Este jueves 20 de noviembre a las 11:00 a.m., la emisora 870 UCR transmitirá en vivo una nueva edición del espacio Semillas y Saberes, dedicado en esta ocasión a ofrecer un recuento actualizado sobre la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional en Costa Rica, un tema clave en el contexto electoral de 2026.
La conversación buscará plantear qué deberían conocer las personas candidatas a la Presidencia de la República y sus partidos, y qué compromisos deberían asumir en sus planes de gobierno para garantizar el derecho a una alimentación adecuada, suficiente y saludable para toda la población.
El programa contará con la participación de dos especialistas ampliamente reconocidas en este campo:
Marianela Zúñiga Escobar, coordinadora de la CISAN-UCR e integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, quien aportará un análisis técnico sobre los desafíos estructurales, brechas territoriales, situación de los sistemas alimentarios y aspectos críticos sobre soberanía alimentaria.
Karen Chacón Araya, investigadora del Programa Estado de la Nación, quien presentará hallazgos recientes sobre desempeño nacional en seguridad alimentaria, vulnerabilidades socioeconómicas y los factores que deben ser atendidos con urgencia desde la política pública de cara a un año electoral.
La conducción estará a cargo de Marcela Dumani Echandi.
La transmisión será por:
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Señal 870 AM
radios.ucr.ac.cr
El programa está dirigido al público general, especialmente a quienes buscan información rigurosa y actualizada para orientar el debate público y la toma de decisiones en el proceso electoral de 2026.
Desde mi perspectiva como consultor de proyectos de desarrollo económico local, en especial en territorios fuera del Gran Área Metropolitana, observo con preocupación cómo se van agrietando los puentes entre el gobierno y las comunidades que sostienen la economía rural de este país y que desde siempre han llevado sobre su espalda nuestra soberanía alimentaria. Las recientes declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, hechas desde ese púlpito político que disfraza de conferencia de prensa, no son solo un desacierto, sino un síntoma de una desconexión profunda.
Mientras en las comunidades donde he trabajado un agricultor invierte en una Hilux o un buen tractor con el sudor de su frente –herramientas indispensables para sortear caminos de lastre y cargar cosechas– el presidente se pasea con comitivas cuyo operativo de seguridad rivaliza con el de potencias mundiales como Rusia y EEUU. Hay una contradicción palpable entre criticar las herramientas de trabajo de quienes nos dan de comer y permitir que su Presidente Ejecutivo del AyA adquiera un vehículo de setenta millones de colones con fondos públicos. Pareciera que hay una vara de medir diferente para el pueblo y para la cúpula.
Me pregunto, desde la lógica del desarrollo que veo en territorios fuera del GAM, ¿acaso no debería celebrarse que un productor tenga un tractor de marca? Eso significa que su negocio, a pesar de todo, puede prosperar. Es como reprender a un pescador de Puntarenas por tener una buena lancha; es su medio de vida, no un lujo. La crítica, en todo caso, debería dirigirse a quienes, desde la comodidad de sus puestos y casas de más de un millón de dólares en Monterán, toman decisiones que hunden a esos mismos agricultores en la incertidumbre.
Y qué decir del silencio ensordecedor cuando los grandes intereses de la elite importadora sí reciben su tajada. Es curioso cómo para algunos importadores, como el señor Bernal Jiménez, su mayor contribuyente de campaña, las puertas se abren con exoneraciones arancelarias que representan decenas de miles de millones anuales. Con esos ahorros, seguramente sí alcanza para un Range Rover y un Mercedes Benz, sin que nadie en el gobierno le cuestione y, al rato hasta se lo exoneran como los aranceles con los que saca de competencia a los productores agrícolas ticos. Aquí el problema no es el vehículo, es la doble moral.
Estas acciones, sumadas a su beligerancia constante contra las instituciones, no son simples rabietas políticas. Son piedras que se lanzan contra los cimientos de nuestro Estado Social de Derecho. Desde los caminos apenas lastreados y las trochas que obligan a meter “la chancha”, lejos de la burbuja capitalina, se ve claro: cuando se insulta al que siembra y se premia al que tiene influencias, lo que se está sembrando es desconfianza y lo que se cosechará, más temprano que tarde, será un país aún más dividido y desigual. El verdadero lujo que no nos podemos permitir es el de un gobierno que pierde de vista a su gente.
Y mientras los mismos de siempre gozan de sus privilegios, parte del pueblo se distrae con pachucadas y pirotecnia verbal y sin darse cuenta aplauden a los que los traicionan y se pelean con quienes les advertimos.
Cosas tenedes, Cid, que farán fablar las piedras! * *De El Cantar del Mío Cid.
Miles de personas productoras agrícolas de todo el país nos movilizamos hacia Casa Presidencial de forma ordenada y pacífica para solicitarle al señor presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles que no nos siga afectando con sus políticas y que en lugar de esto fortalezca la producción nacional y defiendan la soberanía alimentaria, así como el empleo de miles de familias rurales que dependen de esta actividad.
Desde la UNAG y el sector del agro nacional, indignados por el maltrato que recibió el humilde agricultor Roy Fallas Araya, miembro de nuestra organización, hacemos del conocimiento que los oficiales de fuerza pública quienes se presentaron armados a bloquear el paso, limitar el tránsito y la libertad de expresión afirmaron que accionaron conforme a las órdenes superiores para hacer uso de la fuerza y autoridad, que quedó evidenciado ante el arresto arbitrario del compañero Roy, a quien procesaron como si fuera un delincuente, no obstante, ha quedado demostrado en videos que el señor Fallas en ningún momento cometió delito alguno.
Reiteramos que este gobierno promovió la restricción y hostigamiento a la movilización desde tempranas horas de la mañana del día martes 11 de noviembre, las autoridades de tránsito limitaron la libertad a la protesta como derecho humano, en específico el recorrido de Cartago a Casa Presidencial, quienes respetaron las leyes de tránsito y acataron en todo momento las indicaciones de la autoridad.
La jornada nacional, convocada bajo el lema “Sí a la democracia no a la dictadura”, ¡“El campo costarricense se levanta!”, transcurrió de forma pacífica, tanto desde el sector agro como otras organizaciones sociales y productivas.
Entre las principales demandas del agro destacan:
Políticas de apoyo real al agro costarricense.
Precios justos y control frente a importaciones desleales.
Acceso a crédito, reestructuración de deudas y asistencia técnica.
No al areteo.
No al transpacífico
Apertura de un diálogo directo con el Gobierno.
José Oviedo presidente de la Unión Nacional de Agricultores (UNAG) y uno de los dirigentes de la marcha, manifestó que “el agro debe ser valorado y respetado y se mantendrán al pie de lucha pese a que el actual gobierno mantiene puertas cerradas, acciones que dañan también a los consumidores, pero, sobre todo un modelo de gobernar que atenta los valores democráticos del país.
La lucha sigue, las acciones también y más que después de esta marcha se están uniendo más sectores. Repudiamos el acto de parte del señor presidente el día de ayer, exigimos el debido proceso y justicia para Roy Fallas”, apuntó Oviedo.
La Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital invitan al foro en vivo “Economía social solidaria y soberanía alimentaria en Costa Rica”, un espacio de análisis y diálogo sobre las experiencias, desafíos y perspectivas de estos temas fundamentales para el país.
El encuentro contará con la participación de:
Mayra López, de la Feria Orgánica El Trueque,
Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional, y
Marcela Dumani, de la Escuela de Nutrición de la UCR e integrante de la Red de Agroecología de Costa Rica.
🗓️ Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025 🕕 Hora: 6:00 p.m. 📍 Transmisión en vivo: Facebook Live de SURCOS Digital
El foro busca visibilizar cómo la economía social solidaria y las prácticas agroecológicas fortalecen la soberanía alimentaria, la participación comunitaria y la resiliencia económica frente a los retos actuales del país.
Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.
Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote. El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.
Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.
Demandas de los sectores
Sector agroalimentario
Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.
Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.
Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.
Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.
Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.
No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.
Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.
Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.
Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.
Sector educación
Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.
Dignificación del magisterio nacional.
Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.
Protección del régimen de pensiones del Magisterio.
Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.
Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.
Sector salud pública y seguridad social
Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.
Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.
Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.
Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.
Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.
Sector de mujeres y colectivos feministas
Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.
Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.
Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.
Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.
Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.
Derechos laborales y sociales
Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.
Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.
Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.
Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.
Defensa de la democracia
Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo. Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.
“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”
Este 10 de noviembre se realizó un conversatorio Sobre el Pacto por la Producción Agropecuaria, organizado por la Asociación Madre Tierra en el Centro de Cultura de España en barrio Escalante, con la participación de José Oviedo, miembro de las organizaciones agrícolas y del grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, proponentes del Pacto, de la investigadora Eva Carazo y de personas vinculadas a madre Tierra, productores agrícolas y académicos interesados en la problemática agraria del país.
El representante de las organizaciones que elaboraron el Pacto y secretario general de la UNAG, José Oviedo, realizó una presentación de los aspectos principales y prioritarios de la propuesta de política agrícola, que incluyen:
1.Defender la producción nacional, frente a los procesos de apertura comercial y la integración a bloques económicos que la amenazan.
2.Optimizar los procesos productivos por medio de la innovación, la investigación y la digitalización
3.Enfrentar el cambio climático y generar herramientas de adaptación a éste
4.Potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria, como el empleo, la salud y la distribución de la riqueza
5.Fortalecer el mercado nacional agropecuario, acortar la cadena de comercialización y fortalecer las alternativas de comercialización directas, justas y transparentes
6.Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria, con la promoción de buenas prácticas, manejo e higiene y el fortalecimiento de los controles fitosanitarios
7.Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y garantizar los servicios financieros a los agricultores
8.Crear una política integral de seguros agropecuarios accesibles, para el establecimiento de un seguro agropecuario que permita el acceso efectivo a los seguros frente a los desastres
9.Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el medio ambiente y un enfoque de agricultura sostenible baja en emisiones y ligada al uso y protección del suelo, la biodiversidad y el agua.
10.Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
Luego de la presentación del Pacto, algunos de los asistentes efectuaron comentarios y aportes que es importante rescatar y destacar.
Eva Carazo señaló que este planteamiento de las organizaciones debe ubicarse en el marco de las luchas históricas y las reivindicaciones estratégicas de los actores y las organizaciones del agro y del abandono de las políticas públicas de la actividad agropecuaria, porque la propuesta del Pacto tiene una serie de antecedentes de luchas, propuestas y movilizaciones que es necesario mencionar y valorar a luz de la coyuntura actual. Para ello, sería necesario que la propuesta incluya un apartado de introducción y justificación que brinde un breve marco histórico y estratégico adecuado, que le dé mayor respaldo y validez al planteamiento actual y que exponga con claridad las carencias y limitaciones de la política agrícola actual y la gestión de la institucionalidad del sector agropecuario para resolver los problemas estructurales del agro costarricense.
Como mencionó otro de los asistentes, es importante también inscribir este planteamiento en el debate sobre el modelo de desarrollo económico vigente en el país, un modelo aperturista y de liberalización económica, que ha impulsado una economía de los servicios, la manufactura avanzada y la inversión extranjera, que ha relegado sistemáticamente la actividad agropecuaria desde hace 4 décadas a un lugar de abandono y exclusión, pese a su papel todavía en la producción agroalimentaria, la seguridad y soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y en la generación de empleo e ingresos para la población rural.
En ese sentido apunta el análisis del investigador y académico universitario, el economista Francisco Esquivel, en su libro Estructura Productiva en Costa Rica: una alternativa de crecimiento, el cual analiza los diferentes modelos de desarrollo de las últimas décadas y en ellos el papel de la agricultura en el desarrollo económico del país y que en una propuesta renovada plantea una estrategia de desarrollo que reinserta al agro como uno de los motores del desarrollo futuro del país. De ahí que es de gran valor, vincular la presentación del Pacto por la Producción Agropecuaria, al debate sobre un nuevo Modelo de desarrollo nacional y a una Estrategia de reposicionamiento de la actividad agropecuaria en este nuevo modelo.
En otra de las intervenciones, se señaló que no basta la presentación del Pacto a los candidatos y candidatas a la Presidencia, que fue suscrito por algunos de ellos, si no tratar de hacer visible y divulgar la propuesta entre los consumidores y la población en general, haciendo énfasis en que el partido ligado al Poder ejecutivo y que busca la continuidad en las próximas elecciones, ha destruido la agricultura nacional, por su apoyo a los intereses de ciertos sectores, como los importadores y su indiferencia ante las demandas justas de los sectores productivos agrícolas. Así mismo, si hubiera segunda ronda electoral, solicitar un compromiso público o carta de compromiso de los candidatos y partidos que la alcancen, con la implementación y ejecución de los 10 aspectos del Pacto, a riesgo de no recibir el apoyo electoral de los agricultores del país.
Igualmente en las presentaciones del Pacto, según otro asistente, es necesario no sólo señalar los aspectos principales, si no también abrir el debate a algunos de los temas específicos, como el desarrollo tecnológico, la dependencia de insumos externos y el papel del INTA y la investigación universitaria, el del financiamiento limitado a la actividad agropecuaria, pese a la existencia del sistema de Banca para el Desarrollo y otros recursos disponibles para los productores, el tema del Comercio agropecuario y la necesidad de transformación de entidades como el CENADA y los Mercados regionales y el de porqué no existe un programa de seguros agrícolas accesible.
Finalmente, es fundamental que la propuesta del Pacto por la Producción agropecuaria, sea divulgado y discutido en las regiones periféricas y los cantones fronterizos, costeros y rurales, procurando hacerles llegar la propuesta y organizar debates locales mediante la participación de las organizaciones agrícolas, asociaciones de productores, cooperativas y centros agrícolas; esta labor podría coordinarse con las sedes regionales de las Universidades, ONGs e instancias del sector agropecuario o los consejos regionales de desarrollo, con la colaboración de Madre Tierra.
En la imagen de cabecera se aprecia, al centro al Msc Roberto Salom Echeverría coordinador de la actividad, a su izquierda José Oviedo Chaves dirigente del sector agropecuario, y a la derecha Eva Carazo Vargas, investigadora del tema agropecuario. En la siguiente foto se puede ver parte de la asistencia a la actividad.
Durante décadas, Costa Rica ha transitado por un camino que, lejos de fortalecer su campo, lo ha desmantelado pieza a pieza. Este recorrido, que bien podríamos bautizar como «La Ruta del Arroz» —o más honestamente, “La Ruta de la Vergüenza”—, comenzó con el sistemático desmontaje de la capacidad productiva nacional, empezando por el Consejo Nacional de la Producción (CNP).
El CNP, otrora un pilar para la comercialización y la estabilidad de los precios para los productores fue vaciado de sus funciones. Paralelamente, se implementaron, décadas atrás, políticas como el “decreto de desabasto de arroz”, un eufemismo que escondía una cruda realidad: la decisión política de reducir la siembra nacional para favorecer a los grandes importadores e industriales de granos básicos. ¿El resultado? Una dependencia creciente y peligrosa de las importaciones, mientras nuestros arroceros veían cómo su mercado se encogía y sus fincas se volvían inviables.
Este modelo no solo ha golpeado la economía rural; es un ataque directo a la Seguridad y la Soberanía Alimentaria.
La Seguridad Alimentaria supone que toda la población tenga acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos. Podemos tenerla importando todo, pero es un equilibrio precario.
En el mismo sentido la Soberanía Alimentaria va más allá. Es el derecho de un pueblo a definir sus propias políticas agroalimentarias, a producir sus alimentos de forma sostenible, priorizando al productor local. Es la autonomía para decidir qué comemos y cómo se produce.
Al desmantelar nuestra producción de granos básicos, sacrificamos la Soberanía Alimentaria en el altar del comercio internacional, poniendo en riesgo la Seguridad Alimentaria ante cualquier crisis global que dispare los precios del Mercado de Chicago (Chicago Mercantile Exchange o CME, donde se transan los precios internacionales de granos básicos) o interrumpa las cadenas de importación.
Hoy, este mismo guion se repite en la ganadería. El “areteo” de las reses, bajo la justificación de la trazabilidad, se ha convertido en una carga burocrática y económica tan pesada para el pequeño y mediano ganadero, que muchos se ven forzados a vender o abandonar. Es la misma estrategia: ahogar con regulaciones y costos a los actores nacionales para abrirle paso a un modelo controlado por pocos, donde la carne de res también podría seguir la “ruta del arroz”.
Ante esta embestida, es vital hacer un llamado a nuestros finqueros y trabajadores agrícolas: no permitan que los distraigan. No nos dejemos engañar por debates que, aunque puedan movilizar pasiones, son cortinas de humo que desvían la atención de lo esencial. Su modo de vida, su vocación de trabajar la tierra y criar ganado, es lo que realmente dará de comer a Costa Rica. Esa es la batalla importante. No nos desviemos con discusiones tontas sobre preferencia sexual o religión que no ponen un grano de frijol en la mesa. Y ojo, tampoco nos dejemos engañar por aquellos pastores que, desde la comodidad de sus púlpitos, no entienden ni les importa una grieta en el barro, pero que no dudan en usar su influencia para dividirnos y negociar sus propios intereses con el gobierno y políticos de turno, mientras nuestro verdadero sustento —el agro nacional— se hunde.
La tierra no entiende de ideologías, entiende de trabajo, sudor y dedicación. Mantengamos la vista en lo crucial: defender nuestra capacidad de producir alimentos, porque en ello nos va la vida, la de nuestros hijos y la de las futuras generaciones de costarricenses.
El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), convoca a una gran movilización bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.
La marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del campo costarricense se realizará el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. en San José, saliendo del Parque Central hacia Casa Presidencial en Zapote.
Las organizaciones convocantes llaman a la ciudadanía, productores y productoras del país a sumarse a esta manifestación en favor de políticas públicas que fortalezcan el agro costarricense, garanticen la soberanía alimentaria y defiendan el derecho al trabajo digno en las zonas rurales.
Demandas principales
Sí a la innovación del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la minimización de los impactos sociales y ambientales de la producción agropecuaria.
Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria, para reducir la pobreza rural y generar empleo.
Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente, para mejorar la vida de las personas que dependen del agro.
Sí a un financiamiento oportuno y accesible, para una producción agropecuaria eficiente, innovadora, ambientalmente amigable y resiliente.
Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente, con impacto social positivo y que mitiguen la crisis climática.
En defensa del agro nacional
Las organizaciones subrayan que es urgente detener las políticas que debilitan la producción nacional y afectan el empleo rural. Por ello, expresan su oposición a la importación masiva de productos agrícolas y al Acuerdo Transpacífico, que consideran una amenaza para la soberanía alimentaria y el desarrollo de los pequeños y medianos productores.
La convocatoria reafirma los compromisos del sector con el trabajo digno, la equidad social y la seguridad alimentaria:
Sí al trabajo, la dignidad y el futuro del campo costarricense.
Sí a la seguridad y soberanía alimentaria costarricense.
Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”
La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.
El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.
El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.
Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.
La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.
Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.
La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.
La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.
Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.
Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.
“Sí a la democracia, no a la dictadura.” ¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!
Este martes 28 de octubre 2025, la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra en coordinación con las Comisiones de Implementación del Plan Ambiental, Forestal y Territorial del Territorio (PAFT), realizaron la entrega de insumos de frijoles a 111 productoras y productores de 16 comunidades del Territorio Indígena de Cabagra.
Este proyecto tiene como objetivos garantizar el acceso a semillas, aumentar las capacidades en la producción de granos básicos del territorio y generar procesos resilientes bajo el modelo de trabajo colaborativo con visión indígena.
Gran parte de estos beneficiarios del proyecto, sufrieron importantes afectaciones en sus cultivos por la Tormenta Tropical Rafael del año 2024.
Se trata de la ejecución del primer proyecto correspondiente a la segunda etapa del PAFT Cabagra, con una distribución de beneficios con impacto, en un 56% de mujeres y 44% de hombres.
La ADICABAGRA y las Comisiones PAFT contemplan el seguimiento y evaluación de las actividades de siembra, cultivo y cosecha y pretenden continuar impulsando el encadenamiento productivo en todas las áreas de la economía local de Cabagra.
Muchos éxitos a estos productores y productoras de frijoles en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra.
