La moción presentada por el encargado del Estado de la Junta Directiva es malintencionada, puesto que el decreto fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia, por ende, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio no grato, además, se le pide a la Junta Directiva que ordene en base al acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año, se dirija una instrucción directa al Gerente General de la CCSS para que con base a los criterios existentes proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo a los funcionarios.
Juan Carlos Durán Castro, del SIFUPCR informó que la moción presentada por el representante del gobierno en la junta directiva de la CCSS “es malintencionada, puesto que el decreto al que alude fue el que suspendió los aumentos salariales del sector público cuando inició la pandemia”.
“Por ende, agrega el dirigente, desde el Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica se rechaza la moción, declarando a Juan Ignacio non grato, además, se le pide a la junta directiva que ordene, -con base en el acuerdo del 08 de setiembre del 2022, ratificado el 15 de setiembre del mismo año-, al gerente general de la CCSS que proceda a pagar y fijar una fecha de pago retroactivo de los salarios pendientes. Esto tiene respaldo además en la resolución de la Contraloría General de la República, según la cual, debe prevalecer la autonomía institucional”.
Moción presentada por representante del gobierno Juan Ignacio Monge Vargas en junta directiva de la CCSS:
En declaraciones para SURCOS, el dirigente Juan Carlos Durán Castro en representación del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, nos da a conocer los presuntos pactos por puestos y demás concesiones políticas que se están presentando en la CCSS.
Se alerta sobre los grandes intereses de ciertos grupos en relación a la Junta Directiva de la CCSS, además de lo que significa no llegar a tener representación sindical, cooperativista y solidarista en dicha institución.
El sindicato SIFUPCR hizo llegar un oficio a la CCSS mediante el cuál se les solicitaba criterio jurídico sobre el posible conflicto de interés derivado de la participación de miembros de Junta Directiva en el acuerdo del aumento general de salarios en la Caja Costarricense del Seguro Social, a lo cual dicha institución indicó que esto está siendo tramitado, por lo que resulta improcedente realizar cualquier gestión al respecto o emitir criterio alguno. Esta respuesta confirma que la auditoría interna de la CCSS, investiga a los directivos que votaron al acuerdo de pagar el aumento salarial.
Afirman que esta es una táctica y estratégica de ataque por parte del Poder Ejecutivo y el gobierno de Costa Rica. El señor Juan Carlos Durán menciona que “Posiblemente estén desarrollando un proceso altamente riesgoso para la CCSS y en general para la institucionalidad, el estado social de derecho y la democracia misma”.
SIFUPCR aseguran que toda esta situación podría traer efectos e impactos enormes, así nos señala el señor Durán diciendo que “las señales que vemos en otros escenarios, como la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de asuntos Económicos, nos auguran un alto grado de potencialidad en nuestra hipótesis”.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR 12 de octubre 2022
Las expresiones son:
Proyectos de ley
Recorte de presupuestos a los sectores más vulnerables para pulverizar instituciones
Alianzas en la Asamblea
Pactos oscuros por eurobonos
Asustar con narrativa tergiversada y con política de miedo
Desfinanciar el Poder Judicial en proyectos antidrogas, anticorrupción, debilitar OIJ, listas de espera en CCSS, privatización en sus distintas modalidades, tercerización, decisiones en sector educación, entre otros.
PERO el objetivo esencial es:
Completar la fase dos de los objetivos incompletos que escondían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas»; la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector) y la ley de empleo público.
En tal sentido está en pleno desarrollo un ataque a las autonomías constitucionales especiales creadas en la Constitución Política de 1949.
Es decir, el proyecto de Rodrigo Chaves Robles está centrado en aprovechar bien su cúmulo de popularidad y articularlo con los actores visibles e invisibles de la derecha más rancia del país y desde su táctica y estrategia de rasgos autoritarios y populistas, enterrar la pala más fuerte en la tierra y seguir cavando para enterrar la institucionalidad patria y con tal ejercicio herir aún más de muerte el Estado Social de Derecho.
O sea, estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949.
Ante las constantes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, donde asegura que la “Caja esta quebrada”, el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica solicita respetuosamente a los señores: Olger Sancho de auditoría interna de la C.C.S.S, al tesorero general Erick Solano, al director financiero contable Iván Guardia, entre otros, emitir un criterio técnico que determine si el enfoque del señor presidente sobre la quiebra de la Caja es veraz, cierto y sostenible técnicamente.
Se espera que dicho criterio no evada responsabilidades desde ningún punto de vista, de ser así, SIFUPCR estaría tomando las acciones legales correspondientes para obtener una respuesta directa y concisa.
El presidente Chaves por fin se quitó la máscara. Señor Chaves: ¡La Caja no está quebrada! Como trascendió en un comunicado reciente, este exfuncionario del Banco Mundial aprendió bien el oficio de privatizador de la seguridad social.
Él sabe muy bien que para destruir la Caja y privatizarla, el camino más directo es desprestigiarla y crear desconfianza entre la población. Con sus palabras irresponsables, el presidente le está causando un daño irreparable a la institución más querida de todos los costarricenses, y atenta contra un sistema de salud ejemplar a nivel mundial. ¡No se lo vamos a permitir!
Los argumentos que utiliza el presidente para afirmar que las pensiones están quebradas, son falaces. Veamos las falacias del presidente.
Por definición, los sistemas de seguridad social no pueden quebrar, porque el Estado los respalda; a nivel mundial no se conoce ni un solo caso de un sistema de seguridad social que haya quebrado. Como ha documentado la OIT, de los casos de privatización de la seguridad social promovidas por el Banco Mundial, alegando quiebra, las reformas privatizadoras fracasaron y en su mayoría tuvieron que ser revertidas para volver a los sistemas públicos y solidarios. Después se vio que no había tal quiebra, solo intención de privatizar para beneficiar a ciertos grupos económicos.
Prácticamente la mayoría de los regímenes de pensiones en el mundo operan bajo lamodalidad de “solidaridad entre generaciones”; ese es el sistema usado en prácticamente todos los sistemas de seguridad social alrededor del mundo. Por ejemplo, la mayoría de los regímenes de pensiones en Europa funcionan bajo el concepto de reparto o solidaridad intergeneracional, es decir, exactamente cómo se financia el régimen IVM de la Caja. Quienes cotizan sostienen las pensiones de los pensionados actuales. Por tanto, decir que la Caja está quebrada, sería tan ridículo como decir que todos los sistemas de pensiones de Europa están quebrados.
A los privatizadores de las pensiones les gusta hacer comparaciones ridículas entre las finanzas de las pensiones públicas y las de las pensiones privadas. Las pensiones del seguro social se financian de manera muy distinta a las del seguro privado. La Caja no es una aseguradora privada (como lo desearía el presidente), sino que se rige por un sistema actuarial y financiero contable válido para instituciones de seguridad social donde prima el concepto de solidaridad. A diferencia de una empresa privada, los flujos de ingresos y gastos de un sistema de seguridad social no necesitan estar balanceados en el largo plazo, porque por definición las instituciones de seguridad social no son empresas que se cierran por quiebra, y no son empresas que se venden a terceros (como sí desearía el presidente), de manera que no necesitan un balance financiero equilibrado para ser vendidas. Por lo anterior, a ninguna persona en su sano juicio se le ocurriría comparar las finanzas de la Caja con las finanzas de una aseguradora privada. ¡Esa comparación es totalmente falaz y ridícula!
En el caso del Seguro de Salud, en un comunicado anterior informamos que el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la Caja viene operando con superávit desde hace años y que tiene un sólido plan de inversiones para los próximos 10 años.
Decir que las listas de espera son un síntoma de que la Caja está quebrada, es ir contra la experiencia mundial. Todos los sistemas de salud en el mundo, sin excepción, aún en los países desarrollados como España, Suiza, Francia, etc., tienen listas de espera, y eso no significa que sus sistemas de salud estén quebrados. ¡Qué argumento tan falaz y ridículo presidente Chaves!
Los argumentos presentados anteriormente, demuestran que el presidente tiene malas intenciones, y que se quiere aprovechar de la ignorancia de la población presentando argumentos tan ridículos que ni el mismo se los cree.
Juan C. Durán Castro señala que el sector no profesional de la Caja Costarricense del Seguro Social tuvo una pérdida del 12% del 2017 al 2022 en su salario. Mientras el sector profesional ha tenido una pérdida en ese mismo periodo de un 37%.
Exclama que la regla fiscal debe aplicarse a los ministros y no solo a los trabajadores de la CCSS. Además, hace un llamado a la clase trabajadora a que esté alerta porque hay que defender la autonomía constitucional de la CCSS y nuestro derecho a un salario justo.
El Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica, informa a los y las funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, su respaldo al acuerdo de pago de deuda salarial y anualidades que aprobó la Junta Directiva de la Caja.
Reconocen que es un triunfo de la clase trabajadora que abre una ventana de oportunidad para romper con la lógica del congelamiento salarial que impuso la reforma fiscal.
Apuntan que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reforma la regla fiscal, flexibiliza aún más los gastos de capital y pago de intereses de la deuda pero no aborda el eje salarial, de ahí la importancia de que este acuerdo avance.
Manifiestan la urgencia por conocer el impacto del congelamiento salarial en otras variables claves, como el consumo, la recaudación de impuestos y los ingresos de la seguridad social y se comprometen a darle seguimiento al tema.
Caja esta quebrada y 15 días atrás ofreció un nuevo hospital para Limón.
Mentira 2:
Destituí a don Álvaro Ramos porque no me informó del acuerdo de Junta Directiva para pagar deuda salarial y además estaba en desarrollo un diálogo con el FMI.
Mentira 3:
Don Álvaro Ramos, es un detractor de lo público.
Mentira 4:
Ese pago de la Caja y lo que puede generar en varias instituciones, pone en peligro las finanzas del Estado.
Viene una semana durísima y nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS tenga claridad de lo que está por definirse a partir del próximo martes 20 de setiembre 2022.
Para que usted lea y tenga claridad de lo que viene.
1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical (dicho por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo, ahora presidenta ejecutiva de la CCSS, no sabemos por cuanto tiempo y no dejemos de pensar a quien pondrán después, pues eso también es relevante).
Este escenario implicaría un acuerdo de Junta en dos posibilidades:
A.- revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020 a la fecha, con criterios jurídicos sacados de la manga. O sea, enterrar lo ya establecido por la Sala Constitucional (SC) y la Contraloría General de la República (CGR).
B.- ó un acuerdo claro de suspender el acuerdo de pago del aumento (acuerdo ya en firme pues lo vieron el 08 de setiembre y quedo con firmeza el 15 de setiembre 2022), o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.
Ahora bien, si la Junta no acuerpa esas dos imposiciones de Rodrigo Chaves Robles (RCHR), el gobierno (Poder Ejecutivo), tomará medidas radicales para LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS.
En esa línea hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.
A.- Inventar un Debido proceso con una medida cautelar de separación de directores.
B.- Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural y hacer y deshacer como quieran.
C.- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento pero todo se puede esperar.
