Ya 14 meses de haber recuperado la finca Crun Shurin, conocida corno potomac, seguimos siendo amenazados diariamente por los peones de los usurpadores no indígenas que se adueñaron ilegalmente de nuestras tierras que tratamos de recuperar. También seguimos siendo amenazados por un grupo de matones que se mantienen en la finca desde el año pasado, a pesar de no tener ningún derecho a ello, según las propias leyes de nuestro país, y según el derecho internacional que también nos ampara.
Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena comunica a la comunidad nacional e internacional
El 17 de mayo de 2019 familias Brórán actuando de acuerdo con sus derechos legítimos continúan su movimiento de reivindicación de derechos fundamentales en el territorio indígena de Térraba en Buenos Aires de Puntarenas
El Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena expresa su preocupación por la violencia que puedan recibir las familias recuperadoras a horas de presentarse la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya 60 días de impunidad del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz
Desde el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena respaldamos el comunicado de recuperantes shurines emitido el día 17 de Mayo del 2019 en Buenos Aires de Puntarenas. Hacemos un llamado de alerta e instamos al Gobierno Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana y gobierno de la Unidad Nacional, actuar inmediatamente en la protección de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Desde este momento responsabilizamos de lo que pueda ocurrir en perjuicio de las familias recuperantes y su propiedad a causa de la indiferencia y falta de voluntad política durante este proceso reivindicatorio. Además, con el agravante denunciado por las y los shurines en cuanto a la injerencia judicial irregular del Juez agrario Jean Carlos Céspedes Mora, lo que de manera manifiesta se constituye como una afrenta al principio de imparcialidad judicial.
Recalcamos que las familias Brórán recuperantes tienen 14 meses de exigir apoyo ante las agresiones y amenazas que los usurpadores/»supuestos dueños», sus peones y matones a sueldo les hacen todos los días, creando zozobra y provocando violencia continua.
Hacemos un llamado urgente a los movimientos/organizaciones/colectivos solidarios con la causa indígena para visibilizar y apoyar la lucha de las y los shurines así como de los Pueblos Originarios en Costa Rica.
Nos encontramos a horas de la visita a Costa Rica de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el fin de verificar in situ la situación de violencia en Salitre y Térraba, este último Territorio es donde ocurre la violencia denunciada por las familias Brórán de Crun Shurín (Tierra de Venado). Es importante recordar que tanto el Territorio de Salitre como el de Térraba gozan de las medidas cautelares N. 321-12 del 30 de abril del 2015 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y que el Gobierno ha sido negligente ante este llamamiento. Esta omisión por parte del Estado ha dejado el cruel asesinato, hasta el día de hoy impune, del líder bribri Sergio Rojas Ortiz, fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) hasta el día de su muerte, como también miembro del Consejo Ditsó Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW/Defensores de la Madre Tierra).
A dos meses de este cruel asesinato, perpetrado en el mismo hogar de Sergio en Yeri, en el territorio ancestral de Salitre, no se conoce absolutamente nada de las investigaciones que puedan dar con los autores materiales e intelectuales de este crimen. Asimismo, esto sucede en el marco de una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno Central ha mantenido en completo secretismo.
El día de hoy se realizó frente a Casa Presidencial una concentración para reclamar justicia por el asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz y en apoyo al Proyecto de Ley 19610 "Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos"
Urge que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley Expediente No 19.610
Expediente cumple su plazo cuatrienal y está en peligro de archivarse
Consejo de Derechos Humanos de la ONU exige a Costa Rica proteger defensores de Derechos Humanos
(San José, 20/52019). Ser defensores de Derechos Humanos y ambientales es una de las ocupaciones más peligrosas del mundo según el informe de Global Witness (1): “Durante 2017, América Latina mantiene el primer lugar en el ranking de asesinatos contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Sin embargo, la agroindustria ha sobrepasado a la minería como el negocio más vinculado al asesinato de activistas (ambas industrias juntas representan el 60% de las vinculaciones conocidas)”.
La resolución A/RES/53/144 de la Asamblea de las Naciones Unidas ha señalado la obligatoriedad de los Estados a proteger a los defensores y defensoras. Esta resolución obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de su rol como defensor o defensora de los Derechos Humanos (2). Pese a esta orden de la ONU nuestro país sigue incumpliendo esta disposición internacional, pero los jerarcas del Estado costarricense venden al país como uno que respeta los derechos de todas las o personas, cuando en realidad está muy lejos de esta meta, así lo dejó caro el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recientemente en un informe (3).
El aumento de casos de agresión, amenazas, acoso, hostigamiento, judicialización y hasta asesinatos de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Costa Rica. Lamentablemente no es ajeno a nuestro país y la mayoría de los casos quedan sin consecuencias para quienes comenten estos crímenes.
Recientemente el caso del indígena bribri, Sergio Rojas Ortíz, asesinado cerca de la medianoche en su casa de 15 disparos el pasado 18 de marzo en el Territorio Indígena de Salitre(4), debería de ser motivo suficiente para que los 57 diputados aprueben el expediente legislativo 19.610 para proteger la vida de activistas de los Derechos Humanos.
Otro ejemplo que existe es la impunidad que gozan los actores intelectuales del asesinato de Jairo Mora -hoy en su sexto aniversario- pone en perspectiva la urgencia de la protección legal de personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza. Casos paradigmáticos como este crimen o las muertes aún no esclarecidas de Oscar Fallas, María del Mar Cordero y Javier Bustamante en 1994; posteriormente el hallazgo del cuerpo sin vida de David Maradiaga siete días y 7 meses después, son muchas veces condenados a la impunidad.
Para mejorar la seguridad jurídica de las personas que se dedican a la protección de la naturaleza es urgente que se apruebe la “Ley a favor de la protección de activistas de los Derechos Humanos”, la misma propone la inclusión de una serie de artículos que logren salvaguardar de mejor manera la vida de personas defensoras de derechos humanos que estén en riesgo. El proyecto ya fue dictaminado en la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y está a punto de vencerse el plazo cuatrienal, por lo que está en peligro de ser archivada.
La reforma al Código Penal en el Expediente 19610 propone:
que a quien mate a una persona defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años
la pena de prisión será de cuatro a diez años a quien prive a otro de su libertad personal un defensora o activista en amparo y promoción de los derechos humanos
serán consideradas víctimas las personas que de manera pública y notoria sean reconocidas como defensoras o activistas de los derechos humanos establecidos y garantizados en los instrumentos del Derecho Internacional Público ratificados y vigentes en el país, cuando en los delitos contra uno o varios de sus integrantes el móvil sea su condición de activistas o defensores
En el mes internacional del ambiente solicitamos a los diputadas y diputados proteja a quienes protegen el ambiente y la gente. Que se salvaguarde la vida de aquellas personas que cuidan La Vida. Es urgente que se vote afirmativamente el expediente legislativo 19610 para dar protección a defensores de Derechos Humanos.
3)Costa Rica hará un exhaustivo análisis de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU informa-tico.com/17-05-2019/costa-rica-haraexhaustivo-analisis-recomendaciones-consejo-derechos-humanos-onu
El pasado 13 de mayo se realizó una concentración frente a Casa Presidencial por la justician la dignidad y contra la impunidad en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
El pronunciamiento fue firmado por 40 premios nobel alternativos de 29 países del mundo
El indígena Brörán Pablo Sivas entregó el pronunciamiento al viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro. Le acompañan la indígena Bribri Roxana Figueroa, el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Un grupo de estudiantes y una docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) acompañaron a representantes de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre en la entrega de un pronunciamiento que exige al Gobierno justicia y protección en sus territorios.
El documento, presentado hoy en la Casa Presidencial, señala la impunidad en torno al asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz, ocurrido el pasado 18 de marzo, y la ausencia de intervención gubernamental para dar fin a la toma de sus territorios por parte de personas no indígenas, situación que ha desencadenado diversos actos de violencia.
La demanda presentada también cuenta con el respaldo de la fundación The Right Livelihood Award, instancia internacional sin fines de lucro que por medio de los llamados Premios Nobel Alternativos visibiliza relevantes luchas mundiales.
Tras conocer el contexto que experimentan los pueblos indígenas costarricenses, 40 laureados con los Premios Nobel Alternativos, en 29 países del mundo, firmaron el pronunciamiento para exigir «basta de heridos, de mutilados y de muerte indígena en Costa Rica y de un Estado Nacional ausente».
“Nuestros laureados no descansarán hasta que estas demandas se cumplan”, dijo Ole von Uexkull, director ejecutivo de la Fundación Right Livelihood Award. Según la instancia, «antes de la muerte de Sergio Rojas hubo un largo camino de violencia evitable, con responsables gubernamentales y particulares. Este es un camino que nunca más debe ser transitado».
Actualmente, la Ley Indígena 6172 establece la protección de los territorios indígenas y prohíbe la tenencia por parte de personas no indígenas. Esta normativa fue respaldada en 1992 por el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La docente Maritza Marín expresó el compromiso de la UCR para favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
En el año 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció medidas cautelares que otorgan responsabilidad al Gobierno costarricense respecto a la protección de los territorios de Térraba y Salitre.
El Gobierno se compromete a dar respuestas
El pronunciamiento fue recibido por el viceministro de la Presidencia Juan Alfaro de manos del indígena Brörán Pablo Sivas y de la indígena Bribri Roxana Figueroa, quienes estuvieron acompañados por el abogado Gustavo Cabrera, la profesora universitaria Maritza Marín y la estudiante Mariana Quirós.
Sivas expresó su malestar al no ser recibido por el presidente Carlos Alvarado para realizar la entrega del documento y afirmó que serían “benevolentes” dando un plazo de 15 días para que la Administración brinde una respuesta oficial a sus demandas.
La docente Maritza Marín señaló el interés de la UCR por facilitar el diálogo entre la academia, el activismo y los pueblos indígenas, a fin de favorecer el respeto a la población indígena en temas de territorialidad, violencia y cumplimiento de la legislación nacional e internacional.
“Tenemos muchas décadas de políticas y de planes, pero no se concretan y solo van desgastando a las organizaciones. Yo creo que es necesario llevar todas esas palabras a los hechos y es un reto importante concretarlo por medio de acciones que de verdad mejoren la calidad de vida de la gente”, enfatizó la académica.
El viceministro Alfaro afirmó ser la persona designada por el presidente Alvarado para atender las demandas de los pueblos indígenas, “no solo con el cumplimiento de las medidas cautelares, sino para impulsar la solución de las causas subyacentes al conflicto que existe en Salitre y en Térraba”.
“El hecho de que sea yo quien los está recibiendo es un acto no solo formal, sino afirmativo de recibir la nota y que llegue al lugar correcto, para que sea analizada de la mejor manera”, afirmó el jerarca, quien aunque asegura estar trabajando en el tema reconoció: “ocupo demostrar que queremos llegar a los resultados”.
La Comisión Gubernamental de Medidas Cautelares y Saneamiento Territorial recibió el documento "Demandas y propuestas por la justicia para Sergio Rojas y los pueblos originarios" presentada ese mismo día por las organizaciones firmantes, en el Salón Municipal del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, al Sur de Costa Rica.
La política del Estado costarricense de no cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 y las reiteradas excusas para justificar el retraso en la efectiva y oportuna ejecución de los desalojos ya aprobados por parte de las instancias gubernamentales competentes, muestra la negligencia del Estado/Gobierno y la ausencia de la voluntad política para la observancia activa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
