Mediante dos recursos de amparo presentados ante el Tribunal Ambiental y SETENA, se solicita la nulidad de la resolución que otorga viabilidad ambiental al proyecto de obras en acueducto de Sardinal, esto por aparentes irregularidades.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/
Enviado por Mauricio Álvarez.
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Un nuevo decreto (DecretoN°40505), sin ninguna consulta, cambia la representación que ostentaba formalmente FECON al seno de una Comisión Adscrita al MINAE constituida para fortalecer el rol de SETENA, señalando ahora que los grupos ambientales serán representados por una “ONG” estableciendo una especie de “representación genérica”.
Nos referimos a la Comisión Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta que fue conformada en 2005 (N° 32631-MINAE) para “dar apoyo a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del país” (art. 1). Esta Comisión Mixta, estaba formada por instituciones del Estado, ONG, colegios profesionales, consultores, cámaras del sector productivo y FECON como entes de la sociedad vinculados a la gestión de la SETENA.
El nuevo decreto que ha expulsado a FECON en dicha comisión nos obliga a señalar que:
Antecedentes
A pesar de que la Comisión es de tipo consultivo y por tanto sus decisiones no tienen carácter vinculante, esta fue “congelada” en el gobierno de Arias (2006-2010) pero si sesionó en el mandato de Laura Chichilla, cuando se reactivó gracias al acuerdo 149 -2012- MINAET-Presidencia donde se nombró los representantes de todos los sectores. Para ese momento por la FECON fue ratificado como propietario el Dr. Jorge Lobo y como suplente la Lic. Heidy Murillo. En ambos gobiernos, sin embargo, se prefirió mantener una intervención política sobre SETENA que engrosó el cúmulo de fracasos e irregularidades y nunca lograron las ofertas electorales de la reforma estructural necesaria para que esta institución sea funcional y cumpla su mandato.
Entre la lista de irregularidades están:
Ante ese panorama y atendiendo los compromisos de campaña del Pacto Ambiental del PAC, de Luis Guillermo Solís y de su Ministro, a tan solo cuatro días de ingresar la actual administración se lanzó un pronunciamiento de más de 20 organizaciones solicitando como “primer reto ambiental del Gobierno: reformar la SETENA”. La respuesta del gobierno fue un diálogo y nombrar transitoriamente a Mario Céspedes Pereira como Directo quien a la postre, se vio envuelto en una serie de denuncias por irregularidades (Telenoticias, 24-07-2017, Telenoticias, 25-07-2017 y Telenoticias 26-07-2017) y “salió directo” para el MOPT. La verdadera respuesta fue tirar la pelota para adelante.
Nuestro pedido mencionado a la administración Solís fue la renovación -por completo y de forma urgente- de la Comisión Plenaria de la SETENA, el cambio de Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, que se acelerara ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley para despolitizar esta Secretaría y darle autonomía técnica y financiera. Finalmente, los ecologistas demandamos, en aquel momento, que realicen investigaciones profundas por medio de auditorías externas para que se sienten responsabilidades y las sanciones correspondientes tras los casos denunciados, que demuestran una mala gestión dentro de esta institución (ver solicitud completa).
También solicitamos una reactivación de la Comisión Mixta de apoyo a SETENA, tal como lo planteaba el fracasado Pacto Ambiental, sin embargo el gobierno fijó su ruta en megaproyectos heredados de infraestructura enrumbándose hacia donde ya no cabe duda que llegamos: un des-gobierno en materia ambiental que maquilló pero continúa la agenda que venía de administraciones anteriores (FECON,03-05-2015). Para esto aprovechó y profundizó los procesos de desregulación ambiental y de inoperancia de SETENA, tratándolos de disfrazar como acciones participativas entre empresarios y burócratas (FECON, 26-2-2015).
Hemos solicitado en los últimos tres gobiernos la reactivación de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA y que sea en el seno de esta instancia, que se discuta la problemática actual, posibles soluciones o bien como mínimo se fijen las bases del diálogo y que no sea decidido unilateralmente por SETENA, tal como finalmente lo hizo el actual gobierno.
Ante la renuncia de Freddy Bolaños Céspedes a la Secretaria de SETENA en 2015 solicitamos nuevamente que se convocara a la Comisión Mixta para reformar la institución y que toda la Comisión Plenaria renuncie, fuimos críticos del ex secretario Bolaños (que sustituyó a Mario Céspedes) pues su única labor se limitó en aprobar proyectos polémicos como el Muelle de APM terminal, Ruta 257, Tajo Asunción y flexibilizar aún más los procedimientos para facilitarles a los desarrolladores sus proyectos en detrimento del ambiente y las comunidades. Además, señalamos en el comunicado que “Con el nuevo gobierno en SETENA no hubo ni asomo del “cambio” prometido frente a los poderosos intereses políticos y económicos que han intervenido, de manera permanente tanto en los anteriores como en el presente gobierno”(FECON, 10-9-2015).
Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165
Enviado por FECON.
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La investigación surgió de un proyecto de Acción Social que es parte del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Dicho proyecto trabaja con comunidades en la Zona Norte-norte desde el año 2009.
El estudio incluye una cartografía participativa realizada en la zona Norte-Norte incluyendo los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso. En la investigación se evidencia la falta de licencias de viabilidad ambiental y la ausencia de seguimiento de los proyectos que sí cuentan con ella, presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos, fincas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y producción de piña dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER.
El análisis de los expedientes de la SETENA y del trabajo de campo en cantones de esta región (Upala, Los Chiles y Guatuso), concluyó que: “i) algunas de las empresas que siembran y procesan piña no cuentan con licencias de viabilidad ambiental, ii) la Setena carece de mecanismos para dar seguimiento en el mediano y largo plazos a los proyectos que sí cuentan con esa autorización, y iii) los datos recopilados en los expedientes no permiten identificar los impactos que tienen estos cultivos sobre el territorio y la biodiversidad”.
Entre 2004 y 2015 se realizaron evaluaciones de impacto ambiental de 47 proyectos en la región Norte-Norte más de la mitad (29) en los Chiles. Las evaluaciones indican del total de proyectos el 65,9% recibió la viabilidad ambiental, un 21,3% fue rechazado, un 10,6% sigue en estudio y para un 2,1% no se registró información.
Desde la perspectiva ambiental, el estudio mapeó la presencia de fincas piñeras dentro de corredores biológicos ruta los Malekus, Medio Queso y Las Camelias, situación que amenaza la conservación de la biodiversidad. También existen hay plantaciones dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, las cuales fueron establecidas después de que el Estado declarara ese espacio como área protegida después de 1994. Los refugios de vida silvestre Duaru y Caño Negro están potencialmente amenazados, lo mismo que los cuerpos de agua continental: ríos y humedales.
Por otra parte, hay evidencia de que cerca de veinte fincas dedicadas a la producción de piña se localizan dentro de asentamientos campesinos bajo la tutela del INDER. A este respecto el Estudio plantea la hipótesis de que la expansión de esa actividad en los últimos años –principalmente en el cantón de Los Chiles- fue posible a partir del alquiler de tierras, con al menos tres consecuencias: “i) los propietarios de las parcelas pasaron a ser asalariados, ii) hubo desplazamiento –interno o externo- de familias, y iii) el suelo se degradó por efecto del alto uso de agroquímicos, al punto que, si estas tierras volvieran a manos de sus propietarios, posiblemente no serán aptas para la producción agropecuaria.”
Investigación completa: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/Ambiente/Valverde_Ketal_2016.pdf
Enviado por Presidencia FECON.
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Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.
En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.
El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.
Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.
Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:
A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.
Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165
Ver nulidad. http://www.bloqueverde.com/NulidadDelMonteOsa.pdf
Ver revisión del expediente técnico y administrativo:
http://www.bloqueverde.com/analisisAstorgapinaOsa.pdf
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es
Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.
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Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas se manifestarán el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera, frente al Museo Nacional y llegando a MINAE donde se presentará una solicitud de nulidad a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la siembra de piña en Osa (FECON, 21-4-2017).
En la marcha participarán representantes de comunidades del Caribe, Zona Norte, Puntarenas y otras comunidades afectadas organizadas en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP).
El detonante para esta manifestación ha sido el Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco al cual SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.
La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.
Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.
Las organizaciones manifestantes presentarán ante la UNESCO una solicitud para que evalúe el impacto que este proyecto tendría en el sitio arqueológico. Además, personas ecologistas y campesinas aprovecharán la jornada presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos de reglamento de agroquímicos aprobado por el Gobierno a inicio de año.
Este proyecto está incluido dentro de la evaluación arqueológica realizada por PINDECO para otros dos proyectos en Potrero Grande de Buenos Aires, uno es la Finca Los Ángeles Superior de unas 1200 hectáreas donde PINDECO determinó la presencia al menos 12 yacimientos arqueológicos pero no se descarta la existencia de otros yacimientos. El otro proyecto es Finca Los Ángeles Inferior, de unas 1000 hectáreas y se determinó la presencia al menos de cinco yacimientos arqueológicos. (ver Licitación 02- 2017 GOP Servicios Profesionales Consultoría y Evaluación Arqueológica, Del Monte).
¿Piña transgénica? La Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado discute en este momento la aprobación de un protocolo para la exportación de piña genéticamente alterada (transgénica) llamada «Piña Rose»(Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011). Esta “investigación” fue aprobada por la CTNB para PINDECO en 2011 y ha implicado sembrar este tipo piña en Buenos Aires de Puntarenas bajo un permiso de “siembra semicomercial” y no para el consumo del producto, sin embargo ecologistas tienen fuertes sospechas que los proyectos en cuestión sean para el cultivo expansivo de este tipo de piña.
Quienes convocan a la marcha del 15 de mayo consideran que el MINAE y Museo Nacional deben accionar procesos legalmente establecidos para realizar una evaluación ambiental estratégica en la cuenca del Térraba-Sierpe y no facilitar la destrucción de sitios de importancia mundial, el cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas.
Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165
Licitacion 02-2017 Servicios y Consultoria Arqueologica (2)
Imagen de portada con fines ilustrativos.
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La Resolución Nº 2201-2016-SETENA rechazó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Proyecto de Residuos Sólidos en La Garita de Alajuela analizado bajo el expediente administrativo Nº 9279-2012-SETENA.
Con base en unos 81 incumplimientos del EIA la SETENA ordenó el archivo y negó la viabilidad ambiental a la transnacional de la incineración Wastelectric S.A que pretendía instalar una planta en contiguo la Zona Franca en La Garita de Alajuela.
Entre las decenas de omisiones del proyecto la SETENA señala que no se presenta un adecuado Plan de Manejo de aguas residuales y pluviales sin el recibido por parte de la Municipalidad de Alajuela. Falta permisos y diseños de la planta de tratamiento y no se analiza que sucede con las aguas residuales generadas propiamente por la actividad. Con relación a la dotación de agua no existe claridad sobre la manera en que se suplirá la demanda de agua del proyecto.
Una de las preocupaciones de las comunidades son las cenizas toxicas que generan estos proyectos SETENA asegura que “con relación a la disposición final de desechos, no se indica el tipo de desechos que serán producidos, almacenamiento, manejo, transporte, tratamiento y disposición final. Relacionado con los desechos líquidos generados, no se indica la cantidad y calidad estimada que se generará. Tampoco se explica cómo serán tratados”.
Uno de los puntos de mayor discordia de estas tecnologías son las emisiones de gases perjudiciales para el ambiente como dióxido de carbono y para la salud como las dioxinas, furanos, policiclos aromáticos, los cuales son cancerígenos. En lo referente a las emisiones según SETENA: “no se explica con cual normativa se comparará o medirá, considerando que en Costa Rica no hay legislación en este campo. Tampoco se indica la normativa legal costarricense existente aplicable a este tipo de actividad, normas a cumplir, sistema de medición”.
En relación con el tema de percepción local no se explicó la metodología empleada para definir la muestra de la población a consultar. Tampoco se señala la percepción de la población sobre los potenciales impactos que puede generar el proyecto sobre dicha infraestructura.
Entre otros vacíos importantes es la falta el Análisis Costo – Beneficio del proyecto, que permita conocer la conveniencia socioeconómica del proyecto, ni estudio de impacto vial, no se respondieron inquietudes formuladas por la sociedad civil.
La compañía no pudo ampliar y evacuar observaciones de: Instituto Meteorológico Nacional, Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Turismo, Comisión Arqueológica Nacional, Universidad de Costa Rica, Dirección de Protección al Ambiente Humano, del Ministerio de Salud, La Defensoría de los Habitantes, Colegio de Biólogos de Costa Rica, Dirección de Cambio Climático, Municipalidad de Alajuela, Vice ministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, del Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y Colegio de Químicos de Costa Rica.
Dos ejemplos, el Colegio de Geólogos de Costa Rica señala que existe una fragmentación en los temas de geología e hidrogeología, que el apartado de geología es muy pobre por lo que debe ser ampliado, se debe realizar un inventario de pozos y captaciones que existan en los alrededores y analizar la posible influencia del proyecto en la calidad y cantidad de agua. Se debe analizar con más detalle el posible riesgo de contaminación del agua subterránea y aguas superficiales. Mientras El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), específicamente se señala que el estudio hidrogeológico presentado no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por el SENARA.
En el caso del proyecto de Barranca en 2013, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) archivara el proyecto denominado “Puntarenas Waste Energy” (ver más ).
La Sala Constitucional acogió para su estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación de Desarrollo Residencial Ciudad Cariari (ASOCARIARI), con apoyo de Msc. Alvaro Sagot y Dr. Allan Astorga, contra el reglamento que habilita la incineración de residuos (Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE del 15 de junio de 2015 ).
En SETENA se están evaluando proyectos de incineración, en Carrillo tramitado por Coopeguanacaste y Grupo Hoskinson, en León Cortes de Agropecuaria Setenta Cuarenta y Ocho y uno más en La Uruca a nombre de empresa Proactiva Colombia. S.A y en Cañas, Tilarán y Bagaces por la Bioenergía Tica subsidiaria de Urban Partners Ltd.
Ver resolución completa de SETENA: https://www.setena.go.cr/wp-content/Doc/RESOLUCIONES%20COMISION%20PLENARIA/2016/RES-2201-2016.pdf
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Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua
Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares
El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.
Con respecto al contexto nacional declararon que:
Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:
Así mismo manifestaron que:
► Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.
► Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.
► Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.
Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua
*Imagen de portada con fines ilustrativos.
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Comunicado de la Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas
Guacimal, Puntarenas. En febrero de este 2016 la Sala Constitucional de Costa Rica ordenó excluir al Proyecto de Riego “Sudaguas” en el Plan de Emergencia por Sequía de la CNE en 2015. Se ordenó con ello detener las construcciones que el SENARA y la Sociedad de Usuarios de Aguas de Los Ángeles habían realizado sin licencia ambiental a los largo de unos 15 kilómetros con gruesas tuberías que hoy están enterradas en el subsuelo de las fincas beneficiarias, varias de ellas propiedad de sociedades anónimas de la zona, que se excusaban en la emergencia para tomar las aguas del río Veracruz, pasando por encima a la oposición de la comunidad de Guacimal, que se considera afectada por el censurado impacto ambiental del proyecto.
Las construcciones llegaron hasta el cruce de Santa Rosa, donde el pueblo de Guacimal detuvo con presencia social el trabajo de las maquinarias en enero, semanas antes de que lo hiciera oficialmente la nueva sentencia de la Sala Constitucional que hizo triunfar nuevamente al pueblo de Guacimal.
Al llegar al territorio de la comunidad local opuesta por años contra este proyecto ¿Cómo pretendían pasar por la fuerza en medio de una comunidad sabiendo que construían sin permisos ambientales ni municipales de ley? ¿Cómo iban a pasar por encima a un pueblo que sabía que no había una emergencia que justificara entubar agua del río Veracruz y pasar por encima a la comunidad y la Sala Constitucional? ¿Estaría en los planes reprimir la protesta justa del pueblo de Guacimal y “traer perreras”, como insinuaron algunos personajes en la comunidad?
No imaginamos el escenario que pudo haber sido, pero hoy vuelve la amenaza, ante la ligereza en actuar desapegado al ordenamiento jurídico de la SETENA en su resolución 1639-2016, con la que dio continuidad a la evaluación del proyecto de riego “Sudaguas” y a la vez insistiendo en mantener criterios que dejan desprotegido al ambiente como bien público y a la comunidad como actor social clave en la defensa de su territorio.
El pasado lunes 12 de septiembre, la comunidad presentó una apelación contra la reactivación ilícita de la evaluación ambiental del proyecto que SETENA ratificó con la citada resolución. El expediente del proyecto estaba archivado.
Con la apelación se pide a la Comisión Plenaria de SETENA exigir el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, o caso contrario, elevar a la apelación al Ministro de Ambiente e investigar y sancionar a la Comisión Plenaria de SETENA por sostener el incumplimiento del ordenamiento jurídico del país al inventarse los procedimientos que piden en esa Resolución que reactiva un proceso de evaluación que estaba “muerto”.
Dichos procedimientos ni siquiera existen en los Reglamentos de SETENA, pero se establecieron en lugar de pedirles a los desarrolladores el Estudio de Impacto Ambiental como es potestad de la SETENA, lo que favorece que terminen de imponer este proyecto contra la comunidad, que se ha construido ya en un 80% con irregularidades y omisiones que llevan años de denunciarse y hoy parecen no contar, aumentado el potencial conflicto de intereses: lo público vrs lo privado.
En este recurso se ha denunciado como se usan datos falsos y erróneos por parte de los desarrolladores, manipulando la Significancia de Impacto Ambiental de su proyecto mientras que la SETENA no ha observado tan importante detalle. También se denuncia la desconsideración del estudio hidrológico del río que permita estimar el impacto de la pretendida explotación de agua y evitar un desastre ambiental más, en un contexto de disminución de las fuentes por efecto del cambio climático.
Además la SETENA ha pedido hacer un “taller participativo” a los impulsores del proyecto, básicamente planteando “informar” a los actores locales sobre la justificación del proyecto, el impacto ambiental esperado y sus beneficios, lo que impide la participación efectiva de los habitantes en la decisión sobre este proyecto en detrimento de la Ley ambiental y el Derecho Internacional. Este mecanismo de taller además no existe en el Reglamento de SETENA y demuestra cómo se menosprecia completamente la situación de conflicto provocada por la falsedad de información inicial de los desarrolladores, que no tienen legitimidad alguna para convocar al pueblo para presentarle un proyecto sin estudios claves ni la aceptación social en la comunidad.
La pretensión del recurso de apelación es anular la Resolución 1639-2016 de SETENA, hacer que se EXIJA el Estudio de Impacto Ambiental a los desarrolladores, además de sancionar como corresponda a los responsables de violar los procedimientos que debe cumplir por obligación la administración pública del país, en un tema de interés social como es el ambiente. (Fotografías del conflicto).
Informes: Dany Villalobos V. 8509 4712, Alianza por la Defensa del Agua Puntarenas.
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El día miércoles 7 de setiembre SETENA concedió una audiencia privada a la Comisión Pro Rescate al Río San Rafael. Esta comisión es parte del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.
A pesar de la distancia se esperó la presencia de más de 50 vecinos y vecinas de las comunidades adyacentes al río, que buscan demostrar que la Hidroeléctrica San Rafael no cuenta con viabilidad social.
Los desarrolladores no tienen simpatía en la comunidad, y más del 95% de la población está en contra del proyecto hidroeléctrico.
Una de las preocupaciones de los pobladores es que una planta hidroeléctrica pondría en peligro las economías locales, ya que la empresa está solicitando una concesión del 95% del caudal del río, y sin agua no es posible sostener proyectos agrícolas, de turismo y comprometería el acceso al agua para el consumo humano. “El río es vital para la vida y la prosperidad de los pueblos” manifestó Ana Borbón, vecina de San Pedro.
Otra preocupación importante es que el Proyecto Hidroeléctrico San Rafael sería construido sobre una falla geológica: el deslizamiento de Zapotal. Esta zona aún es frágil, incluso la Comisión Nacional de Emergencias la declaró como Zona de Alto Riesgo, y el Plan Regulador de la Municipalidad de Pérez Zeledón prohíbe la emisión de permisos de construcción. Sin embargo la Municipalidad otorgó permisos para la construcción de la represa.
Estas comunidades unieron sus inquietudes y sus fuerzas y conformaron la Comisión Pro Rescate al Río San Rafael, y el día miércoles 7 de setiembre con mucho esfuerzo viajaron a la SETENA para ser escuchados.
Solicitaron además que la SETENA realice una audiencia pública en la comunidad, para que puedan observar la férrea oposición que se vive ante este Proyecto.
Con estas acciones se espera que no se otorgue la viabilidad ambiental al proyecto. Como antecedentes las comunidades han realizado caminatas pacíficas y han presionado a la Municipalidad para mantener una prohibición de proyectos hidroeléctricos en la zona de Deslizamiento Zapotal y toda la extensión del Río San Rafael (Ver Acuerdo).
*Para ampliar la información puede comunicarse con Heiner Gamboa al 88153398 o al correo raquelbd@gmail.com
Imagen con fines ilustrativos tomada de https://www.facebook.com/riosvivosmovimiento
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La semana pasada se denunció el alto costo y posible tráfico de influencias en la construcción de la Ruta 257 hacia la megaterminal de Moín, pero este sobrecosto fue justificado por el Gobierno como recursos necesarios para la supuesta protección del Humedal Cariari, que en todo caso nunca debió haberse puesto en peligro puesto que se pudieron haber usado otros accesos más baratos o con menos impactos, incluso la calle pública a Moín.
FECON ha sostenido que para reducir el humedal habría sido necesario que existiera una ley especial y no un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) sin mayor análisis, como lo hicieron en este caso. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).
Este criterio fue compartido por los abogados de SETENA pues consideraron que el proyecto significa la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial hecha con base en la ley forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Todos estos criterios fueron obviados por los responsables de SETENA y la administración del MINAE del anterior gobierno y fue avalado por la actual administración.
El especialista en impacto ambiental y ex director de SETENA Allan Astorga-Gättgens, se cuestiona porqué el costo tan alto si la carretera ya está trazada en lastre y está en uso hace casi dos años y agrega que «si se dice que es dinero para disminuir el daño ambiental, hay que decir que, lamentablemente, el daño (irreversible) ya fue hecho desde que se metieron los tractores en el humedal Cariari y se hizo el trazo de la vía». Además para Astorga «una simple vista a la imagen de Google Earth para esa zona deja ver, con claridad, que había otras alternativas, menos impactantes para el ambiente y posiblemente más barata».
En abril de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari, una de las razones fue que se construiría con medidas ambientales para evitar el daño ambiental. Esto no sucedió, como es visible se hizo una calle en lastre sin el mayor cuidado y partiendo en dos el humedal mediante la carretera y significó al menos la tala de 1399 árboles, según la SETENA.
En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el CONAVI, y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo de manera casi automática en febrero del 2014 la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto.
El Humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas y fue creado por vía de decreto en 1994 (N° 23253 -MIRENEM). Este abarca desde la desembocadura del Río Moín en la Bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una gran riqueza marina y valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte.
Sobre el mismo Humedal a escasos metros de la carretera, se rechazó al proyecto de Marina Moín. La Procuraduría General de la República resolvió la nulidad absoluta contra la Marina de Moín porque la viabilidad otorgada por SETENA afectaría el Humedal Cariari (resolución C-161-2013); al ser una zona protegida contravendría lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas.
El humedal además recibe un impacto quizás irreversible durante la etapa de construcción por los casi 200 camiones diarios, que por 24 meses en promedio, ingresarán por esta carretera por los 137.000 viajes de transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entre en operación, este impacto continuaría con cientos de contenedores diarios, además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín se terminarían convirtiendo en zonas de comercios y servicios. Además del megapuerto, esta carretera facilitará unos 9 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín (Ver más).
*Para más información consultar con Mauricio Alvarez M, presidente FECON.
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