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Etiqueta: seguridad social

Propuestas de reforma al IVM esconden medidas regresivas y no enfrentan el problema central de financiamiento, advierte análisis sindical

Un documento elaborado por Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de ANEP-CCSS y secretario de Prensa y Propaganda de FECTSALUD, advierte que varias de las propuestas actualmente discutidas para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social contienen elementos regresivos, aumentan la inequidad y no abordan el problema estructural de financiamiento y cobertura del sistema.

El texto analiza las 20 propuestas incluidas en el documento oficial “Informe técnico: alternativas para la sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte”, presentado ante la Junta Directiva de la CCSS el 4 de mayo de 2026. Según Durán Castro, aunque algunas iniciativas podrían tener validez para el debate democrático, muchas implican riesgos sociales y políticos relevantes.

Uno de los principales cuestionamientos del autor es que las propuestas no atacan el problema de la cobertura contributiva ni priorizan el cobro de la deuda estatal con el IVM, estimada en al menos 800 mil millones de colones. Señala que dicha deuda debería ocupar el primer lugar dentro de cualquier estrategia de sostenibilidad del régimen.

El documento también advierte sobre posibles escenarios políticos que podrían facilitar la aprobación de medidas regresivas, especialmente en un contexto de concentración de poder en la Junta Directiva de la CCSS y de eventuales reformas legislativas impulsadas a partir de 2027.

Entre las preocupaciones centrales expuestas se encuentra la eventual reducción de la tasa de reemplazo del IVM al 40%, complementada con un porcentaje incierto proveniente del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). El autor sostiene que esta propuesta afectaría especialmente a personas cercanas a la jubilación y que la información pública sobre una tasa total de reemplazo del 60% no refleja adecuadamente las diferencias reales entre grupos etarios y trayectorias contributivas.

El análisis cuestiona además propuestas como:

  • trasladar parte del financiamiento del Banco Popular al IVM;

  • cobrar a personas pensionadas un 5% para financiar el seguro de salud;

  • aumentar de 300 a 360 las cuotas requeridas para pensionarse;

  • modificar los mecanismos de ajuste automático de las pensiones;

  • y ampliar las potestades de la Junta Directiva de la CCSS para adoptar cambios sin procesos amplios de consulta.

Según el documento, varias de estas medidas podrían aumentar la exclusión previsional, congelar pensiones mínimas o reducir los montos reales de jubilación para amplios sectores de la población trabajadora y pensionada.

Durán Castro organiza su análisis en cuatro grandes ejes: cobertura, suficiencia, sostenibilidad y aspectos administrativos. Además, plantea que cada propuesta debe evaluarse considerando su grado de regresividad social, su viabilidad política, sus efectos actuariales y el contexto nacional e internacional en que se discutirán las reformas.

El autor concluye que el debate sobre el IVM requiere información técnica robusta, escenarios financieros claros y una discusión nacional amplia que priorice los derechos humanos, la progresividad social y el fortalecimiento de la seguridad social pública.

Le invitamos a descargar desde SURCOS y leer el documento completo:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/APUNTES-ACTUALES-SOBRE-LAS-PROPUESTAS-DE-REFORMA-AL-REGIMEN-DE-INVALIDEZ-12-05-2026-VFR-1.pdf

Defensoría plantea a la CCSS ruta alternativa para fortalecer el IVM

  • Defensoría advierte que la tasa de reemplazo no debe ser inferior al 60%, rechaza medidas que reduzcan el monto neto de las pensiones y propone una reforma estructural con enfoque de derechos humanos, sostenibilidad social y responsabilidad institucional.

La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a la propuesta que la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de cargas sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas.

La posición institucional parte de una premisa clara: la sostenibilidad financiera del IVM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen; sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos.

La Gerencia de Pensiones de la CCSS remitió a la Junta Directiva el informe técnico “Alternativas de fortalecimiento para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte en el contexto del Sistema Nacional de Pensiones”, en el cual se identifican 20 propuestas organizadas en tres categorías: diez cuantificables, cinco estructurales y cinco administrativas. Entre ellas se incluyen el ajuste de la tasa de reemplazo básica, la contribución de las personas pensionadas al Seguro de Salud, el aumento de 300 a 360 cuotas como requisito para pensión ordinaria, medidas de financiamiento alternativo, fortalecimiento de la gobernanza, diversificación de inversiones y creación de una Mesa Técnica Nacional de Pensiones.

Frente a esas propuestas, la Defensoría sostiene que cualquier reforma debe preservar una tasa de reemplazo suficiente. En particular, la Institución considera que la tasa de reemplazo integral no debe ser menor al 75% (IVM + ROPC), y que este umbral debe analizarse no solo en términos brutos, sino también en función del ingreso neto efectivamente recibido por la persona pensionada. Por ello, advierte que una eventual contribución al Seguro de Salud tendría un impacto directo sobre el monto final de la pensión, pues reduciría la tasa de reemplazo neta en aproximadamente cinco puntos porcentuales, afectando de manera especial a quienes dependen casi exclusivamente del IVM para cubrir sus necesidades básicas.

La Defensoría también expresa preocupación ante propuestas que impliquen elevar el número de cuotas requeridas sin un diseño proporcional y diferenciado. En un mercado laboral caracterizado por informalidad, trayectorias contributivas fragmentadas, brechas de género y dificultades de inserción laboral formal, aumentar requisitos sin medidas compensatorias podría excluir a personas que han cotizado durante años, pero que no logran completar las condiciones exigidas para acceder a una pensión ordinaria.

En consecuencia, la Defensoría plantea que debe valorarse una pensión proporcional a lo cotizado, de forma que las personas aseguradas que no alcancen la totalidad de cuotas requeridas no queden completamente desprotegidas. Esta alternativa permitiría reconocer el esfuerzo contributivo acumulado, fortalecer la legitimidad del sistema y evitar que la reforma genere nuevas formas de exclusión en la vejez.

La sostenibilidad del IVM no debe construirse debilitando la suficiencia de las pensiones. Una reforma legítima protege el derecho a la seguridad social, amplía la base contributiva, mejora el cobro, fortalece la gobernanza y garantiza que las cargas se distribuyan con justicia. La Defensoría no acompaña medidas que reduzcan la protección efectiva de las personas pensionadas ni de quienes están próximas a pensionarse”, señaló.

La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del Equipo Técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la CCSS; por tal motivo remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IVM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social.

Entre los aspectos que aborda el documento técnico, que remitirá la Defensoría, se plantea que el problema del IVM no puede analizarse aisladamente de la informalidad laboral, las brechas de género, la baja densidad contributiva, las deudas con la seguridad social, las debilidades de cobro y la necesidad de mejorar la gestión institucional. Por ello, propone una ruta integral basada en ampliación de cobertura, formalización laboral, recuperación de obligaciones, transparencia, financiamiento solidario y mejor administración de las reservas.

La Defensoría considera que la discusión nacional sobre el IVM debe partir de información actuarial actualizada, análisis de sensibilidad, valoración de impactos por género, edad, ingreso, ocupación y condición laboral, así como de una deliberación pública transparente. La Defensoría advierte que adoptar medidas regresivas sin agotar alternativas menos gravosas podría debilitar la confianza ciudadana, incentivar la informalidad y afectar la legitimidad del sistema.

La Defensoría reiteró que el IVM constituye el principal régimen contributivo de pensiones del país y que su fortalecimiento es indispensable para proteger la vejez, la invalidez y la sobrevivencia. Sin embargo, insistió en que la sostenibilidad financiera debe armonizarse con la suficiencia de las prestaciones, el principio de solidaridad y la obligación del Estado de garantizar progresivamente el derecho a la seguridad social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Movimiento “La Caja es Nuestra” lanza campaña permanente de denuncia y alerta sobre propuestas en la CCSS

El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.

La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.

Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.

Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.

Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

Llaman a sindicatos a ampliar el debate y replantear la elección del representante laboral en la CCSS

Un pronunciamiento del ciudadano y trabajador de la CCSS Juan Carlos Durán Castro plantea la necesidad de que las dirigencias sindicales del país revisen de manera crítica y estratégica el proceso de elección del representante laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El llamado subraya la importancia de ampliar el diálogo más allá de las estructuras sindicales tradicionales e incorporar a diversos sectores sociales en una discusión que considera clave para el futuro institucional.

El planteamiento propone generar un proceso de diálogo entre las distintas corrientes sindicales —tanto del ámbito formal como informal— y abrir ese intercambio hacia organizaciones sociales del agro, movimientos estudiantiles, sectores eclesiales, ambientalistas, organizaciones de mujeres y la academia. Según se expone, este enfoque permitiría construir consensos más amplios y estratégicos que trasciendan la lógica estrictamente formal del proceso de elección.

Asimismo, se plantea la necesidad de redefinir la comunicación política del movimiento sindical, adaptándola a un contexto nacional que demanda nuevas formas de articulación, confianza y visión de largo plazo. En ese sentido, se considera que una decisión bien orientada podría incidir en la dinámica de la Junta Directiva y en la relación con otros actores como el Poder Ejecutivo, el cooperativismo y el solidarismo.

El análisis advierte además sobre posibles escenarios de tensión en la gobernanza institucional de la CCSS en los próximos años, incluyendo disputas de poder, eventuales procesos de reorganización interna y la influencia de intereses financieros en la toma de decisiones. En ese marco, se sugiere prestar especial atención a los perfiles que podrían ocupar cargos estratégicos, tanto en la Junta Directiva como en niveles gerenciales.

Finalmente, el llamado insiste en que las dirigencias sindicales deben “leer el momento” y asumir decisiones que respondan a la complejidad del contexto actual, con una visión que fortalezca la defensa de la seguridad social y la representación efectiva del sector laboral.

Arzobispo de San José llama a fortalecer la justicia social, el trabajo digno y la defensa de la seguridad social

En su mensaje con motivo del Día Internacional del Trabajo, Mons. José Rafael Quirós Quirós hizo un llamado a construir una sociedad más justa y solidaria, inspirada en los valores del Evangelio y el ejemplo de San José Obrero. Señaló los desafíos actuales que enfrenta el país, como el desempleo, la pobreza, la violencia, la crisis de valores y las amenazas al sistema de seguridad social, especialmente a la Caja Costarricense del Seguro Social. El arzobispo destacó la urgencia de fortalecer el diálogo, promover el trabajo digno, atender a los sectores más vulnerables —incluyendo jóvenes, mujeres, agricultores y poblaciones costeras— y garantizar políticas públicas orientadas al bien común, la equidad y la dignidad humana.

SURCOS comparte el mensaje:

San José Obrero
1º de mayo de 2026

Mons. José Rafael Quirós Quirós

Queridos hermanos:

Hemos sido convocados hoy para celebrar la memoria litúrgica de San José Obrero, fecha en que también se celebra el Día Internacional del Trabajo, damos gracias a Dios que hace partícipe al ser humano en la obra transformadora de la creación, donde su voluntad es que todo conduzca a la plenitud. Lo que implica humanización y justicia social. Nos encontramos como una sola familia en el Santuario Nacional San José, y les recibimos a todos ustedes que representan la riqueza de expresiones del trabajo humano.

La Pascua es un tiempo litúrgico que fortalece nuestra fe en Cristo Resucitado, que convierte la tristeza en alegría y el temor en valentía, que hace brillar la luz del amor desplazando la oscuridad del odio, y rompe las cadenas de la muerte para proclamar la vida plena. El Señor Resucitado es la fuerza transformadora que permite que el bien venza al mal y que, entre todos, aun con diferentes formas de pensar, construyamos la fraternidad en aras del bien común y la solidaridad.

Nuestros tiempos demandan creyentes, como San José, que más allá del uso de palabras hablen por sus acciones. El silencio de San José trascendió las palabras, por lo que hizo y vivió. Así, para todo padre de familia y trabajador, el humilde carpintero sigue siendo ejemplo de virtudes, hombre justo, fiel y prudente servidor de la voluntad de Dios.

San José realizó su proyecto de vida, personal y familiar, apegado siempre a la voluntad de Dios, tarea nada fácil para aquel que amó a Jesús con corazón de padre.

Escuchamos cómo el Apóstol San Pablo exhorta a los Colosenses a tener “por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada”. De manera que, “la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo” (cfr. Col 3,14-15.17).

Como sociedad, vivimos un tiempo marcado por numerosos desafíos, muchos de los cuales son profundamente alarmantes y pueden resultar abrumadores. Estos problemas no solo nos afectan a nosotros individualmente, sino también a nuestras familias y comunidades. Nos enfrentamos a una crisis cultural que afecta nuestra escala de valores, buenas costumbres y tradiciones, que abarca desde la falta de respeto por la verdad, la justicia y la vida, hasta la proliferación de la violencia y el destructivo narcotráfico y su perverso negocio, que ha llevado a altos niveles de criminalidad.

No podemos quedarnos indiferentes ante el empobrecimiento de muchos hermanos, la falta de oportunidad laboral para una cantidad importante de costarricenses especialmente jóvenes y mujeres, y otras situaciones que nos entristecen, pero del Señor recibimos consuelo, así como lo hizo con José.

En medio de la incertidumbre que enfrentamos, es comprensible sentir desánimo y preocupación, cuánto más al ver la expansión de la «cultura de la muerte»; a saber, esa mentalidad que promueve y perpetúa la destrucción de la vida humana en todas sus formas, desde la promoción del aborto y la eutanasia, así como la indiferencia hacia la dignidad y el valor de cada persona.

La fe en el Resucitado nos fortalece y nos sostiene en los momentos difíciles. Aunque el pecado y el mal estén presentes, como país, la esperanza y el amor son nuestra fuerza poderosa, pues la fe no se limita a conceptos intelectuales, sino que es la fuerza que guía y dinamiza toda transformación.

Es desde nuestra fe que, en nuestra reciente Carta Pastoral Colectiva, “¡La paz este con ustedes!, los Obispos de la Conferencia Episcopal, abrimos una ventana para mirar parte de la realidad social, política, económica, ambiental y de aspectos culturales en nuestro país.

Señalamos, cómo: “pese a que se ha logrado una disminución en las cifras de personas sin trabajo, aún se mantienen 154 mil costarricenses sin un empleo formal. De igual manera, es preocupante que según los últimos datos oficiales 42.829 mil personas se mantienen en trabajo informal sin cobertura de seguridad y garantías sociales plenas” (cfr. # 42).

Un aspecto a tomar en consideración es que, a mayor índice de empleo formal, habrá mejor estabilidad financiera para el régimen de salud, y del seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja.  No podemos perder de vista que la Seguridad Social protege solidariamente a sus habitantes garantizando el acceso a la asistencia médica como derecho humano a la salud.

La Caja, patrimonio histórico social de todos los costarricenses, ha definido los principales rasgos de nuestra identidad; tales como la atención a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, en general a los más vulnerables.

Históricamente la Iglesia en nuestro país ha sido una firme promotora y defensora de la dignidad humana y del bienestar de los más desfavorecidos. Durante los años en que se gestaron los cimientos de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Iglesia Católica levantó su voz a favor de un sistema de salud pública, que reflejara el espíritu de fraternidad contenido en el Evangelio y sus valores: amor al prójimo, justicia social, bien común y cuidado de los más vulnerables. Hoy escuchamos resonar la voz de Mons. Víctor Sanabria en esta Institución.

En orden al fortalecimiento de nuestra democracia, señalo cómo la Caja contribuye positivamente a equilibrar las desigualdades sociales, promoviendo una mayor cohesión y paz social. Un país donde todos tienen acceso a servicios de salud y protección básica es un país que se construye sobre la justicia y la equidad.

No puedo dejar de señalar también que la Caja enfrenta en la actualidad momentos difíciles y grandes desafíos, tal como lo afirmamos los obispos: “Es alarmante e inmoral que algunos quieran socavar la estabilidad a largo plazo de nuestro sistema de Seguridad Social o se sirvan de él para cometer casos de corrupción de toda índole” (Carta Pastoral, n. 60).

Es una exigencia de justicia dar respuesta a la lista de pacientes que requieren atención médica inmediata, no podemos permitir el dolor y angustia no solamente del paciente sino de sus familiares, de ahí que también, el desembolso de la deuda estatal con la Caja se hace urgente. Aquí tenemos como país una gran oportunidad para dar testimonio de amor al prójimo en torno al bien común y reconociendo la dignidad del enfermo, viendo en él, el rostro vivo de Cristo que sufre.

Respecto a los agricultores y a la situación que han venido enfrentando desde hace algunos años, reafirmo lo manifestado en nuestra Carta Pastoral ya mencionada: “La estabilidad del sector agrícola nacional garantiza la  disponibilidad de alimentos, primer componente de la seguridad alimentaria que no puede quedar limitada al mercado internacional, porque su oferta y precios pueden volverse inestables o inaccesibles por causas climáticas, políticas, sanitarias, logísticas o especulativas, entre otras. Aunque es casi imposible alcanzar una seguridad alimentaria totalmente basada en la producción interna, un país como Costa Rica sí puede y debe reducir al máximo su dependencia de los alimentos básicos exteriores. Es posible, además, que el país, mediante medidas legislativas, blinde sus políticas agroalimentarias frente a presiones e intromisiones externas. Esto es lo que se denomina «soberanía alimentaria» (cfr. # 44).

Por tanto, no cabe duda de que “es necesario fortalecer el diálogo en los temas que los agricultores han querido proponer al Gobierno de la República y al Poder Legislativo como: «la determinación de una política cambiaria que respalde la producción nacional y su competitividad», «la suspensión inmediata de la importación masiva y sin controles de productos agrícolas». (Igualmente), «la suspensión inmediata de la aplicación del Decreto de Trazabilidad (areteo) para los pequeños ganaderos, debido a las barreras tecnológicas existentes actualmente», «la no inclusión de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico, ya que no ofrece oportunidad de comercio y/o de acceso para diversificar nuestras exportaciones», (de igual forma) «la aprobación de FONARROZ (Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero)», que busca «respaldar financieramente a los productores, especialmente a los micro, pequeños y medianos, y promover prácticas agrícolas sostenibles para asegurar la disponibilidad del grano a largo plazo» (cfr. # 47).

Cabe señalar la situación crítica de los frijoleros que no encuentran mercado nacional para su producto; los cafetaleros que encuentran elevados costos de producción y ante el escenario bélico mundial, visualizan un panorama sombrío por el aumento a futuro de los combustibles y fertilizantes.

De igual forma las poblaciones costeras que sufren índices de pobreza y desempleo, así como la ausencia de una política estatal con respecto a la participación de la pesca en el esquema de alimentación del país y por lo tanto en su soberanía alimentaria (cfr. # 49).

Muchos otros temas apremiantes que se abordan nuestra Carta Colectiva merecen un análisis profundo, tomas de decisiones y construcción de políticas públicas, entre ellos la migración. Consideramos que, “cualquier esfuerzo por ayudar a nuestros hermanos migrantes debe ser por razón de su dignidad como personas y no como una manera de congraciarse con ningún Estado u organismo internacional” (Cfr. # 53).

Que el Señor bendiga abundantemente a todos los trabajadores de nuestro querido país, y siga sembrando en todos la esperanza y fortaleza para responder a sus responsabilidades y necesidades, y que las jóvenes generaciones aspiren a un trabajo honesto, desechando toda tentación de corrupción.

Pido al Señor por quienes asumirán responsabilidades en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que también, apegados a los principios de transparencia, honestidad, objetividad y responsabilidad ante el pueblo, contribuyan a seguir fortaleciendo el Estado de derecho. Que con total disponibilidad actúen con la mirada fija en el pueblo y respondan a sus necesidades.

Invoco la intercesión de san José Obrero, para que la paz social, el diálogo y la búsqueda del bien común sean el camino de entendimiento y solidaridad de todos los costarricenses que amamos nuestra querida Patria. Y que la presencia del Señor Resucitado cambie la tristeza en alegría, el desánimo en esperanza, y nos fortalezca para ser incansables constructores de la paz sobre la base de la justicia.

San José Obrero, ruega por nosotros.

ASÍ SEA.

Fotos de Marco Tulio Vega.

“La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, el Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra” convoca a una manifestación este viernes 1° de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., con salida desde la Iglesia La Merced, en Avenida Segunda, en defensa del derecho a la salud y del carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria llama a trabajadores, familias y personas pensionadas a unirse en defensa de una institución que consideran debe mantenerse autónoma, universal y solidaria, con servicios de calidad tanto técnica como humana.

Defensa del derecho a la salud

El mensaje central de la actividad plantea la necesidad de resguardar el sistema de seguridad social como un derecho fundamental, en un contexto en el que distintos sectores han manifestado preocupación por el rumbo de la CCSS.

El movimiento enfatiza que la movilización busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud pública, así como promover la participación ciudadana en su defensa.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La invitación es abierta y promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo la posibilidad de llevar consignas propias. Asimismo, se sugiere a las personas participantes identificarse en la marcha buscando las sombrillas azules del movimiento como punto de encuentro.

Bajo el lema “La Caja es nuestra”, la actividad se suma a las tradicionales movilizaciones del 1° de mayo, integrando la defensa de la seguridad social dentro de las reivindicaciones históricas del movimiento laboral.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: Viernes 1° de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Iglesia La Merced, Avenida Segunda

Convoca: Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra”

FRENASS convoca a marchar este 1° de mayo: “La Caja no se vende, la Caja se defiende”

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) llamó a la ciudadanía a movilizarse este 1° de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras, en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las conquistas históricas del sistema público de seguridad social. La convocatoria está programada para las 9:00 a.m. en el Parque de La Merced, en San José.

Con la consigna “La Caja no se vende, la Caja se defiende”, la organización sostiene que cada primero de mayo existen razones vigentes para salir a las calles a proteger derechos laborales, servicios públicos y garantías sociales construidas por décadas de lucha popular.

FRENASS ha mantenido una participación constante en debates nacionales vinculados al financiamiento, fortalecimiento institucional y autonomía de la CCSS. En pronunciamientos anteriores, el movimiento ha advertido sobre riesgos de privatización, debilitamiento presupuestario, tercerización de servicios y decisiones que podrían afectar la cobertura universal de salud y pensiones.

Defensa de la seguridad social

Para la organización, la Caja representa uno de los pilares más importantes del modelo solidario costarricense, al garantizar atención médica, pensiones y protección social para amplios sectores de la población.

El llamado de este año enlaza la conmemoración del Día Internacional de las Personas Trabajadoras con la defensa del sistema de seguridad social pública, en un contexto marcado por discusiones sobre sostenibilidad financiera, listas de espera, condiciones laborales del personal y rumbo institucional.

Jornada del 1° de Mayo

La movilización propuesta por FRENASS invita a personas trabajadoras, pensionadas, sindicatos, organizaciones sociales y ciudadanía en general a participar en una jornada de reivindicación social y defensa de lo público.

El mensaje difundido por la organización resume su convocatoria con una consigna central: proteger la Caja como patrimonio social del país y mantener viva la lucha por la seguridad social universal.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: 1° de mayo de 2026

  • Hora: 9:00 a.m.

  • Lugar: Parque de La Merced

  • Convoca: Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS)

Carta advierte que proyecto sobre pensión mínima “intocable” debilitaría la protección total de las jubilaciones

Una carta dirigida a la Defensoría de los Habitantes plantea una crítica de fondo al proyecto de ley expediente N.° 24.940, denominado “Ley para Adoptar una Pensión Mínima Intocable”, al considerar que, lejos de fortalecer los derechos de las personas pensionadas, abre un portillo para que sus ingresos puedan ser afectados por acreedores.

El documento, firmado por Francisco Guevara Matarrita, expresa preocupación por el enfoque del proyecto impulsado con participación de la Defensoría, señalando que el debate no es meramente técnico, sino estructural: se trata de definir si Costa Rica mantendrá la inembargabilidad total de las pensiones como principio jurídico o si avanzará hacia un modelo que permita su afectación parcial.

Según el análisis expuesto, la iniciativa sustituye el principio de indisponibilidad de las pensiones —históricamente protegido en la legislación— por un esquema de disponibilidad parcial regulada. En este modelo, aunque se establece un monto mínimo protegido, el resto de la pensión quedaría expuesto a posibles embargos o afectaciones, lo que implicaría un cambio sustantivo en su naturaleza jurídica.

El documento advierte que este giro representa una transformación profunda del sistema de protección social, ya que la discusión dejaría de centrarse en si la pensión puede ser tocada o no, para pasar a determinar cuánto puede afectarse sin generar rechazo social. Este desplazamiento, se afirma, debilita la barrera que históricamente ha protegido estos ingresos.

La carta también cuestiona la coincidencia entre este proyecto legislativo y recientes criterios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, según el autor, apuntan hacia una reinterpretación del régimen de inembargabilidad, acercándolo a una lógica de mínimo vital similar a la del salario, en lugar de mantener su carácter de protección plena.

En este sentido, se recuerda que el artículo 984 del Código Civil establece que las pensiones, jubilaciones y beneficios sociales no pueden ser embargados por acreedores, dado su carácter alimentario y su función de garantizar la subsistencia de personas que, en muchos casos, no cuentan con otras fuentes de ingreso.

El autor señala que presentar esta norma como una disposición obsoleta resulta incorrecto, ya que su contenido fue reafirmado mediante reformas posteriores, lo que evidencia una decisión legislativa consciente de mantener ese nivel de protección.

Asimismo, se advierte que trasladar a las pensiones la lógica del salario mínimo inembargable implica mezclar regímenes jurídicos distintos, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones que reduzcan la protección de estos ingresos en la práctica.

El documento reconoce la existencia de situaciones problemáticas relacionadas con rebajos excesivos o condiciones económicas difíciles para personas pensionadas, pero sostiene que la solución no debe consistir en debilitar la inembargabilidad, sino en reforzar los mecanismos de control frente a abusos y garantizar condiciones dignas de vida.

Finalmente, la carta hace un llamado a la Defensoría de los Habitantes para que revise su posición respecto al proyecto y se coloque claramente del lado de la protección integral de las pensiones, entendidas como un elemento fundamental de la dignidad en la vejez.


SURCOS le invita a leer el documento completo en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-14-Defensoria-de-los-Habitantes-Exp-N.°-24.940-Ley-para-Adoptar-una-Pension-Minima-Intocable-1.pdf

SiUNED plantea devolución total del ROP como un derecho de las personas trabajadoras

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) presentó un análisis sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en el que sostiene que la entrega total de los fondos a las personas pensionadas constituye un derecho vinculado a la propiedad individual y a la justicia laboral.

El documento señala que, tras 25 años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), el sistema enfrenta una encrucijada en la que la tutela estatal ha derivado en restricciones que limitan la libre disposición de los recursos acumulados por las personas cotizantes.

Desde esta perspectiva, SiUNED argumenta que el ROP debe entenderse como una cuenta individual, donde cada persona trabajadora es titular plena del capital acumulado, por lo que cualquier interpretación que lo trate como un fondo colectivo carece de sustento jurídico y económico.

El análisis se fundamenta en varios principios. En primer lugar, el derecho constitucional a la propiedad, que reconoce la facultad de disponer libremente del patrimonio una vez cumplida la condición de retiro laboral. Asimismo, se plantea que los aportes al ROP constituyen salario diferido, es decir, recursos generados por la persona trabajadora que han sido postergados para su uso en la etapa de jubilación.

El documento también cuestiona el modelo de comisiones aplicado por las operadoras de pensiones, al considerar que estas no guardan relación con el esfuerzo de gestión y terminan erosionando el ahorro acumulado, especialmente en un contexto de crecimiento del capital por interés compuesto.

Otro de los elementos centrales es que, al tratarse de un régimen de cuentas individualizadas, el retiro total de los fondos por parte de una persona no afecta a otras afiliadas, lo que, según el sindicato, desmonta el argumento del “riesgo sistémico” utilizado por sectores que se oponen a la devolución completa.

En su desarrollo, SiUNED plantea que el acceso pleno al ROP debe ser entendido también como un derecho humano, vinculado a la dignidad de la población adulta mayor. El modelo actual de rentas mensuales es cuestionado por generar ingresos considerados insuficientes para cubrir necesidades básicas, pese a que las personas hayan acumulado montos significativos durante su vida laboral.

Asimismo, se argumenta que permitir el retiro total podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas, por ejemplo, mediante la cancelación de deudas con altas tasas de interés o la inversión en necesidades prioritarias como salud o vivienda.

En cuanto al debate público, el documento cuestiona las advertencias sobre posibles efectos inflacionarios de la devolución del ROP. Según el análisis, dichas proyecciones parten de supuestos erróneos, como la idea de que todas las personas retirarían sus fondos simultáneamente, cuando estimaciones citadas indican que solo una parte lo haría.

Además, se sostiene que la liberación de estos recursos sería gradual y comparable a otros flujos económicos como el aguinaldo o la cesantía, sin generar presiones inflacionarias significativas.

El documento concluye que la entrega total del ROP es una decisión que depende de la voluntad política y del reconocimiento del derecho de las personas pensionadas a disponer de sus recursos. En ese sentido, plantea que permitir esta opción no elimina otros mecanismos como la renta mensual, sino que amplía la libertad de elección y obliga a las operadoras a mejorar su eficiencia.