“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.
La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.
Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).
En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).
En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.
Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.
Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.
Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.
El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.
Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.
El pasado 16 de julio, una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que modifica los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, para poder construir el megaproyecto llamado Paacume. La iniciativa será discutida el lunes 23 de julio en el plenario.
Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies.
Este paisaje cambiará drásticamente si se hace realidad el Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Un total de 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se inundarían para convertirse en un espejo de agua, que abarcaría 850 hectáreas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) impulsan el proyecto PAACUME, que consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Estas aguas inundarían el embalse en la zona citada y luego bajarían por más canales de riego hasta la bajura, “para asegurar disponibilidad de agua a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para consumo humano y riego para distintos usos”, según afirman las instituciones.
Hasta ahora la Reserva Lomas Barbudal, una zona que es puente ecológico de gran biodiversidad, había pasado más o menos escondida y desapercibida. Pero hoy esta área silvestre protegida creada para resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, es el centro de atención.
El 16 de julio una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465).
La comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).
Se espera que la iniciativa empiece a ser discutida el próximo lunes 23 de julio en el plenario. Sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por el mecanismo de compensación de las tierras que se inundarán, -usado como base del principal estudio técnico-, los impactos ambientales del megaproyecto, los verdaderos beneficiarios y sobre el discurso de que éste resolverá problemáticas de agua para consumo humano.
Relieves y elevaciones en zonas de estudio. Se muestra el área estimada de afectación directa por embalse (contorno de línea azul), el área estimada de la zona de amortiguamiento en el perímetro del espejo de agua (contorno de línea negra), límites de Reserva Biológica Lomas de Barbudal y propiedad de ASETREK en la zona (contorno línea rosada), así como la potencial área de canje (compensación) en la propiedad de ASETREK (delimitada por línea roja). Fuente: OET.Mapa de ampliación de límites Reserva Biológica Lomas Barbudal.
Impacto de magnitud: Inundarán 113 hectáreas de Lomas Barbudal
La reserva biológica Lomas Barbudal, creada en 1986, es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de cuatro carriles e ingenios de caña de azúcar.
Se entra pasando Bagaces, por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué?
Porque es una reserva biológica, que es sólo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales.
El 20 de junio pasado, 48 diputados votaron a favor de tramitar por la vía rápida el proyecto de ley citado, que pretende desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para que ya no estén protegidas. De esta forma el ICE y el SENARA podrán construir ahí este megaproyecto, que afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país -que abarca 2.645 hectáreas-.
El único legislador que se opuso fue José María Villalta, del Frente Amplio.
El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A.
De acuerdo con el Gobierno, el procedimiento para evaluar la compensación de estas tierras es resultado del estudio para el “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET).
Pero el PAACUME en sí es un proyecto de impacto, como lo define la propia OET: “Dada la magnitud del impacto, que sustituiría el actual hábitat terrestre por un ambiente acuático, la legislación del país obliga a contemplar medidas de compensación que permitan resarcir las pérdidas en el ambiente como consecuencia del proyecto. La situación es más sensible por tratarse un área silvestre estatal bajo un régimen de protección restrictivo, como lo es el de Reserva Biológica”.
Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies. Foto: Fabiola Pomareda.
Lomas Barbudal: el minipaís de los insectos y mucho más
Una cosa es leer una propuesta donde se habla de inundar 850 hectáreas, de “llevar agua a Guanacaste”, y de comprar fincas con las que se compensarán las tierras inundadas que pertenecen a una reserva biológica; pero otra muy distinta es caminar sobre esos senderos cubiertos de lodo y hojarasca, ver el río Cabuyo, escuchar el croar de cientos de ranas, y observar el bosque verde y lleno de vida desde una torre dentro de Lomas Barbudal.
Ahí trabaja Manrique Montes Obando, administrador de la reserva, quien compartió su conocimiento y vivencia sobre esta área con gran riqueza en aves, insectos y especies maderables, y donde se realizan numerosas investigaciones, nacionales e internacionales.
“De las primeras personas que estuvieron acá, una fue Franklin Gordon, investigador estadounidense, que empezó a ver las particularidades de la reserva por su bosque seco, como la gran cantidad de especies de abejas y avispas que había”, contó Montes, en una entrevista a la orilla del río Cabuyo.
“Se le llama el minipaís de los insectos, y eso trae consigo una gran biodiversidad en otras especies, como aves, que son aproximadamente 294 especies de aves encontradas en los monitoreos de los ultimos 10 años”, continuó el funcionario.
En la reserva, además, crecen todas las especies maderables del bosque tropical seco -afirmó Montes-algunas en peligro de extinción, como el caoba, el cristobal cachimbo y el laurel negro. Hay otras especies representativas como guanacaste, cenízaro, esbabel, guapinol y cortés amarillo.
También es un lugar donde se llevan a cabo relevantes investigaciones, como la del mono cara blanca, de la Escuela de Antropologia de la Universidad de Los Ángeles, que desde 1987 investiga la genética y fuentes de alimentación de esta especie. Otra estudia la vocalizacion de las loras nuca amarilla, que en esta zona es diferente de las loras de Rincón de la Vieja y Santa Rosa. Una trata sobre el pez zebra o pez burra, en el Río Cabuyo, uno de los pocos peces de agua dulce que es social y vive en grupos familiares.
Montes está bien enterado del posible cambio y afectación que se experimentaría en la reserva si se construye el PAACUME. “El área que se va a impactar es una área muy bien conservada; está retirada de la administración, como a ocho o diez kilómetros, de bosque maduro, bastante bien conservado”.
“Todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. Ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar, por más que se cambie tierra por tierra, siempre va a haber una marcada diferencia”, expresó.
Manrique Montes Obando, administrador de la reserva.Dentro de Lomas Barbudal.
OET analizó sólo parte de los terrenos que se usarían para compensar
El informe de la OET explica primero que el sitio que sería afectado en Lomas de Barbudal tiene tres tipos de bosque: deciduo, secundario y ripario (asociado a las quebradas en el sitio). El bosque deciduo es de baja densidad y en él hay hay especies pioneras; el secundario posee mayor estructura y en él hay árboles dominantes; y en el ripario hay especies siempre verdes y con árboles dominantes y “es una de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región”.
Sin embargo, desde un inicio, la OET advirtió que la finca con la que se pensaba compensar las 113 hectáreas que se inundarían de Lomas Barbudal -ASETREK-, no tenía ni bosque ripario, ni la misma riqueza de especies de plantas y vertebrados, porque era un sitio más perturbado, ambientalmente. Por lo tanto, la OET fue enfática en que se tendría que sumar otra finca llamada Brindis de Amor, que sí tenía bosque ripario; pero que además, se iban a tener que compensar las 113 hectaŕeas de Lomas, con 530 ha de ambas fincas.
Ahora el Gobierno asegura que sumará una tercera finca (Hacienda Ciruelas). Pero el informe de la OET no analizó la biodiversidad de Hacienda Ciruelas; propiedad recomendada posteriormente para poder sumar suficientes hectáreas de bosque.
Según el estudio dela OET, en el sitio de afectación hay cerca de 30 hectáreas de bosque riparo, que representa cerca del 11% de ese tipo de bosque que hay en toda la Reserva Biológica. “El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario”, concluyó el informe de la OET.
De acuerdo con las y los investigadores que participaron en el estudio de la OET, “las mayores similitudes se encontraron en la comunidad de anfibios, artrópodos de sotobosque, y aves, con 79%, 76% y 62% de las especies compartidas. En plantas leñosas y mamíferos los sitios sólo compartieron 55% y 50% de sus especies; mientras que en reptiles (39%), peces (34%) y plantas herbáceas (33%) se encontró el menor porcentaje de especies compartidas. Interpretamos estas discrepancias como indicativo de que hay diferencias importantes entre el sitio de compensación y el de inundación en composición de especies y que por lo tanto, se hace necesario incrementar el área a utilizar para resarcir las pérdidas en diversidad debido a los impactos directos del Embalse”.
En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Patricia Quirós, gerente general del SENARA, reconoció que se les presentó una situación especial con el área a compensar, y que el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recomendaron valorar otras propiedades, además de ASETREK.
El área afectada de Lomas Barbudal comprende 24.7 ha de bosque ripario, apuntó Quirós. Por eso es que el área a compensar de la finca ASETREK se amplió a 444,04 ha., para que incluyera 6.14 ha. de bosque ripario. A esto se sumarían 15.87 ha de bosque ripario de Brindis de Amor y 7.16 ha. de Hacienda Ciruelas , para total de 29.17 ha. de bosque ripario.
Dentro de Lomas Barbudal.
Humedal está bajo protección internacional
No obstante, Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el informe de la OET con el documento “Observaciones al Informe Línea Base de Biodiversidad OET – Lomas de Barbudal”. Lobo argumenta que “este análisis adolece de problemas teóricos y prácticos importantes, que deben ser conocidos por los funcionarios públicos que tienen en sus manos decidir sobre el primer caso de alteración de límites de un área protegida que se presentaría para realizar este proyecto”.
“El problema principal es establecer un principio de compensación, supuestamente cuantitativo, donde modificando el tamaño de un área de compensación se puede igualar el área perdida dentro de un área protegida. Las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán, en su abundancia original en un área de compensación aunque se aumente muchas veces su área, porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias paragarantizar su repoblamiento, no se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en el área protegida”, escribió.
Para Jorge Lobo, “sería muy peligroso que los legisladores consideraran este estudio como válido, porque esta práctica podría llevar a propiciar la afectación de los límites de más áreas protegidas, fundamentados en la compensación con fincas privadas de área mayor; pero con ecosistemas mucho más alterados de los protegidos”.
Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto.
Sin embargo, en el video informativo los impulsores del proyecto lo destacan como una especie de hito: “la investigación nos pone ante la primera experiencia país en modificar y compensar los límites de un sitio Ramsar”.
La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) también ha externado dudas sobre la forma en que se fijó la metodología para la compensación.
“Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar; pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes”, afirmó Henry Picado, presidente de FECON.
“Es peligroso al ser la primera vez en la historia del país, en que se va a disminuir una reserva y podría sentar malos precedentes en terminos ambientales”, opinó Picado.
Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del ambiente 7554: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.
El Río Cabuyo.
Avanza proyecto de ley en la Asamblea Legislativa
De acuerdo con un comunicado de prensa del PAC, el proyecto de ley que modifica los límites fue mejorado a través de las mociones presentadas por la diputada Paola Vega, “a fin de garantizar que el área tenga categoría de manejo de ecosistema de humedal y se establezca con un Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, que permita su conservación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. “Además, se aprobaron las mociones para que el 50% del canon de aguas vaya directo al Plan de Manejo y el sitio sea custodiado como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar)”, añadió.
Con respecto a si se analizaron otras opciones para el proyecto, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de SENARA, comunicó que “se evaluó un plan alternativo con la construcción de un túnel de más o menos 2 kilómetros, con salida adelante del río Piedra; sin embargo, se debió desestimar por una situación de carácter geológico, pues cruza una falla que hace imposible la opción de construir un túnel conforme a los estudios preliminares del ICE” (Dictamen legislativo).
Coto también recordó que el artículo 71 de la Ley de Biodiversidad establece el mecanismo para una declaratoria, modificación o cambio de categoría de un área silvestre protegida. La ley indica que para realizarse el cambio se debe elaborar un documento técnico que respalde cualquier tipo de afectación y que el artículo 72 del reglamento de la misma ley establece una serie de características o de condiciones que deben cumplirse en ese estudio para poder sustentar un eventual cambio de uso de suelo.
El artículo 72 del reglamento de la Ley de Biodiversidad también exige dos elementos adicionales de estudio para poder presentar el proyecto de ley y la propuesta de compensación. Uno es la existencia de recursos financieros para poder comprar esas fincas; y una consulta obligatoria a las comunidades cercanas como Falconiana, Bagatzi y San Ramón y contó con la participación del Alcalde de Bagaces. Según el expediente del proyecto, el anterior Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz se comprometió, mediante un oficio, a aportar los ¢1425 millones de colones que se requieren para adquirir las fincas ASETREK, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. Hasta el momento no se pudo comprobar que este rubro está incluido en el presupuesto de la República.
Por otra parte, el Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, señaló que la compensación o restauración ecológica del impacto ambiental que genere la obra “es totalmente factible y posee dos elementos fundamentales; uno, entender que esto es un proyecto de interés nacional; y dos, que los daños ambientales son predecibles, medibles, mitigables y compensables” (Dictamen legislativo).
“Por ese motivo, el MINAE tiene la certeza e interés de apoyar este proyecto de ley que utiliza el canon de aprovechamiento de agua establecido por el Artículo 70 de la Ley de Aguas, con el fin de proveer los recursos financieros para la implementación de las acciones de restauración ecológica tras la modificación de los linderos e introducir nuevos espacios a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, agregó Rodríguez.
CONCEVERDE nos comparte la nota adjunta, la cual es dirigida a la Junta Directiva de SENARA, en cuanto a que las Cámara de la Construcción está presionando al Gobierno Central para que éste a su vez, presione a la Junta Directiva del SENARA para que se elimine la matriz de protección de acuíferos.
El objetivo de la nota adjunta es dejar patente que hay otro sector que se contrapone a las cámaras y que apoyan la matriz.
En una nota publicada por SURCOS (http://wp.me/p6rfbZ-5N4), un grupo de personas y organizaciones enviaron una carta pública al presidente electo. En la nota, se señala «Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley de aguas o recurso hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país». Asimismo, se indica: «Apoyamos sin reserva que las competencias de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA se mantengan en esta institución y las mismas sean consolidadas».
El pronunciamiento de SENARA que destaca CONCEVERDE se refiere precisamente a estos asuntos, por lo que SURCOS lo reproduce seguidamente:
En proyectos de obra de infraestructura:
Matriz de Senara establece regulaciones técnicas para proteger acuíferos
Senara rechaza cuestionamientos planteados a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
El recurso hídrico de nuestros acuíferos, ríos y manantiales, se deteriora en calidad y cantidad, afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y el derecho a la vida.
La sobreexplotación, rompimiento de balances hídricos, afectación de áreas de recarga acuífera, y salinización de acuíferos costeros, entre otros, son parte de la problemática que hoy el país enfrenta, generando afectación a la sociedad como comunidades sin acceso al agua potable, o en condiciones de calidad o cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.
La Sala Constitucional, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, con un criterio de progresivo avance en materia ambiental, señala que las entidades públicas que otorgan permisos o autorizaciones, deben abstenerse de hacerlo “si no existe certeza científica de la inocuidad de la actividad en relación con el recurso hídrico”.
Esto porque el agua es un elemento esencial para la vida humana, que debemos aprovechar de manera sostenible, tanto para las actuales como para las futuras generaciones.
El SENARA es una institución eminentemente técnica, creada con el mandato de investigar, proteger y vigilar los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, con la potestad de emitir criterio vinculante para las entidades públicas y los particulares.
Dentro del cumplimiento responsable de tal labor, el SENARA realizó entre los años 2011 a 2017 un proceso con amplia participación de entidades públicas, particulares y expertos en la materia, el cual permitió desarrollar el instrumento conocido como Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, publicada en La Gaceta del 12 de octubre del 2017.
La Matriz contempla regulaciones técnicas que se deben aplicar para la protección de acuíferos, incluyendo los diferentes riesgos por actividades urbanísticas, agropecuarias, turísticas e industriales, según el tipo de vulnerabilidad que presente cada zona.
Además plantea la posibilidad de que, con el uso de tecnología y diseños apropiados, se puedan realizar obras o proyectos utilizando parámetros o valores diferentes (densidad y cobertura), siempre que sean compatibles con la protección del recurso hídrico.
Por las razones anteriores, el SENARA rechaza enfáticamente los cuestionamientos planteados a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuestionando:
El carácter técnico-científico que tiene la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos,
Las competencias de SENARA para establecer regulaciones técnicas vinculantes, con el propósito de asegurar la protección y uso sostenible del recurso hídrico.
El costo de las investigaciones hidrogeológicas.
Para la protección de recurso hídrico y los planes de desarrollo territorial, la investigación es la base fundamental. Por tal motivo, cubrir el costo de la investigación, así como el costo de usar tecnología y diseños apropiados, son de interés para toda la sociedad.
Reiteramos que no es cierto que la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos constituya un impedimento para el desarrollo del país ni para los planes de desarrollo territorial que están llevando a cabo las municipalidades. Por el contrario, su aplicación garantiza que el desarrollo urbano, turístico, agropecuario e industrial, sea de manera sostenible, con la protección del recurso hídrico, favoreciendo la aplicación de diseños y tecnología apropiada para tales propósitos.
Los recursos hídricos son nuestra principal riqueza natural, generadores de desarrollo y calidad de vida para los habitantes actuales y de las generaciones que aún no han nacido.
Senara genera adaptación al cambio climático, elabora instrumentos técnico-científicos para asegurar la protección y uso sostenible de los recursos hídricos, mejorando la calidad de vida de las personas.
Para ampliar información técnica sobre la Matriz, puede comunicarse con el periodista del Senara Maikol Sosa, al número 8349-5000 o con el director de Investigación y Gestión Hídrica Roberto Ramírez, al número 8932-3341.
Atentos lo saludamos, y lo felicitamos por su designación como Presidente de la República de Costa Rica para el próximo cuatrienio, deseándoles el mayor de los éxitos, con la esperanza de un gobierno que favorezca los intereses de la colectividad del país. A la vez las personas, organizaciones sociales y ambientalistas abajo firmantes, ponemos de manifiesto con todo el respeto que usted se merece, lo siguiente:
Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley de aguas o recurso hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos, considerando los antecedentes derivados de los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, como es el caso del 17.742, 20.212 y 20.386, cuya tendencia vislumbra concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en un órgano con influencia e interferencia política como es el caso del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Apoyamos sin reserva que las competencias de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA, se mantengan en esta institución y las mismas sean consolidadas, tal como está señalado con base al criterio legítimo de constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República, esto considerando que la DIGH ha demostrado un estricto apego desde la parte de especialización técnica, hasta de ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos.
Denunciamos las acciones realizadas por la Cámara Costarricense de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otras entidades, para intentar menoscabar y hasta eliminar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, la cual tiene como fin la protección del recurso hídrico de todos los costarricenses y que ha sido avalada por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Solicitamos respetuosamente una vez que usted entre en funciones como Presidente de la República, velar por que no se permita se lleven a cabo actividades constructivas o de otra naturaleza por parte de particulares en la zona que es inalienable por la Ley 65 de 1888; y así en este orden, se respete y cumpla esta ley que declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de Concordia; en este sentido, para así proteger las aguas de los habitantes del Valle Central.
Igualmente solicitamos, se inicie sin más dilación la recuperación de los terrenos que abarca la ZONA INALIENABLE, creada por la Ley 65 de 1888 y así además se cumpla el voto de la Sala Cuarta No. 2008-12109.
Solicitamos que se haga lo necesario y lo que corresponde, para que se aplique el Decreto No. 39259-MINAE, firmado el 15 de octubre del 2015 en Concepción de San Rafael de Heredia, por parte del actual Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y el Ministro de Ambiente don Edgar Gutiérrez , el cual DECRETÓ LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BRAULIO CARRILLO, en tanto en la zona ampliada se siguen realizando actividades por particulares que atentan contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el mismo, índica:
Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.
Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias, para que se lleve a cabo la reforma de la actual Ley Forestal, para que así se protejan los árboles de cualquier especie que jueguen un papel ambiental importante y así se cumpla además, con la resolución de la Sala Constitucional 2007-003923, expediente Nº 05-010758-0007-CO, que señaló:
“Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley. Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en …tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia.
Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias para que se retire y no se apoye el proyecto de Ley 20.407, denominado LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO, proyecto impulsado por el MINAE, el cual pretende utilizando diversas figuras jurídicas (permisos, autorizaciones o concesiones), el aprovechamiento por particulares de terrenos que son patrimonio natural y forestal del Estado, a actividades como el manejo maderable forestal, extracción de madera caída o cortada, aprovechamiento de otros productos del bosque diferentes a la madera como son frutos, yemas, látex, resinas, gomas, flores, plantas medicinales y ornamentales, fibras, construcción de edificaciones privadas y públicas y otra infraestructura.
Suscribimos:
ORGANIZACIONES:
Asociación Conservacionista YISKI – Asociación de Desarrollo Integral de Concepción de San Rafael de Heredia – Auditoria Ciudadana de Santa Bárbara de Heredia – Comité Bandera Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia – Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia – CONCEVERDE Colectivo Ciudadano San Rafael de Heredia – Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales Barva de Heredia – Grupo Conservacionista LOS CONGOS – Movimiento Alajuelense por el Agua – YARCA Red Ambiental Heredia.
CIUDADANOS:
José Francisco Alfaro Carvajal – Nicolás Boeglin – Osvaldo Carvajal Cascante – María Antonia Castro Franceschi – José Manuel Cerdas Albertazzi – Amable Corrales Valverde – Ana María Dianda Martínez – Sol Fernández Bustamante – Margarita Fernández Lamas – María Elena Fournier – Jorge Hernández Villalobos – María Ángel Herrera Calderón – Aquiles Jiménez Arias – Manuel Miranda Montero – Rosa María Morales Rojas – Javier Núñez Alfaro – Ricardo Paniagua Calvo -Sergio Ortiz Pérez – Silvia Piza Volio – Rodrigo Ramírez Vargas- Lilian Rojas Maissonave – Carlos Manuel Romero Fernández – Abel Sánchez Solórzano – Giselle Solano Rojas – Víctor Julio Ruiz Chacón – Richard Tandlich Schwartz – Rafael Varela Montero.
Nota: Si desea suscribir este documento, puede enviar su nombre completo con su # de cédula, y/o nombre entidad o asociación que quiera unirse como firmante del mismo, escribiendo «YO FIRMO» a: conceverde@gmail.com
Por varios años diversos grupos de empresarios, algunos aglutinados en la Cámara Costarricense de la Construcción han tratado de menoscabar o eliminar las matrices de protección del recurso hídrico subterráneo, llámese Matriz Genérica de Protección de Acuíferos o Matriz de Criterios de Uso del Suelo según la Vulnerabilidad a la Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico, instrumentos elaborados por la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA para la protección del recurso hídrico subterráneo.
Los constructores y algunas cámaras de empresarios ven en las matrices de protección del recurso hídrico y en la oficina que los emite, un obstáculo que limita el seguir con el desarrollo constructivo desordenado que prima en el país y que atenta no pocas veces contra el recurso hídrico de los costarricenses.
Entre los varios ejemplos de arremetidas al SENARA y a la matriz, están los proyectos de ley de aguas presentados recientemente en la Asamblea Legislativa, los cuales todos trasladan las competencias técnicas de protección del agua subterránea que tiene la DIGH, a un ente o institución ligado directamente al Ministro de Ambiente, cuyas decisiones se caracterizan en la mayoría de las veces por ser políticas, no técnicas y fácilmente influenciables por los intereses económicos de unos pocos.
Haciendo un recuento de algunas de las veces que se ha denunciado la intención de eliminar la matriz o menoscabar las competencias de protección del recurso hídrico del SENARA, nos encontramos que en junio del 2009, ciudadanos y organizaciones denunciamos la intención de la Junta Directiva del SENARA de coartar la comunicación de la DIGH con comunidades, municipalidades, entidades públicas y privadas sobre datos técnicos relativos a la situación de las aguas subterráneas en Costa Rica; intención que no progresó gracias a un voto de la Sala Constitucional y de un dictamen de la Contraloría General de la República.
En marzo del 2011 ciudadanos y organizaciones denunciamos el desmantelamiento que se quería hacer en el gobierno de Oscar Arias de la DIGH del SENARA. En el 2013 se denunció en el Diario Extra la intención de la propia gerencia del SENARA de ese entonces, de tratar de que se aprobara una nueva matriz a gusto del gremio de los constructores y sin consultar a la oficina encargada de elaborar ese tipo de instrumentos como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica.
El año pasado, cerca de 14 cámaras de empresarios demandaron a SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo con la intención de que se eliminara la Matriz, proceso que les resultó inútil en tanto los jueves de ese tribunal avalaron dicho instrumento y la potestad de SENARA de dictarlo.
Hace pocas semanas tuvimos conocimiento que un sector empresarial estaban tratando de que la Junta Directiva del SENARA aprobara una moratoria a la aplicación de la matriz vigente; esto tampoco logro resultados positivos para los empresarios en tanto esa junta no cedió ante la solicitud de los gremios de empresarios.
Como hasta hoy ningún intento para debilitar o eliminar la matriz ha rendido frutos, sea por medio de la aprobación de una nueva ley de aguas, sea demandando al SENARA ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sea con la tentativa a que la Junta Directiva del SENARA decretara la moratoria a la aplicación de la matriz, etc., ahora da la impresión que recurren los empresarios ante el Ministro de Ambiente para que interpusiera ante la Presidencia de la República una gestión de “Conflicto de Competencias” ante un supuesto conflicto entre varias instituciones y el SENARA, en tanto según el Ministro, el SENARA al dictar matrices de protección del agua invade competencias de otras instituciones, arguyendo además un riesgo en el desarrollo urbano en el país. Pareciera que para el señor Ministro el intereses de los desarrolladores constructivos está por encima a la protección del recurso hídrico subterráneo ya que está muy preocupado “por la grave afectación que puede generar la aplicación de la matriz”, afectación en el desarrollo constructivo, por lo que impugna las competencias de protección del recurso hídrico que por ley tiene SENARA, para dejarlas en manos de ministerios y otras instituciones que han demostrado negligencia en la protección del ambiente y en particular del recurso hídrico.
Pretende el señor ministro dejar sin efecto la Matriz Genérica y que se elabore una nueva matriz en colaboración con el sector empresarial, que si analizamos como se ha llevado a cabo el desarrollo constructivo, ese sector queda debiendo con la protección del recurso hídrico, ya que son cómplices directos de ciudades que son verdaderas moles de cemento, donde la variable ambiental y la protección del recurso hídrico poco importa, tanto por la eliminación total de la cobertura vegetal, como por la impermeabilización del suelo, en muchos casos en un 100%, suelo que no en pocas veces es de recarga acuífera.
Como resultado de la solicitud del Ministro de Ambiente, el señor Presidente de la Republica el pasado 21 de febrero acordó suspender la aplicación de la Matriz Genérica, lo que evidencia desdichadamente, que el Presidente o sus asesores ignoran la Ley de Creación de SENARA que le da la potestad a ésta institución autónoma de dictar medidas de protección del recurso hídrico subterráneo e igualmente ignora varias resoluciones de la Sala Constitucional y la del Tribunal Contencioso Administrativo, que avalan esa competencia de SENARA en torno a la protección del agua. No entendemos algunos porqué el Ministro de Ambiente y el Presidente de la República jalan para el lado de los empresarios y no para el lago de la protección del recurso de los más importantes que podemos tener los seres vivos, como es el agua.
Ignorará además el Presidente y el Ministro de Ambiente que los límites que establece la matriz del SENARA a las actividades que se pueden desarrollar en una zona, derivan de variables como la vulnerabilidad hidrogeológica y la recarga acuífera, y que de conformidad a estas variables se recomienda el tipo de actividades que se pueden llevar y como se puede llevar para no afectar por exceso de impermeabilización del suelo y por contaminación el recurso hídrico subterráneo.
Resolución del 8 de agosto del 2017 del Tribunal Contencioso Administrativo
Declarada “improcedente” demanda de la Municipalidad de San José, la UCCAEP, la Cámara de la Construcción, CANARA, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio, y otros, contra el SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento)
Los demandantes solicitaron la nulidad absoluta del acuerdo del SENARA del año 2014 en que se declara de acatamiento obligatorio y general, la “Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico”.
Dicha “matriz” es un instrumento fundamental que, por resolución anterior de la Sala Constitucional, derivó en un procedimiento utilizado por el Estado para determinar el tipo de protección que ha de darse a los importantes acuíferos subterráneos del país, según sean las características del suelo y las particularidades de los proyectos a desarrollar en donde se encuentren.
Aunque el Ministro de Ambiente Édgar Gutiérrez Espeleta no se apersonó en el proceso judicial, llamó la atención el hecho de que su Director de Aguas del Minae, y el que fuere su Secretario General de la Setena, José Miguel Zeledón y Freddy Bolaños, respectivamente, hubieren participado como testigos por la parte demandante. Es decir, altos funcionarios del MINAE participaron contra el SENARA, en un juicio de trascendental importancia para la protección de las decenas de acuíferos subterráneos que todos los costarricenses deberíamos resguardar.
Juicio contra instrumento de protección de aguas subterráneas
El pasado 8 de agosto el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta nos notificó de la resolución 70-2017-IV donde se nos hace saber, que la pretensión de la Cámara de la Construcción ante ese tribunal, para que se anulara la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico, instrumento de protección de las aguas subterráneas del país creado por SENARA, fue declarada sin lugar.
Apoyando la pretensión de los constructores, se presentaron en el proceso más de una decena de cámaras de empresarios, además de la Municipalidad de San José y Grecia, que les choca que SENARA haya emitido un instrumento de aplicación en todo el país que establece recomendaciones en relación con las densidades de población y coberturas de los terrenos a efecto de mitigar el impacto negativo en las aguas subterráneas que pueden tener algunas actividades humanas. A las cámaras y acólitos municipales les molesta que las recomendaciones del SENARA sean obligatorias de seguir por los tomadores de decisiones cuando decidan sobre el ordenamiento territorial.
La pretensión de las cámaras de empresarios es uno más de los intentos que se han dado a través de muchos años, para que SENARA no emita recomendaciones que protegen el recurso hídrico, y que quede en manos de ellos y en instituciones como municipalidades el decidir aspectos de cobertura o densidad poblacional, lo que conllevaría un atentado contra el agua, en tanto no pocas veces las municipalidades han demostrado poco interés en la protección de ese recurso y más bien se han puesto al servicio de los desarrolladores constructivos.
Otro ejemplo de los intereses que existen para eliminar la oficina de protección del recurso hídrico subterráneo del SENARA, se da a través de los varios proyectos de ley del recurso hídrico que se han presentado a la Asamblea Legislativa, en cuenta el mal llamado de iniciativa popular, que pretende trasladar las competencias técnicas que tiene SENARA en materia de aguas subterráneas, a una oficina dependiente del MINAE, ente donde su jerarca toma decisiones no pocas veces con criterio político y no técnico.
Llama la atención que uno de los testigos ofrecidos por las cámaras en el juicio contra la Matriz, fue un funcionario del MINAE, nada menos que el director del Departamento de Aguas.
En CONCEVERDE única organización del país que participó por medio de uno de sus integrantes en el juicio como coadyuvante pasivo a favor de SENARA y su instrumento de protección del recurso hídrico, nos sentimos complacidos con la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo e instamos a luchar por la protección del recurso más importante que podemos tener los seres vivos, como es el agua.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de ecoportal.net.
Cámaras de Empresarios atacan instrumento para la protección del recurso hídrico
Por varios años los empresarios han presionado para que deje de existir la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico; sus intentos han fracasado ya que este instrumento elaborado por SENARA, ha contado con la “bendición” de la Sala Cuarta que en varias de sus resoluciones, ha señalado que su aplicación es obligatoria en todo el país. No contentos, en octubre del 2015 la Cámara de la Construcción presenta una demanda contra SENARA en el Tribunal Contencioso Administrativo para que se anule el instrumento de protección del recurso hídrico subterráneo. Apoyando ante el Tribunal Contencioso el argumento de la Cámara de la Construcción, se presenta en calidad de coadyuvantes, la Municipalidad de San José, de Poás, la Asociación de Cámara de la Construcción, Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara Textil Costarricense, Cámara Costarricense de Hoteles, Asociación Cámara Nacional de Radio, Cámara de Transporte de Carga, Asociación de Desarrollo Inmobiliario, Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial, Cámara de Infocomunicación y Tecnología, Cámara de Agricultura, Cámara de Comercio, Cámara Costarricense de Hoteles, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, etc. La acción de los empresarios o sus representantes ante el Contencioso, tiene como propósito dejar sin efecto la Matriz que es un instrumento técnico que tiene como fin proteger el recurso hídrico, sobre todo subterráneo, de las actividades humanas por medio de la aplicación de una serie de criterios del uso del suelo apropiado en función de la vulnerabilidad hidrogeológica y la actividad productiva. Pareciera que la Matriz de Uso del Suelo para la Protección del Recurso Hídrico es un estorbo para cómo quieren llevar a cabo los empresarios sus actividades, por lo que quieren eliminar ese instrumento de protección, aun cuando esto signifique poner en peligro el recurso hídrico de los costarricenses.
No es la primera vez que se atacan los criterios técnicos de la Dirección de Investigación y Gestión del Recurso Hídrico (DIGH) del SENARA tendientes a la protección del recurso hídrico; así por ejemplo varias ciudadanos y organizaciones denunciamos en junio del 2009,que la Junta Directiva del SENARA, había acordado censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de SENARA pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver al MINAET, además acordaron, que no le correspondía definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html)
En el 2011 se volvió a denunciar por varias organizaciones el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, dirigido a concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET. (Léase: http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html).
Las anteriores intentos y otros que se han dado contra SENARA, sobre todo contra la oficina que está encargada de la protección del recurso hídrico subterráneo, como es la DIGH, se vio frenado por la Sala Constitucional y la misma Contraloría de la República, que se pronunciaron a favor de la Matriz de Uso del Suelo y de la independencia de la DIGH a la hora de emitir sus recomendaciones y criterios. No conformes con lo que ha decidido la Sala Constitucional y la Contraloría, los intentos de los empresarios para anular los criterios técnicos del SENARA continúan, como es con la demanda para anular la Matriz de Uso del Suelo, cuyo juicio iniciará este jueves 29 de junio a las 8:30 a.m. en el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Segundo Circuito Judicial de San José, Goicochea. Esperamos que otra vez los afanes de los empresarios sean frenados y que los jueces decidan a favor del recurso hídrico de los costarricenses.
Celebrando la detención de construcciones ilegales
El pasado 18 de febrero en Guacimal de Puntarenas celebró un año desde que la Sala IV ordenó la detención de las construcciones ilegales de un «megaproyecto de riego» del SENARA que ya había sido ampliamente reprobado por el pueblo, por ser una amenaza abierta al ambiente local, en el que los ríos significan bienestar social.
Otras denuncias aún pesan sobre este fallido proyecto
Pero además de los recursos de amparo que la Sala Constitucional ha resuelto en favor del ambiente, otros procesos legales y administrativos se iniciaron en medio de todo un complejo de irregularidades que se presentaron desde que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal (SUALA) quiso poner sus manos sobre el agua del Veracruz.
Caducidad por desuso
Uno de esos procesos administrativos fue la denuncia presentada desde octubre del 2015 por la Alianza por la Defensa del Agua, pidiendo que se cumpliera con el artículo 26 de la Ley de Aguas, al haber pasado en ese momento 5 años sin que el agua se utilizara, lo cual es causa expresa en la Ley para declarar caducidad de la concesión. A partir de ahí, el Ministro de Ambiente creó un Órgano Director que analiza el caso para resolver la denuncia por caducidad.
Audiencia en el MINAE
El pasado 23 de febrero, hubo una audiencia ante la Dirección de Aguas sobre el caso en el que darían testimonio vecinos de Guacimal y los desarrolladores sobre el desuso de la concesión. No obstante, mientras que los Desarrolladores se reunieron en privado con miembros del órgano Director, y tras una espera de casi 2 horas por parte de los guacimaleños, se anunció la suspensión y reprogramación de la audiencia por una interpelación hecha por el abogado de la SUALA.
No hubo argumentos de fondo. Básicamente reclamaron que se debían cumplir con 15 días hábiles previos para la notificación y que ésta se hizo 14 días antes, violentando el derecho de defensa de la presidenta de la SUALA, Anais Madrigal.
¿Qué se debe resolver?
La SUALA no ha usado el agua desde que obtuvo la concesión en octubre del 2010 por acciones u omisiones propias de su mala administración de la concesión. Han tenido 2 viabilidades ambientales (en 2010 y 2012). La primera se le venció por no iniciar construcciones en el plazo de vigencia; la segunda fue anulada en 2014 por la Sala Constitucional al haber mediado irregularidades en su aprobación ante SETENA. Según la Ley de Aguas está claro que con 3 años sin utilizar la concesión, el Ministerio de Ambiente debe declarar la caducidad, sin que existan excepciones al caso.
Insostenibilidad demostrada
Aunque ha sido criticado por algunos por la oposición al “desarrollo”, el pueblo de Guacimal y las comunidades aledañas que lo apoyan se basan en experiencias propias de proyectos que han terminado en las manos de pocos, en agua que corre desperdiciada por las calles, en concesiones que aprovechan el agua a pesar de estar vencidas, ríos secos, animales en peligro de extinción amenazados, poblaciones sin agua potable por meses y demás manifestaciones de insostenibilidad y desigualdad en el acceso al agua. Diversos reportajes han dado cuenta del conflicto y los impactos que traería la explotación como se han denunciado por años.
¡Que se cumpla le ley!
Nuestras gente tiene claros nuestros derechos y exige que la Ley de Aguas se cumpla con la anulación definitiva de esta concesión en un río que queremos proteger para que en el futuro tengamos una fuente segura de agua para consumo humano en las comunidades más vulnerables a afectaciones por el cambio climático. Tres años de triunfos comunitarios contra estos intereses privados, con el derecho a nuestro favor nos amparan para seguir unidos luchando por el agua y motivando a otras comunidades a confrontarse a quienes con sus negocios personales desprecian la vida y el bienestar que merecemos las pequeñas comunidades rurales de Costa Rica.
Para más información: alianzahidrica.pts@gmail.com, Dany Alberto Villalobos Tel: 8781 4512 FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.
Enviado a SURCOS por TCU Kioscossociomabientales UCR.
