Ley para privatizar las semillas de nuevo
Haría ilegal y multa la comercialización de semillas criollas
(Bloque Verde) El actual texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas” expediente N#21087, conocido como Ley de Semillas, es un nuevo intento del sector agrocorporativo y sus socios del Estado para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de la comercialización de semillas.
Es un negocio potencial de 400 millones de dólares al año para las transnacionales como Bayer, Corteva, ChemChina y Limagrain que hoy controlan más del 50 por ciento de las semillas del mundo. Este proyecto de semillas viene a fortalecer el monopolio de las semillas y por ende el control de los alimentos del mundo.
Es un mercado potencial pues actualmente según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas. Ese 90 % es un gran y jugoso negocio.
Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país, el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD $36 millones anuales, repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.
Entonces si sacamos la calculadora sabemos para quien está trabajando la Oficina Nacional de Semillas y la mayoría de diputadas y diputados que impulsan este proyecto de ley que han intentado aprobar desde inicios de la década del 2000.
Esta iniciativa de ley no fue consultada debidamente a los pueblos indígenas a pesar del derecho que les asiste con el Convenio 169 de la OIT. Además, tiene implicaciones para la agricultura campesina, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.
Este proyecto convierte en ilegales las condiciones actuales de comercialización de semillas criollas al imponer parámetros y características de semillas comerciales (art. 29). También, crea hasta una policía de las semillas si en plena crisis fiscal y recortes a todo el empleo público, estos “inspectores oficiales” tendrán “fe pública y en el ejercicio de sus funciones tendrán acceso a cualquier propiedad pública relacionada con este campo,” (art. 15 y 16).
Para cerrar el círculo de represión en contra de nuestros labriegos y sencillos imponen multas por comercializar semillas de hasta 5 salarios base, aproximadamente 2.3 millones de colones (Art. 39 y 40).
Para completar el subsidio a las transaccionales, la Oficina Nacional de Semillas dedicaría, con fondos públicos, parte de su trabajo para incentivar y promover las semillas privatizadas (Art. 2 y 13) y muy seguramente toda la semilla que compre el Estado tendría que ser certificada lo que implicaría unas jugosas ganancias a las compañías más ricas del mundo, que hoy deberían estar más democráticamente distribuidas entre nuestro campesinado.
Este sería el segundo intento de los gobiernos del PAC de privatizar las semillas.
En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.
El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».
El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas debían inscribirse en un registro previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.
