraestructuras, eficiencia y crecimiento, para seguir cumpliendo con sus objetivos, respondiendo a los cambios demográficos, epidemiológicos, socioeconómicos y ambientales, en el marco de un mundo globalizado, económicamente interdependiente y en constante cambio, en el que tanto la enfermedad y como las crisis económicas se trasmiten de forma rápida impactando los sistemas nacionales. La cooperación internacional es esencial.”

Danilo Chaverri Soto
Lineth Saborío Chaverri
María del Rocío Sáenz Madrigal
Jorge Polinaris Vargas
Rosalía Gil Fernández
Fernando Gutiérrez Ortiz
Bernardo Benavides Benavides
Anabelle Lang Ortiz
25 de marzo de 2020. San José, Costa Rica