Partido Vanguardia Popular– PVP Fundado el 16 de junio de 1931
El Partido Vanguardia Popular, denuncia el abuso y la arbitrariedad del gobierno autoritario del señor Rodrigo Chaves, que, bajo un subterfugio ilegal, que no aplica, y bajo un expediente de más de 200 folios, arguye falazmente un proceso de destitución contra la legítima representante de las y los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es claro y así se desprende que el órgano director del procedimiento administrativo, se inventó un despido del cual no le asiste ninguna potestad legal.
Con más de 200 mil votos del movimiento sindical, Martha Rodríguez González, fue nombrada como representante legítima de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, juramentada el 11 de enero de 2021.
En dos oportunidades este gobierno, el cual se caracteriza por la visión de misoginia, el matonismo, la mofa, autoritarismo y la descalificación, del actual mandatario, ha atacado y perseguido, sin fundamento legal la posición política y de control sobre el papel que debe jugar la CAJA y, lo más importante, es que esta compañera ha sido abanderada de la defensa de nuestra emblemática institución del Seguro Social.
En el mes de diciembre del año 2022, irrespetando la autonomía de la CC.SS., en un acto de violencia extrema, el gobierno se arrogó el derecho ilegítimo de suspender a cinco miembros legalmente nombrados por las instancias correspondientes ante la Junta Directiva.
La persecución, la violencia política, el acoso y la violencia contra Martha Rodríguez, ha llevado visos de todo tipo. Buscaron callarla a como diese lugar. Por cuando un matón gobierna y ha perdido sus ideas, el único recurso que le queda es violentar políticamente a sus adversarios y, si son mujeres, el acoso político se hace aún más evidente.
Excluirla de las deliberaciones, cercarla psicológicamente, de los anteriores miembros, solo sobrevivió la entereza moral y política de la compañera Rodríguez, los demás doblaron su cerviz, para que dolorosamente el gobierno les diera su espaldarazo.
Hemos visto, dichosamente que, el movimiento sindical ha hecho pública su posición a favor de la compañera Rodríguez y a la vez, denunciando la arbitrariedad del gobierno “chavernícola”, que una vez más irrespeta la institucionalidad.
Pero, finalmente, qué es lo que este gobierno le cobra a la representante de la clase obrera costarricense. Digámoslo de manera muy sencilla. Primero, la denuncia sostenida contra privilegios que contravienen los principios institucionales de la Caja, la denuncia de encubrimientos e irregularidades que se hicieron públicas, la denuncia de desmontar la narrativa gubernamental que la Caja está quebrada. En ese marco, Martha fue la voz disidente para denunciar, como se desmantelaba el portafolio de proyectos y lo que la prensa conoció como el Caso Barrenador. También su voz a clamado para que el gobierno asuma la responsabilidad de pagar los cuatro billones de deuda que tiene con la CC.SS. En ese mismo orden, las denuncias sobre los sobreprecios y los brutales recortes a la salud, han sido parte de sus banderas de lucha. Pero no solo su denuncia y transparencia y control político se ha quedado ahí. Martha ha sido también un baluarte en la defensa de construir y mejorar la infraestructura de los hospitales.
Nuestra historia política está estructuralmente ligada al origen de la Caja Costarricense, de igual forma al PVP le asiste moralmente la defensa de la clase trabajadora, principalmente de los sindicatos clasistas y dígase de una vez por todas, Martha llegó con el aval de las centrales sindicales más importantes de este país y por eso su nombramiento debe respetarse.
Repudiamos nacional e internacionalmente esta arbitrariedad contra nuestra democracia y la institucionalidad. No a la violencia política, exigimos respeto la autonomía institucional y reclamamos la restitución de la compañera Rodríguez González ante el órgano de la Junta Directiva, al cual accedió por el voto del movimiento sindical confederado de este país y democráticamente electa.
En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de ley conocido como “jornadas 4×3”, que propone modificar la distribución de la jornada laboral a cuatro días de trabajo de 12 horas y tres de descanso. Según sus proponentes, la medida busca aumentar la competitividad y dar mayor flexibilidad a empresas y personas trabajadoras. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicatos y grupos de mujeres han expresado oposición, señalando posibles impactos negativos en derechos laborales y en la vida cotidiana.
Uno de los puntos centrales del debate es que la propuesta podría reducir o eliminar el pago de horas extra, afectando los ingresos de muchas personas trabajadoras que dependen de este complemento para enfrentar el alto costo de vida. Además, implicaría un impacto diferenciado para las mujeres, quienes en su mayoría asumen el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Con jornadas más extensas, el tiempo disponible para estas labores y para el descanso se vería aún más limitado.
Este debate ocurre poco después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera, en junio de 2025, la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos humanos. La opinión, solicitada por Argentina, reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo y establece que los Estados tienen la obligación de garantizarlo en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y autocuidarse.
El cuidado como derecho humano
Según la Corte IDH, los trabajos de cuidado abarcan desde la provisión de bienes esenciales para la vida —como alimentación, salud y limpieza— hasta el acompañamiento emocional y la transmisión de valores y conocimientos. Este trabajo es indispensable para la existencia de las sociedades, pero sigue estando distribuido de forma desigual, recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.
La Opinión Consultiva enfatiza que esta distribución desigual tiene consecuencias económicas y sociales: limita la participación de las mujeres en el empleo formal, restringe su autonomía económica y reduce el tiempo disponible para su educación, participación política y descanso. Por ello, el Tribunal afirma que los Estados deben adoptar políticas públicas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, así como para jerarquizar el cuidado remunerado.
Obligaciones estatales y condiciones laborales
Entre los contenidos esenciales del derecho al cuidado, la Corte IDH destaca:
Garantizar condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias.
Proteger los derechos de las personas que realizan cuidados, tanto remunerados como no remunerados.
Asegurar licencias de maternidad y paternidad adecuadas.
Desarrollar infraestructura de cuidados, como centros de atención infantil y servicios para personas mayores o con discapacidad.
Integrar la perspectiva de género y no discriminación en toda la normativa y política laboral.
En relación con la jornada laboral, el Tribunal subraya que los Estados deben garantizar que las condiciones de empleo no menoscaben el derecho al cuidado. Esto incluye evitar que las jornadas extensas o inflexibles impidan a las personas atender sus responsabilidades familiares o su propio bienestar.
Otros aspectos de la Opinión Consultiva
Aunque el eje principal es el derecho al cuidado, la Corte también abordó su vínculo con otros derechos:
Derecho a la vida y a la salud: los cuidados son esenciales para mantener condiciones de vida digna y acceso efectivo a la atención sanitaria.
Derecho a la educación: tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los brindan, asegurando que el trabajo de cuidado no se convierta en una barrera para la formación.
Seguridad social: el cuidado no remunerado debe ser reconocido en los sistemas de protección social, por ejemplo, al contabilizarlo para pensiones o beneficios.
El vínculo con el proyecto 4×3
La propuesta de jornadas 4×3 en Costa Rica debe analizarse a la luz de este nuevo estándar interamericano. Si bien podría ofrecer más días de descanso, también concentraría las horas de trabajo en menos días, con potenciales consecuencias para la salud, el tiempo familiar y las labores de cuidado. En el caso de las mujeres, que según datos de la CEPAL realizan en promedio más del triple de horas de cuidado no remunerado que los hombres, las jornadas prolongadas podrían profundizar las desigualdades.
Además, al disminuirse el pago de horas extra, se reduciría la capacidad económica de muchas familias, lo que afectaría de manera directa la posibilidad de cubrir necesidades básicas y de contratar servicios de cuidado cuando estos son requeridos.
La Corte IDH ha sido clara: cualquier cambio en la organización del trabajo debe respetar y promover el derecho al cuidado, evitando retrocesos en materia de igualdad y no discriminación. En este sentido, las decisiones legislativas en Costa Rica sobre la jornada laboral deberían considerar no solo la productividad y la competitividad, sino también la salud, la vida familiar y los derechos humanos de toda la población.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.
Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.
El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.
Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.
Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria. La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.
Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.
¡Martha no está sola!
¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!
Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.
UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizará una sesión este miércoles 2 de julio a las 2:00 de la tarde en las oficinas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, sede San Pedro, para dialogar sobre el sistema de pensiones y el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo informó que la actividad contará con la participación de dos invitados especiales: el máster en ciencias Luis Pablo Zúñiga Morales, experto en derecho laboral y educación, y el licenciado Juan Antonio Vargas Guillén, representante de las personas trabajadoras ante CONASSIF.
La organización solicita confirmar asistencia mediante respuesta al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com o al número telefónico 86989553.
El foro forma parte de las iniciativas de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para generar espacios de discusión sobre temas laborales y de seguridad social que afectan a la población trabajadora del país.
La sesión se enfocará específicamente en analizar el estado actual del sistema de pensiones nacional y las implicaciones del proyecto de ley que propone la implementación de jornadas laborales de cuatro días por tres de descanso, una propuesta que ha generado debate en diferentes sectores de la sociedad costarricense.
El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo el foro “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias (ANC) y transmitido a través de su canal de YouTube.
En este espacio, especialistas en salud y política social analizaron el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ofrecieron distintas perspectivas sobre su sostenibilidad financiera, la cobertura universal de salud y los desafíos institucionales que enfrenta la seguridad social en Costa Rica.
La primera exposición del foro, titulada “El seguro de salud de la CCSS: la solidaridad, universalidad y equidad en disputa”, presentada por la Dra. Ana Sojo Martínez, abordó la relevancia de estos principios como pilares de la seguridad social en Costa Rica.
Se enfatizó que, a diferencia de los seguros privados, el sistema de salud público redistribuye beneficios de manera intrapersonal y comparte riesgos individualmente, lo cual refuerza su carácter solidario.
La Dra. Sojo también advirtió sobre los intentos de debilitamiento institucional durante la administración Chaves, mediante medidas como el desfinanciamiento, la introducción de copagos y el aumento del gasto de bolsillo en salud. Finalmente, señaló la urgencia de saldar la deuda estatal acumulada con la Caja y de realizar inversiones en infraestructura para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Seguidamente, el Dr. Luis Rosero Bixby presentó la ponencia: “El enorme reto de la demografía a la seguridad social en Costa Rica”, en la cual analizó el impacto del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema. Señaló que, aunque la población costarricense se mantendrá alrededor de los cinco millones en las próximas dos décadas, podría comenzar a disminuir entre 2050 y 2075.
Esta transformación demográfica plantea serios desafíos financieros. Ante este panorama, el Dr. Rosero propuso medidas como que las personas pensionadas paguen seguro de salud, establecer un impuesto a las rentas de activos, aplicar un impuesto al valor agregado y aumentar la edad de retiro.
La presentación del Dr. Carlos Zamora Zamora “Las listas de espera en la Caja” abordó uno de los problemas más visibles del sistema de salud costarricense. Se presentaron cifras alarmantes: más de 34,000 personas en espera de una cita con un especialista, 72,300 para una cita diagnóstica y 19,000 para una cirugía.
Al comparar con datos de hace 25 años, se evidenció un aumento considerable en los tiempos de espera. El Dr. Zamora enfatizó que este fenómeno no es una consecuencia inevitable de la cobertura universal, sino el resultado de decisiones administrativas y una gestión ineficiente. Como posibles soluciones, propuso un uso más eficaz de los recursos disponibles y la implementación de una planificación estratégica a largo plazo.
Finalmente, la Dra. María Luisa Ávila Agüero en su exposición: “La Caja Costarricense de Seguro Social: Perspectivas desde la Salud Pública” analizó los retos actuales de la CCSS desde una mirada integral. Señaló la grave escasez de especialistas en áreas clave como oncología, geriatría y psiquiatría, y subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional y ofrecer mayores incentivos docentes.
Además, expuso preocupantes datos sobre el estado de salud de la población: un 34 % de las personas adultas presenta obesidad y un 50 % mantiene un estilo de vida sedentario. La Dra. Ávila también indicó que la pandemia de COVID-19 erosionó la confianza en las instituciones de salud, lo cual hace aún más necesario reforzar el primer nivel de atención Finalmente, enfatizó que mejorar la salud pública requiere intervenir también en los determinantes sociales.
Mediante el siguiente enlace puede acceder a la grabación del foro:
Desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas-Red SEPA, alianza que defiende y lucha por la educación pública, intercultural y gratuita, destacamos el compromiso del magisterio y pueblo panameño junto a comunidades indígenas que ha posibilitado sostener un conjunto de movilizaciones, plantones y otras acciones propias del Derecho Humano a la Protesta Social, ante un gobierno que responde a toda demanda popular con la represión, decisiones inconsultas violentando las normativas nacionales e internacionales.
A partir del 23 de abril, 2025, el magisterio nacional convocó a Huelga General, como derecho del pueblo panameño de luchar por la derogación de la Ley 462 que atenta directamente contra el sistema financiero en defensa de la Caja del Seguro Social (Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)); contra la reapertura de la minera de capital canadiense clausurada en el 2023 gracias a la lucha popular que detuvo la vulneración de la soberanía, los embalses y expulsión de las comunidades, triunfo que el gobierno hoy intenta revertir.
Es por ello, que manifestamos nuestro rechazo ante la ola de represión sin precedentes comarcas indígenas y el sector bananero, sufriendo violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.
Lo anterior, provocando cientos de víctimas heridas y la muerte de Arcenio Agrego, joven adolescente indígena asesinado por fuerzas policiales del gobierno de Mulino, en El Pueblo Emberá de Arimae, Darién, denunciado por Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).
A esto se suma, las respuestas de la ministra de educación, Lucy Molinar, dejando sin salario al magisterio en lucha, amenazando con despido masivo a partir del lunes 23 de junio. Ante lo cual, el magisterio nacional convocó el pasado martes 17 de junio, a una marcha nacional el día jueves, para concentrarse en la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen cinco amparos de garantía sobre los secuestros salariales y no han dado respuesta, en un contexto de primer acercamiento con autoridades del gobierno y de la iglesia católica donde esperamos que haya verdadera voluntad política de escuchar al magisterio y pueblo panameño.
Denunciamos que el miércoles 18 de junio, se une una acción más de represión, persecución selectiva y detenciones arbitrarias, contra Felipe Cabezas, abogado y dirigente colonense, incansable defensor del pueblo; contra docentes como maestra Guadalupe Camargo, Directiva de AEVE, Iván Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Alexis Guevara y Ricardo Andrade.
Reiteramos nuestro apoyo solidario a la legítima lucha encabezada por la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, en general y a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), de la cual forma parte nuestra hermana organización Frente reformista de Educadores de Panamá (FREP), a la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) y al Frente de Acción Magisterial (FAM) donde forma parte la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).
Instamos al presidente José Raúl Mulino para abrir un camino de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. A su vez, a detener de inmediato la campaña de criminalización contra dirigentes indígenas y sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigencia estudiantil, como Eduardo García, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; incluso, confiscando cuentas bancarias de sindicatos y cierre la cooperativa. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la familia del joven adolescente del pueblo Emberá de Arimae, Darién, asesinado por defender las justas causas de este movimiento nacional de lucha.
¡Alto a represión, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra el magisterio, sector obrero, de salud, comarcas indígenas y puebloen general quienes luchan por justicia, dignidad y soberanía!
¡Respeto a los pueblos indígenas Ngöbe del Oriente Chiricano, Bocas del Toro y Emberá de Arimae!
¡Esta Caja tiene dueño, es del pueblo panameño!
¡No a la minería contra las comarcas y comunidades indígenas!
¡Por una educación de los pueblos y para los pueblos!
¡Sin lucha no hay victoria!
¡Pueblo panameño: firmes 55 días de huelga nacional!
Por la Red Social para la Educación Pública en América:
Steve Stewart Secretario Técnico 19 de junio de 2025.
160 personas y 43 organizaciones, colectivas y colectivos costarricenses presentan carta a la Embajada de Panamá, pronunciándose en contra de la represión ejercida por el gobierno de José Raúl Mulino
El pasado lunes 9 de junio, un total de 160 personas y 43 organizaciones, colectivas y colectivos costarricenses presentaron una carta a la Embajada de Panamá, pronunciándose en contra de la represión ejercida por el gobierno de José Raúl Mulino.
Esto ocurre tras un proceso en el cual el pueblo panameño se ha enfrentado a atropellos sistemáticos y a la represión a las protestas en el país vecino, pues ha habido una creciente movilización que rechaza las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Mulino. Un ejemplo de estas decisiones es la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social, puesto que la reforma implica la eliminación de solidaridad intergeneracional y establecimiento de cuentas individuales, afectando así las pensiones de las próximas generaciones. Asimismo, se ha protestado contra los planes de reactivación de minería de la empresa canadiense First Quantum, y contra el pacto de ampliación de presencia militar estadounidense en áreas de acceso y otras áreas adyacentes al Canal de Panamá.
Las manifestaciones en defensa a las pensiones dignas, a la seguridad social y a la soberanía panameña frente a Estados Unidos, han sido encabezadas por el movimiento estudiantil, sindical y comunidades indígenas; de la misma manera que han participado grupos de mujeres, niñez y otros. Por ende, el pronunciamiento presentado a la Embajada de Panamá en Costa Rica suma estas reivindicaciones de dignidad y justicia social; insta al diálogo, a no criminalizar las protestas, a la protección de los medios y recursos naturales de Panamá, y a mantenerse en solidaridad con el pueblo hermano de Panamá
A continuación, se comparte la carta dirigida al Embajador de la República de Panamá.
9 de junio, 2025
San José, Costa Rica
Señor Embajador de la República de Panamá
Pacífico Escalona Ávila
Presente.
Desde la dignidad y la justicia social
En las últimas semanas hemos presenciado el ejercicio del legítimo derecho del pueblo panameño a luchar por un régimen de pensiones y retiro justo, contra la reapertura de la minera cerrada en 2023 y por el cese de los intentos de reabrir bases militares norteamericanas en su patria. Estas movilizaciones han contado con la presencia activa de los maestros y profesores, estudiantes, comunidades indígenas, sindicatos como el SUNTRACS y el de las Bananeras, entre otros muchos sectores y organizaciones.
La respuesta del gobierno del señor José Raúl Mulino ha sido negar la posibilidad de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. Por el contrario, se ha desatado una campaña de criminalización contra dirigentes sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigentes estudiantiles, como Eduardo García, estudiante de economía, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; así como una indiscriminada represión contra las comunidades comarcales de los pueblos originarios y la detención selectiva de luchadores sociales. A las personas educadoras se les ha violado el derecho a recibir salario mientras al sindicato de la construcción se le confiscan sus cuentas bancarias y cierran la cooperativa.
Esto está generando una situación explosiva. Los pueblos del mundo vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Panamá e instamos a una pronta salida negociada, partiendo de las justas demandas del pueblo panameño. En particular, señalamos la importancia del cese de la represión y la inmediata liberación a todos los presos políticos, detenidos por luchar y que han sido enviados a cárceles comunes y tratados como delincuentes. Repudiamos la ofensiva antiobrera y antidemocrática que se expresa en los allanamientos de instalaciones y congelamiento de las cuentas de la Cooperativa del SUNTRACS, la persecución judicial contra su secretario general Saúl Méndez y otros dirigentes. Hoy todos somos Panamá que resiste a la destrucción ecológica, la condena a la miseria de los jubilados y nuevas formas coloniales revestidas de cooperación.
Panamá no está sola. Iniciamos desde este momento un proceso de divulgación internacional sobre la lucha de su pueblo.
Firma responsable Allen Cordero Ulate Cédula 3-02170094 9 de junio, 2025
FIRMAS
A nivel personal
Adrián Gordón / Estudiante
Adrián Jaén España Docente
Adriana Laclé Médica internista
Alejandra Bonilla Leiva Agrónoma
Alejandra Ducca Durán
Alexandre Rojas Parajeles Docente
Álvaro Fernández González Sociólogo jubilado
Allen Cordero Ulate Docente jubilado UCR
Amilcar Castañeda Cortez Docente
Amalia Vargas Rojas Jubilada
Ana Cristina Rossi Novelista y profesora
Andreina Vargas Rodríguez Ama de casa
Ángelo Monge Ingeniero civil urbanista
Antonieta Fernández Quirós Abogada
Carlos Coronado Vargas Dirigente popular
Carlos Guevara Abogado
Carlos Alberto López Herrera Intérprete naturalista
Carlos Moya Cisneros Docente
Carlos Settembrini Jubilado
Casilda Sancho Barrantes Jubilada
Catarina Goldoni Ruiz Jubilada
Celina Valadez Educadora popular
Ciska Raventós Vorst Socióloga
Clarita Quiel Torres Ama de casa y agricultora
Cristopher Montero Corrales Docente universitario
Damaris Orozco Analista de RH
David Morera Herrera Docente
Deby Calderón Vega Chofer
Deymer Moreno Bejarano Docente
Diego Chaverri Sociólogo
Dinorah Romero Morales Ama de casa
Dunia Valverde Segura Docente
Edison Valverde Araya Jubilado
Edwin Alfaro Quesada Jubilado
Edwin Ticak Actor
Eladio Retana Fallas Jubilado
Eli Ortiz Torres
Elías E Aguirre Ramírez Policía
Elides Rivera Navas Presidenta Organización de Mujeres Mano de Tigre
Enjolras Mata Rojas Supervisor de operaciones
Erik Nelson Abogado
Esteban Arias Chavarría Docente
Esteban Fernández Filósofo
Eutiquio Degaiza Estudiante
Félix López Zambrana Agricultor
Flor Lorca Melero Periodista
Florangel Vecchini Zerpa TSU Administración
Franklin Quesada Campos Dirigente sindical
Gerardo Cerdas Vega Sociólogo y profesor
Gerardo Valverde Agricultor
Gilberto Franco Cabrera Prejubilado de JAPDEVA
Giovanni Beluche V Académico universitario
Gloria Laura Gergen Soto Perforador
Gloriana Araya Fernández Desempleada
Gonzalo Barrantes Cartín Docente
Grace Cecilia Serrano Correa Agricultura
Guiomar del R Martín Tedman Jubilada
Hannia Franceschi Barraza Docente universitaria
Heidy Valencia Espinoza Docente
Isabel Briceño Quesada Matrona
Isabel Ducca Durán Jubilada
Isabel Méndez Garita Ama de casa
Isabel Rivera Navas Diseñadora
Jaime Roberto Robert Jiménez Psicólogo social
James Brown
Javier Alvarado Vargas Docente
Javier Cabero Consultor internacional
Jeff Hernández Castro Docente
Jennifer Morgan Desempleada
Jiri Spendlingwimmer Antropólogo
Jorge Barrientos Valverde Docente universitario
Jorge Alens Conte Guerra Académico
Jorge Raúl García Fernández Sociólogo
Jorge Luis Vargas Rivas Manufactura estudiante
José Daniel Díaz Moya Trabajador de call center
José Eduardo Álvarez Araya ACODEHU
Juan Ticak Actor
Karol Pineda Docente
Karla Chinchilla Aguilar Profesora universitaria
Kimberly Umaña Zamora Trabajadora social
Laura Arias Cabrera Docente
Laura Gómez Vázquez Oficinista
Leila Marcela Sánchez Sindicalista
Loreana Araya Fernández
Lorena Molina Jubilada
Lucía Brenes Chaves Docente
Luis Bonilla Bonilla Docente
Luis Angel Céspedes Rodríguez Jubilado
Luis Alberto Salas Sarkis Jubilado
Luz Rosas Ama de Casa
Magda Sánchez Empleada
Marcela Naranjo Segura ACODEHU
Marcela Zamora Cruz Administradora del CAP
Marco Amador Valverde
Marco Vinicio Fournier Psicólogo
María Álvarez Fernández
María Antonieta Chandía Jubilada
María Damaris Badilla Vargas Ama de casa y ambientalista
María de los A. Lobo Umaña Agricultora
María de los A. Téllez Comerciante
María del R Chamorro Tasies Docente
María S Hernández Carmona Historiadora
María López Ama de casa
María Natalia Chaves Vargas
María José Lechado Comité de lucha de vivienda Monte Alto
María Trejos Montero Docente jubilada y activista DDHH
Mariana Lacayo Campos Editora
Mariela Muñoz Galaz Trabajadora social
Marielos Muñoz Solórzano Oficinista
Marylin Morris Zúñiga Estudiante, ama de casa, cocinera
Marta Sanchez
Marvin Hernández Docente
Marvin Soto Arias Estudiante
Mauricio Zeledón Leal Jubilado
Miguel Barrios Gutiérrez Pensionado de la CCSS
Minerva Solano Campos Estudiante y docente
Nancy Piedra Guillén Docente
Nelisse Wielewcki Narloct Docente
Norma Noemy Cisneros Páez Productora
Nubia G Rodríguez Forero Economista
Olga Viviana Gysling Caselli Jubilada
Oliverio A del Águila Mejía Historiador
Olman Bolaños Ortiz Docente universitario
Olman Bolaños Vargas Ilustrador
Orlando Barrantes Cartín Luchador social
Óscar Delgado Cabana Docente
Óscar Navarro Rojas
Pablo Vommaro Docente e investigador
Paola Zeledón Muñoz Trabajadora de call center
Peggy Chamorro Psicóloga y comunicadora
Rafael E López Alfaro Profesor
Rafael Morera Ramos Estudiante universitario
Roberto Ayala S Docente
Roberto Cascante Vindas Docente e investigador
Rodolfo Ulloa Bonilla Sociólogo
Roger Chaves Grijalba Sociólogo
Ronald Solís Alemán Agricultor
Rosa María Muñoz Varela Docente pensionada
Rosángela Cortés Barquero Ama de casa y agricultora
Roxana Cedeño Sequeira Trabajadora social
Ruth Zurbrigen Docente
Sebastián Saborío Docente
Sharo Rosales Defensora de DDHH
Sileny Vázquez Orozco Promotora de la Salud
Silvia Regina de Lima Silva Directora del DEI
Sitaira Cubillo Oficinista
Socorro Trejos
Stefanie Hidalgo Acuña Trabajadora social
Susan Quirós Díaz
Tomas Echeverría Vela Jubilado
Vania Quesada Silva Emprendedora
Vianney Mora Vega Socióloga asesora legislativa
Víctor M Gutiérrez Soto Profesional
Victoria E Borbón Pineda Licenciada en Orientación
Yamileth Fontana Coto Socióloga pensionada
Yamileth Monterrey López Psicóloga
Yaser Ramos Vargas Estudiante de sociología
Yoselyn Leandro Coto Asesorías Agroecológicas
Zoila Martínez Moncada Psicóloga
Zuleika Zambrano Médica
Organizaciones, colectivos y colectivas
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación Indígena Dockua
Asociación UNAPROA
Biovida
Biriteca
Caz
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Círculo de Debates Marxista
Clan Túbölwak Bribri, Yábamí Dí Káta. Consejo Iriria Sätkök, Yábamí Dí Káta, conocido como Cabagra
Colectiva Feminista La Revuelta
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectiva Profesional para la Ciudadanía
Colectivo COPAL
Comité de Lucha por Vivienda de Monte Alto
Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iriria Tsòchok, Costa Rica
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Coordinadora de Lucha Sur Sur
Dinamismo Juvenil A.C
Ecocipreses
Investigaciones Psicosomáticas
FENASEP
Flores Piercing
FUAR
Fundación Nómada Costa Rica
Grupo Socialismo y Libertad
GSL
La Izquierda Diario CR
Movimiento Humanista
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Mujeres en Apoyo
Mujeres Indígenas Mano de Tigre
Mundo sin Guerras y sin Violencias
Organización Socialista Revolucionaria (OSR)
Pan y Rosas
Partido Humanista
Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)
Partido Revolucionario de Trabajadoras y Trabajadores (PRT)
Preservación de Ecosistemas Zona Norte
Red de Ecología Autónoma
Sindicato de Salud y Seguridad Social
Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED)
UNT-BUSSCO
Unión de Amigos para la Protección del Agua (UNAPROA)
La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica invita al foro virtual “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, que se llevará a cabo el jueves 19 de junio de 2025 a las 10:00 a.m. (16:00 UTC o GMT).
El evento contará con la participación de personas expertas que han desarrollado una amplia trayectoria en la materia:
Ana Sojo Martínez, consultora independiente en protección social e investigadora de la CEPAL entre 1989 y 2016.
María Luisa Ávila Agüero, pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños e integrante de la Academia Nacional de Ciencias.
Luis Rosero Bixby, demógrafo y salubrista, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e integrante de la Academia Nacional de Ciencias.
Carlos Zamora Zamora, médico y estudioso de la seguridad social y del sistema de salud costarricense.
El foro será transmitido en vivo por las plataformas de Facebook y YouTube de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica.
En medio del despliegue represivo del actual gobierno panameño contra comunidades indígenas como Arimae en Darién, emergió una pregunta mediática tan reiterada como malintencionada: “¿Y por qué protestan los indígenas si ni siquiera cotizan al seguro social?”. Esta pregunta que se repitió en redes sociales, en medios masivos e incluso en círculos de opinión política, no solo desconoce el fondo del conflicto, sino que reproduce viejos prejuicios clasistas, racistas y coloniales. Es una pregunta que, en vez de interpelar al sistema de desigualdad que nos atraviesa como país, lo normaliza.
La verdadera pregunta, ¿por qué no cotizan todos los panameños?
En lugar de acusar a los pueblos indígenas de no cotizar, la pregunta fundamental que deberíamos hacernos como sociedad es: ¿por qué tantos panameños —indígenas y no indígenas— no tienen acceso a un trabajo digno que les permita cotizar?
La respuesta es clara: por la profunda desigualdad estructural que históricamente ha caracterizado a Panamá. No lo dicen únicamente las organizaciones sociales o los pueblos indígenas, lo confirman también estudios académicos, diagnósticos institucionales, informes de organismos internacionales e, incluso, los mismos tecnócratas que hoy impulsan la Ley 462. Panamá es uno de los países más desiguales del continente. Mientras una élite empresarial y financiera concentra la riqueza y evade sistemáticamente sus responsabilidades fiscales en más de 8 mil millones al año, la mayoría de la población —incluyendo comunidades indígenas— vive en condiciones de exclusión, pagando impuestos indirectos, pero recibiendo servicios públicos precarios. Esta desigualdad no es casual: es el resultado de un modelo económico excluyente que ha funcionado, durante décadas, a costa de los mismos sectores que hoy son reprimidos por levantar su voz.
La exclusión no es sinónimo de indiferencia
Quienes hoy dicen que los indígenas “no cotizan” lo hacen como si eso los descalificara para defender el sistema de seguridad social. Como si no tuvieran derecho a luchar por una sociedad más justa solo porque no pagan o figuran en una planilla.
Pero la excusión nunca ha significado resignación. Al contrario: la lucha indígena ha sido, históricamente, una lucha por ampliar los horizontes de la ciudadanía, por lograr que sus hijos y nietos accedan a derechos que a sus abuelos les fueron negados.
Aunque muchos indígenas en sus territorios no estén hoy afiliados al seguro social, las aspiraciones en sus comunidades son claras y legítimas: que sus hijos se eduquen, se profesionalicen, que regresen a sus territorios con otros conocimientos, que fortalezcan sus culturas, que defiendan sus tierras y su autodeterminación. ¿No es razonable que también quieran que sus hijos e hijas tengan derecho a una pensión digna? ¿No es justo que peleen por un futuro más equitativo para ellos y para el país entero?
Los pueblos indígenas sí cotizan, y cada vez más
El otro gran error de quienes acusan a los pueblos indígenas de “no cotizar” es asumir que todos permanecen exclusivamente en sus territorios de origen, desvinculados del mundo laboral formal.
Los censos nacionales desmienten esa idea. Los pueblos originarios en Panamá no solo están en las comarcas y tierras colectivas; también habitan espacios urbanos, barriadas populares, zonas agroindustriales de frontera laboral. Muchos son parte activa de la fuerza de trabajo que también sostiene el sistema económico panameño.
En la región metropolitana de Panamá, en David, en Santiago, en cabeceras de distintas provincias, miles de personas indígenas trabajan como obreros, como empleados de servicios, ayudantes de construcción, vendedores, recolectores, peones agrícolas. Muchos de ellos sí están afiliados a la seguridad social, aunque frecuentemente en condiciones precarias y sin derechos laborales plenos.
Un caso evidente es el de las fincas bananeras de Bocas del Toro o de Chiriquí, donde la mayoría de la mano de obra es población ngäbe. A ellos se les descuenta la cuota del seguro social, aunque su trabajo sea muchas veces temporal, exigente y mal remunerado. Por tanto, si hay indígenas cotizando. Y los que no lo hacen aún, también tienen derecho a reclamar un futuro donde esa exclusión no sea la norma.
No es solo la Ley 462: es un modelo de imposición
Las protestas en Arimae y en otras comunidades indígenas no se limitan a la Ley 462. Es una expresión de rechazo frente a un patrón autoritario de gobernar, que impone políticas regresivas sin diálogo ni consulta.
El memorándum de entendimiento con Estados Unidos que permite operaciones militares, el intento de reabrir la mina de Donoso, el proyecto de embalse sobre el río Indio…, todos ellos comparten una lógica común: la imposición desde arriba, sin escuchar a quienes serán directamente afectados. Es una política de despojo, de marginación, de negación de la soberanía nacional y de la autodeterminación de los pueblos.
Defender la tierra, el agua, la soberanía, la seguridad social, no son luchas separadas. Son aristas de un mismo conflicto estructural: el del privilegio que se impone a costa del bienestar de las mayorías.
SENAFRONT ha violentado los territorios indígenas
La represión contra la comunidad de Arimae no fue un simple operativo. Fue una violación directa de los principios de autonomía, seguridad territorial y respeto a la autoridad indígena.
SENAFRONT —una fuerza militarizada con historial represivo (recordemos Colón)— penetró tierras colectivas reconocidas legalmente, intimidó a la población, realizó allanamientos, lanzó gases lacrimógenos que quemaron techos de paja, y actuó como si se trata de una ocupación.
No es la primera vez. Lo que ocurrió en Ibedi en la Comarca Madugandi fue una advertencia. La militarización de los territorios indígenas no solo rompe con el marco legal vigente, sino que expresa un desprecio por el autogobierno indígena y su relación ancestral con la tierra. Esto no se trataba de “reestablecer el orden”, sino de imponer el miedo. Como he dicho antes, estamos frente a una “pedagogía del miedo” que busca quebrar la resistencia, pero que solo reafirma la dignidad de quienes luchan.
Una figura que advierte desde la memoria indígena
La cosmovisión guna, como también ocurre en muchas otras cosmovisiones indígenas de Abya Yala, cuenta con narrativas que nos alertan sobre los peligros del poder sin límites. El sociólogo guna Juan Pérez Archibold recuerda el personaje mítico de Biler, un líder megalómano que encarna todo lo que los pueblos originarios rechazan: la imposición, la soberbia, el desprecio por la comunidad, la persecución al disenso, el culto a la personalidad. Biler es una figura que desentona con los principios de liderazgo tradicional guna, que exige equilibrio, sabiduría y servicio. Es, en palabras de Pérez Archibold, una advertencia viva sobre los efectos devastadores del poder ejercido sin límites, sin contrapesos y sin ética.
Biler no es solo una figura de otro tiempo, es también un espejo en el que se reflejan los liderazgos actuales que se creen indispensables, que desprecian a sus críticos y que, desde el poder, convierten a las comunidades en amenazas. Integrar este tipo de referentes desde las epistemologías indígenas permite entender la resistencia actual como una defensa de valores culturales, éticos y políticos profundamente arraigados en la historia de estos pueblos.
La protesta indígena es una lucha por el país entero
Lo que sigue ocurriendo hoy en Arimae, y en tantas otras luchas sociales e indígenas, no es una amenaza a la nación, sino un llamado urgente a repensarla. Los pueblos indígenas no están protestando solo por una pensión. Están protestando por el derecho a existir con dignidad, por el derecho a decidir sobre sus vidas y territorios, por el derecho de sus hijos e hijas a tener un futuro sin exclusión.
Y frente a la represión, frente al desprecio y la mentira, su lucha sigue viva. Porque, aunque el gas lacrimógeno ciegue, la memoria resiste. Aunque los medios comerciales de comunicación silencien, la palabra se transmite de casa en casa, de abuelo a nieta, de tambor a comunidad. Aunque el gobierno reprima, los pueblos no se rinden.
Pronunciamiento del Sindicato Unitario de la UNED. Las personas trabajadoras de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica reunidas en Asamblea General del Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED) el 27 de mayo de 2025, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo panameño y en especial con las personas trabajadoras de la Universidad de Panamá en su lucha contra las reformas a la seguridad social y por la soberanía nacional.
Exigimos el cese de la represión y la persecución a las personas dirigentes sindicales, libertad inmediata a los presos políticos, al dirigente Genaro López, y el respeto a los Derechos Humanos.
