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Etiqueta: SETENA

Los Santos: Comunidades enfrentan a SETENA por “viabilidad ambiental” a gasificadora de basura

En la sesión comunitaria del sábado 18 de junio 2022, las comunidades cuestionaron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, Francisco Mena, ¿por qué el Alcalde y algunos regidores y funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”. Además señalaron la mentira sobre “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa”.

Osvaldo Durán-Castro/Los Santos.  Sociólogo ITCR, ecologista FECON

  • SETENA no concedió Audiencia pública y dice que no hay oposición
  • Miércoles 22 de junio, a la 1 pm, habrá manifestación en SETENA y se pide acompañamiento

Tras 10 años de oposición las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, enfrentan nuevamente a la SETENA por darle “viabilidad ambiental” al proyecto de gasificación de la empresa Agropecuaria 7048, con la RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA, del 16 de junio 2022.  El miércoles 22 de junio, a la 1 pm, se manifestarán en SETENA para entregar un RECURSO DE REVOCATORIA de la Resolución y exigir respeto a las poblaciones y a los ecosistemas de la región.  Para esa actividad las comunidades de Los Santos piden acompañamiento a otras organizaciones del país, pues se trata de un problema nacional.

“¿De dónde llegarían a Los Santos las 175 toneladas de basura diarias que requiere la planta gasificadora, si entre Dota, Tarrazú y León Cortés generan 18,7 toneladas y sin aplicar el manejo que exige la Ley 8839?” ¿Por qué algunos regidores, el Alcalde y algunos funcionarios nos dejan de ser cómplices de la empresa y se dedican a cumplir con la ley de manejo de desechos?”, fueron preguntas que más de 120 personas le hicieron al Presidente del Concejo Municipal de León Cortés, el pasado sábado 18 de junio en Los Santos.

Nunca se realizó una Audiencias pública 

La indignación de las comunidades se hizo más evidente pues SETENA desconoció todas las oposiciones sociales y razones científicas, técnicas y legales que por años las comunidades, ASADAS y ADIS y organizaciones nacionales, con las que se demostraron incontables debilidades que nunca fueron respondidas por la empresa.  Las comunidades solicitaron reiteradamente audiencia pública, como con el oficio entregado el 29 de septiembre de 2021 a SETENA, firmado por 55 personas  de organizaciones sociales legalmente constituidas.  En el INF-TEC-DT-DEA-0548-2022, 6 de junio de 2022, la misma SETENA le indica a la empresa que debe notificar a los “apersonados” y “opositores” que suman 2008 personas, pero la Comisión Plenaria desconoció a sus mismos técnicos que concluyeron que la empresa “NO CUMPLE” y le otorgó la viabilidad al proyecto.  En varias oportunidades la SETENA le amplió plazos a la empresa, aún cuando había prórrogas vigentes. De manera insólita, la resolución de SETENA indica “Que al momento de emitir la presente resolución no hay apersonados o personas opuestas al desarrollo del proyecto descrito”, cuando ni siquiera respondió las solicitudes de las comunidades, para favorecer a la empresa.

Dirección de Aguas del MINAE denegó permiso a la empresa

Atentando directamente contra el derecho humano al agua, la SETENA también desconoció la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, DA-2050-2021 que claramente concluyó “que el punto de perforación” solicitado por la empresa “se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”, que establece que “Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.   La empresa cambio de sitio de perforación pero en los estudios se omitieron todos los riesgos para la zona de protección.

Otra gravísima omisión de la SETENA es que desconoció el Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para coincineración, Nº 39136-S-MINAE, pues omite la existencia del centro educativo del INA en Los Santos, que está a menos de 1000 metros del sitio de posible construcción.

Tampoco se atendieron los razonamientos sobre los impactos negativos para las actividades turística, recreativa y agropecuaria en la región y la posible recuperación de la biodiversidad en el “Corredor Biológico Los Santos-San Pablo de León Cortes”, para lo cual está próximo a firmarse la creación de un área protectora de los Cerros de Los Santos, incluido el cerro El Abejonal, donde se instalaría la gaificadora.  Tampoco se indica nada sobre el manejo de los residuos industriales y tóxicos que la planta emitirá.

La zona de impacto directo de la gasificadora está dentro del área de protección de la naciente de Frailes de Desamparados, no respeta la distancia de ley del centro educativo del INA y pone en riesgo zonas de producción agrícola.

Con el fin de ampliar el apoyo de organizaciones nacionales comunitarias, ambientales, ecologistas y que promueven prácticas de manejo integral de los residuos de acuerdo con la Ley 8839, desde Los Santos se emitieron formatos para recolectar firmas que señala:

“RECHAZAMOS LA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA/GASIFICADORA EN LOS SANTOS

Con esta Resolución SETENA desconoce la TOTAL OPOSICIÓN de las comunidades de León Cortés, Tarrazú, Dota y Desamparados, y de organizaciones sociales de todo el país, y favorece, sin fundamentos técnicos, sociales ni científicos a la empresa promotora.  Rechazamos también el papel cómplice de la Municipalidad de León Cortés que desde hace una década ha facilitado este proyecto rechazado por la población.  Rechazamos  que Los Santos se convierta en una región importadora de 175 toneladas diarias de basura, y exigimos que las municipalidades apliquen plenamente la Ley 8839.  Nos sumamos al RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO CONTRA RESOLUCIÓN No 1018-2022-SETENA”.

Las firmas o comunicados pueden enviarse al correo: no.gasificacion@gmail.com

Se adjuntan formatos para apoyo de organizaciones sociales.

Más información:

Osvaldo Durán-Castro, 8380-0955, osvaldodc@gmail.com

Cristopher Meza Sánchez, 87706103, crismezasanchez@gmail.com

Puede enviar su apoyo mediante las siguientes dos opciones a los siguientes correos:
no.gasificacion@gmail.com

osvaldodc@gmail.com

ABACOTE DE CARLOS ALVARADO HONRÓ EL DIABLO AMBIENTAL

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”1.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo2. Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas3,4 .

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas10, organizaciones sindicales11, campesinos, ambientalistas12, etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica13. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando16 la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas17 y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo18, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible19, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 202220. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta22; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid23, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 202126.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”27. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas28, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME29 que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

 Año D1 D2 D1+ D2 % D2
2022 149*  345*  494* 69.8
2021 609 1276 1.885 68.0
2020 692 1.013 1.705 59.4
2019 848 709 + 579** 2.136 60.3
2018 986 1.172 2.158 54.3
Total 3.213

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA30,31 y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA34. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas35, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo36 sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

1.https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2022/04/ocde-reconoce-el-liderazgo-de-costa-rica-en-materia-ambiental-como-un-componente-que-fortalecera-a-la-organizacion/

  1. https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

  1. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

  1. https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

8.https://costaricaintegra.org/comunicados-de-prensa/bicentenario-sin-derecho-pleno-de-acceso-a-la-informacion/

9.http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

10.https://semanariouniversidad.com/pais/mas-de-80-agresiones-contra-pueblos-indigenas-fueron-documentadas-en-la-zona-sur-durante-2020/

11.https://anep.cr/dirigentes-sindicales-perseguidos-en-el-gobierno-de-carlos-alvarado-violador-de-derechos-humanos/

12.https://www.informa-tico.com/29-03-2016/jairo-mora-justicia-impunidad

13.https://www.cepal.org/es/noticias/presidente-costa-rica-vicesecretaria-general-la-onu-secretaria-ejecutiva-la-cepal

14.https://www.monumental.co.cr/2021/02/09/fiscalia-abrio-17-causas-penales-contra-presidente-carlos-alvarado-en-lo-que-va-de-su-mandato/

15.https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/473293/presidente-tiene-13-causas-penales-abiertas

16.https://www.dw.com/es/chile-quiere-recuperar-el-liderazgo-del-acuerdo-de-escazu/a-61246221

  1. Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas | Diario Digital Nuestro País (elpais.cr)

18.https://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/474527/8-000-personas-presentaron-su-curr-culo-a-chaves-

  1. ttps://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Energ_(Costa_Rica)

20.https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-04-20/solo-12-paises-han-ratificado-hasta-ahora-el-primer-gran-tratado-ambiental-de-latinoamerica.html

21.https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/noticias/banca-multilateral-ocde-consideran-fundamental-acuerdo-escazu-generar-un-clima-inversiones

  1. https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
  2. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/carlos-alvarado-dejamos-la-casa-ordenada-y-eso-es-un-logro/10001-4772294

24.https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC

25.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC

26.https://rebelion.org/la-inconsecuente-politica-ambiental-de-costa-rica-un-producto-de-las-alianzas-publico-privadas/

27.https://www.setena.go.cr › documentos › Informes/Informe anual de labores 2021

28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

  1. https://www.larepublica.net/noticia/denuncias-ambientales-aumentaron-un-86-en-2018

31.https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/290-21-denuncias-sitada

32.https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-estrena-seccion-especializada-en-dano-a-mantos/JS66LPNS2JE2NNXQIV2REJSENE/story/

33.https://enbcr.go.cr/sites/default/files/informe_labores_2019_comision_nacional_seguridad_ambiental.pdf

34.https://www.larepublica.net/noticia/54-del-total-de-trabajo-que-realiza-setena-se-hara-en-linea

35.https://www.elpais.cr/2022/04/26/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

36.https://www.elpais.cr/2022/04/28/alvarado-abogo-porque-costa-rica-continue-liderazgo-ambiental/

Imagen tomada de civilsocietyreview.org

Asociación de Desarrollo Integral de Guacimal solicita cerrar proyecto de H. Solís en el Río Guacimal

Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

La Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Guacimal ha solicitado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el archivo definitivo del proyecto CDP Río Guacimal, que pretende explotar la empresa H. Solís dentro del cauce del río Guacimal en el sector de Los Ángeles.

Desde hace un año se conoció la información sobre el trámite de un expediente en SETENA para explotar materiales del río Guacimal. Con base en el compromiso de la ADI con el acuerdo de la asamblea del pueblo de Guacimal de proteger permanentemente el río de amenazas, se procedió a investigar el proyecto.

Hernán Solís S.R.L. inició en 2020 el trámite para obtener viabilidad ambiental de una concesión minera de dos kilómetros dentro del cauce del río Guacimal. El trayecto de interés se ubicaba desde el sector de Los Ángeles hasta acercarse a la boca del río Acapulco, al sur del distrito Guacimal.

La SETENA le ordenó a los desarrolladores interesados presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) desde noviembre del 2020, mediante la resolución número 1975-2020. Para presentar los estudios, la empresa contaba con un año a partir de la orden dada por SETENA.

Cumplido el plazo de un año, la empresa H. Solís no presentó los estudios, ni presentó ninguna documentación que conste dentro del expediente o los registros institucionales, según se corroboró mediante el seguimiento, en varias visitas y consultas sobre el proyecto a funcionarios de SETENA y SINAC.

Confirmados los hechos, representantes comunales han solicitado este 28 de febrero el archivo definitivo del expediente, para liberar al río Guacimal de un proyecto que no es bienvenido por su alto impacto ambiental y por provenir de una empresa investigada por sus prácticas de corrupción e irresponsabilidad patronal.

Ahora SETENA deberá resolver con brevedad archivar el expediente en donde consta el incumplimiento de los desarrolladores al no presentar los estudios solicitados por la institución. Y es que este incumplimiento es causa para dar por cerrada la evaluación del proyecto, según el propio Reglamento de SETENA.

Guacimal defiende sus ríos.

ll Declaración Pública del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua

Comunicado de prensa

El Comité Pro Defensa del Ojo de Agua, ante la gran manifestación de los pueblos de Belén y San Rafael del pasado 13 de setiembre, y ante las declaraciones emitidas los días 14 y 15 de setiembre por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillado Tomas Martínez, comunicamos a la opinión pública:

    1. Agradecemos infinitamente el compromiso y responsabilidad con la que cientos de vecinos de nuestras comunidades se unieron a la gran caravana patriótica del pasado lunes 13 de setiembre. Esta manifestación pacífica fue la primera advertencia oficial de que estos pueblos están dispuestos a defender su sagrado recurso hídrico vital, su patrimonio histórico y cultural, y sobre todo, su invaluable ecosistema hídrico. 
    2. Reconocemos el apoyo decidido y unánime que nos han brindado las Municipalidades de Belén y Alajuela en esta causa patriótica. Todas las mociones presentadas y apoyadas por el conjunto de los Concejos Municipales, dan cuentas de la importancia institucional que tiene la causa del balneario y el río Ojo de Agua – La Fuente, para los gobiernos locales de nuestros territorios. 
  • Tomamos nota de las declaraciones emitidas a diario Extra y Multimedios canal 8, del Presidente Ejecutivo del AyA, Don Tomas Martínez, al señalar que están dispuestos a realizar estudios de impacto ambiental al proyecto de Ampliación de la producción de la GAM, mediante la captación del manantial de Ojo de Agua, Belén de Heredia, BPIP 002812. No obstante, solicitamos que estas palabras puedan refrendarse por escrito en documentos oficiales.
  1. En línea con el punto anterior, hacemos formal exigencia de que estos estudios que se realizarán, sea de carácter independiente, con los más altos estándares científicos que contemplen todas las variables ambientales, de sostenibilidad y de consulta a las comunidades, y que todos sean refrendados ante la SETENA. 
  2. Confirmar que el Comité Pro Defensa del Ojo de Agua permanecerá activo y vigilante de cualquier movimiento que se pretenda hacer, hasta tanto sean cumplidas todos los objetivos fijados por nuestra declaración del pasado 21 de agosto del 2021. 

Para más información puede comunicarse con:

Marvin Venegas, síndico de San Rafael de la Municipalidad de Alajuela +506 6148 5893 / 

Ulises Araya, regidor de la Municipalidad de Belén +506 8470 4094

Denuncian construcción de complejo turístico contiguo a un humedal

Marco Levy Virgo interpuso un recurso de amparo contra el secretario técnico nacional ambiental y el contralor ambiental, ambos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Se indica que el 8 de febrero de 2021, fue planteada una denuncia contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Menciona que se gestaron aparentes irregularidades que culminaron con la aprobación del registro ambiental D2-0999-2020, cuando lo que procedía era un estudio de impacto ambiental integral de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad.

En la información proporcionada a SURCOS se indica que el tema gira alrededor de la construcción de un enorme proyecto turístico totalmente nuevo compuesto de nueve edificaciones, piscina y otras obras, las cuales requieren, según la normativa de aplicación, de los respectivos permisos municipales al estar contiguo a un humedal declarado y registrado en el Registro Nacional de Humedales. Marco Levy confirma que la denuncia de cita fue trasladada a la SETENA. Sin embargo, indica que al momento de interposición de este recurso, el caso no ha sido atendido, por lo que estima fueron lesionados sus derechos fundamentales y solicita que se declare con lugar el recurso.

En la resolución se declara con lugar el recurso y se ordena a Rafael Gutiérrez Rojas, en su condición de director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y a Cynthia Barzuna Gutiérrez, en su condición de directora general de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, o a quienes en su lugar ocupen el cargo, girar las órdenes que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se proceda a resolver lo que corresponda en relación con la denuncia presentada por el recurrente, lo cual le deberá ser comunicado dentro del mismo plazo.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ucr.ac.cr

Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica

Por Sebastián Rodríguez

  • Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.

  • Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.

María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.

La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.

En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.

Maquenque es una de las cuatro áreas protegidas de Costa Rica que albergan cultivo de piña dentro de sus límites, según un análisis que Mongabay Latam pudo hacer con asesoría técnica del programa Monitoreo de Cambio de Uso en Paisajes Productivos (Moccup). El Moccup es un programa de investigación que monitorea el uso del suelo y es financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para el análisis se usaron datos satelitales del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

Las otras tres áreas protegidas que presentaron cultivo de piña son el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro. Todas en la zona norte del país.

Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.

Piña intrusa

De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, la Setena solo tenía conocimiento de 358,5 hectáreas en sus registros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.

Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significa que esas plantaciones no pasaron por una evaluación de impacto ambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.

En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).

“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.

La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.

Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.

Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.

Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).

Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.

Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).

No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.

En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.

Presiones al ecosistema

En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.

Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.

Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.

Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.

El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.

El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.

Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.

Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.

Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.

“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.

Mongabay Latam contactó a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) pero no respondieron las preguntas enviadas con relación a los cultivos de piña que están dentro de áreas protegidas.

Mercado ‘tico’

En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000 millones de dólares cada año. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.

Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).

Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.

Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.

De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.

Comunidades en conflicto

El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.

Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.

Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.

A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.

“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.

A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.

En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.

Mongabay Latam también quiso preguntarle a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) por estos reclamos, pero no obtuvo respuesta.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.

*El autor de este reportaje participó en el Speed Pitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.

 

Imagen principal: Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Foto: Lenin Corrales.

Fuente: https://es.mongabay.com/

Con recurso de amparo solicitan información acerca de la construcción de los pasos de fauna

SURCOS comparte el siguiente recurso de amparo interpuesto por Walter Brenes Soto contra el Consejo de Nacional de Vialidad y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el cual se “(…) alude que el Consejo Nacional de Vialidad no ha realizado las gestiones necesarias para implementar la construcción de los pasos de fauna en el proyecto de diseño de la ruta nacional indicada. Esgrime que tal y como se observa en el oficio SINAC-ACC-DSR-OF-081-2021 del 25 de enero de 2021, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se hizo constar que no en esa instancia no se ha recibido ningún documento relacionado con el estudio de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), ni mucho menos, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (…)”

 

Enviado por María Elena Fournier.

MONUMENTO AL PREVARICATO. A propósito de su «inauguración»

  1. Porque el edificio de la Asamblea Legislativa, con más de 53.000 m2 de construcción se construyó irrespetando la Constitución Política y la Ley Orgánica del Ambiente.
  2. Porque se irrespetó de plano los decretos ejecutivos que contienen los reglamentos que rigen la materia de las EVALUACIONES AMBIENTALES, emitidos por la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) para ser cumplidos.
  3. Porque igualmente se irrespetó al Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) al obviar el dictamen que debió haberse solicitado sobre el importante acuífero subterráneo alcanzado con la profunda excavación del edificio.
  4. Porque no se hizo un estudio hidrogeológico del subsuelo en que se plantó el edificio (ni los otros estudios de ley) que manda el «Formulario de Evaluación Ambiental D1».
  5. Porque el entonces representante del ministro de Ambiente y Secretario General de la Setena, arrogándose personalmente funciones que le corresponden al órgano colegiado jerarca de esa Institución (Comisión Plenaria) AUTORIZÓ la no presentación del Estudio de Impacto Ambiental que obligatoriamente debió de haber presentado el desarrollador del proyecto, quien hizo por escrito la reprochable gestión para que se cometiera tan burda ilegalidad.
  6. Porque los miembros de la Comisión Plenaria, enterados luego de la grave ilegalidad cometida por su Secretario General, tramitaron un recurs administrativo sobre el acto indebido, «disimulando» la situación y convirtiéndose en cómplices de la irregularidad.
  7. Porque, además, se incumplió violentamente la normativa de la Setena que determina en qué casos se puede extender la validez de una VIABILIDAD AMBIENTAL otorgada para un proyecto, hacia otro ligeramente diferente, situación que no corresponde en el caso de este proyecto.
  8. Porque los órganos contralores del Ministerio de Ambiente (Minae) no cumplieron con el deber que juraron cumplir, de actuar diligentemente ante la evidente falta que se estaba cometiendo en un órgano bajo su jurisdicción, como es la Setena.

POR LO ANTERIORMENTE RESUMIDO, es materialmente imposible alegar que no se ha COMETIDO PREVARICATO en todo el proceso que condujo hacia la construcción de tan antiecológico inmueble, sede, paradójicamente, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

(FREDDY PACHECO LEÓN, PhD en Ciencias Biológicas).

Piden a Conavi y Mopt cumplir mandato de Sala Constitucional

SURCOS comparte la siguiente información:

OFICINA DE COMUNICACIÓN
UNA
09-02-21
O.C-B.P-027-2021
Comunicado de prensa
Piden a Conavi y Mopt cumplir mandato de Sala Constitucional

Ante el incumplimiento de la orden que dio la Sala Constitucional de

construir y habilitar pasos de fauna en la ruta 32.

El Instituto Internacional de Conservación de la Vida Silvestres (ICOMVIS) y el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional encontramos altamente preocupante el incumplimiento por parte del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de la orden dictada por la Sala Constitucional de construir y habilitar los pasos para la fauna en la ampliación de la ruta Nacional 32, manifestamos que:

  1. El atropello y muerte de los animales en carretera tiene impactos éticos, ecológicos, sociales y económicos negativos para nuestra sociedad y el ambiente.
  2. Según la misma Sala Constitucional, el CONAVI ha incumplido a pesar de que por resoluciones n.° 1239-2019-SETENA del 25 de abril de 2019, n.°2135-2019-SETENA del 5 de julio de 2019, n.° 2572-2019-SETENA del 8 de agosto de 2020 y n.° 1458-2020-SETENA del 19 de agosto de 2020, SETENA ha compelido la observancia de los compromisos en materia ambiental, lo que incluye la respectiva construcción y habilitación de los pasos de fauna.
  3. De acuerdo con estudios y cifras oficiales, en el 2014 se atropellaron 1245 animales silvestres y en el 2018 se reportaron 1230 animales salvajes muertos en la ruta 32. De igual manera, otros estudios en la Carretera Interamericana Norte que cruza el Área de Conservación Guanacaste mueren miles de animales silvestres cada año. Estos datos muestran uno de los tantos impactos que tienen las carreteras, adicionando que muchas son especies catalogadas en peligro de extinción (grandes carnívoros y herbívoros) y dicho impacto se acrecentaría al ampliarla la carreta a cuatro carriles.
  4. Impacto ético. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) existente para esa carretera indica la necesidad de construir 51 pasos de fauna, 23 pasos aéreos y 28 terrestres. El incumplimiento a esta recomendación del EIA tiene un impacto ético negativo, pues en determinado momento se aceptó la obligación de cumplir con los valores positivos a favor de las especies de fauna silvestre. No cumplir con sus recomendaciones se convierte en un fracaso ético por parte de nuestras instituciones. El personal involucrado, instituciones públicas y privadas debe ser consciente del impacto que tiene la inacción, al ignorar los valores positivos que hemos desarrollado en nuestro país. Ignorar dichos valores mostraría una negligencia y un desprecio por la vida por la vida de estas especies, las cuales requieren el desarrollo de estos pasos despreciables por inacción la vida de especies vivientes que requieren de la mitigación de estos pasos de fauna para mitigar su muerte en carretera.
  5. Impacto Social. El impacto social negativo de la muerte de los animales en carretera se ilustra de manera clara cuando se va perdiendo la sensibilidad de las personas al constatar traumatismos y laceraciones de animales que quedan vivos después de un atropello o bien al comportarnos de forma indiferente ante la muerte de estos. Más aún, la sociedad es afectada de gran manera cuando se constata el ejemplo de las autoridades y de las instituciones que con desinterés y argumentaciones espurias evitan cumplir con los mandatos superiores. Esto afecta la imagen del país cuando los turistas que nos visitan observan muchos animales muertos, incluso en áreas silvestres protegidas.
  6. Impacto ecológico. Desde el punto de vista ecológico y ambiental, una de las amenazas a la biodiversidad más graves es el desarrollo de fauna silvestre. Además de causar muerte directa, la carretera aísla las poblaciones de fauna, impidiendo o dificultando el intercambio genético entre individuos, lo cual se traduce en reducción en sus poblaciones, especialmente de especies amenazadas de extinción y, cuyo impacto sobre el ecosistema circundante a las carreteras aún queda por evaluar. Por esta razón, los pasos de fauna son la mitigación adecuada en este tipo de infraestructura vial, porque restituyen de alguna manera la conectividad del paisaje que se perdió por causa de la carretera. Además, es importante normativa ambiental a nivel global, como lo es el principio precautorio, o también conocido en esta materia como el principio de “evitación prudente”, contenido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río (1992), que literalmente indica:

Principio 15. – Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

  1. Impacto económico. La negativa a construir de inmediato los pasos de fauna aéreos y terrestres también tiene un gran impacto económico. Por un lado, no solamente se pierde la vida de los animales que cruzan la carretera, sino que, si se coloca la carpeta asfáltica, se deberá romperse el asfalto instalado, con la respectiva pérdida económica. Por otro lado, considerando la pérdida económica más allá de lo puramente crematístico o monetario, el impacto que desencadena la muerte de los animales implica afectación directa en la cadena trófica de las especies afectadas, con potenciales impactos en el surgimiento de plagas por sobrepoblación de otras especies de la cadena, afectación de los cultivos e impacto negativo en la imagen de conservación que tiene el país, lo que desde luego también afecta el turismo. Un tercer elemento del impacto económico negativo que tiene este incumplimiento es intentar justificar la construcción pretendiendo resolverlo a través de un arbitraje internacional, que de acuerdo con las experiencias que ya tenemos en el país el costo anual puede rondar en $1.5 millones al año, con el agravante que tendríamos que decidir si detener la obra sin terminarla, o bien terminarla para luego romperla y dar cumplimiento al mandato de la Sala Constitucional.

Por lo tanto, recomendamos:

  1. Que el CONAVI y el MOPT cumplan de inmediato con el mandato de la Sala Constitucional de construir la carretera y habilitar los pasos de fauna con el adecuado respeto a la protección ambiental que debe brindarse, aunque se deba entrar en un diálogo y negociación con la empresa constructora (CHEC) para cumplir con los requisitos de la obra.
  2. Establecer cuanto antes una normativa por parte del Poder Ejecutivo o legislación específica que establezca una clara aplicación obligatoria para la inclusión de pasos de fauna silvestre en TODAS las ampliaciones o construcciones de carreteras nacionales (debe incluirse las etapas de planificación, diseño, construcción y operación).
  3. La normativa o legislación debe incluir la obligatoriedad de realizar estudios y análisis técnicos para la colocación de los pasos de fauna aéreo o terrestres y deben ser realizados por profesionales de comprobada solvencia y experiencia en este campo. Además, debe contar con la participación de un panel de expertos en el tema.
  4. Incluir la normativa sobre pasos de fauna en el Manual de Construcción de Carreteras del MOPT, como requisito para la construcción o ampliación de carreteras.
  5. Aprovechar nuestra marca país, amigable y preocupado por la conservación de su fauna y el ambiente, para mostrar de manera efectiva nuestras acciones a favor de nuestra biodiversidad y promocionar a Costa Rica internacionalmente.

M.Sc. Joel Sáenz Méndez Ph.D. Olman Segura Bonilla

Director Director
ICOMVIS – UNA CINPE – UNA

****Mayor información con: Joel Sáenz, director Icomvis (8815-2845) / Olman Segura, director Cinpe (8709-0386) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, (2277-3464).

SETENA aprueba proyecto de combustión química o incineración en Guanacaste

Ecologistas interpondrán acciones legales

BLOQUE VERDE 13/01/2021

A finales del año pasado aprobó la viabilidad ambiental del proyecto de incineración bajo la modalidad de gasificación según consta en la Resolución N°2146-2020-SETENA.

Ante el avance del proyecto de COOPEGUANACASTE los ecologistas buscarán interponer acciones legales para evidenciar todos los posibles riesgos e impactos que el proyecto conlleva.

El proyecto que tiene un costo de más de 38 millones de dólares, inició el trámite en 2014. Es seis años después, y en los últimos días hábiles del 2020, que se aprueba sin la mayor participación social o publicidad al respecto. Es así como COOPEGUANACASTE pretende desarrollar en distrito de Belén del cantón de Carrillo una incineradora y pretende supuestamente generar energía con los desechos de la mayoría de los cantones de Guanacaste, cuando en realidad la energía empleada en la gasificación es mucho mayor a la generada.

La planta cuenta con capacidad teórica para generar entre 8 MW y 10 MW de electricidad procesando entre 150 y 180 toneladas de residuos sólidos municipales al día.

La gasificación es un procedimiento de alto consumo energético que intentan reducir el volumen de residuos convirtiéndolos en gas a través de la combustión conocida. La gasificación de residuos está clasificada como una forma de incineración por la Unión Europea y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Según el informe Análisis del riesgo de las tecnologías de gasificación y pirólisis de residuos de la de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA “existen muchos ejemplos de plantas que se vieron forzadas a cerrar debido a fallas técnicas y fracaso financiero (…) Se han invertido más de 2 mil millones de dólares solo en los proyectos que figuran en este informe, todos los cuales fueron cerrados o cancelados antes de comenzar las operaciones.”

El documento además señala “que tales instalaciones emiten dióxido de carbono a partir de materiales derivados de fuentes de combustible fósil como los residuos de plástico y carbón”, contrario al propósito de descarbonizar o reducir el calentamiento global.

El informe de GAIA concluye que “los beneficios potenciales de la gasificación de residuos son menores y más inciertos, y los riesgos son mucho mayores de lo que sus proponentes afirman”.

Según la fundamentación en que se basa SETENA para otorgar la viabilidad es que “debido a la problemática del ICE de satisfacer su demanda energética aumentando su producción de energía utilizando tecnologías más económicas”. Sin embargo, la situación energética hoy según el ICE es bastante distinta pues la generación es 100 % renovable e inclusive rechaza seguir comprando energía a los generadores privados por el estancamiento de la demanda, en síntesis, sobra energía y no es necesario más proyectos a corto plazo.

De hecho, en relación con otro proyecto de incineración promovido por FEMETROM la presidencia del ICE aseguró que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad y que no es del interés del ICE este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable. En la carta del ICE se indica que “El Plan de Expansión de la Generación Eléctrica (2018-2034) concluye que la ruta recomendada muestra que el país tiene garantizada la atención de la demanda eléctrica para los próximos ocho años, a partir de una matriz de generación renovable, confiable y diversa, consolidando un modelo eléctrico nacional basado en fuentes renovables” (oficio 0060-300-2020 de fecha 17-07-2020).

Impacto socioambiental

“La incineración y la gasificación de la basura producen cenizas y escorias tan tóxicos y contaminantes como los desechos radiactivos y hay que confinarlos en depósitos con las mismas condiciones de seguridad tal como lo están haciendo en Alemania” afirmó Ronald Arrieta, especialista en tecnologías de tratamiento de desechos sólidos de la Universidad de Costa Rica en una entrevista sobre el tema (ver entrevista completa).

Arrieta dijo que “es necesario que a la gente le quede claro que, con la incineración, la basura no desaparece. La basura al igual que cualquier otra materia no desaparece se transforma. En este caso se transforma en dióxido de carbono que va a empeorar el efecto invernadero. También se transforma en cenizas que están cargadas de metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio que causan graves daños a la salud humana y el ambiente. No es cierto, que esas cenizas se puedan usar como abono, estas cenizas son tóxicas y cancerígenas”.

Agregó Arrieta “Además, se producen gases tóxicos de los cuales no existen registros científicos sobre la cantidad de estas sustancias presentes en el ambiente, que mantienen niveles de inocuidad. Lo peor es que estas sustancias se acumulan en los seres vivos porque nuestros organismos no las pueden digerir y se sabe que son extremadamente cancerígenas”, acotó.

“Hay una dioxina, por ejemplo, que está catalogada como la sustancia más cancerígena que se conoce en el mundo, y esta es solo una de varias toxinas que se liberan al ambiente con la incineración y la gasificación” advirtió el científico de la UCR,

Otra de las preocupaciones de los ecologistas es que el país no cuenta ni con la estructura jurídica, de laboratorios ni el personal especializado para poner en práctica la fiscalización de esta actividad y para ejercer los fuertes controles que se requieren para garantizar que se cumpla el reglamento que permite esta actividad (Decreto No. 39136-S-MINAE, 15-6- 2015).

 

Imagen tomada de Informatico.com

Enviado a SURCOS por Henry Picado.