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Etiqueta: servicio público

Costa Rica debate un SINART más fuerte, inteligente e independiente

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por: Dr. (c) Efraín Cavallini Acuña
Comunicador

El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, permitió a lideres de diversos sectores que levantaran su voz en representación de la ciudadanía, hacer un llamado en aras del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.

SINART S.A es una institución con más de cuarenta y ocho años de labores en los medios de comunicación en Costa Rica; es la única institución del Estado que cuenta con un canal de televisión denominada Red Nacional de Televisión -Canal 13, una emisora radial, Radio Nacional 101.5 FM, una revista, “Contra Punto” y un medio digital, SINART Digital. Su programación a lo largo de casi cinco décadas ha estimulado a la audiencia con propuestas formativas, informativas, multiculturales, reflexivas y vivenciales. Las producciones independientes y la colaboración de diversas instituciones han creado un espacio único para experimentar e innovar.

No obstante, ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, donde se ha tratado de desnaturalizar aún más los objetivos que se esbozaban en los proyectos de creación de este medio de comunicación, diversos actores y sectores se han preocupado en recoger las opiniones, mensajes y realizar foros para reposicionar de manera sistemática que una institución de comunicación de servicio público como el SINART, es de interés social, de ahí que, en Costa Rica, es aquella libre, con independencia jurídica, cuyo cuerpo doctrinal y legal le permita actuar a favor de las audiencias.

En este sentido, la Comisión Técnica Pro SINART instaurada por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER y la Comisión Ciudadana por la Defensa del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), llevaron a cabo el jueves 31 de julio de 2025, el II Foro “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, donde se discutió la necesidad de un proyecto para actualizar la Ley 8346 (publicada en La Gaceta N° 44 de 4 de marzo de 2003 y sus reformas) con el fin de darle solidez económica e independencia. Una televisión, una radio, una prensa, de utilidad social, de servicio a toda la comunidad nacional, con amplio rango de libertad, libre de ataduras y de amarras ideológicas que le impidan cumplir una gama amplia de objetivos y de servir a una pluralidad de intereses.

Este II Foro tuvo se efectuó en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa al cual asistieron la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER, Magister Yanancy Noguera Calderón, la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, catedrático universitario, exdiputado y coordinador de la Comisión Ciudadana por la defensa del SINART, la Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert y el Máster Iván Porras Meléndez, director del Quince UCR de la Universidad de Costa Rica.

En la introducción de esta actividad la Máster María Auxiliadora Zúñiga Corea, coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART y miembro (a) de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el objetivo de dicho foro es reconocer la dimensión ética y técnica de la comunicación política y publica en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa: “Desde nuestro Colegio Profesional se requiere un modelo de gestión que garantice la independencia editorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART, bajo los principios de gobernanza transparente y participación ciudadana”. Zúñiga acotó que el compromiso ético de la comunicación pública implica asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad, inclusivos, culturalmente diversos y libres de presiones partidarias o comerciales: “La propuesta para un nuevo SINART representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la comunicación y consolidar un sistema de medios públicos al servicio de la democracia costarricense”.

La señora Zúñiga Corea, hizo referencia a la creación de la Comisión Técnica por el rescate del SINART, en constancia con la normativa vigente del COLPER (Ley 4420-Acuerdo JD 26 05 25-Sesion 28 01 2025) y agradeció el apoyo de las personas integrantes de esta comisión y colegiados al COLPER, señoras: Xiomara Cubero Marín, Elena Constela Martínez y señor Efraín Cavallini Acuña. Asimismo, agradeció el respaldo del Despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y destacó la participación e interés de un grupo de extrabajadores del SINART coordinado por el Fundador y Ex Director General del SINART Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes en enero de 2025 conformaron la “Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART”, con el objetivo principal de elaborar una iniciativa de reforma a la Ley del SINART, para actualizarla y que cuente con un marco legal que le permita solidez económica e independencia: “ La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, considera que los medios públicos de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia y la integridad del sistema de información, asimismo, esta entidad (OCDE) recomienda que los gobiernos deben apoyar la existencia de medios públicos independientes y de alta calidad promoviendo la transparencia y diversidad en la propiedad de los medios y asegurando su viabilidad financiera”, acotó la comunicadora y coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART.

La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Magister. Yanancy Noguera Calderón expuso la preocupación de la Junta Directiva del COLPER ante un posible cierre técnico del SINART, sino se llevan a cabo acciones en el corto plazo para evitar que esto suceda e hizo referencia a tres dimensiones:

  1. Comunicación Pública: la cual trasciende lo que el SINART podría hacer, es decir, se entiende como comunicación pública, cualquier estrategia que una institución o dependencia del Estado tenga para cumplir con los objetivos a las cuales está obligada por ley y que llegue a las audiencias y trate de alcanzar las expectativas de estos públicos, en este contexto, se ubica también al SINART como medio de comunicación dentro de una estrategia de comunicación más amplia.

  2. Política de Estado: ¿Es deseable y posible una comunicación pública eficaz, ética y objetiva desde un medio de comunicación público?

  3. Nuevo SINART

Su exposición enfatizó en la segunda dimensión sobre Política de Estado, de esta manera, hizo un repaso por experiencias de comunicación política en otros países que permita dejar por sentado que, si es posible un SINART dinámico, actualizado, sostenible y comprometido con la ciudadanía y que se pueda ubicar con claridad a esta institución dentro del paradigma mediático actual, establecer alianzas inteligentes, buscar soluciones para enfrentar a nuevos desafíos, como estrategia para fortalecerlo. De esta manera, proponer alternativas de desarrollo, acorde a las coyunturas actuales de carácter político como tecnológico, y desarrollar una agenda prospectiva a manera de proyecto de corto y mediano plazo, que incluye los cambios filosóficos, de gestión, jurídicos y administrativos.

La Presidenta del COLPER hizo un repaso por varias experiencias que han logrado llevar a cabo su función y mantenerse al aire después de muchos años de trabajar en la comunicación y estar al servicio de sus audiencias e indicó que el hecho de no presentar en su exposición marcas de medios latinoamericanos vigentes se debe a que en esta región estos medios públicos han venido a menos, dada esa visión fiscalista a la hora de plantear política de Estado ha secuestrado la posibilidad de que estas instituciones existan. Noguera mencionó algunas experiencias:

France. TV-Radiofrance

En esta organización francesa de medios públicos, cada uno de sus medios opera como un holding de 5 canales de televisión públicos y 5 emisoras de radio. Se financia mayoritariamente por el presupuesto asignado por el Estado y por concepto de publicidad. Hasta 2022 se financiaba con un impuesto a los hogares (redévance) de 138 euros al año.

En este momento es de cargo completo al presupuesto del Estado.

France Télévisions y Radio France son dos conglomerados de medios en un pais muy grande, con gran cantidad de medios adentro, con importante y variada programación temática y de cobertura de estos medios, los cuales en algunos casos se orientan a tópicos específicos, generando una pauta de programas muy amplia sobre: noticias, cultura, educación, entretenimiento, programación regional, historia, música, artes, mundo, infancia, ficción, ciencia, cocina, economía, libros y política.

Es claro que en Francia el sistema se ha sostenido, ha superado cambios, pero en la actualidad, sigue siendo un sistema robusto que juega un rol estratégico dentro de la sociedad francesa y convive con la cobertura de medios privados.

RAI-ITALIA:

11 emisoras de radio, 13, canales de televisión, centros de producción audiovisual, servicios multimedia, teledifusión y venta de publicidad entre otros campos. Se financia a través de un sistema mixto con impuestos directos, publicidad y venta de productos. De esta manera, se puede evidenciar que los medios de comunicación pública deben resguardar su principio fundamental y experimentar diversos intercambios para fortalecer su producción y programación de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.

El estatuto de la RAI define claramente su condición de «servicio público de radiodifusión». Es una sociedad anónima con 70 años de funcionamiento y pertenece al Ministerio de Economía y ha sobrevivido a continuas leyes y reformas que en ocasiones agrandaron la sombra de la manipulación política. La licencia de televisión (Canone Rai) que pagan las familias financia sus actividades. Es de 90 euros.

Se mencionan otros medios públicos como la Corporación Radiodifusora de Japón: independiente del gobierno de Japón, aunque el gobierno de turno nombra a los representantes del consejo ejecutivo; se financia a través de un impuesto directo.

– National Public Radio, de Estados Unidos: produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia.

En el caso de la BBC (Inglaterra) se destaca que es una Carta Real que se tiene en el Reino Unido que reconoce su independencia editorial y establece sus obligaciones públicas. Se creó como el sistema base de gobernanza. Se describe como “servicio público de radio y televisión”. Su servicio de noticias es de clase mundial y cuenta con los estándares de ética periodística más estrictos en el mundo. Se financia mediante un impuesto a la televisión de casi 200 euros al año. También se venden programas, revistas y libros. Incluye 46 estaciones de radio y 10 canales de televisión y digitales; además, una serie de servicios informativos.

Este medio cuenta con los estándares de periodismo más estrictos del mundo.

La presidenta de la Junta Directiva del COLPER enfatizó que Costa Rica debe tener y sostener su medio de comunicación público, por ello, aprovechar la institucionalidad robusta con que cuenta el país y no permitir que el SINART en esta coyuntura de crisis se vea amenazada. Por ello, es perentorio señalar elementos importantes que se describen en el proyecto de ley del SINART, como son: “es un medio indispensable para el pais, dado que se evidencia su rol importante para la sociedad, debe ser un medio de comunicación que opere como una empresa pública y que brinde servicio de información a las audiencias, tener una fuente clara y segura de ingresos, contar de alguna tasación (impuesto) de la cual participen todas las familias, en el entendido, que serán beneficiadas con su programación diaria, independencia del gobierno de turno es esencial para resguardar su esencia y vocación de servicio público. Requerimos de una visión de Estado que resguarde como parte de la política pública una comunicación pública eficaz desde un medio de comunicación público e independiente”.

La Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada, consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, se refirió al papel que ha asumido la Defensoría de los Habitantes con respecto al SINART; en su calidad de garante del respeto al derecho a la información que tienen todos los habitantes en especial aquellos de poblaciones vulnerables, de ahí, que subrayó la importancia del acceso a la información pública, tal como se establece en las convenciones y leyes nacionales, donde se afirma que es un derecho fundamental para todas y todos los habitantes, el cual busca favorecer su participación en los asuntos públicos, así como monitorear las acciones del Estado en aras de transparentar la gestión pública: “ considerando nuestra posibilidad de emitir criterio sobre proyectos de ley, informarles que, en mayo del presente año, se remitió a la Comisión Permanente Especial Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente No. 24.032 correspondiente al Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión Cultural N°8346 para brindar herramientas de actualización tecnológica (oficio N° 04527-2025-DHR del 04 de mayo 2025”.

Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley mencionado antes pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.

De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.

Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía: “Aunque el proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera del SINART, podría limitar la competencia y aumentar la carga presupuestaria de otras entidades públicas, sin perjuicio de que se podrían generar conflictos legales por restringir el libre mercado y crear condiciones desiguales para medios privados”.

A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenció que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión:

1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal.

2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros. Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos.

Por su parte el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, ex Catedrático de la UCR y la UNA, ex diputado, fundador, ex presidente ejecutivo del SINART y coordinador de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART, aprovechò el espacio para referirse al abandono que las últimas administraciones del gobierno han proliferado en perjuicio del SINART y sus medios y de la necesidad de dejar claro ante el país que el SINART no es un negocio, es una institución de servicio público, por consiguiente: “la ganancia de esta institución no es que cierre los estados financieros anuales con ganancias: que cierre en cero-bien. Que puede cerrarlo hasta con un pequeño déficit-también. ¡No seamos hipócritas!, porque la ganancia del SINART es el servicio. En ese sentido, ahí sí, los estados del SINART en los últimos 15 años ha sido cero o en rojo y eso hay que decirlo con toda sinceridad”.

Aguilar Bulgarelli, dijo que el SINART como institución de servicio ha sido deficiente, porque la ley creada en el 2003 tiene una serie de defectos que le ayudaron a consumir esta institución en la situación que hoy tiene: “sobre lo principios y objetivos que están establecidos en esa ley, està una organización pensada para que fuera manipulada políticamente, entonces, la manipulación política del SINART lo ha destruido”. Es por ello, que la Comisión Ciudadana por Defensa del SINART se abocó a cambiar aquellas cosas del proyecto de ley que no estaban favoreciendo el buen funcionamiento de la institución, agregó Aguilar, quien citó algunas propuestas para mejorar el proyecto de ley que se revisa en la corriente legislativa:

  • No se eliminó la condición de Sociedad Anónima, pero se le devuelve una condición que fue borrada de la ley y se afirma que el Sistema Nacional de Radio y Televisión -SINART, es una institución CULTURAL: “Se entiende que no es un negocio, el negocio es la cultura en el más amplio concepto de cultura, de cultura humanista. No se trata de que el ser humano se convierta en una máquina consumista, que es lo que buscan los regímenes políticos actuales, hablamos de que la personas se mantengan como un ser humano de libre pensamiento, de libre acción y de libre decisión”.

  • La naturaleza jurídica del SINART será entendida como una Sociedad Anónima cuyos miembros son elegidos por Colegios Profesionales, del Gobierno, pero el presidente ejecutivo y el gerente o director general ya no serán nombramiento ni del Consejo de Gobierno ni del presidente de la República, sino será una decisión del Consejo Ejecutivo del SINART.

  • El presidente ejecutivo del SINART asume las responsabilidades de la decisión de políticas del SINART y el director general la función administrativa o gerencial. De esta manera, dejar claramente diferenciada la definición de gobernanza con la gobernabilidad institucional: “La gobernabilidad es la función de gobierno para alcanzar un servicio eficiente a la sociedad de parte de las instituciones del Estado. No es el aspecto económico lo que le interesa a la gobernabilidad, sino la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La gobernanza es un término que se ido metiendo en la administración pública proveniente de las visiones gerenciales de la empresa privada derivadas del mercado, la globalización que ven en la gobernanza una finalidad de beneficio y de ganancia económica. En el servicio publico la gobernanza está supeditada a la gobernabilidad”.

  • El SINART debe tener libertad absoluta de decisión, de gobierno y administración, por ello, se establece que debe estar ajeno a toda influencia del control asfixiante del gobierno de turno y no ser únicamente portavoz del Poder Ejecutivo.

  • En cuanto al financiamiento se han introducido algunas cosas como quedar claro que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones autónomas y de gobierno serán asignados al SINART-no como un asunto obligatorio sino como obligación. Para ello, se establece que deben ser girados en tractos cada tres meses de tal manera que la Contraloría General de la República-CGR será la gran vigilante que eso se cumpla.

  • Se plantea que el fondo de FONATEL haya un porcentaje que sea asignado para el SINART, lo cual se justifica porque el servicio que presta el SINART se ubica dentro de los objetivos que cumplen los fondos de FONATEL.

  • Se agrega al proyecto la venta de servicios, (venta de publicidad) tal y como lo hacen instituciones de comunicación pública en otros países (RAI-RTVE-BBC-FRANCE TV), lo cual permite ser competitivos y cumplir con las aspiraciones de las audiencias con programas de calidad.

El expresidente Ejecutivo del SINART fue enfático en mencionar que: “ El presidente de la República Rodrigo Chávez es el máximo responsable de hacer del SINART una maquinaria para generar ingresos para su propaganda política y la de sus jaguares lo que liquidan al SINART”. Por ello, para mejorar la situación actual de esta institución se debe mejorar la ley y eso es lo que se plantea en la propuesta de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART que él dirige, manifestó el Dr. Aguilar Bulgarelli.

Como parte del evento se llevó a cabo un conversatorio entre los expositores, conducido por el Lic. Iván Porras Meléndez, director de QUINCE UCR, al cual se sumó la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada.

Al respecto, Porras en relación al tema del foro reflexionó sobre lo expuesto por Ignacio Ramonet, periodista español, catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia en su vista a Costa Rica hace varios años (Semana de la Comunicación COLPER), quien hizo un planteamiento de cómo se estaban configurando los medios de comunicación y la polarización entre medios públicos y privados (Medios Públicos, Guerras Mediáticas): “Existen países donde se da una cobertura mediática totalmente estatal dada su modalidad de dictaduras, caso de Corea de Norte, y por otro lado, la mayoría de los países del mundo cuentan con medios privados y se dan pocos ejemplos de medios de servicio público. En cambio, en el caso europeo se evidencia un ecosistema de convivencia de medios privados y los medios públicos, donde estos últimos habían llegado primero y ser protagonistas en la mesa de diálogo y que a partir de la lógica de servicio público a la ciudadanía fue que se construyó la lógica de medios al servicio de las audiencias con alta calidad. Costa Rica es de esos casos donde la televisión privada llegó primero y eso en cierta manera ha determinado el ecosistema de medios en nuestro país”.

El Director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica-UCR, comentó que en nuestro país la lucha por un sistema público de servicio que se enfoque en la persona como un ciudadano de una democracia y no nada mas como un consumidor de información es fundamental: “Por ejemplo, en cuanto al financiamiento al día de hoy Radio Televisión Española-RTVE, señal que se puede apreciar en Latinoamérica en canales de cable, combina un porcentaje muy grande de su ingreso del erario público (Estado), otra parte viene de impuestos a operadores telefónicos y han buscado formas hibridas en la venta de contenidos, co- producciones e incluso en la venta de material de archivo. También existe la TV 2 de RTVE donde transmite arte, cultura, literatura, educación etc.”.

Por su parte la Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada comentó que el tema de educación es gran preocupación ante los nuevos paradigmas y le preocupa la situación negativa que enfrentan en Costa Rica temas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana, tres ejes que han sostenido la democracia más sólida del continente los cuales se están resquebrajando y sin embargo, han sido uno de los aspectos mas atacados en los últimos tres años, dando golpes muy fuertes a este triangulo poniendo en peligro al país: “ en este contexto, los medios de comunicación cumplen una función esencial y por consiguiente, el ejercicio de una comunicación pública en el fortalecimiento de la democracia. Vemos un ataque muy rudo a todo el tema de la comunicación pública, pero también a la privada, es situación que requiere del análisis permanente y el entendimiento que la situación es compleja”.

El señor Iván Porras hizo un señalamiento muy general a algunos elementos expuestos en este conversatorio como son:

  • Una cosa es una comunicación política y otra es un medio de servicio público. Hay que diferencia un medio de servicio público de un medio gubernamental.

  • El lugar donde nació el SINART era un espacio de servicio público. Lograr esa independencia es un reto.

  • El paradigma del derecho a la información a partir del cual se busca como sociedad democrática brindar un espacio a las diferentes comunidades históricamente vulnerabilizadas. Es en la televisión y medios públicos donde muchas veces estas comunidades tienen un espacio, una voz, donde la tienen en la televisión comercial, porque no corresponden a lo que buscan las pautas o la publicidad.

  • En este momento lo más importante es fomentar una sociedad que construya desde y hacia la inteligencia, de esta manera, rescatar el concepto de CULTURA cuando se habla de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.

El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, realizado desde el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, contó con el apopo del despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y se constituye en una actividad abierta para compartir insumos de gran relevancia en este proceso de diálogo, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático donde se espera que la ley del SINART (Canal 13, Radio Nacional, Revista Contrapunto), sea aprobada por el Poder Legislativo y permita que la sociedad costarricense cuente con una comunicación pública, que lleve a la práctica los valores esenciales de verdad, honestidad, imparcialidad, independencia, respeto a los derechos ajenos y propios, así como el compromiso con: la democracia, la paz, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente, la calidad de vida, defender la verdad, actuar con integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En fin, la búsqueda de la excelencia, luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía.

Fotógrafo: Minor Solís Calderón.

Contacto: comisionprosinart2025@gmail.com

Foro Completo: https://www.youtube.com/live/zlLUB2_907A

¿Electricidad privada, solidaria y a precio justo?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

Jamás. Eso no ha existido nunca, ni existirá. Todos los sistemas de electricidad privatizados dan cuenta del lucro mercantil por encima del servicio público, de abusos tarifarios, de gobiernos cómplices, pusilánimes y protectores de las empresas privadas a las que, de manera deliberada y voluntaria, entregaron los servicios de generación y distribución de electricidad.

El reciente apagón en Europa, y más que todo en España, Portugal y el sur de Francia, debe servirnos de modelo para reconocer el fracaso de los modelos privatizados. En España el 80% del mercado eléctrico pertenece a los privados desde que la subasta de este servicio público inició con los neoliberales (apodados socialdemócratas) con Felipe González dirigiendo la carreta y se consolidó durante la presidencia de José María Aznar. Más allá de los discursos embrutecidos y las mentiras por parte de una parte de la prensa de ese país, tan absurdas como que hay que aumentar el gasto militar para estar seguros y que el apagón fue un “ciberataque” perpetrado por Putin, lo cierto es que ese apagón no es más que la confirmación de que los sistemas privados no saben y no quieren planificar y se ocupan en exclusiva de acaparar ganancias sin importar la calidad del servicio.

Ese apagón y el proyecto 23.414 de “armonización” eléctrica en Costa Rica van en la misma dirección, porque en un mercado de subastas, como el que nos quieren imponer, la ausencia de planificación y la preponderancia total del mercado de lucro controlado por el mejor postor, es lo que nos espera si en la Asamblea legislativa el Ejecutivo y sus secuaces de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y otros partidos aprueban ese proyecto para consumar la muerte del ICE como institución de servicio público. Al frente quedarán los consumidores dependientes de su capacidad monetaria para comprar en el mercado privado.

A pesar del asedio al que es sometido, el ICE sigue garantizando inversión social que no es rentable. Por ejemplo, hace unas semanas, en el camino entre Coto Brus y Abrojo Montezuma, territorio Ngäbe, había empleados del ICE dando mantenimiento a los tendidos eléctricos, como lo hacen en todo el país. En otra gira a Alto Laguna de Osa/territorio Ngäbe llegamos al fin del camino donde está el poste 841/127 que es el penúltimo de un tendido eléctrico de más de 10 km que el ICE construyó. Las comunidades jamás hubieran podido pagar solas su costo millonario. Fue una combinación de aportes de la población indígena y de inversión del ICE. En Vista de mar, otra comunidad Ngäbe de Punta Burica, desde 2023 la gente le está pidiendo al ICE construir un corto tramo de línea eléctrica de medio kilómetro, cuyo costo estimado por el ICE es de ¢19.631.100. Se trata de una necesidad urgente de más de doce familias, incluidos los y las estudiantes que en las madrugadas salen caminando hacia el Liceo Rural de Conte. Si se aplicaran criterios de “rentabilidad” a una necesidad como esa, se atentaría contra la esencia misma del ICE que sigue dotando de servicio público de electricidad a cientos de comunidades. En el Plan de expansión de la generación eléctrica 2022-2040 (ICE, julio 2023) se aporta un dato impensable para cualquier país de América Latina y del mundo: entre 1998 y 2021 el ICE instaló 5.110 paneles solares en lugares rurales de acceso complicado. Esto incluyó 4.112 paneles residenciales, 467 en escuelas, 55 en liceos rurales. Otros 43 en EBAIS, 79 en puestos fronterizos de seguridad, 48 para teléfonos públicos administrados, 159 en puestos de áreas silvestres protegidas. Según el ICE fueron 380 las comunidades beneficiadas.

¿Qué pasaría si a cada una de esas inversiones le aplicamos un criterio de mercado; de rentabilidad, para decidir si se realiza o no? Evidentemente serían imposibles si fueran empresas privadas las responsables porque su fin es su ganancia. La otra pregunta inmediata y obligada es si estas mismas inversiones las seguirán haciendo los “agentes” privados cuando estemos sometidos a un mercado de subastas, como lo estaremos si aprueban el proyecto 23.414.

Entre los aspectos más letales del proyecto en contra del carácter público del servicio eléctrico se incluyen la “planificación indicativa” y el “mercado de subastas”. De la primera se habla insistentemente en los artículos 3, 6, 8, 9 y 13. En el primero de estos artículos 3 (Definiciones) se dice que “debe contemplar la integración de la generación distribuida, la participación del sector privado y la promoción de la inversión en infraestructura energética”. La planificación indicativa recaerá en el MINAE, un ministerio que del todo no tiene las potestades técnicas que tiene el ICE, pero pasa a convertirse en superministerio rector (ver artículos del 3 al 9 entre otros), anulando las potestades técnicas del ICE y asegurando la viabilidad política del mercado privado de subastas de la electricidad.

Totalmente diferente al patrón actual, en el 23.414 se establece en el artículo 9 que “la planificación indicativa no identificará proyectos renovables específicos y serán los agentes generadores los que propondrán sus proyectos en las subastas de capacidad, donde se escogerán los proyectos más convenientes para el SEN”. Además se reafirma que será el MINAE el responsable de “la planificación Indicativa de la generación, distribución y transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”. La nueva visión de mercado privado de subastas queda blindada en el artículo 14 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” que establece que “las fuentes -de generación- pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta y deben de cumplir con los tramites de conexión establecidos en la legislación nacional y regional y los requisitos establecidos por la ARESEP”.

La desaparición de la planificación técnica que ejerce el ICE se dibuja en todo el proyecto pero con especial claridad se concreta en los artículos 13, 44, 45, 51 y 53. En el artículo 45 “Subastas de energía” se establece que “en esta subasta todos los agentes generadores participan de manera abierta, al igual que todos los distribuidores y los grandes consumidores y comercializadores”. Es decir, el añejo sueño de colocar en igualdad de condiciones a todos los agentes del mercado: ICE y privados de todo tipo, se cumplirá con este proyecto hecho ley. Algunos de estos agentes son generadores y consumidores de alta tensión, como APM Terminals, Holcim, Florida bebidas, los ingenios Taboga y El viejo, y además algunos como Florida ice and farm Co. y FIFCO (Cervecería Costa Rica) son “grandes contribuyentes” que por 5 y 6 años han declarado “cero ganancias”, según el Ministerio de Hacienda. En España es un puñado de empresas las que controlan el mercado con la anuencia plena del gobierno que no pasa de anunciar que pedirá cuentas. Hasta fondos buitres de Black Rock operan negocios de electricidad privada. Esa subasta ha sido implacable.

Para Costa Rica la subasta privada del mercado eléctrico se refuerza en el artículo 51 del 23.414 que establece que los “precios topes para las subastas de energía y de capacidad” dependerán “de las condiciones de los precios en el mercado de electricidad, durante períodos de alta demanda, con el fin de proteger los intereses de los consumidores, de precios excesivos en el mercado”. Esto de “proteger” resulta hasta chistoso pues todo el proyecto apunta a la desregulación y pérdida de fijación de costos y tarifas diferenciadas para asegurar el acceso universal a la electricidad, que es lo que históricamente ha garantizado el ICE con inversión social que no resulta rentable. No hay en este proyecto ni un artículo, renglón o palabra que apunte a bajar las tarifas como demagógicamente dicen sus defensores y hasta entidades privadas como la Asociación Costarricense de consumidores de energía y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, así lo han afirmado (ver Actas de la Comisión de Energía). Lo que sí se garantiza es que los “agentes” privados multiplicarán sus ya abultadas billeteras gracias a que se consolidarán sus negocios en el país y en el mercado centroamericano al que podrán exportar electricidad. En el caso de España también se sobrepuso el lucro privado a las necesidades sociales.

En resumen, las necesidades de comunidades como Alto Laguna y Vista de mar nunca podrían atenderse bajo criterios de “rentabilidad” opuestos a la inversión social, pública, solidaria y a precios justos. Eso es “Estado social eléctrico”. No es “gasto” si no inversión indispensable para que la gente tenga más calidad de vida, y a eso el ICE ha ayudado por sus fines y principios demarcados desde el 9 de abril de 1949 cuando fue aprobada su ley constitutiva. A pesar de las múltiples crisis que el ICE sigue enfrentando, y de que buena parte de sus directivas han sido parte y cómplices de una especie de zonchos que lo sobrevuelan como si fuera carroña, sigue siendo una institución pública que obligatoriamente tenemos que seguir defendiendo ante quien sea.

Privatización energética: un negocio familiar, no un beneficio nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martin Rodríguez Espinoza

La reciente presión de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) para acelerar la apertura del mercado eléctrico en el país es una muestra clara de cómo el sector empresarial busca anteponer sus propios intereses económicos sobre el bienestar nacional.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), es la institución pública, que pertenece a todos los costarricenses, que históricamente ha garantizado el acceso a la electricidad para la mayoría de los costarricenses, está en la mira de quienes ven en la privatización una oportunidad de negocio para un pequeño grupo familiar, sin considerar las consecuencias a largo plazo para el país.

Desde su creación, el ICE ha sido un pilar del desarrollo nacional, asegurando que la electricidad llegue a todos los rincones de Costa Rica con tarifas reguladas y un enfoque social. Sin embargo, la presión del sector privado, muchos de ellos ampliamente favorecidos con obscenas exoneraciones fiscales, muchos, además, evasores y elusores al fisco, con el argumento de una supuesta ineficiencia y altos costos, pretende privatizar el mercado energético, lo que en realidad podría derivar en una segmentación del servicio, afectando a los más vulnerables y beneficiando únicamente a grandes corporaciones.

Cacia, en su comunicado, cataloga la suspensión de la discusión legislativa sobre la apertura eléctrica como “inexplicable y generadora de incertidumbre empresarial”, pero lo que realmente está en juego no es la incertidumbre del empresariado, sino el futuro del modelo eléctrico costarricense.

La experiencia internacional ha demostrado que la privatización de sectores estratégicos como la electricidad suele derivar en aumentos de tarifas, menor inversión en infraestructura pública y una priorización de la rentabilidad sobre la cobertura universal del servicio.

El argumento de que los costos de producción se han elevado debido a las tarifas eléctricas es una narrativa que ignora la estabilidad que el ICE ha brindado en el suministro energético durante décadas. Si bien existen retos que enfrentar, privatizar el servicio eléctrico, sin una visión clara de sus implicaciones puede resultar en un modelo donde el acceso a la electricidad quede sujeto a la lógica del mercado y no a la necesidad del pueblo.

La insistencia del sector privado en la liberalización del mercado eléctrico no es altruista ni busca el desarrollo del país; es un movimiento estratégico para garantizar su propia rentabilidad a costa del patrimonio nacional. El llamado debe ser a fortalecer el ICE, mejorar su eficiencia y asegurar que continúe operando con un enfoque de servicio público, y no ceder ante presiones empresariales que solo buscan ganancias sin considerar el impacto social.

El futuro energético de Costa Rica debe construirse con un enfoque que garantice el acceso equitativo a todos los ciudadanos, y no bajo un esquema que privilegie a unos pocos a costa de la mayoría.

29 de marzo de 2025

ANEP-AyA solicita al Gobierno intervenir ante el congelamiento de 148 plazas vitales en Acueductos y Alcantarillados

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Seccional ANEP-AyA solicitó por medio de una carta dirigida al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y al Consejo de Gobierno, intervenir ante la decisión de la Gerente General de Acueductos y Alcantarillados, Alejandra Mora Segura, de congelar el nombramiento de almenos 148 plazas vitales para el funcionamiento de la institución.

Para la seccional ANEP-AyA, lo anterior podría poner en riesgo la estabilidad y continuidad del servicio público que se brinda desde esta importante institución.

“Hay 148 plazas por jubilación vacantes hace seis meses, de agosto de 2023 a enero 2024. Algunas de estas plazas son vitales para el adecuado funcionamiento dentro de la Institución. Además, hay que ejecutar un plan anual operativo y las funciones correspondientes a esas plazas son fundamentales para su ejecución. Por ejemplo, desde diciembre de 2023 no hay un director financiero.” Indica la carta de la seccional.

La orden del congelamiento en el nombramiento de plazas se dio por correo electrónico el lunes 12 de febrero del 2024, donde la Gerente General de AyA indicó “Por este medio se comunica que hasta nueva instrucción no se deben de solicitar nombramientos en plazas de exfuncionarios jubilados, plazas vacantes, o trámite para solicitud de concurso, por cuanto ambos temas están siendo analizados con base a lo dispuesto en el artículo 39 de la Convención Colectiva”.

Algunas de las plazas vitales que se encuentran desocupadas son: Auditoría Interna, Dirección Financiera, Subgerencia GAM, Dirección de Planificación y Subgerencia Sistemas Comunales. (En el documento enviado se detallan las 148 plazas congeladas)

“Varias de las plazas no se han ocupado a falta de gestión por parte de la Dirección de Gestión de Capital Humano de A y A, y ahora se incrementa el problema por la directriz emitida” indica la denuncia.

La ANEP y la seccional AyA, solicitan con suma urgencia, una intervención política ante la gravedad de la situación más que evidente, tomando en cuenta la reacción de diversas comunidades, especialmente, metropolitanas, ante el problema de amplio conocimiento público sobre el suministro oportuno de agua potable.

Costa Rica manchada y en estado de emergencia no oficial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Francisco Campos

En la atmósfera de este país, es natural la formación de cumulonimbus semejantes a grandes manchas oscuras, las cuales, si bien obstaculizan la imaginación hasta la celestial mansión de los bienaventurados; no sucedería igual si su cepa política, tuviera voluntad para visualizar en el horizonte los caminos de atención real y efectiva de problemas nacionales como la violencia e inseguridad. Una prioridad ante la crisis o, mejor dicho, la emergencia nacional del Estado Social de Derecho y Servicio Público en que, está postrada Costa Rica. Situación sin precedentes en los últimos 75 años, pues opera hasta un nuevo tipo de guerra civil -entre pandillas según las autoridades- que, también mantiene en constante vigilia a la mayoría de la población; víctima del flagelo. Consecuentemente, el miedo nos mantiene presos entre muros y rejas de los propios hogares y comunidades, donde hace mucho la garantía real del derecho a la seguridad pública está en abandono. Y como en Gaza, hasta en hospitales públicos irrumpen asesinos.

Acerca de esa situación angustiosa, sin duda convertida en un estado de terror, vale decir que, en algunos momentos, el Estado directamente lo ha utilizado contra la población que, movilizada se ha opuesto a sus políticas; por ejemplo, con el fantasma del desempleo durante la campaña del referéndum del 2007 sobre el Tratado de libre comercio con USA1; vil extorsión desde el gobierno. Pero ahora, parece que también lo utiliza, o si no fuera así, es claro que se beneficia del mismo con la resultante desmovilización y frustración de la ciudadanía; aún frente a las más detestables políticas públicas que no cesan de eliminar o degradar derechos, así como garantías sociales y ambientales. Es conocido que, la violencia representa un negocio para quienes acorde con sus intereses administran el Estado. La industria bélica es boyante a nivel mundial, armas van, vienen y se usan por doquier; son parte de la economía de mercado. ¿Qué dispone nuestra legislación?

Y en esta debacle, el espectro de la corrupción se extendió con virulencia por todos los estamentos públicos y privados, como una metástasis en la Costa Rica “democrática” donde en estos tiempos, las principales noticias son las estadísticas de homicidios en ascenso. Al respecto, los pronósticos de los expertos para el fin de año 2023 se rompieron (907 homicidios), y los repetidos encuentros de jefes de los supremos poderes del Estado para abordar la crisis a su nivel, han generado más desesperanzas que soluciones efectivas. Obsérvese que, producto de estas gestas, lo más relevante hasta ahora, es una “mesa de trabajo” y a partir de ella, un decálogo de leyes con preponderancia punitiva. Por lo tanto, si dicha mesa, muestra ausencias sensibles como por ejemplo expertos en salud pública, de su seno no puede esperarse más que paliativos a la enfermedad.

En diciembre del 2022, hubo especulaciones acerca de que, la llamada “visita sorpresa” y escolta de seguridad ofrecida al presidente salvadoreño, no fue sólo para aquello de “Jale a Soda Tapia”. Pues se trataba de un casi “milagroso” visitante quien, al asumir gobierno en un país de los más violentos del mundo, en muy corto tiempo, con su “Plan Control Territorial” y guerra contra las pandillas, ya era un abanderado mundial de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, para el improvisado gobierno costarricense, cualquier plan ensayado aún en contextos externos, tratándose de problemáticas comunes, despertaba interés y posible disposición de replicarlo2. Obviamente que, bajo tales apuros, quizás todavía faltaba y falta hoy espacio para un análisis consistente de la política desarrollada por parte del gobierno de N.A. Bukele, de la cual, el resultado que más reportan, es una significativa reducción a 2,4 hpcmh en la tasa de homicidios al cerrar el año 2023.

Pero sin bien ese dato, tiene una considerable importancia y la ciudadanía en general se lo reconoce, la situación real junto a otros indicadores, no puede ocultar por ejemplo que, la taza de privados de libertad ha crecido hasta situarse también entre las más altas del mundo. Es decir, ese plan desarrollado durante la actual administración del político-empresario Bukele, no ha solucionado el problema; sin embargo, la misma estadística ha sido su principal carta de presentación para continuar en el poder y según dicen, violentando la propia Constitución Política. La construcción de enormes cárceles como el “Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)” y lo que esto representa, nos permite inferir más. Por ejemplo y parafraseando al gran escritor Eduardo Galeano acerca de la “escuela del crimen”3, ésta no sólo sigue abierta con todas sus profesoras, sino, reforzada con ese tipo de centros de reclusión. Según expertos, pasos hacia un inminente trabajo forzoso.

Además, si a nivel regional, hasta hace poco tiempo la criminalidad causaba estragos en el llamado Triángulo Norte de Centro América, es evidente que, en nuestro país, no hubo capacidad de prevención; mientras tanto, el chovinismo de pacíficos y más felices del mundo, nos desnudó en caída libre al naufragio de donde ellos actualmente tienden a salir. También, en vísperas de entrar a la segunda mitad de la actual administración, la más cruda realidad quizás no imaginada, nos acaba de demostrar que el barco efectivamente se hundió durante un período en el cual la inseguridad no se detuvo ni milésimas. Por el contrario, el dato frío y que se divulga mundialmente4, indica que, el estado de violencia e inseguridad que está desgarrando a nuestro país, registra una tasa de 17,4 hpcmh (2023), la segunda más alta de las cinco naciones centroamericanas. El llamado Triángulo cambió, pero nos absorbió. En este orden, es innegable que salir de tan compleja situación requiere de muchos recursos, y entre ellos sensibilidad humana ante las calamidades que vive la población, así como conocimiento y sabiduría para transformar la realidad en bien la nación. De igual forma el tiempo, ya que como se observa, caer en el abismo es rápido, pero salir del mimo es incierto. Obviamente que, este gobierno carece casi de todo y el tiempo es su principal enemigo.

Así que, desamparados, con autoridades incompetentes y en medio de una guerra, qué le espera a esta Nación por parte de ellas, si está a la vista que, les preocupa más aumentar el endeudamiento impagable del Estado en beneficio de concesionarios “manchados” que, al menos dotar económicamente de lo necesario al sistema de la Seguridad Pública ante la situación por la cual atraviesa. Así mismo, si en el accionar gubernamental, se muestra prioritario defender a un funcionario ejecutivo ya manchado también, que adecentar la Junta Directiva de una institución como la CCSS; a la cual, en lugar de pagarle las deudas, de diversas formas se le saquea a fin de concretar lo que se han propuesto: quebrarla. Deberían tener presente, aunque en sujetos así es imposible, que, el dinero que unos pocos se llevan, elimina la posibilidad del desarrollo, encarece la vida y hunde en más pobreza a los pueblos.

No habrá duda de que, en lo anterior, se describen mínimos ejemplos de esa otra forma de violencia: la corrupción, tal y como se le califica a esta pandemia que, forma parte de un espectro multicolor; rara vez incorporada en las estadísticas de la violencia e inseguridad. Ese mismo espectro que conduce a la tortura y el maltrato humanos, así planteado desde el propio seno de Naciones Unidas: “La corrupción destruye la ética de las personas. Quien ha sucumbido a sus redes jamás volverá a ser alguien que se respete a sí mismo, tampoco respetará los derechos de los seres vivos, las leyes, la democracia y, en especial, de la sociedad. Los actos de corrupción empobrecen a las personas, destruyen instituciones, pudren a la clase política y generan una forma tóxica de relacionamiento entre lo público y lo privado”5.

Y como para que no faltara, con la devastación ambiental que sufre el país y cuyo principal combustible además del Xileno es la corrupción verde6, la Administración Pública desde los altos mandos, de nuevo quedó exhibida a través de los focos de contaminación del agua de abastecimiento humano con decenas de miles de personas potencialmente expuestas a sustancias peligrosas. Otra emergencia tampoco reconocida en su justa dimensión, la cual, hace años se extendió por los campos de producción a nivel nacional; y donde para muchos casos denunciados, científicamente se han identificado los contaminantes y su procedencia. Pero a pesar de las afectaciones en salud y la quebrantada economía de las comunidades rurales, a través del tiempo no sólo el abastecimiento en calidad y cantidad del agua sigue siendo crítico, sino que, tampoco se ha demandado y castigado a los culpables de nivel privado y público. Es decir, también esta corrupción de color que ha hecho y sigue haciendo estragos en la gente, está impune. Y tratándose de actividades tanto comerciales como productivas, donde la contaminación ambiental del agua se debela también a nivel citadino, vale preguntarnos e interpelar al gobierno acerca de: qué ha sucedido con el deber en la función pública sobre la prevención del impacto y consecuentes daños ambientales en evidencia.

Los habitantes, deben tener presente que, los agroquímicos y derivados de petróleo como los combustibles, son sustancias muy peligrosas en cualquier lugar del mundo, y ninguna actividad, espacio o centro donde se almacenen o utilicen, puede estar exenta de estrictas regulaciones ambientales a través de la Evaluación de sus potenciales impactos, a fin de prevenir y mitigar sus efectos. Materia que, en este país hasta hace meses y por motivos diferentes, se cumplía muy débilmente (por ej.: en el uso de agroquímicos). Sin embargo, hoy día por medio de las más recientes reformas legales, derogación del Reglamento existente y promulgación de uno nuevo (D.E. No. 43898-2023-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), el asunto es más delicado, pues se eliminaron regulaciones de diversas obras y actividades, y las que quedaron fueron desmejoradas. Así se procedió bajo el criterio de altos mandos políticos y empresariales de que, había exceso de “cuellos de botella”. El titular del MEIC, de nula experticia en asuntos ecológicos o ambientales, irrumpió como el principal verdugo de las regulaciones existentes así calificándolas, secundado por el homólogo del MINAE, jerarcas de la SETENA y CEFIA.

Por lo tanto, ante la emergencia en curso debido a la contaminación ambiental del agua en diferentes comunidades del país, y que el trabajo de la ciencia abrió espacio para también investigar sobre actores responsables; respecto al petróleo y el trasiego de combustibles por vías terrestres, debemos señalar que esta actividad no recibe ningún tipo de Evaluación Ambiental por parte de la SETENA. Igual sucede con los centros o actividades de mantenimiento automotriz que se han instalado por todos lados (Ej.: lubricentros y lavanderías de carros); los cuales, entre otros impactos, vierten altos volúmenes de aguas residuales cargadas de aceites y desengrasantes. A éstos, durante varios años, dicha institución paulatinamente los fue relegando de los procesos de la Evaluación Ambiental que a ella corresponde. En el mismo estado se encuentran: la remodelación y cambio de tanques de combustibles, instalaciones y tanques de autoabastecimiento de combustibles, bodegas de almacenamiento y expendio de diferentes sustancias incluyendo el Xileno, escombreras, cierre técnico de vertederos, etc.

En conclusión y no obstante el rechazo oficial y empresarial a nuestro Acuerdo de Escazú, motivados por el derecho superior a la denuncia ambiental, públicamente así planteamos: ante la Comisión Legislativa de Ambiente y ante la Fiscalía Ambiental. Que todos los mandos de la SETENA incluyendo la comisión plenaria y exjerarcas, así como los ministros de Ambiente y Energía y el MEIC, sean llamados a comparecer, por su presunta corresponsabilidad en la contaminación ambiental del agua de consumo humano con hidrocarburos y agroquímicos a nivel nacional; pues es parte de la emergencia que vivimos. Sin embargo, hasta hoy, la diligente destitución ejecutada contra un efímero jerarca aparentemente corresponsable, es la única acción de gobierno conocida contra la Administración deficiente; pero hay más y con antecedentes peores. Así mismo, tenemos presente que, la impunidad nutre la violencia e inseguridad ciudadana y, acciones emprendidas por entidades como la Defensoría de los Habitantes son absolutamente acertadas.

Referencias

1. https://revistas.ucr.ac.cr: HC Vargas: Los cuatro vértices del terror…

2. https://www.france24.com/es/video/20240123-costa-rica-presidente-busca-hacer-frente-a-la-violencia-con-políticas-similares-a-las-de-bukele

3. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r16967.pdf

4. https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_tasa_de_homicidio_intencional

5. https://dialogodiverso.org/2020/05/24/corrupcion-una-forma-de-violencia/

6.https://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=132710&cd_producto=LYNTO&nm_origen=Home

Denuncia y solicitud de investigación de la Asociación por los Derechos de los Usurarios de los Servicios Públicos a distintos hechos ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado 23 de enero de 2023 Reiner Canales Medina, representante legal de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos presentó una nueva oposición, denuncia, solicitud de investigación y actuación a distintos hechos, dicha denuncia la realizó ante Edwar Araya Rodríguez, Intendente de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con motivo de oposición y denuncia para incorporar al Expediente ET-111-2022, solicitud de investigación, interposición de denuncias penales e inicio de procedimientos administrativos tendientes a caducidad de concesiones. 

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Esta denuncia se realizó ante hechos como: información de una aparente relación entre Araya Rodríguez y otros funcionarios con Miguel Zamora Azofeifa, presidente de una cámara autobusera, CAPROBUS, ligado además al mismo grupo empresarial: TRACOPA Ltda., Buses INA Uruca S.A., Transportes DELIO Morales S.A., Transportes Unidos La Costanera S.A., Transportes Quepos Puntarenas S.A., Transportes Orotina-Puntarenas y Transportes HRC-Orotina-San José, en el que según se señala en la denuncia, ni el ARESEP ni el Consejo Transporte Público (CTP) no han denunciado la contratación de la rutas y concesiones anteriormente mencionadas, violentando así el artículo 11 de la Ley No. 3503. Adicional a esto, una supuesta relación y forma irregular de operación por parte de ciertos empresarios de autobuses, dirigentes y asesores, quienes tendrían en funcionamiento un “esquema” con funcionarios de esa Intendencia; por ejemplo, los empresarios presentan la solicitud para aumentos tarifarios con datos e información falsa, en caso de que algún funcionario se percate de la anomalía, el empresario es notificado para que se retire la solicitud tarifaria. Se presentan hechos anómalos entre el grupo empresarial TRACOPA Ltda. en especial su representante, y el financiamiento electoral a campañas políticas. Y finalmente, hechos como observaciones técnicas e incongruencias ante la solicitud de un aumento tarifario por parte de la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A.

Por tanto en la denuncia se solicita al ARESEP que tome en consideración los hechos presentados para que se realicen las correcciones en el trámite tarifario, revisar la intención de manipulación en la variable en la definición de costo de una tarifa por parte de algunas empresas, realizar una revisión y estudio de demanda en especial a la ruta de un solo Ramal, junto con la empresa Transportes Quepos Puntarenas S.A., y que de comprobarse las distintas anomalías presentadas, se cancelen las concesiones según corresponda.

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Imagen tomada de Wikimedia Commons

Conocer los derechos para exigir transparencia y honestidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

Es sumamente lamentable cuando las personas en particular y los pueblos en general, guardan la esperanza de que sus problemas de solucionen, problemas que tienen que ver con la activación del servicio público por parte de municipalidades o del gobierno central y resulta que pasa una semana, un mes, un año y quizá hasta varios años sin que se dé tal solución.

Y lo peor es que tanto municipalidades como gobierno tienen la posibilidad de cumplir con el sueño y la ilusión de toda esa gente y simplemente no lo hace por desidia, por falta de voluntad, por impericia, por ineficiencia y en el peor de los casos porque no da réditos electorales.

También es sumamente reprochable cuando se cobran impuestos o tasas por servicios que no se brindan y a quienes más les afecta esto es a los que menos tienen y cuando se acercan a averiguar algo sobre si es factible solicitar un servicio les aparece una cuenta de muchos miles de colones que no pueden cancelar de buenas a primeras y eso sin que el servicio haya sido prestado o se ha dado en forma deficiente.

Los ciudadanos deben saber de sus derechos y toda institución dede buscar la forma de estar cercana a la ciudadanía y ayudarles a educarse sobre sus derechos. No se trata solo de ver cómo se les saca el dinero sino y especialmente cómo se brindan los servicios en forma oportuna y eficiente.

También es muy triste el ver cómo se administran los dineros públicos por parte de algunas autoridades que en muchos casos llevan a cabo contrataciones en las que no buscan el bienestar del pueblo sino su propio provecho y es cuando aparecen las famosas comisiones y pagos indebidos. Contrataciones cuyos montos se elevan considerablemente tan solo para que haya repartición. Ya hemos conocido de estos trueques y trucos y es por ello que debemos exigir transparencia y honestidad en el servicio público.

Que se dé un servicio justo y eficiente y además al costo debido.

Dios quiera que en este año electoral la ciudadanía sepa entender el poder que posee a la hora de definir a quienes les dará la confianza para administrar sus recursos y realizar las obras que se requieren. Es urgente que abran ojos y mentes y sepan elegir para su bien, de las comunidades y del país.

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Servidor público sin poder servir…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Miguel Ureña Cascante

Servidor público sin poder servir…sometido a cargas de trabajo que no permiten planificar adecuadamente el diario quehacer, sometido al reproche social porque ahora resulta que los impuestos que algunos pagan es lo que permite que mi salario llegue cada quincena basado en un estatuto que data de 1949 y no permite que se ajuste con la realidad nacional.

Servidor público deficitario y carente de motivación porque muchos jefes piensan que lo que está al frente es un privilegiado, y los que están por encima, piensan que son máquinas que se incorporan a un grupo de funcionarios llamado sindicato, y esto, ya es un problema porque empieza a exigir derechos y garantías que sólo las argollas tienen y resulta una amenaza porque ya no es sólo él:.son varios acuerpándolo.

Es un servidor público que debe adaptarse al sistema… las argollas predominan y serán los más calificados para ascender. Ellos serán los perdedores…los que suplen nuestros objetivos los mantendremos a la distancia, no estudian, no aportan, los inteligentes son otros tipos de servidores que tienen acceso a la toma de decisiones y tienen cientos de subalternos, y ellos, se catalogan como ejecutivos a quienes se les aprueban leyes, pero nunca en favor del servicio público que usted se merece.

Esas leyes van en deterioro y hacia reducir la planilla de servidores públicos que usted requiere, por eso no se podrán contratar más servidores en salud ..no se podrán contratar más servidores en seguridad (los que ya entraron los exponen al narco con rifles chochos), no se contratarán más servidores en educación; en general, no se contratarán más servidores porque “los que hay son muchos y son una carga” para el Estado.

Es decir, ya ser servidor es excluyente de la tierra que le da sustento. No somos ya parte del Estado… ser servidor público es carecer de sensibilidad ante tanta demanda porque si se le asigna un trabajo debe cumplirlo sin importar la limitación de recursos a que se expone.

Ser servidor público es no contar con derechos universales … ser servidor público se sataniza tal cual delincuente…ser servidor público es menos que el delincuente entre rejas porque a ese lo alimentan y conceden derechos, mientras que el servidor público debe ganarlos.

Ver un servidor público le desagrada a muchos burócratas… pero ser servidor público hoy es distinto de ser servidor público antes, porque muchos se sirvieron del servicio público.

Ser servidor público hoy es estar inmerso en un mundo de cabezas pensantes que justifican sus salarios con simples reuniones mensuales.

Por eso, si usted ve un servidor público hoy …verifique su nivel y quizás ahí podrá discernir qué tipo de servidor público es.

Recuerde que los diputados son servidores públicos, el presidente y sus ministros también…

Estos llegan a dirigir un país por delegación democrática, de tal manera, debemos tener más cuidado por quien votamos…serán servidores públicos, quizás, o se servirán con su consentimiento.

Una apertura que destruye nuestro modelo eléctrico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Gerardo Fumero Paniagua

El proyecto de ley No. 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, (firmado por Carlos Alvarado, Presidente, Elian Villegas, Ministro de Hacienda y Andrea Meza, Jerarca del Minae), es una vergüenza para nuestro Partido Acción Ciudadana y nuestro país. El proyecto tiene muy graves falencias, por ej., 1) parte de la falsa premisa de que habrá demanda en Centroamérica, 2) no hay ninguna empresa constituida bajo la Ley 7200, 3) asume que cada planta es independiente del sistema, 4) ninguna planta sin un contrato con el ICE puede tener una Concesión, etc.

El art. 1 declara Agentes del Mercado Eléctrico Regional, MER, a las empresas privadas de generación eléctrica que estuvieron amparadas a la Ley 7200 y se les autoriza a vender “los excedentes”, lo cual solo puede conocer el Centro de Control de Energía, CENCE, ningún generador.

Hoy la legislación declara como único Agente del MER al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, pero según este proyecto cualquier particular o empresa privada que genere, tendría la misma potestad de comprar y vender energía en el MER. ¿Qué pasaría si esa energía la pudiera requerir de nuevo el país, es decir que dejara de ser excedente?, ¿cuál empresa estaría dispuesta a volver a venderla al ICE? y aunque quisiera hacerlo, si tuviera un contrato de largo plazo ya no podría.

El art. 4 autoriza al Minae para que les renueve las Concesiones para el uso de los recursos naturales del país -el agua-, otorgado cuando se construyeron las plantas, virtud a que contribuían con un “servicio público”, como lo es el suministro eléctrico, pero ahora pretenden hacerlo para exportar energía, lo cual la ley no permite y en todo caso solo sería para beneficio de un privado.

Concesiones por las cuales no pagarían, equivaldría a regalarle nuestro oro a Infinito Gold (Crucitas), o nuestro petróleo a Shell o, como lo hacemos desde hace décadas, con el espectro radioeléctrico que utilizan la radio y la televisión comerciales. Las concesiones se otorgan sin costo cuando son utilizadas para brindar un “servicio público”, y tiene el fin de no encarecerlo al usuario final.

El art. 5 los autoriza a exportar “en forma independiente”,  el art. 6 los equipara al ICE como agentes, el art. 7 les acomoda los títulos habilitantes al nuevo marco legal y el art. 9 obliga a la Aresep a “velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del Sistema y al Operador del Mercado” y a “supervisar y fiscalizar … la gestión comercial entre Agentes de MER…”, ahora convertidos en explotadores de nuestra riqueza natural, pero sin ningún provecho para la sociedad o el país.

Aun así, el Estado debe velar por sus derechos y protegerlos, poniendo a su servicio todo su engranaje institucional. Se trata de una nueva visión de Estado, al servicio de unos pocos privados, para que puedan generar ganancias en beneficio de esos empresarios, que harán negocios en el extranjero, sin que ni un solo costarricense -excepto sus dueños- se beneficie. Una vez más “socializaríamos las pérdidas y privatizaríamos las ganancias”.

El art. 10 le pone la cereza al pastel, al establecer que “El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier persona física o jurídica que cumpla… con la normativa…”. Obliga al ICE a garantizar el acceso a sus “redes de transmisión y distribución” sujeto a la “disponibilidad”, “con tarifas que defina la Aresep”, entidad históricamente proclive a los generadores privados. El art. 11 garantiza el “derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional para lo cual deberá suscribir un Contrato de Interconexión con el ICE o con la empresa distribuidora, …”. Este asunto es infinitamente más complejo, solo para mencionar dos elementos graves, ¿quién es responsable cuando no se pueda exportar por falta de capacidad de la red o quién asumirá las pérdidas de la transmisión?

Le habríamos concedido el paraíso a cualquier generador privado, aprovechando un bien ya pagado por todos (la planta), utilizando los recursos naturales de todos (el agua), usando las redes construidas por todos (el ICE), obligando al Estado a defenderlos mediante las autoridades pagadas por todos (la Aresep), para generar ganancias para el dueño de la planta.

Hoy no hay demanda insatisfecha en C. A., y si la hubiera a futuro, ¿qué pasaría si explotaran o importaran fuentes relativamente baratas, como el gas natural? Podría suceder entonces que termináramos nosotros pagando tarifas mucho más altas que nuestros hermanos centroamericanos, (quedándonos nosotros con las consecuencias ambientales), pues cualquier tarifa, para una planta ya pagada, es enormemente rentable, (cero inversión e ínfimos gastos), mientras que los costarricenses tendríamos que hacer frente a las millonarias inversiones en las que ha incurrido el ICE para garantizar autonomía energética, respaldo eléctrico, servicios complementarios y una canasta de fuentes renovables, no contaminantes.

De ese estadío, a la apertura total, vale decir, que cualquiera de estos generadores -sin hacer inversiones-, pudiera vender su energía en el país, solo faltaría un pequeño paso y será el siguiente que tengan planificado, sin duda alguna.

Además, habrían subido un peldaño más en su meta de arrancar del ICE, el Centro Nacional de Control de Energía, CENCE. Con este fuera del ICE y en competencia total, obligarían al Centro de Control a adquirir primero la energía más barata, vale decir, la de las plantas ya amortizadas -las de los privados- y dejar por fuera las más caras, los proyectos del ICE de más reciente construcción.

En ese escenario ¿imaginan cuál sería el futuro del ICE? ¿Apocalíptico yo? Jamás, apocalíptico es el escenario dantesco que hoy vemos con nuestros incrédulos ojos en el caso Cochinilla. ¿O alguien pudo imaginar las elucubraciones maquiavélicas de semejante caso? ¿Alguien pudo imaginar el caso ICE – Alcatel, o que alguien aprovechara las buenas intenciones de un gobierno para terminar con el oligopolio del cemento, para robarse millones de dólares, o alguien pudo jamás imaginar que Yamber o Aldesa quebraran? ¿Verdad que no?

Hoy este país vive varias pandemias, pero la más nefasta y profunda es la pandemia moral, la pérdida de valores, ese es el origen de todas las demás: la pandemia del déficit fiscal, la del narcotráfico, la del sicariato, la de la evasión y la elusión, la del contrabando, la de la calidad de la educación, la de la concentración del capital, la de la desigualdad, la de la pobreza y la de los gobiernos que se les facilitan los negocios a los que más tienen, en detrimento del país y el pueblo.

Cambiar – la crisis del coronavirus exige cambios

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Gadi Amit

Todos estarán de acuerdo, pero el CAMBIO ofrece alternativas.
1.- Cambiar cosas – para que TODO SIGA IGUAL
2.- Aprender de lo ocurrido y CAMBIAR PARA ESTAR MEJOR

Esta crisis demuestra la fragilidad y peligrosidad de sustentar el desarrollo de un país en el TURISMO.

Difícilmente, cuando termine el VIRUS, se puede pensar que el turismo volverá a funcionar igual. Eso llevará años, para líneas aéreas y grandes hoteles. La primera alternativa será el turismo interno de los Ticos, sencillos o de otras clases sociales.

Queda claro que hay repensar y redefinir las PRIORIDADES.

La importancia del ESTADO – tan atacado últimamente- como ÚNICA respuesta a las crisis futuras.

El sector privado, NO HA APORTADO NADA a la solución de la crisis. Solo ha tendido la mano, pidiendo que los ayuden a salvarse ELLOS. No escuchamos de ningún HOTEL, ni ninguna CLINICA PRIVADA, abriendo sus puertas para OFRECER AYUDA. Por eso, hay que reforzar a la CCSS –con todas las letras Caja Costarricense de Seguro Social (tal vez expropiar equipos de salud o clínicas o empresas farmacéuticas) que no dieron la talla. Al menos poner fuertes impuestos a estos sectores. Fortalecer al ICE en electricidad y telefonía. Liberarlo de las amarras que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad, sin licitaciones o competencia eficiente.

En el tema de AGUA POTABLE, ha quedado en claro la incapacidad de la Directiva de AyA. El 90% restante del recurso hídrico, con el desastroso manejo unipersonal desde hace 25 años de la Dirección de Aguas del MINAE, responsable del desorden y la corrupción, sin que asuma su responsabilidad, por miles de pozos ilegales, la destrucción de acuíferos, costeros por salinización u otros por contaminación (agroquímicos, arsénico, derrames industriales, lixiviados, etc). Ríos en proceso de morir o desaparecer. Creemos que debe pensarse en la DESCENTRALIZACIÓN del manejo de este bien público. Reforzar a las ASADAS e incentivar a las MUNICIPALIDADES a asumir este servicio, que tiene características diferentes según zonas, según la existencia del RECURSO HIDRICO y la modalidad del consumo, según su uso y la prioridad del consumo humano. Todo de acuerdo a los planes de desarrollo regional.

La importancia de la SEGURIDAD ALIMENTARIA. La concentración en monocultivos, la plaga de los INTERMEDIARIOS ha llevado a abandonar la agricultura al 50% de la población, que hace años, trabajaba y vivía del campo. La agricultura puede dar trabajo y generar una rápida reactivación económica y producir frutos cosechables en pocos meses. Maíz, frijol, verduras, en pocos meses pueden estar en nuestras mesas y dar trabajo a miles de habitantes que tienen manos, pero carecen de títulos universitarios. Ojalá agricultura orgánica o al menos con menos agroquímicos. Sólo hay que garantizarles mercado y precios aceptables.

El precio del PETROLEO bajó, no debe engañarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y pasar a vehículos eléctricos. El cambio debe impulsar el transporte público. Importar buses eléctricos y si los privados, no pueden, pues salados, dar las rutas a COOPERATIVAS o GOBIERNOS LOCALES. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo. Hacer calles y carreteras de cemento (losas o adoquines) que tenemos posibilidad de producir en abundancia, generando desarrollo local.

Y podríamos seguir proponiendo cambios. Pero les dejamos a Ustedes, complementar estas ideas, criticarlas, mejorarlas, ampliarlas, implementarlas. CAMBIAR es la ley. Impedir los cambios malignos como el CAMBIO CLIMÁTICO. Impulsar, apoyar, comprar, las modificaciones que pueden traer bienestar, seguridad, sostenibilidad y felicidad a nuestras vidas y desarrollo para Costa Rica.

Ilustración: UNESCO http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/249743