El Partido Vanguardia Popular dirigió una carta al señor Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA). El documento inicia expresando su preocupación ante los mecanismos de intimidación que se han instalado en la administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Asegura que dichas acciones, impulsadas por figuras como María Alejandra Mora Segura, Álvaro Sibaja Collado y Salvador Orozco, han generado una atmósfera de autoritarismo frente al ejercicio del sindicalismo. Entre los argumentos que menciona el partido se encuentra la denuncia de la criminalización del libre ejercicio del sindicalismo.
Se menciona que estas prácticas encontradas en la institución no solo constituyen una violación directa a los derechos humanos, sino que además se presenta como el resultado de discursos de odio y violencia desde las autoridades institucionales. Así, la carta pone en evidencia una situación de alerta en cuanto a la transgresión de compromisos internacionales, como los Convenios de la OIT ratificados por el estado. El Partido Vanguardia Popular, condena con firmeza las actitudes antidemocráticas que se han evidenciado. La carta señala que las prácticas de abuso e intimidación buscan desmantelar el derecho a la libertad de reunión, un pilar esencial del movimiento sindical en Costa Rica. Este ataque sistemático se presenta como una amenaza a la integridad del sindicalismo.
En un gesto de solidaridad, el documento reafirma el compromiso del partido de apoyar al SITRAA en todo el ámbito jurídico. Esta postura refuerza la idea de que la justicia y el respeto a los derechos fundamentales deben prevalecer en cualquier institución. La carta destaca, de manera reiterada, el compromiso del Partido Vanguardia Popular en la defensa de los derechos sindicales.
Por último, la carta se convierte en un llamado a la acción frente a prácticas antidemocráticas que amenazan los derechos laborales y humanos en Costa Rica. Al denunciar mecanismos de intimidación y criminalización del sindicalismo, el documento invita a la reflexión sobre el estado de la democracia y la necesidad de reforzar la libertad de reunión y la justicia.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) continúa monitoreando la problemática persistente del desabastecimiento de medicamentos en distintas farmacias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta situación pone en evidencia una situación crítica que afecta tanto a los usuarios como a la eficiencia del sistema de salud.
En el marco de este seguimiento, en una reunión el pasado martes 27 de mayo, la organización sindical se dirigió a los jerarcas de la institución señalándoles una serie de advertencias y prevenciones. Los argumentos se centran en los riesgos inherentes a la implementación del nuevo sistema de planificación de recursos empresariales y mantener las condiciones actuales. Se enfatizó que realizar este cambio sin ajustar los criterios técnicos y sin tomar en cuenta las condiciones específicas podría agravar aún más la situación.
Las advertencias fueron dirigidas principalmente a la gerencia médica y a la presidencia ejecutiva de la institución, demostrando que existe una preocupación generalizada que busca evitar la adopción de este sistema, al generar problemas adicionales en la cadena de suministro y en la gestión interna.
Además, se hizo un llamado al personal de las farmacias y a la ciudadanía en general, a mantenerse alerta ante los posibles problemas y afectaciones directas que podría causar la implementación del sistema, en tanto se desatienden los criterios técnicos y los riesgos señalados por los órganos especializados de la institución.
Por último, UNDECA reitera su compromiso de trabajar de manera constante para evitar que la crisis en el suministro de medicamentos impacte en los servicios de la institución y en la salud de la población usuaria, subrayando la importancia de una implementación cuidadosa y respaldada por análisis técnico riguroso que garantice la eficiencia y seguridad en la atención médica.
La organización sindical denominada Seccional Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) denuncia que recientes decisiones dentro del Ministerio de Hacienda han generado inquietudes sobre la equidad en el trato hacia distintas organizaciones sindicales. Estas preocupaciones giran en torno a obstáculos administrativos que afectan la representación sindical y sus garantías básicas.
Entre los aspectos señalados que afectan el ejercicio sindical se encuentra la negativa a firmar un convenio para asignar un espacio físico adecuado para la organización y la diferenciación en el otorgamiento de licencias sindicales. Mientras que algunos sindicatos reciben licencias permanentes, otros reciben permisos parciales o temporales, creando un marco desigual en la participación sindical.
A pesar de cumplir con los requerimientos necesarios para solicitar licencias sindicales, las respuestas desde el Ministerio han sido tardías y ambiguas. Esta burocracia genera incertidumbre en la representación de los trabajadores, en especial cuando se requiere una respuesta pronta que brinde certeza jurídica. Según la organización sindical, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, cuenta con la capacidad de corregir estas situaciones mediante una directriz que agilice los procesos de solicitud de licencias sindicales.
Está acción en contra de alguna organización no es la primera durante este gobierno. Dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se ha denunciado la falta de garantías sindicales, e incluso las demandas han llegado hasta organismos internacionales. En el caso del AyA, sindicatos denunciaron persecución y obstrucción a su actividad. Ante estas situaciones presentadas en ambas instituciones genera un impacto negativo en el país, cuestionando el compromiso con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Al considerar los recientes hechos es que la organización sindical CUT demanda públicamente que se revise y corrija estas prácticas actuales que afectan la equidad sindical, la organización exige que se garantice que todos los sectores puedan ejercer su derecho de representación sin trabas ni obstáculos administrativos. Las autoridades políticas, de acuerdo con la agrupación, deben garantizar que el ejercicio sindical se lleve a cabo sin interferencias injustificadas.
Desde hace un tiempo se tejieron contactos con el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares y Afines (SITRACOME), cuya nueva directiva decidió dar paso a la afiliación.
Las jornadas de labor realizadas por nuestros asesores Gerardo Catillo y Frank Ulloa, dieron fruto junto a esta organización que recientemente se afilió a la Unidad en Acción Sindical (UAS), con quien mantenemos un estrecho relacionamiento.
“Tenemos entre los desafíos trabajar en la reformulación de los estatus, porque notamos que la organización puede y debe insertarse en otros sectores de labor”, destacó Gerardo Castillo.
SITRACOME está constituido por mujeres, por lo tanto, desde la Regional aguardamos su participación activa en el Comité Latinoamericano de Mujeres de la UITA (Clamu).
El pasado sábado (10) se realizó un curso virtual que abordó, “El nuevo SITRACOME, autogestión sindical”; “El proyecto de capacitación de SITRACOME” y “Derechos Labores de las Trabajadoras de comedores escolares”.
“Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”. José Martí
¡Exhortamos a las organizaciones sindicales, estudiantiles, feministas, ambientalistas y comunales a manifestarse!
El país vive un momento muy peligroso, del cual es responsable el presidente Rodrigo Chaves.
¡La democracia está en peligro!
Sus denuncias constantes de persecución y amenazas de golpe de Estado en su contra, además de ser una falacia, prepara condiciones para justificar un autogolpe que barra con el orden constitucional y paralice el funcionamiento libre y democrático del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
La amenaza de una guerra civil que sugiere el presidente es una provocación. Siente que la cárcel, por tanta denuncia penal en su contra, está tocando el talón.
Hay que tomar en serio sus amenazas y su empoderamiento con los equipos de guardianes, las turbas agresivas que se están forjando a su alrededor y su amenaza de que cuenta con el apoyo de miles de policías de la Fuerza Pública para enfrentar un eventual golpe de Estado, golpe de Estado que solo existe en su imaginación.
La opinión pública debe movilizarse. El pueblo debe manifestarse en las calles en defensa del orden constitucional, de la democracia y las libertades públicas.
¡Las fuerzas democráticas y progresistas deben unirse con estos propósitos!
“El mundo empieza a cambiar cuando quienes lo construyen deciden no callar.”
Frank Ulloa Royo
La educación es la raíz profunda de una sociedad justa y equitativa pero también es una fuente de ideología y discriminación cuando promueve estereotipos. Como un río que nutre la tierra a su paso, la enseñanza debe ser el motor que impulse la construcción de una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural, cimentada en el respeto y la igualdad. Sin embargo, la falta de representación en los materiales educativos, la criminalización de ciertos fenotipos y la exclusión de voces históricas han convertido el sistema educativo en un espejo deformado, donde muchos no logran verse reflejados.
Recientemente, en una reunión con educadores y educadoras, me sorprendió la indiferencia con que algunos desestiman la importancia del racismo en la educación, tratándolo como un asunto secundario. Fue en ese momento cuando decidí escribir estas líneas, no solo para evidenciar la urgencia del problema, sino también para desafiar la comodidad y la pasividad con la que se sigue ignorando el tema. Por otra parte, en una dirección contraria, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación fue pionero en plantear el tema, y crear espacios de debate, pero debe continuarse esta propuesta en la vida cotidiana de todos quienes laboran en la educación, debería ser un tema ético ineludible y no una obligación escolar.
Etiquetas que marginan:
Como señala Rina Cáceres, el problema no es el color de piel, sino las etiquetas sociales que se le adhieren. En la educación, el fenotipo se convierte en un marcador que condiciona la percepción y el trato hacia ciertos estudiantes. Fallas (1943) denunció en Mamita Yunai la explotación en los enclaves bananeros, la discriminación contra campesinos mestizos, la marginación de los indígenas perdidos en la selva y la segregación de la fila carbón. Esta historia, que en otro momento fue un referente en las aulas, parece desvanecerse de los programas escolares y las librerías.
Intentar conseguir un ejemplar de Mamita Yunai se ha convertido en una tarea difícil, como lo comprobé recientemente al buscar uno para un conferenciante colombiano. Esta ausencia no es casualidad: borrar estas narrativas es una forma de silenciar la memoria histórica y ocultar las luchas que han denunciado el racismo y las desigualdades estructurales.
La normalización de estas categorías invisibiliza la discriminación y la convierte en parte del paisaje educativo. Como hormigas en el azúcar, los fenotipos dominantes aparecen en los libros de texto sin que nadie cuestione su predominio. Esta falta de diversidad refuerza estereotipos que limitan el desarrollo de una educación verdaderamente inclusiva.
Materiales educativos y enseñanza: ¿quién decide qué historias merecen ser contadas?
Los materiales educativos no son neutrales. Reflejan las estructuras de poder de la sociedad. Como plantea Freire (1970), la educación debe ser un proceso liberador que permita a los estudiantes cuestionar su realidad y transformar su entorno. Sin embargo, los libros escolares muchas veces funcionan como instrumentos de reproducción social, legitimando jerarquías raciales y económicas.
¿Deben los trabajadores de la educación preocuparse por estos temas o se ven como una carga académica adicional? ¿En qué gaveta del escritorio acomodamos la ética? La representación sesgada en los materiales escolares perpetúa desigualdades, mostrando solo una versión parcial de la historia. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder sigue vigente en la educación, reforzando la idea de que ciertos grupos dominantes son los protagonistas del conocimiento. Si no hay espacio para la diversidad en la literatura escolar, nunca ocurrirá el mestizaje intelectual capaz de romper estereotipos.
Criminalización y prejuicios: el racismo como obstáculo para el aprendizaje
El fenotipo y el lugar de origen pueden convertirse en marcadores de criminalización dentro del sistema educativo. Un estudiante migrante es visto con sospecha, su identidad vinculada a la marginalidad en lugar de sus habilidades o talentos. Como afirma Wacquant (2009), la criminalización de ciertos grupos es una estrategia de control social que se manifiesta en múltiples espacios, incluido el educativo.
¿Tienen las organizaciones de trabajadores una respuesta crítica frente al racismo en la educación? Existe un silencio evidente, pero ¿cómo interpretarlo? Este tipo de prejuicios impide que la escuela sea un espacio de equidad. La ley de carrera docente ha perdido vigencia y, más allá de su propósito original, se ha convertido en otro instrumento de discriminación, imponiendo una visión monocromática de la vida escolar. ¿Podrían los sindicatos aprovechar la convención colectiva para luchar contra el racismo y reformular las normas que perpetúan un poder vinculado al color de piel y el fenotipo?
Conclusión: una educación sin espejos distorsionados
Erradicar el racismo en la educación requiere acciones concretas. Iniciativas como Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, promovida por Rina Cáceres desde la Universidad de Costa Rica a finales de la década anterior, han demostrado que el cambio es posible. Además, Hooks (1994) enfatiza que los docentes deben estar capacitados para detectar y combatir el racismo en las aulas, convirtiéndose en agentes de transformación.
Los sindicatos y gremios de trabajadores de la educación juegan un papel clave en este proceso. No basta con conmemorar el Día del Negro o el Día de los Pueblos Indígenas. Vestirse con prendas africanas durante una jornada escolar es un gesto simbólico, pero insuficiente para desmantelar estructuras racistas. Se requiere una estrategia sindical sólida que transforme el discurso en acción.
La educación debe ser un espejo en el que cada individuo pueda verse reflejado sin distorsiones ni exclusiones. Si sigue reproduciendo estructuras discriminatorias, perpetuará un sistema en el que muchas voces y realidades seguirán en la sombra. Aquí es donde los sindicatos y trabajadores de la educación tienen una responsabilidad ineludible. Su papel es crucial para impulsar cambios estructurales que garanticen una enseñanza libre de discriminación racial.
Los protocolos educativos actuales muchas veces existen solo en el papel, siendo desconocidos y poco aplicados. La lucha contra el racismo en la educación no puede depender de normativas burocráticas ineficaces, sino de acción colectiva y disruptiva que cuestione las políticas imperantes. Si la enseñanza sigue reflejando una versión distorsionada de la sociedad, estamos condenando a las futuras generaciones a repetir conductas racistas y las mismas desigualdades, históricas originadas en la perdida de libertad de los esclavos africanos y repartimientos de pueblos indígenas.
Bibliografía
Fallas, C. L. (1943). Mamita Yunai. Editorial Costa Rica.
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.
Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.
Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.
El Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) con el respaldo de otras organizaciones sindicales presentaron una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La agrupación describe violaciones graves y sistemáticas que afectan el derecho a la organización sindical y negociación colectiva por parte de altos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA). La acusación fue presentada el pasado 9 de mayo.
La denuncia incluye al menos 18 causas y un total de 265 reclamos sobre hechos ocurridos desde marzo de 2024, los cuales vulneran las normas internacionales de protección laboral y organización sindical. El sindicato señala como responsables al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada Espinoza y a la gerente general María Alejandra Mora Segura, así como otros 5 funcionarios de la institución.
Según la queja, estas autoridades han presentado acciones contrarias a las disposiciones en los Convenios: N 87 Libertad sindical y protección de derecho de sindicación, N 98 Derecho de sindicación y de negociación colectiva, y N 135 protección a los representantes de los trabajadores. De acuerdo con SITRAA, las acciones denunciadas han debilitado la estructura del sindicato, su funcionamiento y estabilidad poniendo en riesgo la representatividad de los trabajadores dentro del AyA.
La denuncia ante la OIT fue firmada por diversas organizaciones sindicales, tales como: la Confederación Unitaria de Trabajadores, Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, Central General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical.
Este 1° de mayo de 2025, miles de personas salieron a las calles en Costa Rica para reivindicar derechos, denunciar injusticias y celebrar la lucha histórica del movimiento obrero. Desde ese caminar colectivo nace este collage sonoro, un recorrido que les invitamos a hacer a través de distintas voces, ritmos, pasos… y bombas.
Sí, bombas: esas cuartetas improvisadas que detienen la música para soltar una verdad, una crítica, una chispa que enciende la conciencia. A lo largo de este montaje, las bombas populares se entrelazan con consignas, intervenciones espontáneas y reflexiones de personas que participaron en la manifestación. Juntas nos llevan por las calles de la capital, donde se alzaron denuncias contra la violencia institucional y el abandono de los intereses populares.
Entre las principales demandas, se expresó el rechazo a las políticas del poder ejecutivo y de buena parte del legislativo, acusadas de erosionar derechos y empobrecer a las mayorías. Se cuestionó la criminalización de personas privadas de libertad y sus familias bajo una nueva política carcelaria punitiva y excluyente. También se denunciaron la venta de instituciones públicas, la tecnocratización de la gestión financiera, y el debilitamiento deliberado de los sistemas de salud y educación.
La marcha reunió una pluralidad de voces: pueblos indígenas que alzaron la bandera de la autonomía y la defensa del territorio, trabajadoras domésticas que exigieron condiciones laborales dignas, sindicatos de distintos sectores, colectivos estudiantiles comprometidos con la defensa de lo público, y personas que expresaron su solidaridad con la lucha del pueblo palestino. También se escucharon denuncias contra el proyecto de armonización eléctrica, señalado como parte de la mercantilización de los bienes comunes. Las voces que aquí se entrelazan defienden otra lógica: la del cuidado, la justicia y la dignidad.
“Por una sociedad justa, primero los olvidados”. Este es el principio que nos recuerda que una sociedad no puede prosperar mientras existan sectores marginados, excluidos de los derechos y oportunidades que deberían ser universales. Por ello requerimos partidos que luchen por la justicia social.
En Costa Rica, pionero en la construcción de un Estado social en la región, la lucha por la justicia social debe renovarse con fuerza, especialmente en un contexto donde las desigualdades persisten y nuevas amenazas emergen.
Pero, ¿acaso podemos encontrar un partido político verdaderamente comprometido con la justicia social? Si lo hiciéramos, ojalá fuese más que una estructura electoral; ojalá fuera un partido capaz de convertirse en un amplificador para las voces de los excluidos.
Las ruedas de la historia
Los movimientos sociales, que históricamente han sido el motor de las grandes transformaciones, deben ocupar un lugar central en ese proyecto. Desde los sindicatos que en 1942 lucharon por las garantías sociales, hasta las organizaciones comunitarias que hoy defienden el acceso a la salud, la educación y el medio ambiente, estas voces representan hoy la esencia de la justicia social.
Incorporarlas no es solo un acto de inclusión, sino una estrategia para construir políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
En el próximo proceso electoral es imperativo que estas voces olvidadas tengan un espacio propio, esto es, un partido en el cual la justicia social ocupe un lugar central en sus propuestas, que sea el puente entre los movimientos sociales y el poder político, articulando demandas históricas y contemporáneas.
La seguridad social, la educación gratuita y de calidad, el trabajo digno y la convivencia pacífica no son solo derechos, sino ejes fundamentales para construir una sociedad más equitativa.
Además, ese partido debería señalar nuevas demandas como la equidad de género, la sostenibilidad ambiental y la inclusión de comunidades históricamente marginadas, como los pueblos indígenas y las personas migrantes.
La justicia social no es un destino, sino un camino
Es una búsqueda constante que requiere organización, compromiso y valentía. “Por una sociedad justa, primero los olvidados” no es solo un lema, es un llamado a la acción, es una invitación a construir un país donde nadie quede atrás, donde cada persona tenga la oportunidad de vivir con dignidad y donde la solidaridad sea el principio rector de nuestras decisiones colectivas.
La lucha continúa, y es nuestra responsabilidad mantenerla viva. No perdamos la esperanza a pesar de los nubarrones de este verano.
Para enfrentar la nueva demagogia no basta un buen candidato o una persona decente, se requiere de un movimiento social transformador que impulse la justicia social en una nueva alianza nacional por la vida.
Tribunal resuelve que transnacional no siguió el debido proceso
Giorgio Trucchi / Rel UITA
El 6 de agosto de 2022, Osmin Lodero, trabajador de campo y delegado sindical en Finca Roble (Sarapiquí), propiedad de Chiquita Brands Costa Rica SRL, fue despedido por la patronal sin seguir el debido proceso. Dos años y medio después, el tribunal ordenó su reintegro.
Un mes antes, Lodero se vio supuestamente involucrado en una agresión, por lo que la empresa decidió despedirlo, obviando que gozaba de fuero sindical y sin acudir a las autoridades del trabajo para la debida autorización.
“Intervenimos de inmediato y demostramos que Osmin realizaba trabajo sindical de forma continua y que la empresa estaba violando el debido proceso”, dijo a La Rel, Obeth Morales, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores Piñeros y Bananeros de Costa Rica (Sintrapybcr).
La empresa se justificó diciendo que no sabía que el trabajador era delegado sindical en Finca Roble. Además, trató de hacer valer un artículo del código laboral, que limita a cuatro el número máximo de dirigentes sindicales que gozan de fuero laboral.
“Demostramos en los tribunales que la empresa estaba enterada de su desempeño sindical y nos apegamos a los convenios internacionales ratificados por Costa Rica. Finalmente, el juez nos dio la razón”, explicó Morales.
Reintegro y pago de salarios
En agosto de 2024, la sentencia de primera instancia ordenó a Chiquita Brands el reintegro del trabajador despedido, el pago de salarios caídos (24 meses) y del 15 por ciento de costas procesales.
La empresa recurrió a casación, sin embargo, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dicho recurso.
“Todo fue confirmado y ganamos el caso de manera definitiva. El despido fue declarado nulo e ineficaz y se confirmaron las medidas ordenadas en primera instancia”, manifestó el abogado laboral.
Entre las 9 y las 11 de la mañana del 22 de abril se ejecutará la sentencia judicial y la reinstalación de Osmin Lodero.
“Prácticamente todas las empresas agroindustriales actúan de la misma manera, sin importarles la protección de la cual gozan quienes desempeñan un cargo de representación colectiva y violando el debido proceso. Es una sentencia importante”, concluyó Morales.
