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Etiqueta: SENARA

Los resultados del desarrollo regional y la importancia del enfoque territorial

German Masís

La Administración Alvarado ha presentado los resultados del desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, los primeros el 25 de julio como parte de la celebración del 196 aniversario de la Anexión de Guanacaste y los segundos el 31 de agosto durante la celebración del día de la Cultura Afrocostarricense.

En ambas actividades los coordinadores de los programas regionales, la primera Dama Claudia Dobles del programa para la región Chorotega y en la segunda el Primer Vicepresidente Marvin Rodríguez del programa Mesa Caribe, presentaron un recuento de los resultados obtenidos en las diferentes áreas de la acción gubernamental.

Entre los resultados en la región Chorotega, se mencionaron los siguientes:

– la inversión de 26.693 millones de colones en el mejoramiento del acceso al agua potable en Guanacaste para 90 mil personas, gracias al impulso de 8 proyectos en los cantones de Liberia, Bagaces, Nicoya, Cañas, Abangares, Santa Cruz y La Cruz.  Estos proyectos son parte del Plan de Infraestructura y Gestión Integrada del agua de la región Pacífico Norte 20-30, que contempla la inversión de $ 1.130 millones en 71 proyectos, entre los que se encuentre el PAACUME sobre el embalse del río Piedras.

– se realizó el asfaltado de las rutas Garza-Nosara, Hojancha-Nandayure y Quebrada Honda-Carrillo, se mantienen trabajos en diversas rutas de Nicoya, Tilarán, Cañas y Abangares y se ha recuperado el avance en la obra Cañas-Limonal.

– el INDER invirtió mil millones de colones en proyectos de riego y continúan en ejecución por 250millones de colones del proyecto Agrolajas II en Abangares.

– INDER y SENARA construyen el proyecto de riego de Sardinal de Carrillo con una inversión de 360millones de colones para beneficiar a 24 familias que podrán ampliar y diversificar su producción agrícola.

-el INDER también destinó 7.400 millones en obras de infraestructura, producción y seguridad alimentaria

– el INDER entregó una donación de 241 millones de collones para comprar equipos de secado del café producido por 380 familias ligadas a la Cooperativa CoopelDos, en los cantones de Tilarán, Abangares y Monteverde.

– un grupo de 310 pescadores de la Cámara de Pescadores de Guanacaste ubicados en Nicoya, Paquera, Santa Cruz y San Juanillo, reciben equipo de enfriamiento, pesaje y acopio, con una inversión del INDER por 19.2 millones de colones.

-proyectos como Santa Luisa, Las Palmas, Villas Marcel, La Joya, Malinche y la Esmeralda, dan cuenta de la fuerte inversión en vivienda en Guanacaste en cantones como Hojancha, Liberia y Abangares.

– obras como la escuela Recaredo Briceño y san Francisco en Nicoya, Dionisio Leal en Santa Cruz, los Colegios técnico-profesionales en barrio Irving La Cruz y el de Corralillo de Nicoya, apuntan a que miles de estudiantes encuentren mejores condiciones cuando regresen a las aulas.

– puestos de salud como el puesto de visitación periódica y el EBAIS de Santa Elena en La Cruz ya están disponibles para los habitantes de esas comunidades.  Están en ejecución proyectos como el área de salud de Santa Cruz y la unidad de terapia renal de Liberia.  La inversión total de la Caja del Seguro Social en Guanacaste supera los 22.500 millones de collones

– para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria se entregaron cerca de 30 mil diarios en toda la provincia y cerca de 94 mil personas se beneficiaron con el bono Proteger y el IMAS y el área regional de desarrollo social Chorotega dieron protección social a más de 18 mil familias en pobreza y en pobreza extrema (ElPaís.com, 25-7-2020)

Por su parte, en la presentación de los resultados de la Mesa Caribe, se mencionaron los siguientes:

– en infraestructura vial, el CONAVI ha invertido cerca de ₡5.900 millones en el mantenimiento y rehabilitación de carreteras en los 6 cantones de la provincia de Limón, además de la construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola entre Costa Rica y Panamá que presenta un avance de un 90%.

– en infraestructura educativa, de setiembre de 2019 a la fecha, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) ha entregado siete proyectos educativos, once se encuentran en ejecución y cuatro en proceso de contratación, ubicados en los seis cantones de la provincia.  En total, la inversión de agosto de 2019 a la fecha asciende a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

– el Senara ha ejecutado proyectos con una inversión total de ₡14.000 millones en beneficio de 23.600 familias de la Región Huetar Caribe.

– la inversión de Acueductos y Alcantarillados a lo largo de la provincia de Limón es de ₡37.4 mil millones en 11 proyectos de agua potable y saneamiento de los cuales 3 se han concluido este 2020 y 5 más se encuentran en ejecución, Entre ellos, destaca la construcción del alcantarillado sanitario en Puerto Viejo.

– en las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

– el Ministerio de Trabajo por medio del Programa Nacional de Empleo, ha logrado desarrollar las competencias necesarias para el empleo en 18.400 personas, lo que ha representado una inversión social superior a los ₡3.896 millones.

– el INA ha destinado más de ₡3.327 millones invertidos para la formación y capacitación para el empleo de 7.785 personas.   A esto se suma la construcción de 48 mil metros cuadrados del Centro Polivalente del INA, con una inversión que supera los ₡6.479 millones, que permitirá la capacitación de hasta 3.500 estudiantes al año.

el Inder ha realizado una inversión social de más de ₡7.538 millones en los 6 cantones del país, entre los que destacan la ruta turística Guácimo y el mejoramiento de los caminos de La Lidia, Maravilla, San Jorge, el Millón, Aguas Frías, la Fortuna y Maná.

– Dinadeco ha logrado plasmar siete proyectos y se ejecuta otros cinco que benefician a 5 mil personas. Inversión para el desarrollo comunal de Limón supera de más de ₡194 millones.

– el proyecto de ventanilla única municipal de la Región Caribe se encuentra a un 35% de avance por parte del IFAM, representando un aporte de $230.000 no reembolsable de la institución, impactará en municipalidades más eficientes y efectivas.

– el Ministerio de Vivienda y el BANVHI han invertido alrededor de ₡14.200 en el desarrollo del Bono Comunal Limón 2000 -impactará en la calidad de vida de 3.000 habitantes de la comunidad- y otros proyectos de Vivienda en los cantones de Pococí, Guácimo, Matina, Talamanca y Limón Centro, donde se han otorgado 681 bonos de vivienda.

– mediante sus diferentes programas, el IMAS ha atendido a más de 79.800 personas, con una inversión social superior a los ₡28.000 millones para la Región, mientras el Conapam, y Pani han invertido más de ₡1.900 millones aproximadamente para el beneficio de más de 3.000 personas de la población adulta mayor, niñez y adolescencia.

– el MEP mediante sus diferentes programas ha dirigido alrededor de ₡23.100 millones, apoyando a más de 133.000 estudiantes; mientras que la Junta de Protección Social ha invertido ₡1.400 millones para beneficio de 600 personas beneficiarias.

– en la atención de la emergencia Covid-19, la Comisión Nacional de Emergencias y los Comités Municipales se han entregado de 22.542 paquetes de alimentos para 111.000 personas; el MEP, ha realizado la entrega a estudiantes de 553.800 paquetes de alimentación con una inversión de ₡8.380 millones y a través del Ministerio de Trabajo y el IMAS se han destinado ₡23 mil millones en Bonos Proteger logrando llevar alivio a 61.400 personas. (ElPaís.com,31-8-2020).

Los resultados de la acción institucional en las regiones muestran un esfuerzo de coordinación institucional, una fuerte inversión de recursos en algunas áreas del desarrollo regional y un impacto en grupos específicos de la población.

No obstante, en las presentaciones de los resultados, se evidencia la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J. et al, Rimisp,2015).

En ellas se puede observar también la falta de análisis y de vinculación de las acciones regionales, con los factores que determinan la estructura social, económica y política de los territorios, tales como las tendencias del entorno, las estructuras sociales y valores arraigados en la práctica de los actores sociales. la dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, el desarrollo de la actividad económica y el surgimiento nuevas alternativas productivas, la importancia de la inversión pública en las dinámicas territoriales y la relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias.

Los resultados de la acción institucional en las regiones son una sumatoria de acciones centradas fundamentalmente en el factor de la inversión pública en infraestructura vial y social especialmente efectuada con recursos del INDER y en las transferencias estatales de las instituciones de asistencia social, y con poca referencia a la intervención en áreas estratégicas del desarrollo territorial, como el Plan de gestión integrada del agua 2020-30 de la región Chorotega.

No es posible propiciar transformaciones importantes en los territorios, si no se logra comprender las tendencias económicas, políticas, culturales y ambientales generales, intensificadas por la globalización, pues el cambio progresivo nunca proviene sólo desde dentro del territorio y los procesos del entorno nacional y externo inciden fuertemente y reducen la autonomía de los territorios.

La historia de los territorios tiene un peso fundamental en la formación del desarrollo regional, la cual se manifiesta en una cierta cultura y en prácticas sociales que determinan las sociedades territoriales y la distribución del poder y los recursos en cada región.

La dotación, el acceso y el uso de los recursos naturales, es clave en el potencial de las dinámicas territoriales, en su utilización productiva, en la generación de riqueza, en las posibilidades de crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental de los territorios.

El desarrollo de las actividades económicas y el impulso de estrategias productivas regionales de conexión con mercados dinámicos, el acceso a inversión pública y privada y los enlaces y encadenamientos productivos, deben estar dirigidos a crear estructuras económicas más diversificadas y equitativas y a generar oportunidades de crecimiento económico más inclusivas y más sustentables.

El papel de la inversión pública es clave en catalizar cambios significativos en las dinámicas territoriales mediante la creación de bienes y activos públicos o privados, aunque por ser mediados por instituciones formales e informales, deben incorporar la participación de los actores en la toma de decisiones, así como en su implementación, para garantizar una dirección distributiva hacia los más pobres y la solución de las necesidades de la población.

La relación de los pueblos y comunidades con las ciudades intermedias en los territorios es esencial, ya que éstos ya no se conforman principalmente de pueblos dispersos y aislados, con poco acceso a servicios y dependiente de la agricultura.   El centro urbano y el interior rural ahora constituyen un territorio funcional en el que cada sector depende del otro y los vínculos que los unen son diversos.

Los territorios en las regiones son rurales-urbanos, y esta condición les brinda un conjunto de ventajas que facilitan el crecimiento económico y un crecimiento más socialmente inclusivo o, más propicio para una más rápida reducción de la pobreza, a través de un mejor acceso al mercado para los productores rurales, acceso a servicios especializados y una mayor demanda de empleos no agrícolas (Berdegué, J. et al,2015).

Los programas de desarrollo en las regiones Chorotega y Huetar Atlántica, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitan analizar impactos en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.

 

*Imagen ilustrativa, CONARE, desarrollo regional.

Agua es Vida y Yiski se pronuncian ante proyecto de ley de agua

SURCOS recibió el siguiente comunicado:

«¡DIGAMOS NO A LA NUEVA «LEY DE AGUAS», DE PAOLA VEGA!

  1. Porque pese a la trascendencia que tiene una nueva Ley de Aguas, este proyecto ha sido tramitado DE ESPALDAS A LOS HABITANTES, a pesar de que sustituye sin justificaciones expresas, la magnífica Ley de Aguas que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, la cual, en virtud de sustanciales actualizaciones, ha abierto el camino a la incorporación en la normativa legal costarricense, a que el acceso al agua, como bien demanial, en cantidad y calidad adecuadas, sea un Derecho Humano. La precipitación en su trámite no ha permitido incluso, que la gran mayoría de los señores diputados hayan tenido la oportunidad de conocer sus detalles técnicos, y mucho menos debatir sobre ellos como es su responsabilidad. Ello, pese a que es quizá el proyecto de ley MÁS IMPORTANTE que jamás habrían de decidir.
  2. Porque la excelente Ley de Aguas, legado del Dr. Calderón Guardia, que quieren enterrar, es tan VISIONARIA que ha servido de sustento a decenas de normas incluidas en la Constitución Política de Costa Rica, leyes, códigos, matrices de protección de acuíferos, legislación ambiental, normativa ambiental sobre la contaminación de las aguas, SENARA, ARESEP, etcétera. Por lo tanto, ES UNA MENTIRA decir que la actual ley de aguas es una ley vieja, cuando esta ha demostrado poder actualizarse y mantener el marco jurídico vital que garantiza el derecho al acceso al agua potable.
  3. Porque los muy valiosos e insustituibles ACUÍFEROS SUBTERRÁNEO, hoy bajo la tutela técnica y profesional del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), quedarían a disposición de un incompetente órgano político, ubicado en el Ministerio de Ambiente. «Dirección de Agua» (a la que simplemente se le cambia el nombre) cuya jerarquía activamente se ha opuesto, a las regulaciones de protección de los acuíferos subterráneos, además formalizadas en atención a resoluciones de la Sala Constitucional. Y es tan evidente la intención de erosionar las funciones de manejo, protección y conservación de las aguas subterráneas, que hasta del nombre del SENARA se elimina cualquier referencia a tan vital área. Así, la REGRESIÓN AMBIENTAL es de tal magnitud, que más allá de la ilegalidad, ha de preocupar infinitamente, las consecuencias de tan insensible e irracional regresión ambiental.
  4. Porque los que pretenden dejar sin protección los invaluables, ¡y a la vez vulnerables!, acuíferos subterráneos, olvidan que, ante la vergonzosa contaminación de nuestros ríos, en extensas regiones del país, así como la sequía que sufren en verano por la disminución de sus zonas de proyección, sus habitantes tienen cifradas sus esperanzas de abastecimiento del líquido vital en las aguas subterráneas. Importante valorar que desde el SENARA se han identificado 58 ACUÍFEROS, costeros, volcánicos y sedimentarios continentales, de los que se nutren más de 17.000 POZOS concesionados en las cuencas del Tárcoles (39%), península de Nicoya (17%), Tempisque (14,4%), Reventazón (5,5%) y Jesús María (3%). Sin embargo, en lugar de proponer un fortalecimiento institucional del SENARA, se busca su degradación.
  5. Porque acorde con la perversa tendencia privatizadora del que llaman «manejo integrado público-privado», se propone la obligación (!) de CREAR SOCIEDADES AGRÍCOLAS como requisito para optar a concesiones de agua para agricultura. Verdaderos órganos privados que habría que inscribir en el Ministerio de Ambiente, formados cada uno por la asociación de cinco dueños de fincas. Aquellos PEQUEÑOS AGRICULTORES que por las más diversas razones no pudieren reunirse en esas muy particulares sociedades, NO podrían obtener concesiones de agua para la atención de sus necesidades. Esto es una privatización del agua de manera solapada.
  6. Porque con no muy sanas intenciones, se amplían indebidamente las condiciones a los derechos de disponer libremente de «agua para uso doméstico», mediante pozos para una casa de habitación o un núcleo familiar, hacia ¡FINCAS DE HASTA 35 HECTÁREAS! O sea, se les otorga a empresarios agropecuarios con fincas de grandes extensiones, permisos previos, sin requisitos, para perforar pozos cual si se tratara para atender las necesidades de una pequeña familia. Otro ejemplo de privatización solapada en un uso doméstico para “pequeñas familias” que viven en “pequeñas” fincas de 35 hectáreas.
  7. Porque se sigue negando la razonable restricción propuesta en su oportunidad, de prohibir la EXPORTACIÓN DE AGUA ENVASADA, desde lugares donde existen comunidades expuestas a periodos, a veces muy largos, de ESCASEZ de agua potable, que sufren así del incumplimiento del acceso al agua en cantidad y calidad, como un DERECHO HUMANO. Tampoco se vislumbra esta prohibición en situaciones de emergencia nacional como lo puede ser una sequía, una pandemia, un problema de salud nacional, contaminación o agotamiento de acuíferos, y otras situaciones adicionales que la lógica de subsistencia, nos dice que es contradictorio exportar agua mientras a lo interno morimos de sed.
  8. Porque es incorrecto siquiera decir, que este proyecto de nueva Ley de Aguas es imprescindible para sustentar la reciente REFORMA CONSTITUCIONAL sobre la materia, y para que el AyA pueda cumplir eficientemente su deber. El que por fugas desde las cañerías del AyA se pierda agua ¡PARA MÁS DE DOS MILLONES DE PERSONAS!, el imperdonable rezago en la construcción del proyecto de abastecimiento Orosi II, el costoso fracaso del proyecto de alcantarillado sanitario del área metropolitana, la desvinculación histórica con las asadas, etcétera, son deficiencias de gestión institucional que NO tienen nada que ver con obstáculos que pudiere tener la magnífica Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia.
  9. Porque al eliminar de las funciones del AyA el ejercer «LA GOBERNABILIDAD» del más importante recurso demanial con que contamos los costarricenses, ¡sin determinar A QUIÉN corresponde esa fundamental función!, coloca al agua en una situación de gran VULNERABILIDAD para su manejo Estatal, frente a crecientes amenazas privatizadoras.
  10. Porque al borrar del AyA la función de «ALCANTARILLADOS», sin determinar con claridad a quién se le encarga, crea un previsible CAOS interinstitucional de inimaginables consecuencias en la función cotidiana de las zonas urbanas, principalmente.
  11. Porque lejos de promover la INCORPORACIÓN COMUNITARIA en el uso sostenible y fiscalización del agua como recurso invaluable de dominio público, más bien contiene evidentes RETROCESOS en este tipo de gestión deseable.
  12. Porque desdeña algunas de las AMENAZAS más preocupantes que en la actualidad penden sobre el agua, como lo son la contaminación, la sobreexplotación, las tomas ilegales y la escasa protección de las fuentes, cual si fuere un recurso inagotable.
  13. Porque a las de por sí desdeñadas ASADAS, que hoy abastecen con agua potable A MÁS DEL 50% DE LAS PERSONAS, se les impone impuestos indebidos bajo la engañosa expresión de «cánones», dificultando aún más su voluntaria gestión.
  14. Porque el ICE y otras empresas menores públicas y privadas de generación hidroeléctrica, se verían obligadas a pagar un irracional e inconsulto IMPUESTO por el uso del agua en sus proyectos, lo cual encarecerá los costos de la generación eléctrica y golpeará de nuevo a los hogares y al sector productivo del país.
  15. Porque nada es por casualidad, pues se siguen lineamientos de entes internacionales con grandes intereses en el comercio del agua, como la GWP-Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua, los Foros Internacionales del Agua, ¡todos con vínculos nacionales!, que ven al agua como UN BIEN ECONÓMICO Y NO COMO UN BIEN SOCIAL de carácter demanial».

Colectivo AGUA ES VIDA NO MERCANCIA/ Yiski

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Magistrados estudian nueva acción de inconstitucionalidad contra PAACUME

-Destrucción de Reserva Lomas Barbudal debe de ser declarada inconstitucional
-Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢3.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar evasores fiscales y empresas contaminantes

(FECON, 23/07/2020). La Sala Constitucional debe de estudiar una nueva acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) con el apoyo del despacho del diputado José María Villalta, la asesora legal Sofia Barquero y el exdiputado y abogado Edgargo Araya.

El área protegida que se destruiría con este megaproyecto es conocida por su importancia en la conservación de polinizadores, además contiene especies de aves y árboles en peligro de extinción en un ecosistema cada vez más amenazado como es el bosque seco tropical.

El proyecto de modificar los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal ha sido vendido con el falso lema de “Agua para Guanacaste”, pero en la práctica representa la construcción de un gran embalse que servirá de riego para grandes monocultivos de empresas trasnacionales como meloneras, cañeras, arroceras y piñeras. Inclusive informes de SENARA dejan entrever que no existe evidencia de que los beneficiarios de este megraproyecto sean pequeños o medianos productores. Pero si se sabe que está diseñado para grandes empresas agroindustriales y para hoteles que regarían con esa agua las canchas de golf y jardines.

PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita endeudar al país en al menos ¢3000 millones. Esta ley que en realidad es una licencia para la destrucción ambiental, pero también es un asalto al bolsillo de cada costarricense a favor de empresas acusadas de defraudación fiscal. PAACUME beneficiaria a empresa contaminantes y beneficiarias de la amnistía fiscal como la transaccional, FIFCO, CATSA, Del Monte, y hoteles que han destruido playas y manglares en las costas relacionadas al Proyecto Papagayo y al ministro André Garnier.

Además, existe criterio del AYA que señala que no tiene proyectada la construcción de una planta potabilizadora de agua dentro del PAACUME.

Por lo que se devela una mentira más sobre el proyecto que destruiría el ecosistema único de Lomas Barbudal y tampoco aliviaría la sed de comunidades aledañas.

Se ha evidenciado además que los límites propuestos por la Asamblea Legislativa tienen errores importantes. Así lo señala el informe del Registro Nacional de la Propiedad que señala conflictos con los puntos de referencia de la modificación de los linderos propuestos para la compensación del área destruida.

Por otro lado, la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica realizó un análisis sobre la estrategia de compensación por la pérdida de biodiversidad que sufrirá el ecosistema y concluyó que las fincas propuestas para la compensación no cumplen con criterios aceptables. Debido a que su mayoría son fincas ganaderas desprovistas de bosques.

Es importante mencionar que esta nueva acción de inconstitucionalidad bajo el Expediente 19-017939-0007-CO, interpuesta por FECON, es independiente del proceso interpuesto por los finqueros afectados y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizaron y comunicaron la resolución el día de ayer.

Por lo tanto, la destrucción de la Reserva Biológica Lomas Barbudal está lejos de estar libre de cuestionamientos legales y tiene que pasar nuevamente otro proceso de revisión con nuevos argumentos técnicos en su contra.

Reunión urgente por las fuentes de agua en Heredia

Este miércoles 19 de setiembre a las 7 p.m. se llevará a cabo una reunión urgente por la fuentes de agua en peligro de Heredia. La misma se llevará a cabo en El Mercadito Sano y Natural en San Rafael de Heredia y se contará con la participación del geólogo Roberto Ramírez, a cargo de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Senara.

Reunion urgente por las fuentes de agua en Heredia

 

Enviado por José Francisco Alfaro.

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¿Dónde está la plata para la compensación de Lomas de Barbudal?

  • Actas de la Junta Directiva de SENARA confirma que dinero para adquirir fincas no está en sus arcas
  • Presupuesto vigente del MAG 2017-2018 no contempla dinero para la compra de fincas

 

FECON, 4 de setiembre 2018. Es patente que el gobierno no tiene presupuestado el dinero para adquirir las más de 500 hectáreas que supuestamente compensaría la pérdida de biodiversidad que genera el impacto de inundar 113 hectáreas dentro de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal. Este costo se estima entre ¢1.500 y ¢3.000 millones. El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A. (1)

En plena crisis fiscal el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto que por su magnitud representa un alto grado de endeudamiento en tiempos de la crisis fiscal. El Proyecto PAACUME representa un endeudamiento de ¢300.000 millones. Un préstamo que incrementará en una tercera parte del hueco fiscal y acarrearía intereses por más de ¢16.000 millones anuales (a una tasa de interés de 5.4%).

En el Presupuesto Nacional queda claro que ni SENARA ni el MAG tienen presupuestado este dinero para la compra de tierras. (2). Consta que el presupuesto asignado a SENARA es de ¢5.789.000. Queda explicito que es solamente para cubrir gastos de operación de esta entidad y 8 plazas para el PAACUME. Por lo tanto los recursos con los que cuenta actualmente SENARA y el MAG no tienen como fin la compra de tierras para sumarlas a la Reserva Biológica Lomas de Barbuda.

La Federación Ecologista tuvo acceso al Acta 1139-2018 de la sesión ordinaria N°739-18 de la Junta Directiva de SENARA, en dónde se verifica que el Sr Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería quien preside esta instancia, menciona que los recursos para adquirir este dinero tiene que ser asignados en el próximo Presupuesto Extraordinario de la República y que la partida de los ¢3.000 millones debe ser incluida como una moción adicional. Con esto queda patente nuevamente que el MAG no tiene en este momento el dinero necesario para la compara de las fincas Brindis de Amor, Tres Azul, ASETREK y Hacienda Ciruelas.

Esto pondría en riesgo la integralidad de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal debido a que se sabe que el Estado le debe unos ¢962.000 millones a particulares, por 48.898 hectáreas de propiedad privada dentro de los Parques Nacionales y las Reservas Biológicas. Lo que representa cerca de 7% de las tierras del SINAC, por lo tanto el SINAC tampoco se podría hacer cargo de pagar esta deuda. Esta ausencia de los recursos financieros hace ilegal el cambio de límites de la RBLB planteada en el proyecto de El Proyecto de Ley para Modificar los Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal (expediente legislativo N°20.465).

El Reglamente de la Ley de Biodiversidad, específicamente en su Artículo 71 inciso g que: (es necesaria la) “existencia de recursos financieros suficientes para adquirir los terrenos del área propuesta y asegurar su adecuada protección y manejo en el largo plazo.”

Por esta razón, en un contexto de crisis financiera y fiscal, no existe certeza de que el dinero estará disponible para adquirir las 556 hectáreas para compensar el área. Mientras la misma Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica ha señalado que el estudio de Compensación realizado por la OET es inexacto, incompleto y técnicamente débil, esto según consta en el expediente de D1-21601-2017-SETENA donde se alberga el Estudio de Impacto Ambiental.

Esto prende muchas alarmas y preocupaciones sobre el destino no sólo de esta Área Silvestre Protegida sino de su conjunto a nivel nacional, ya que este gobierno insiste en crear un precedente perjudicial en materia de cambio de límites de todas los Parques Nacionales, Reservas Biológicas y Reservas Absolutas.

 

Referencias:

1) http://www.vocesnuestras.org/2018-07-19/articulo/megaproyecto-paacume-afectara-unica-reserva-biologica-bosque-tropical-seco-pais

2) http://www.hacienda.go.cr/docs/5b887929ca14b_207_MAG.pdf

 

Imagen tomada de la nota titulada: Cuestionan quienes serán los verdaderos beneficiados del megaproyecto Paacume.

Enviado por FECON.

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Agua a cambio de impuestos… Descaro del Gobierno del Bicentenario

“El Gobierno habría cedido también por la eliminación de la matriz hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) pues “frenaba el desarrollo del país”, según el congresista, lo cual fue del agrado de la bancada”; así indica un párrafo en el artículo del diario CRHOY del pasado 20 de agosto.

La Matriz Hídrica o Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, es un instrumento técnico creado por el SENARA, precisamente para la protección del agua de todos los costarricenses, estableciendo regulaciones a la hora de llevar a cabo algunos proyectos constructivos o actividades, para así no impactar negativamente el recurso hídrico subterráneo.

Las limitaciones o restricciones que ordenan el uso del territorio, les molesta a algunos empresarios inescrupulosos agremiados en torno a la Cámara Costarricense de la Construcción, que sólo piensan en sus intereses económicos, lo que los ha llevado a que por muchos años ataquen la Matriz, intentando también, ejerciendo presión en los gobiernos de turno, eliminar o debilitar la oficina técnica del SENARA que impulsa la Matriz de Protección de acuíferos, como es la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIHG).

En junio del 2009 se denunció que la misma Junta Directiva del SENARA, órgano político y no técnico, probablemente recibiendo orden del Ejecutivo, dispuso censurar de manera expresa las comunicaciones que salieran de la DIGH, acordando que no era competencia de esa oficina pronunciarse en forma vinculante sobre solicitudes puntuales de concesiones de aprovechamiento de aguas, tarea que le competía, según la Junta Directiva, ejercer y resolver exclusivamente al MINAET, además acordaron, que no le correspondía a la DIGH, definir aspectos relativos a la planificación urbana, propios de los Gobiernos Municipales. (Léase: EN DEFENSA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, en: http://conceverde.blogspot.com/2009/06/en-defensa-de-las-aguas-subterraneas_25.html).

En el 2011 varias organizaciones alertaron sobre el intento de desmantelar la DIGH del SENARA, para así concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en la Dirección de Aguas del MINAET (http://conceverde.blogspot.com/2011/03/en-defensa-de-nuestras-aguas.html); dirección que su jerarca ha demostrado que sigue los vaivenes de los políticos de turno en cuanto a la “política hídrica” y no los intereses del pueblo en general.

Los anteriores intentos y otros han tocado con pared, ya que tanto la Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso Administrativo y la misma Contraloría General de la República se han manifestado a favor de la Matriz de Protección de Acuíferos, su aplicación en todo el país y a favor de la potestad que tiene la DIGH de dictar medidas de protección sin ningún censura de la misma Junta Directiva y Gerencia del SENARA.

Como las ataques de los empresarios para eliminar o debilitar la Matriz de Protección de Acuíferos no ha rendido frutos, ni siquiera los tanteados ante los tribunales de justicia de la República, lo siguen intentando con los gobierno de turno; así el gobierno de Luis Guillermo Solís al resolver un conflicto de competencias interpuesto por el propio Ministro de Ambiente, resolvió a favor de lo que han querido las cámaras de empresarios, declarar que SENARA no tiene competencia para dictar medidas de protección del recurso hídrico, en cuenta matrices de protección de acuíferos, ignorando el gobierno de Solís, lo que han resuelto los tribunales de la República y lo que establece la misma Ley de Creación del SENARA, en cuanto a la obligatoriedad de esas institución de proteger el recurso hídrico subterráneo.

Ahora en el gobierno de Carlos Alvarado, siguiendo la línea de las cámaras de empresarios y obviando que la Matriz de Protección de los Acuíferos es un instrumento técnico para la protección del agua, la Junta Directiva del SENARA, a iniciativa del Ministro de Agricultura, presidente de ese cuerpo directivo, suspendió la aplicación de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos por 6 meses, mientras una comisión preparará una nueva matriz a gusto de los empresarios constructivos; tanto así que esos empresarios tendrán su representación dentro de esa comisión, no así no habrá representación del sector ambiental.

El descaro del gobierno de Carlos Alvarado y de los empresarios es tanto, qué cómo se señala en el primer párrafo de esta nota, a cambio de atraer votos para el paquete fiscal, el gobierno ha cedido la eliminación de la Matriz de Protección de Acuíferos, con el argumento falaz de que frena el desarrollo del país.

Muy contentos deben estar las 14 cámaras de empresarios con el gobierno del bicentenario, cámaras que el año pasado salieron perdiendo en el juicio que entablaron en el Tribunal Contencioso Administrativo para que ese Tribunal declarara la ilegalidad de la Matriz; pero todo lo contrario, los jueces después de escuchar los argumentos a favor y en contra de la Matriz del SENARA, declararon la necesidad de tal instrumento para la protección del agua de todos los costarricenses.

 

José Francisco Alfaro Carvajal

Integrante colectivo CONCEVERDE

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por el autor.

Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país

El pasado 16 de julio, una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que modifica los límites de la Reserva Lomas de Barbudal, para poder construir el megaproyecto llamado Paacume. La iniciativa será discutida el lunes 23 de julio en el plenario.

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Megaproyecto del Paacume afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país.

Fabiola Pomareda García

Voces Nuestras

pomaredafabiola@gmail.com

 

Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies.

Este paisaje cambiará drásticamente si se hace realidad el Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME). Un total de 19 fincas ubicadas a la altura del río Piedras, más una parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal se inundarían para convertirse en un espejo de agua, que abarcaría 850 hectáreas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (SENARA) impulsan el proyecto PAACUME, que consiste en construir canales para bajar aguas superficiales desde el Proyecto Hidroeléctrico Arenal. Estas aguas inundarían el embalse en la zona citada y luego bajarían por más canales de riego hasta la bajura, “para asegurar disponibilidad de agua a los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya para consumo humano y riego para distintos usos”, según afirman las instituciones.

Hasta ahora la Reserva Lomas Barbudal, una zona que es puente ecológico de gran biodiversidad, había pasado más o menos escondida y desapercibida. Pero hoy esta área silvestre protegida creada para resguardar los ambientes del bosque seco tropical y su diversidad biológica, es el centro de atención.

El 16 de julio una comisión legislativa especial dictaminó afirmativamente el “Proyecto de Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” (Expediente No. 20.465).

La comisión está integrada por las y los legisladores de Guanacaste Aida Montiel y Luis Antonio Aiza (Liberación Nacional); Rodolfo Peña (Unidad Social Cristiana); Mileidy Alvarado (Restauración Nacional) y Paola Vega (Acción Ciudadana).

Se espera que la iniciativa empiece a ser discutida el próximo lunes 23 de julio en el plenario. Sin embargo, diversos actores han externado su preocupación por el mecanismo de compensación de las tierras que se inundarán, -usado como base del principal estudio técnico-, los impactos ambientales del megaproyecto, los verdaderos beneficiarios y sobre el discurso de que éste resolverá problemáticas de agua para consumo humano.

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Relieves y elevaciones en zonas de estudio. Se muestra el área estimada de afectación directa por embalse (contorno de línea azul), el área estimada de la zona de amortiguamiento en el perímetro del espejo de agua (contorno de línea negra), límites de Reserva Biológica Lomas de Barbudal y propiedad de ASETREK en la zona (contorno línea rosada), así como la potencial área de canje (compensación) en la propiedad de ASETREK (delimitada por línea roja). Fuente: OET.
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Mapa de ampliación de límites Reserva Biológica Lomas Barbudal.

Impacto de magnitud: Inundarán 113 hectáreas de Lomas Barbudal

La reserva biológica Lomas Barbudal, creada en 1986, es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de cuatro carriles e ingenios de caña de azúcar.

Se entra pasando Bagaces, por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué?

Porque es una reserva biológica, que es sólo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales.

El 20 de junio pasado, 48 diputados votaron a favor de tramitar por la vía rápida el proyecto de ley citado, que pretende desafectar 113 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para que ya no estén protegidas. De esta forma el ICE y el SENARA podrán construir ahí este megaproyecto, que afectará a la única reserva biológica de bosque tropical seco del país -que abarca 2.645 hectáreas-.

El único legislador que se opuso fue José María Villalta, del Frente Amplio.

El Gobierno planea adquirir tres fincas, para compensar las hectáreas a inundar. Serían 444,04 ha. de ASETREK Tres Azul S.A., 86,96 ha. De Brindis de Amor y 25 ha. De Hacienda Ciruelas SP S.A.

De acuerdo con el Gobierno, el procedimiento para evaluar la compensación de estas tierras es resultado del estudio para el “Establecimiento de la línea base de biodiversidad para la Reserva Biológica Lomas de Barbudal y finca adyacente”, realizado por la Organización de Estudios Tropicales (OET).

Pero el PAACUME en sí es un proyecto de impacto, como lo define la propia OET: “Dada la magnitud del impacto, que sustituiría el actual hábitat terrestre por un ambiente acuático, la legislación del país obliga a contemplar medidas de compensación que permitan resarcir las pérdidas en el ambiente como consecuencia del proyecto. La situación es más sensible por tratarse un área silvestre estatal bajo un régimen de protección restrictivo, como lo es el de Reserva Biológica”.

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Un camino de lastre atraviesa pequeñas parcelas que colindan con la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, en Bagaces, Guanacaste. Desde ahí se pueden divisar las verdes planicies. Foto: Fabiola Pomareda.

Lomas Barbudal: el minipaís de los insectos y mucho más

Una cosa es leer una propuesta donde se habla de inundar 850 hectáreas, de “llevar agua a Guanacaste”, y de comprar fincas con las que se compensarán las tierras inundadas que pertenecen a una reserva biológica; pero otra muy distinta es caminar sobre esos senderos cubiertos de lodo y hojarasca, ver el río Cabuyo, escuchar el croar de cientos de ranas, y observar el bosque verde y lleno de vida desde una torre dentro de Lomas Barbudal.

Ahí trabaja Manrique Montes Obando, administrador de la reserva, quien compartió su conocimiento y vivencia sobre esta área con gran riqueza en aves, insectos y especies maderables, y donde se realizan numerosas investigaciones, nacionales e internacionales.

De las primeras personas que estuvieron acá, una fue Franklin Gordon, investigador estadounidense, que empezó a ver las particularidades de la reserva por su bosque seco, como la gran cantidad de especies de abejas y avispas que había”, contó Montes, en una entrevista a la orilla del río Cabuyo.

Se le llama el minipaís de los insectos, y eso trae consigo una gran biodiversidad en otras especies, como aves, que son aproximadamente 294 especies de aves encontradas en los monitoreos de los ultimos 10 años”, continuó el funcionario.

En la reserva, además, crecen todas las especies maderables del bosque tropical seco -afirmó Montes-algunas en peligro de extinción, como el caoba, el cristobal cachimbo y el laurel negro. Hay otras especies representativas como guanacaste, cenízaro, esbabel, guapinol y cortés amarillo.

También es un lugar donde se llevan a cabo relevantes investigaciones, como la del mono cara blanca, de la Escuela de Antropologia de la Universidad de Los Ángeles, que desde 1987 investiga la genética y fuentes de alimentación de esta especie. Otra estudia la vocalizacion de las loras nuca amarilla, que en esta zona es diferente de las loras de Rincón de la Vieja y Santa Rosa. Una trata sobre el pez zebra o pez burra, en el Río Cabuyo, uno de los pocos peces de agua dulce que es social y vive en grupos familiares.

Montes está bien enterado del posible cambio y afectación que se experimentaría en la reserva si se construye el PAACUME. “El área que se va a impactar es una área muy bien conservada; está retirada de la administración, como a ocho o diez kilómetros, de bosque maduro, bastante bien conservado”.

Todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. Ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar, por más que se cambie tierra por tierra, siempre va a haber una marcada diferencia”, expresó.

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Manrique Montes Obando, administrador de la reserva.
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Dentro de Lomas Barbudal.

OET analizó sólo parte de los terrenos que se usarían para compensar

El informe de la OET explica primero que el sitio que sería afectado en Lomas de Barbudal tiene tres tipos de bosque: deciduo, secundario y ripario (asociado a las quebradas en el sitio). El bosque deciduo es de baja densidad y en él hay hay especies pioneras; el secundario posee mayor estructura y en él hay árboles dominantes; y en el ripario hay especies siempre verdes y con árboles dominantes y “es una de las asociaciones vegetales más amenazadas de la región”.

Sin embargo, desde un inicio, la OET advirtió que la finca con la que se pensaba compensar las 113 hectáreas que se inundarían de Lomas Barbudal -ASETREK-, no tenía ni bosque ripario, ni la misma riqueza de especies de plantas y vertebrados, porque era un sitio más perturbado, ambientalmente. Por lo tanto, la OET fue enfática en que se tendría que sumar otra finca llamada Brindis de Amor, que sí tenía bosque ripario; pero que además, se iban a tener que compensar las 113 hectaŕeas de Lomas, con 530 ha de ambas fincas.

Ahora el Gobierno asegura que sumará una tercera finca (Hacienda Ciruelas). Pero el informe de la OET no analizó la biodiversidad de Hacienda Ciruelas; propiedad recomendada posteriormente para poder sumar suficientes hectáreas de bosque.

Según el estudio dela OET, en el sitio de afectación hay cerca de 30 hectáreas de bosque riparo, que representa cerca del 11% de ese tipo de bosque que hay en toda la Reserva Biológica. “El sitio de compensación también es heterogéneo en cobertura forestal y cuenta con bosque deciduo, bosque secundario y zonas de pastizal y no forestales. Este sitio no dispone de bosque ripario”, concluyó el informe de la OET.

De acuerdo con las y los investigadores que participaron en el estudio de la OET, “las mayores similitudes se encontraron en la comunidad de anfibios, artrópodos de sotobosque, y aves, con 79%, 76% y 62% de las especies compartidas. En plantas leñosas y mamíferos los sitios sólo compartieron 55% y 50% de sus especies; mientras que en reptiles (39%), peces (34%) y plantas herbáceas (33%) se encontró el menor porcentaje de especies compartidas. Interpretamos estas discrepancias como indicativo de que hay diferencias importantes entre el sitio de compensación y el de inundación en composición de especies y que por lo tanto, se hace necesario incrementar el área a utilizar para resarcir las pérdidas en diversidad debido a los impactos directos del Embalse”.

En una reciente sesión informativa realizada en la Asamblea Legislativa, Patricia Quirós, gerente general del SENARA, reconoció que se les presentó una situación especial con el área a compensar, y que el Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) recomendaron valorar otras propiedades, además de ASETREK.

El área afectada de Lomas Barbudal comprende 24.7 ha de bosque ripario, apuntó Quirós. Por eso es que el área a compensar de la finca ASETREK se amplió a 444,04 ha., para que incluyera 6.14 ha. de bosque ripario. A esto se sumarían 15.87 ha de bosque ripario de Brindis de Amor y 7.16 ha. de Hacienda Ciruelas , para total de 29.17 ha. de bosque ripario.

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Dentro de Lomas Barbudal.

Humedal está bajo protección internacional

No obstante, Jorge Lobo, biólogo catedrático de la Universidad de Costa Rica, cuestionó el informe de la OET con el documento “Observaciones al Informe Línea Base de Biodiversidad OET – Lomas de Barbudal”. Lobo argumenta que “este análisis adolece de problemas teóricos y prácticos importantes, que deben ser conocidos por los funcionarios públicos que tienen en sus manos decidir sobre el primer caso de alteración de límites de un área protegida que se presentaría para realizar este proyecto”.

“El problema principal es establecer un principio de compensación, supuestamente cuantitativo, donde modificando el tamaño de un área de compensación se puede igualar el área perdida dentro de un área protegida. Las poblaciones o especies afectadas por la pérdida de un área protegida no necesariamente aparecerán, en su abundancia original en un área de compensación aunque se aumente muchas veces su área, porque al no existir en el área de compensación los hábitats y recursos requeridos por esta especie, y los núcleos poblacionales o las condiciones migratorias paragarantizar su repoblamiento, no se podrá compensar estas especies o poblaciones perdidas en el área protegida”, escribió.

Para Jorge Lobo, “sería muy peligroso que los legisladores consideraran este estudio como válido, porque esta práctica podría llevar a propiciar la afectación de los límites de más áreas protegidas, fundamentados en la compensación con fincas privadas de área mayor; pero con ecosistemas mucho más alterados de los protegidos”.

Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial y sólo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto.

Sin embargo, en el video informativo los impulsores del proyecto lo destacan como una especie de hito: “la investigación nos pone ante la primera experiencia país en modificar y compensar los límites de un sitio Ramsar”.

La Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) también ha externado dudas sobre la forma en que se fijó la metodología para la compensación.

“Es conocido que la compensación es una medida que toman cuando los daños ambientales no se pueden evitar; pero en este caso está siendo usada de forma peligrosa para favorecer un proyecto empujado por intereses económicos muy fuertes”, afirmó Henry Picado, presidente de FECON.

“Es peligroso al ser la primera vez en la historia del país, en que se va a disminuir una reserva y podría sentar malos precedentes en terminos ambientales”, opinó Picado.

Según el artículo 38 de la Ley Orgánica del ambiente 7554: “La superficie de las áreas silvestres protegidas, patrimonio natural del Estado, cualquiera sea su categoría de manejo, sólo podrá reducirse por Ley de la República, después de realizar los estudios técnicos que justifiquen esta medida”.

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El Río Cabuyo.

Avanza proyecto de ley en la Asamblea Legislativa

De acuerdo con un comunicado de prensa del PAC, el proyecto de ley que modifica los límites fue mejorado a través de las mociones presentadas por la diputada Paola Vega, “a fin de garantizar que el área tenga categoría de manejo de ecosistema de humedal y se establezca con un Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional, que permita su conservación por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)”. “Además, se aprobaron las mociones para que el 50% del canon de aguas vaya directo al Plan de Manejo y el sitio sea custodiado como Humedal de Importancia Internacional (sitio Ramsar)”, añadió.

Con respecto a si se analizaron otras opciones para el proyecto, Marvin Coto, director de ingeniería y desarrollo de SENARA, comunicó que “se evaluó un plan alternativo con la construcción de un túnel de más o menos 2 kilómetros, con salida adelante del río Piedra; sin embargo, se debió desestimar por una situación de carácter geológico, pues cruza una falla que hace imposible la opción de construir un túnel conforme a los estudios preliminares del ICE” (Dictamen legislativo).

Coto también recordó que el artículo 71 de la Ley de Biodiversidad establece el mecanismo para una declaratoria, modificación o cambio de categoría de un área silvestre protegida. La ley indica que para realizarse el cambio se debe elaborar un documento técnico que respalde cualquier tipo de afectación y que el artículo 72 del reglamento de la misma ley establece una serie de características o de condiciones que deben cumplirse en ese estudio para poder sustentar un eventual cambio de uso de suelo.

El artículo 72 del reglamento de la Ley de Biodiversidad también exige dos elementos adicionales de estudio para poder presentar el proyecto de ley y la propuesta de compensación. Uno es la existencia de recursos financieros para poder comprar esas fincas; y una consulta obligatoria a las comunidades cercanas como Falconiana, Bagatzi y San Ramón y contó con la participación del Alcalde de Bagaces. Según el expediente del proyecto, el anterior Ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz se comprometió, mediante un oficio, a aportar los ¢1425 millones de colones que se requieren para adquirir las fincas ASETREK, Brindis de Amor y Hacienda Ciruelas. Hasta el momento no se pudo comprobar que este rubro está incluido en el presupuesto de la República.

Por otra parte, el Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, señaló que la compensación o restauración ecológica del impacto ambiental que genere la obra “es totalmente factible y posee dos elementos fundamentales; uno, entender que esto es un proyecto de interés nacional; y dos, que los daños ambientales son predecibles, medibles, mitigables y compensables” (Dictamen legislativo).

“Por ese motivo, el MINAE tiene la certeza e interés de apoyar este proyecto de ley que utiliza el canon de aprovechamiento de agua establecido por el Artículo 70 de la Ley de Aguas, con el fin de proveer los recursos financieros para la implementación de las acciones de restauración ecológica tras la modificación de los linderos e introducir nuevos espacios a la Reserva Biológica Lomas de Barbudal”, agregó Rodríguez.

 

Fuente original: http://www.vocesnuestras.org

Enviado a SURCOS por Nicolás Boeglin.

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CONCEVERDE solicita aplicación plena y eficaz de la matriz genérica de protección de acuíferos

CONCEVERDE nos comparte la nota adjunta, la cual es dirigida a la Junta Directiva de SENARA, en cuanto a que las Cámara de la Construcción está presionando al Gobierno Central para que éste a su vez, presione a la Junta Directiva del SENARA para que se elimine la matriz de protección de acuíferos.

El objetivo de la nota adjunta es dejar patente que hay otro sector que se contrapone a las cámaras y que apoyan la matriz.

SENARA JUNTA DIRECTIVA018

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por José Fco. Alfaro, CONCEVERDE.

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CONCEVERDE destaca comunicado de SENARA en relación con regulaciones para proteger acuíferos

En una nota publicada por SURCOS (http://wp.me/p6rfbZ-5N4), un grupo de personas y organizaciones enviaron una carta pública al presidente electo. En la nota, se señala «Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley de aguas o recurso hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país». Asimismo, se indica: «Apoyamos sin reserva que las competencias de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA se mantengan en esta institución y las mismas sean consolidadas».

El pronunciamiento de SENARA que destaca CONCEVERDE se refiere precisamente a estos asuntos, por lo que SURCOS lo reproduce seguidamente:

 

En proyectos de obra de infraestructura:

Matriz de Senara establece regulaciones técnicas para proteger acuíferos

  • Senara rechaza cuestionamientos planteados a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

El recurso hídrico de nuestros acuíferos, ríos y manantiales, se deteriora en calidad y cantidad, afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y el derecho a la vida.

La sobreexplotación, rompimiento de balances hídricos, afectación de áreas de recarga acuífera, y salinización de acuíferos costeros, entre otros, son parte de la problemática que hoy el país enfrenta, generando afectación a la sociedad como comunidades sin acceso al agua potable, o en condiciones de calidad o cantidad insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

La Sala Constitucional, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, con un criterio de progresivo avance en materia ambiental, señala que las entidades públicas que otorgan permisos o autorizaciones, deben abstenerse de hacerlo “si no existe certeza científica de la inocuidad de la actividad en relación con el recurso hídrico”.

Esto porque el agua es un elemento esencial para la vida humana, que debemos aprovechar de manera sostenible, tanto para las actuales como para las futuras generaciones.

El SENARA es una institución eminentemente técnica, creada con el mandato de investigar, proteger y vigilar los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, con la potestad de emitir criterio vinculante para las entidades públicas y los particulares.

Dentro del cumplimiento responsable de tal labor, el SENARA realizó entre los años 2011 a 2017 un proceso con amplia participación de entidades públicas, particulares y expertos en la materia, el cual permitió desarrollar el instrumento conocido como Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, publicada en La Gaceta del 12 de octubre del 2017.

La Matriz contempla regulaciones técnicas que se deben aplicar para la protección de acuíferos, incluyendo los diferentes riesgos por actividades urbanísticas, agropecuarias, turísticas e industriales, según el tipo de vulnerabilidad que presente cada zona.

Además plantea la posibilidad de que, con el uso de tecnología y diseños apropiados, se puedan realizar obras o proyectos utilizando parámetros o valores diferentes (densidad y cobertura), siempre que sean compatibles con la protección del recurso hídrico.

Por las razones anteriores, el SENARA rechaza enfáticamente los cuestionamientos planteados a través del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), cuestionando:

  • El carácter técnico-científico que tiene la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos,
  • Las competencias de SENARA para establecer regulaciones técnicas vinculantes, con el propósito de asegurar la protección y uso sostenible del recurso hídrico.
  • El costo de las investigaciones hidrogeológicas.

Para la protección de recurso hídrico y los planes de desarrollo territorial, la investigación es la base fundamental. Por tal motivo, cubrir el costo de la investigación, así como el costo de usar tecnología y diseños apropiados, son de interés para toda la sociedad.

Reiteramos que no es cierto que la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos constituya un impedimento para el desarrollo del país ni para los planes de desarrollo territorial que están llevando a cabo las municipalidades. Por el contrario, su aplicación garantiza que el desarrollo urbano, turístico, agropecuario e industrial, sea de manera sostenible, con la protección del recurso hídrico, favoreciendo la aplicación de diseños y tecnología apropiada para tales propósitos.

Los recursos hídricos son nuestra principal riqueza natural, generadores de desarrollo y calidad de vida para los habitantes actuales y de las generaciones que aún no han nacido.

Senara genera adaptación al cambio climático, elabora instrumentos técnico-científicos para asegurar la protección y uso sostenible de los recursos hídricos, mejorando la calidad de vida de las personas.

Para ampliar información técnica sobre la Matriz, puede comunicarse con el periodista del Senara Maikol Sosa, al número 8349-5000 o con el director de Investigación y Gestión Hídrica Roberto Ramírez, al número 8932-3341.

Matriz generica de proteccion de acuiferos

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

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Requerimientos ambientales a presidente electo. Carta pública

Heredia, 10 de abril 2018

 

Señor: Carlos Alvarado Quesada

Presidente electo

República de Costa Rica

Carta Pública

Estimado señor;

 

Atentos lo saludamos, y lo felicitamos por su designación como Presidente de la República de Costa Rica para el próximo cuatrienio, deseándoles el mayor de los éxitos, con la esperanza de un gobierno que favorezca los intereses de la colectividad del país. A la vez las personas, organizaciones sociales y ambientalistas abajo firmantes, ponemos de manifiesto con todo el respeto que usted se merece, lo siguiente:

  • Nuestra rotunda oposición a una eventual aprobación de cualquier proyecto de ley de aguas o recurso hídrico que contemple el traslado de las competencias que tiene el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), en cuanto a la investigación, protección y fomento de los recursos hídricos del país, tanto superficiales como subterráneos, considerando los antecedentes derivados de los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, como es el caso del 17.742, 20.212 y 20.386, cuya tendencia vislumbra concentrar todo lo relativo a la gestión del recurso hídrico en un órgano con influencia e interferencia política como es el caso del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
  • Apoyamos sin reserva que las competencias de la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica (DIGH) del SENARA, se mantengan en esta institución y las mismas sean consolidadas, tal como está señalado con base al criterio legítimo de constitucionalidad y legalidad de las resoluciones de la Sala IV y de la Contraloría General de la República, esto considerando que la DIGH ha demostrado un estricto apego desde la parte de especialización técnica, hasta de ética profesional, buscando hacer prevalecer el interés colectivo sobre el interés privado o de unos pocos.
  • Denunciamos las acciones realizadas por la Cámara Costarricense de la Construcción, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y otras entidades, para intentar menoscabar y hasta eliminar la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, la cual tiene como fin la protección del recurso hídrico de todos los costarricenses y que ha sido avalada por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
  • Solicitamos respetuosamente una vez que usted entre en funciones como Presidente de la República, velar por que no se permita se lleven a cabo actividades constructivas o de otra naturaleza por parte de particulares en la zona que es inalienable por la Ley 65 de 1888; y así en este orden, se respete y cumpla esta ley que declaró inalienable una zona de terreno de dos kilómetros de ancho a uno y otro lado de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barva, desde el cerro llamado Zurquí, hasta el que se conoce con el nombre de Concordia; en este sentido, para así proteger las aguas de los habitantes del Valle Central.
  • Igualmente solicitamos, se inicie sin más dilación la recuperación de los terrenos que abarca la ZONA INALIENABLE, creada por la Ley 65 de 1888 y así además se cumpla el voto de la Sala Cuarta No. 2008-12109.
  • Solicitamos que se haga lo necesario y lo que corresponde, para que se aplique el Decreto No. 39259-MINAE, firmado el 15 de octubre del 2015 en Concepción de San Rafael de Heredia, por parte del actual Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y el Ministro de Ambiente don Edgar Gutiérrez , el cual DECRETÓ LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE BRAULIO CARRILLO, en tanto en la zona ampliada se siguen realizando actividades por particulares que atentan contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Conforme el mismo, índica:

Artículo 1º- Declárese parque nacional parte del territorio establecido como Zona inalienable, creada por el Decreto Ley Nº LXV de julio de 1888, anexando dicha porción de terreno al Parque Nacional Braulio Carrillo; cuyos límites se describen a continuación basado en la hoja topográfica Barva 3346 II, edición 3-IGNCR, 2005, escala 1:50.000, elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica.

  • Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias, para que se lleve a cabo la reforma de la actual Ley Forestal, para que así se protejan los árboles de cualquier especie que jueguen un papel ambiental importante y así se cumpla además, con la resolución de la Sala Constitucional 2007-003923, expediente Nº 05-010758-0007-CO, que señaló:

Se declara con lugar la acción únicamente, por la omisión del artículo 28 de la Ley. Forestal de establecer medidas precautorias que aseguren la protección del ambiente. Corresponde a la Asamblea Legislativa subsanar la ausencia de medidas precautorias, que aseguren de previo, la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 en …tutela del ambiente, según lo señalado en la parte considerativa de esta sentencia.

  • Solicitamos que desde el Poder Ejecutivo se hagan los mayores esfuerzos dentro de sus competencias para que se retire y no se apoye el proyecto de Ley 20.407, denominado LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO, proyecto impulsado por el MINAE, el cual pretende utilizando diversas figuras jurídicas (permisos, autorizaciones o concesiones), el aprovechamiento por particulares de terrenos que son patrimonio natural y forestal del Estado, a actividades como el manejo maderable forestal, extracción de madera caída o cortada, aprovechamiento de otros productos del bosque diferentes a la madera como son frutos, yemas, látex, resinas, gomas, flores, plantas medicinales y ornamentales, fibras, construcción de edificaciones privadas y públicas y otra infraestructura.

Suscribimos:

ORGANIZACIONES:

Asociación Conservacionista YISKI – Asociación de Desarrollo Integral de Concepción de San Rafael de Heredia – Auditoria Ciudadana de Santa Bárbara de Heredia – Comité Bandera Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia – Comité Pro Defensa de los Servicios Públicos de San Isidro de Heredia – CONCEVERDE Colectivo Ciudadano San Rafael de Heredia – Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales Barva de Heredia – Grupo Conservacionista LOS CONGOS – Movimiento Alajuelense por el Agua – YARCA Red Ambiental Heredia.

CIUDADANOS:

José Francisco Alfaro Carvajal – Nicolás Boeglin – Osvaldo Carvajal Cascante – María Antonia Castro Franceschi – José Manuel Cerdas Albertazzi – Amable Corrales Valverde – Ana María Dianda Martínez – Sol Fernández Bustamante – Margarita Fernández Lamas – María Elena Fournier – Jorge Hernández Villalobos – María Ángel Herrera Calderón – Aquiles Jiménez Arias – Manuel Miranda Montero – Rosa María Morales Rojas – Javier Núñez Alfaro – Ricardo Paniagua Calvo -Sergio Ortiz Pérez – Silvia Piza Volio – Rodrigo Ramírez Vargas- Lilian Rojas Maissonave – Carlos Manuel Romero Fernández – Abel Sánchez Solórzano – Giselle Solano Rojas – Víctor Julio Ruiz Chacón – Richard Tandlich Schwartz – Rafael Varela Montero.

 

Nota: Si desea suscribir este documento, puede enviar su nombre completo con su # de cédula, y/o nombre entidad o asociación que quiera unirse como firmante del mismo, escribiendo «YO FIRMO» a: conceverde@gmail.com

 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES A PRESIDENTE ELECTO. CARTA PÚBLICA

 

Enviado a SURCOS por José Francisco Alfaro.

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