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Etiqueta: servicios públicos

Después de las elecciones del 1 de febrero del 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes

Un clima enrarecido

Que nos vamos a convertir en una Venezuela, que se van a suspender las garantías constitucionales, que la presidente electa ha sido nombrada ministra de la Presidencia, que el presidente ha ocultado la paternidad de una hija de tres años hasta después de las elecciones, que decenas de diputados electos arrastran causas penales, que Costa Rica camina con paso firme hacia el amanecer de una desconocida “Tercera República”. La oposición insistiendo en la importancia de ir a votar; los costarricenses yendo a votar contra la oposición.

No es poca cosa.

Quisiera sugerir que ese clima político y social enrarecido no es solo una característica de la reciente campaña electoral, sino resultado de la larga puesta en escena de una obra de la que los actuales son solo los (pen)últimos actores. Se trata de otra cosa, más profunda. De las consecuencias de un vasto proceso político que ha minado la confianza de la población y transformado las características de la Segunda República en Costa Rica.

Sobre la “institucionalidad democrática”

Nunca nada más antidemocrático que el “No hay alternativa”, la consigna del neoliberalismo con la que Margaret Thatcher y Ronald Reagan se lanzaron a la conquista del mundo en la década de los 80’s del siglo pasado, en los años finales de la Guerra Fría.

Aquí, voces alarmistas insisten en que está en juego la democracia, como si no se hubiese estado destruyendo esa democracia a mordiscos desde hace más de 40 años, cuando nos sumamos a la alternativa neoliberal e hicimos nuestro aporte (modesto) al desquiciado modelo concentrador de la riqueza en manos del 1% de la humanidad.

No es posible una elección con 20 partidos. No hay 20 proyectos políticos en el país. Difícilmente puede haber más de tres o cuatro. Solo un escenario político desdibujado justifica la aparición de 20 alternativas electorales. En ese escenario, el voto vale poco. O nada. Vale lo que valen esas 20 alternativas.

Quisiera sugerir que no es el voto el que le da sentido a la democracia. Es la democracia la que le da sentido al voto.

Para que el voto valga necesitamos alternativas bien construidas, claras. Solo así mi voto vale, solo así permite elegir una opción.

A qué nos enfrentamos

¿A la creación de la Tercera República? ¿De qué se trata? ¿De darle forma al legado de Rodrigo Chaves?

En realidad, nos enfrentamos a un proyecto de una derecha privatizadora. Nos ofrecen la “continuidad del cambio”, el “rechazo al pasado”, la “defensa irrestricta de la vida y la familia”, el “respeto a la dignidad del trabajo que se acrecienta con la propiedad”.

Hay que pensar un poco: ¿qué significa todo eso, qué se esconde detrás de esas mal trazadas consignas? Se podría decir que nada. Pero no es cierto. Significan algo. Algo que no tienen el coraje de anunciar claramente.

En todo caso, nada muy distinto al que el país ha venido transitando en los últimos 40 años, cuando se empezó con la privatización de los depósitos bancarios y se siguió con los más diversos sectores económicos, incluyendo la salud, la educación, las obras públicas, las telecomunicaciones… Todas las instituciones se vieron afectadas: la banca pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), escuelas, colegios, universidades, el ICE.

Para la mayoría, los servicios se deterioraron. Se fue extendiendo la idea de que el Estado es un gasto, no un servicio. Privado de importantes ingresos, el déficit público creció y, con él, la deuda y sus intereses. Para tratar de hacerle frente, se recortaron aún más los recursos. Se deterioraron los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos.

Se nos ha tratado de convencer de que cada uno es responsable de su futuro, de que el orden social, político y económico en que vivimos tiene poco que ver con eso. Que los lazos entre todos se deben adelgazar, que cada uno vele por sus intereses mientras el modelo va concentrando la riqueza hacia arriba.

Sueñan con un Estado que ofrezca los servicios indispensables para el desarrollo de los negocios y muy poco más (la seguridad no es lo único, pero es lo políticamente más sensible). Lo demás, cada uno tendría que procurar resolver por su cuenta.

Lo público-privado

Se habla de un modelo de desarrollo público-privado. Como idea general, no solo tiene sentido, sino que no hay otra manera de desarrollar una sociedad.

Pero aquí se usa con un sentido más específico. El término sirve para ocultar un proyecto que pone lo público al servicio de lo privado. De modo que todo nos conduce –de nuevo– a ese modelo concentrador de la riqueza que ha llevado a extremos la tensión económica y política.

La presidente electa insiste en la idea de vender el Banco de Costa Rica y su filial BICSA. Ya lo había propuesto Chaves al inicio de su gobierno, especulando con la cifra de 1,2 billones de colones –2,8% del PIB– cálculo probablemente muy por encima de las posibilidades reales de venta, eventuales recursos cuyo destino nunca precisó.

En su conferencia de prensa, el día siguiente del triunfo electoral, Fernández sugirió financiar con esos recursos el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Apuró el negocio, afirmando que debe darse antes de que el banco “quiebre” o caiga por “problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.

Pero el BCR no está en quiebra, aunque quizás Fernández lo sepa. Es un buen negocio y los inversionistas lo saben. Sobre todo, si pueden comprar barato. Como lo decía Rodrigo Carazo, lo que esta gente quiere no es vender, sino comprar.

¿Qué sentido tiene vender un activo que dejó el año pasado una utilidad de ¢38.494 millones? Recursos públicos que financian diversos proyectos.

Los bancos públicos, como el BCR, ya tienen, por ley, una serie de cargas fiscales y parafiscales, incluyendo un 15% sobre sus ganancias destinada al régimen de IVM. De modo que su venta para capitalizar este régimen no tiene sentido. Lo dejaría desfinanciado cuando los recursos de la venta -si se vendiera– finalmente se agotarán.

Tratarán de seguir profundizando el proceso de privatización de los servicios de la CCSS, tanto en salud como en pensiones, que les gustaría transformar en un sistema como el chileno, de capitalización individual, que ha significado una tragedia para miles de adultos mayores en ese país (nada de esto tiene que ver con la necesaria revisión de los diversos sistemas de pensión existentes en Costa Rica, de modo que nadie reciba más de lo que cotizó, pero que tampoco reciba menos). Tampoco se trata de que se transforme nuestro sistema solidario en un multimillonario negocio privado a favor del 1% más rico de la sociedad.

Déjeme poner otro ejemplo de proyectos privatizadores particularmente ineficaces e irritantes por las condiciones tan desfavorables para el país. Se trata de la carretera a Caldera, transformada en un gran embudo por donde el dinero de los costarricenses fluye hacia una empresa que recibe miles de millones, amparada por un contrato leonino que impide al recuperación por el Estado de la empresa, pese a que lo invertido ya ha sido remunerado con creces.

Esa es una empresa curiosa cuyo funcionamiento evidencia lo absurdo de la concesión: la empresa más gana cuando presta peor servicio. Cuando el tránsito se multiplica, en las horas o las fechas de mayor movimiento, las decenas de casetillas de cobro se llenan, mientras el tránsito se atasca cuando el espacio de cobro se va reduciendo a uno o dos carriles de tránsito. Mientras mayor sea la presa, más gana la empresa.

Como ya dijimos, los proyectos públicos serán cada vez menos relevantes para atender las necesidades de la población. Los recursos se orientarán a atender los intereses privados.

Desde nuestro punto de vista, eso no le sirve al país, a nadie. Ni siquiera a aquellos a los que pretende favorecer. Solo exacerbará las tensiones económicas y políticas.

Pero dar vida a esa ley de privatización de la obra pública y la aprobación del TLC, fueron dos razones principales de los esfuerzos de Oscar Arias para promover un cambio constitucional que le permitiera aspirar a un segundo mandato. Luego, estas tendencias siguieron. Llegaron a extremos durante el gobierno de Alvarado, adquirieron un tono chabacano en el de Chaves, y nos amenazan de nuevo, en el de Fernández.

Desde mi punto de vista, todo mal. De modo que quienes no compartimos esas políticas deberíamos desde ya explicar nuestras razones y prepararnos para el debate.

Dos Costa Ricas

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de Costa Rica? se preguntaba la organización no gubernamental norteamericana Social Progress Imperative en diciembre pasado.

No se trata de suerte, sino de una estrategia desarrollada desde hace décadas, afirman. Con el reconocimiento de que un crecimiento inclusivo y la cooperación comunitaria era esencial para el desarrollo, se avanzó hacia un modelo que beneficiaba a todos, invirtiendo recursos masivos en el capital humano.

Pero, en determinado momento del siglo pasado, el progreso parece haberse estancado en determinadas áreas, afirma la organización, que conversó con el director de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, Jaime García. Identificaron los principales puntos de inflexión, como seguridad personal y educación superior, discutieron sobre el progreso social concentrado en el área metropolitana, que dejó atrás las costas y las zonas fronterizas. Llegaron a la conclusión de que había ahora “dos Costa Ricas”.

En un artículo publicado en La República, el pasado 19 de enero, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez se había referido a esa características de la economía costarricense, aunque él agregaba un tercer aspecto, como veremos.

Rodríguez hurgaba en algunas características de esa economía, poniendo en evidencia el carácter dual del crecimiento. “El crecimiento del PIB y de las exportaciones se genera fundamentalmente gracias al régimen de comercio especial. El régimen definitivo, que engloba aproximadamente el 85% de la producción, crece cuatro veces menos que el especial”, afirmó.

La caída del desempleo –un logro reivindicado por el actual gobierno– “no se explica por la creación de nuevas fuentes de trabajo, sino por la enorme disminución de personas que buscan empleo”. “El nivel de ocupación de febrero de 2020 —último mes antes de la pandemia— se redujo en 30.290 personas para noviembre de 2025, último mes con datos de la Encuesta Continua de Empleo”, dice Rodríguez.

En febrero de 2020, la tasa de ocupación era de 56,1%, mientras que en noviembre de 2025 fue de apenas 51,4%.

Y se pregunta “¿Cómo explicar la reducción de la pobreza sin un aumento del volumen de empleo ni de los ingresos salariales de los sectores más pobres? ¿Cómo entender un crecimiento económico significativo sin creación de empleo, acompañado de un exceso de divisas, inflación negativa y una revaluación persistente del colón?”.

Con menos gente empleada, la reducción de la pobreza solo se explica por el aumento de los ingresos autónomos. En cuanto al aumento de los ingresos de divisas afirma que “no tiene una explicación clara” y sugiere la conformación de una “tercera economía, paralela a los regímenes de comercio definitivo y especial”.

Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, ya se había referido a estos problemas en un artículo publicado en El Financiero el 16 de diciembre pasado, titulado “De paso de jaguar a ritmo de tortuga”.

“La economía costarricense, en su parte doméstica —donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional— crecía en años anteriores alrededor de 4,7%, el año pasado 3,0% y en lo que llevamos del presente año, con dificultad, la actividad económica apenas llega a un 2,3%”. “No sólo la actividad económica ha bajado, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de 50 mil personas”.

Naranjo agrega un dato sobre la situación de los jóvenes. “En 2010 había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198”. “En noviembre del 2025 la tasa de desempleo juvenil llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%. O sea, el desempleo juvenil es 2,6 veces mayor que el desempleo total”.

No nos vamos a extender aquí en unas consideraciones ya largas. Pero nos parece importante compararlas con los datos que difunde el gobierno y que pueden revisarse en una nota de la página Novedades publicada el pasado 3 de febrero, donde se habla de reactivación de la economía, creación de empleo y reducción de la pobreza, entre otros aspectos.

El desprecio de una clase política

Así las cosas, ¿es tan difícil explicar el desprecio por un una clase política que ha llevado el país a este callejón sin salida, que la expresión más chabacana de esa clase política sabe explotar muy bien, precisamente porque es la expresión más chabacana de esa política?

¿Es tan difícil entender por qué el crimen organizado y el narcotráfico convocan a sectores cada vez más amplios de nuestra juventud y la violencia no para de crecer?

¿Es tan difícil entender porque el sector más chabacano de esa política logra éxitos tan extraordinarios en las zonas más marginales de ese modelo dual, que las deja sin opciones mientras ve alejarse la barca de la “otra” Costa Rica?

Me parece que necesitamos un cambio de rumbo. Ese modelo dual funciona así como lo vemos: crecen las exportaciones, las inversiones extranjeras, el país se inunda de dólares, mientras la mayoría de los costarricenses, principalmente los jóvenes, ven desde la orilla alejarse el barco de las oportunidades y de una vida digna.

El periodo de transición

Chaves nombra ministra a Fernández. ¿De qué se trata? Me imagino que pensarán así preparar, en los tres meses que faltan para que asuma el (nuevo) gobierno, los proyectos de ley con que sueñan fundar la Tercera República.

Instalada la nueva asamblea legislativa, elegida la Junta Directiva, conformadas las comisiones (todas con mayoría oficialista), el gobierno estaría en condiciones de aprobar rápidamente una serie de reformas, sin que la oposición tuviera apenas tiempo de reaccionar.

Han lanzado algunas ideas sobre las privatizaciones: venta del BCR, apertura del mercado eléctrico, jornadas 4/3, reforma del sistema de pensiones de la CCSS, para transformarlo en uno de capitalización individual.

Mientras nos distraemos en comentarios sobre la extraña decisión de incorporar la presidente electa al gobierno saliente, me parece que lo importante son las movidas para preparar el paquete legislativo con el que sueñan, mientras tratan de amarrar los votos necesarios para su aprobación.

Nosotros, esa mayoría que no votó por la papeleta ganadora, ¿qué hace mientras tanto? No tiene siquiera un diagnóstico preciso de la situación, ni un programa alternativo al de esa Costa Rica dual. Pelea con fantasmas, como si la amenaza a la democracia más peligrosa fueran los escarceos de este gobierno (y probablemente del que sigue) contra las instituciones del país. Son ciertamente un peligro al que debemos poner atención. Pero tengo la impresión de que el peligro mayor es ese modelo de desarrollo que ha venido construyendo esa Costa Rica dual, navegando en la ola ya muy antigua del “no hay alternativa”, con el que fueron minando los fundamentos de la II República, sin que, por ningún lado, aparezcan ideas capaces de llevarnos a la III.

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa parece dejar pocas opciones a la resistencia del programa privatizador. ¡Parece! Pero no tenemos derecho a darlo por sentado, ni será inevitable si nos preparamos también en este período de transición para resistir contra estas propuestas.

El tiempo para organizar programas y alianzas es ahora

Para finalizar estas ya muy largas reflexiones: el tiempo para organizar programas y alianzas es ahora. En la víspera de las elecciones cada partido pelea por lo suyo. Entonces es muy difícil hacer alianzas. Me parece que ahora el clima no podría ser más favorable.

No estoy pensando solo (ni principalmente) en los partidos, aunque no podrían ser olvidados. Pero hay que movilizar más que eso, a organizaciones locales, representantes de los más variados sectores sociales, para ponernos de acuerdo, primero, en una idea y, después, en formas de organización para pelear por ellas.

Desde mi punto de vista, se trata de poner fin a ese modelo en que se basa la Costa Rica dual. No se trata de cerrar el país a la inversión extranjera, sino de entender que así quienes se desarrollan son esas empresas. No nosotros.

Por lo tanto, la otra cara de esa moneda es el desarrollo de nuestras empresas –bancos públicos, ICE, INS, etc.– base de nuestra riqueza que, bien administradas, son el fundamento de los recursos para hacer navegar la Costa Rica hoy varada en la orilla.

Para mí, ese es el fundamento, aunque, naturalmente, una enorme variedad de asuntos debe ser tratados también, siempre con el cuidado de no minar los fundamentos del edificio que tratamos de construir.

No veo cómo se puede desarrollar un país como Costa Rica sin fortalecer el tejido social, debilitando los servicios públicos y dejando a los ciudadanos por su cuenta para resolver aspectos básicos de la vida colectiva y la de cada uno, como la educación o la salud. Ese es el camino que hemos venido transitando, con los resultados evidentes de una creciente inseguridad, consecuencia del deterioro de ese red social que dio fundamento a la II República.

La base de la III República no es la destrucción de los fundamentos de la II. Eso lo han venido haciendo hace ya más de 40 años los diversos gobiernos.

La base de esa III República debe ser la recuperación de los fundamento de la II, que hicieron de Costa Rica una nación destacada en la región, adaptándolos, naturalmente, a las realidades políticas, económicas, sociales y tecnológicas de nuestra época.

Óscar Aguilar Bulgarelli sostiene que el actual proyecto político busca destruir la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli señaló que, en la campaña política anterior, Rodrigo Chaves ya había anunciado su intención de destruir las instituciones del país, citando expresiones como “somos un tsunami que vamos a destruirlo todo” y una declaración realizada en Peñas Blancas, en julio de 2014, donde —según indicó— afirmó que querían “destruir este sistema”.

Aguilar Bulgarelli afirmó que Chaves justificó esa intención al sostener que sus adversarios se habían atrincherado en las instituciones, y vinculó esa postura con declaraciones posteriores de Laura Fernández, a quien calificó como cercana a Chaves. Según expuso, tras no aprobarse un proyecto impulsado por ella, Fernández atribuyó el problema al Estado de derecho, al que señaló como un obstáculo para que las instituciones actúen fuera de lo que establece la ley.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli contrastó estas posiciones con manifestaciones públicas de Pilar Cisneros, quien —según indicó— afirmó odiar las instituciones. A partir de ello, cuestionó qué es lo que se rechaza cuando se habla de destruir la institucionalidad, recordando que esas mismas instituciones han sostenido durante décadas el desarrollo del país.

El analista mencionó ejemplos como la Caja Costarricense de Seguro Social, señalando que gran parte de la población joven nació, se atendió y continúa atendiéndose en ella; así como las universidades públicas —la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia— y el sistema educativo público, que permitió la formación de amplios sectores de la población. También aludió a los servicios públicos esenciales, como el acceso al agua potable y la seguridad, que —según expresó— fueron garantizados por esa institucionalidad.

Aguilar Bulgarelli afirmó que, si bien han existido errores y casos de corrupción en distintos momentos, sostuvo que ningún gobierno había mostrado un nivel de corrupción comparable al actual, señalando acusaciones y procesos en curso contra figuras del Ejecutivo. Según dijo, el presidente cumplió lo que había anunciado, comparando su accionar con una “inversa del rey Midas”, al afirmar que todo lo que este gobierno ha tocado lo ha destruido.

Finalmente, sostuvo que el llamado a la continuidad política implicaría, según su exposición, seguir un proyecto orientado a destruir las instituciones y proteger a personas involucradas en hechos de corrupción, afectando la base institucional que —afirmó— ha permitido la construcción del país.

El “paciente” está enfermo por el tratamiento

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.

Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica respalda la lucha comunitaria para mantener Ebais en manos de la CCSS

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.

El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.

La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.

El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:

  • Ericka Cascante Jiménez
  • Cecilia Morales Chavarría
  • Lorena Hueso
  • Alexander Castillo
  • Ronulfo Morera Vargas
  • Cristian Marrero Solano
  • Edgardo Santamaría Elizondo
  • Edison Valverde Araya
  • Carlos Muñoz Jiménez

La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.

Saqueo en la CCSS: Gobierno de Chaves y sus títeres entregan la salud a la corrupción

Escrito en . Publicado en Salud.

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente el grave acto de corrupción y despilfarro cometido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pagó $1,9 millones a la empresa encargada del sistema contable ERP-SAP, pese a múltiples fallas, advertencias internas y evidencias de su fracaso. La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, es juez y parte en este contrato.

Este no es un “error técnico” aislado, sino un saqueo institucional coordinado. El sistema ha presentado graves problemas: fallos en el registro de recetas, descontrol en inventarios farmacéuticos y atrasos en pagos a proveedores, afectando directamente la atención médica. Desde diciembre de 2024 se habían emitido alertas que fueron ignoradas, y aun así se aprobó el pago de forma express, sin exigir correcciones ni revisar los entregables.

El Partido responsabiliza directamente al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Presidencia y a la Junta Directiva de la CCSS, que actuaron como títeres del poder político, avalando contratos espurios, pagos injustificados y removiendo ilegalmente a la directora Martha Rodríguez González, la única que cuestionaba estas decisiones.

Este caso es parte de un plan de saqueo sistemático disfrazado de “modernización estatal”. Por ello, el Partido Vanguardia Popular exige:

Investigación inmediata e independiente por parte de la Contraloría, Fiscalía y órganos de control, incluyendo auditorías forenses y trazado financiero.

Sanciones ejemplares a todos los responsables, políticos y técnicos.

Recuperación de los fondos desembolsados ilegalmente o pagados sin resultados positivos del ERP.

Que no se use la corrupción, fomentada desde las altas esferas político empresariales, como excusa para privatizar servicios o recortar derechos.

La corrupción afecta directamente la vida del pueblo. Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía a exigir justicia, vigilancia y rendición de cuentas.

Partido Vanguardia Popular
7 de octubre de 2025

El apagón de las torres de control de tráfico aéreo

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Vladimir de la Cruz

Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.

Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.

Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.

Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.

Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.

Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.

Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.

Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.

En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.

Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.

Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.

En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.

Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.

Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.

Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?

La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.

Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.

Compartido con SURCOS por el autor.

La “vía rápida” del ejecutivo y sus aliados para demoler el ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • FECON llama a detener privatización de la electricidad

  • Se cumplen 20 años del plebiscito por el río Pacuare

La decisión del Poder Ejecutivo de tramitar por “vía rápida” el proyecto de privatización de la electricidad #23.414, es una acción desesperada y temeraria que complace plenamente a sus aliados políticos y empresariales empeñados en privatizar la electricidad y carcomer al ICE desde adentro, como lo hace la propia presidencia ejecutiva del ICE. Imponer la “vía rápida” sólo es posible con el sometimiento de otras diputaciones al oficialismo.

Este proyecto no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza que se puedan bajar las tarifas, algo que ha sido imposible de demostrar por todos sus defensores dentro o fuera de la Asamblea Legislativa. No hay un solo país en el que se registren mejores precios para la gente tras la privatización. Lo que ha habido es racionamiento, apagones y tarifas más altas.

El 23.414 es un proyecto diseñado a la medida de los generadores y distribuidores privados para consolidar sus negocios. Con total seguridad afirmamos que conduce al debilitamiento y hasta eventual desaparición del ICE como institución directora del servicio público de la electricidad. No resulta nada nuevo que Liberación Nacional mantenga su línea férrea privatizadora, como lo ha hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Eso es exactamente lo mismo que hacen el PUSC y otros. Esa es una vergüenza que la sociedad costarricense debería cobrarles muy caro.

Este gobierno conduce una guerra para la demolición de cualquier institución de servicio público y solidario, y en esa guerra el trámite rápido es una arma temeraria que elimina toda discusión profunda en la Asamblea Legislativa y nos impide exponer nuestros argumentos. Esto confirma que definir nuestro modelo eléctrico sigue siendo un ejercicio de gobiernos y empresarios, excluyente y antidemocrático.

La estrategia fallida de aprobar mediante la “vía rápida” las jornadas de 12 horas por medio de otro nefasto proyecto de ley bajo el expediente #24.290. Esta mala decisión, no ha sido lección suficiente para este gobierno y sus aliados (PLN, PUSC, NR y PLP). Ahora pretenden continuar con la aprobación de más medidas impopulares y regresivas.

Desde la Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, relanzamos nuestra absoluta oposición al proyecto 23.414 y hacemos un llamado a las organizaciones sociales comunitarias, a los Pueblos Originarios cuyos ríos son un “botín”, a los colectivos ecologistas y ambientalistas, a los sindicatos, y en general a toda la sociedad costarricense, para que “nos tiremos al agua” y salgamos a defender el ICE como institución pública de servicio social y celebrar los 20 años del plebiscito que resguardó el Río Pacuare.

El ICE jamás debe ser privatizado, vendido, regalado, ni destruido. El objetivo real del proyecto 23.414 es agrandar las fortunas de los mercaderes privados de la electricidad.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Recuperar un rumbo perdido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 25 de julio del 2025

Busquemos un punto de partida, un inicio de camino: desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército, de consecuencias mucho más radicales para el país fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por ahí donde empezó el ataque al sector público.

Esa pelea formidable, ese debate político en el que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que cuando el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres. Un día dijo Figueres que le quedaba pendiente la tarea de quemar La Nación. Era, naturalmente, una alegoría. Era una forma de reconocer lo mucho que el periódico representaba contra las ideas por las que él había luchado.

Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto desquiciador. En beneficio propio, manoseó la constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desarticulador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas. El ejemplo de lo que ocurre con la ruta 27 a Caldera nos recuerda, todos los días, los perversos mecanismos encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para transformarla en un negocio privado, a costa de los costarricenses.

¿Cómo sorprendernos del desencanto con la democracia?

¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes que mueven la historia. Los va trabando, corroyendo. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.

Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni a esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves. Aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… Lo llaman –no sin algo de razón, en mi opinión– la “Red de Cuido”. La manera chabacana como lo dicen –además– encanta a muchos.

Asaltan el Estado gentes sin antecedentes políticos alguno. Sin historial, ni capacidades. Sin propuestas ancladas en lo mejor de la historia nacional. Pero con estilo. Para un sector importante del electorado, es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años. De la que ellos mismos son acabados representantes.

Nos toca recuperar un rumbo perdido

Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, inclusive en la memoria de los costarricenses.

No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin renunciar a un lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. Me parece que es lo que tiene sentido.

Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.

Asientos cada vez más incómodos

No hemos ido por ese camino. Permítanme ilustrar la idea con un ejemplo. Leí hace unos días un artículo con el curioso título “No son imaginaciones tuyas, el asiento de los aviones es cada vez más incómodo”, publicado en Xataka, por su editor, Miguel Jorge. Habla de la reducción del tamaño de los asientos en los aviones. De la historia de ese proceso, de su origen, de su lógica.

Antes de 1978, dice, “las aerolíneas en Estados Unidos funcionaban como servicios públicos regulados. Las tarifas, rutas y estándares básicos (incluidos el espacio entre asientos y el trato al cliente) eran supervisados por el gobierno federal. Los billetes eran más caros que hoy, pero incluían servicios como equipaje facturado, comida y asientos con dimensiones acordes al cuerpo humano medio”.

Pero el escenario cambió de forma drástica con la Airline Deregulation Act. “Una legislación que abrió el sector a la competencia en nombre del libre mercado”.

La promesa –agrega Jorge– “era que las tarifas caerían y el servicio mejoraría. En la práctica, tras una breve explosión de nuevas compañías, el mercado se consolidó rápidamente hasta el oligopolio actual: cuatro aerolíneas (American, Delta, United y Southwest) controlan el 80% del mercado estadounidense”.

En ese nuevo entorno de “libre competencia” la eficiencia operativa era la prioridad absoluta. La reducción del espacio disponible para cada pasajero era la herramienta clave para aumentar los márgenes de ganancia sin subir los precios.

“Esta reducción ha llegado a un punto crítico: estudios señalan que más de la mitad de los pasajeros ya no caben cómodamente en los asientos estándar”. El espacio entre asientos, que los años 80 del siglo pasado era de 90 cm en media, se redujo a 80 en aerolíneas regulares y a 70 en las low cost, mientras el ancho de los asientos se reducía 5cm.

En Europa la pérdida progresiva de espacio, servicios y comodidad a bordo, comenzó un poco más tarde, en la década de 1990, dice Jorge. Su detonante regulatorio fue la liberalización aérea europea, que se desarrolló entre 1987 y 1997. “El punto de inflexión más claro fue el llamado Tercer Paquete de Liberalización (1992-1997), que culminó en la creación del cielo único europeo, permitiendo que cualquier aerolínea de la UE operara libremente dentro del espacio comunitario sin restricciones de rutas ni tarifas”.

La reducción del tamaño de los asientos, concluye Jorge, no es una anomalía puntual, sino una manifestación tangible del modelo económico implantado desde 1978, “un sistema que ha priorizado la eficiencia económica sobre la salud y la dignidad del pasajero”.

Ese proceso de reducción del espacio de los asientos es el mismo iniciado aquí con la privatización de los servicios, de los bancarios, de obra pública, de educación, de salud, de telecomunicaciones, siempre con la promesas de mayor competencia, de mejores servicios, de precios más bajos, el mismo engaño que hace que hoy una cantidad importante de personas ya no quepa cómodamente en el asiento del avión.

El proyecto 4×3

Nos prometen grandes beneficios con el proyecto 4×3: 12 horas de trabajo, cuatro días por tres de descanso. Aseguran que, beneficiadas las empresas, crecerán las inversiones y los trabajos mejor pagados. ¡Cómo iba a ocurrir al eliminar las regulaciones en el transporte de pasajeros en aviones!

Andrea Castro Tanzi, una mujer vinculada al mundo de los negocios, hace un notable análisis de las consecuencias de ese proyecto, en un artículo publicado en Delfino, el pasado 28 de junio. Explica como ni el carácter “voluntario” de la medida, ni los beneficios para la vida de los trabajadores funcionarán en la práctica. Entre esos “beneficios” se incluyen un mejor balance vida-trabajo, la reducción de estrés, una mayor satisfacción laboral y mejor salud mental y física. “¡Lindísimo!”, afirma Andrea Castro.

“Tengo que reconocer que este proyecto aporta altos beneficios económicos”, agrega. “Las empresas que la implementen obtienen reducción en costos laborales del 23% al 28%, promedio 25%”.

Pero –señala– esa evidencia se basa en días laborales de ocho horas. No de doce, como plantea este proyecto. “Una jornada de doce horas significa mínimo catorce fuera de casa, en un país donde el transporte público no es continuo ni eficiente, menos en zonas alejadas”.

Con estos horarios, muchas mujeres tendrían que trabajar hasta quince horas al día, por cuatro días seguidos, sin sumarle las horas de traslado. ¿Cuándo descansarían?, se pregunta.

No es difícil estimar que los resultados de este proyecto serán los mismos que los logrados con la desregulación de los servicios aéreos. En teoría, dice Castro, las empresas “podrían usar estas reducciones para bajar tarifas y ser más competitivas”. Pero “la evidencia sugiere que entre el 80% y el 90% de las reducciones de costos laborales lo que producen son mayores márgenes de ganancias”.

Además, estudios de la Cepal muestran que, en América Latina, reducciones agresivas de costos laborales generan empleos precarios y temporales, no necesariamente estables o dignos.

La conclusión es que “los grandes beneficios de esta Ley no parecen ser para quienes se sacrifican. Los empleados ganarían 23-28% menos en ingresos netos por eliminación de horas extras”.

“La CCSS también pierde: menos contribuciones y mayores costos de atención por deterioro físico y mental de jornadas extendidas. Si cada trabajador bajo este esquema aporta 25% menos, pero requiere más atención médica por los riesgos asociados a jornadas de 12 horas, la matemática no cuadra”.

“No puedo evitar preguntarme por qué quienes gobiernan y legislan están empeñados en aprobar una ley que afectará al 6% de la población, imponiendo jornadas prolongadas y reducciones salariales con repercusiones sobre miles de familias”, concluye.

Deportar a los nacionales

Me parece que pocas decisiones recientes revelan mejor la desorientación política que impera en el país. La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado –de manera unánime– una reforma al artículo 32 de la Constitución que autoriza la deportación de ciudadanos nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo.

Cerca de un mes después, el 24 de junio, aprobó –de nuevo por unanimidad– dispensar de trámite, evitar su discusión en comisión, el expediente 25.036, de “Reforma a la Ley de Extradición”. Se trataba de poner al día la ley, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada un mes antes, luego aprobada también por unanimidad.

En realidad, se trata de una reforma con destinatario único: darle a Estados Unidos el derecho de intervenir en el funcionamiento de nuestro estado de derecho. A partir de entonces quedan los ciudadanos costarricenses a disposición de los tribunales y de los diversos órganos policiales de los Estados Unidos. Ellos decidirán de quienes les interesa solicitar la extradición, cuándo hacerlo, mientras aquí este gobierno (y otros, que vendrán) se sentirán encantados con esta nueva arma política ahora disponible.

¿Es la justicia norteamericana particularmente eficiente en la represión del crimen en su país? ¿Muestran algún avance en la represión a la delincuencia organizada? ¿Contribuye eso a fortalecer el sistema judicial costarricense? ¿Implica eso mayor justicia en el país? ¿Son Colombia, o México, países más seguros gracias a la posibilidad de extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos?

Me parece fácil responder con un “no” a todas esas preguntas. Pero aquí ni un solo diputado –¡ni uno solo! – se opuso a una ley que no resuelve ningún un problema. Y que, como veremos, provoca muchos otros.

No se trata de extradiciones solo por delitos comunes, sino también los políticos, pues no otra cosa es la calificación de “terrorista”, como nos recordaba Caitlin Johnstone, una periodista, ensayista, pintora, poeta, basada en Melbourne, Australia. “Terrorismo es solo una etiqueta que significa cualquier cosa que los países de Occidente necesiten”, afirma. Me parece que tiene bastante razón. Y aunque algunos digan que los tribunales costarricenses tendrán la última palabra en esa calificación, no me parece difícil suponer que la decisión, además de jurídica, será también política.

Un país no debe entregar a sus ciudadanos (aun los más miserables) a la justicia de otros países. Es su responsabilidad juzgarlos. Estados Unidos, desde luego, no lo hace. Y me parece una vergüenza que ni un solo dirigente político haya rechazado esa medida. ¡Nada refleja mejor la crisis política que vivimos!

Avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción

El pasado 11 de julio el diario español El País publicó una entrevista con el político, diplomático y escritor francés Dominique de Villepin. Es un hombre de derecha, que se refería a los desafíos que enfrentan los países europeos. “Hemos visto crecer a los partidos extremistas”, afirmó, una polarización que provocó tensiones, “haciendo olvidar la realidad de unas políticas que no han sido ambiciosas ni fieles al espíritu republicano”.

¿Cuáles?, se preguntó el periodista. “Una clave es la degradación de los servicios públicos. La escuela, los hospitales y todo lo que formaba el sentimiento de protección”, afirmó.

Me parece que da en el clavo: ¡la degradación de los servicios públicos! Es la esencia del neoliberalismo: las privatizaciones.

Faltan pocos meses para las elecciones del año que viene y no aparecen alternativas. ¿No será posible conformar un grupo capaz de diputados cuyo objetivo sea revertir la degradación de los servicios públicos? ¿No tendríamos ahí una razón para votar con esperanza?

Naturalmente, no todo se podrá hacer a corto plazo, pero hay que reivindicar la idea, sembrar la esperanza.

¡No es demasiado tarde para intentarlo! Creo que vale la pena.

FIN

El Consenso de Washington que recorre los despachos de la Sala IV

Escrito en . Publicado en Derechos.

Manuel Hernández

Ya van, al hilo, siete acciones de inconstitucionalidad, presentadas por algunas instituciones públicas y sindicatos, contra la insufrible Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635, que, después de tantos años de incertidumbre, fueron declaradas sin lugar por el Tribunal del Perpetuo Martirio de la Constitución.

Los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas han volado en el aire.

El principio de no retroactividad de la ley se transmutó en una pieza de arqueología jurídica, que se puede contemplar en el Museo Nacional, en las inmediaciones de Cuesta de Moras.

La disciplina y la Regla Fiscal, impuesta por esa ley, que ha causado tanta afectación en los servicios públicos más sentidos de la población (salud, seguridad, educación, entre otros) están a buen resguardo, blanqueadas por los reiterados pronunciamientos del Tribunal, inspirados en el Consenso de Washington.

Sólo el derecho de negociación de convenciones colectivas, a duras penas, logró salir sin tanto daño, conforme la doctrina de ese Tribunal, que data de principio de este siglo, pero que subordina el ejercicio de ese derecho fundamental a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y otros más de la parafernalia judicial.

Es necesario destacar que, a merced de esos principios, han sido declaradas inconstitucionales, una tras otra, una innumerable cantidad de cláusulas de convenciones colectivas; por cierto -para que no se olvide- a contrapelo de los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que reiteradamente advirtieron que la anulación de esas cláusulas violenta el Convenio 98 y otros de OIT.

El Convenio 98 OIT y los otros en materia de Libertad Sindical son instrumentos internacionales de Derechos Humanos que no gozan de mucha simpatía en los despachos de los magistrados, a quienes, por contrario, les corresponde optimizar al máximo el ejercicio de los Derechos Fundamentales.

La más recentísima sentencia de la Sala, del pasado mes de mayo, dictada después del VOTO 2025-8201, de marzo/2025, confirma esa doctrina fundamentalista fiscalista y neoliberal que febrilmente abraza el Tribunal Constitucional.