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Etiqueta: semillas criollas

Contra viento y marea: la lección de dignidad cívica de la agricultura campesina

«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado UCR y UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.

Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.

El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.

Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.

Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.

El abandono institucional y la falacia de las vitrinas

La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.

Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.

Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.

Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.

Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo

Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:

  • Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
  • Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
  • Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.

El coraje de la desprogramación social

La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.

Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.

«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.

El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz pública en nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.

¿De quién son las semillas? La disputa por nuestro patrimonio agrícola

«La semilla no es un insumo industrial intercambiable ni una mercancía sujeta a patentes exclusivas; es un patrimonio vivo biocultural, una promesa de porvenir que pertenece a los pueblos que la han custodiado por milenios».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito del reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos de los campesinos; un análisis sobre la alarmante privatización de los recursos fitogenéticos, la criminalización de la agricultura familiar y la urgencia de blindar nuestra soberanía alimentaria.

Casi la totalidad de los alimentos que sostienen a la humanidad provienen de una estructura milagrosa e invisible para los centros urbanos: la semilla. Históricamente, esta ha sido entendida como un legado ancestral y un patrimonio colectivo o res communis.

Las reflexiones y denuncias desarrolladas en el presente análisis se basan principalmente en los hallazgos vertidos en el informe de la Organización de las Naciones Unidas titulado «El derecho a las semillas: custodia, privatización y resistencia» (2026), emitido por el Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Este trascendental documento examina de manera crítica las presiones globales que menoscaban el libre uso de los recursos fitogenéticos de cara a los próximos años.

Hoy, la gobernanza global de las semillas afronta una encrucijada existencial debido a la colisión de dos paradigmas incompatibles. Por un lado, se encuentra la visión que la asume como un bien común biocultural indispensable para la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

Por el otro, opera un agresivo modelo mercantil que la reduce a un objeto de propiedad intelectual exclusiva y de control corporativo. La balanza se ha inclinado peligrosamente hacia la privatización, amenazando la base misma de la seguridad alimentaria planetaria.

Las dimensiones de este monopolio agroindustrial son descomunales. El mercado mundial de semillas ha alcanzado un valor aproximado de 81.000 millones de dólares en este año 2026.

Apenas cuatro corporaciones transnacionales (Bayer, Corteva, Syngenta y BASF) controlan más de la mitad de este mercado global. Suman un 70% de control si se mide a las diez empresas más grandes del sector.

Esta concentración oligopólica ha configurado un entramado normativo internacional encabezado por el Acta de 1991 del Convenio UPOV. Dicho marco presiona a los Estados para imponer certificaciones de homogeneidad y pureza varietal pensadas exclusivamente para la industria.

Los requisitos burocráticos resultan inalcanzables para las variedades tradicionales de los agricultores. Estas son intencionadamente dinámicas y heterogéneas para poder adaptarse al entorno ecológico local. Al amparo de estas leyes asimétricas, las semillas criollas se vuelven legalmente invisibles y privan a las comunidades de apoyo.

El verdadero rostro de este cercamiento biológico es la creciente criminalización de las prácticas agrícolas ancestrales. Custodiar, volver a sembrar, regalar o vender el excedente de la propia cosecha en los mercados locales son actividades consuetudinarias bajo ataque.

Hoy estas prácticas se persiguen penalmente mediante la tipificación de delitos contra la propiedad industrial. El informe de Naciones Unidas documenta sanciones de entre 3 y 15 años de prisión en países como Ghana, Japón o Filipinas por el simple intercambio tradicional.

Incluso dentro de la Unión Europea se registran condenas de prisión condicional y multas de 100.000 euros contra productores locales a petición de gigantes como Syngenta. Vigilados mediante drones, marcadores moleculares e imágenes satelitales, los campesinos enfrentan una persecución asimétrica. Este hostigamiento destruye su autonomía económica y los empuja al endeudamiento crónico mediante la compra obligatoria de híbridos comerciales.

A esta ofensiva legal se suma la amenaza de la biopiratería digital en la era de la biotecnología. A través de la desmaterialización de los recursos fitogenéticos, las transnacionales acceden a secuencias genéticas digitales de variedades criollas depositadas en bases de datos en línea.

Utilizando técnicas avanzadas de edición génica como CRISPR, las empresas patentan estos caracteres biológicos específicos. Lo hacen sin necesidad de manipular la semilla física y eludiendo las obligaciones de distribución de beneficios.

Esta preocupante desregulación biotecnológica genera riesgos de contaminación transgénica irreversible sobre las variedades autónomas por flujo de polen. Esto ya ocurre con un tercio del maíz criollo en el semiárido brasileño. Además, expone a los agricultores a demandas judiciales si sus parcelas resultan contaminadas accidentalmente por patentes corporativas.

Frente a este escenario adverso, la/os agricultora/es rurales se erigen como la/os principales guardiana/es del patrimonio genético de la humanidad. Como custodia/os y seleccionadora/es histórica/os en los graneros domésticos, la/os campesina/os defienden los sistemas tradicionales de semillas.

Estos sistemas de semillas tradicionales suministran entre el 70% y el 90% de lo que se siembra en la gran mayoría de los países en desarrollo.

Estas variedades autóctonas conservadas in situ poseen una resiliencia climática ante sequías infinitamente superior a la de los híbridos industriales homogéneos. La diversidad de cultivos constituye el único seguro ecológico real frente a las crisis de mercado y el calentamiento global.

Por ello, las luchas campesinas que logran derogar leyes restrictivas marcan la ruta de la resistencia soberana. Así lo demuestra la anulación de la «Ley Monsanto» en Honduras o el fallo histórico en Kenia que dictaminó que compartir semillas no es un delito.

Costa Rica se encuentra plenamente expuesta a este complejo engranaje de asimetría legal y tensiones regulatorias. A partir de los compromisos derivados del TLC y la consiguiente adhesión al Acta de 1991 de la UPOV, el país promulgó la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (Ley N.º 8631).

Este marco punitivo otorga derechos exclusivos de propiedad industrial sobre las variedades comerciales y restringe el uso de material nativo. Al mismo tiempo, bajo la Ley N.º 6289, la Oficina Nacional de Semillas ejerce potestades de fiscalización draconianas.

El órgano exige criterios de distinción, homogeneidad y estabilidad comercial que resultan incompatibles con la naturaleza evolutiva de las semillas criollas. En consecuencia, el libre intercambio, trueque o venta local de excedentes fuera de este control corporativo queda expuesto a la ilegalidad, el decomiso de material fitogenético y severas sanciones administrativas.

Esta desprotección fáctica se ha visto agravada por las graves omisiones de la política agroalimentaria del país. El recién formulado Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 ha dejado por fuera de sus directrices operativas el resguardo de la agrobiodiversidad local frente a los oligopolios biotecnológicos.

Al ignorar de forma sistemática la soberanía alimentaria, el Estado costarricense delega la custodia fitogenética en los Santuarios de Semillas Criollas. Estas redes, de forma autónoma y desde la resistencia civil organizada, constituyen la única trinchera real para evitar que nuestra riqueza biológica sea capturada por patentes extranjeras.

Costa Rica debe mirarse con urgencia en este espejo multilateral y asumir las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de la ONU. El Estado está obligado a armonizar su marco jurídico con el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos.

Debe reconocerse el derecho inalienable a conservar, multiplicar y vender semillas de fincas, eximiendo a los sistemas tradicionales de las certificaciones corporativas.

Es un imperativo ético rechazar las presiones internacionales para endurecer las patentes biológicas y robustecer las leyes contra la biopiratería. Se requiere reorientar el presupuesto de investigación hacia la agroecología, las ferias locales y los bancos de semillas comunitarios.

En la jerarquía del derecho internacional, los derechos humanos a la vida y a la alimentación deben prevalecer sobre cualquier acuerdo comercial de propiedad intelectual.

Defender la pureza, la libre circulación y el carácter sagrado de nuestras semillas criollas no es un asunto menor.

Es la trinchera fundamental para garantizar que la mesa de las futuras generaciones dependa de la fertilidad de nuestra tierra y no de las decisiones tomadas en la junta directiva de una corporación.

Territorios que alimentan: Propuesta para políticas públicas

Carlos Hernández
Cokomal / Red Economía Solidaria / Redess

Cifras y demandas de la agricultura familiar en Costa Rica

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 (ENA 2022, INEC) registra aproximadamente 630.972 unidades agropecuarias en Costa Rica. Más del 70 % de esas fincas son de pequeña escala (menos de 20 ha) y constituyen la base de la producción destinada al consumo interno. Este documento sintetiza el diagnóstico territorial, identifica los principales retos y propone un conjunto de medidas organizadas por ejes para fortalecer la agricultura familiar, garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, y promover la resiliencia local.

Datos y fuentes

Cifra clave: ~630.972 unidades agropecuarias según ENA 2022 (INEC).

Caracterización: más del 70 % de las fincas son de pequeña escala (< 20 ha), según el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020–2030 y documentos sectoriales.

Destino de la producción: la agricultura familiar abastece la mayor parte de los alimentos básicos para el consumo nacional (frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas y raíces), mientras que la agroindustria se orienta mayoritariamente a cultivos de exportación.

Diagnóstico territorial

La agricultura familiar es la columna vertebral de la alimentación interna, pero enfrenta limitaciones estructurales que reducen su potencial:

• Fragmentación y dispersión: muchas unidades productivas operan de forma aislada, lo que debilita la negociación colectiva y el acceso a servicios.

• Acceso limitado a financiamiento y asistencia técnica: las líneas existentes no siempre se adaptan a la escala familiar ni a los saberes locales.

• Mercados desiguales: la concentración de canales comerciales y la presión de cadenas de supermercados afectan ferias y mercados locales.

• Desafío generacional: el envejecimiento rural y la falta de incentivos para jóvenes ponen en riesgo la continuidad productiva.

• Pérdida de control sobre semillas y recursos: la entrada de tecnologías patentadas y modelos industriales amenaza la soberanía sobre insumos básicos.

Estas limitaciones se traducen en menores ingresos familiares, pérdida de biodiversidad y una dieta menos sana para la población.

Soberanía alimentaria y rol de la agricultura familiar

La soberanía alimentaria implica el derecho a decidir cómo producir, distribuir y consumir alimentos, priorizando la producción local, la diversidad cultural y la sostenibilidad ecológica. En los territorios se expresa mediante prácticas agroecológicas, recuperación de semillas criollas, mercados solidarios y ferias que fortalecen la relación directa productor-consumidor. Defender la soberanía requiere reconocer el papel central de las mujeres en la alimentación familiar y garantizar su acceso a tierra, agua y semillas.

Propuestas por ejes

A continuación, se presentan propuestas organizadas por ejes, con responsables sugeridos y resultados esperados.

Organización y gobernanza territorial

• Medida: Fortalecer asociaciones, redes territoriales y mercados locales solidarios.

• Acciones: apoyo a gestión organizacional y administrativa; formación en negociación colectiva; creación de plataformas locales de comercialización.

• Responsables: municipalidades, organizaciones de productores, ONG y ministerios sectoriales.

• Resultado esperado: mayor poder de negociación, acceso a programas públicos y reducción de la dispersión productiva.

Financiamiento y asistencia técnica diferenciada

• Medida: Diseñar líneas de crédito y servicios técnicos adaptados a la pequeña producción.

• Acciones: condiciones y plazos realistas; asistencia técnica basada en saberes locales; programas de extensión agroecológica.

• Responsables: bancos públicos, cooperativas de crédito, MAG y agencias de desarrollo.

• Resultado esperado: incremento de la inversión productiva familiar y mejora de la productividad sostenible.

Mercados y compras públicas

Medida: Incentivar compras públicas y fortalecer circuitos cortos.

• Acciones: priorizar compras locales en escuelas, hospitales y programas sociales; facilitar certificaciones y logística para proveedores familiares.

• Responsables: ministerios de educación y salud, municipalidades, comités de compras.

• Resultado esperado: demanda estable para productores locales y precios justos.

Marco normativo y reducción de barreras

Medida: Promover marcos normativos diferenciados para pequeña y gran producción.

• Acciones: simplificar trámites administrativos para productores familiares; reconocer regímenes especiales que protejan la producción destinada al consumo interno.

• Responsables: Asamblea Legislativa, MAG, instituciones regulatorias.

• Resultado esperado: menor carga administrativa y mayor inclusión en programas públicos.

Juventud y relevo generacional

Medida: Incentivar la permanencia y el retorno de jóvenes al campo.

• Acciones: programas de acceso a tierra, formación técnica, incubadoras rurales y apoyo a emprendimientos agroecológicos.

• Responsables: ministerios de juventud, educación técnica, universidades y organizaciones locales.

• Resultado esperado: renovación generacional y dinamización de economías rurales.

Semillas, biodiversidad y soberanía

• Medida: Proteger semillas criollas y promover bancos comunitarios.

• Acciones: políticas públicas que regulen la entrada de tecnologías patentadas; apoyo a bancos de semillas y prácticas agroecológicas.

• Responsables: MAG, institutos de investigación, organizaciones campesinas.

• Resultado esperado: conservación de agrobiodiversidad y autonomía en insumos.

Educación y sensibilización ciudadana

• Medida: Promover consumo de productos nacionales y sostenibles.

• Acciones: campañas informativas, ferias educativas y programas de alimentación escolar con enfoque local.

• Responsables: ministerios de educación y salud, organizaciones civiles.

• Resultado esperado: mayor demanda de productos locales y fortalecimiento del mercado interno.

Llamado a la acción

Las políticas públicas deben priorizar a la agricultura familiar para garantizar alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y sostenibles. A continuación, tres medidas prioritarias inmediatas:

1. Implementar compras públicas locales: establecer cuotas y procedimientos que faciliten la participación de productores familiares en los programas de alimentación escolar y hospitalaria.

2. Lanzar líneas de crédito adaptadas: crear instrumentos financieros con plazos y requisitos acordes a la pequeña producción, acompañados de asistencia técnica.

3. Fortalecer redes territoriales: financiar procesos de organización local y creación de mercados solidarios para mejorar la comercialización y el acceso a servicios.

Pasos inmediatos sugeridos: conformar mesas territoriales con productores, autoridades municipales y representantes del MAG; diseñar un piloto de compras públicas en una región; y abrir una convocatoria para líneas de crédito piloto dirigidas a asociaciones de pequeños productores.

Apoyar a la agricultura familiar es invertir en salud pública, empleo rural digno, conservación de recursos y resiliencia frente a crisis. La acción coordinada entre comunidades, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales es imprescindible. Si actuamos ahora desde los territorios, garantizamos que las próximas generaciones tengan acceso a alimentos sanos y a una vida digna en el campo.

I Festival de Semillas Criollas de Sarchí

Se realizará el 17 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. en el parque de Sarchí

Se realizará el 17 de abril de 9 a.m. a 3 p.m. en el parque de Sarchí

Le invitamos a asistir a este I Festival de Semillas Criollas de Sarchí. Es una iniciativa del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria, apoyado por el Programa de Economía Social Solidaria (E. Sociología, UCR), UPA Sarchí y la Municipalidad de Sarchí. Van a asistir personas cuidadoras de semillas nativas y criollas de Occidente y otras regiones del país. 

Se estarán realizando trueques de semillas ¡Traiga sus semillas criollas para intercambiar!

Por favor ayúdennos a difundir la invitación. Si requieren más información, pueden escribir a proess@ucr.ac.cr

Feria de Semillas

El 2 de marzo del 2024 se llevará a cabo la Feria de Semillas, la cual celebra 10 años de existir. El evento tomará lugar en La Finca Modelo en La Gamba de Golfito, y se llevarán a cabo charlas, tours por los diferentes sistemas de la finca, degustación de comidas, venta de artesanía y diversos productos ofertados por agricultores locales.

La Feria de Semillas es una oportunidad única para conocer más sobre la agricultura orgánica y la importancia de la protección de la semilla criolla. Además, es una excelente oportunidad para conocer a otros agricultores y compartir experiencias y semillas.

Si se tiene alguna pregunta o se necesita ayuda adicional, se pueden contactar con Isaac Sánchez Solís, al número 506 8793 9144, o su correo electrónico ( isaacs93@univie.ac.at )

Ubicación de la Finca Modelo: https://maps.app.goo.gl/R5ifiPRvrAsFURK89 

4to Festival de Semillas

Agricultoras y agricultores le invitan al 4to Festival de Semillas nativas y criollas, el sábado 02 de septiembre y el domingo 03 de septiembre; en el Museo de la Casa del Boyero en Venecia de San Carlos, para compartir experiencias, charlar e intercambiar semillas, además, se contará con venta de comida.

El evento contará con la apertura acompañada de música y una presentación de agricultoras y agricultores, dos bloques de intercambio de experiencias y una serenata. Para el segundo día, se contará con una charla sobre la importancia de las abejas, algunos reconocimientos y el intercambio de Semillas Criollas.

Se comparte la agenda del evento con más detalle.

Para más información, contactar al 83479107 ó 83078917.

Nuestras chorreadas de maíz y la agricultura nacional

Omar Miranda

Mientras desgranaba este maíz criollo maicena, producido junto con Chino en Turrubares, se me han colado por ahí recuerdos gratos de mi madre, que en tiempos de vacas flacas nos sacó adelante con sus tortillas, y la verdad, también de otros tiempos más difíciles de digerir.

Si nosotros, en una pequeña parcela tuvimos la llegada de los pericos y para terminarla de hacer de un condenillo pizote, qué difícil será para las familias productoras sacar una milpa adelante y así tener a lo largo de los meses sus cosposas, chorreadas y el maíz para sus tortillas y engordar un chanchito.

Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, pero bueno, solo hablemos de las semillas criollas de maíz que las han ido desapareciendo a falta de políticas estatales de estímulo; y por supuesto, favoreciendo la supuesta modernización del agro con «semillas mejoradas» que funcionan, (¿faltaba más?) junto a su paquete de agroquímicos.

O sea, además de los riesgos que tiene la agricultura, hay que tener plata en mano.

En todos estos años pasados y ahora ni se diga con el tal Deschaves, la agricultura en general y ni se diga la familiar, han sido severamente desestimuladas por políticas estatales que desincentivan la producción nacional, en muchos productos bajo un supuesto mentiroso de libre mercado que hace bajar los precios.

Los ejemplos sobran con las mentiras del arroz, los aceites, huevos, etc.

Cuadernos Biodiversidad N°7: La integralidad de los cuidados

SURCOS comparte la siguiente información:

En este nuevo cuaderno se busca detallar lo más posible el cúmulo de cuidados que implica una relación con la tierra, con la naturaleza, y con la agricultura. Todos los cuidados que invocan, los vienen reuniendo de las conversaciones con quienes en verdad aman su relación de crianza mutua con la tierra y sus seres, su quehacer de producir alimentos sin recurrir a las soluciones industriales o corporativas.

Los cuidados no son recetas, sino un tejido de relaciones en que se implican para hacer florecer la vida. Por miles de años, los pueblos originarios y las comunidades campesinas han crecido en crianza mutua con sus cultivos y semillas.

Le compartimos este nuevo trabajo realizado en conjunto con la Alianza Biodiversidad. Puede descargarlo en: https://www.biodiversidadla.org/Agencia-de-Noticias-Biodiversidadla/Cuaderno-Biodiversidad-7-La-integralidad-de-los-cuidados 

Programa Saber Vivir: “Racismo y Alimentación”

El  pasado jueves 16 de junio, en el Programa Saber Vivir, de la Radio 870 UCR, se abordó el tema de la relación entre el racismo y el derecho humano a una sana alimentación.

El lema que abrió esta conversación es: “Las prácticas de racismo están tan ancladas en nuestro imaginario colectivo, por eso, se cuelan en lo cotidiano… hasta en la mesa.”.

Como personas invitadas participaron Rebeca Gu Navarro, politóloga docente y coordinadora de proyectos de acción social en la UCR y don Romano González Arce, licenciado en Nutrición y Máster en Antropología de la UCR.

Uno de los temas centrales fue el cómo garantizar y sostener la soberanía alimentaria de los pueblos desde el Estado, se plantea la fuerte discusión de: ¿Qué sembramos y cómo lo sembramos? La realidad es que la producción alimentaria en Costa Rica, ha menospreciado los conocimientos ancestrales, comunitarios y raciales; por tanto, se ha cambiado el uso de semillas criollas, resistentes y duraderas, por semillas agroindustriales que solo se pueden utilizar una vez, haciendo que los productores sean dependientes de su compra.

Se concluye que este tema es un reto y una gran demanda que los territorios reclaman a los poderes hegemónicos y que es necesaria su atención. 

Puede escuchar el programa completo en: https://fb.watch/dSjG9OfZ-b/

Ley para privatizar las semillas de nuevo

Haría ilegal y multa la comercialización de semillas criollas

(Bloque Verde) El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de la comercialización de semillas.

Es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo.  Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.

Es un mercado potencial pues actualmente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. Ese 90 % es un gran y jugoso negocio.

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD $36 millones anuales, repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

Entonces si sacamos la calculadora sabemos para quien está trabajando la Oficina Nacional de Semillas y la mayoría de diputadas y diputados que impulsan este proyecto de ley que han intentado aprobar desde inicios de la década del 2000.

Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una policía de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).

Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).

Para completar el subsidio a las transaccionales, la Oficina Nacional de Semillas dedicaría, con fondos públicos, parte de su trabajo para incentivar y promover las semillas privatizadas (Art. 2 y 13) y muy seguramente toda la semilla que compre el Estado tendría que ser certificada lo que implicaría unas jugosas ganancias a las compañías más ricas del mundo, que hoy deberían estar más democráticamente distribuidas entre nuestro campesinado.

Este sería el segundo intento de los gobiernos del PAC de privatizar las semillas.

En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».

El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas debían inscribirse en un registro previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.