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Etiqueta: sistema financiero

BCR afirma solidez financiera y continuidad operativa ante clientes

El Banco de Costa Rica (BCR) dirigió un mensaje formal a sus clientes en el que reafirma su solidez institucional, su estabilidad financiera y la continuidad normal de sus operaciones, independientemente de las discusiones que se desarrollen en el ámbito político nacional.

En el comunicado, firmado por Julio César Trejos Delgado, gerente general del Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica, la institución subraya que mantiene un firme compromiso con la estabilidad financiera del país y con la calidad del servicio que brinda a su clientela. El banco señala que su operación diaria continúa enfocada en el profesionalismo, el acompañamiento cercano y la garantía de continuidad de los servicios financieros.

El BCR informa que al cierre del año 2025 registró una utilidad de ₡38.494 millones, resultado que atribuye a una gestión responsable, eficiente y orientada a la sostenibilidad de largo plazo. Asimismo, destaca que mantiene una suficiencia patrimonial del 14,40%, ubicándose de manera holgada por encima del mínimo requerido por la regulación vigente, lo que —según el banco— evidencia una estructura financiera robusta y una adecuada capacidad para enfrentar distintos escenarios económicos.

En relación con la gestión del riesgo crediticio, la institución reporta una morosidad del 2,72%, reflejo de una cartera considerada sana. El comunicado señala que la cartera de crédito asciende a ₡3.961.080 millones, apoyando activamente a familias, empresas y pequeñas y medianas empresas en todo el país, y posicionando al BCR como el banco con mayor crecimiento de cartera de crédito del sistema financiero durante 2025.

El documento también resalta la confianza de los clientes, evidenciada en una captación total de ₡4.016.443 millones, así como en ingresos por servicios por ₡144.196 millones, resultado de una oferta diversificada, procesos de innovación constante y mejora continua en la atención.

Con más de 148 años de trayectoria, el Banco de Costa Rica se define como un pilar del desarrollo económico y social del país, con presencia nacional y un enfoque permanente en la excelencia del servicio. El mensaje concluye transmitiendo tranquilidad a la clientela, al afirmar que los recursos están respaldados por un banco sólido, estable y rentable, y reiterando el compromiso institucional de seguir fortaleciendo la entidad e innovando como aliado confiable para las finanzas de las personas usuarias, hoy y en el futuro.

ANEP rechaza declaraciones irresponsables sobre el Banco de Costa Rica y advierte graves riesgos de su eventual venta

Comunicado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgico rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta electa doña Laura Fernadez, emitidas en Canal 8, en las cuales se refirió a la venta del Banco de Costa Rica (BCR), afirmando previamente que esta institución “va a quebrar”, sin evidencia técnica, sin respaldo financiero y sin un conocimiento mínimo de la realidad económica del banco.

Este tipo de afirmaciones son gravemente irresponsables. Emitir juicios de “quiebra” sobre una institución financiera pública sólida, sin sustento alguno, no solo demuestra desconocimiento, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana, la estabilidad del sistema financiero nacional y el patrimonio público que pertenece a todas y todos los costarricenses.

El Banco de Costa Rica no está quebrado

Sus estados financieros consolidados, disponibles públicamente en su sitio web oficial, muestran un banco con activos superiores a los ¢7,5 billones, una cartera de crédito robusta, niveles adecuados de capitalización y resultados positivos. Cualquier persona —y con mayor razón la presidenta de la República electa— puede y debe acceder a esa información antes de emitir declaraciones de alto impacto nacional.

Desde ANEP advertimos que la eventual venta del Banco de Costa Rica conlleva riesgos y perjuicios profundos, entre ellos:

  • La pérdida de un instrumento estratégico del Estado para el desarrollo económico, social y productivo.

  • La renuncia a ingresos públicos recurrentes, a cambio de un ingreso único y temporal.

  • El encarecimiento y restricción del crédito para PYMES, sectores rurales, agricultores, cooperativas y familias trabajadoras.

  • El debilitamiento de la banca de desarrollo y de los fideicomisos públicos.

  • La pérdida de miles de empleos directos e indirectos y el deterioro de las condiciones laborales.

  • El cierre de sucursales en zonas rurales y comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

  • El aumento de la concentración bancaria, con menos competencia y mayores costos para la población.

  • La reducción de la capacidad del Estado para enfrentar crisis económicas, al perder una banca pública contra cíclica.

  • El riesgo de subvalorar y malvender un activo estratégico construido durante generaciones.

  • La pérdida de transparencia y control público sobre una institución clave.

  • Vender el Banco de Costa Rica es darle un fuerte impulso al proceso de concentración de la riqueza que vive el país

Vender el Banco de Costa Rica no es una decisión técnica menor: es una decisión política y estructural que compromete el futuro del país.

Desde ANEP exigimos responsabilidad, seriedad y rigor técnico. Hacemos un llamado público a la señora Laura Fernadez para que rectifique, se informe debidamente y revise los informes financieros oficiales del Banco de Costa Rica disponibles en www.bancobcr.com, antes de continuar emitiendo declaraciones que pueden causar un daño irreparable al interés nacional.

Costa Rica no necesita discursos improvisados ni dogmas privatizadores.  

Costa Rica necesita decisiones basadas en datos, responsabilidad institucional y defensa del patrimonio público.

ANEP se mantendrá vigilante y en defensa del Banco de Costa Rica, de sus trabajadores y del derecho de la población a una banca pública fuerte, transparente y al servicio del desarrollo nacional.

Usura: el crimen que se indigna cuando lo regulan

Welmer Ramos González
Economista

Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.

La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.

Candidaturas presidenciales debatirán propuestas para aliviar la situación financiera de los hogares

El próximo martes 13 de enero, candidaturas presidenciales participarán en un conversatorio presidencial enfocado en una de las principales preocupaciones de la población costarricense: el alivio financiero de los hogares.

El encuentro, organizado por SINAE Afines, OMERCON y Unidad en Acción Sindical (UAS), plantea un espacio de diálogo directo en el que las personas aspirantes a la Presidencia responderán sobre temas clave relacionados con el costo de la vida, el endeudamiento de las familias y el acceso al sistema financiero.

Entre los elementos que motivan este conversatorio se señala que más de 750.000 personas enfrentan cobros judiciales, así como la exclusión del sistema financiero formal por morosidad, situación que empuja a muchos hogares a recurrir a préstamos informales conocidos como “gota a gota”.

El conversatorio se desarrollará de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en el Hotel Radisson, y contará con la participación de las siguientes candidaturas presidenciales:

  • Claudia Dobles Camargo – Coalición Agenda Ciudadana

  • Claudio Alpízar Otoya – Partido Esperanza Nacional

  • Ana Virginia Calzada Miranda – Partido Centro Democrático y Social

  • Álvaro Ramos Chaves – Partido Liberación Nacional

  • Natalia Díaz Quintana – Partido Unidos Podemos

  • Ariel Robles Barrantes – Partido Frente Amplio

  • Fernando Zamora Castellanos – Partido Nueva Generación

Las organizaciones convocantes destacan que este espacio busca aportar información y propuestas que permitan al electorado conocer las posiciones de las candidaturas frente a la realidad económica que viven miles de familias en el país.

SEBANA advierte sobre posibles impactos económicos por venta de FIFCO a Heineken

El Sindicato de Empleados del Banco Nacional (SEBANA), por medio de su secretario general David Carrera Herrera, advirtió que la posible venta de Florida Ice and Farm Company (FIFCO) al grupo internacional Heineken no es un asunto meramente empresarial, sino una decisión que podría tener efectos profundos sobre el empleo, la competencia y la economía costarricense.

Carrera explicó que Heineken, segunda empresa cervecera más grande del mundo con el 13,6% del mercado global, asumiría una posición dominante en el país si la transacción se concreta. “Podríamos enfrentar una concentración de poder sin precedentes en la industria alimentaria y de bebidas”, señaló.

Según el dirigente sindical, un proceso de ese tipo implicaría menores oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, menos opciones para los consumidores y un impacto directo en miles de empleos vinculados a encadenamientos productivos nacionales.

El monto estimado de la operación ronda los 3.200 millones de dólares, una cifra que, de concretarse, podría influir en variables macroeconómicas relevantes. “Podría afectar el tipo de cambio, la liquidez del sistema financiero y hasta el mercado de valores costarricense”, indicó.

Carrera advirtió que, si las utilidades de la empresa se trasladan al extranjero, esas ganancias dejarían de reinvertirse en Costa Rica, debilitando la producción local y el empleo nacional.

Desde SEBANA, aseguró, existen alternativas responsables para atender la situación sin comprometer el equilibrio del sistema económico y social. Por ello, el sindicato solicitó al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y a otras autoridades competentes que analicen la operación “con la profundidad y responsabilidad que merece”.

“Costa Rica debe proteger la sana competencia, la estabilidad del sistema económico y, sobre todo, el bienestar de su gente”, concluyó Carrera.

Las declaraciones completas pueden verse en el siguiente enlace:

Legislación de protección al consumidor financiero – conversatorio

Invitación

El problema del sobreendeudamiento de las personas en Costa Rica es muy grave ya que afecta a una proporción muy alta que están sufriendo congojas terribles.

La OCDE ha señalado falencias serias en la legislación nacional en lo referente a la defensa de los derechos de los deudores y los usuarios del sistema financiero. Un proyecto de ley trata de crear un ente que represente y defienda los derechos del consumidor.

Este conversatorio trata de abrir debate respecto a cómo debe ser esa legislación para que sea eficiente en sus objetivos. Es muy importante conectarse a este evento, escuchar y proponer ideas al respecto.

Esta discusión será con personeros del más alto nivel de las agencias encargadas de la Defensa del Consumidor Financiero de Chile y México, países que tienen varios años de contar con leyes al respecto.

Conéctese, infórmese y participe.

Más detalles:

https://facebook.com/events/s/conversatorio-internacional-le/900907251877284/

Escándalos financieros en Costa Rica: Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y DESYFIN – por Sergio Ortiz Pérez

En los últimos años, el sector financiero costarricense ha sido golpeado por una serie de escándalos que han afectado a inversionistas, cooperativas y entidades financieras. Entre los casos más sonados están Aldesa, Coopeservidores, BCR SAFI y, recientemente, DESYFIN. Aunque cada uno de estos casos tiene un origen diferente, todos comparten un final similar: quiebras financieras que han dejado a miles de inversionistas sin sus ahorros.

Sobre este tema Sergio Ortiz Pérez expone: 

Aldesa: inversiones desaparecidas.

Uno de los primeros grandes golpes fue el caso de Aldesa. La empresa captó millones de dólares en inversiones que luego destinó a la adquisición de inmuebles. Sin embargo, estos proyectos no se desarrollaron y, en su lugar, Aldesa se sobre endeudó, generando la desaparición de más de 350 millones de dólares, que aparentemente terminaron en paraísos fiscales. La intervención judicial no fue suficiente para evitar que miles de inversionistas perdieran su dinero.

BCR SAFI: inversión cuestionada.

Otro caso relevante es el de BCR SAFI, cuestionado por la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico. La entidad pagó 70 millones de dólares por el inmueble, aunque el valor oficial del mismo, según la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), era de apenas 28 millones. La diferencia en los avalúos generó dudas sobre la transparencia de la operación y las gestiones dentro del Banco de Costa Rica.

Coopeservidores: fondos desviados.

En el caso de Coopeservidores, desde 2020 se detectó la desviación de fondos hacia la cooperativa COPA Fénix, que supuestamente brindaba servicios de cobro a clientes morosos. Esta mala práctica llevó a la pérdida progresiva del patrimonio de Coopeservidores, afectando la capacidad de la cooperativa para responder a sus acreedores, es decir, los ahorrantes e inversionistas.

DESYFIN: maquillaje financiero.

El caso más reciente es el de DESYFIN. La financiera fue intervenida judicialmente tras detectarse que sus administradores maquillaban los estados financieros, presentando datos incorrectos. Este engaño indujo a error a muchos ciudadanos y sociedades que invirtieron sus ahorros, sin saber que la situación financiera de DESYFIN era insostenible.

¿Dónde están los supervisores?

Estas situaciones han generado un fuerte cuestionamiento sobre el rol de las entidades supervisoras del sistema financiero costarricense, como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN). A pesar de contar con presupuestos millonarios, estas entidades no detectaron a tiempo los problemas que afectaban a las entidades financieras mencionadas, lo que llevó a la pérdida de ahorros de muchos costarricenses.

La figura de Rocío Aguilar.

Uno de los personajes más cuestionados es Rocío Aguilar, actual superintendente de la SUGEF y también de la SUPEN. Su gestión ha sido criticada por la falta de acción oportuna para prevenir las quiebras financieras. A pesar de los escándalos, sigue en su puesto, sostenida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presidido por Laura Suárez Zamora.

¿Qué sigue para DESYFIN y los inversionistas?

El futuro de DESYFIN sigue el mismo camino que Coopeservidores: la resolución o disolución de la financiera. Con los activos que queden, se tratará de cubrir las deudas, aunque es probable que muchos inversionistas pierdan gran parte de sus ahorros. Este ciclo de quiebras pone en evidencia la fragilidad del sistema financiero costarricense y la necesidad urgente de una supervisión más rigurosa.

Para más detalles sobre este tema, te invitamos a ver el siguiente video de Sergio Ortiz Pérez:

Compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón.

Caso Aldesa y caso Coopeservidores

En el programa «Desde la Otra Acera» de la APSE, Flora Fernández expone su situación en relación con el caso Aldesa. Durante su intervención, se mencionan casos similares que no recibieron la atención adecuada. También se espera que Rocío Aguilar, en el mismo programa, haga comentarios sobre la percepción de que «en Costa Rica en ninguna parte la plata está segura».

Entre las críticas expresadas, se destaca la falta de regulación efectiva en el sistema financiero. Además, se menciona la existencia de nepotismo y la protección de grupos dentro de instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones y posiblemente también en el ámbito de relaciones exteriores. Se sugiere que los nombramientos en estas áreas a menudo se basan en favores políticos, lo que resulta en la permanencia de funcionarios considerados inconvenientes pero vinculados a círculos políticos.

Se critica también la falta de intervención efectiva por parte de CONAPAM en asuntos relacionados con adultos mayores afectados por el caso Aldesa. Se menciona específicamente que en la semana anterior al programa, falleció la víctima número 101 relacionada con este caso, destacando el impacto severo que ha tenido en esta población durante los últimos cinco años.

ASOCOMI respalda decisión de declarar de interés público la lucha contra los préstamos “gota gota”

  • Asociación apoya las iniciativas que faciliten el acceso a créditos formales y a educación financiera a la población más vulnerable, e insta a los afectados por el gota a gota a denunciar ante el OIJ.

  • Las empresas de microcréditos formales también cuentan con productos que pueden combatir el financiamiento informal entre las personas de menores recursos.

San José, Costa Rica, mayo del 2024. La Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI) recibe con mucho agrado el anuncio, realizado hoy por el señor Presidente de la República, de declarar de interés público la lucha contra los créditos gota a gota y la promoción de herramientas financieras formales, como lo son los microcréditos.

Desde hace varios meses ASOCOMI ha venido reiterando que la Ley de Usura dejó fuera del sistema crediticio formal a miles de costarricenses, lo cual ha provocado un aumento de los créditos gota a gota y de los problemas de inseguridad que estos generan.

Según datos brindados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la Asociación, al mes de abril ya se contabilizaban 100 denuncias formales asociadas a este tipo de préstamos.

Durante un encuentro entre Iván Rojas, jefe de la sección de Delitos Varios del OIJ y Mónica Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva de ASOCOMI, trascendió que todos los días se presentan nuevas denuncias, aun así, el temor a represalias hace que muchos de los afectados prefieran el silencio y no recurran a las instancias judiciales, manteniendo el círculo de violencia que se genera por parte de estos grupos.

“Nos sentimos sumamente complacidos con el anuncio del Poder Ejecutivo de sumarse a la lucha contra los gota a gota, mediante el impulso a los créditos y los microcréditos formales, así como a la educación financiera. Son miles de costarricenses que han caído presa de las préstamos informales lo que provoca no solo angustia y preocupación en los hogares, sino también eleva los niveles de inseguridad del país. Es por ello que vemos este anuncio con muy buenos ojos y como Asociación  estaremos también sumando esfuerzos para combatir este problema y mantener a la población en la formalidad crediticia”, indicó Mónica Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva de ASOCOMI.

En total coincidencia con lo expresado por el señor Presidente y los Ministros de MEIC y Seguridad, es importante recurrir siempre primero a las instituciones financieras y empresas formales de microcréditos, antes de caer en los créditos gota a gota, pero si ya cayó en uno de ellos es importante denunciar ante el OIJ a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

¿Quiénes están adquiriendo préstamos informales?

Según datos del OIJ el principal grupo etario que adquiere préstamos informales están en rangos de edad de entre los 25 y 50 años de edad y en su mayoría adquieren este dinero en la informalidad para hacer frente a situaciones fortuitas como accidentes de tránsito, reparación de electrodomésticos y en la búsqueda de solucionar problemas a nivel familiar.

Aunque la mayoría de las denuncias que se presentan ante las autoridades se realizan en San José, Alajuela, Heredia y Cartago, los expertos consideran que este problema no escapa de las zonas rurales, pero que es el desconocimiento y hasta el temor lo que lleva a los afectados a no presentarse a interponer la denuncia, lo cual agrava el problema y dificulta dar con los culpables.

Urge aprobar proyecto de Ley

Para ASOCOMI la Ley de Usura ha generado una brecha y a los únicos que impacta es a miles de personas excluidas de la formalidad. Mientras tanto los informales, siguen sin cumplir con límites de topes de tasas, sin aplicar regulación, siempre a la libre.

Nuestra propuesta de ajuste normativo, tal cual indica la iniciativa,  empieza con la reversión de esa exclusión con la aprobación del proyecto 23.101 “Ley para la Promoción y Regulación del Microcrédito como Fomento de la Inclusión Social Financiera en Costa Rica”, que se encuentra en la corriente legislativa. ¡Urge su convocatoria

Sobre ASOCOMI

La Asociación Costarricense de Microfinanzas (ASOCOMI), agrupa a las principales empresas que ofrecen acceso de microfinanzas en todo Costa Rica.

Actualmente brinda asistencia financiera a más de 540 mil costarricenses anualmente, de los cuales alrededor del 50% se encuentran fuera del GAM, no bancarizados y con poco o nulo acceso a crédito por parte del sistema financiero nacional tradicional.

CINPE-UNA analiza resultados a tres años de la Ley de Usura

  • Costa Rica ha disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley.

Desde la implementación de la regulación de las tasas de usura en Costa Rica, se ha observado una reducción notable en las tasas de interés en comparación con otros países de la región y a nivel global. A tres años de aprobada esta normativa, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), presentó un estudio con resultados de la implementación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia.

La regulación de las tasas de usura tiene como objetivo principal proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, y rige desde el 20 de junio del 2020 (Ley N° 9859), siendo aprobada durante la pandemia por el COVID-19.

Dentro de las principales acciones, la ley busca proteger a los consumidores financieros, fomentar la transparencia, estimular la competencia, promover la inclusión financiera, reducir el endeudamiento excesivo, y mantener la estabilidad financiera.

El catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del CINPE, Leiner Vargas Alfaro, expuso los principales resultados desde su implementación.

Primero, en el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés en Costa Rica han disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley de usura. Esto ha permitido que las tasas de interés en el país sean más competitivas en comparación con las de otros países de la región, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden ser significativamente más altas.

En el caso de los créditos personales, también se ha observado una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito. La disminución en las tasas de interés en los créditos personales ha mejorado la accesibilidad al crédito para una mayor cantidad de consumidores y ha estimulado la demanda de préstamos.

Por otra parte, esta regulación ha obligado a las entidades financieras a ser más transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas al solicitar créditos.

“La mayor transparencia en el mercado financiero costarricense se ha dado en varios aspectos, principalmente en la divulgación de información sobre las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos. Esto ha sido resultado de la regulación de las tasas de usura y otras medidas adoptadas por las autoridades regulatorias”, indicó Vargas.

Cabe destacar que al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras. Esto incentiva a las entidades a ofrecer mejores condiciones y productos más atractivos para los consumidores, lo que beneficia a todo el mercado.

Para el economista del CINPE-UNA, tener información clara sobre las condiciones del préstamo, permite a los consumidores evaluar su capacidad de pago y tomar decisiones más responsables en cuanto al endeudamiento, evitando caer en situaciones de sobreendeudamiento.

“La regulación de las tasas de usura ha ayudado a mantener la estabilidad del sistema financiero al evitar que las entidades financieras asuman riesgos excesivos en busca de mayores rendimientos mediante tasas de interés elevadas. La protección de los consumidores y la reducción del endeudamiento excesivo son dos objetivos clave de la regulación de las tasas de usura en préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos”, explicó Vargas.

En conclusión, el académico Vargas, señaló que hay desafíos pendientes, como por ejemplo el acceso al crédito para sectores vulnerables y pequeñas empresas, lo cual es crucial para promover la inclusión financiera y el crecimiento económico en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica